Res. 00008-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V — Compensation for expropriation of usucapient possessors in the Golfo Dulce Forest ReserveIndemnización por expropiación a poseedores usucapientes en Reserva Forestal Golfo Dulce

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección V

Resolución Nº 00008 - 2022

Fecha de la Resolución: 31 de Enero del 2022 a las 08:00

Expediente: 15-005599-1027-CA

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Indemnización por expropiación

Subtemas:

Derecho de indemnización a poseedores usucapientes de una parcela antes de crearse reserva forestal.

Tema: Expropiación

Subtemas:

Derecho de indemnización a poseedores usucapientes de una parcela antes de crearse reserva forestal.

"X [...] La parte actora solicita que en sentencia se declare "Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005". En relación con esta pretensión, los demandantes argumentan que el acuerdo N°39, les otorgó derechos subjetivos, por lo cual, según su criterio, era preciso declarar la nulidad mediante los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública y concretamente, a través del proceso contencioso administrativo de lesividad [...]

A tenor de lo que dicho Acuerdo dispone, resulta evidente que el objeto de ese acto era establecer un procedimiento para la entrega de títulos de propiedad a favor de los ocupantes que cumplieran los requisitos, sin que sus alcances implicaran la declaración de un derecho subjetivo a favor de los ocupantes, lo cual eventualmente ocurriría posteriormente, en caso de que se realizaran las etapas allí descritas y se verificaran los requisitos dispuestos en el Acuerdo [...]

En este punto es preciso recordar que, tratándose de derecho administrativo, un derecho subjetivo refiere una situación jurídica consolidada, individualizada por la Administración mediante un acto favorable o declarativo de ese derecho a favor de uno o varios administrados en relación con un bien que se incorpora a su patrimonio. Así, este concepto "denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial-, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en  o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio contable" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7331-97 de las 15:24 horas del 31 de octubre de 1997). Luego, a partir de ese concepto, se tienen como actos declarativos de derechos aquellos que hayan enriquecido el patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o hayan liberado un derecho preexistente, de algún límite en relación con su ejercicio (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y otro. "Curso de Derecho Administrativo I. Civitas Ediciones, S.L., novena edición, Madrid, 1999, pág 644). Así, como ya se indicó, el establecimiento de un procedimiento para que los ocupantes del Asentamiento Osa procedieran a titular, no era más que la vía, o el camino para alcanzar la titularidad sobre los bienes que estaban poseyendo, que por sí solo no implicó ningún incremento en su patrimonio, ni la liberación respecto de algún limite en el ejercicio del dominio sobre esas tierras. Así, dada la naturaleza del Acuerdo N°39 del 2005, adoptado por el IDA en la sesión 44-05 en la sesión celebrada el 14 de noviembre, éste podía dejarse sin efecto mediante la vía de la revocatoria, de conformidad con las disposiciones del numeral 152 de la Ley General de la Administración Pública. Por otro lado, debe advertirse que en la especie, no consta que como derivación de observar el procedimiento regulado por el Acuerdo N°39, se dictó un acto final favorable a los demandantes, reconociendo su derecho a titular, por el contrario, en el OSO-229-2008, de 16 de abril del 2008, el Ingeniero Mario Jiménez Quirós, Jefe de la Oficina Subregional de Osa, le indicó al entonces Presidente Ejecutivo del IDA, señor Carlos Bolaños Céspedes, que si bien su oficina había iniciado con la recepción de los documentos de titulación de las parcelas del Asentamiento Osa, ubicadas en el área afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce, ese proceso no se concretó, pues el Acuerdo N°39 de 14 de noviembre del 2005 que lo autorizaba, fue revocado por el Acuerdo N°35 de 19 de noviembre del 2007 [...]

Luego, la causa de la revocatoria tiene como antecedente jurídico la condición de patrimonio natural del Estado de una gran parte de los terrenos, la cual le viene dada por estar ubicados éstos dentro de una reserva forestal nacional, todo lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de titular, dada su demanialidad. De este modo, el Tribunal concluye que el acto de revocatoria observó el cauce procedimental establecido para ello en el ordenamiento jurídico, fue dictado por el órgano competente y tuvo como motivo el carácter demanial de los bienes que se pretendían titular. Por las razones dadas, este Órgano Colegiado considera que el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, no reconoció como beneficiarios del IDA a los demandantes, no declaró ningún derecho subjetivo a su favor y su revocatoria se ajusta a derecho, motivos por los cuales las pretensiones principales 1, 3 y 4 deben rechazarse [...]

De modo que bajo el principio de confianza legítima, estas personas continuaron poseyendo y realizando acciones tendentes a titular. No obstante ello nunca ocurrió, dada la imposibilidad de hacerlo, en virtud de que las tierras que ocupaban se encuentran dentro de los límites de la Reserva Forestal, obstáculo que inicialmente el INDER no consideró, y respecto del cual nunca informó a los aquí actores, ni aún cuando derogó mediante Acuerdo de la Junta Directiva N°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007,  el Acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005" que había reconocido la posibilidad de titular. Por las razones dadas, lo procedente es acoger la pretensión principal N°2, en lo que se refiere a que el IDA (hoy INDER), y reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela N°26-6, con una posesión de sesenta y ocho [...]".

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Texto de la resolución

 

 

Tribunal Contencioso Administrativo.

II Circuito Judicial de San José,

Dirección04  .

Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01

 

EXPEDIENTE: 15-005599-1027-CA

ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO

PARTE ACTORA: Nombre113229   y Nombre113230  

PARTE DEMANDADA: ESTADO, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Nombre113231   y Nombre113232  .

 

N°08-2022-V

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Segundo  Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 08:00 horas del 31 de enero del dos mil veintidós.              

Proceso de conocimiento planteado por Nombre113229  , agricultor, casado, cédula de identidad número CED89584 y Nombre113230   , agricultora, casada, cédula de identidad número CED89585, ambos vecinos de Rincón de Sierpe, representados por Nombre11847  , cédula de identidad número CED89586; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por NATANAEL BARRANTES AZOFEIFA, carné profesional 19857; el ESTADO, representado por Nombre14097  , carné profesional 9669, el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por GIDGETT RAMÍREZ HERNÁNDEZ, carné profesional 17939; Nombre113231  , cédula CED89587 y Nombre113232  , cédula CED89588. Todos los intervinientes son mayores de edad.

RESULTANDO

I.- Por escrito presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el 14 de febrero del 2008, el señor Nombre113229   y la señora Nombre113230   , junto con otras veintiún personas, plantearon proceso de conocimiento contra el ESTADO y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Con base en los hechos que expusieron y fundamentos de derecho alegados en esa oportunidad, formularon sus pretensiones, las cuales fueron posteriormente modificadas, en la audiencia preliminar llevada a cabo a partir de las 08:40 horas del 07 de octubre del 2015, como sigue:

"PRETENSIÓN PRINCIPAL

1. Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005. El acuerdo derogado otorgó derechos a los actores reconociéndoles al 10 de mayo 2006, memorandum OSO-192-06, 68 años de posesión en la Dirección13771        , cuyo acto jurídico no fue notificada a los actores por parte de la institución, y el IDA, no promovió proceso de lesividad, porque caducó completamente.

2. El Instituto de Desarrollo Agrario reconoció como BENEFICIARIOS del Instituto, y con una posesión de 68 años en forma quieta, pacífica, sin interrupción, por sí y sumada la posesión de sus transmitentes, con más de 68 años según OSO-192-06, de más de 10 años antes de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, a los actores Nombre113229  , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula CED89584 y a Nombre113233  conocida como Nombre113230  , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula CED89585. Dicho reconocimiento de la posesión a los actores fue en el Asentamiento Campesino OSA dentro de la finca inscrita a nombre del IDA o INDER en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real Placa20658  , situada en la Península de Osa.

3. De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva del IDA número 39 de la sesión 44-05, celebrada el 14 de noviembre de 2005, los actores tenían derecho a entrega de las escrituras sobre la parcela N°26 del sector 6, situada en Dirección13772    , distrito Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, lindante norte: Dirección336 , sur: Dirección13773  Brenes S.A., este: Dirección13774      . y oeste: Nombre113234  , Nombre113232   y Nombre113235  , mde 77 hectáreas 4.704,75 metros cuadrados. El Instituto de Desarrollo Agrario también DECLARO (sic) que dicha parcela registra como ocupantes anteriores a los señores Nombre113236  , cédula CED89589, con una posesión de 10 años; Nombre113237  , cédula CED89590, con una posesión de 20 años; FERNANDO RIVAS (no registra número de cédula ni segundo apellido) con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años (Memoriales OSO-191-06 de Dirección6091  ). Existe un plano catastrado en el Registro Nacional bajo el N°P529961-98 a nombre de Nombre113229  , de la parcela 26 con una medida de 77 hectáreas 4704.75 metros cuadrados. Conforme al expediente administrativo se solicitó se les reconociera una POSESIÓN DE MAS DE 68 AÑOS. La Oficina Sub Regional de OSA debió considerar la declaración jurada rendida por este actor, la cual constituye plena prueba conforme al Acuerdo de Junta Directiva, y reconocerle el tiempo de posesión ejercida en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe, sumada la posesión de sus transmitentes. Esto, de todas formas, debería ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del Instituto al resolver sobre el fondo el caso presentado en el expediente. Pero no se continúo (sic) con el trámite porque el expediente administrativo fue paralizado por el Instituto, por la acción del Ministerio del Ambiente y la Procuraduría. Por ello no se hizo el análisis de fondo según autorizo el Acuerdo de Junta Directiva, ni se termino (sic) el trámite.

4. El acuerdo número 39 de la sesión 44-05 de la Junta Directiva del IDA al reconocer nuevamente los derechos de los usucapientes creó un procedimiento administrativo para entregar los títulos de propiedad, sin ningún tipo de limitaciones o reservas, sobre la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real 6-39334 secuencia 000, del Asentamiento Campesino OSA, a los actores Nombre113229  , mayor casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula CED89584 y a Nombre113233  conocida como Nombre113230  , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula CED89585; sobre las parcelas donde el Instituto los declaró sus beneficiarios de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, en el denominado Asentamiento Campesino Osa. Los actores y demás beneficiarios se sumaron al procedimiento administrativo hasta que enero del 2008 la Oficina Regional de Osa les devolvió parte de los documentos entregados y les dijeron que no iniciarían más trámites nuevos ni terminarían los ya iniciados, porque la Procuraduría y el IDA así lo habían decidido.

5. El Estado, el INDER y Nombre113238 deben indemnizar la finca a los actores conforme la normativa antigua y reciente que reconocen sus derechos. Conforme establecen los decretos número 8498-A del 20 de abril de 1978, creador de la Reserva Golfo Dulce y reconocedor de los derechos de indemnización por expropiación a los poseedores usucapientes y el decreto 9388-A del 30 de noviembre de 1978, donde se reiteró el reconocimiento de los usucapientes y el artículo 39 de la sesión de Junta Directiva del IDA 44-05 del 14 de noviembre de2005, donde se interrumpió todo tipo de prescripción contra los actores al disponer de un procedimiento administrativo para reconocer los derechos de los usucapietes 10 años antes de la declaratoria de la Reserva Forestal, a los poseedores actuales, demostrable mediante declaración jurada de su cadena posesoria, ratificado todo ello por la sentencia de la Sala Constitucional número 97-2456 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997.

6. El Estado, INDER y SINAC, subsidiariamente solo el Estado, deberá indemnizar, en  la vía de ejecución de sentencia a los mismos actores, por concepto de daños y perjuicios, todas las limitaciones impuestas a partir de 1979 y hasta la fecha del efectivo pago, con ocasión de la creación de la Reserva de Golfo Dulce, por haber declarado sus parcelas y sus fincas afectas al régimen forestal, que les ha impedido trabajar, cultivar, mejorar sus parcelas en la actividad agraria, así como por la prohibición de realizar cualquier actividad comercial, industrial, tener ganado, o en cualquier forma ejercer el derecho de propiedad adquirido, anteponiendo las limitaciones forestales sin haber indemnizado a los actores por esa conducta en beneficio de la conservación del bosque, porque con esa actitud se ha infringido de facto todos los derechos inherentes a la propiedad agraria, con una actitud arbitraria y discriminatoria respecto de todos los demás ciudadanos. Estos daños y perjuicios no podrán ser inferiores al concepto de "Incentivo forestal" consistente en el incentivo que le otorga el Estado a los administrados para conservar el bosque.

7. El Estado, INDER y SINAC, subsidiariamente solo el Estado, deberá pagar el daño moral a los actores, estimado en cincuenta millones de colones, consistente en el sufrimiento de casi 40 años de penar por no encontrar una solución jurídica ni económica a su problema agrario y ambiental, por vivir en estado de inseguridad, viendo empobrecerse a su familia mientras tenían prohibiciones para cultivar, mejorar o realizar actividades económicas, industriales o comerciales.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:

1. Si no se condena al Instituto de Desarrollo Agrario a la entrega de los títulos de propiedad, sin ninguna limitación, por la naturaleza jurídica de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, según la pretensión marcada 3) de la pretensión principal, entonces se pide se le condene de la siguiente forma: El Estado, el INDER y SINAC, en particular el Estado deberá indemnizar los derechos de los actores, como compraventa a razón de diez millones de colones por hectárea o a justa tasación de peritos y al valor del momento cuando se pague, a los actores Nombre113229  , mayor casado una vez, agricultor, vecino de Rincón de Sierpe, cédula CED89584 y a Nombre113233  conocida como Nombre113230  , mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Rincón Grande de Sierpe, cédula CED89585; sobre las parcelas que el Instituto los ha declarados (sic) sus beneficiarios de conformidad con la Ley de Tierras y Colonización N°2825 del 14 de julio de 1961, en el denominado Asentamiento Campesino Osa, por haber adquirido sus derechos con una posesión decenal anterior a la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce, debiendo fijarse esa indemnización en ejecución de sentencia.

2. En ambos casos, en la pretensión principal o en la subsidiaria, se debe condenar al Estado, INDER o al SINAC, al pago de ambas costas de esta acción. (imágenes 198 a 262 y 2220 a 2229 del expediente judicial que corresponden al escrito de demanda y al Acta de la Audiencia Preliminar).

II.- En resolución de las 13:22 horas del 18 de febrero del 2008, la entonces Jueza de la etapa de trámite, Sady Jiménez Quesada, cursó la demanda y confirió su traslado a la parte accionada. Al proceso le fue asignado el expediente N°08-111-161-CA (ver auto de traslado a imágenes 266 y 267 del expediente judicial).

III.- En escrito presentado ante el Tribunal el 08 de abril del 2008, la representación del INDER contestó negativamente la demanda y planteó las defensas de falta de derecho, de legitimación y la genérica sine actione agit (ver escrito de contestación a imágenes 312 a 335 del expediente judicial).

IV.- En escrito presentado ante el Tribunal el 23 de abril del 2008, la representación del Estado contestó negativamente la demanda y formuló las siguientes excepciones: incompetencia, cosa juzgada, prescripción, falta de derecho, falta de interés actual y la genérica sine actione agit (ver escrito de contestación a imágenes 355 a 424 del expediente judicial).

V.- En resolución N°553-2008, de las 13:02 horas del 22 de agosto del 2008, la persona juzgadora de la etapa de trámite, rechazó la defensa de falta de competencia (ver resolución a imágenes 936 a 941 del expediente judicial).

VI.- En resolución N°000067-C-2009, de las 11:36 horas del 22 de enero del 2009, la Sala Primera declaró que el órgano competente para conocer este asunto es el Tribunal Contencioso Administrativo (ver resolución a imágenes 996 a 1013 del expediente judicial). 

VII.- En resolución de las 15:18 horas del 25 de mayo del 2009, las personas juzgadoras Evelyn Solano Ulloa, José Martín Conejo Cantillo y Daniel Aguilar Méndez, resolvieron acumular los expedientes 08-110-161-CA, 08-134-161-CA, 08-43-1027-CA, 08-44-1027-CA, 08-45-1027-CA, Placa20659, 08-112-1027-CA, 08-340-1027-CA AL 08-111-161-CA (ver Acta de la Audiencia a imágenes 1035 a 1038 del expediente judicial).

VIII.- En resolución de las 14:52 horas del 25 de agosto del 2009, las personas juzgadoras José Martín Conejo Cantillo, Evelyn Solano Ulloa y Daniel Aguilar Méndez, resolvieron integrar al proceso al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante denominado por su acrónimo como SINAC), al cual confirió el traslado de la demanda en resolución de las 14:20 horas del 03 de septiembre del 2009 (ver por su orden, Acta de la Audiencia y el auto de traslado de la demanda a imágenes 1270 a 1275, 1278 y 1279 del expediente judicial).

IX.- En escrito presentado ante el Tribunal el 30 de octubre del 2009, la representación del Nombre113238 contestó negativamente la demanda y presentó las defensas de falta de derecho, legitimación ad causam activa, incompetencia, defectos de la demanda que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, prescripción o caducidad del derecho (ver escrito de contestación a imágenes 2115 a 2155 del expediente judicial).  

X.- En resolución de las 13:42 horas del 10 de noviembre del 2014, la Jueza Rosa María Cortes Morales ordenó la separación de los expedientes y posteriormente a este asunto le fue asignado un nuevo número de expediente (imágenes 2064 a 2068 del expediente judicial). 

XI.- En la audiencia preliminar llevada a cabo a partir de las 08:40 horas del 07 de octubre del 2015, se fijaron las pretensiones, según se indicó en el Resultando I de esta sentencia (ver acta de la Audiencia a imágenes 2220 a 2229 del expediente judicial).

XII.- En la resolución N°2624-2015, de las 15:15 horas del 09 de octubre del 2015, el Juez Daniel Aguilar Méndez integró a la litis a la señora Nombre113231   y al señor Nombre113232  , a quienes les fue conferido el traslado de la demanda mediante resolución de las 13:34 horas del 17 de noviembre del 2016 (ver por su orden ambas resoluciones a imágenes 2232 a 2336, 2542 y 2543 del expediente judicial).

XIII.- En escrito presentado ante el Tribunal el 25 de enero del 2017, la señora Nombre113231  y el señor Nombre113232  procedieron a contestar la demanda y manifestaron que no tenían interés y no participarían en ningún juicio contra los aquí actores (ver copia del escrito de contestación a imágenes 2553 a 2558 del expediente judicial).

XIV.- El 21 de mayo del 2018 se llevó a cabo la última audiencia preliminar. En ese acto, mediante resolución N°881-2018-T de las 15:35 horas, se rechazó la defensa de cosa juzgada. Asimismo el conocimiento de las excepciones de caducidad y de prescripción fue diferido para la sentencia de fondo (imágenes 2644 a 2648).   

XV.- La audiencia de juicio oral fue realizada el día 02 de diciembre del 2021. En dicho acto se confirió a las partes cinco días hábiles para presentar sus conclusiones por escrito. El día 13 de enero del 2022, el Tribunal admitió como prueba para mejor resolver el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la Dirección13775    ,  , y confirió audiencia a las partes sobre la prueba admitida. Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, contado a partir del día en el cual venció el plazo concedido a las partes para que se refirieran a la prueba para mejor resolver admitida por el Tribunal. No se observan vicios que puedan anular lo actuado. Concurren con su voto la Jueza Álvarez Molina y el Juez Mena García. Redacta la Ponente, Sánchez Navarro.

 

CONSIDERANDO

I. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Como prueba para mejor resolver, se admite el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la Dirección13775    ,  . Lo anterior por considerar que la información que contiene el referido estudio es relevante en cuanto establece las condiciones de la parcela sobre la que versa el conflicto planteado al Tribunal.

II.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: De importancia para resolver este asunto, se enuncian los siguientes;

1).- Que el señor Nombre113229   y la señora Nombre113230   , han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años, de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas, cuya naturaleza es área de montaña, potrero y agricultura, plano catastrado P-529961-95, con una medida según dicho plano de 77 hectáreas, 4704.75m2, y han sido reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios por parte del IDA (Acuerdo tomado por la Junta Directiva del ITCO en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, según el cual  "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Nombre113229  ", visible a  imágenes 71 a 78 del expediente judicial), declaración jurada visible a folios 13 a 10 del expediente administrativo identificado a nombre de Nombre113229  , con el N°169-07-PMMC, constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, en las cuales se indicó: “OSO-140-03…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la Dirección13776 #,  ,   , sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, mide 77Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela Dirección13777,  ,   , según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela Dirección13778,  ,  , ha estado en posesión del señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585 por más de 23 años. Asimismo, esta propiedad registra como ocupantes anteriores a los señores Nombre113239  , cédula CED89589, con una posesión de 10 años; Nombre113237  , cédula CED89590, con una posesión de 20 años; Fernando Rivas (no registra número de cédula ni segundo apellido), con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años", las cuales pueden verse a imágenes 2948, 1663 y 2238 del expediente judicial y folio 07 del expediente administrativo; así como de las declaraciones de los testigos Miguel Herra Miranda, quien es técnico del INDER y manifestó que conocía a los actores desde 1983, cuando estuvo realizando el censo y Mario Obando González, quien fue uno de los ocupantes del Asentamiento Osa, y le expresó al Tribunal que tenía muchos años de conocer a los actores, que éstos tenían su vivienda en Guerra de Drake, que conocía la ubicación de la parcela 26, y que el actor tenía cerca de cuarenta años de vivir en el lugar, declaraciones que constan en el expediente judicial, en archivo adjunto. 

2) Que de acuerdo con el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, la parcela n° 26 "1- ...según plano catastrado Número P-529961-1998, ...en el que se indica un terreno con una cabida de 77 hectáreas 4704.75 metros cuadrados, se pudo determinar que dicho terreno corresponde a la Parcela 26 del Asentamiento Osa, Sector 6, la cual es parte de la Finca Madre Folio Real 6-39334-000, propiedad del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Terreno que presenta una topografía plana en un área aproximadamente 28 hectáreas y topografía quebrada plana en un área de aproximadamente 28 hectáreas y topografía quebrada en un área aproximada a las 49 hectáreas. 2- Que con respecto al área de topografía quebrada esta corresponde a unas 44 hectáreas cubiertas de bosque primario y aproximadamente 5 hectáreas de tacotales de más de 20 años.  3- Que en cuanto al área de topografía plana, esta corresponde a una (sic) 28 hectáreas de las cuales unas 26 hectáreas se encuentran cultivadas de pasto natural de la variedad ratana y pasto mejorado de la variedad Guinea Mombaza (panicum máximun), mismos que cuentan con un asistencia regular y están distribuidos en 7 apartos establecidos con cercas de alambre de púas en mal estado, construidas a 3 hilos de alambre sobre postes de madera muerta y viva en partes. 4- Respecto a cultivos se pudo apreciar un área de aproximadamente un 1/4 de hectárea cultivado de maíz en crecimiento. Un 1/4 de hectárea cultivado de plátano y algunas cepas de caña dulce, así como 25 matas de piña y aproximadamente unas 50 matas de yuca, cultivos que no cuentan con una buena asistencia ya que se encuentran cubiertos de charral. Respecto al cultivo de frutales se identifican 8 árboles de mango, 3 de aguacate, 10 de guanábana, 12 de papaya, 4 de guaba, 10 de limón ácido, 20 de naranja dulce, 5 de cacao y 7 palmeras de coco, todos en producción y sembrados de forma dispersa entre el cultivo de pasto. Además existe un área de aproximadamente 1 hectárea que se encuentra en barbechos y que se utiliza para la siembra de cultivos básicos.  5- Como infraestructura se pudo apreciar una casa de habitación en regular estado, con dimensiones de 12x6.50 metros, construida sobre basas de madera, paredes de madera, piso de madera, techo hierro galvanizado en regular estado. Asimismo un corral con dimensiones de 9.50 X 10 metros con postes y tabloncillos de madera, piso de tierra y sin techo.  ...Se debe indicar a demás, que el plano catastrado Número P-529961-1998, aportado por los señores Nombre113229 y Nombre113230 presenta inconsistencias, ya que al ubicarlo cartográficamente la propiedad se desplaza hacia el Sector Noroeste, traslapando o más bien sobreponiéndose a otras propiedades, una de ellas la Finca de Folio Real 6098081-001-002, propiedad de los señores Nombre113232   y Nombre113231  , la cual fue inscrita con el Plano Catastrado Número P-263611-1995. 10- Por último aclarar que la citada parcela se ubica en su mayoría dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, ya que aproximadamente 5 hectáreas se ubican fuera de dicha reserva forestal" (ver el informe citado a imágenes 3278 a 3291 del expediente judicial).

3) Que el 20 de noviembre de 1974, la empresa Osa Productos Forestales, S.A. y el Instituto de Tierras y Colonización (en adelante denominado por su acrónimo ITCO), firmaron un convenio preliminar de arreglo, tendente a traspasar al segundo las áreas de las fincas propiedad de la primera, que fueran necesarias - previa realización de censos y estudios por esa entidad-, a fin de dotar de tierras económicamente explotables, a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario (folios 18, 19, 29, 35 a 40, 42 a 56, 353 a 424 del expediente judicial);

4) Que por Decreto Ejecutivo número 8494-A, de 28 de abril de 1978, que entró a regir a partir del 1° de junio de 1978, se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce. Entre otras regulaciones en dicho Decreto se dispuso: "Artículo 8.- Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas con posesión precaria establecida dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal ... Artículo 9° La Dirección General Forestal gestionará la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración ...Artículo 10° El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización" (ver copia del decreto a imágenes 19 a 22 del expediente judicial).

5) Que por Decreto Ejecutivo número 10088-G-H de 02 de mayo de 1979, con la finalidad de cumplir con el plan de asentamientos campesinos desarrollados por el ITCO, fueron expropiadas las siguientes fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S.A: N°22048, N°8947, N°22046, todas de la Provincia de Puntarenas, y que "forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal".  Así mismo, en ese Decreto se autorizó a la "...Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto lo traspase a dicho Instituto, el que los destinará para los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas…” (Ver copia del decreto citado a imágenes 24 a 30 del expediente judicial)

6). Que según escritura pública N°03, otorgada ante los Notarios Públicos Adrián Argüello Artavia y Eduardo Ching Murillo el 04 de septiembre de 1980, las fincas referidas en el hecho inmediato anterior fueron reunidas, formando la finca 39334-000, en la cual se ubica el Asentamiento Campesino Osa y se inscribió a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario (ver copia de la escritura a imágenes 55 a 67 del expediente judicial)

7) Que la parcela 26, descrita en el plano catastrado N°P-529961-95, a nombre del señor Nombre113229  ,  forma parte de la finca 39334-000, inscrita a nombre del IDA desde el 21 de enero de 1982 y que fue el resultado de la reunión de los inmuebles con matrícula número Placa20660, Placa20661 y Placa20662, que el Estado expropió a la empresa Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.) y que traspasó al ITCO, a fin de que los utilizara en un programa de titulación de tierras en el denominado Asentamiento Campesino Osa (misma prueba anterior y plano catastrado visible a imagen 139 del expediente judicial).

8) Que la Junta Directiva del ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Nombre113229  " (ver acuerdo a imágenes 71 a 78 del expediente judicial).

9) Que por sentencia número 2456-1997, de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, la Sala Constitucional ordenó al MINAE, que por medio de la Dirección General Forestal o Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, debía proceder a ".. cumplir con lo establecido en los Decretos Ejecutivos 8494-A, 9388-A y 10142-A e iniciar las diligencias de expropiación …elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio…” (ver la sentencia a imágenes 80 a 84 del expediente judicial).

10) Que según el informe con fecha de 28 de abril del 2003, rendido por el MINAE a la Sala Constitucional, relacionado con el cumplimiento de lo ordenado por dicho Órgano en la sentencia 2002-10276, entre las personas que fueron censadas por esa Cartera, se encuentra el señor Nombre113229  , según plano catastro Placa20663 (ver copia del informe respecto del censo a imágenes 86 a 104 del expediente judicial).

11) Que mediante acuerdo 39 aprobado por la Junta Directiva del IDA, en sesión ordinaria número 044-05 del 14 de noviembre del 2005, se reguló un procedimiento especial "para que en la finca número 39334-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva Forestal Golfo Dulce, se puedan entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce…”. Para ello, la persona interesada debía cumplir ciertos requisitos como presentar ante la Oficina Subregional del IDA en Osa, “…documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de junio de 1978 (…) Declaración jurada rendida ante Notario Público donde conste el tiempo de posesión del solicitante, el nombre, apellidos y demás calidades d la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968…”. Luego de recibida la solicitud con todos los requisitos la Oficina Subregional del IDA en Osa, en acción conjunta con la Dirección del Área de Conservación Osa del MINAE procederían a llevar a cabo una inspección ocular con la finalidad de verificar la presencia del ocupante del inmueble, sus linderos, su naturaleza, levantar un acta y verificar en las bases de datos la información. Posteriormente el representante regional del MINAE y del IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirían la recomendación respectiva para otorgar o denegar el título solicitado; lo cual sería remitido al Director de la Región Brunca del IDA, para emitir la recomendación y en el caso de "...resultare positivo se recomendará la segregación y traspaso del predio a titular ante el área de titulación y éste lo elevará a la Junta Directiva del IDA para que se dicte el acuerdo correspondiente…” (ver copia del Acuerdo de cita a imágenes 128 a 133 del expediente judicial).

12) Que mediante acuerdo 35, adoptado en la sesión ordinaria número 040-07 del 19 de noviembre del 2007, fundamentado en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección Jurídica del IDA, la Junta Directiva del IDA dispuso: “…Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce…”, dado que “…la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares…” (imagen 339 y 1106 y 1107 del expediente judicial).

13) Que en el OSO-229-2008, de 16 de abril del 2008, el Ingeniero Mario Jiménez Quirós, Jefe de la Oficina Subregional de Osa, le indicó al entonces Presidente Ejecutivo del IDA, señor Carlos Bolaños Céspedes, que si bien su oficina había iniciado con la recepción de los documentos de titulación de las parcelas del Asentamiento Osa ubicadas en el área afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce, ese proceso no se concretó, pues el Acuerdo N°39 de 14 de noviembre del 2005 que lo autorizaba, fue revocado por el Acuerdo N°35 de 19 de noviembre del 2007 (ver copia del oficio de referencia a imágenes 3221 a 3223 del expediente judicial). 

14) Que la actora planteó esta demanda mediante escrito presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el 14 de febrero del 2018, y fue inicialmente tramitado bajo el expediente 08-000111-161-CA (así consta en el expediente judicial).

15) Que la parte actora tuvo conocimiento del Acuerdo N°35, adoptado por el IDA el 19 de noviembre del 2007, a través de la contestación de esta demanda por parte del INDER, mediante escrito presentado al Tribunal el 8 de abril del 2008 (Así consta en el expediente).

16) Que en escrito presentado ante el Tribunal el 25 de enero del 2017, la señora Nombre113231  y el señor Nombre113232  procedieron a contestar la demanda y manifestaron que no tenían interés y no participarían en ningún juicio contra los aquí actores (ver copia del escrito de contestación a imágenes 2553 a 2558 del expediente judicial).

 

III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De importancia para resolver este asunto se enlistan los siguientes:

1) Que la parte actora haya sido notificada del Acuerdo N°35, adoptado en la sesión ordinaria número 040-07 del 19 de noviembre del 2007, la Junta Directiva del IDA.   (no consta en el expediente).

2) Que la parte actora se ha visto imposibilitada para aprovechar los terrenos que ha venido ocupando en la Dirección13779   (no hay prueba en el expediente).

3) Que se haya dejado sin efecto el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980 por la Junta Directiva del IDA (no consta en el expediente)

IV.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LA ACTORA: Los demandantes fundamentas su acción en las siguientes razones: La parte actora solicita que en sentencia se declare "Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005". En relación con esta pretensión, los demandantes argumentan que el acuerdo N°39, les otorgó derechos subjetivos, por lo cual, según su criterio, era preciso declarar su nulidad mediante los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública y concretamente, a través del proceso contencioso administrativo de lesividad. Sostienen además, que fueron declarados como beneficiarios de la Dirección13780   , que han logrado acreditar su posesión por más de sesenta y ocho años y que por ese motivo debe ordenarse la titulación de esos terrenos a su favor. Indican además que en caso de que no se les reconozca la posibilidad de titular, se debe proceder a indemnizar a título de expropiación. Asimismo dicen que las limitaciones surgidas con ocasión de la creación de la Reserva Forestal les ha impedido desarrollar proyectos comerciales, industriales y agropecuarios, por lo que consideran que debe indemnizarse esa pérdida de oportunidad. Aducen también que durante años han permanecido en la zozobra, lo que les ha causado sufrimiento y por consiguiente, daño moral subjetivo.

V.- SOBRE LOS ALEGATOS DEL ESTADO:  La representación del Estado sostiene que los actores no participaron del trámite previsto en el artículo 39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre el 2005, motivo por el cual, no pudieron derivar ningún derecho de ese procedimiento. Indica que no demostraron usucapión ni propiedad previa de la reserva Forestal Golfo Dulce y dice que el oficio OSO 192-06, no es un reconocimiento de la posesión. Señala además que los actores no fueron recurrentes en el recurso de amparo que dio lugar a la sentencia 2456-97. Aduce que el título adquisitivo de las porciones de la parcela no fueron acreditados. Asimismo indica que la adjudicación de la parcela 6-26 se autorizó en el año 1996 a Nombre113232   y Nombre113231  , codemandados en este asunto. Alega la existencia de contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por los actores, particularmente en lo que se refiere a la persona de la cual adquirieron la parcela. Manifiesta que no existen daños y perjuicios que deban indemnizarse, respecto de los cuales, también alega la defensa de prescripción.  

VI.- SOBRE LOS ALEGATOS DEL INDER: La representación del INDER sostiene que en su caso, existe una falta de legitimación pasiva, toda vez que la finca N°39334, si bien pertenece registralmente al INDER, es patrimonio forestal del Estado, motivo por el cual no puede disponer de esos bienes. Indica además, que desde 1978 existe un impedimento legal para la adquisición y titulación por parte de los terceros del inmueble de referencia, por ser éste Patrimonio Natural del Estado. Señala que existe culpa de la víctima, por cuanto en todo momento, tuvo conocimiento de la naturaleza del inmueble y las limitación derivadas de esa condición. Estima que no fue acreditada la posesión decenal previa a la creación de la reserva por parte de los actores. Señala la inconsistencia en el plano P-529961-1998, así como la existencia de contradicciones en las declaraciones juradas que constan en el expediente. Indica que no fueron acreditados los daños y perjuicios que se reclaman. Indica que a la actora le "asiste la falta de derecho y la falta de legitimación para demandar al INDER". Indica que el Acuerdo de Junta Directiva N°35 de Sesión Ordinaria 040-2007, de 19 de noviembre de 2007, derogó el Acuerdo N°39 de la Sesión N°44 de 05 de noviembre del 2005, y que para esa anulación no se requería acudir al procedimiento referido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública. Solicita acoger las defensas de caducidad y de prescripción presentadas porque, según afirman, los demandantes tuvieron conocimiento de la derogatoria del Acuerdo N°39 de la Sesión N°44 de 05 de noviembre del 2005, más de diez años antes de la interposición de la demanda. Alega también la prescripción, porque pasaron más de diez años entre la interposición de la demanda y la promulgación del Decreto Ejecutivo 8494. Indica además la existencia de falta de interés, pues el reglamento que señalaba el procedimiento para titular fue derogado.   

VII.- SOBRE LOS ALEGATOS DEL SINAC: La representación del Nombre113238 sostiene que los actores eran poseedores en precario, motivo por el cual no operaban a su favor las obligaciones a cargo del Estado dispuestas en el Decreto Ejecutivo 8494-A. Indica además que la pretensión de daños y perjuicios estaría prescrita, por haber transcurrido más de diez años desde la publicación del Decreto que creó la Reserva Forestal. Sostiene que es improcedente la titulación de tierras que son Patrimonio Natural del Estado.  

VIII.- SOBRE LA DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN: En relación con este planteamiento, la representación del Estado sostiene que corresponde la aplicación de la prescripción decenal establecidos en los numerales 873 y 868 del Código Civil -el primero en cuanto señala una plazo de 10 años para la ejecución de sentencias y el segundo por disponer ese mismo período para reclamar daños y perjuicios-, por lo cual aduce que el plazo para reclamar daños y perjuicios debe contarse a partir de la publicación del Decreto N°8494 del 28 de abril de 1978, que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo cual tuvo lugar el 1° de junio de 1978. Asimismo, argumenta que la Ley Forestal N°4465, vigente al crearse a referida Reserva, establecía la expropiación como remedio ante la negativa de los propietarios a someterse al Régimen Forestal y que por su parte, la Ley de Expropiaciones N°7495 dispone que los derechos y acciones derivados de esta ley, prescribirán en un plazo de diez años. Idénticos argumentos plantearon las representaciones del Nombre113238 y del INDER. Analizados los argumentos presentados por los demandados en relación con la defensa de prescripción, el Tribunal resuelve que ésta resulta improcedente por las siguientes razones: 1. Los supuestos comprendidos en las disposiciones normativas del Código Civil, de la Ley Forestal y de la Ley de Expropiaciones no resultan aplicables al caso bajo examen. Así, en la especie no nos encontramos ante una ejecución de sentencia, pues las pretensiones planteadas por la parte actora no se refieren a la ejecución de un amparo, como se alega por los codemandados. En igual sentido, tampoco nos encontramos ante los supuestos del 868 del Código Civil, pues de conformidad con los términos en los cuales fue planteada esta demanda, las pretensiones no son meramente indemnizatorias.  Lo mismo ocurre respecto de las disposiciones de la Ley Forestal y de la Ley de Expropiaciones, ya que no existe evidencia en el expediente que acredite que la parte accionada hubiese iniciado algún procedimiento o de que emitió algún tipo de conducta administrativa tendente a que la parte actora aceptara someterse al Régimen Forestal, y menos aún de que la parte demandante se negara a hacerlo y de que con ocasión de ello se inició algún tipo de expropiación. Luego, en este asunto nos encontramos ante un proceso de conocimiento cuyo objeto es examinar la legalidad de las conductas de la Administración Pública cuestionadas por la parte accionante. 2. Como se verá más adelante, consta en el expediente que la Junta Directiva del ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, declaró adjudicatario a Nombre113229   de un terreno en el proyecto Osa Forestal, lo cual también se acredita en las constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, lo cual implica que la conducta del INDER ha tenido efectos continuados que se mantienen hasta la fecha, de lo cual se sigue que no ha operado la prescripción alegada. Aún más, de considerarse la prescripción, ésta no podría contarse con anterioridad a la emisión de la última de las referidas constancias, toda vez que aún para esa fecha, el funcionario del IDA, la emitió para efectos de titulación de tierras, lo cual, bajo el principio de confianza legítima implica que los actores, para esa fecha, consideraban que aún sería posible titular, sin que hubiesen recibido de la Administración concernida algún tipo de información en sentido contrario, que los moviera a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.  

IX.- SOBRE LA DEFENSA DE CADUCIDAD: En relación con la defensa de caducidad, planteada por las representaciones del INDER Y DEL Nombre113238 , este Tribunal ya ha indicado lo siguiente:  "Considera este Tribunal que en la especie no resulta aplicable lo dispuesto en el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, sino el numeral 39.1.a del Código Procesal Contencioso Administrativo, por las razones que de seguido se exponen: a) Si bien es cierto, el acuerdo contenido en el artículo 35 que la Junta Directiva del IDA, aprobó por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, quedó en firme antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo (01 de enero del 2008); también lo es, que la parte actora tuvo conocimiento del mismo hasta el 06 de junio del 2008 –pues dicho acuerdo no le fue notificado (considerando II aparte a de esta sentencia), a pesar de que el 02 de febrero del 2006 presentó una solicitud de titulación de la Dirección13781   , al amparo del procedimiento especial de titulación en el Asentamiento Campesino Osa comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce, que en todo caso, ya le había sido adjudicada por la Junta Directiva del INDER desde el 06 de enero de 1999 (folios 165 a 170 del expediente judicial e imágenes 46 a 59 del memorial de contestación de la demanda del INDER, visible en la carpeta de escritos del expediente virtual)-, fecha en que interpuso el recurso de amparo tramitado bajo expediente 08-008420-0007-CO contra el IDA, con el objeto de que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de esa entidad, en que se dispuso revocar el que había creado el Procedimiento Especial de Titulación de tierras ubicadas en el Asentamiento Campesino Osa, comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce (folio 1278 a 1307 del expediente judicial); b) En razón de que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado (artículo 35 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria número 040-2007 por la Junta Directiva del IDA el 19 de noviembre del 2007) hasta el 06 de junio del 2008, momento para el cual ya estaba en vigencia el Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo de caducidad aplicable es el de un año previsto en el numeral 39 de ese cuerpo normativo y no el de cuatro años establecido en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública -antes de la reforma introducida por la Ley número 8508-, pues aunque el acto impugnado quedó firme antes de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, la actora no fue notificada del mismo por parte del IDA antes del 01 de enero del 2008; c) Por otra parte, se tiene por acreditado que el 17 de marzo del 2009, la actora presentó un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones en el proceso de conocimiento en que originalmente se tramitó su caso –o sea en el expediente 08-000110-0161-CA-, en el sentido de que “…Se declare nulo el Acuerdo de Junta Directiva Nº 35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, y con plena vigencia el Acuerdo de Junta Directiva Nº 39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005…” (folios 1009 a 1013 del expediente judicial). En consecuencia, la pretensión de nulidad contra el acuerdo contenido en el artículo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada por la Junta Directiva del IDA, el 19 de noviembre del 2007, fue incoada dentro del plazo de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento de dicho acuerdo, tal y como se analizó en el aparte a) de este considerando; d) En este punto cabe resaltar, que si bien es cierto, este expediente tiene asignado el número 15-006080-1027-CA, ello se debe a lo siguiente: la demanda original se interpuso desde el 14 de febrero del 2008 y fue tramitada bajo expediente  08-000110-0161-CA, ampliándose sus hechos y pretensiones con relación al acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, mediante escrito del 17 de marzo del 2009 (folios 177 a 237, 1009 a 1013 del expediente judicial). Con posterioridad y mediante resolución oral dictada el 25 de mayo del 2009, los Jueces que aquel momento  tramitaban los diferentes procesos de conocimiento en que se discuten casos similares al que aquí nos ocupa, ordenaron la acumulación –entre otros- del expediente 08-000110-0161-CA, al expediente 08-000111-161-CA (folios 1034 a 1037 del expediente judicial). Sin embargo por resolución dictada a las 13:42 horas del 10 de noviembre del 2014, la Jueza Tramitadora dispuso: “…Así, la conclusión a la que llega el Tribunal es que la única solución posible para permitir el avance del asunto y garantizar el ejercicio pleno del contradictorio es su separación, no por geografía o situación jurídica sino por predio, conforme a la tabla adjunta. Firme esta decisión, se procederá a la separación física de los expedientes y a comunicar a las partes el número de carpeta asignado, el juez turnado y la fecha de continuación de la audiencia preliminar…” (folios 2040 a 2046 del expediente judicial). En razón de lo antes expuesto, es que al proceso incoado por la accionante se le asignó el número de carpeta 15-006080-1027-CA, sin embargo, se insiste en que la demanda original fue planteada desde el 14 de febrero del 2008 y la ampliación de hechos y pretensiones relacionadas con el acuerdo 35 de la sesión ordinaria número 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, fue recibida en este Despacho desde el 17 de marzo del 2009, por lo que, tal y como se analizó en los apartados precedentes, se planteó en el plazo de un año previsto en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se computa a partir del 06 de junio del 2008, fecha en que la actora tuvo conocimiento del acuerdo cuestionado. e) Por todo lo expuesto, se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por el representante del INDER." (Sentencia N°38-2019-V, de las 10:55 horas del 07 de mayo del 2019). En la especie, ocurren los mismos supuestos de hecho y derecho indicados en la sentencia citada, y al igual que en el caso que ese fallo analiza, los aquí actores no tuvieron conocimiento del acto mediante el cual se aprobó el artículo 35 adoptado por la Junta Directiva del IDA hasta el seis de junio del 2008, lo cual no solamente implica que el plazo de caducidad aplicable es el de un año establecido en el numeral 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sino que además, al momento en que los demandantes, mediante un incidente de hechos nuevos y ampliación de pretensiones introdujo como parte de sus peticiones, la declaratoria de la nulidad del referido Acuerdo, no había transcurrido aún, el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de dicho acto, y por consiguiente, se encontraba en posibilidad real de impugnarlo. Por las razones dichas, este Órgano decisor no encuentra ningún motivo para modificar lo resuelto en casos similares al que ahora nos ocupa, y se rechaza la excepción de caducidad.

X.- SOBRE LAS PRETENSIONES PARA QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA NULIDAD DEL ACUERDO N° 35 DE LA SESIÓN ORDINARIA 040-2007 QUE REVOCÓ EL ACUERDO N° 39 DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2005, AMBOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IDA, ASÍ COMO PARA QUE SE DECLARE QUE DE CONFORMIDAD CON ESTE ÚLTIMO ACUERDO, LOS ACTORES TENÍAN DERECHO A QUE SE LES ENTREGARA LAS ESCRITURAS SOBRE LA PARCELA N°26. La parte actora solicita que en sentencia se declare "Nulo el Acuerdo de la Junta Directiva n°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007, porque derogó el acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005". En relación con esta pretensión, los demandantes argumentan que el acuerdo N°39, les otorgó derechos subjetivos, por lo cual, según su criterio, era preciso declarar la nulidad mediante los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública y concretamente, a través del proceso contencioso administrativo de lesividad. De este modo, según la teoría del caso de la parte actora, el Acuerdo N°35, adoptado por la Junta Directiva del IDA en la sesión ordinaria 040-2007, no era la vía para declarar la nulidad del Acuerdo N°39. En relación con esta pretensión, los accionados coinciden en su argumento de defensa, y sostienen que el Acuerdo N°39, adoptado en la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, no declaró derechos subjetivos a favor de los actores. Sobre este conflicto, el Tribunal estima que la teoría del caso en la cual la parte actora pretende sustentar su caso, en el sentido de que el Acuerdo N°35 es nulo, no es de recibo, por cuanto no es correcta su apreciación en la línea de que el Acuerdo N°39 tuvo como efecto el reconocimiento de derechos subjetivos a favor de los actores. A tenor de lo que dicho Acuerdo dispone, resulta evidente que el objeto de ese acto era establecer un procedimiento para la entrega de títulos de propiedad a favor de los ocupantes que cumplieran los requisitos, sin que sus alcances implicaran la declaración de un derecho subjetivo a favor de los ocupantes, lo cual eventualmente ocurriría posteriormente, en caso de que se realizaran las etapas allí descritas y se verificaran los requisitos dispuestos en el Acuerdo. Así se  estableció de forma expresa en el apartado primero de dicho acto, en cuanto autorizaba "...un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca 39344-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978", regulando en los apartados siguientes los requisitos que debían cumplir los beneficiarios que pretendieran ser sujeto de titulación, así como el procedimiento para que, una vez realizadas las inspecciones correspondientes, verificado el cumplimiento de los requisitos y emitida la recomendación por parte del Director de la Región Brunca, la Junta Directiva del IDA, dictase el acto final autorizando la segregación y el traspaso del predio al titular. Luego, el Acuerdo, citado regulaba una vía para que los ocupantes del Asentamiento de Osa contaran con la posibilidad de titular los terrenos en los que se habían asentado, y solo el dictado del acto final favorable descrito en los apartados quinto y sexto de éste, tendría el efecto de declarar un derecho subjetivo a favor de quienes hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el Acuerdo. En este punto es preciso recordar que, tratándose de derecho administrativo, un derecho subjetivo refiere una situación jurídica consolidada, individualizada por la Administración mediante un acto favorable o declarativo de ese derecho a favor de uno o varios administrados en relación con un bien que se incorpora a su patrimonio. Así, este concepto "denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial-, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en  o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio contable" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7331-97 de las 15:24 horas del 31 de octubre de 1997). Luego, a partir de ese concepto, se tienen como actos declarativos de derechos aquellos que hayan enriquecido el patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o hayan liberado un derecho preexistente, de algún límite en relación con su ejercicio (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y otro. "Curso de Derecho Administrativo I. Civitas Ediciones, S.L., novena edición, Madrid, 1999, pág 644). Así, como ya se indicó, el establecimiento de un procedimiento para que los ocupantes del Asentamiento Osa procedieran a titular, no era más que la vía, o el camino para alcanzar la titularidad sobre los bienes que estaban poseyendo, que por sí solo no implicó ningún incremento en su patrimonio, ni la liberación respecto de algún limite en el ejercicio del dominio sobre esas tierras. Así, dada la naturaleza del Acuerdo N°39 del 2005, adoptado por el IDA en la sesión 44-05 en la sesión celebrada el 14 de noviembre, éste podía dejarse sin efecto mediante la vía de la revocatoria, de conformidad con las disposiciones del numeral 152 de la Ley General de la Administración Pública. Por otro lado, debe advertirse que en la especie, no consta que como derivación de observar el procedimiento regulado por el Acuerdo N°39, se dictó un acto final favorable a los demandantes, reconociendo su derecho a titular, por el contrario, en el OSO-229-2008, de 16 de abril del 2008, el Ingeniero Mario Jiménez Quirós, Jefe de la Oficina Subregional de Osa, le indicó al entonces Presidente Ejecutivo del IDA, señor Carlos Bolaños Céspedes, que si bien su oficina había iniciado con la recepción de los documentos de titulación de las parcelas del Asentamiento Osa, ubicadas en el área afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce, ese proceso no se concretó, pues el Acuerdo N°39 de 14 de noviembre del 2005 que lo autorizaba, fue revocado por el Acuerdo N°35 de 19 de noviembre del 2007. Lo anterior resulta relevante de mencionar, no solamente porque confirma lo que ya de por sí ha quedado claro del análisis del Acuerdo N°39, en el sentido de que no declaró ningún derecho subjetivo a favor de los actores, sino que además, evidencia que ese cauce procedimental dispuesto en aquel acto, nunca produjo ningún efecto, y no pasó de la etapa de recepción de documentos de algunos de los ocupantes de esos terrenos, pues fue revocado posteriormente mediante el Acuerdo N°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007. Por las razones dadas, no son de recibo los alegatos de la parte actora en el sentido de que el Acuerdo N°35 está viciado de nulidad porque no fue observado el procedimiento de lesividad dispuesto en el ordenamiento para revocar el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005 por la Junta Directiva del IDA. En lo que concierne a los aspectos de fondo del Acuerdo N°35, como ya se indicó, dicho acto revocó el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, que establecía un procedimiento tendente a la titulación de tierras por parte de los ocupantes del Asentamiento Osa. Si bien ese acto no desarrolla en su contenido el motivo de la revocatoria, lo cierto es que sí señala de forma expresa que ese acto se fundamentó en el criterio técnico DAJ-1013-07, de 31 de octubre del 2007, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA -práctica expresamente permitida, según las disposiciones del numeral 136, inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública-. En ese informe se concluyó que la imposibilidad de titular obedece a la naturaleza jurídica de los terrenos, al formar parte de una reserva forestal, apuntando que por ese motivo "son calificados como Patrimonio Natural de Estado, constituyen bienes de naturaleza demanial, destinados a satisfacer un uso público". Luego, la causa de la revocatoria tiene como antecedente jurídico la condición de patrimonio natural del Estado de una gran parte de los terrenos, la cual le viene dada por estar ubicados éstos dentro de una reserva forestal nacional, todo lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de titular, dada su demanialidad. De este modo, el Tribunal concluye que el acto de revocatoria observó el cauce procedimental establecido para ello en el ordenamiento jurídico, fue dictado por el órgano competente y tuvo como motivo el carácter demanial de los bienes que se pretendían titular. Por las razones dadas, este Órgano Colegiado considera que el Acuerdo N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, no reconoció como beneficiarios del IDA a los demandantes, no declaró ningún derecho subjetivo a su favor y su revocatoria se ajusta a derecho, motivos por los cuales las pretensiones principales 1, 3 y 4 deben rechazarse.

XI.- SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL TRIBUNAL DECLARE QUE EL IDA RECONOCIÓ A LOS ACTORES COMO BENEFICIARIOS DEL IDA, CON UNA POSESIÓN ACUMULADA DE 68 AÑOS: Consta en el expediente que la Junta Directiva del ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ...Nombre113229  ". Asimismo, en las constancias OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, se indicó: “OSO-140-03…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la Dirección13776 #,  ,   , sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, mide 77Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela Dirección13777,  ,   , según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 según nuestra Base de Datos, censos y archivos la parcela Dirección13778,  ,  , ha estado en posesión del señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585 por más de 23 años. Asimismo, esta propiedad registra como ocupantes anteriores a los señores Nombre113239  , cédula CED89589, con una posesión de 10 años; Nombre113237  , cédula CED89590, con una posesión de 20 años; Fernando Rivas (no registra número de cédula ni segundo apellido), con una posesión de 15 años, lo que demuestra una posesión total de 68 años". Aunado a lo anterior, de acuerdo a las declaraciones del testigo Mario Obando González, quien dijo conocer la Dirección13782       , y pudo describir al Tribunal su ubicación, el señor Nombre113229  y su esposa tienen más de cuarenta años de ocupar esos terrenos, e incluso fueron censados por Miguel Herra Miranda, quien es técnico del INDER y manifestó en la audiencia que conocía a los actores desde 1983, cuando estuvo realizando el censo. Ante este elenco de hechos probados, el Tribunal logra corroborar no solo que efectivamente el señor Nombre113229   y la señora Nombre113230   , han ejercido la posesión por más de sesenta y ocho años (por transmisión alrededor de treinta de esos años), de un inmueble ubicado en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, de la Provincia de Puntarenas, cuya naturaleza es área de montaña, potrero y agricultura, plano catastrado P-529961-95, con una medida de 77-Ha 4704.75m2, sino que además, fueron reconocidos como adjudicatarios y beneficiarios de esos terrenos por parte del IDA mediante el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980; constancia OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, constancia OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y constancia OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, estos últimos emitidos por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós. En este punto, es preciso indicar que según la teoría del caso de los representantes del Estado y del INDER, los documentos mencionados no constituyen un reconocimiento de la posesión por parte de los actores. Alegan que lo que allí se indica es el producto de la entrevista a los mismos vecinos y no de datos fehacientes. Lo anterior llama la atención de este Órgano decisor, por cuanto en los documentos OSO-140-03, OSO-191-06, así como en el OSO-192-06, el Jefe de la Oficina Subregional Osa del IDA, hace constar, esto es, según la Real Academia Española "la acción y efecto de hacer constar algo de manera fehaciente", así, el contenido en esos documentos, son, según en ellos mismos se indica, una manifestación cierta sobre un hecho. Pero además, la misma constancia expresa que el origen de la información que allí se acredita, proviene de la base de datos de la institución, así como de los archivos correspondientes a la Dirección13783 ,  , de modo que no son correctas las afirmaciones de los codemandados en el sentido de que los datos se derivan únicamente de los censos realizados y de la información brindada por los propios vecinos, sin perjuicio de que además, el conocimiento de la situación obtenida de esa forma, tampoco puede ser calificada como falsa, por cuanto en casos como el que nos ocupa, es posible obtener datos valiosos a través de la entrevista y censos que fueron realizados a los ocupantes. Finalmente, el funcionario del IDA, señala en las constancias, que las emite "para fines de escriturar dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce", de modo que llama la atención que conociendo el servidor, la trascendencia que tenía la constancia, consignara en ésta datos que, según la defensa del Estado y del INDER no son apegados a la verdad. Luego, la defensa de los codemandados se fundamenta en la incuria de su funcionario, que según argumentan, consignó datos falsos, conducta respecto de la cual no se observa que se haya abierto ningún tipo de acción disciplinaria, o emitido conducta administrativa alguna tendente a dejar sin efecto lo que allí se hizo constar. Así la defensa de que no es correcta la información allí consignada porque la Administración concernida consignó datos inexactos no es de recibo. Así mismo, el acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980 por la Junta Directiva del IDA, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras", acordó adjudicar al señor Nombre113229   un parcela en el Asentamiento Osa, también continúa surtiendo sus efectos, pues no consta en el expediente su anulación a través de los procedimientos establecidos por el ordenamiento para anular actos declaratorios de derechos subjetivos. Luego, la pretensión principal identificada como la número 2 debe acogerse, pues de la prueba que consta en el expediente se ha logrado acreditar la existencia de manifestaciones emanadas de la Administración, concretamente del IDA, en las que resolvió adjudicar en un primer momento una parcela del Asentamiento Campesino Osa al señor Nombre113229  , y posteriormente, en tres ocasiones lo ratificó, tanto a éste como a la señora Nombre113230 , como beneficiarios de la parcela descrita en el plano catastrado P-529961-95. En este punto es importante indicar que en caso de que el IDA hubiese reconocido la condición de adjudicatario o de beneficiario a terceras personas, sobre esa misma parcela, la responsabilidad derivada de esa conducta poco diligente recaería exclusivamente sobre la Administración concernida. De este modo, sin perjuicio de que los codemandados la señora Nombre113231  y el señor Nombre113232  procedieron a contestar la demanda y manifestaron que no tenían interés y no participarían en ningún juicio contra los aquí actores, el Tribunal considera que de presentarse estas circunstancias, son el Estado y el ahora INDER, sobre quienes recae la responsabilidad, como derivación de una conducta omisiva contraria a los principios de eficiencia y de resguardo del interés público, que se evidencia en el hecho de que han transcurrido más de 40 años sin que se  haya atendido y resuelto definitivamente la situación de los ocupantes del Asentamiento Osa. Es preciso indicar además, que las contradicciones a las que aluden los codemandados en las declaraciones juradas, no son tales, pues obedece a la cadena de transmisión de la posesión, lo cual hizo constar el IDA (hoy INDER), en el OSO 192-06. Finalmente es preciso indicar que, según consta en el expediente el 20 de noviembre de 1974, la empresa Osa Productos Forestales, S.A. y el Instituto de Tierras y Colonización, firmaron un convenio preliminar de arreglo, tendente a traspasar al segundo las áreas de las fincas propiedad de la primera, que fueran necesarias - previa realización de censos y estudios realizados por esa entidad-, a fin de dotar de tierras económicamente explotables, a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario, lo cual más adelante se pretendió concretar a través del Decreto Ejecutivo número 10088-G-H de 02 de mayo de 1979, mediante el cual, con la finalidad de cumplir con el plan de asentamientos campesinos desarrollados por el ITCO, fueron expropiadas las siguientes fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S.A: N°22048, N°8947, N°22046, todas de la Provincia de Puntarenas, y que "forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal".  Así mismo, en ese Decreto se autorizó a la "...Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto lo traspase a dicho Instituto, el que los destinará para los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas…” . Posteriormente según escritura pública N°03, otorgada ante los Notarios Públicos Adrián Argüello Artavia y Eduardo Ching Murillo el 04 de septiembre de 1980, las fincas referidas fueron reunidas, formando la finca 39334-000, en la cual se ubica el Asentamiento Campesino Osa y se inscribió a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario. Así, se denota la existencia de una clara voluntad de la Administración concernida en orden a la creación del asentamiento campesino así como de dotar de tierras a sus ocupantes, aún con posterioridad a la creación de la Reserva Forestal. Nótese que a pesar de que ésta fue creada en 1978, es en 1979 que se emite el Decreto Ejecutivo número 10088-G-H, con la finalidad de expropiar las tierras y crear el referido asentamiento campesino. Incluso las fincas fueron traspasadas a nombre del IDA con ese propósito. Y más adelante, ese mismo ente, lleva a cabo censos y emite acuerdos -el N°39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005, en el que se establece un procedimiento de titulación, y aún más, en el año 2006, la Oficina Subregional del IDA en Osa emite las constancias OSO 191-06 y OSO 192-06, en este caso a solicitud de los actores, y señala que su finalidad es la titulación. Claramente, tal forma de conducirse por parte de la Administración evidencia que desde antes de la adquisición de las fincas por parte del IDA, ya había ocupantes en esos inmuebles, que el objetivo era crear el asentamiento, y que más adelante la Administración, que también había emitido el Decreto en el que se estableció la Reserva Forestal, tuvo un actuar errático en cuanto a qué hacer con las personas que estaban ocupando el asentamiento. Así, durante muchos años, desde 1978, hasta el 2007, fecha en la cual derogó el procedimiento que había estipulado para titular las tierras, el IDA, (hoy el INDER), sostuvo la tesis de que era posible esa titulación, y se lo hizo ver a los demandantes mediante las constancias antes referidas, así como a muchas otras personas que se encontraban en idéntica situación, pues según consta en autos, incluso se llevaron a cabo reuniones para establecer cómo se resolvía la situación de conflicto creada por la misma Administración. De modo que bajo el principio de confianza legítima, estas personas continuaron poseyendo y realizando acciones tendentes a titular. No obstante ello nunca ocurrió, dada la imposibilidad de hacerlo, en virtud de que las tierras que ocupaban se encuentran dentro de los límites de la Reserva Forestal, obstáculo que inicialmente el INDER no consideró, y respecto del cual nunca informó a los aquí actores, ni aún cuando derogó mediante Acuerdo de la Junta Directiva N°35 de la sesión 040-2007, celebrada el 10 de noviembre del 2007,  el Acuerdo de Junta Directiva N°39 de la sesión 44-05 de la sesión celebrada el 14 de noviembre del 2005" que había reconocido la posibilidad de titular. Por las razones dadas, lo procedente es acoger la pretensión principal N°2, en lo que se refiere a que el IDA (hoy INDER), y reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela N°26-6, con una posesión de sesenta y ocho años. 

XII.- SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL ESTADO, EL INDER Y EL Nombre113238 INDEMNICEN A LA ACTORA A TÍTULO DE EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA 26-6: Esta pretensión fue identificada como principal, a pesar de que luego, entre las pretensiones subsidiarias se indica que en caso de que "no se condena al Instituto de Desarrollo Agrario a la entrega de los títulos de propiedad, sin ninguna limitación, por la naturaleza jurídica de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, según la pretensión marcada 3) de la pretensión principal, entonces se pide se le condene de la siguiente forma: El Estado, el INDER y SINAC, en particular el Estado deberá indemnizar los derechos de los actores, como compraventa...". En consecuencia, en este apartado de la sentencia se atenderán las pretensiones N° 5 identificada como principal, así como la que se indica como pretensión subsidiaria N° 1, pues ambas solicitan la indemnización a título de expropiación o  venta en relación con la parcela N°26-6. Según se indicó en el considerando anterior, el ITCO, por acuerdo tomado en el artículo XVI de la Sesión N°2401, celebrada el 18 de agosto de 1980, "Con base en las recomendaciones de la Sección de Ordenamiento de Tierras, acordó "adjudicar los siguientes lotes, por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio" a las siguientes personas: ... Nombre113229  " . Asimismo, en las certificaciones OSO-140-03, emitida el 21 de abril del 2003, OSO-191-06 del 19 de marzo del 2006 y OSO-192-06, de 10 de marzo del 2006, suscritas por el Jefe de la Oficina Subregional del IDA en Osa, señor Mario Jiménez Quirós, se reconoció la condición como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes por más de 35 años de la parcela #Dirección13784,  ,   , sito en estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, mide 77Has.4.704.75m2, plano Catastrado P-529961-95 (...) OSO-191-06…según nuestra Base de Datos, censos y archivos el señor Nombre113229  , cédula CED89584 y Nombre113230  , cédula CED89585, aparecen registrados como Beneficiarios del IDA en calidad de ocupantes de la parcela Dirección13777,  ,   , según plano catastrado P/529961-1998 mide 77-Ha 4704.75m2, sito en el sector Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) lo que demuestra una posesión total de 68 años". Por otra parte, según los numerales 8, 9, 10 y 11 del Decreto 8494-A de 28 de abril de 1978, que entró a regir a partir del 1° de junio de 1978, " Artículo 8 - Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidos al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la aprobación escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las Adquiera.  Artículo 9- La Dirección General Forestal gestionará la compra la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encuentren dentro de la demarcación de esta Reserva y que sean indispensables para su integración. Artículo 10. El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de la Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización. Artículo 11- La adquisición de los terrenos que fueren necesarios se hará de conformidad con el censo que para ese efecto levantará la Dirección General Forestal o el ITCO".  A tenor de la normativa transcrita, es claro que, además de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Decreto N°8498-A reguló el tratamiento que la Administración debía dar a los casos de ocupación en las zonas que quedaron comprendidas dentro de la Reserva Forestal. En este sentido, el artículo 8 del Decreto reconoce que dentro de los límites de la Reserva, había fincas inscritas, fincas con posesión decenal y fincas en posesión precaria, y más adelante el artículo 9 del Decreto dispuso que la Dirección Forestal gestionaría la compra directa o la expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular, y por su parte, de acuerdo con los numerales 10 y 11, el ITCO y la Dirección General Forestal debían llevar a cabo el traslado y reasentamiento de los ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva. De lo anterior se sigue que el propio Decreto dispuso, para los casos de afectación del derecho de dominio ejercido a título de dueño o bien como propietario registral, la vía de la expropiación o la compra directa, e incluso estableció un derecho a favor de quienes acrediten su ocupación de "más o menos de diez años" respecto de terrenos ubicados dentro de los límites de la Reserva, al ordenar al ITCO y a la Dirección General Forestal su traslado a un nuevo asentamiento. Luego, de acuerdo con la normativa citada, la Administración concernida debía indemnizar a los poseedores o a los propietarios que no se acogieran de forma voluntaria al Régimen Forestal, pues ordenó la indemnización por medio de la acción expropiatoria o la compra directa en los casos en los que ello fuese procedente, así como la reubicación de los ocupantes "de más o menos de diez años" .En este sentido se pronunció la Sala Constitucional en el voto 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997: "IV.- El punto respecto de la constitucionalidad de los decretos ejecutivos que dan base a este amparo y sus implicaciones ha sido resuelto debidamente por la Sala mediante sentencia número 1019-97 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, declarándola sin lugar por cuanto las limitaciones impuestas a la propiedad son indemnizables y permiten al poseedor o poseedores acceder al Régimen de Reserva Forestal en forma voluntaria o bien optar por la expropiación, por lo cual lo establecido en los decretos cuestionados es procedente en cuanto a su aplicación siempre que la administración cumpla con su obligación, cual es la de velar por que los trámites expropiatorios sean debidamente tramitados, en el tiempo que legalmente se encuentra establecido y, especialmente, de previo a que la administración inicie actos posesorios en cuanto al bien o bienes expropiados debiendo darse la indemnización correspondiente antes de que la administración entre en posesión definitiva de los bienes, así establecido por el numeral 45 de la Carta Magna (...) VI.- El numeral 9 del Decreto Ejecutivo 8494-A deposita en la Dirección General Forestal la obligación de velar por el cumplimiento de los trámites de expropiación o compra directa de terrenos sometidos a dominio particular. En este punto, cabe recalcar que el trámite expropiatorio no es un trámite que se realice a gestión de parte sino que resulta una obligación para la administración, como interesada en la propiedad y quien debe velar porque las normas constitucionales se cumplan a cabalidad. Además, es menester hacer ver que el trámite expropiatorio procede en todo caso que se vea afectado un derecho de dominio sobre un terreno, sea este ejercido mediante la posesión a título de dueño en los términos establecidos por el Código Civil o como propietario registral del mismo. Este derecho que asiste al afectado lo establece el Decreto Ejecutivo 8494-A al ordenar el trámite de expropiación o compra directa a todos los terrenos bajo dominio particular -entiéndase por dominio particular además de aquellos terrenos poseídos bajo títulos legítimos que dan crédito de la condición de propietarios, los que no posean dicho título y son simples poseedores de hecho- que se encuentren dentro de los límites de la Reserva. VII.- La expropiación o compra directa de los terrenos debe ser ordenada y estar determinada y eso es lo que hace el Decreto 8494-A en su norma 11, cuando impone la realización de un censo para determinar quiénes son los ocupantes o propietarios de las tierras, bajo qué título las ocupan y los valores de éstas, determinando igualmente quiénes deben ser indemnizados". En este punto es preciso advertir, que a tenor del Decreto 8494, los ocupantes "de más o menos de diez años", tenían derecho a ser reubicados en un nuevo asentamiento, acción respecto de la cual también fue la Administración fue omisa. De modo que si, como consta en el informe rendido a la Sala Constitucional por el MINAE el 28 de abril del 2003, en el cual se consigna al señor Nombre113229  como una de las personas censadas en calidad de ocupantes de los referidos terrenos, se constata que la Administración, al menos debió reubicarlo, conducta que tampoco fue realizada. Así, al haber corroborado el Tribunal que tanto al señor Nombre113229  como a la señora Nombre113230 , les fue reconocida su condición de adjudicatarios y beneficiarios en calidad de usucapientes en los términos del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 8494-A, respecto de la parcela 26-6 del Asentamiento Campesino Osa calidad, con más de sesenta y ocho años de posesión, es evidente que tienen derecho a que se les pague a título de expropiación el justo precio de esa parcela. Por las razones dadas, y siendo que las obligaciones establecidas en los numerales 8 a 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Forestal N°7575 del 13 de febrero de 1996, recaen en el Poder Ejecutivo, se acoge la pretensión principal N° 5 y la subsidiaria N°1, las cuales tienen idénticas consecuencias, y deberá ordenarse al Estado que proceda a pagar a título de expropiación de los terrenos que comprenden la Dirección13779 , el justo precio que se fije por concepto de indemnización, para lo cual deberán utilizarse los parámetros prescritos en la Ley de Expropiaciones N°7495, y considerar las mejoras introducidas según el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, que está ubicada dentro de ese terreno. Así mismo, a efecto de proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora. 

XIII.- SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL ESTADO, EL INDER Y EL Nombre113238 INDEMNICEN A LA ACTORA POR LOS SUPUESTOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA LIMITACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DE LA CREACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL. Los demandantes solicitan que en sentencia se declare el deber del Estado, el INDER y el SINAC, y subsidiariamente solo del primero, en orden a indemnizar los daños y perjuicios derivados de las limitaciones impuestas con ocasión de la creación de la reserva de Golfo Dulce. Para sustentar su petición, aduce que al afectarse las fincas al régimen forestal, se les ha impedido mejorar sus parcelas, realizar actividades comerciales, industriales o ganaderas. En relación con pretensiones idénticas, en casos similares al que ahora se analiza, este Tribunal ha indicado: "En primera instancia, es menester indicar que contrario a lo que afirma el representante de la actora, de los artículos 6 y 7 del Decreto Ejecutivo número 8494-A –que crea la Reserva Forestal Golfo Dulce- se desprende que es posible el aprovechamiento de los recursos naturales en dicha reserva, siempre y cuando se cuente con el permiso respectivo, el cual, se otorgará bajo normas técnicas que se aprobaran por la autoridad forestal y/o ambiental competente, conforme a la zonificación que para tal efecto se establezca, lo que se corrobora mediante oficio número ACOSA D-0183 del 22 de abril del 2008, suscrito por la Directora del Área de Conservación Osa del SINAC, visible a folios 540 y 541 del expediente judicial, conforme al cual, “…los ocupantes de la reserva han podido hacer uso libremente de sus tierras siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente aplicable por igual a todos los ciudadanos del país…” (Sentencia N°38-2019-V de las 10:55 horas del 07 de mayo del 2019). Según se pudo corroborar del estudio del  oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, no es cierto que la parcela 26 no ha podido ser explotada por los actores, toda vez que de acuerdo con dicho informe se aprecia que de acuerdo con el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, la parcela N° 26 "...en cuanto al área de topografía plana, esta corresponde a una (sic) 28 hectáreas de las cuales unas 26 hectáreas se encuentran cultivadas de pasto natural de la variedad ratana y pasto mejorado de la variedad Guinea Mombaza (panicum máximun), mismos que cuentan con un asistencia regular y están distribuidos en 7 apartos establecidos con cercas de alambre de púas en mal estado, construidas a 3 hilos de alambre sobre postes de madera muerta y viva en en partes. 4- Respecto a cultivos se pudo apreciar un área de aproximadamente un 1/4 de hectárea cultivado de maíz en crecimiento. Un 1/4 de hectárea cultivado de plátano y algunas cepas de caña dulce, así como 25 matas de piña y aproximadamente unas 50 matas de yuca, cultivos que no cuentan con una buena asistencia ya que se encuentran cubiertos de charral. Respecto al cultivo de frutales se identifican 8 árboles de mango, 3 de aguacate, 10 de guanábana, 12 de papaya, 4 de guaba, 10 de limón ácido, 20 de naranja dulce, 5 de cacao y 7 palmeras de coco, todos en producción y sembrados de forma dispersa entre el cultivo de pasto. Además existe un área de aproximadamente 1 hectárea que se encuentra en barbechos y que se utiliza para la siembra de cultivos básicos.  5- Como infraestructura se pudo apreciar una casa de habitación en regular estado, con dimensiones de 12x6.50 metros, construida sobre basas de madera, paredes de madera, piso de madera, techo hierro galvanizado en regular estado. Asimismo un corral con dimensiones de 9.50 X 10 metros con postes y tabloncillos de madera, piso de tierra y sin techo", de lo cual se concluye que el terreno sí ha podido explotarse, sin que se acredite que se haya impedido la realización de algún proyecto comercial, industrial, ganadero o agrícola, y por el contrario, se denota que en la finca se han realizado actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería. Por las razones dichas, procede denegar la pretensión principal identificada como la número 6.

XIV.- SOBRE LA PRETENSIÓN PARA QUE EL ESTADO, EL INDER Y EL Nombre113238 Y SUBSIDIARIAMENTE SOLO EL PRIMERO INDEMNICE A LOS ACTORES EL DAÑO MORAL SUBJETIVO: La parte actora solicita que se declare la obligación de los codemandados en orden a indemnizar el daño moral subjetivo, el cual, según afirmó, consiste en "el sufrimiento de casi 40 años de penar por no encontrar una solución jurídica ni económica a su problema agrario y ambiental, por vivir en estado de inseguridad, viendo empobrecerse a su familia mientras tenían prohibiciones para cultivar, mejorar o realizar actividades económicas, industriales o comerciales". De acuerdo a lo referido en el considerando inmediato anterior, por las razones allí esbozadas en el sentido de que no es procedente reconocer daños y perjuicios derivados de las limitaciones que supuestamente impidieron el uso y disfrute de los terrenos ocupados, por cuanto no solo el propio Decreto Ejecutivo N°8494-A, establece la posibilidad de explotar esos inmuebles, sino que además, conforme a la prueba allegada a los autos para mejor resolver, y que consiste en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, en la Dirección13785 ° , sí han sido realizadas actividades de naturaleza agrícola y ganadera. No obstante, este Órgano Colegiado considera que efectivamente, tal y como lo señala el accionante, ha habido una conducta omisiva por parte del Estado  así como del INDER, en el cumplimiento orden a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los numerales 8 a 11 del Decreto Ejecutivo N°8494-A, que expresamente disponía la obligación de expropiar o de llevar a cabo una compra directa e indemnizar a los titulares y poseedores, o incluso, al menos de reubicarlos en un nuevo asentamiento, tareas cuya verificación no han sido atendida de forma diligente y oportuna. Asimismo, se ha corroborado, que tanto el Estado como el INDER, no solamente no han observado el mandato contenido en el referido Decreto, sino que además, incumplieron lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto Sala Constitucional en el voto 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, el cual, según los principios que se derivan del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tenía un efecto vinculante para todas las partes involucradas en la aplicación de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 8494-A. De acuerdo con lo expuesto, lo que corresponde es acoger parcialmente la pretensión identificada como la número 7 y reconocer el daño moral subjetivo derivado del sufrimiento ocasionado por la espera por más de cuarenta años de una solución jurídica a la situación de los demandantes. Por este concepto, el Estado y el INDER, deberán reconocer de forma solidaria a los actores, la cantidad de dos millones de colones a cada uno. Sobre esas sumas, deberán pagar intereses, los cuales se contarán a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. 

XV.- SOBRE LAS EXCEPCIONES:  Se declara la falta de legitimación del SINAC, toda vez que las pretensiones establecidas en la demanda presentada por la parte actora no son tendentes a impugnar alguna conducta administrativa emanada de ese órgano o a reclamar daños y perjuicios con ocasión de actuaciones u  omisiones suyas. En lo que respecta al Estado y al INDER, a tenor de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se denota la existencia de un vínculo jurídico existente entre los codemandados y los actores, derivado de las obligaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 8494-A, así como de las conductas realizadas por el IDA (hoy INDER), en las que reconoció la condición de adjudicatario del señor Nombre113229 , y luego la posesión de ambos actores, mediante la emisión de las constancias OSO-140-03, OSO 191-06 y OSO 192-06. Se rechazan las defensas de caducidad y de prescripción, por las razones dadas en los considerandos VIII y IX de esta sentencia.  Se rechaza la defensa de interés actual, pues aún no se ha dado una solución definitiva al conflicto planteado. Asimismo, se rechaza la defensa genérica sine actione agit, la cual no solamente no consiste en una defensa propiamente, sino que además, se ha analizado de forma separada en cuanto a los aspectos que la comprenden. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho presentadas por el Estado y el INDER, únicamente respecto de las pretensiones identificadas como la 1, 3, y 4 que son en orden a que el Tribunal declare la nulidad del Acuerdo N°35 de la Sesión Ordinaria 040-2007, que revocó el Acuerdo N°39-2005, ambos de la Junta Directiva del IDA, así como para que se declare que de conformidad con este  último Acuerdo, que los actores tenían derecho a que se les entregaran las escrituras sobre la parcela N°26. Asimismo, se rechaza la pretensión N° 6 en la que se solicita que se obligue al Estado, al INDER y al SINAC, a indemnizar a la actora por los supuestos daños y perjuicios derivados de las limitaciones surgidas con ocasión de la creación de la reserva forestal. Se acoge parcialmente la demanda y se declara: i. Que el IDA (hoy el INDER), reconoció a los actores como adjudicatarios y beneficiarios de la parcela 26-6, con una posesión de 68 años; ii. Que el  Estado deberá pagar a título de expropiación de los terrenos que comprenden la parcela 26-6, el justo precio que se fije por concepto de indemnización en la fase de ejecución de sentencia, para lo cual deberán utilizarse los parámetros prescritos en la Ley de Expropiaciones N°7495, y considerar las mejoras introducidas según el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, que consiste en un informe de inspección de la parcela N°26 del Asentamiento Osa, Sector 6, que está ubicada dentro de ese terreno. Así mismo, a efecto de proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora; iii. El Estado y el INDER deberán pagar, de forma solidaria, a cada uno de los demandantes la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral subjetivo, así como los intereses legales, que deberán contarse a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. En relación con los codemandados Nombre113231  y Nombre113232 , se declara sin lugar la demanda, ya que no fueron presentadas pretensiones en su contra. 

XVI.- SOBRE LAS COSTAS.  De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie,  este órgano colegiado no encuentra motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen al INDER y al ESTADO, el pago de las costas personales y procesales en que incurrió la parte actora, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. Por otro lado, considera este Órgano Colegiado, que la actora litigó contra el Nombre113238 con ocasión de una resolución jurisdiccional que lo integró al litigio, razón por la cual, se le exonera del pago de ambas costas con relación a dichos codemandados. En lo que concierne a los codemandados Nombre113231  y Nombre113232 , se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas, ya que éstos también fueron incorporados al proceso con ocasión de una decisión jurisdiccional relacionada con la litis consorcio pasiva necesaria. 

POR TANTO

Se declara la falta de legitimación pasiva en relación con el SINAC. Se rechaza esta defensa en relación con el ESTADO y el INDER. Se rechazan las defensas de caducidad y de prescripción. Se admite de forma parcial la defensa de falta de derecho. Se acoge parcialmente la demanda del señor Nombre113229   y Nombre113230  , únicamente contra el Estado y contra el INDER, en los términos que se dirán, debiendo entenderse como denegada en lo no expresamente expuesto. Se condena al Estado a pagar al señor Nombre113229   y a la señora Nombre113230  , a título de expropiación de los terrenos que comprenden la Dirección13779 , el justo precio que se fije por concepto de indemnización, cuyo monto deberá establecerse en la fase de ejecución de sentencia. Del monto fijado, cada uno de los demandantes recibirá el cincuenta por ciento. Para proceder con la fijación del justo precio, deberá levantarse un nuevo plano catastrado que corrija las inconsistencias establecidas en el informe contenido en el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, de 26 de noviembre del 2021, actuación que deberá realizar la parte actora. Se condena de forma solidaria al ESTADO y al INDER a pagar a cada uno de los demandantes la suma de dos millones de colones por concepto de daño moral, así como los intereses legales, los cuales se contarán a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. En relación con los codemandados Nombre113231  y Nombre113232 , se declara sin lugar la demanda, ya que no fueron presentadas pretensiones en su contra. Se condena al ESTADO y al INDER, a pagar ambas costas de esta acción. En lo que respecta a los codemandados Nombre113238 y los señores Nombre113231  y Nombre113232 , se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.

 

Ileana Isabel Sánchez Navarro

 

Marianella Álvarez Molina                 Sergio Mena García

 

 

 




- Código Verificador -
*3F3BZVSEZYA61*
3F3BZVSEZYA61



 

Documento firmado por:

ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, JUEZ/A DECISOR/A
MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, JUEZ/A DECISOR/A
SERGIO MENA GARCIA, JUEZ/A DECISOR/A

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:48:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECTION V

Resolution No. 00008 - 2022

Date of Resolution: January 31, 2022 at 08:00

Case File: 15-005599-1027-CA

Drafted by: Ileana Sánchez Navarro

Type of Matter: Ordinary administrative contentious proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Rulings from the same case file


Content of Interest:

Type of Content: Majority vote

Branch of Law: Administrative Law

Topic: Compensation for expropriation

Subtopics:

Right to compensation for usucapient possessors of a plot before the creation of a forest reserve.

Topic: Expropriation

Subtopics:

Right to compensation for usucapient possessors of a plot before the creation of a forest reserve.

"X [...] The plaintiff requests that the judgment declare 'Null the Acuerdo de la Junta Directiva n°35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, because it derogated Acuerdo de Junta Directiva N°39 of session 44-05 held on November 14, 2005.' In relation to this claim, the plaintiffs argue that Acuerdo N°39 granted them subjective rights, for which reason, in their opinion, it was necessary to declare the nullity through the procedures established in the Ley General de la Administración Pública and specifically, through the administrative contentious lesividad proceeding [...]

Pursuant to what said Acuerdo provides, it is evident that the object of that act was to establish a procedure for the delivery of property titles in favor of the occupants who met the requirements, without its scope implying the declaration of a subjective right in favor of the occupants, which would eventually occur later, if the stages described therein were carried out and the requirements set forth in the Acuerdo were verified [...]

At this point it is necessary to recall that, in administrative law, a subjective right refers to a consolidated legal situation, individualized by the Administration through a favorable act or a declaratory act of that right in favor of one or more administered persons in relation to an asset incorporated into their patrimony. Thus, this concept 'denotes that consummated circumstance in which a thing -material or immaterial-, whether a previously alien good or a previously non-existent right- has entered (or impacted upon) the patrimonial sphere of the person, such that the latter experiences a quantifiable advantage or benefit' (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7331-97 of 3:24 p.m. on October 31, 1997). Consequently, based on that concept, declaratory acts of rights are those that have enriched the patrimony of their recipients with a previously non-existent right or have freed a pre-existing right from some limit regarding its exercise (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y otro. 'Curso de Derecho Administrativo I'. Civitas Ediciones, S.L., ninth edition, Madrid, 1999, p. 644). Thus, as already indicated, the establishment of a procedure for the occupants of Asentamiento Osa to proceed to titling was merely the path, or the way, to achieve ownership over the assets they were possessing, which in itself did not imply any increase in their patrimony, nor the release from any limit on the exercise of dominion over those lands. Thus, given the nature of Acuerdo N°39 of 2005, adopted by the IDA in session 44-05 on November 14, this could be left without effect through the revocation path, in accordance with the provisions of numeral 152 of the Ley General de la Administración Pública. On the other hand, it must be noted that in the present case, there is no record that, as a derivation of observing the procedure regulated by Acuerdo N°39, a final act favorable to the plaintiffs was issued, recognizing their right to title. On the contrary, in OSO-229-2008, of April 16, 2008, Ingeniero Mario Jiménez Quirós, Head of the Oficina Subregional de Osa, indicated to the then Executive President of the IDA, Mr. Carlos Bolaños Céspedes, that although his office had begun receiving the titling documents for the plots of Asentamiento Osa, located in the area affected by the Reserva Forestal Golfo Dulce, that process was not completed, as Acuerdo N°39 of November 14, 2005, which authorized it, was revoked by Acuerdo N°35 of November 19, 2007 [...]

Consequently, the cause for the revocation has as its legal antecedent the condition of natural patrimony of the State for a large part of the lands, which arises because they are located within a national forest reserve, all of which results in the impossibility of titling, given their demaniality (demanialidad). In this way, the Tribunal concludes that the revocation act observed the procedural channel established for this in the legal system, was issued by the competent body, and had as its motive the demanial character of the assets intended to be titled. For the reasons given, this Collegiate Body considers that Acuerdo N°39 of session 44-05 of November 14, 2005, did not recognize the plaintiffs as beneficiaries of the IDA, did not declare any subjective right in their favor, and its revocation is in accordance with the law, reasons for which the main claims 1, 3, and 4 must be rejected [...]

Thus, under the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), these persons continued possessing and carrying out actions aimed at titling. However, this never occurred, given the impossibility of doing so, because the lands they occupy are within the boundaries of the Reserva Forestal, an obstacle that INDER initially did not consider, and about which it never informed the plaintiffs here, not even when it derogated by Acuerdo de la Junta Directiva N°35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, the Acuerdo de Junta Directiva N°39 of session 44-05 held on November 14, 2005, which had recognized the possibility of titling. For the reasons given, it is appropriate to grant main claim No. 2, insofar as it refers to the IDA (now INDER), and recognized the plaintiffs as adjudicatees (adjudicatarios) and beneficiaries of plot N°26-6, with a possession of sixty-eight [...]".

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Text of the resolution



 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

II Circuito Judicial de San José,

Dirección04  .

Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01

 

CASE FILE: 15-005599-1027-CA

MATTER: ORDINARY PROCEEDING

PLAINTIFF: Nombre113229 and Nombre113230

DEFENDANT: ESTADO, INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL and SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, Nombre113231 and Nombre113232.

 

N°08-2022-V

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECTION FIVE. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at 08:00 hours on January 31, two thousand and twenty-two.

Ordinary proceeding filed by Nombre113229, farmer, married, identity card number CED89584 and Nombre113230, farmer, married, identity card number CED89585, both residents of Rincón de Sierpe, represented by Nombre11847, identity card number CED89586; against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by NATANAEL BARRANTES AZOFEIFA, professional license 19857; the ESTADO, represented by Nombre14097, professional license 9669, the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by GIDGETT RAMÍREZ HERNÁNDEZ, professional license 17939; Nombre113231, ID CED89587 and Nombre113232, ID CED89588. All participants are of legal age.

WHEREAS

I.- By brief filed before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda on February 14, 2008, Mr. Nombre113229 and Mrs. Nombre113230, together with twenty-one other persons, filed an ordinary proceeding against the ESTADO and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Based on the facts they set forth and the legal grounds alleged at that time, they formulated their claims, which were subsequently modified, at the preliminary hearing held starting at 08:40 hours on October 7, 2015, as follows:

"MAIN CLAIM

1. Null the Acuerdo de la Junta Directiva n°35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, because it derogated Acuerdo de Junta Directiva N°39 of session 44-05 held on November 14, 2005. The derogated Acuerdo granted rights to the plaintiffs, recognizing them as of May 10, 2006, memorandum OSO-192-06, 68 years of possession in the Dirección13771, a legal act that was not notified to the plaintiffs by the institution, and the IDA did not promote a lesividad proceeding, because it had completely expired.

2. The Instituto de Desarrollo Agrario recognized as BENEFICIARIES of the Institute, and with a possession of 68 years, quiet, peaceful, without interruption, by themselves and added to the possession of their transferors, with more than 68 years according to OSO-192-06, of more than 10 years before the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce, the plaintiffs Nombre113229, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, ID CED89584 and Nombre113233 known as Nombre113230, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, ID CED89585. Said recognition of the plaintiffs' possession was in the Asentamiento Campesino OSA within the farm registered in the name of the IDA or INDER in the Public Property Registry, Province of Puntarenas, real estate folio number Placa20658, located on the Península de Osa.

3. In accordance with Acuerdo de Junta Directiva del IDA number 39 of session 44-05, held on November 14, 2005, the plaintiffs had the right to delivery of the deeds for plot N°26 of sector 6, located in Dirección13772, district Sierpe, Cantón Osa, Puntarenas, bordering north: Dirección336, south: Dirección13773 Brenes S.A., east: Dirección13774. and west: Nombre113234, Nombre113232 and Nombre113235, measuring 77 hectares 4,704.75 square meters. The Instituto de Desarrollo Agrario also DECLARED (sic) that said plot records as previous occupants the persons Nombre113236, ID CED89589, with a possession of 10 years; Nombre113237, ID CED89590, with a possession of 20 years; FERNANDO RIVAS (does not register ID number or second surname) with a possession of 15 years, which demonstrates a total possession of 68 years (Memorials OSO-191-06 of Dirección6091). There exists a cadastral plan in the National Registry under N°P529961-98 in the name of Nombre113229, for plot 26 with a measurement of 77 hectares 4704.75 square meters. According to the administrative file, it was requested that a POSSESSION OF MORE THAN 68 YEARS be recognized. The Oficina Sub Regional de OSA should have considered the sworn statement made by this plaintiff, which constitutes full proof in accordance with the Acuerdo de Junta Directiva, and recognize the time of possession exercised quietly, publicly, peacefully, without interruption, in good faith, added to the possession of his transferors. This, in any case, should be subject to an express pronouncement by the Institute when resolving the substance of the case presented in the file. But the procedure was not continued (sic) because the administrative file was paralyzed by the Institute, by the action of the Ministerio del Ambiente and the Procuraduría. Therefore, the substantive analysis was not carried out as authorized by the Acuerdo de Junta Directiva, nor was the procedure completed (sic).

4. Acuerdo number 39 of session 44-05 of the Junta Directiva del IDA, by recognizing again the rights of the usucapients (usucapientes), created an administrative procedure to deliver property titles, without any type of limitations or reserves, over the farm registered in the Public Property Registry, Province of Puntarenas, real estate folio number 6-39334 sequence 000, of the Asentamiento Campesino OSA, to the plaintiffs Nombre113229, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, ID CED89584 and to Nombre113233 known as Nombre113230, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, ID CED89585; over the plots where the Institute declared them its beneficiaries in accordance with the Ley de Tierras y Colonización N°2825 of July 14, 1961, in the so-called Asentamiento Campesino Osa. The plaintiffs and other beneficiaries joined the administrative procedure until in January 2008 the Oficina Regional de Osa returned part of the delivered documents and told them that they would not initiate any more new procedures nor finish those already initiated, because the Procuraduría and the IDA had so decided.

5. The Estado, INDER and Nombre113238 must indemnify the farm to the plaintiffs according to the old and recent regulations that recognize their rights. As established by decrees number 8498-A of April 20, 1978, creator of the Reserva Golfo Dulce and recognizer of the rights of compensation for expropriation to usucapient possessors (poseedores usucapientes) and decree 9388-A of November 30, 1978, where the recognition of the usucapients (usucapientes) was reiterated, and article 39 of the session of Junta Directiva del IDA 44-05 of November 14, 2005, where any type of prescription against the plaintiffs was interrupted by providing an administrative procedure to recognize the rights of the usucapients (usucapientes) 10 years before the declaration of the Reserva Forestal, to the current possessors, demonstrable through a sworn statement of their possessory chain, all of this ratified by ruling of the Sala Constitucional number 97-2456 at 11:03 hours on May 2, 1997.

6. The Estado, INDER and SINAC, subsidiarily only the Estado, must compensate, in the enforcement of judgment phase to the same plaintiffs, for damages and losses (daños y perjuicios), all the limitations imposed from 1979 and until the date of effective payment, on the occasion of the creation of the Reserva de Golfo Dulce, for having declared their plots and their farms subject to the forest regime (régimen forestal), which has prevented them from working, cultivating, improving their plots in agricultural activity, as well as for the prohibition of carrying out any commercial, industrial activity, having cattle, or in any way exercising the acquired property right, by placing forest limitations without having compensated the plaintiffs for that conduct for the benefit of forest conservation, because with that attitude all the rights inherent to agricultural property have been infringed de facto, with an arbitrary and discriminatory attitude regarding all other citizens. These damages and losses cannot be less than the concept of 'Forest incentive (Incentivo forestal)' consisting of the incentive that the State grants to the administered persons to conserve the forest.

7. The Estado, INDER and SINAC, subsidiarily only the Estado, must pay moral damages to the plaintiffs, estimated at fifty million colones, consisting of the suffering of almost 40 years of grieving for not finding a legal or economic solution to their agrarian and environmental problem, for living in a state of insecurity, seeing their family become impoverished while they had prohibitions to cultivate, improve or carry out economic, industrial or commercial activities.

SUBSIDIARY CLAIM:

1. If the Instituto de Desarrollo Agrario is not ordered to deliver the property titles, without any limitation, due to the legal nature of the Reserva Forestal de Golfo Dulce, according to claim marked 3) of the main claim, then it is requested that it be ordered as follows: The Estado, INDER and SINAC, in particular the Estado must compensate the rights of the plaintiffs, as a purchase-sale at a rate of ten million colones per hectare or at a fair valuation by experts and at the value at the time of payment, to the plaintiffs Nombre113229, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón de Sierpe, ID CED89584 and to Nombre113233 known as Nombre113230, of legal age, married once, farmer, resident of Rincón Grande de Sierpe, ID CED89585; over the plots that the Institute has declared (sic) them its beneficiaries in accordance with the Ley de Tierras y Colonización N°2825 of July 14, 1961, in the so-called Asentamiento Campesino Osa, for having acquired their rights with a ten-year possession prior to the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce, said compensation to be determined in the enforcement of judgment phase.

2. In both cases, in the main claim or in the subsidiary one, the Estado, INDER or SINAC, must be ordered to pay both costs of this action. (images 198 to 262 and 2220 to 2229 of the judicial file corresponding to the lawsuit brief and the Preliminary Hearing Record).

II.- By resolution at 1:22 p.m. on February 18, 2008, the then Judge of the procedural stage, Sady Jiménez Quesada, admitted the lawsuit and granted its transfer to the defendant party. The case was assigned file N°08-111-161-CA (see transfer order at images 266 and 267 of the judicial file).

III.- By brief filed before the Tribunal on April 8, 2008, the representative of INDER answered the lawsuit negatively and raised the defenses of lack of right, lack of standing (legitimación), and the generic sine actione agit (see answer brief at images 312 to 335 of the judicial file).

IV.- By brief filed before the Tribunal on April 23, 2008, the representative of the Estado answered the lawsuit negatively and formulated the following exceptions: lack of competence, res judicata (cosa juzgada), statute of limitations (prescripción), lack of right, lack of current interest, and the generic sine actione agit (see answer brief at images 355 to 424 of the judicial file).

V.- By resolution N°553-2008, at 1:02 p.m. on August 22, 2008, the judge of the procedural stage rejected the defense of lack of competence (see resolution at images 936 to 941 of the judicial file).

VI.- By resolution N°000067-C-2009, at 11:36 a.m. on January 22, 2009, the Sala Primera declared that the competent body to hear this matter is the Tribunal Contencioso Administrativo (see resolution at images 996 to 1013 of the judicial file).

VII.- By resolution at 3:18 p.m. on May 25, 2009, the judges Evelyn Solano Ulloa, José Martín Conejo Cantillo, and Daniel Aguilar Méndez, resolved to consolidate files 08-110-161-CA, 08-134-161-CA, 08-43-1027-CA, 08-44-1027-CA, 08-45-1027-CA, Placa20659, 08-112-1027-CA, 08-340-1027-CA INTO 08-111-161-CA (see Hearing Record at images 1035 to 1038 of the judicial file).

VIII.- By resolution at 2:52 p.m. on August 25, 2009, the judges José Martín Conejo Cantillo, Evelyn Solano Ulloa, and Daniel Aguilar Méndez, resolved to join to the proceeding the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter referred to by its acronym as SINAC), to which the transfer of the lawsuit was granted by resolution at 2:20 p.m. on September 3, 2009 (see, in order, Hearing Record and the transfer order of the lawsuit at images 1270 to 1275, 1278 and 1279 of the judicial file).

IX.- By brief filed before the Tribunal on October 30, 2009, the representative of Nombre113238 answered the lawsuit negatively and presented the defenses of lack of right, active standing to sue (legitimación ad causam activa), lack of competence, defects in the lawsuit that prevent issuing a pronouncement on the merits of the matter, statute of limitations or expiration (caducidad) of the right (see answer brief at images 2115 to 2155 of the judicial file).

X.- By resolution at 1:42 p.m. on November 10, 2014, Judge Rosa María Cortes Morales ordered the separation of the files and subsequently this matter was assigned a new file number (images 2064 to 2068 of the judicial file).

XI.- At the preliminary hearing held starting at 08:40 a.m. on October 7, 2015, the claims were set forth, as indicated in Whereas Clause I of this judgment (see Hearing Record at images 2220 to 2229 of the judicial file).

XII.- By resolution N°2624-2015, at 3:15 p.m. on October 9, 2015, Judge Daniel Aguilar Méndez joined to the litis Mrs. Nombre113231 and Mr. Nombre113232, to whom the transfer of the lawsuit was granted by resolution at 1:34 p.m. on November 17, 2016 (see, in order, both resolutions at images 2232 to 2336, 2542 and 2543 of the judicial file).

XIII.- By brief filed before the Tribunal on January 25, 2017, Mrs. Nombre113231 and Mr. Nombre113232 proceeded to answer the lawsuit and stated that they had no interest and would not participate in any lawsuit against the plaintiffs herein (see copy of the answer brief at images 2553 to 2558 of the judicial file).

XIV.- On May 21, 2018, the final preliminary hearing was held. In that act, by resolution N°881-2018-T at 3:35 p.m., the defense of res judicata (cosa juzgada) was rejected. Likewise, the consideration of the exceptions of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) was deferred for the final judgment (images 2644 to 2648).

XV.- The oral trial hearing was held on December 2, 2021. In said act, the parties were granted five working days to submit their conclusions in writing. On January 13, 2022, the Tribunal admitted as evidence for better resolution official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, which consists of an inspection report of the Dirección13775, , and granted a hearing to the parties on the admitted evidence. This judgment is issued within the legal term, counted from the day on which the term granted to the parties to refer to the evidence for better resolution admitted by the Tribunal expired. No defects are observed that could annul the proceedings. Concur with their votes Judge Álvarez Molina and Judge Mena García. Drafts the Rapporteur, Sánchez Navarro.

 

CONSIDERING

I. ON THE EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: As evidence for better resolution, official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, is admitted, which consists of an inspection report of the Dirección13775, . The foregoing because it is considered that the information contained in the referenced study is relevant in that it establishes the conditions of the plot that is the subject of the conflict brought before the Tribunal.

II.- ON THE PROVEN FACTS: Of importance for resolving this matter, the following are stated;

1).- That Mr. Nombre113229 and Mrs. Nombre113230 have exercised possession for more than sixty-eight years of an immovable property located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, of the Province of Puntarenas, whose nature is a mountain, pasture, and agricultural area, cadastral plan P-529961-95, with a measurement according to said plan of 77 hectares, 4704.75m2, and have been recognized as adjudicatees (adjudicatarios) and beneficiaries by the IDA (Acuerdo taken by the Junta Directiva del ITCO in article XVI of Session N°2401, held on August 18, 1980, according to which "Based on the recommendations of the Sección de Ordenamiento de Tierras, it was agreed 'to adjudicate the following lots, as the adjudicatees meet the legal conditions and requirements for them to be issued the corresponding possessory title (título supletorio de dominio)' to the following persons: ... Nombre113229", visible at images 71 to 78 of the judicial file), sworn statement visible at folios 13 to 10 of the administrative file identified in the name of Nombre113229, with N°169-07-PMMC, certificates OSO-140-03, issued on April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06, of March 10, 2006, signed by the Head of the Oficina Subregional del IDA in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, in which it was stated: “OSO-140-03…according to our Database, censuses and archives, Mr. Nombre113229, ID CED89584 and Mrs. Nombre113230, ID CED89585, appear registered as Beneficiaries of the IDA as occupants for more than 35 years of the Dirección13776 #, , , located in estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia e Puntarenas, measuring 77Has.4,704.75m2, Cadastral Plan P-529961-95 (...) OSO-191-06…according to our Database, censuses and archives, Mr. Nombre113229, ID CED89584 and Mrs. Nombre113230, ID CED89585, appear registered as Beneficiaries of the IDA as occupants of plot Dirección13777, , , according to cadastral plan P/529961-1998 measuring 77-Ha 4704.75m2, located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Province of Puntarenas (...) OSO-192-06 according to our Database, censuses and archives, plot Dirección13778, , , has been in the possession of Mr. Nombre113229, ID CED89584 and Mrs. Nombre113230, ID CED89585 for more than 23 years. Likewise, this property records as previous occupants the persons Nombre113239, ID CED89589, with a possession of 10 years; Nombre113237, ID CED89590, with a possession of 20 years; Fernando Rivas (does not register ID number or second surname), with a possession of 15 years, which demonstrates a total possession of 68 years", which can be seen at images 2948, 1663 and 2238 of the judicial file and folio 07 of the administrative file; as well as from the statements of the witnesses Miguel Herra Miranda, who is a technician for INDER and stated that he had known the plaintiffs since 1983, when he was conducting the census, and Mario Obando González, who was one of the occupants of Asentamiento Osa, and expressed to the Tribunal that he had known the plaintiffs for many years, that they had their dwelling in Guerra de Drake, that he knew the location of plot 26, and that the plaintiff had been living there for about forty years, statements that are recorded in the judicial file, in the attached archive.

2) That according to the report contained in official letter INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, plot n° 26 "1- ...according to cadastral plan Number P-529961-1998, ...in which a piece of land is indicated with an area of 77 hectares 4704.75 square meters, it was determined that said land corresponds to Plot 26 of Asentamiento Osa, Sector 6, which is part of the Finca Madre Folio Real 6-39334-000, owned by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. A piece of land that presents flat topography in an area of approximately 28 hectares and flat broken topography in an area of approximately 28 hectares and broken topography in an area of approximately 49 hectares. 2- That with respect to the area of broken topography, this corresponds to some 44 hectares covered by primary forest and approximately 5 hectares of thickets (tacotales) of more than 20 years. 3- That regarding the flat topography area, this corresponds to some (sic) 28 hectares of which some 26 hectares are cultivated with natural pasture of the ratana variety and improved pasture of the Guinea Mombaza variety (panicum máximun), which have regular maintenance and are distributed in 7 paddocks established with barbed wire fences in poor condition, built with 3 strands of wire on posts of dead and living wood in parts. 4- Regarding crops, an area of approximately 1/4 of a hectare cultivated with growing corn could be observed. 1/4 of a hectare cultivated with plantain and some clumps of sweet cane, as well as 25 pineapple plants and approximately 50 cassava plants, crops that do not have good maintenance as they are covered with thick bush (charral). Regarding fruit crops, 8 mango trees, 3 avocado trees, 10 soursop trees, 12 papaya trees, 4 guaba trees, 10 acid lime trees, 20 sweet orange trees, 5 cacao trees, and 7 coconut palms are identified, all in production and planted in a dispersed manner among the pasture crop. In addition, there is an area of approximately 1 hectare that is fallow (en barbechos) and is used for planting basic crops. 5- As infrastructure, a dwelling house in fair condition could be observed, with dimensions of 12x6.50 meters, built on wooden bases, wooden walls, wooden floor, galvanized iron roof in fair condition. Also a corral with dimensions of 9.50 X 10 meters with wooden posts and planks, dirt floor, and without a roof. ...It should also be indicated that the cadastral plan Number P-529961-1998, provided by Mr. Nombre113229 and Mrs. Nombre113230 presents inconsistencies, since when mapping the property cartographically it shifts to the Northwest Sector, overlapping or rather superimposing on other properties, one of them the Finca de Folio Real 6098081-001-002, owned by Mr. Nombre113232 and Mrs. Nombre113231, which was registered with Cadastral Plan Number P-263611-1995. 10- Finally, clarify that the cited plot is located mostly within the Reserva Forestal Golfo Dulce, since approximately 5 hectares are located outside said forest reserve" (see the cited report at images 3278 to 3291 of the judicial file).

3) That on November 20, 1974, the company Osa Productos Forestales, S.A.

and the Institute of Lands and Colonization (hereinafter referred to by its acronym ITCO), signed a preliminary settlement agreement, aimed at transferring to the latter the areas of the farms owned by the former, that were necessary—after conducting censuses and studies by that entity—in order to provide economically exploitable lands to those occupants who qualified as precarious possessors (poseedores en precario) (folios 18, 19, 29, 35 to 40, 42 to 56, 353 to 424 of the judicial file);

4) That by Executive Decree No. 8494-A, of April 28, 1978, which entered into force as of June 1, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) was created. Among other regulations, said Decree provided: "Article 8.- Registered farms, farms with ten-year possession, and farms with precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subject to the Forest Regime ... Article 9.- The Dirección General Forestal shall manage the direct purchase or expropriation of lands reduced to private domain that are within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration ... Article 10.- The relocation and resettlement of occupants with more or less than ten years of possessing lands within this Reserve, in accordance with the Forest Law (Ley Forestal), shall be carried out with the intervention of the Institute of Lands and Colonization" (see copy of the decree at images 19 to 22 of the judicial file).

5) That by Executive Decree No. 10088-G-H of May 2, 1979, with the purpose of complying with the peasant settlement plan developed by ITCO, the following farms belonging to Osa Productos Forestales S.A. were expropriated: No. 22048, No. 8947, No. 22046, all of the Province of Puntarenas, and which "form on the ground a single agricultural-forestry unit." Likewise, in that Decree, the "...Procuraduría General de la República was authorized to appear before the notary public indicated by the Institute of Lands and Colonization, to execute the corresponding deed of transfer of the expropriated property and to, in the same act, transfer it to said Institute, which shall allocate them for the purposes of Law No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments…" (See copy of the cited decree at images 24 to 30 of the judicial file)

6). That according to public deed No. 03, executed before Notaries Public Adrián Argüello Artavia and Eduardo Ching Murillo on September 4, 1980, the farms referred to in the immediately preceding fact were consolidated, forming farm 39334-000, on which the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa) is located, and it was registered in the name of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA) (see copy of the deed at images 55 to 67 of the judicial file)

7) That parcel 26, described in cadastral plan No. P-529961-95, in the name of Mr. Nombre113229, is part of farm 39334-000, registered in the name of IDA since January 21, 1982, and which was the result of the consolidation of the properties with registration numbers Placa20660, Placa20661, and Placa20662, which the State expropriated from the company Osa Productos Forestales S.A. (Agroindustrial Rincón S.A.) and transferred to ITCO, so that it could use them in a land titling program in the so-called Osa Peasant Settlement (same previous evidence and cadastral plan visible at image 139 of the judicial file).

8) That the Board of Directors of ITCO, by agreement taken in article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, "Based on the recommendations of the Land Management Section (Sección de Ordenamiento de Tierras), agreed to 'award the following lots, as the awardees meet the legal conditions and requirements for the issuance of the corresponding suppletory title of ownership (título supletorio de dominio)' to the following persons: ... Nombre113229" (see agreement at images 71 to 78 of the judicial file).

9) That by judgment No. 2456-1997, at 11:03 a.m. on May 2, 1997, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ordered MINAE, through the Dirección General Forestal or the Directorate of the National System of Conservation Areas (SINAC), to proceed to ".. comply with the provisions of Executive Decrees 8494-A, 9388-A, and 10142-A and initiate expropriation proceedings … jointly develop, with those appellants who result from the census to be owners or legitimate possessors, a land exploitation plan in accordance with the Regime to which the lands are subject and that allows the owners or legitimate possessors their sustenance and subsistence while the expropriation process lasts…" (see the judgment at images 80 to 84 of the judicial file).

10) That according to the report dated April 28, 2003, issued by MINAE to the Constitutional Chamber, related to compliance with what was ordered by said Body in judgment 2002-10276, among the persons who were censused by that Ministry is Mr. Nombre113229, according to cadastral plan Placa20663 (see copy of the report regarding the census at images 86 to 104 of the judicial file).

11) That by agreement 39 approved by the Board of Directors of IDA, in ordinary session number 044-05 of November 14, 2005, a special procedure was regulated "so that in farm number 39334-000 of the Registry of Puntarenas, owned by IDA, which makes up the Osa Peasant Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve, property titles may be granted in favor of those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created by decree…”. For this, the interested person had to meet certain requirements, such as submitting to the Subregional Office of IDA in Osa, “…legal documents demonstrating the ten-year possession exercised prior to June 1, 1978 (…) Sworn declaration given before a Notary Public stating the time of possession of the applicant, the name, surnames, and other qualities of the person from whom they acquired their right, as well as the chain of transmission thereof starting from July 1, 1968…”. After receiving the application with all the requirements, the Subregional Office of IDA in Osa, in joint action with the Directorate of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa, ACOSA) of MINAE, would proceed to carry out an ocular inspection to verify the presence of the occupant of the property, its boundaries, its nature, draw up a record, and verify the information in the databases. Subsequently, the regional representative of MINAE and IDA, through the Subregional Office of Osa, would issue the respective recommendation to grant or deny the requested title; which would be sent to the Director of the Brunca Region of IDA, to issue the recommendation, and in the event that "...it is positive, the segregation and transfer of the property to be titled will be recommended to the titling area, and it shall elevate it to the Board of Directors of IDA for the corresponding agreement to be issued…" (see copy of the Agreement cited at images 128 to 133 of the judicial file).

12) That by agreement 35, adopted in ordinary session number 040-07 of November 19, 2007, based on official letter DAJ-1013-07, signed by the Legal Directorate of IDA, the Board of Directors of IDA ordered: “…To revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, referring to titling in the Golfo Dulce Forest Reserve…”, given that “…the designation as Forest Reserve of the lands registered in the name of the Institute of Agrarian Development makes their designation as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) automatic, and it is forbidden to grant property titles to private individuals…” (image 339 and 1106 and 1107 of the judicial file).

13) That in official letter OSO-229-2008, of April 16, 2008, Engineer Mario Jiménez Quirós, Head of the Subregional Office of Osa, indicated to the then Executive President of IDA, Mr. Carlos Bolaños Céspedes, that although his office had begun receiving the titling documents for the parcels of the Osa Settlement located in the area affected by the Golfo Dulce Forest Reserve, this process was not completed, since Agreement No. 39 of November 14, 2005, which authorized it, was revoked by Agreement No. 35 of November 19, 2007 (see copy of the official letter of reference at images 3221 to 3223 of the judicial file).

14) That the plaintiff filed this lawsuit by means of a brief submitted before the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) on February 14, 2018, and it was initially processed under file 08-000111-161-CA (as stated in the judicial file).

15) That the plaintiff became aware of Agreement No. 35, adopted by IDA on November 19, 2007, through the response to this lawsuit by INDER, by means of a brief submitted to the Tribunal on April 8, 2008 (As stated in the file).

16) That in a brief submitted to the Tribunal on January 25, 2017, Mrs. Nombre113231 and Mr. Nombre113232 proceeded to answer the lawsuit and stated that they had no interest and would not participate in any litigation against the plaintiffs herein (see copy of the reply brief at images 2553 to 2558 of the judicial file).

III.- REGARDING UNPROVEN FACTS: Of importance to resolve this matter, the following are listed:

1) That the plaintiff was notified of Agreement No. 35, adopted in ordinary session number 040-07 of November 19, 2007, by the Board of Directors of IDA. (not stated in the file).

2) That the plaintiff has been unable to make use of the lands they have been occupying in Dirección13779 (there is no evidence in the file).

3) That the agreement taken in article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, by the Board of Directors of IDA was rendered without effect (not stated in the file)

IV.- REGARDING THE PLAINTIFF'S ARGUMENTS: The plaintiffs base their action on the following reasons: The plaintiff requests that the judgment declare "Null Agreement of the Board of Directors No. 35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, because it repealed agreement of the Board of Directors No. 39 of session 44-05 of the session held on November 14, 2005". In relation to this claim, the plaintiffs argue that agreement No. 39 granted them subjective rights, for which reason, in their view, it was necessary to declare its nullity through the procedures established in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and specifically, through the administrative litigation process for acts detrimental to the public interest (proceso contencioso administrativo de lesividad). They also argue that they were declared as beneficiaries of Dirección13780, that they have managed to prove their possession for more than sixty-eight years, and that for this reason, the titling of those lands in their favor must be ordered. They also indicate that, if the possibility of titling is not recognized, they must be compensated by way of expropriation. They also say that the limitations arising from the creation of the Forest Reserve have prevented them from developing commercial, industrial, and agricultural projects, and they therefore consider that this loss of opportunity must be compensated. They also argue that for years they have remained in anxiety, which has caused them suffering and, consequently, subjective moral damages.

V.- REGARDING THE ARGUMENTS OF THE STATE: The representation of the State argues that the plaintiffs did not participate in the procedure established in article 39 of session 44-05 of November 14, 2005, for which reason they could not derive any right from that procedure. It indicates that they did not prove acquisitive prescription (usucapión) or prior ownership of the Golfo Dulce Forest Reserve and says that official letter OSO 192-06 is not a recognition of possession. It further notes that the plaintiffs were not appellants in the amparo action that gave rise to judgment 2456-97. It argues that the acquisitive title of the portions of the parcel was not accredited. It also indicates that the adjudication of parcel 6-26 was authorized in 1996 to Nombre113232 and Nombre113231, co-defendants in this matter. It alleges the existence of contradictions in the sworn declarations submitted by the plaintiffs, particularly regarding the person from whom they acquired the parcel. It states that there are no damages that must be compensated, regarding which, it also raises the defense of the statute of limitations (prescripción).

VI.- REGARDING THE ARGUMENTS OF INDER: The representation of INDER argues that, in its case, there is a lack of passive standing (legitimación pasiva), since farm No. 39334, although it belongs registration-wise to INDER, is State Forest Heritage (patrimonio forestal del Estado), for which reason it cannot dispose of those assets. It also indicates that, since 1978, there has been a legal impediment to the acquisition and titling by third parties of the referenced property, as it is State Natural Heritage. It points out that there is contributory fault of the victim, since at all times, they were aware of the nature of the property and the limitations derived from that condition. It considers that the ten-year possession prior to the creation of the reserve was not accredited by the plaintiffs. It points out the inconsistency in plan P-529961-1998, as well as the existence of contradictions in the sworn declarations that appear in the file. It indicates that the damages claimed were not accredited. It indicates that the plaintiff "lacks the right and lacks the standing to sue INDER." It indicates that Agreement of the Board of Directors No. 35 of Ordinary Session 040-2007, of November 19, 2007, repealed Agreement No. 39 of Session No. 44 of 05 of November 2005, and that for that annulment, it was not necessary to resort to the procedure referred to in numeral 173 of the General Law of Public Administration. It requests that the defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations be accepted because, as they affirm, the plaintiffs became aware of the repeal of Agreement No. 39 of Session No. 44 of 05 of November 2005, more than ten years before the filing of the lawsuit. It also alleges the statute of limitations because more than ten years passed between the filing of the lawsuit and the enactment of Executive Decree 8494. It indicates furthermore the existence of lack of interest, since the regulation that set forth the procedure for titling was repealed.

VII.- REGARDING THE ARGUMENTS OF SINAC: The representation of Nombre113238 argues that the plaintiffs were precarious possessors, for which reason the obligations incumbent on the State set forth in Executive Decree 8494-A did not operate in their favor. It also indicates that the claim for damages would be time-barred, as more than ten years had elapsed since the publication of the Decree that created the Forest Reserve. It maintains that the titling of lands that are State Natural Heritage is improper.

VIII.- REGARDING THE DEFENSE OF THE STATUTE OF LIMITATIONS: In relation to this argument, the representation of the State maintains that the application of the ten-year statute of limitations established in numerals 873 and 868 of the Civil Code is appropriate—the first in that it provides a 10-year period for the execution of judgments and the second in providing the same period for claiming damages—for which reason it argues that the period to claim damages must be counted from the publication of Decree No. 8494 of April 28, 1978, which created the Golfo Dulce Forest Reserve, which took place on June 1, 1978. Likewise, it argues that Forest Law No. 4465, in force at the time said Reserve was created, established expropriation as a remedy in the event of the owners' refusal to submit to the Forest Regime, and that for its part, the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones) No. 7495 provides that the rights and actions derived from this law shall prescribe in a term of ten years. Identical arguments were raised by the representations of Nombre113238 and INDER. Having analyzed the arguments presented by the defendants in relation to the statute of limitations defense, the Tribunal resolves that it is improper for the following reasons: 1. The scenarios covered by the normative provisions of the Civil Code, the Forest Law, and the Expropriations Law are not applicable to the case under review. Thus, in this instance, we are not before an execution of judgment, since the claims raised by the plaintiff do not refer to the execution of an amparo action, as alleged by the co-defendants. In the same sense, we are not before the scenarios of numeral 868 of the Civil Code, since in accordance with the terms in which this lawsuit was filed, the claims are not merely for compensation. The same applies to the provisions of the Forest Law and the Expropriations Law, since there is no evidence in the file proving that the defendant party initiated any proceeding or issued any type of administrative conduct aimed at having the plaintiff agree to submit to the Forest Regime, much less that the plaintiff refused to do so and that, on the occasion of this, some type of expropriation was initiated. Therefore, in this matter, we are before an action for declaratory relief whose object is to examine the legality of the conduct of the Public Administration challenged by the plaintiff. 2. As will be seen later, it is recorded in the file that the Board of Directors of ITCO, by agreement taken in article XVI of Session No. 2401, held on August 18, 1980, declared Nombre113229 the awardee of a plot of land in the Osa Forest project, which is also accredited in certifications OSO-140-03, issued on April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06, of March 10, 2006, signed by the Head of the Subregional Office of IDA in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, which implies that the conduct of INDER has had continued effects that remain to date, from which it follows that the alleged statute of limitations has not taken effect. Moreover, if the statute of limitations were to be considered, it could not be counted prior to the issuance of the last of the referenced certifications, since even at that date, the IDA official issued it for land titling purposes, which, under the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), implies that the plaintiffs, at that date, considered that titling would still be possible, without having received from the concerned Administration any type of information to the contrary that would move them to claim compensation for damages.

IX.- REGARDING THE DEFENSE OF EXPIRATION: In relation to the defense of expiration, raised by the representations of INDER AND Nombre113238, this Tribunal has already indicated the following: "This Tribunal considers that in this instance, the provisions of Transitory Provision III of the Administrative Litigation Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and article 175 of the General Law of Public Administration—before the reform introduced by Law No. 8508—are not applicable, but rather numeral 39.1.a of the Administrative Litigation Procedural Code, for the reasons set forth below: a) While it is true, the agreement contained in article 35 that the Board of Directors of IDA unanimously approved in ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, became final before the entry into force of the Administrative Litigation Procedural Code (January 1, 2008); it is also true that the plaintiff became aware of it only on June 6, 2008—since said agreement was not notified to them (considering II, subsection a of this judgment), despite the fact that on February 2, 2006, they submitted a titling application for Dirección13781, under the special titling procedure in the Osa Peasant Settlement included in the Golfo Dulce Forest Reserve, which in any case, had already been awarded to them by the Board of Directors of INDER since January 6, 1999 (folios 165 to 170 of the judicial file and images 46 to 59 of the reply brief of INDER, visible in the briefs folder of the virtual file)—date on which they filed the amparo action processed under file 08-008420-0007-CO against IDA, with the object of declaring the absolute nullity of the agreement adopted by the Board of Directors of that entity, in which it ordered the revocation of the one that had created the Special Titling Procedure for lands located in the Osa Peasant Settlement, included in the Golfo Dulce Forest Reserve (folio 1278 to 1307 of the judicial file); b) Because the plaintiff became aware of the challenged agreement (article 35 unanimously approved in ordinary session number 040-2007 by the Board of Directors of IDA on November 19, 2007) only on June 6, 2008, at which time the Administrative Litigation Procedural Code was already in force, the applicable expiration period is the one-year period provided for in numeral 39 of that normative body and not the four-year period established in article 175 of the General Law of Public Administration—before the reform introduced by Law No. 8508—since even though the challenged act became final before the Administrative Litigation Procedural Code came into force, the plaintiff was not notified thereof by IDA before January 1, 2008; c) Moreover, it is taken as accredited that on March 17, 2009, the plaintiff filed a motion of new facts and expansion of claims in the declaratory relief proceeding in which their case was originally processed—that is, in file 08-000110-0161-CA—, to the effect that “…Let Agreement of the Board of Directors No. 35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, be declared null, and Agreement of the Board of Directors No. 39 of session 44-05 of the session held on November 14, 2005, in full force...” (folios 1009 to 1013 of the judicial file). Consequently, the claim for nullity against the agreement contained in article 35 of ordinary session number 040-2007 held by the Board of Directors of IDA on November 19, 2007, was filed within the one-year period established in numeral 39 of the Administrative Litigation Procedural Code, which is computed from June 6, 2008, the date on which the plaintiff became aware of said agreement, as analyzed in subsection a) of this considering; d) At this point, it is worth highlighting that even though this file has been assigned number 15-006080-1027-CA, this is due to the following: the original lawsuit was filed on February 14, 2008, and was processed under file 08-000110-0161-CA, with its facts and claims expanded in relation to agreement 35 of ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, by means of a brief dated March 17, 2009 (folios 177 to 237, 1009 to 1013 of the judicial file). Subsequently, and by means of an oral ruling issued on May 25, 2009, the Judges who at that time were processing the different declaratory relief proceedings in which cases similar to the one at hand are discussed, ordered the consolidation—among others—of file 08-000110-0161-CA with file 08-000111-161-CA (folios 1034 to 1037 of the judicial file). However, by ruling issued at 1:42 p.m. on November 10, 2014, the Processing Judge ordered: “…Thus, the conclusion reached by the Tribunal is that the only possible solution to allow the progress of the matter and guarantee the full exercise of adversarial proceedings is its separation, not by geography or legal situation but by property, pursuant to the attached table. Once this decision is final, the physical separation of the files shall proceed, and the parties shall be notified of the assigned file number, the judge assigned, and the date for the continuation of the preliminary hearing…” (folios 2040 to 2046 of the judicial file). Due to the foregoing, the proceeding filed by the plaintiff was assigned file number 15-006080-1027-CA; however, it is reiterated that the original lawsuit was filed on February 14, 2008, and the expansion of facts and claims related to agreement 35 of ordinary session number 040-2007 held on November 19, 2007, was received in this Court since March 17, 2009, so, as analyzed in the preceding sections, it was filed within the one-year period provided for in numeral 39 of the Administrative Litigation Procedural Code, which is computed from June 6, 2008, the date on which the plaintiff became aware of the challenged agreement. e) For all the foregoing, the exception of expiration raised by the representative of INDER is rejected." (Judgment No. 38-2019-V, at 10:55 a.m. on May 7, 2019). In the present case, the same factual and legal scenarios indicated in the cited judgment occur, and as in the case that ruling analyzes, the plaintiffs herein did not become aware of the act by which article 35 adopted by the Board of Directors of IDA was approved until June 6, 2008, which not only implies that the applicable expiration period is the one-year period established in numeral 39 of the Administrative Litigation Procedural Code, but also that, at the time the plaintiffs, through a motion of new facts and expansion of claims, introduced as part of their petitions the declaration of nullity of the referenced Agreement, the one-year period since they became aware of said act had not yet elapsed, and consequently, they were in a real position to challenge it. For the reasons stated, this Deciding Body finds no reason to modify what was decided in cases similar to the one now at hand, and the exception of expiration is rejected.

X.- REGARDING THE CLAIMS FOR THE TRIBUNAL TO DECLARE THE NULLITY OF AGREEMENT NO. 35 OF ORDINARY SESSION 040-2007, WHICH REVOKED AGREEMENT NO. 39 OF ORDINARY SESSION 39-2005, BOTH OF THE BOARD OF DIRECTORS OF IDA, AS WELL AS TO DECLARE THAT, IN ACCORDANCE WITH THIS LATTER AGREEMENT, THE PLAINTIFFS HAD THE RIGHT TO BE GIVEN THE DEEDS FOR PARCEL NO. 26. The plaintiff requests that the judgment declare "Null Agreement of the Board of Directors No. 35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, because it repealed agreement of the Board of Directors No. 39 of session 44-05 of the session held on November 14, 2005". In relation to this claim, the plaintiffs argue that agreement No. 39 granted them subjective rights, for which reason, in their view, it was necessary to declare nullity through the procedures established in the General Law of Public Administration and specifically, through the administrative litigation process for acts detrimental to the public interest. Thus, according to the plaintiff's theory of the case, Agreement No. 35, adopted by the Board of Directors of IDA in ordinary session 040-2007, was not the appropriate means to declare the nullity of Agreement No. 39. In relation to this claim, the defendants coincide in their defense argument, and maintain that Agreement No. 39, adopted in session 44-05 of November 14, 2005, did not declare subjective rights in favor of the plaintiffs. Regarding this conflict, the Tribunal considers that the theory of the case on which the plaintiff attempts to base their case, in the sense that Agreement No. 35 is null, is unacceptable, since their assessment that Agreement No. 39 had the effect of recognizing subjective rights in favor of the plaintiffs is not correct. According to what said Agreement provides, it is evident that the object of that act was to establish a procedure for the delivery of property titles in favor of occupants who met the requirements, without its scope implying the declaration of a subjective right in favor of the occupants, which would eventually occur later, in the event that the stages described therein were carried out and the requirements set forth in the Agreement were verified. This was expressly established in the first section of said act, in that it authorized "...a special and exclusive procedure so that in farm 39344-000 of the Registry of Puntarenas, owned by IDA, which makes up the Osa Peasant Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve, property titles may be granted in favor of those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978," regulating in the following sections the requirements that beneficiaries who sought to be subject to titling had to meet, as well as the procedure so that, once the corresponding inspections were carried out, compliance with the requirements verified, and the recommendation issued by the Director of the Brunca Region, the Board of Directors of IDA would issue the final act authorizing the segregation and transfer of the property to the titleholder. Therefore, the cited Agreement regulated a means for the occupants of the Osa Settlement to have the possibility of titling the lands on which they had settled, and only the issuance of the favorable final act described in the fifth and sixth sections thereof would have the effect of declaring a subjective right in favor of those who had met the requirements established in the Agreement. At this point, it is necessary to recall that, in administrative law, a subjective right refers to a consolidated legal situation, individualized by the Administration through an act favorable to or declaratory of that right in favor of one or more administered parties in relation to an asset that is incorporated into their estate.

Thus, this concept "denotes a consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, whether a previously alien good or a previously nonexistent right—has entered into (or had an impact upon) the patrimonial sphere of the person, such that the person experiences an accounting advantage or benefit" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N°7331-97 of 15:24 hours on October 31, 1997). Subsequently, based on that concept, acts declaratory of rights are those that have enriched the patrimony of their recipients with a previously nonexistent right or have freed a preexisting right from some limitation regarding its exercise (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo and another. "Curso de Derecho Administrativo I. Civitas Ediciones, S.L., ninth edition, Madrid, 1999, p. 644). Thus, as already indicated, the establishment of a procedure for the occupants of the Asentamiento Osa to proceed to title was nothing more than the path, or the way, to achieve ownership over the goods they were possessing, which by itself did not imply any increase in their patrimony, nor the release from any limitation on the exercise of ownership over those lands. Thus, given the nature of Acuerdo N°39 of 2005, adopted by the IDA in session 44-05 held on November 14, this could be rendered without effect through the route of revocation (revocatoria), in accordance with the provisions of Article 152 of the Ley General de la Administración Pública. On the other hand, it must be noted that in this case, there is no record that, as a result of observing the procedure regulated by Acuerdo N°39, a final act favorable to the plaintiffs was issued, recognizing their right to title; on the contrary, in OSO-229-2008, of April 16, 2008, Engineer Mario Jiménez Quirós, Head of the Subregional Office of Osa, indicated to the then Executive President of the IDA, Mr. Carlos Bolaños Céspedes, that although his office had begun receiving the titling documents for the parcels of the Asentamiento Osa, located in the area affected by the Reserva Forestal Golfo Dulce, that process was not completed, since Acuerdo N°39 of November 14, 2005, which authorized it, was revoked by Acuerdo N°35 of November 19, 2007. The foregoing is relevant to mention, not only because it confirms what has already become clear from the analysis of Acuerdo N°39, in that it did not declare any subjective right in favor of the plaintiffs, but also because it demonstrates that this procedural channel set forth in that act never produced any effect, and did not go beyond the stage of receiving documents from some of the occupants of those lands, as it was subsequently revoked by Acuerdo N°35 of session 040-2007, held on November 10, 2007. For the reasons given, the plaintiff's arguments that Acuerdo N°35 is vitiated by nullity because the lesividad procedure provided in the legal system for revoking Acuerdo N°39 of session 44-05 held on November 14, 2005, by the Board of Directors of the IDA was not observed, are not accepted. Regarding the substantive aspects of Acuerdo N°35, as already indicated, said act revoked Acuerdo N°39 of session 44-05 of November 14, 2005, which established a procedure aimed at the titling of lands by the occupants of the Asentamiento Osa. Although that act does not develop in its content the reason for the revocation, the truth is that it expressly states that this act was based on technical opinion DAJ-1013-07, of October 31, 2007, issued by the Legal Affairs Directorate of the IDA—a practice expressly permitted, according to the provisions of Article 136, subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública. In that report, it was concluded that the impossibility of titling is due to the legal nature of the lands, as they form part of a forest reserve (reserva forestal), noting that for this reason "they are classified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural de Estado), they constitute public domain (demanial) assets, destined to satisfy a public use." Subsequently, the cause of the revocation has as a legal antecedent the condition of state natural heritage of a large part of the lands, which is given by their location within a national forest reserve, all of which results in the impossibility of titling, given their demanial character. In this way, the Court concludes that the act of revocation observed the procedural channel established for it in the legal system, was issued by the competent body, and was motivated by the demanial character of the assets that were intended to be titled. For the reasons given, this Collegiate Body considers that Acuerdo N°39 of session 44-05 of November 14, 2005, did not recognize the plaintiffs as IDA beneficiaries, did not declare any subjective right in their favor, and its revocation is in accordance with law, grounds on which the principal claims 1, 3, and 4 must be rejected.

XI.- ON THE CLAIM FOR THE COURT TO DECLARE THAT THE IDA RECOGNIZED THE PLAINTIFFS AS BENEFICIARIES OF THE IDA, WITH AN ACCUMULATED POSSESSION OF 68 YEARS: It is recorded in the file that the Board of Directors of the ITCO, by agreement taken in article XVI of Session N°2401, held on August 18, 1980, "Based on the recommendations of the Land Management Section, agreed to 'adjudicate the following lots, as the adjudicatees meet the legal conditions and requirements for the corresponding supplemental title of ownership (título supletorio de dominio) to be issued to them' to the following persons: ...Nombre113229 ". Likewise, in certificates OSO-140-03, issued on April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06, of March 10, 2006, signed by the Head of the Subregional Office of the IDA in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, it was indicated: "OSO-140-03…according to our Database, censuses, and archives, Mr. Nombre113229 , ID# CED89584, and Nombre113230 , ID# CED89585, appear registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants for more than 35 years of the Dirección13776 #, , , located in Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, measuring 77Has.4.704.75m2, cadastral plan P-529961-95 (...) OSO-191-06…according to our Database, censuses, and archives, Mr. Nombre113229 , ID# CED89584, and Nombre113230 , ID# CED89585, appear registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants of the parcel Dirección13777, , , according to cadastral plan P/529961-1998 measuring 77-Ha 4704.75m2, located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) OSO-192-06 according to our Database, censuses, and archives, the parcel Dirección13778, , , has been in possession of Mr. Nombre113229 , ID# CED89584, and Nombre113230 , ID# CED89585 for more than 23 years. Likewise, this property records as previous occupants Mr. Nombre113239 , ID# CED89589, with a possession of 10 years; Nombre113237 , ID# CED89590, with a possession of 20 years; Fernando Rivas (no ID number or second surname recorded), with a possession of 15 years, which demonstrates a total possession of 68 years." In addition to the foregoing, according to the testimony of the witness Mario Obando González, who stated that he knows the Dirección13782 , and was able to describe its location to the Court, Mr. Nombre113229 and his wife have more than forty years of occupying those lands, and were even censused by Miguel Herra Miranda, who is a technician of the INDER and stated at the hearing that he knew the plaintiffs since 1983, when he was conducting the census. Faced with this array of proven facts, the Court is able to corroborate not only that Mr. Nombre113229 and Mrs. Nombre113230 have indeed exercised possession for more than sixty-eight years (with about thirty of those years by transmission), of a property located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, the nature of which is mountain area, pasture, and agriculture, cadastral plan P-529961-95, measuring 77-Ha 4704.75m2, but also that they were recognized as adjudicatees and beneficiaries of those lands by the IDA through the agreement taken in article XVI of Session N°2401, held on August 18, 1980; certificate OSO-140-03, issued on April 21, 2003, certificate OSO-191-06 of March 19, 2006, and certificate OSO-192-06, of March 10, 2006, the latter issued by the Head of the Subregional Office of the IDA in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós. At this point, it is necessary to indicate that according to the theory of the case of the representatives of the State and the INDER, the mentioned documents do not constitute recognition of possession by the plaintiffs. They argue that what is indicated there is the product of interviews with the residents themselves and not of reliable data. The foregoing draws the attention of this decision-making Body, since in documents OSO-140-03, OSO-191-06, as well as in OSO-192-06, the Head of the Subregional Office Osa of the IDA certifies (hace constar), that is, according to the Real Academia Española, "the action and effect of certifying something reliably," thus, the content in those documents is, as stated in them, a certain manifestation of a fact. But furthermore, the same certificate expresses that the origin of the information accredited therein comes from the institution's database, as well as from the archives corresponding to Dirección13783 , , so that the assertions of the co-defendants that the data derive solely from the censuses conducted and from the information provided by the residents themselves are incorrect, without prejudice to the fact that, in addition, the knowledge of the situation obtained in that manner cannot be classified as false, since in cases such as the one before us, it is possible to obtain valuable data through interviews and censuses conducted with the occupants. Finally, the official of the IDA states in the certificates that he issues them "for the purposes of formalizing (escriturar) within the Reserva Forestal Golfo Dulce," so it is striking that the official, knowing the significance of the certificate, would record in it data that, according to the defense of the State and the INDER, are not truthful. Subsequently, the defense of the co-defendants relies on the negligence of their official, who, they argue, recorded false data, conduct regarding which no disciplinary action is observed to have been initiated, or any administrative action taken aimed at rendering without effect what was certified therein. Thus, the defense that the information recorded there is not correct because the concerned Administration recorded inaccurate data is not accepted. Likewise, the agreement taken in article XVI of Session N°2401, held on August 18, 1980, by the Board of Directors of the IDA, "Based on the recommendations of the Land Management Section," agreed to adjudicate to Mr. Nombre113229 a parcel in the Asentamiento Osa, continues to have effect, since its annulment through the procedures established by the legal system for annulling acts declaratory of subjective rights is not recorded in the file. Subsequently, the principal claim identified as number 2 must be granted, since from the evidence in the file, the existence of manifestations emanating from the Administration, specifically from the IDA, has been proven, in which it first resolved to adjudicate a parcel of the Asentamiento Campesino Osa to Mr. Nombre113229 , and later, on three occasions, ratified it, both to him and to Mrs. Nombre113230 , as beneficiaries of the parcel described in cadastral plan P-529961-95. At this point, it is important to indicate that if the IDA had recognized the status of adjudicatee or beneficiary to third persons over that same parcel, the responsibility derived from that negligent conduct would fall exclusively on the concerned Administration. In this way, without prejudice to the fact that the co-defendants Mrs. Nombre113231 and Mr. Nombre113232 proceeded to answer the claim and stated that they had no interest and would not participate in any lawsuit against the plaintiffs herein, the Court considers that if these circumstances arise, it is the State and the now INDER upon whom the responsibility falls, as a result of an omission contrary to the principles of efficiency and protection of the public interest, which is evidenced by the fact that more than 40 years have elapsed without the situation of the occupants of the Asentamiento Osa being attended to and definitively resolved. It is necessary to indicate, furthermore, that the contradictions alluded to by the co-defendants in the sworn statements are not such, since they are due to the chain of transmission of possession, which was certified by the IDA (now INDER), in OSO 192-06. Finally, it is necessary to indicate that, as recorded in the file, on November 20, 1974, the company Osa Productos Forestales, S.A. and the Instituto de Tierras y Colonización signed a preliminary settlement agreement aimed at transferring to the latter the areas of the properties owned by the former that were necessary—after conducting censuses and studies by that entity—in order to provide economically exploitable lands to those occupants who qualified as precarious possessors (poseedores en precario), which was later intended to be realized through Decreto Ejecutivo number 10088-G-H of May 2, 1979, by which, for the purpose of complying with the peasant settlement plan developed by the ITCO, the following properties belonging to Osa Productos Forestales S.A. were expropriated: N°22048, N°8947, N°22046, all in the Provincia de Puntarenas, and which "form on the ground a single agricultural-forestry unit." Likewise, that Decree authorized the "...Procuraduría General de la República to appear before the notary public designated by the Instituto de Tierras y Colonización, to grant the corresponding deed of transfer of the assets being expropriated and to, in the same act, transfer them to said Institute, which shall destine them for the purposes of law number 2825 of October 14, 1961, and its reforms..." Subsequently, according to public deed N°03, granted before Notaries Public Adrián Argüello Artavia and Eduardo Ching Murillo on September 4, 1980, the referred properties were merged, forming property 39334-000, in which the Asentamiento Campesino Osa is located, and it was registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario. Thus, the existence of a clear intention of the concerned Administration towards the creation of the peasant settlement as well as providing lands to its occupants is evident, even after the creation of the Reserva Forestal. Note that although the latter was created in 1978, it was in 1979 that Decreto Ejecutivo number 10088-G-H was issued for the purpose of expropriating the lands and creating the referred peasant settlement. Even the properties were transferred into the name of the IDA for that purpose. And later, that same entity carries out censuses and issues agreements—N°39 of session 44-05 of November 14, 2005, in which a titling procedure is established, and even more, in 2006, the Subregional Office of the IDA in Osa issues certificates OSO 191-06 and OSO 192-06, in this case at the request of the plaintiffs, and indicates that their purpose is titling. Clearly, such conduct by the Administration demonstrates that even before the acquisition of the properties by the IDA, there were already occupants on those properties, that the objective was to create the settlement, and that later the Administration, which had also issued the Decree establishing the Reserva Forestal, acted erratically regarding what to do with the persons who were occupying the settlement. Thus, for many years, from 1978 until 2007, the date on which it repealed the procedure it had stipulated for titling the lands, the IDA (now the INDER) maintained the thesis that such titling was possible, and made this known to the plaintiffs through the aforementioned certificates, as well as to many other persons in an identical situation, since, according to the record, even meetings were held to establish how to resolve the conflict situation created by the Administration itself. So that, under the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), these persons continued possessing and taking actions aimed at titling. However, this never occurred, given the impossibility of doing so, by virtue of the fact that the lands they occupied are within the boundaries of the Reserva Forestal, an obstacle that the INDER initially did not consider, and about which it never informed the plaintiffs herein, not even when it repealed, through Junta Directiva Acuerdo N°35 of session 040-2007, held on November 10, 2007, the Junta Directiva Acuerdo N°39 of session 44-05 held on November 14, 2005, which had recognized the possibility of titling. For the reasons given, it is appropriate to grant principal claim N°2, insofar as it refers to the IDA (now INDER) having recognized the plaintiffs as adjudicatees and beneficiaries of parcel N°26-6, with a possession of sixty-eight years.

XII.- ON THE CLAIM FOR THE STATE, THE INDER, AND Nombre113238 TO INDEMNIFY THE PLAINTIFF BY WAY OF EXPROPRIATION OF PARCEL 26-6: This claim was identified as principal, despite the fact that later, among the subsidiary claims, it is indicated that if "the Instituto de Desarrollo Agrario is not ordered to deliver the property titles, without any limitation, due to the legal nature of the Reserva Forestal de Golfo Dulce, according to claim 3) of the principal claim, then it is requested that they be ordered as follows: The State, the INDER, and SINAC, in particular the State must indemnify the rights of the plaintiffs, as a purchase-sale..." Consequently, in this section of the judgment, claims N°5 identified as principal will be addressed, as well as the one indicated as subsidiary claim N°1, as both request indemnification by way of expropriation or sale in relation to parcel N°26-6. As indicated in the previous considerando, the ITCO, by agreement taken in article XVI of Session N°2401, held on August 18, 1980, "Based on the recommendations of the Land Management Section, agreed to 'adjudicate the following lots, as the adjudicatees meet the legal conditions and requirements for the corresponding supplemental title of ownership to be issued to them' to the following persons: ... Nombre113229 " . Likewise, in certifications OSO-140-03, issued on April 21, 2003, OSO-191-06 of March 19, 2006, and OSO-192-06, of March 10, 2006, signed by the Head of the Subregional Office of the IDA in Osa, Mr. Mario Jiménez Quirós, the status as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants for more than 35 years of parcel #Dirección13784, , , located in Estero Guerra de Drake, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas, measuring 77Has.4.704.75m2, cadastral plan P-529961-95 (...) OSO-191-06…according to our Database, censuses, and archives Mr. Nombre113229 , ID# CED89584, and Nombre113230 , ID# CED89585, appear registered as IDA Beneficiaries in their capacity as occupants of parcel Dirección13777, , , according to cadastral plan P/529961-1998 measuring 77-Ha 4704.75m2, located in the Estero Guerra de Drake sector, Distrito Sierpe, Cantón Osa, Provincia de Puntarenas (...) which demonstrates a total possession of 68 years." On the other hand, according to Articles 8, 9, 10, and 11 of Decreto 8494-A of April 28, 1978, which entered into effect as of June 1, 1978, "Article 8 - The registered properties, properties with decennial possession, and properties in precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subject to the Forest Regime (Régimen Forestal). Agricultural activities carried out on these properties must have the written approval of the Director General Forestal while the State does not acquire them. Article 9- The Dirección General Forestal shall manage the direct purchase or expropriation of the lands reduced to private ownership (dominio particular) that are within the demarcation of this Reserve and that are indispensable for its integration. Article 10. The transfer and resettlement of occupants of more or less than ten years of possessing lands within the Reserve, in accordance with the Ley Forestal, shall be carried out with the intervention of the Instituto de Tierras y Colonización. Article 11- The acquisition of the lands that are necessary shall be carried out in accordance with the census that the Dirección General Forestal or the ITCO shall conduct for that purpose." Pursuant to the transcribed regulations, it is clear that, in addition to the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce, Decreto N°8498-A regulated the treatment that the Administration was to give to cases of occupation in the areas that became encompassed within the Reserva Forestal. In this regard, Article 8 of the Decree recognizes that within the limits of the Reserve, there were registered properties, properties with decennial possession, and properties in precarious possession, and later Article 9 of the Decree provided that the Dirección Forestal would manage the direct purchase or expropriation of lands reduced to private ownership, and for its part, in accordance with Articles 10 and 11, the ITCO and the Dirección General Forestal were to carry out the transfer and resettlement of occupants of more or less than ten years of possessing lands within this Reserve. It follows from the foregoing that the Decree itself provided, for cases of affectation of the right of ownership exercised under title of owner or as a registered proprietor, the route of expropriation or direct purchase, and even established a right in favor of those who prove their occupation of "more or less than ten years" regarding lands located within the limits of the Reserve, by ordering the ITCO and the Dirección General Forestal to transfer them to a new settlement. Subsequently, according to the cited regulations, the concerned Administration had to indemnify the possessors or owners who did not voluntarily adhere to the Forest Regime, as it ordered indemnification through expropriatory action or direct purchase in cases where this was appropriate, as well as the relocation of occupants of "more or less than ten years." In this regard, the Sala Constitucional pronounced in vote 2456-97 of 11:03 hours on May 2, 1997: "IV.- The point regarding the constitutionality of the executive decrees that form the basis of this amparo and its implications has been duly resolved by the Chamber through judgment number 1019-97 of fourteen hours forty-eight minutes on February eighteen, nineteen ninety-seven, declaring it unfounded because the limitations imposed on property are indemnifiable and allow the possessor or possessors to accede to the Forest Reserve Regime voluntarily or to opt for expropriation, therefore what is established in the questioned decrees is appropriate as to its application provided the administration fulfills its obligation, which is to ensure that the expropriation proceedings are duly processed, within the legally established time, and, especially, before the administration initiates possessory acts regarding the expropriated asset or assets, with the corresponding indemnification having to be given before the administration takes definitive possession of the assets, as established by Article 45 of the Magna Carta (...) VI.- Article 9 of Decreto Ejecutivo 8494-A places on the Dirección General Forestal the obligation to ensure compliance with the expropriation or direct purchase proceedings for lands subject to private ownership. At this point, it should be emphasized that the expropriation proceeding is not a proceeding carried out at the instance of a party but rather constitutes an obligation for the administration, as the party interested in the property and the one who must ensure that constitutional norms are fully complied with. Furthermore, it is necessary to point out that the expropriation proceeding applies in every case where a right of ownership over land is affected, whether exercised through possession under title of owner in the terms established by the Código Civil or as the registered proprietor thereof. This right that assists the affected person is established by Decreto Ejecutivo 8494-A by ordering the expropriation or direct purchase proceeding for all lands under private ownership—understand by private ownership, in addition to those lands possessed under legitimate titles that give evidence of the status of owners, those that do not possess such title and are mere de facto possessors—that are within the limits of the Reserve. VII.- The expropriation or direct purchase of the lands must be ordered and determined, and that is what Decreto 8494-A does in its Article 11, when it imposes the carrying out of a census to determine who the occupants or owners of the lands are, under what title they occupy them, and the values thereof, also determining who must be indemnified." At this point, it should be noted that, according to Decreto 8494, the occupants of "more or less than ten years" had the right to be relocated to a new settlement, an action for which the Administration was also negligent. Thus, if, as recorded in the report rendered to the Sala Constitucional by MINAE on April 28, 2003, in which Mr. Nombre113229 is listed as one of the persons censused as an occupant of the referred lands, it is verified that the Administration should have at least relocated him, conduct that was also not carried out. Thus, the Court having corroborated that both Mr. Nombre113229 and Mrs. Nombre113230 were recognized as adjudicatees and beneficiaries in their capacity as adverse possessors (usucapientes) in the terms of Article 8 of Decreto Ejecutivo 8494-A, regarding parcel 26-6 of the Asentamiento Campesino Osa, with more than sixty-eight years of possession, it is evident that they have the right to be paid, by way of expropriation, the fair price of that parcel. For the reasons given, and since the obligations established in Articles 8 to 11 of Decreto Ejecutivo 8494-A, in accordance with Article 2 of the Ley Forestal N°7575 of February 13, 1996, fall upon the Poder Ejecutivo, principal claim N°5 and subsidiary claim N°1 are granted, which have identical consequences, and the State must be ordered to proceed to pay, by way of expropriation of the lands comprising Dirección13779 , the fair price to be determined as indemnification, for which the parameters prescribed in the Ley de Expropiaciones N°7495 must be used, and considering the improvements introduced according to official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, which consists of an inspection report for parcel N°26 of the Asentamiento Osa, Sector 6, which is located within that land. Likewise, in order to proceed with the determination of the fair price, a new cadastral plan must be drawn up to correct the inconsistencies established in the report contained in official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, an action to be carried out by the plaintiff.

XIII.- ON THE CLAIM FOR THE STATE, THE INDER, AND Nombre113238 TO INDEMNIFY THE PLAINTIFF FOR THE ALLEGED DAMAGES DERIVING FROM THE LIMITATIONS ARISING FROM THE CREATION OF THE RESERVA FORESTAL. The plaintiffs request that the judgment declare the duty of the State, the INDER, and SINAC, and subsidiarily only the first, to indemnify the damages arising from the limitations imposed on the occasion of the creation of the Golfo Dulce reserve. To support their petition, they argue that by subjecting the properties to the forest regime, they have been prevented from improving their parcels and carrying out commercial, industrial, or livestock activities. In relation to identical claims, in cases similar to the one now analyzed, this Court has indicated: "In the first instance, it is necessary to indicate that, contrary to what the plaintiff's representative asserts, from Articles 6 and 7 of Decreto Ejecutivo number 8494-A—which creates the Reserva Forestal Golfo Dulce—it follows that the use of natural resources in said reserve is possible, provided the respective permit is obtained, which shall be granted under technical standards to be approved by the competent forestry and/or environmental authority, according to the zoning established for that purpose, which is corroborated by official communication number ACOSA D-0183 of April 22, 2008, signed by the Director of the Área de Conservación Osa of SINAC, visible at folios 540 and 541 of the judicial file, according to which, '…the occupants of the reserve have been able to freely use their lands as long as they comply with the requirements established in the applicable legislation applying equally to all citizens of the country…' (Judgment N°38-2019-V of 10:55 hours on May 7, 2019).

As could be corroborated from the study of official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, which consists of an inspection report of parcel No. 26 of the Osa Settlement (Asentamiento Osa), Sector 6, it is not true that parcel 26 has not been able to be exploited by the plaintiffs, given that according to said report it is observed that according to the report contained in official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, parcel No. 26 "...as for the flat topography area, this corresponds to (sic) 28 hectares of which some 26 hectares are cultivated with natural pasture of the ratana variety and improved pasture of the Guinea Mombaza variety (panicum máximun), which have regular assistance and are distributed in 7 paddocks (apartos) established with barbed wire fences in poor condition, built with 3 strands of wire on dead and live wood posts in parts. 4- Regarding crops, an area of approximately 1/4 of a hectare cultivated with growing corn could be seen. 1/4 of a hectare cultivated with banana and some sweet cane stumps, as well as 25 pineapple plants and approximately 50 cassava plants, crops that do not have good assistance as they are covered with scrub. Regarding fruit crops, 8 mango trees, 3 avocado trees, 10 soursop trees, 12 papaya trees, 4 guaba trees, 10 acid lime trees, 20 sweet orange trees, 5 cocoa trees and 7 coconut palms are identified, all in production and planted dispersed among the pasture crop. In addition, there is an area of approximately 1 hectare that is fallow and used for planting basic crops. 5- As infrastructure, a dwelling house in fair condition could be seen, with dimensions of 12x6.50 meters, built on wood footings, wood walls, wood floor, galvanized iron roof in fair condition. Also a corral with dimensions of 9.50 X 10 meters with wood posts and planks, dirt floor and no roof", from which it is concluded that the land has indeed been able to be exploited, without it being proven that the carrying out of any commercial, industrial, livestock or agricultural project has been impeded, and on the contrary, it is noted that activities linked to agriculture and livestock have been carried out on the farm. For the reasons stated, it is appropriate to deny the main claim identified as number 6.

XIV.- ON THE CLAIM FOR THE STATE, INDER AND Nombre113238 AND SUBSIDIARILY ONLY THE FIRST TO INDEMNIFY THE PLAINTIFFS FOR SUBJECTIVE MORAL DAMAGES: The plaintiff requests that the obligation of the co-defendants be declared to indemnify for subjective moral damages, which, as stated, consist of "the suffering of almost 40 years of sorrow for not finding a legal or economic solution to their agrarian and environmental problem, for living in a state of insecurity, watching their family become impoverished while they had prohibitions on cultivating, improving or carrying out economic, industrial or commercial activities." According to what was referred to in the immediately preceding recital (considerando), for the reasons outlined therein to the effect that it is not appropriate to recognize damages and losses (daños y perjuicios) arising from the limitations that supposedly impeded the use and enjoyment of the occupied lands, since not only does Decreto Ejecutivo No. 8494-A itself establish the possibility of exploiting those properties, but also, in accordance with the evidence brought to the case file for better resolution, consisting of the report contained in official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, at Dirección13785, activities of an agricultural and livestock nature have indeed been carried out. However, this Collegiate Body considers that effectively, as the plaintiff points out, there has been a failure to act by the State as well as by INDER, in the compliance ordered to give effect to the provisions contained in numerals 8 to 11 of Decreto Ejecutivo No. 8494-A, which expressly provided for the obligation to expropriate or carry out a direct purchase and to indemnify the titleholders and possessors, or even, at least to relocate them to a new settlement, tasks whose verification have not been attended to diligently and timely. Likewise, it has been corroborated that both the State and INDER have not only failed to observe the mandate contained in the referred Decree, but have also failed to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in ruling (voto) 2456-97 of 11:03 hours on May 2, 1997, which, according to the principles derived from Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, had a binding effect for all parties involved in the application of the provisions of Decreto Ejecutivo 8494-A. According to the foregoing, what corresponds is to partially grant the claim identified as number 7 and recognize the subjective moral damages derived from the suffering caused by the wait for more than forty years for a legal solution to the situation of the plaintiffs. For this concept, the State and INDER must jointly and severally recognize to the plaintiffs the amount of two million colones to each. On those sums, they must pay interest, which will be counted from the finality of this judgment and until their effective payment.

XV.- ON THE DEFENSES: The lack of standing (falta de legitimación) of SINAC is declared, since the claims established in the complaint filed by the plaintiff party are not aimed at challenging any administrative conduct emanating from that body or claiming damages and losses on the occasion of its actions or omissions. With respect to the State and INDER, according to what was stated in the preceding recitals, the existence of a legal relationship between the co-defendants and the plaintiffs is noted, derived from the obligations established in Decreto Ejecutivo 8494-A, as well as from the conduct carried out by IDA (today INDER), in which it recognized the condition of allottee (adjudicatario) of Mr. Nombre113229, and later the possession of both plaintiffs, through the issuance of certifications OSO-140-03, OSO 191-06 and OSO 192-06. The defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) are rejected, for the reasons given in recitals VIII and IX of this judgment. The defense of current interest is rejected, since a definitive solution to the conflict raised has not yet been given. Likewise, the generic defense sine actione agit is rejected, which not only does not constitute a proper defense, but has also been analyzed separately regarding the aspects that comprise it. The defense of lack of right (falta de derecho) presented by the State and INDER is partially granted, only with respect to the claims identified as 1, 3, and 4, which are in order for the Tribunal to declare the nullity of Agreement No. 35 of Ordinary Session 040-2007, which revoked Agreement No. 39-2005, both of the Board of Directors of IDA, as well as to declare that in accordance with this last Agreement, the plaintiffs had the right to be given the title deeds over parcel No. 26. Likewise, claim No. 6 is rejected, in which it is requested that the State, INDER and SINAC be obligated to indemnify the plaintiff for the alleged damages and losses derived from the limitations arising on the occasion of the creation of the forest reserve (reserva forestal). The complaint is partially granted and it is declared: i. That IDA (today INDER) recognized the plaintiffs as allottees and beneficiaries of parcel 26-6, with a possession of 68 years; ii. That the State must pay, as expropriation (expropiación) of the lands comprising parcel 26-6, the just price to be fixed as indemnification (indemnización) in the judgment execution phase, for which the parameters prescribed in the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones) No. 7495 must be used, and consider the improvements introduced according to official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, consisting of an inspection report of parcel No. 26 of the Osa Settlement, Sector 6, which is located within that land. Likewise, in order to proceed with the determination of the just price, a new cadastral map (plano catastrado) must be drawn up to correct the inconsistencies established in the report contained in official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, an action that the plaintiff party must carry out; iii. The State and INDER must pay, jointly and severally, to each of the plaintiffs the sum of two million colones as subjective moral damages, as well as legal interest, which shall be counted from the finality of this judgment and until its effective payment. In relation to the co-defendants Nombre113231 and Nombre113232, the complaint is dismissed on the merits (sin lugar), since no claims were filed against them.

XVI.- ON COSTS. In accordance with numeral 193 of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The exemption from this condemnation is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the present case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the regulations and break the postulate of condemning the losing party. Therefore, INDER and the STATE are ordered to pay the personal and procedural costs incurred by the plaintiff party, matters that will be settled in the judgment execution phase of this Tribunal. On the other hand, this Collegiate Body considers that the plaintiff litigated against Nombre113238 on the occasion of a jurisdictional resolution that joined him to the litigation, which is why she is exonerated from the payment of both costs in relation to said co-defendants. Regarding the co-defendants Nombre113231 and Nombre113232, this matter is resolved without special condemnation of costs, since they were also incorporated into the proceedings on the occasion of a jurisdictional decision related to the necessary passive joinder (litis consorcio pasiva necesaria).

THEREFORE (POR TANTO)

The lack of passive standing in relation to SINAC is declared. This defense is rejected in relation to the STATE and INDER. The defenses of expiration and statute of limitations are rejected. The defense of lack of right is partially admitted. The complaint filed by Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230 is partially granted, solely against the State and INDER, in the terms that will be stated, it being understood as denied in what is not expressly stated. The State is condemned to pay Mr. Nombre113229 and Ms. Nombre113230, as expropriation of the lands comprising Dirección13779, the just price to be fixed as indemnification, whose amount must be established in the judgment execution phase. Of the fixed amount, each of the plaintiffs will receive fifty percent. To proceed with the determination of the just price, a new cadastral map must be drawn up to correct the inconsistencies established in the report contained in official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-0574-2021, of November 26, 2021, an action that the plaintiff party must carry out. The STATE and INDER are jointly and severally condemned to pay to each of the plaintiffs the sum of two million colones as moral damages, as well as legal interest, which shall be counted from the finality of this judgment and until its effective payment. In relation to the co-defendants Nombre113231 and Nombre113232, the complaint is dismissed on the merits, since no claims were filed against them. The STATE and INDER are condemned to pay both costs of this action. With respect to co-defendants Nombre113238 and Messrs. Nombre113231 and Nombre113232, this matter is resolved without special condemnation of costs.

Ileana Isabel Sánchez Navarro

Marianella Álvarez Molina                 Sergio Mena García

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Document signed by:

ILEANA ISABEL SANCHEZ NAVARRO, DECISIVE JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)
MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, DECISIVE JUDGE
SERGIO MENA GARCIA, DECISIVE JUDGE

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