Res. 00006-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII — INDER annuls Coto Brus land titling due to defects in forested lot adjudicationINDER anula titulación en Coto Brus por vicios en adjudicación de terreno boscoso

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII

Resolución Nº 00006 - 2022

Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2022 a las 10:00

Expediente: 15-010566-1027-CA

Redactado por: Francisco De La Trinidad Hidalgo Rueda

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Concepto, características y elementos.
Proceso de lesividad para anular titulación a un tercero por parte del INDER.
Temas (descriptores): Proceso de lesividad
Subtemas:
Alcances y consideraciones sobre los presupuestos necesarios para su aplicación.
Nulidad de titulación de bien de dominio público.
Temas (descriptores): Lesividad del acto administrativo
Subtemas:
Análisis con respecto a su aplicación y presupuestos procesales.
Titulación de bien de dominio púbico.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

**180006341027CA**

 

EXPEDIENTE

	

15-010566-1027-CA




PROCESO

	

DE CONOCIMIENTO




ACTOR

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL




DEMANDADO

	

[Nombre 003]

 

N° 006-2022-VII

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, Dirección18094  , a las diez horas del día veintiocho de enero del año dos mil veintidós.

Proceso de Conocimiento -Lesividad- incoado por el Instituto de Desarrollo Rural -en adelante INDER-, representado por el señor Nombre4487  , soltero, Licenciado en Planificación, con cédula de identidad número CED122289, vecino de Moravia, en su condición de Presidente Ejecutivo con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y el señor Nombre114598  , abogado con facultades de apoderado especial judicial, carné de colegiado número CED122290, en contra del señor [Nombre62 003], cédula número [Valor 001] de demás calidades desconocidas y quien no se apersonó a la litis y Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, entidad poseedora de la cédula jurídica número CED122291, representada por el señor Nombre124030   , abogado, con carné profesional número CED122292. Participa también en representación de la Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública, el señor Nombre88660   , abogado con carné número CED122293 y de la señora [Nombre62 001], la defensora pública Éricka Quesada Madrigal, colegiada número CED122294, ambos en defensa de los litisconsortes pasivos integrados al proceso. Intervienen como terceros interesados y en representación del Estado y del SINAC, respectivamente, la señora Silvia Quesada Casares, abogada, agremiada número 13586, en su carácter de Procuradora Adjunta y el señor Verny Avendaño Moya, abogado, colegiado número 20438, en su condición de apoderado especial judicial.

CONSIDERANDO

I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:

1) Mediante escrito de demanda presentado el 24 de noviembre del año 2015, la representación del INDER entabló el presente proceso de lesividad, solicitando: “ 1.- Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 21 de la sesión 005-01, de fecha 22 de enero del año 2001, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real número [Valor 002] a favor de [Nombre62 003] (sic), de calidades indicadas, correspondiente al plano catastrado [Valor 003]. 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de PUNTARENAS, Folio Real número [Valor 002] , a favor de [Nombre62 003] (sic) de calidades indicadas, correspondiente al plano catastrado [Valor 003]. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, Folio Real número [Valor 002] emitido por el Registro Nacional. 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscritos en el Registro Nacional, Provincia de Puntarenas Folio Real Matrícula número [Valor 002]. 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio”. Además, a título de medida cautelar, solicitó el INDER la anotación de la demanda e inmovilización del inmueble. [lo destacado en mayúscula está en el original; véase las imágenes 85-102 del expediente judicial digitalizado]

2) Por resolución número 728-2016 de las 10:00 horas del 07 de abril del 2016, el Juez Tramitador de turno acogió parcialmente la solicitud de medida cautelar, ordenando anotar la presente demanda al margen de la finca del Partido de Puntarenas matrícula número [Valor 002], propiedad registrada a Nombre62 de la empresa Jabe Maquinaria Agrícola S.A. [ver al respecto las imágenes 143-151 ibídem]

3) Mediante auto de las 10:38 horas del 18 de abril del 2016, el Despacho declaró en estado de rebeldía a las partes y señaló hora y fecha para la realización de la Audiencia Preliminar de rigor. [rola en imágenes 155-156 ibídem]

4) La Audiencia Preliminar prevista en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo inició a las 13:34 horas del día 19 de setiembre del 2016, con la presencia de la representación del INDER y de la sociedad accionada. En dicha oportunidad, el representante de la empresa alegó un vicio de nulidad, por considerar que el señor [Nombre62 003] no había sido notificado correctamente. Ante tal situación, el Juez de Trámite suspendió la diligencia [así consta en las imágenes 164-165 del expediente judicial y el soporte electrónico de la diligencia]

5) Por resolución número 2420-2016 de las 10:20 horas del 24 de octubre del 2016, el Juez Tramitador declaró sin lugar el alegato de nulidad, al estimar que no existía ninguna actividad procesal defectuosa como se había alegado, ordenando continuar con los procedimientos. [ver imágenes 166-169 ibídem].

6) Mediante escrito presentado en fecha 03 de noviembre del 2016, el representante legal de la empresa accionado entabló recursos de revocatoria con apelación en subsidio, siendo rechazado el primero de ellos, por auto de las 11:09 horas del 16 de noviembre del 2016, en tanto la apelación, se tuvo por desistida por resolución número 129-2017-II dictada por el Tribunal de Apelaciones a las 08:41 horas del 29 de marzo del 2017. [ver al respecto las imágenes 173-177, 181 y 208 ibídem]

7) A través del auto dictado a las 09:01 horas del 13 de julio del 2017, el Despacho dispuso la suspensión del proceso, en virtud de una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el numeral 86 de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (Ley número 9036). A su vez, una vez resulta la acción, por auto de las 08:45 horas del 25 de abril del 2018 se ordenó continuar con la causa y se convocó nuevamente para Audiencia Preliminar. [así consta en imágenes 210 y 211-212 ibídem]

8) Al ser las 13:40 horas continuó la Audiencia Preliminar normada en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, con la presencia de las representaciones del INDER y de la empresa demandada. En esta ocasión, ante petición de la parte actora, el juzgador de turno estimó necesario integrar al proceso al Estado y al SINAC como litisconsortes pasivos necesarios, por lo que suspendió nuevamente la diligencia. [ver al respecto las imágenes 223-224 del expediente judicial y el soporte electrónico de la diligencia]

9) Por memoriales presentados en fecha 21 de junio del 2018, las representaciones del Estado y del SINAC respectivamente, se apersonaron al proceso, solicitando revocar la resolución del Juez de Trámite que los tuvo por integrados como litisconsortes. Dicha decisión, fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, quien, mediante resolución número 266-2018-I de las 11:20 horas del 23 de julio del 2018, dispuso tener a dichas entidades como interesados. [así consta en imágenes 227-234, 251-255 y 273 ibídem]

10) Mediante escrito presentado en fecha 21 de setiembre del 2018, la mandataria del Estado solicitó la integración al proceso de las personas que habían adquirido un derecho en virtud de la segregación del inmueble [Valor 002], a saber, los señores Nombre22013  , la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados del Ministerio de Educación Pública RL y Nombre22014  . [ver imagen 333 ibídem]

11) Por escrito presentado en fecha 17 de octubre del 2018 el señor [Nombre62 003] presentó incidente de actividad procesal defectuosa, alegando que en el presente proceso se ha notificado a una persona que lleva su mismo nombre, pero cuyas calidades son distintas, situación que, luego de conferida la audiencia de rigor al INDER, mediante memorial del 29 de noviembre del 2018 aceptó como un error de su parte a la hora de transcribir la demanda y solicitó su corrección, ratificando que se trata de la misma persona. [véase imágenes 334-337, 354-355 y 356-360 ibídem]

12) Mediante resolución número 2059-2019 de las 08:20 horas del 14 de noviembre del 2019, la Jueza Tramitadora de turno declaró parcialmente con lugar el incidente de actividad procesal defectuosa, revocando la rebeldía declarada y ordenando realizar una nueva notificación para el señor [Nombre62 003]. No obstante, al no contestar una vez contando la debida notificación de la demanda, se le declaró nuevamente en rebeldía a través del auto de las 10:58 horas del 05 de marzo del 2020. [así consta en imágenes 386-393 y 415-417 ibídem]

13) Por resolución número 473-2020 de las 08:00 horas del 16 de marzo del 2020, la Jueza de Trámite acogió la defensa previa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria interpuesta por el Estado, ordenando traer al proceso a Nombre22013   cédula de identidad CED122295 como dueño registral de la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 006], así como a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública, cédula jurídica CED122296, como dueña registral de la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 007], ambas fincas surgidas en razón de segregaciones realizadas a la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 002]. Asimismo, y siendo que la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 006] propiedad del señor Nombre22013   fue segregada, dando origen a la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 008], propiedad de Nombre22014  , cédula de identidad CED122297, ordenó también la integración de dicha persona física. [ver imágenes 436-441 ibídem]

14) A través de escrito presentado en fecha 05 de agosto del 2020, la representación legal de la Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública -COOPEMEP R.L.- se apersonó al proceso, allanándose posteriormente a la demanda. [rola en imágenes 497-498 y 523-524 ibídem]

15) Por auto de las 10:49 horas del 04 de noviembre del 2020, el Despacho declaró en estado de rebeldía a los integrados Nombre22014   y Nombre22013  , toda vez que no se apersonaron a contestar la demanda. [ver imágenes 512-515 ibídem]

16) En fecha 10 de abril del 2021, la representación del Estado apersonada a los autos, solicitó la integración al proceso de la señora [Nombre62 001], cédula [Valor CED122298], alegando ser la actual propietaria del inmueble de la Provincia de Puntarenas matrícula número [Valor Placa31687]. [véase al respecto las imágenes 534-535 ibídem]

17) A las 11:06 horas del 27 de abril del 2021, la Jueza Tramitadora del momento continuó con la Audiencia Preliminar. En dicha oportunidad, dentro de la etapa de saneamiento, la representación de la empresa Jabe Maquinaria Agrícola S.A. alegó que el señor [Nombre62 003] había fallecido. El INDER ratificó las pretensiones, aclarando que la número 5) debía leerse de la siguiente manera: "Por conexidad se anulen los inmuebles inscritos bajo las matrículas de folio real [Valor 006] , propiedad de la señora [Nombre62 001], [Valor 007], propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del MEP y [Valor 008], propiedad de la señora Nombre22014  , y por conexidad se anule cualquier otra inscripción que depare de la inscripción de los inmuebles inscritos en el Registro Nacional dichos y que devienen de la finca de Puntarenas matrícula de folio real número [Valor 002] propiedad de Jabe Maquinaria S.A.". Además, la juzgadora declaró con lugar la defensa previa que había sido interpuesta por el Estado y ordenó la integración como litisconsorte pasivo necesario a la señora [Nombre62 001], cédula [Valor CED122298] , titular del inmueble número [Valor 006], inscrito el 2 de diciembre del 2020. Ante ello, volvió a suspender la diligencia para notificar a la parte integrada. [rola en imágenes 574-578 del expediente judicial y en respaldo digital de la audiencia celebrada]

18) Mediante resolución número 660-2021 de las 09:20 horas del 21 de mayo del 2021, la Jueza Tramitadora como medida cautelar requerida por el INDER, ordenó anotar la presente demanda al margen de la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 006] propiedad de [Nombre62 001], cédula de identidad [CED121914 ], finca Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 007], propiedad de Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública RL, cédula jurídica CED122296 y la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real [Valor 008], propiedad de Nombre22014  , cédula de identidad CED122297. [ver al respecto las imágenes 599-603 ibídem]

19) En virtud de que la señora [Nombre62 001], portadora de la cédula de identidad número [CED121914 ] es una persona indígena Nombre42326 y ante la integración de litis realizada, en fecha 27 de agosto del 2021 el Despacho recibió contestación de la demanda en forma negativa por medio de la defensa pública del Poder Judicial, quien argumentó que el terreno objeto de litigio se encuentra en la Reserva Indígena Salitre, por lo que solicitó el rechazo de la acción, alegando la prescripción y la falta de interés actual. [véase imágenes 656-674 ibídem]

20) Al ser las 08:35 horas del 10 de noviembre del 2021, la Jueza Tramitadora dio continuación a la Audiencia Preliminar de rigor en forma virtual, mediante la plataforma tecnológica Microsoft Teams. En esta última ocasión, participaron las representaciones del INDER como parte actora y de los demandados Jabe Maquinaria Agrícola S.A., COOPEMEP R.L., la señora [Nombre62 001] y su defensora pública. Los codemandados Nombre22014   y Nombre22013  , no participaron al haber sido declarados en rebeldía. De igual manera, participaron en la diligencia las representaciones del Estado y del SINAC como terceros interesados. No se detectaron aspectos de nulidad, se tuvieron por fijadas las pretensiones del proceso, conforme a la Audiencia Preliminar anterior, se difirió la defensa previa de prescripción para ser resuelta en sentencia, se fijaron los hechos controvertidos y se admitió únicamente prueba de carácter documental. La representación de la señora [Nombre62 001] ofreció prueba nueva, por lo que la juzgadora de instancia, en aplicación del artículo 50.2 del Código de rito reservó la decisión para el Tribunal de fondo, disponiendo que las conclusiones fueran rendidas por escrito. Además, el apoderado de COOPEMEP RL reiteró el allanamiento de su representada. [ver al respecto las imágenes 736-747 del expediente judicial y soporte digital de la audiencia]

21) Mediante escritos presentados los días 10, 11 y 15 de noviembre del 2021, las representaciones de las partes que asistieron a la Audiencia Preliminar rindieron sus conclusiones. [ver al respecto las imágenes 711, 714-726, 727-730, 731-732 y 733-735 ibídem]

22) El presente asunto fue remitido a la Sección Sétima de este Tribunal para el fallo en definitiva el día 17 de enero del año 2022, según el rol que lleva el Despacho y conforme a la política institucional de grupos prioritarios. [los autos]

23) Se dicta esta sentencia, previa deliberación y por unanimidad de los integrantes del Tribunal, sin que se observen vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el Juez Nombre125770 .

II.- SOBRE LA PRUEBA NUEVA APORTADA POR LA DEFENSA DE LA SEÑORA [Nombre62 001]. Como prueba documental aportada en la última Audiencia Preliminar celebrada el día 10 de noviembre del 2021, la defensora pública de doña [Nombre62 001], persona indígena Nombre42326 que resultara integrada como codemandada, al ser la propietaria registral actual de la finca del Partido de Puntarenas matrícula de Folio Real N° [Valor Placa19441], presentó documentación aportada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-, Área de Conservación La Amistad Pacífico, Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, informe SINAC-ACLAP-GASP-IRT-199-2021, con fecha del 30 de setiembre del 2021, donde se señala que el inmueble número [Valor 006], plano catastrado [Valor 016], se ubica fuera de los límites de las Áreas Silvestres Protegidas. Por resultar de relevancia para este proceso y para los efectos pertinentes, según se dirá, al tenor de lo que dispone el numeral 50.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en este acto el Tribunal admite la probanza ofrecida, la cual se analizará en los apartados posteriores.

III. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. La revisión de los alegatos y documentos aportados por las partes, permiten tener como acreditados los siguientes hechos:

1) Que el Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, antes Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, hoy Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, impulsó una serie de Programas de Titulación con fundamento en la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N° 7599 del 09 de agosto de 1996, en los artículos 11 y 12 de la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de 1961 y el artículo 32 inciso a) de la Ley de Creación del IDA N° 6735, para favorecer a personas que se encontraban en posesión de la tierra, pero carecían de título de propiedad [hecho no controvertido].

2) Que mediante Decreto Ejecutivo N° 3216-G del 2 de octubre de 1973, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 9 de noviembre de 1973, se creó el Programa de Titulación Coto Brus y se inscribió en el Registro Nacional a Nombre62 del entonces llamado IDA, un área de 157.308 hectáreas, bajo la matrícula de Folio Real N° [Valor 017] [hecho no controvertido; puede verse imagen 15 del expediente judicial, punto 1.3.1 del informe DFOE-PGAA-20-2008 de la CGR].

3) Que en fecha 19 de octubre del año 2000, el señor [Nombre62 003] llenó un formulario del IDA, a fin de que, dentro del Programa de Titulación Coto Brus, se titulara a su favor la parcela 92075 del bloque 114, descrita en el plano catastrado número [Valor 003], con una medida de once hectáreas siete mil ciento dieciocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados. En dicho plano catastrado, aparecía la propiedad registrada Nombre62 del IDA y como poseedor el señor [Nombre62 003], sita en el [...], como parte del Folio Real N° [Valor 017]   [ver imágenes 24-28 y 33 del expediente judicial].

4) Que la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 21 de la Sesión Ordinaria N° 005-01 celebrada el día 22 de enero del 2001, dispuso segregar y traspasar diez lotes y parcelas del Proyecto Coto Brus, por reunir los poseedores las condiciones y requisitos legales exigidos en la Ley N° 7599 del 09 de agosto de 1996, a efecto de que se les extendiera el correspondiente título supletorio de dominio. Entre dichos poseedores, se encontraba el señor [Nombre62 003], con la parcela número 92075, bloque 114, a quien se le autorizó la correspondiente escritura de traspaso, otorgada el 23 de marzo del 2001 y que quedó debidamente inscrita bajo el Folio Real del Partido de Puntarenas, matrícula número [Placa31684 ] y descrita en el plano catastrado número [Valor 003], según el cual tiene un área de 11 hectáreas 7118 metros con 40 decímetros cuadrados y es terreno de pasto y bosque [ver imágenes 35-37 y 82 ibídem].

5) Que la Sala Constitucional, mediante voto número 8560-2001 de las 15:37 horas del día 28 de agosto del año 2001, declaró inconstitucional la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N° 7599 [consulta a Nombre25599 en su sitio web].

6) Que la Contraloría General de la República, en el informe DFOE-PGAA-20-2008 del 27 de agosto de 2008, detalló los resultados del estudio de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, e instó a la Junta Directiva del IDA, realizar los procedimientos administrativos y las acciones legales correspondientes, a efecto de recuperar las tierras tituladas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, en torno a quince casos detallados en dicho informe, que incluyen las propiedades del Proyecto de Titulación Coto Brus [imágenes 10-22 ibídem].

7) Que a través de la escritura pública número ciento noventa y cuatro, otorgada ante la Notaria Florita Vásquez Calderón a las 11:00 horas del día 28 de julio del año 2009, el señor [Nombre62 003] vendió a la empresa Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, cédula jurídica CED122291, representada por el señor Nombre125797  , el inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de Puntarenas, Folio Real N° [Valor 002], lote 92075, situado en el [...] , inscribiéndose el día 17 de noviembre del 2009, un área de ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados, con base en el plano catastrado número [Valor 003]. En la citada escritura pública se consignó: " SIN QUE TOME NOTA EL REGISTRO. Si bien el día de hoy se ha traspasado la totalidad del inmueble, don Nombre125797 en el carácter que actúa, se compromete a: segregar un lote de aproximadamente cuarenta y cinco mil metros cuadrados a favor de don [Nombre62 003] una vez que éste cuente con su respectivo plano debidamente catastrado y visado por la Municipalidad de Buenos Aires (...)". La inscripción registral se dio en fecha 17 de noviembre del 2009 [la mayúscula y negrita es del original; véase imágenes 71-74, 76 y 235-236 ibídem].

8) Que del mismo Folio Real N° [Valor 002] de la Provincia de Puntarenas fueron segregados y traspasados los siguientes inmuebles: i) 6-[Valor 007], al amparo del plano [Valor 024], a Nombre62 de la Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública RL, inscrita el 16 de diciembre del 2010 y con un área de cuatro mil metros cuadrados; ii) [Valor 006], con base en el plano [Valor 016], a Nombre62 de Nombre22013  , con un área de veintiocho mil ochocientos noventa y tres metros cuadrados, inscrita el día 28 de junio del 2011; iii) [Valor 008], con base en el plano [Valor 025], a Nombre62 de Nombre22014  , inscrita en fecha 10 de febrero del 2012, con un área de mil ochocientos metros cuadrados [así consta en información registral consultada por el Tribunal en el sitio web del Registro Nacional; véase además las imágenes 239-250, 550-559 y 560-563 del expediente judicial].

9) Que mediante acuerdo tomado en el Artículo N° 51 de la Sesión Ordinaria N° 036 del 05 de octubre del 2015 la Junta Directiva del INDER dispuso lo siguiente: "(...) EXPEDIENTE 58 - TITULACIÓN DE PARCELA 92075, BLOQUE 114, DEL PROYECTO DE TITULACIÓN COTO BRUS, A FAVOR DE [Nombre62 003] (sic), CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO [Valor CED43410]: La Junta Directiva del IDA acogió la recomendación y acordó hacer el traspaso de la parcela a través del Acuerdo número 21 de la Sesión Ordinaria número 005-01, celebrada el 22 de enero de 2001. La correspondiente escritura del traspaso de la parcela fue otorgada el 23 de marzo del 2001 y quedó debidamente inscrita bajo el Folio Real del Partido de Puntarenas Matrícula [Valor 002] y descrita en el Plano Catastrado número [Valor 003], según el cual tiene un área de 11hectáreas (sic) 7118 metros con 40 decímetros cuadrados y es terreno de pasto y bosque (...). En el expediente de titulación consta no se presentó la certificación del MINAE estableciendo que el terreno no es parte de las Áreas Silvestres Protegidas. En el expediente de titulación, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos del INTA (...)". Ante ello, se acordó: "1) Declarar lesivo a los intereses públicos los actos administrativos dictados mediante los Acuerdos 21 de la Sesión Ordinaria 005-01, celebrada el 22 de enero del 2001 (...) que dieron origen a los títulos de propiedad inscritos en el Registro de la Propiedad bajo el Partido de Puntarenas con Matrícula de Folio Real número [Valor 002] a favor de [Nombre62 003] (...) por ser los mismos otorgados en detrimento del Patrimonio Natural del Estado (...)" [ver al respecto las imágenes 82-84 ibídem].

10) Que en fecha 02 de diciembre del 2020, la finca registrada en el Folio Real N° [Valor 006], con base en el plano [Valor 016], con un área de veintiocho mil ochocientos noventa y tres metros cuadrados, quedó inscrita en el Registro Inmobiliario a Nombre62 de la señora [Nombre62 001], en virtud de venta que le realizara el señor Nombre22013   [así consta en imágenes 536-541, 595-596 del expediente judicial y en el sitio web del Registro Nacional].

11) Que mediante oficio DADIS-186-2021 fechado 28 de junio del 2021, el Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, hizo constar que la señora [Nombre62 001], cédula número [Valor CED122298], es una persona indígena Nombre42326 del territorio de Salitre [ver imagen 627 del expediente judicial].

12) Que el Área de Conservación La Amistad Pacífico, Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, rindió el informe SINAC-ACLAP-GASP-IRT-199-2021, con fecha del 30 de setiembre del 2021, señalando que: "1. Se realizó la ubicación del inmueble solicitado, mediante Sistemas de Información Geográfica, a partir de la ubicación geográfica contenida en el plano catastrado. 2. Como resultado del proceso descrito en el párrafo anterior, se logró determinar que el inmueble folio real [Valor 006], plano catastrado [Valor 016], se ubica fuera de los límites de las Áreas Silvestres Protegidas. 3. Adjunto mapa con la ubicación del inmueble" [la negrita es del original; rola en imagen 709 ibídem].

IV.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De los elementos demostrativos examinados, no se ha logrado comprobar lo siguiente:

1) Que para la titulación de la parcela número 114 que dio origen a la finca del Partido de Puntarenas Folio Real N° [Valor 006], plano catastrado [Valor 016], inscrita a Nombre62 del señor [Nombre62 003], se hayan presentado certificaciones del MINAE que consignara si los terrenos a adjudicar formaban parte o no del Patrimonio Natural del Estado [ayuno de prueba].

2) Que en el expediente de la titulación otorgada en favor del señor [Nombre62 003], consten los estudios de uso conforme de suelos del INTA según la naturaleza del inmueble y del Instituto Geográfico Nacional [no se extrae así de los autos].

3) Que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre ejerza algún acto de posesión y/o disposición para la vivienda y ocupación de algunas otras personas indígenas del territorio de Salitre, aparte de doña [Nombre62 001], sobre la finca  inscrita bajo el Folio Real N° [Valor 006], plano catastrado [Valor 016] [ausencia de prueba al respecto].

4) Que el señor [Nombre62 003] hubiese pertenecido algún territorio indígena y que estuviese casado con la señora [Nombre62 001] [no se aportó prueba].

V.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES. Manifestó en primera instancia el personero legal del INDER, que el antes llamado Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, otrora Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, impulsó una serie de Programas de Titulación en Reservas Nacionales, con fundamento en la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales N° 7599 del 9 de agosto de 1996, en los artículos 11 y 12 de la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de 1961 y el artículo 32 inciso a) de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario N° 6735. Argumentó que tales Programas de Titulación se establecieron como una necesidad nacional, ya que existían grandes extensiones del territorio nacional donde los campesinos carecían de título de propiedad. La labor del IDA dentro de los programas de cita, se orientó a declarar Zonas de Titulación en áreas donde las personas se encontraban en posesión de la tierra, pero carecían de título de propiedad, procediéndose a realizar el levantamiento y catastro de las fincas que no se encontraban inscritas en el Registro Público y a inscribir el título respectivo, debiendo pagar los beneficiarios los costos por la titulación y agrimensura, cuyos costos fueron muy inferiores al promedio del mercado para titular tierras, y que debían ser cancelados al IDA como máximo a un año plazo. Adicionó que dentro de tales programas, se encontró el denominado "Programa de Titulación Coto Brus" creado mediante el Decreto Ejecutivo N° 3216-G del 02 de octubre de1973, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 09 de noviembre de 1973 y que se inscribió en el Registro Nacional a Nombre62 del IDA un área de 157.308 has, con el Folio Real Matrícula número [Valor Placa31688]. Según dijo, dentro del marco del programa de Titulación Coto Brus, y mediante escrito presentado ante el Instituto, el demandado presentó solicitud de titulación de la parcela 114-92075 descrita en el plano catastrado N° [Valor 003]. Agregó, que dentro del expediente de titulación no existe la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, en la cual dicha entidad hiciera referencia a si la parcela que se pretendía titular se encontraba ubicada o no dentro de algún área silvestre protegida, o bien, si era parte o no del Patrimonio Natural del Estado según lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal N° 7575 del 16 de abril de 1996. Además, dijo, no consta en el expediente que el demandado presentara el estudio de uso conforme de suelo del INTA, o bien de algún profesional privado debidamente acreditado para realizar dicho estudio, ni tampoco que se haya presentado informe alguno del Instituto Geográfico Nacional; por ende, esgrimió, en el proceso de titulación de la finca no se cumplieron los requisitos que fundamentaron su inscripción a favor del demandado. Refirió, que mediante acuerdo de Junta Directiva del IDA, tomado en el artículo 21 de la Sesión Ordinaria 005-01 celebrada el 22 de enero del año 2001, se autorizó la segregación y traspaso del inmueble a favor del demandado, inmueble que lo constituye la parcela número 114-92075 del Proyecto de Coto Brus, ubicado en Distrito 01, Corredores, Cantón 10 Corredores, de la Provincia de Puntarenas, con una medida de ciento diecisiete mil ciento dieciocho metros con noventa decímetros cuadrados, correspondiente a la finca Partido de Puntarenas, Folio Real N° [Valor 002], Plano Catastrado número [Valor 003], cuya segregación y traspaso de la parcela referida la hizo el IDA en escritura pública. Posteriormente, indicó la representación del INDER, se elaboró el documento denominando "Estudio para Apoyar Trabajo de Fiscalización sobre Titulación de Tierras en los proyectos Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz, y Zona Norte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que fue remitido mediante oficio DEGE0-096-08 del 05 de agosto de 2008, en que se describió la situación de los terrenos que conforman el Proyecto Coto Brus, entre otros. De igual forma, mediante el Informe N° DFOE-PGAA-20-2008 de fecha 27 de agosto del 2008 de la Contraloría General de la República denominado "Resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado" y dirigido al IDA, se indicó que dicho estudio permitió determinar que en el marco de contenido de los diferentes proyectos de titulación y en contravención a lo señalado en los artículos 13,14,15 y 33 de la Ley Forestal N° 7575 del 05 de febrero de 1996, el IDA tituló propiedades con cobertura parcial o totalmente boscosa o que poseían características de uso suelo y topográficas que les otorgaban la categoría de terrenos de aptitud forestal y de áreas de protección, y por lo tanto, no podían salir de la Administración del Estado, ni ser susceptibles de titular a favor de los solicitantes por ser parte del Patrimonio Natural, y por no concurrir, ni haberse aportado todos y cada uno los requisitos necesarios para proceder de conformidad con el bloque de legalidad vigente en aquel momento para que fuera procedente la titulación. En tal informe, la CGR ordenó al IDA realizar los procedimientos administrativos y las acciones correspondientes, a efecto de iniciar el proceso de recuperación de las tierras tituladas por el IDA que pertenecieran al Patrimonio Natural del Estado. Nombre572, que luego el señor [Nombre62 003] traspasó la parcela de marras a la empresa Jabe Maquinaria Agrícola S.A., lo cual se hizo mediante escritura pública número 194 ante la Notaría de Florita Vásquez Calderón. Ante ello, explicó, la Junta Directiva del INDER, mediante el acuerdo tomado en el artículo 51, Sesión Ordinaria N° 36-2015 del 05 de octubre del 2015, declaró lesivo a los intereses públicos el acto administrativo dictado mediante el acuerdo N° 21 de la Sesión Ordinaria N° 005-01 celebrada el 22 de enero del año 2001 de la Junta Directiva de la Institución, que dio origen al título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad, Partido de Puntarenas, matrícula de Folio Real N° [Valor 002] a favor de [Nombre62 003], por haber sido otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. Como parte de los argumentos de fondo, expuso el INDER que en la titulación de la parcela 114-92075 del proyecto Coto Brus se incumplieron requerimientos normativos necesarios y previstos en la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales N° 7599 del 29 de abril de 1996, o en su caso, el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales publicado en la Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, en concordancia con la Ley Forestal N° 7575 del 05 de febrero de 1996 y el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, incumplimientos que generan vicios del acto administrativo. La causal de nulidad en los casos objeto de este proceso, afecta el interés público, ya que con motivo de los incumplimientos de la normativa antes relacionada, el IDA autorizó el traspaso de la parcela dicha, que es parte del Patrimonio Natural del Estado. Según dijo, en el caso de la parcela de marras, inscrita a favor del demandado, consta en el expediente que se aportó como prueba, el hecho de haber poseído los terrenos, lo cual evidencia la preexistencia de la tenencia posesoria de la parcela con anterioridad al acuerdo de Junta Directiva de su traspaso (tomado en artículo 21 de la Sesión Ordinaria 005-01 celebrada el 22 de enero del 2001). En tal sentido, se considera que la causa de adquisición de esos terrenos por parte de los poseedores era la posesión ejercida por éstos y no los traspasos o ventas hechos por el IDA, ya que el Instituto lo único que recibía a cambio era el costo de la confección de los planos correspondientes y no el precio en sí de los predios, en tal sentido, no se daba un acuerdo entre cosa y precio, el Instituto no podía traspasar los terrenos al mejor oferente, sino que tenía que traspasarlos al poseedor que le demostrara haber cumplido con los requisitos legales, limitándose a constatar esos requisitos (artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). Explicó también, que al amparo del voto de la Sala Constitucional número 04587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997, la naturaleza jurídica de los actos en los proyectos de titulación realizados por el IDA era meramente declarativa, se limitaban a reconocer el derecho de propiedad adquirido por una persona por medio de la figura de la usucapión, para su inscripción en el Registro Público y no actos constitutivos del derecho de propiedad. Como parte de los vicios de nulidad absoluta, recalcó el mandatario del INDER, que se incumplió el citado artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, que establecía que se titularan las tierras que no estuvieran sujetas a la administración por parte del MINAE. Además, se incumplió el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto a que las áreas silvestres protegidas son administradas por el MINAE y el artículo 13 de la Ley Forestal, que establece que el Patrimonio Natural del Estado lo administra el MINAE; por ello, se concluye que la certificación por parte de ese Ministerio determinando que el terreno no está dentro de áreas silvestres protegidas o del Patrimonio Natural del Estado era un requisito esencial e infranqueable para la validez del trámite ante el IDA, y la posterior titulación, siendo que en el caso de marras, no consta dentro del expediente de titulación de la parcela 114-92075 la certificación donde diga que el terreno a titular según plano catastrado no está afectado o inmerso dentro de áreas de conservación, Patrimonio Natural del Estado y con ello se generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. Adicionalmente, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos el cual es requerido por el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, el cual entró en vigencia el 21 de marzo del 2001, es decir, con anterioridad a la titulación de la parcela 114-92075 a favor del señor [Nombre62 003], de ahí que el estudio era obligatorio, por lo que el incumplimiento de éste genera otro un vicio de nulidad absoluta. Así las cosas, adujo el INDER, la nulidad del acto administrativo (debido al incumplimiento de requisitos esenciales y por ser contrario a normas prohibitivas) por el que se produjo la titulación del inmueble que se discute aquí, lesiona el interés público, toda vez que a través de dicho acto nulo de forma absoluta, se titularon terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, lo cual daña el orden público, al impedir el disfrute del derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos del artículo 50 de la Constitución Política, la cual es a su vez una norma de orden público. En cuanto a las partes tenidas en primera instancia como demandadas, sea el señor [Nombre62 003] y la empresa Jabe Maquinaria Agrícola S.A., valga recordar que se tuvieron en estado de rebeldía. Igual sucedió con los señores Nombre26452   y Nombre22013  , a quienes también se les tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos. En relación a la representación de COOPEMEP, manifestó expresamente su allanamiento a la demanda. Por su parte, la señora [Nombre62 001], quien dijo ser la esposa del señor [Nombre62 003] e integrada al proceso como litisconsorte pasivo necesaria, al ser la última y actual propietaria registral de la finca inscrita en el Partido de Puntarenas N° [Valor 006], en su condición de persona indígena bribri, manifestó a través de su defensora pública, que la mayoría de los hechos no le constan y por ende los rechazó. Aclaró que el terreno donde reside y es objeto de este litigio, ya estaba en posesión ante de que el IDA dispusiera realizar el traspaso. Sobre la falta del requisito del INTA, indicó que la entidad actora no aclaró a cuál parte demandada se refería y en cuanto al incumplimiento del informe del Instituto Geográfico Nacional, tampoco se establece en qué normativa se sustenta tal requisito. Explicó, que en el caso de su propiedad, lo que se dio fue una segregación y traspaso a su esposo, sin que se estipulara que se debiera cumplir con algún requisito especial. Según dijo, desde hace más de 20 años ha estado viviendo en dicha propiedad, que antes era de su esposo y que ahora le pertenece, posesión que ha ejercido de forma pública, pacífica, continua y a título de dueña, primeramente de manera conjunta con su esposo, y luego, de manera personal cuando aquél falleció. En otro orden de ideas, señaló que no consta bajo qué criterio técnico se hizo la valoración y se logró determinar que la propiedad constituya Patrimonio Natural del Estado. En tal sentido, indicó que más bien la finca del Partido de Puntarenas N° [Valor 006], inscrita legalmente a su nombre, se encuentra afectada por encontrarse dentro de la Reserva Indígena de Salitre, por lo que, al amparo de los artículos 2 y 3 de la Ley Indígena N° 61721 y 3, 4 y 5 de su Reglamento, el INDER carece de capacidad, derecho y legitimación para plantear este tipo de procesos, máxime por ser ella indígena y pertenecer al pueblo Nombre42326 en el territorio indígena de Salitre. Nombre572, que se debe tener claro que el INDER no traspasó u otorgó ningún derecho al señor [Nombre62 003], sino que fue toda una ficción jurídica para poder acceder a un crédito, que consistió en que los terrenos que se venían poseyendo por parte de sus propietarios pasaran a Nombre62 del entonces IDA, para luego ser adjudicados y puestos a Nombre62 de sus mismos poseedores, pero ya como propietarios, siendo que ella es esposa del fallecido señor [Nombre62 003] a quien se le adjudicó el terreno objeto de esta litis y que lo han ocupado desde hace muchos años. Ante ello, agregó, resulta equivocada la apreciación de la CGR al indicar que al realizar el traspaso, el IDA otorgó propiedad sobre terrenos pertenecientes al Estado, pues los mismos estaban ya en posesión desde hace muchos años de [Nombre62 003] y su esposa. Por ende, manifestó, pensar en anular la adjudicación del terreno sin la debida indemnización, sería un acto violatorio al derecho de propiedad, así como a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, resultando improcedente tratar de efectuar vía lesividad, un despojo de un terreno donde se ha residido desde muchos años atrás, lo cual transgrediría además la intangibilidad de los actos propios. Sostuvo también la defensa de la señora [Nombre62 001], que pese a que el INDER indicó que se habían incumplido una serie de requisitos, no determinó qué norma los exige; incluso, dijo, se hizo alusión a una ley que se encuentra expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional, como lo es la Ley N° 7599 de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, por considerar que la propiedad objeto de este litigio se encuentra dentro de una Reserva Nacional de algún tipo, lo que carece de todo fundamento probatorio. Ante tal situación, adujo que si no se tiene claro que el terreno esté en un área silvestre protegida y no está demostrado en el expediente administrativo ni en el judicial, ¿cómo va a partirse del hecho de que sí lo está y cómo se va a presumir que dicho título de propiedad fue otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado? Consecuentemente, y por estar el terreno en territorio indígena, alegó las excepciones de falta de legitimación pasiva, falta de derecho y de interés actual, así como la prescripción, por haber transcurrido más de 20 años desde que se titulara la propiedad, solicitando declarar el proceso de lesividad sin lugar en todos sus extremos. Ahora bien, la representación del Estado apersonada a los autos, alegó, en su carácter de tercero interesado, que en la titulación efectuada por la entidad accionante que dio origen al inmueble número [Valor 017], plano [Valor 003] y cuyo acuerdo se pretende anular mediante este proceso, no se presentó la certificación del MINAE, ni los informes del INTA y del IGN, por lo que no se cumplieron los requisitos para la inscripción. Justificó además, que el artículo 14 de la Ley Forestal, dispone la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los terrenos del Patrimonio Natural del Estado, sobre lo cual la jurisprudencia nacional se ha pronunciado en forma reiterada, citando al respecto sendos votos de la Sala Primera y de este mismo Tribunal, al considerarlo como un bien de dominio público. Así, los actos y convenios realizados privativamente sobre un tramo inmobiliario demanial, por la naturaleza del bien, ausencia de titularidad hábil y contrariar leyes prohibitivas, devienen absolutamente nulos. Por ende, la ocupación viciada de nulidad, se transmite a cada uno de los posteriores adquirentes, pues la causa estará siempre al margen del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, respaldó la declaratoria de lesividad y la nulidad requerida por el INDER. Finalmente, el apoderado judicial del SINAC, de forma lacónica en cuanto a la lesividad emprendida y en su calidad de tercero, hizo ver que el objeto del proceso es favorecer la condición de dominio público de los bienes y que lo que se busca en esta sentencia, es que se coloquen los terrenos en discusión bajo la tutela, uso y disfrute del Estado y no de un particular.

VI.- SOBRE EL PROCESO DE LESIVIDAD EN GENERAL. Como punto de partida es menester resaltar, que en términos generales, el proceso de lesividad es un mecanismo jurisdiccional, por medio del cual el legislador ordinario autorizó a las Administraciones Públicas, a deducir pretensiones anulatorias respecto de actos declaratorios de derechos subjetivos dictados por ellas. En estos tipos de procesos judiciales, se analiza la validez de una conducta formal concreta, que ha generado derechos subjetivos a favor de un administrado -persona física o jurídica-. Justamente por ello, es que se hace necesaria la obligada participación del destinatario del acto cuya nulidad se pretende, a efectos de garantizar no solamente el contradictorio, sino el ejercicio oportuno de su derecho de defensa. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, es la norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura; sin embargo, dicho precepto normativo debe concordarse con los numerales 173.6 y 183, ambos de la Ley General de la Administración Pública -LGAP-, a efecto de tener un panorama completo sobre la temática que se aborda. De la combinación armónica de dichas normas, se concluye que en este tipo de procesos la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto atacado, en tanto que el legitimado pasivo es el administrado destinatario de los efectos de esa conducta formal. Ello es así, por cuanto como se indicó líneas atrás, la lesividad se constituye en un instrumento de supresión jurídica de actos administrativos concretos creadores de derechos subjetivos, en el tanto los mismos sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico -actos viciados de nulidad absoluta o relativa- (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP). Así entonces, el proceso de lesividad es una garantía más para el administrado, en el que en aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración no puede por sí misma eliminar los efectos de un acto declaratorio de derechos subjetivos, sino que es a través de este proceso y por parte de un órgano jurisdiccional, que pueden suprimirse tales actos generadores de derechos, independiente de la Administración autora del acto que se pide anular por lesivo al interés público. Ahora bien, es importante recordar que además de lo ya señalado, resulta esencial que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública respectiva -emisora de la conducta formal que se ataca- declare la lesividad del acto, cuando se hayan visto afectados intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Además, conforme a nuestro bloque de legalidad, cuando el acto emane de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA). En lo que respecta al tiempo con que se cuenta, tanto para declarar lesivo el acto como para interponer el proceso judicial de comentario, el CPCA, establece el plazo de un año computado a partir del día siguiente al de la emisión del acto, para declararlo lesivo en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que la referida conducta formal tenga vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34.1 del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren los efectos del acto. En tal caso, por mandato de dicha norma, el año se computa desde el cese de sus efectos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta impugnada. Luego de la declaratoria de lesividad, el CPCA otorga el plazo de un año a la Administración Pública respectiva -computado a partir del día siguiente a la firmeza de tal declaratoria- para incoar el proceso contencioso administrativo de lesividad -artículo 39 del CPCA-. En síntesis, conforme lo señalado, para la instauración de un proceso de lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede administrativa por el superior jerárquico supremo de la Administración emisora del mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de dominio público que no está sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPCA; v) que el proceso contencioso de lesividad se incoe por la Administración Pública emisora del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e) del CPCA -con la salvedad dicha en cuanto a los bienes de dominio público- y/o que el acto contenga vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo. Justamente el cumplimiento de tales presupuestos en torno a la lesividad, serán analizados más adelante por el Tribunal para verificar si resulta o no procedente el requerimiento de nulidad realizado.

VII. SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Valga recordar que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, estaba reconocido y tutelado como tal en nuestro país, desde antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, por la Ley Forestal N° 4465 del 25 de noviembre de 1969 -derogada por la Ley Forestal N° 7575 del 5 de febrero de 1996-, que no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley Forestal N° 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo); las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado, entre las que destacan: las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33); la constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); el deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por su parte, en la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996, que actualmente nos rige, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se denomina Patrimonio Natural del Estado, el cual, es un término más amplio que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables; en tanto, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la Ley Forestal, 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente). Además, está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, artículos 1°, párrafos 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, artículos 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, numeral 82, inciso a); y 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su Nombre62 y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata (ordinal 13 párrafo primero de la Ley Forestal) / [al respecto se puede consultar la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 14:53 horas del día 12 de noviembre del año 2008]. Ahora bien, otro aspecto que resulta de vital importancia indicar, es que el Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sus sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. En ese sentido, es evidente que el Estado -en el sentido amplio del término- tiene el deber legal y constitucional de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables, debiendo tomar las medidas necesarias para su protección y conservación efectivas, como en este caso, en el que se busca anular un acto administrativo que nunca debió nacer a la vida jurídica, toda vez que contiene vicios de nulidad absoluta.

VIII.- SOBRE LA LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO. Del análisis exhaustivo de los autos y de las probanzas aportadas por las partes que constan anexadas en el expediente judicial, concluye este Tribunal que el artículo 21 de la sesión 005-01, celebrada por el otrora IDA el día 22 de enero del año 2001, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real N° [Valor 002] otorgada en su momento a favor del señor [Nombre62 003], con el correspondiente plano catastrado N° [Valor 003] y mediante el cual se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela N° 92075, bloque 114 del llamado Proyecto Coto Brus necesariamente debe anularse, por haberse dictado a contrapelo del ordenamiento jurídico. Lo anterior implicará además, la anulación parcial de la escritura pública mediante la cual se autorizó la segregación y traspaso del inmueble, en lo que concierne al señor [Nombre62 003] , así como la inscripción registral del inmueble a su Nombre62 y sus posteriores traspasos, según se indicará más adelante, toda vez que la adjudicación inicial realizada en favor del señor [Nombre62 003], no cumplió con los requisitos normativos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico. Ante ello, una vez realizado el examen de los presupuestos indispensables que resultan de rigor en este tipo de procesos, tal y como se destacó en el considerando sexto, determina esta Cámara que la declaratoria de lesividad realizada por la Administración demandante cumple con los requisitos señalados, lo cual se explica de seguido:

i) Según se ha referenciado, existe un acto administrativo concreto, firme y declarativo de derechos, en favor de la persona inicialmente llamada a estrados judiciales, sea el señor [Nombre62 003], tomado por la Junta Directiva del IDA en su artículo 21 de la sesión 005-01, de fecha 22 de enero del año 2001, que dispuso segregar y traspasar once lotes y parcelas del Proyecto Coto Brus, entre ellas, la parcela número 92075, bloque 114, que a la postre generó la titulación de la finca del Partido de Puntarenas, Folio Real número [Valor 002] , descrita en el plano catastrado número [Valor 003], con una medida de once hectáreas siete mil ciento dieciocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados, sita en el [...] Puntarenas, como parte del Folio Real N° [Valor 017]. Evidentemente entonces, el primer presupuesto para la lesividad está presente, sea el acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos en favor del particular a quien se le adjudicó la parcela señalada.

ii) El acuerdo referido supra, es justamente la conducta administrativa formal que se pretende anular mediante este proceso, por estimar el INDER que contiene vicios de nulidad absoluta por el incumplimiento de requisitos necesarios para su adopción. Al respecto estima este Tribunal, que tal y como lo argumentó la entidad accionante, el acuerdo adoptado en su momento por la Junta Directiva del entonces IDA, transgredió el ordenamiento jurídico y por ende contiene vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo que es menester revertir. Primeramente hay que destacar, que pese a que la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, N° 7599 del 29 de abril de 1996 fue declarada inconstitucional mediante voto número 8560-2001 de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001, estaba vigente a la hora de que el otrora IDA, realizara la adjudicación de la parcela identificada con el número 92075-114, y por ende, fue la que sirvió de base para dicho acto administrativo. Sin embargo, nota este Tribunal, que la Administración no cumplió con requisitos esenciales que estaban normados en dicha ley y que resultaban de acatamiento obligatorio para el momento. Así por ejemplo, el numeral 3 de tal cuerpo normativo señalaba: "ARTICULO 3.- Prueba de posesión. Las tierras mencionadas en el artículo precedente, que no estén sujetas a administración por parte del Ministerio del Ambiente y Energía, serán traspasadas e inscritas a Nombre62 de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, se entenderá que ejerce la posesión quien haya usado racionalmente la tierra en forma pacífica, permanente, pública e ininterrumpida, y a título de dueño durante un lapso no menor de cinco años. La prueba de la posesión se efectuará mediante información sumarísima a cargo de funcionarios calificados del Departamento de Titulación del Instituto de Desarrollo Agrario. Deberá comprender, necesariamente, los siguientes requisitos: a) Nombre62, apellidos, calidades, domicilio y cédula de identidad del poseedor o los poseedores. b) El plano catastrado respectivo. c) Naturaleza, situación, medida superficial, linderos, Nombre62 y apellidos de los colindantes del terreno y la medida lineal del frente a caminos públicos; todo con arreglo al plano catastrado del inmueble. d) Manifestación de los colindantes de su conformidad con los datos expuestos en el plano de la finca. e) Declaración de tres testigos vecinos del lugar, que comprueben la posesión ejercida por el ocupante. Estos testigos podrán ser los mismos colindantes. La prueba testimonial será innecesaria si en el acto se presenta un documento público o privado de fecha cierta, con más de cinco años de otorgado, en el cual conste el derecho del poseedor; todo a juicio de la Institución. f) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida, la localización y el uso de la tierra, con la revisión expresa de que ha conservado el recurso natural. g) Declaración jurada del poseedor de que la finca no está inscrita ni se encuentra en disputa judicial o extrajudicial y de que la posee en los términos establecidos en esta ley. h) Aceptación de la adjudicación en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. i) No haber inscrito, en el Registro Público, inmuebles por más de trescientas hectáreas, mediante el trámite de información posesoria (...)". [lo destacado en negrita es propio]. En el caso concreto, no existe evidencia de que previo al traspaso realizado al señor [Nombre62 003], la Administración haya realizado la verificación efectiva prevista por la norma, a fin de corroborar la conservación del recurso natural ni tampoco que existiera la posesión en los términos previstos por la ley; incluso, lo único que consta en el expediente administrativo de titulación, levantado en torno a la parcela número 92075-114, es el formulario respectivo del IDA, sin que se haya anexado ninguna certificación de posesión de don [Nombre62 003] ni de la naturaleza del inmueble. Por otra parte, encontramos también la violación a lo que disponían los artículos 6 y 7 de dicha ley, en tanto señalaban: "ARTICULO 6.- Decreto ejecutivo. Cuando la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario haya escogido la zona donde ha de efectuarse el programa de titulación, se lo comunicará al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto, declare el área sujeta al programa. Igual comunicación hará al finalizar el programa en cada zona para que, por decreto, se levante la afectación del área respectiva. Antes de que el Instituto se comunique con el Poder Ejecutivo para que elabore el decreto correspondiente, habrá de informar al Ministerio del Ambiente y Energía con el fin de que se pronuncie si no existe afectación sobre tierras de uso forestal o ubicadas en las áreas de conservación patrimonio del Estado. ARTICULO 7.- Información sobre las áreas. El Ministerio del Ambiente y Energía estará obligado a comunicar al Instituto de Desarrollo Agrario, de previo al decreto ejecutivo mencionado en el artículo 6 y dentro del término de dos meses contados desde la fecha de recibo de la solicitud, si las áreas comprendidas en la zona a que se refiere este decreto están declaradas, según las leyes y los decretos vigentes, como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, humedales u otras categorías de manejo dentro de las áreas de conservación del país. Para los efectos de este artículo, no operará el silencio positivo administrativo". [énfasis suplido]. En este caso, no se evidencia la existencia de tales pronunciamientos de las autoridades competentes, en torno a si existía en la propiedad a traspasar, alguna afectación sobre tierras de uso forestal o ubicadas en las áreas de conservación que son Patrimonio del Estado. Y aquí es importante destacar, que tan solo una de las partes que resultaron integradas al proceso como demandadas, en virtud de la traditio del inmueble objeto de este proceso de lesividad, realizaron algún tipo de oposición al respecto, pues dos de ellos fueron declarados en estado de rebeldía, en tanto otro más, se allanó a los hechos de la demanda. Ante ello, hemos de explicar, que la defensa pública de la señora [Nombre62 001], persona indígena Nombre42326 y propietaria actual de uno de los inmuebles segregados del bien adjudicado inicialmente a don [Nombre62 003], con la matrícula de folio real número [Valor Placa11683] y que recibió mediante compra realizada al señor Nombre22013  , quien a su vez había comprado también al señor [Nombre62 003], aportó como prueba un informe elaborado en fecha del 30 de setiembre del 2021 por el Área de Conservación La Amistad Pacífico, Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, identificado como SINAC-ACLAP-GASP-IRT-199-2021, donde se señaló, para lo que resulta de interés aquí lo siguiente: "1. Se realizó la ubicación del inmueble solicitado, mediante Sistemas de Información Geográfica, a partir de la ubicación geográfica contenida en el plano catastrado. 2. Como resultado del proceso descrito en el párrafo anterior, se logró determinar que el inmueble folio real [Valor 006], plano catastrado [Valor 016], se ubica fuera de los límites de las Áreas Silvestres Protegidas. 3. Adjunto mapa con la ubicación del inmueble" [lo subrayado es suplido, la negrita pertenece al original]. Para esta Cámara, dos cosas son relevantes del oficio referenciado, lo que motivó justamente a su aceptación como parte del acervo probatorio a tomar en cuenta en esta sentencia; la primera de ellas, es que el suscribiente de dicho acto administrativo, expresamente consignó que la ubicación del inmueble la hizo a partir de la ubicación geográfica que constaba en el plano catastrado, es decir, constituye un estudio que podríamos llamar "de oficina" o "de escritorio" y no de campo, es decir, nunca hubo un traslado real a la zona a efecto de verificar si el inmueble o alguna porción de él, forma parte del Patrimonio Natural del Estado en el sentido más amplio del tema; y la segunda, es que no se consigna expresamente en dicho oficio, si las áreas comprendidas en la zona están declaradas como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, humedales u otras categorías de manejo dentro de las áreas de conservación del país, conforme lo normaba el artículo 7 citado líneas atrás, lo que contrasta justamente con el informe DFOE-PGAA-20-2008 del 27 de agosto de 2008, donde la Contraloría General de la República, desde hace más de una década, había detallado los resultados del estudio de titulación de tierras por parte de la Junta Directiva del IDA en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, incluyendo las propiedades del Proyecto de Titulación Coto Brus. Así las cosas, la información consignada en dicho documento, difiere al requisito que exigía la Ley 7599, pues no se dice en forma precisa que no esté el inmueble en áreas de conservación de Patrimonio Estatal, así como a lo destacado por el órgano contralor, siendo evidente que desde una oficina no se puede determinar si la titulación realizada transgredió un aspecto importante que era de vital importancia en su momento y lo siguen siendo aún, dada la protección de los recursos ambientales como bienes demaniales. Ergo, dicha probanza, lo único que refuerza es que el acuerdo tomado, no sólo violentó las normas recién transcritas -aplicables en su momento -, sino que tampoco consideró las disposiciones en torno a la indisponibilidad del Patrimonio Natural del Estado, como bien que conforma el demanio público. En suma de lo anterior, es importante resaltar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 8560-2001 del 28 de agosto del año 2001, anuló en su totalidad la Ley N° 7599 dimensionando los efectos de la sentencia “en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta a las personas que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley que se declara ahora inconstitucional siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos de esa declaratoria”. Efecto de lo anterior, tampoco se cumplió con el plazo de convalidación de tres años a partir de la fecha del acto de adjudicación en favor de la parte actora, ocurrido el 22 de enero del 2001, pues para la fecha en que se anuló la referida Ley N° 7599, sea el 28 de agosto del mismo año, no había transcurrido dicho plazo, de tal forma que el acto administrativo aún cumpliendo con todos los requisitos normativos imperantes a la fecha de la titulación, faltó con el plazo de convalidación en razón de la nulidad sobrevenida de la Ley N° 7599, motivo por el cual la adjudicación basada en la misma deviene en nula.

iii) Tiene acreditado además este Tribunal conforme se reseñara en su momento, la declaratoria de lesividad que ha realizado el superior jerárquico supremo del INDER, con base en el artículo 34.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo y numeral 176 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, constando en autos que mediante acuerdo tomado por su Junta Directiva en el Artículo N° 51 de la Sesión Ordinaria N° 036 del 05 de octubre del 2015 se dispuso lo siguiente: "(...) EXPEDIENTE 58 - TITULACIÓN DE PARCELA 92075, BLOQUE 114, DEL PROYECTO DE TITULACIÓN COTO BRUS, A FAVOR DE [Nombre62 003] (sic), CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO [Valor CED43410]: La Junta Directiva del IDA acogió la recomendación y acordó hacer el traspaso de la parcela a través del Acuerdo número 21 de la Sesión Ordinaria número 005-01, celebrada el 22 de enero de 2001. La correspondiente escritura del traspaso de la parcela fue otorgada el 23 de marzo del 2001 y quedó debidamente inscrita bajo el Folio Real del Partido de Puntarenas Matrícula [Valor 002] y descrita en el Plano Catastrado número [Valor 003], según el cual tiene un área de 11hectáreas (sic) 7118 metros con 40 decímetros cuadrados y es terreno de pasto y bosque (...). En el expediente de titulación consta no se presentó la certificación del MINAE estableciendo que el terreno no es parte de las Áreas Silvestres Protegidas. En el expediente de titulación, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos del INTA (...)". Ante ello, se acordó: "1) Declarar lesivo a los intereses públicos los actos administrativos dictados mediante los Acuerdos 21 de la Sesión Ordinaria 005-01, celebrada el 22 de enero del 2001 (...) que dieron origen a los títulos de propiedad inscritos en el Registro de la Propiedad bajo el Partido de Puntarenas con Matrícula de Folio Real número [Valor 002] a favor de [Nombre62 003] (...) por ser los mismos otorgados en detrimento del Patrimonio Natural del Estado (...)". Como vemos de manera diáfana, consta la plena intención de la Junta Directiva del INDER, de revertir la adjudicación realizada a contrapelo de la ley, y por ende, el interés de anular el acuerdo adoptado inicialmente, por medio de la declaratoria de lesividad que en este proceso se conoce. Al respecto ha de recordarse que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que "esa declaratoria, en sede administrativa, es el precedente obligado del proceso de lesividad, mediante el cual, la Administración busca la nulidad de un acto propio firme, de manera que sin ella es imposible atacarlo en sede jurisdiccional, pues se atentaría contra los principios elementales de raigambre constitucional como son el respeto a los derechos adquiridos y la teoría de los actos propios, así como los de seguridad y certeza jurídica. Por ende, esa declaratoria predetermina y condiciona los alcances de la demanda". [ver al respecto el voto N° 415-2003 de las 8:30 horas del 18 de julio del 2003 y el voto Nº 232-F-2005 de las 9:50 horas del 14 de abril del 2005].

iv) Ahora bien, en cuanto al plazo normado para incoar el proceso de lesividad, hay que recordar que por regla general es de un año -según los supuestos establecidos en el inciso 1 del artículo 34 del CPCA-; empero, en el caso de estudio, según se desprende del acuerdo de lesividad, el sustento jurídico aplicable es el del artículo 34.2 del CPCA, que justamente dispone la imprescriptibilidad en tratándose de la tutela de bienes de dominio público, que como hemos visto, se clasifica el Patrimonio Natural del Estado. Por ello, en el presente caso, no existe sujeción a plazo alguno para la declaratoria de lesividad del acto adoptado ilegítimamente, ni mucho menos para declarar su nulidad, pues en tratándose de terrenos inalienables, imprescriptibles y no transferibles, como acontece con el inmueble adjudicado inicialmente al señor [Nombre62 003], ningún plazo de prescripción ni de caducidad podría operar para su recuperación, ya que están sujetos a un régimen jurídico especial y afectados o destinados a fines de utilidad pública por su propia naturaleza y vocación, que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos, por lo que se dice que están fuera del comercio de los hombres [al respecto se puede consultar la sentencia de la Sala Constitucional número 2306-1991 de las 14:45 horas del 6 de noviembre del año 1991].

v) En el caso de examen, reafirmamos entonces que el proceso ha sido entablado en tiempo y forma, al haberse declarado de previo a la interposición de esta demanda, por parte del órgano superior jerárquico del Instituto de Desarrollo Rural, la lesividad del acuerdo que se pretende anular, el cual no está sujeto a plazo alguno, por tratarse de la recuperación de bienes de dominio público, siendo que el ejercicio de la acción reivindicatoria del Patrimonio Natural del Estado -en su acepción más amplia-, por lo que se ha reseñado en esta sentencia, resulta intransmisible, inembargable e imprescriptible y constituye más bien un poder-deber de la Administración Pública. Aquí valga la pena aclarar, que no desconoce esta Colegio de Jueces el fuero de protección especial que tienen las personas indígenas; no obstante, en el caso de marras, destacan varios aspectos que es menester destacar y explicarle a doña [Nombre62 001] y a su letrada. El primero de ellos, es que el régimen de protección de propiedades en territorios indígenas es especialmente para las Asociaciones Indígenas como agrupaciones garantes de los derechos de dichos territorios, no para las personas particulares; aquí, no estamos en presencia de la tutela de propiedad colectiva indígena, sino que se trata de una propiedad ordinaria individual; empero, por no ser el tema en discusión, ya que este se trata de un proceso de lesividad, donde ni siquiera se ha presentado reconvención alguna, omitiremos ahondar en detalles. Por otra parte, véase que conforme a la propia copia del informe registral aportado a los autos y según la información que consta en el Registro Inmobiliario, la finca inscrita bajo el Folio Real N° [Valor 006], no fue sino hasta el 12 de setiembre del 2019 que se registró como inmueble situado en territorio indígena, lo cual podría dar pie, para que en otro tipo de proceso, la respectiva Asociación Indígena entable la acción que estime conveniente a sus intereses para la defensa de la propiedad colectiva indígena, una vez que el inmueble haya sido recuperado por el INDER, pero aquí, insistimos, no es lo que está en discusión y por ende, omitimos mayor pronunciamiento sobre el tema. Finalmente, y solo a modo de aclaración, ha de explicarse que la propiedad indígena como tal no es un bien demanial; si bien es cierto comparte las características de inalienable e imprescriptible para un sistema de propiedad colectiva indígena, no puede catalogarse como parte del demanio público. Acorde con lo expuesto precedentemente, tiene por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación de la parcela número 92075 del bloque 114, descrita en el plano catastrado número [Valor 003] , con una medida de once hectáreas siete mil ciento dieciocho metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados, no se cumplimentaron los requisitos necesarios normados en el ordenamiento jurídico, lo que conduce a la admisión de la lesividad requerida y a la declaratoria de nulidad por parte de este órgano colegiado, del acto de traspaso de la finca supra mencionada, lo que incluye a la postre, por conexidad, la anulación también de las segregaciones, traspasos e inscripciones en el Registro Público, que constan bajo las matrículas números [Placa31684 ] a Nombre62 de Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, cuya medida es de ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados; 6-[Valor 007] titulada a Nombre62 de la Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., con una medida de cuatro mil metros cuadrados; [Valor 006] , inicialmente a Nombre62 del señor Nombre22013   y actualmente registrada a Nombre62 de la señora [Nombre62 001], que mide veintiocho mil ochocientos noventa y tres metros cuadrados; y [Valor 008] a Nombre62 de la señora Nombre22014  , con una medida de mil ochocientos metros cuadrados. La nulidad aquí declarada, obedece a que ha tenido por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación inicial y autorización de traspaso e inscripción realizada por el otrora IDA, se obviaron requisitos normativos vigentes en su momento y que resultaban importantes -tales como la prueba de posesión del inmueble a titular, la revisión sobre la conservación del recurso natural, la declaratoria de que las áreas comprendidas en el inmueble no afectaban Patrimonio Natural y el certificado de uso de suelo-, lo cual implica que en buen derecho, la titulación del inmueble referido no se hubiera podido realizar, al menos no en la forma en que se hizo, disponiendo la totalidad del área adjudicada, sin precisar si existía alguna porción que formara parte del Patrimonio Natural del Estado. Por consiguiente, quedando demostrado que no se siguió el procedimiento normado para la adjudicación de tierras y titulación a Nombre62 de don [Nombre62 003] y que las omisiones percibidas, afectan gravemente el acto dictado y lo vicia de nulidad absoluta, al no darle la protección necesaria al principio pro natura que impera en materia ambiental y sobre el cual todos los ciudadanos deben ser partícipes, la lesividad solicitada por el INDER debe ser acogida. Por último, y sólo a mayor abundamiento, denota este Tribunal que el proceso de adjudicación pudo haberlo revertido perfectamente el IDA, pues tal y como se ha constatado en los hechos probados, la inconstitucionalidad de la Ley N° 7599 se dio mediante resolución N° 8560-2001 de las 15:37 horas 28 de agosto de 2001, cuando ni siquiera se había presentado la escritura pública de adjudicación al Registro Nacional, lo cual hace que, aunque se hubiere dictado ya el acto administrativo autorizando el traspaso de la parcela de marras, se pudo haber evitado la inscripción del derecho subjetivo en favor del adjudicatario. Corolario de lo expuesto, deberá anularse el acuerdo número 21 tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, en la Sesión Ordinaria número 005-01, celebrada el 22 de enero de 2001, así como la correspondiente escritura del traspaso de la parcela que fue otorgada el 23 de marzo del 2001 y que dio origen a la inscripción de la finca bajo el Folio Real del Partido de Puntarenas matrícula [Valor Placa704], primeramente a Nombre62 de don [Nombre62 003] y hoy día registrada en favor de la empresa Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, con una medida de ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados, cuya anulación se dispone en este acto. Por conexidad, deberán anularse también los asientos registrales indicados líneas atrás, que han derivado de la inscripción del inmueble [Placa703 ], sea las fincas inscritas en la Provincia de Puntarenas bajo los números [Valor 007] titulada a Nombre62 de la Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., con una medida de cuatro mil metros cuadrados; [Valor 006], inicialmente a Nombre62 del señor Nombre22013   y actualmente registrada a Nombre62 de la señora [Nombre62 001], que mide veintiocho mil ochocientos noventa y tres metros cuadrados; y [Valor 008] a Nombre62 de la señora Nombre22014  , con una medida de mil ochocientos metros cuadrados. Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los inmuebles referenciados, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad estatal que se pretende recuperar.

IX.- SOBRE LAS EXCEPCIONES. Conforme se ha reseñado en esta sentencia, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados del Ministerio de Educación Pública RL se allanó a la demanda, por lo que no interpuso excepciones. Por su parte, tanto la empresa Jabe Maquinaria Agrícola S.A. como los señores Nombre22013   y Nombre22014   fueron declarados en estado de rebeldía al no apersonarse al proceso, por lo que no existen excepciones por ellos incoadas. Incluso, ha de decirse, que esta sentencia no influye ya en el señor Nombre22013 , pues éste vendió la propiedad a la señora [Nombre62 001], quien dicho sea de paso, fue la única que opuso excepciones, alegando la prescripción, la falta de legitimación pasiva, falta de interés y de derecho. Respecto a la primera de las mencionadas, sirva nada más recordar lo que dijéramos en líneas precedentes en cuanto a la imprescriptibilidad de los bienes que forman parte del demanio público, incluido claro está el Patrimonio Natural del Estado, por lo que por una razón lógica, la defensa aludida no puede ser de recibo y ha de ser rechazada. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, la misma ha de correr igual suerte, toda vez que al ser la señora [Nombre62 001], una de las actuales propietarias registrales de un inmueble derivado de la finca adjudicada originariamente al señor [Nombre62 003], goza de la legitimación pasiva suficiente y necesaria para ser parte procesal de esta litis. En lo tocante al interés actual, ha de decirse que el mismo permanece intacto, pues ningún órgano jurisdiccional se ha pronunciado sobre la lesividad requerida. Finalmente, en cuanto al derecho, por lo explicado en los considerandos que anteceden, lo peticionado por el INDER resulta de recibo y por ello se impone el rechazo de la excepción aludida, al haberse tomado un acuerdo que resulta contrario al ordenamiento jurídico, por lo que la acción de lesividad incoada se acoge en todos sus extremos.

X.- SOBRE LAS COSTAS. Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estimamos que existe causa válida para variar la premisa y resolver sin especial condenatoria en costas, toda vez que la adjudicación e inscripción registral realizada inicialmente en favor del señor [Nombre62 003], obedeció a una disposición realizada por la propia Administración Pública. Por otro lado, los demás propietarios, tuvieron que participar en esta litis por disposición del Tribunal, al haber adquirido sus inmuebles de quien en su momento era el legítimo titular, por lo que en criterio de esta Cámara, existió motivo suficiente para litigar en defensa de sus intereses. Incluso, una de las partes traída a estrados judiciales se allanó a la demanda. Consecuentemente, lo que consideramos procedente es resolver el presente asunto sin especial condenatoria en costas procesales y personales.

POR TANTO

Se rechazan las excepciones de prescripción, falta de legitimación pasiva, de interés actual y falta de derecho. Por consiguiente, se declara con lugar la presente acción de lesividad incoada por el Instituto de Desarrollo Rural -INDER- y se dispone la nulidad absoluta del acuerdo número 21 tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario -IDA- en la Sesión Ordinaria número 005-01, celebrada el 22 de enero de 2001, así como la correspondiente escritura del traspaso de la parcela que fue otorgada el 23 de marzo del 2001 y que dio origen a la inscripción de la finca bajo el Folio Real del Partido de Puntarenas matrícula [Placa31684 ], primeramente a Nombre62 de don [Nombre62 003] y hoy día registrada en favor de la empresa Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, con una medida de ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados, cuya anulación se dispone en este acto. Por conexidad, deberán anularse también los asientos registrales que han derivado de la inscripción del inmueble [Placa31684 ], sea las fincas inscritas en la Provincia de Puntarenas bajo los números [Valor 007] titulada a Nombre62 de la Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., con una medida de cuatro mil metros cuadrados; [Valor 006], inicialmente a Nombre62 del señor Nombre22013   y actualmente registrada a Nombre62 de la señora [Nombre62 001] , que mide veintiocho mil ochocientos noventa y tres metros cuadrados; y [Valor 008] a Nombre62 de la señora Nombre22014  , con una medida de mil ochocientos metros cuadrados, así como las respectivas escrituras públicas donde se materializaron dichos traspasos. Finalmente, habrá de mantenerse la medida cautelar ordenada interlocutoriamente en fase de trámite, hasta que la presente sentencia adquiera firmeza. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. ---NOTIFÍQUESE---

Nombre125770 

Karla Madriz Martínez                             Gustavo Irías Obando

 

 




- Código Verificador -
*WAUMOU2CBKO61*
WAUMOU2CBKO61



 

Documento firmado por:

Nombre125770     , JUEZ/A DECISOR/A
GUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A
KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-010566-1027-CA

Goicoechea, Dirección7876 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:25:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**180006341027CA**

**EXPEDIENTE**

15-010566-1027-CA

**PROCESO**

DE CONOCIMIENTO

**ACTOR**

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

**DEMANDADO**

[Nombre 003]

**N° 006-2022-VII**

**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL. SEVENTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** Goicoechea, Dirección18094, at ten o'clock on the twenty-eighth day of January of the year two thousand twenty-two.

Ordinary Proceeding (Proceso de Conocimiento) -Lesividad- brought by the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural) -hereinafter INDER-, represented by Mr. Nombre4487, single, Bachelor in Planning, with identity card number CED122289, resident of Moravia, in his capacity as Executive President with powers of unlimited general agent (apoderado generalísimo sin límite de suma) and Mr. Nombre114598, attorney with powers of special judicial agent (apoderado especial judicial), bar association number CED122290, against Mr. [Nombre62 003], identity card number [Valor 001] of other unknown qualifications and who did not appear in the litigation, and Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, entity holding legal identity card number CED122291, represented by Mr. Nombre124030, attorney, with professional license number CED122292. Also participating, on behalf of the Cooperative of Employees of the Ministry of Public Education (Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública), is Mr. Nombre88660, attorney with license number CED122293, and on behalf of Mrs. [Nombre62 001], the public defender Éricka Quesada Madrigal, bar association number CED122294, both in defense of the passive co-parties (litisconsortes pasivos) joined to the proceedings. Intervening as interested third parties and on behalf of the State and SINAC, respectively, are Mrs. Silvia Quesada Casares, attorney, member number 13586, in her capacity as Deputy Procuradora, and Mr. Verny Avendaño Moya, attorney, bar association number 20438, in his capacity as special judicial agent (apoderado especial judicial).

**CONSIDERANDO**

**I.- PRELIMINARY ASPECTS.** As part of the procedural history (iter procesal), the following is noted:

1) Through a complaint filed on November 24, 2015, INDER's representation initiated this lesividad proceeding, requesting: "1. That this complaint be deemed filed. 2. That because it is harmful to public interests, the resolution adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), in Article 21 of session 005-01, dated January 22, 2001, be annulled, solely as far as it refers to the titling of the farm Partido de Puntarenas, Folio Real number [Valor 002] in favor of [Nombre62 003] (sic), of indicated qualifications, corresponding to the cadastral map (plano catastrado) [Valor 003]. 3. As a consequence (por conexidad), that the public deed issued by the Institute of Agrarian Development be annulled, solely as far as it refers to the titling of the farm Partido de PUNTARENAS, Folio Real number [Valor 002], in favor of [Nombre62 003] (sic) of indicated qualifications, corresponding to the cadastral map [Valor 003]. 4. As a consequence, that the registry entry of the inscription of the farm registered under the Folio Real system Partido de Puntarenas, Folio Real number [Valor 002] issued by the National Registry be annulled. 5. As a consequence, that any inscription arising from the inscription of the real estate registered in the National Registry, Province of Puntarenas Folio Real Matrícula number [Valor 002] be annulled. 6. That the defendant be ordered to pay both costs of this trial." Furthermore, as a precautionary measure, INDER requested the annotation of the complaint and immobilization of the real estate. [the uppercase highlighting is in the original; see images 85-102 of the digitized judicial file]

2) By resolution number 728-2016 at 10:00 on April 7, 2016, the Judge currently handling the case (Juez Tramitador de turno) partially granted the request for a precautionary measure, ordering this complaint to be annotated on the margin of the farm Partido de Puntarenas matrícula number [Valor 002], property registered in the name of Jabe Maquinaria Agrícola S.A. [see images 143-151 ibid]

3) Through an order at 10:38 on April 18, 2016, the Court declared the parties in default and set a time and date for the mandatory Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar). [found in images 155-156 ibid]

4) The Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar) provided for in Article 90 of the Contentious-Administrative Procedural Code began at 13:34 on September 19, 2016, with the presence of INDER's representation and the defendant company. At that opportunity, the company's representative alleged a defect of nullity, considering that Mr. [Nombre62 003] had not been correctly notified. Faced with this situation, the Trial Judge (Juez de Trámite) suspended the proceeding [as recorded in images 164-165 of the judicial file and the electronic record of the proceeding]

5) By resolution number 2420-2016 at 10:20 on October 24, 2016, the Judge currently handling the case (Juez Tramitador) dismissed the nullity allegation, considering that there was no defective procedural activity as alleged, ordering the proceedings to continue. [see images 166-169 ibid].

6) Through a filing submitted on November 3, 2016, the legal representative of the defendant company filed appeals for revocation with a subsidiary appeal, the first of which was rejected, by order at 11:09 on November 16, 2016, while the appeal was deemed withdrawn by resolution number 129-2017-II issued by the Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones) at 08:41 on March 29, 2017. [see images 173-177, 181 and 208 ibid]

7) Through the order issued at 09:01 on July 13, 2017, the Court ordered the suspension of the proceedings, by virtue of an action of unconstitutionality filed against numeral 86 of the Law for the Transformation of the Institute of Agrarian Development into the Rural Development Institute (Ley number 9036). In turn, once the action was resolved, by order at 08:45 on April 25, 2018, the Court ordered the case to continue and a new summons was issued for a Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar). [as recorded in images 210 and 211-212 ibid]

8) At 13:40, the Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar) regulated in numeral 90 of the Contentious-Administrative Procedural Code continued, with the presence of the representations of INDER and the defendant company. On this occasion, at the request of the plaintiff, the judge currently handling the case deemed it necessary to join the State and SINAC to the proceedings as necessary passive co-parties (litisconsortes pasivos necesarios), and therefore suspended the proceeding again. [see images 223-224 of the judicial file and the electronic record of the proceeding]

9) Through briefs filed on June 21, 2018, the representations of the State and SINAC, respectively, appeared in the proceedings, requesting the revocation of the Trial Judge's (Juez de Trámite) resolution that had them joined as co-parties (litisconsortes). Said decision was revoked by the Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones), which, through resolution number 266-2018-I at 11:20 on July 23, 2018, ordered that said entities be deemed interested parties. [as recorded in images 227-234, 251-255 and 273 ibid]

10) Through a filing submitted on September 21, 2018, the State's agent requested the joinder to the proceedings of the persons who had acquired a right by virtue of the segregation of the real estate [Valor 002], namely, Mr. Nombre22013, the Savings and Credit Cooperative of the employees of the Ministry of Public Education RL and Mrs. Nombre22014. [see image 333 ibid]

11) By a filing submitted on October 17, 2018, Mr. [Nombre62 003] presented an incident of defective procedural activity, alleging that in the present proceedings, a person who bears the same name as him, but whose qualifications are different, was notified, a situation that, after the mandatory hearing was granted to INDER, through a brief of November 29, 2018, was accepted as an error on its part when transcribing the complaint and requested its correction, ratifying that it is the same person. [see images 334-337, 354-355 and 356-360 ibid]

12) Through resolution number 2059-2019 at 08:20 on November 14, 2019, the Judge currently handling the case (Jueza Tramitadora de turno) partially granted the incident of defective procedural activity, revoking the declared default and ordering a new notification to be made for Mr. [Nombre62 003]. However, having failed to respond once the proper notification of the complaint was completed, he was again declared in default through the order at 10:58 on March 5, 2020. [as recorded in images 386-393 and 415-417 ibid]

13) By resolution number 473-2020 at 08:00 on March 16, 2020, the Trial Judge (Jueza de Trámite) granted the prior defense of lack of joinder of the necessary passive litisconsortium filed by the State, ordering that Mr. Nombre22013, identity card CED122295, be brought into the proceedings as the registered owner of the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 006], as well as the Savings and Credit Cooperative of the Employees of the Ministry of Public Education, legal identity card CED122296, as the registered owner of the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 007], both farms arising by reason of segregations made to the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 002]. Likewise, and given that the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 006], owned by Mr. Nombre22013, was segregated, giving origin to the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 008], owned by Mrs. Nombre22014, identity card CED122297, also ordered the joinder of said natural person. [see images 436-441 ibid]

14) Through a filing submitted on August 5, 2020, the legal representation of the Cooperative of Employees of the Ministry of Public Education -COOPEMEP R.L.- appeared in the proceedings, subsequently acquiescing to the complaint. [found in images 497-498 and 523-524 ibid]

15) By order at 10:49 on November 4, 2020, the Court declared the joined parties Mrs. Nombre22014 and Mr. Nombre22013 in default, since they did not appear to answer the complaint. [see images 512-515 ibid]

16) On April 10, 2021, the State's representation appearing in the proceedings requested the joinder of Mrs. [Nombre62 001], identity card [Valor CED122298], alleging her to be the current owner of the real estate in the Province of Puntarenas matrícula number [Valor Placa31687]. [see images 534-535 ibid]

17) At 11:06 on April 27, 2021, the Trial Judge (Jueza Tramitadora) at the time continued with the Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar). On that occasion, during the cleanup (saneamiento) phase, the representation of the company Jabe Maquinaria Agrícola S.A. alleged that Mr. [Nombre62 003] had passed away. INDER ratified its claims, clarifying that claim number 5) should be read as follows: "As a consequence, the real estate registered under the Folio Real matrículas [Valor 006], owned by Mrs. [Nombre62 001], [Valor 007], owned by the Savings and Credit Cooperative of the MEP Employees, and [Valor 008], owned by Mrs. Nombre22014, be annulled, and as a consequence, any other inscription arising from the inscription of said real estate registered in the National Registry and which derive from the Puntarenas farm, Folio Real matrícula number [Valor 002] owned by Jabe Maquinaria S.A. be annulled." Additionally, the judge granted the prior defense that had been filed by the State and ordered the joinder as a necessary passive co-party (litisconsorte pasivo necesario) of Mrs. [Nombre62 001], identity card [Valor CED122298], owner of real estate number [Valor 006], registered on December 2, 2020. Given this, the proceeding was suspended again to notify the joined party. [found in images 574-578 of the judicial file and in the digital backup of the hearing held]

18) Through resolution number 660-2021 at 09:20 on May 21, 2021, the Trial Judge (Jueza Tramitadora), as a precautionary measure requested by INDER, ordered this complaint to be annotated on the margin of the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 006] owned by [Nombre62 001], identity card [CED121914], farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 007], owned by the Savings and Credit Cooperative of the Employees of the Ministry of Public Education RL, legal identity card CED122296, and the farm Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula [Valor 008], owned by Mrs. Nombre22014, identity card CED122297. [see images 599-603 ibid]

19) By virtue of the fact that Mrs. [Nombre62 001], bearer of identity card number [CED121914] is an indigenous Nombre42326 person, and given the joinder of parties made, on August 27, 2021, the Court received the answer to the complaint in the negative through the public defense of the Judicial Branch (Poder Judicial), which argued that the land subject to litigation is located in the Salitre Indigenous Reserve, and therefore requested the dismissal of the action, alleging the statute of limitations (prescripción) and lack of current interest. [see images 656-674 ibid]

20) At 08:35 on November 10, 2021, the Trial Judge (Jueza Tramitadora) resumed the mandatory Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar) virtually, via the Microsoft Teams technological platform. On this last occasion, the representations of INDER as the plaintiff and the defendants Jabe Maquinaria Agrícola S.A., COOPEMEP R.L., Mrs. [Nombre62 001] and her public defender participated. The co-defendants Mrs. Nombre22014 and Mr. Nombre22013 did not participate, having been declared in default. Likewise, the representations of the State and SINAC participated in the proceeding as interested third parties. No grounds for nullity were detected, the claims of the proceedings were taken as established, as per the previous Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar), the prior defense of the statute of limitations (prescripción) was deferred to be resolved in the judgment, the disputed facts were established, and only documentary evidence was admitted. The representation of Mrs. [Nombre62 001] offered new evidence, therefore the trial judge (juzgadora de instancia), in application of Article 50.2 of the Procedural Code (Código de rito), reserved the decision for the substantive Court, ordering that the conclusions be submitted in writing. Additionally, the attorney for COOPEMEP RL reiterated the acquiescence (allanamiento) of his represented party. [see images 736-747 of the judicial file and the digital backup of the hearing]

21) Through briefs filed on November 10, 11, and 15, 2021, the representations of the parties who attended the Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar) submitted their conclusions. [see images 711, 714-726, 727-730, 731-732 and 733-735 ibid]

22) The present matter was remitted to the Seventh Section of this Tribunal for final judgment on January 17, 2022, according to the docket maintained by the Court and in accordance with the institutional policy for priority groups. [the records]

23) This judgment is issued, after deliberation and unanimously by the members of the Tribunal, without observing any defects or omissions capable of generating nullity or defenselessness for the parties. Drafted by Judge Nombre125770.

**II.- ON THE NEW EVIDENCE PROVIDED BY THE DEFENSE OF MRS. [Nombre62 001].** As documentary evidence provided at the last Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar) held on November 10, 2021, the public defender of Mrs. [Nombre62 001], an indigenous Nombre42326 person who was joined as a co-defendant, being the current registered owner of the farm Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula No. [Valor Placa19441], presented documentation provided by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) -SINAC-, La Amistad Pacífico Conservation Area, Management of Protected Wild Areas, report SINAC-ACLAP-GASP-IRT-199-2021, dated September 30, 2021, which indicates that real estate number [Valor 006], cadastral map [Valor 016], is located outside the limits of the Protected Wild Areas. As it is relevant to this proceeding and for the pertinent effects, as will be stated, pursuant to what is provided in numeral 50.2 of the Contentious-Administrative Procedural Code, at this act the Tribunal admits the evidence offered, which will be analyzed in the subsequent sections.

**III. ON THE PROVEN FACTS.** The review of the arguments and documents provided by the parties allows the following facts to be taken as accredited:

1) That the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) -IDA-, formerly the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) -ITCO-, today the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural) -INDER-, promoted a series of Titling Programs based on the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves No. 7599 of August 9, 1996, on Articles 11 and 12 of the Law of Lands and Colonization No. 2825 of October 14, 1961, and Article 32 subsection a) of the Law for the Creation of IDA No. 6735, to benefit persons who were in possession of the land but lacked a property title [uncontested fact].

2) That through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 3216-G of October 2, 1973, published in the Official Gazette (Diario Oficial La Gaceta) of November 9, 1973, the Coto Brus Titling Program was created and an area of 157,308 hectares was registered in the National Registry in the name of the then-called IDA, under the Folio Real Matrícula No. [Valor 017] [uncontested fact; see image 15 of the judicial file, point 1.3.1 of report DFOE-PGAA-20-2008 of the CGR].

3) That on October 19, 2000, Mr. [Nombre62 003] filled out an IDA form, so that, within the Coto Brus Titling Program, parcel 92075 of block 114 would be titled in his favor, described in cadastral map (plano catastrado) number [Valor 003], measuring eleven hectares, seven thousand one hundred eighteen square meters and forty square decimeters. In said cadastral map, the property appeared registered in the name of IDA and Mr. [Nombre62 003] as possessor, located in [...], as part of Folio Real No. [Valor 017] [see images 24-28 and 33 of the judicial file].

4) That the Board of Directors of IDA, through resolution number 21 of Ordinary Session No. 005-01 held on January 22, 2001, ordered the segregation and transfer of ten lots and parcels from the Coto Brus Project, as the possessors met the legal conditions and requirements demanded in Law No. 7599 of August 9, 1996, so that the corresponding possessory title (título supletorio de dominio) could be issued to them. Among said possessors was Mr. [Nombre62 003], with parcel number 92075, block 114, for whom the corresponding transfer deed was authorized, granted on March 23, 2001, and which was duly registered under the Folio Real of Partido de Puntarenas, matrícula number [Placa31684] and described in cadastral map (plano catastrado) number [Valor 003], according to which it has an area of 11 hectares 7118 meters with 40 square decimeters and is pasture and forest land [see images 35-37 and 82 ibid].

5) That the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through vote number 8560-2001 at 15:37 on August 28, 2001, declared the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves No. 7599 unconstitutional [consult Nombre25599 on its website].

6) That the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), in report DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, detailed the results of the land titling study in national reserves on lands belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), and urged the Board of Directors of IDA to carry out the corresponding administrative procedures and legal actions, in order to recover the titled lands belonging to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), regarding fifteen cases detailed in said report, which include the properties of the Coto Brus Titling Project [images 10-22 ibid].

7) That through public deed number one hundred ninety-four, granted before Notary Florita Vásquez Calderón at 11:00 on July 28, 2009, Mr. [Nombre62 003] sold to the company Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, legal identity card CED122291, represented by Mr. Nombre125797, the real estate registered in the National Registry, Partido de Puntarenas, Folio Real No. [Valor 002], lot 92075, located in [...], registering on November 17, 2009, an area of eighty-two thousand four hundred twenty-five square meters, based on cadastral map (plano catastrado) number [Valor 003]. In the cited public deed, it was stated: "TAKE NOTE REGISTRY NOT TO RECORD. Although today the entire real estate has been transferred, Mr. Nombre125797, in the capacity in which he acts, undertakes to: segregate a lot of approximately forty-five thousand square meters in favor of Mr. [Nombre62 003] once he has his respective map duly cadastral-registered and approved by the Municipality of Buenos Aires (...)". The registry inscription occurred on November 17, 2009 [the uppercase and bold are from the original; see images 71-74, 76 and 235-236 ibid].

8) That from the same Folio Real No. [Valor 002] of the Province of Puntarenas, the following real estate were segregated and transferred: i) 6-[Valor 007], under map [Valor 024], in the name of the Cooperative of Employees of the Ministry of Public Education RL, registered on December 16, 2010, and with an area of four thousand square meters; ii) [Valor 006], based on map [Valor 016], in the name of Mr. Nombre22013, with an area of twenty-eight thousand eight hundred ninety-three square meters, registered on June 28, 2011; iii) [Valor 008], based on map [Valor 025], in the name of Mrs. Nombre22014, registered on February 10, 2012, with an area of one thousand eight hundred square meters [as recorded in the registry information consulted by the Tribunal on the National Registry's website; see also images 239-250, 550-559 and 560-563 of the judicial file].

9) That through the resolution adopted in Article No. 51 of Ordinary Session No. 036 of October 5, 2015, the Board of Directors of INDER ordered the following: "(...) FILE 58 - TITLING OF PARCEL 92075, BLOCK 114, OF THE COTO BRUS TITLING PROJECT, IN FAVOR OF [Nombre62 003] (sic), IDENTITY CARD NUMBER [Valor CED43410]: The Board of Directors of IDA accepted the recommendation and agreed to transfer the parcel through Resolution number 21 of Ordinary Session number 005-01, held on January 22, 2001. The corresponding deed of transfer of the parcel was granted on March 23, 2001, and was duly registered under the Folio Real of Partido de Puntarenas Matrícula [Valor 002] and described in Cadastral Map (Plano Catastrado) number [Valor 003], according to which it has an area of 11 hectares (sic) 7118 meters with 40 square decimeters and is pasture and forest land (...). In the titling file, it is recorded that the certification from MINAE establishing that the land is not part of the Protected Wild Areas was not presented. In the titling file, there is no record that the INTA land use suitability study was presented (...)." Given this, it was agreed: "1) To declare the administrative acts issued through Resolutions 21 of Ordinary Session 005-01, held on January 22, 2001 (...) that gave origin to the property titles registered in the Property Registry under Partido de Puntarenas with Folio Real Matrícula number [Valor 002] in favor of [Nombre62 003] (...) harmful to the public interest, because they were granted to the detriment of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) (...)" [see images 82-84 ibid].

10) That on December 2, 2020, the farm registered in Folio Real No. [Valor 006], based on map [Valor 016], with an area of twenty-eight thousand eight hundred ninety-three square meters, was registered in the Real Estate Registry in the name of Mrs. [Nombre62 001], by virtue of a sale made to her by Mr. Nombre22013 [as recorded in images 536-541, 595-596 of the judicial file and on the National Registry's website].

11) That through official document DADIS-186-2021 dated June 28, 2021, the Secretary of the Board of Directors of the Integral Development Association for Indigenous Peoples of Salitre (Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre), certified that Mrs. [Nombre62 001], identity card number [Valor CED122298], is an indigenous Nombre42326 person from the Salitre territory [see image 627 of the judicial file].

12) That the La Amistad Pacífico Conservation Area, Management of Protected Wild Areas of SINAC, issued report SINAC-ACLAP-GASP-IRT-199-2021, dated September 30, 2021, stating that: "1. The location of the requested real estate was carried out, using Geographic Information Systems, based on the geographic location contained in the cadastral map. 2. As a result of the process described in the preceding paragraph, it was determined that the real estate Folio Real [Valor 006], cadastral map [Valor 016], is located outside the limits of the Protected Wild Areas. 3. Attached map with the location of the real estate" [the bold is from the original; found in image 709 ibid].

**IV.- ON THE UNPROVEN FACTS.** From the evidentiary elements examined, the following has not been proven:

1) That for the titling of parcel number 114 that gave origin to the farm Partido de Puntarenas Folio Real No. [Valor 006], cadastral map [Valor 016], registered in the name of Mr. [Nombre62 003], certifications from MINAE were presented stating whether the lands to be adjudicated formed part or not of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) [lacking proof].

2) That in the titling file granted in favor of Mr. [Nombre62 003], there is record of the INTA land use suitability studies according to the nature of the real estate and of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) [it is not extracted from the records].

3) That the Integral Development Association for Indigenous Peoples of Salitre exercises any act of possession and/or disposition for the housing and occupation of some other indigenous persons of the Salitre territory, aside from Mrs. [Nombre62 001], over the farm registered under Folio Real No. [Valor 006], cadastral map [Valor 016] [absence of proof in this regard].

4) That Mr. [Nombre62 003] had belonged to any indigenous territory and that he was married to Mrs. [Nombre62 001] [no proof was provided].

**V.- ON THE ARGUMENTS OF THE PARTIES.** The legal representative of INDER stated in the first instance that the formerly called Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) -IDA-, formerly the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) -ITCO-, promoted a series of Titling Programs in National Reserves, based on the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves No. 7599 of August 9, 1996, on Articles 11 and 12 of the Law of Lands and Colonization No. 2825 of October 14, 1961, and Article 32 subsection a) of the Law for the Creation of the Institute of Agrarian Development No. 6735. He argued that such Titling Programs were established as a national necessity, since there were large tracts of the national territory where farmers lacked a property title. IDA's work within the cited programs was oriented toward declaring Titling Zones in areas where persons were in possession of the land but lacked a property title, proceeding to carry out the survey and cadastre of the farms that were not registered in the Public Registry and to register the respective title, with the beneficiaries having to pay the costs for the titling and surveying, whose costs were far below the market average for titling lands, and which were to be paid to IDA within a maximum term of one year.

She added that within such programs was the so-called "Coto Brus Titling Program" created by Executive Decree No. 3216-G of October 2, 1973, published in the Official Gazette La Gaceta of November 9, 1973, and that an area of 157,308 hectares was registered in the National Registry in the Name62 of the IDA, with Real Folio registration number [Valor Placa31688]. According to her, within the framework of the Coto Brus Titling program, and through a written submission presented to the Institute, the defendant filed a request for titling of parcel 114-92075 described in cadastral map No. [Valor 003]. She added that within the titling file there is no certification issued by the National System of Conservation Areas of MINAE, in which said entity referred to whether or not the parcel intended to be titled was located within any protected wilderness area, or whether or not it was part of the Natural Heritage of the State as established in articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law No. 7575 of April 16, 1996. Furthermore, she said, it is not recorded in the file that the defendant submitted the INTA soil-use conformity study, or one from a duly accredited private professional to conduct such study, nor that any report from the National Geographic Institute was submitted; therefore, she argued, in the farm's titling process the requirements that supported its registration in favor of the defendant were not met. She referred that, by agreement of the IDA Board of Directors, adopted in article 21 of Ordinary Session 005-01 held on January 22, 2001, the segregation and transfer of the property in favor of the defendant was authorized, a property that constitutes parcel number 114-92075 of the Coto Brus Project, located in District 01, Corredores, Canton 10 Corredores, of the Province of Puntarenas, with a measurement of one hundred seventeen thousand one hundred eighteen meters and ninety square decimeters, corresponding to the farm Partido de Puntarenas, Real Folio No. [Valor 002], Cadastral Map number [Valor 003], whose segregation and transfer of the referred parcel was executed by the IDA via public deed. Subsequently, the INDER representation indicated, the document entitled "Study to Support Oversight Work on Land Titling in the Coto Brus, Aranjuez River Basin, Llanuras de San Carlos and Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz, and Northern Zone projects of the Agrarian Development Institute (IDA)" was prepared, which was sent via official memorandum DEGE0-096-08 of August 5, 2008, in which the situation of the lands comprising the Coto Brus Project, among others, was described. Similarly, through Report No. DFOE-PGAA-20-2008 dated August 27, 2008, from the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR) entitled "Results of land titling studies in national reserves on lands belonging to the Natural Heritage of the State" and addressed to the IDA, it was indicated that said study allowed for the determination that within the scope of the various titling projects and in contravention of articles 13, 14, 15, and 33 of the Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, the IDA titled properties with partial or total forest cover (cobertura boscosa) or that possessed land-use and topographical characteristics that granted them the status of lands suitable for forestry and of protection areas, and therefore, could not leave State Administration, nor be susceptible to titling in favor of applicants for being part of the Natural Heritage, and because not each and every requirement necessary to proceed in accordance with the body of laws in force at that time for the titling to be appropriate was present or provided. In that report, the CGR ordered the IDA to carry out the corresponding administrative procedures and actions, in order to initiate the process of recovering the lands titled by the IDA that belonged to the Natural Heritage of the State. Name62, that later Mr. [Name62 003] transferred the aforementioned parcel to the company Jabe Maquinaria Agrícola S.A., which was done via public deed number 194 before the Notary Public Florita Vásquez Calderón. In response, she explained, the Board of Directors of INDER, through the agreement adopted in article 51, Ordinary Session No. 36-2015 of October 5, 2015, declared the administrative act issued by agreement No. 21 of Ordinary Session No. 005-01 held on January 22, 2001, of the Institution's Board of Directors, which gave rise to the property title registered in the Property Registry, Partido de Puntarenas, Real Folio registration number [Valor 002] in favor of [Name62 003], to be detrimental to public interests, for having been granted to the detriment of the Natural Heritage of the State. As part of the substantive arguments, INDER stated that in the titling of parcel 114-92075 of the Coto Brus project, regulatory requirements necessary and provided for in the Law for the Titling of Lands in National Reserves No. 7599 of April 29, 1996, or in its case, the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves published in Gazette 173 of September 10, 2002, in conjunction with the Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, and the Regulation to the Land Use Law 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, were not complied with, non-compliances that generate defects in the administrative act. The cause of nullity in the cases subject to this proceeding affects public interest, since by reason of the non-compliances with the aforementioned regulations, the IDA authorized the transfer of said parcel, which is part of the Natural Heritage of the State. According to her, in the case of the parcel in question, registered in favor of the defendant, it is recorded in the file submitted as evidence that the fact of having possessed the lands demonstrates the pre-existence of possessory tenure of the parcel prior to the Board of Directors' agreement for its transfer (adopted in article 21 of Ordinary Session 005-01 held on January 22, 2001). In this regard, it is considered that the cause of acquisition of those lands by the possessors was the possession exercised by them and not the transfers or sales made by the IDA, since the Institute only received in exchange the cost of preparing the corresponding maps and not the price of the properties themselves; in this regard, there was no agreement between thing and price, the Institute could not transfer the lands to the best offeror, but rather had to transfer them to the possessor who demonstrated compliance with the legal requirements, limiting itself to verifying those requirements (article 10 of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves). She also explained that, under the auspices of Constitutional Chamber ruling number 04587-97 of 3:45 p.m. on August 5, 1997, the legal nature of the acts in the titling projects carried out by the IDA was merely declaratory, they were limited to recognizing the property right acquired by a person through the figure of usucapion, for its registration in the Public Registry, and not acts that constituted property rights. As part of the defects of absolute nullity, the INDER's legal representative emphasized that the cited article 10 of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves was not complied with, which established that lands not subject to administration by MINAE should be titled. Moreover, article 32 of the Organic Law of the Environment was not complied with, insofar as protected wilderness areas are administered by MINAE, and article 13 of the Forestry Law, which establishes that the Natural Heritage of the State is administered by MINAE; therefore, it is concluded that the certification from that Ministry determining that the land is not within protected wilderness areas or the Natural Heritage of the State was an essential and unavoidable requirement for the validity of the procedure before the IDA, and the subsequent titling, given that in the case in question, the certification stating that the land to be titled according to the cadastral map is not affected by or immersed within conservation areas, the Natural Heritage of the State is not recorded within the titling file for parcel 114-92075, and thereby an evident and manifest defect of absolute nullity was generated. Additionally, there is no record that the soil-use conformity study was submitted, which is required by the Regulation to the Land Use Law number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which came into effect on March 21, 2001, that is, before the titling of parcel 114-92075 in favor of Mr. [Name62 003]; hence the study was mandatory, so its non-compliance generates another defect of absolute nullity. Thus, INDER argued, the nullity of the administrative act (due to non-compliance with essential requirements and for being contrary to prohibitive norms) by which the titling of the property discussed here was produced, injures the public interest, since through that act, absolutely null and void, lands that form part of the Natural Heritage of the State were titled, which damages public order by preventing the enjoyment of the right that every person has to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of article 50 of the Political Constitution, which is in turn a norm of public order. As for the parties held as defendants in the first instance, namely Mr. [Name62 003] and the company Jabe Maquinaria Agrícola S.A., it is worth recalling they were held in default. The same occurred with Messrs. Name26452 and Name22013, for whom the complaint was also deemed answered affirmatively regarding the facts. In relation to the representation of COOPEMEP, it expressly stated its acquiescence to the lawsuit. For her part, Mrs. [Name62 001], who claimed to be the wife of Mr. [Name62 003] and joined the proceedings as a necessary passive co-litigant, being the last and current registered owner of the farm registered in Partido de Puntarenas No. [Valor 006], in her condition as an indigenous Bribri person, stated through her public defender that most of the facts are not known to her and therefore she rejected them. She clarified that the land where she resides and which is the object of this litigation was already in possession before the IDA decided to carry out the transfer. Regarding the lack of the INTA requirement, she indicated that the plaintiff entity did not clarify which defendant party it was referring to, and as for the non-compliance with the National Geographic Institute report, it is also not established on what regulation such a requirement is based. She explained that in the case of her property, what occurred was a segregation and transfer to her husband, without stipulating that any special requirements had to be met. According to her, for more than 20 years she has been living on said property, which previously belonged to her husband and now belongs to her, possession that she has exercised in a public, peaceful, continuous manner and as owner, first jointly with her husband, and later, personally when he passed away. In another vein, she pointed out that it is not recorded under what technical criteria the assessment was made and it was determined that the property constitutes Natural Heritage of the State. In that sense, she indicated that rather, the farm of Partido de Puntarenas No. [Valor 006], legally registered in her name, is affected by being within the Salitre Indigenous Reserve, so that, under the protection of articles 2 and 3 of the Indigenous Law No. 61721 and 3, 4 and 5 of its Regulation, INDER lacks the capacity, right, and standing to bring this type of proceedings, especially since she is indigenous and belongs to the Name42326 people in the indigenous territory of Salitre. Name62, that it must be clear that INDER did not transfer or grant any right to Mr. [Name62 003], but rather it was an entire legal fiction in order to be able to access a loan, which consisted of the lands that were being possessed by their owners being passed to the Name62 of the then IDA, to later be adjudicated and placed in the Name62 of those same possessors, but now as owners, given that she is the wife of the deceased Mr. [Name62 003] to whom the land object of this litigation was adjudicated and which they have occupied for many years. In response, she added, the CGR's assessment is mistaken when indicating that by carrying out the transfer, the IDA granted property over lands belonging to the State, since these were already in the possession of [Name62 003] and his wife for many years. Therefore, she stated, thinking about annulling the adjudication of the land without due compensation would be a violation of the right to property, as well as of the principles of legal certainty and legitimate expectations, making it inappropriate to try to carry out, via a lesivity action, a dispossession of land where they have resided for many years prior, which would also transgress the intangibility of one's own acts. The defense of Mrs. [Name62 001] also maintained that, despite INDER indicating that a series of requirements had been breached, it did not determine which legal norm requires them; indeed, she said, reference was made to a law that is expelled from the legal system for being unconstitutional, such as Law No. 7599 on the Titling of Lands Located in National Reserves, by considering that the property object of this litigation is within a National Reserve of some type, which lacks any evidentiary basis. Faced with this situation, she argued, if it is not clear that the land is in a protected wilderness area and it is not demonstrated in the administrative or judicial file, how can one start from the fact that it is, and how can one presume that said property title was granted to the detriment of the Natural Heritage of the State? Consequently, and because the land is in indigenous territory, she alleged the defenses of lack of passive legitimacy, lack of right and current interest, as well as the statute of limitations, for more than 20 years having elapsed since the property was titled, requesting that the lesivity proceeding be dismissed in its entirety. Now, the representation of the State appearing in the proceedings argued, in its capacity as an interested third party, that in the titling carried out by the plaintiff entity that gave rise to property number [Valor 017], map [Valor 003], and whose agreement is sought to be annulled through this process, the certification from MINAE was not submitted, nor the reports from INTA and IGN, so the requirements for registration were not met. It also justified that article 14 of the Forestry Law provides for the inalienability and imprescriptibility of the lands of the Natural Heritage of the State, on which national jurisprudence has repeatedly ruled, citing various rulings of the First Chamber and of this very Court, considering it a public domain asset. Thus, acts and agreements entered into privately over a public domain property segment, due to the nature of the asset, absence of capable ownership, and contravention of prohibitive laws, become absolutely null. Therefore, the occupation vitiated by nullity is transmitted to each subsequent acquirer, as the cause will always be outside the legal system. Consequently, it supported the declaration of lesivity and the nullity requested by INDER. Finally, SINAC's judicial representative, in a laconic manner regarding the lesivity action undertaken and in its capacity as a third party, pointed out that the object of the process is to favor the public domain condition of the assets and that what is sought in this judgment is for the lands in dispute to be placed under the tutelage, use, and enjoyment of the State and not of a private individual.

VI.- ON THE LESIVITY PROCESS IN GENERAL. As a starting point, it is necessary to highlight that, in general terms, the lesivity process is a jurisdictional mechanism, through which the ordinary legislator authorized Public Administrations to bring annulment claims regarding acts declaratory of subjective rights issued by them. In these types of judicial processes, the validity of a specific formal conduct, which has generated subjective rights in favor of an administered party - an individual or legal entity - is analyzed. Precisely for this reason, the mandatory participation of the recipient of the act whose nullity is sought is necessary, in order to guarantee not only the adversarial principle but also the timely exercise of their right to defense. In our legal system, article 34 of the Contentious Administrative Procedure Code -CPCA- is the norm that sets the preliminary elements and procedural regulations of this figure; however, said normative precept must be harmonized with numerals 173.6 and 183, both of the General Law of Public Administration -LGAP-, in order to have a complete picture of the subject matter being addressed. From the harmonious combination of these norms, it is concluded that in this type of process, active standing is granted to the Administration that issued the challenged act, while the passive standing belongs to the administered party who is the recipient of the effects of that formal conduct. This is so because, as indicated above, lesivity constitutes an instrument for the legal suppression of specific administrative acts that create subjective rights, insofar as they are substantially non-conforming with the legal system - acts vitiated by absolute or relative nullity - (articles 128, 158, 165 and concordant articles of the LGAP). Thus, the lesivity process is a further guarantee for the administered party, in which, applying the principle of the intangibility of one's own acts, the Administration cannot by itself eliminate the effects of an act declaratory of subjective rights, but rather it is through this process and by a jurisdictional body, independent of the Administration that authored the act whose annulment is sought for being detrimental to public interest, that such right-creating acts can be suppressed. Now, it is important to remember that in addition to what has already been noted, it is essential that the supreme hierarchical superior of the respective Public Administration -issuer of the formal conduct being challenged- declare the act detrimental, when public, economic, or other interests have been affected. Furthermore, according to our body of laws, when the act emanates from the Central Administration, the lawsuit can only be initiated by the Office of the Attorney General of the Republic (article 16 of the CPCA). Regarding the time available, both to declare the act detrimental and to file the judicial lesivity process in question, the CPCA establishes a one-year term calculated from the day following the issuance of the act, to declare it detrimental in the administrative venue. The foregoing, except in cases where the referred formal conduct has defects of absolute nullity, in which case, pursuant to the provisions of subsection 34.1 of the CPCA, that internal declaration can be made while the effects of the act endure. In that case, by mandate of said norm, the year is calculated from the cessation of its effects, and the judgment ordering the eventual nullity will do so only for the annulment and future inapplicability of the challenged conduct. After the declaration of lesivity, the CPCA grants a one-year period to the respective Public Administration -calculated from the day following the finality of such declaration- to initiate the contentious administrative lesivity proceeding - article 39 of the CPCA. In summary, as indicated, for the initiation of a lesivity process and consequent ruling on the merits, the following is required: i) the existence of a specific, final administrative act declaratory of subjective rights; ii) that said formal conduct has defects of absolute or relative nullity; iii) that the referred act has been declared detrimental to public, economic, or other interests in the administrative venue by the supreme hierarchical superior of the Administration that issued it; iv) that such declaration of lesivity is made within the one-year period provided for in numeral 34 of the CPCA -except for matters relating to the protection of public domain assets, which is not subject to a time limit - article 34.2 of the CPCA; v) that the contentious lesivity process is initiated by the Public Administration that issued the act, within the one-year period provided for by article 39.1.e) of the CPCA - with the aforementioned exception regarding public domain assets - and/or that the act contains defects of absolute nullity that are perpetuated over time. The fulfillment of these prerequisites regarding lesivity will be analyzed later by the Court to verify whether or not the nullity request made is appropriate.

VII. ON THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE. It is worth remembering that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was recognized and protected as such in our country, even before the reform of article 50 of the Political Constitution, by Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969 - repealed by Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996 -, which not only contained "... as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, utilization, industrialization, administration, and promotion of the country's forestry resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources..." (article 1), but also the concepts of Forest (article 6) and Forest Heritage of the State (article 32, first paragraph). Regarding the Forest Heritage of the State, Forestry Law No. 4465 established its characteristics (article 33); the competent bodies to administer and supervise the Forest Heritage of the State, which according to that regulation were the General Forestry Directorate and the Ministry of Environment and Energy (article 32, second paragraph); the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the Forest Heritage of the State, among which stand out: the actions for the recovery of those properties (article 33); the establishment, within the Natural Heritage of the State, of forest reserves, protective zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (articles 35 to 37); the demarcation on the lands of the areas that constitute the Forest Heritage of the State (article 38). For its part, in Forestry Law number 7575 of February 5, 1996, which currently governs us, that concept is taken up again but with a variation in the name, as it is now called Natural Heritage of the State, which is a broader term that encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (article 3, subsection c of the Forestry Law). The Natural Heritage of the State is public domain, which is why the lands and forests comprised within it are unseizable, imprescriptible, and inalienable; while their conservation and administration are entrusted by law to the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the Forestry Law, 32 second paragraph of the Organic Law of the Environment). Furthermore, it is composed of two important components: 1) Protected Wilderness Areas, whatever their management category and whether declared by Law or by Executive Decree, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Forestry Law 7575, articles 1, paragraphs 2, 3 subsection i; Organic Law of the Environment No. 7554, article 32; Biodiversity Law No. 7788, articles 22 et seq. and 58; National Parks Service Law No. 6084, article 3 subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE No. 7152 and its Regulation; Wildlife Conservation Law No. 7317, numeral 82, subsection a); and 2) The other forests and forest lands of the inalienable areas, of the farms registered in its Name62, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, which have an immediate legal affectation (subsection 13, first paragraph of the Forestry Law) / [in this regard, see judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 2:53 p.m. on November 12, 2008]. Now, another aspect that is of vital importance to indicate is that the Natural Heritage of the State does not require an express declaration, given that, according to articles 13 and 14 of the Forestry Law, as well as what was resolved by the Constitutional Chamber in its rulings 1992-03789 and 1997-04587, forested areas, lands suitable for forestry, mangroves, and wetlands included within inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. In this sense, it is evident that the State -in the broad sense of the term- has the legal and constitutional duty to guarantee, defend, and protect forested areas, lands suitable for forestry, mangroves, wetlands, among others, included in inalienable areas, and must take the necessary measures for their effective protection and conservation, as in this case, in which the annulment is sought of an administrative act that should never have come into legal existence, given that it contains defects of absolute nullity.

VIII.- ON THE LESIVITY IN THE SPECIFIC CASE. From the exhaustive analysis of the case records and the evidence provided by the parties that are attached to the judicial file, this Court concludes that article 21 of session 005-01, held by the former IDA on January 22, 2001, regarding the titling of the farm Partido de Puntarenas, Real Folio No. [Valor 002] granted at the time in favor of Mr. [Name62 003], with the corresponding cadastral map No. [Valor 003], and through which the adjudication, segregation, and transfer of parcel No. 92075, block 114 of the so-called Coto Brus Project was approved, must necessarily be annulled, for having been issued contrary to the legal system. The foregoing will also imply the partial annulment of the public deed through which the segregation and transfer of the property was authorized, insofar as it concerns Mr. [Name62 003], as well as the property registration in his Name62 and its subsequent transfers, as will be indicated below, given that the initial adjudication made in favor of Mr. [Name62 003] did not comply with the regulatory requirements established for this purpose by the legal system. Faced with this, once the examination of the indispensable prerequisites that are essential in this type of process is carried out, as highlighted in recital six, this Chamber determines that the declaration of lesivity made by the plaintiff Administration meets the stated requirements, which is explained as follows:

i) As has been referenced, there exists a specific, final administrative act declarative of rights, in favor of the person initially summoned to the judicial proceedings, namely Mr. [Name62 003], adopted by the IDA Board of Directors in its article 21 of session 005-01, dated January 22, 2001, which ordered the segregation and transfer of eleven lots and parcels of the Coto Brus Project, among them, parcel number 92075, block 114, which ultimately generated the titling of the farm of Partido de Puntarenas, Real Folio number [Valor 002], described in cadastral map number [Valor 003], with a measurement of eleven hectares, seven thousand one hundred eighteen square meters and forty square decimeters, located in [...] Puntarenas, as part of Real Folio No. [Valor 017]. Evidently, then, the first prerequisite for lesivity is present, that is, the specific, final administrative act declarative of subjective rights in favor of the private individual to whom the indicated parcel was adjudicated.

ii) The agreement referred to supra is precisely the formal administrative conduct that is sought to be annulled through this process, as INDER considers it contains defects of absolute nullity due to non-compliance with requirements necessary for its adoption. In this regard, this Court finds that, just as the plaintiff entity argued, the agreement adopted at the time by the Board of Directors of the then IDA contravened the legal system and therefore contains defects of absolute nullity perpetuated in time that it is necessary to reverse. First, it should be noted that, despite the Law for the Titling of Lands in National Reserves, No. 7599 of April 29, 1996, having been declared unconstitutional by ruling number 8560-2001 of 3:37 p.m. on August 28, 2001, it was in force at the time the former IDA carried out the adjudication of the parcel identified with number 92075-114, and therefore, it was the law that served as the basis for said administrative act. However, this Court notes that the Administration did not comply with essential requirements that were regulated in said law and that were mandatory to observe at the time. Thus, for example, numeral 3 of that body of law stated: "ARTICLE 3.- Proof of possession.

The lands mentioned in the preceding article that are not subject to administration by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) shall be transferred and registered in the name of their respective possessors. For such purposes, possession shall be understood as exercised by whoever has used the land rationally in a peaceful, permanent, public, and uninterrupted manner, and as owner for a period of no less than five years. Proof of possession shall be made through summary information (información sumarísima) provided by qualified officials of the Land Titling Department (Departamento de Titulación) of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario). It must necessarily include the following requirements: a) Name, surnames, personal details, domicile, and identity card number of the possessor or possessors. b) The respective cadastral map (plano catastrado). c) Nature, location, surface area, boundaries, names and surnames of the adjoining landowners, and the linear measurement of the frontage to public roads; all in accordance with the cadastral map of the property. d) A statement from the adjoining landowners of their conformity with the data set forth in the property’s cadastral map. e) A declaration from three neighboring witnesses of the place, who attest to the possession exercised by the occupant. These witnesses may be the same adjoining landowners. Testimonial evidence shall be unnecessary if a public or private document of certain date, granted more than five years prior, is presented in the act, in which the possessor’s right is recorded; all at the discretion of the Institution. f) An on-site inspection (inspección ocular) by the official to verify the measurement, location, and use of the land, with the express review that the natural resource has been conserved. g) A sworn declaration by the possessor that the property is not registered nor in judicial or extrajudicial dispute, and that they possess it under the terms established in this law. h) Acceptance of the adjudication under the terms and conditions established in this law. i) Not having registered, in the Public Registry, properties exceeding three hundred hectares, through the possessory information procedure (...)". [the highlighted in bold is original]. In the specific case, there is no evidence that, prior to the transfer made to Mr. [Name 003], the Administration carried out the effective verification required by the norm to corroborate the conservation of the natural resource, nor that possession existed under the terms established by law; indeed, the only thing on file in the administrative titling record, compiled regarding parcel number 92075-114, is the respective IDA form, without any certification of possession from Mr. [Name 003] or of the nature of the property having been attached. Furthermore, we also find a violation of the provisions of Articles 6 and 7 of said law, as they stated: "ARTICLE 6.- Executive Decree. When the Board of Directors (Junta Directiva) of the Institute of Agrarian Development has chosen the zone where the titling program is to be carried out, it shall inform the Executive Branch so that, by decree, it may declare the area subject to the program. The same communication shall be made upon completion of the program in each zone so that, by decree, the encumbrance on the respective area may be lifted. Before the Institute communicates with the Executive Branch for it to prepare the corresponding decree, it must inform the Ministry of Environment and Energy so that it may determine whether there is any encumbrance on lands for forestry use (tierras de uso forestal) or located in conservation areas belonging to the State’s heritage (áreas de conservación patrimonio del Estado). ARTICLE 7.- Information on the areas. The Ministry of Environment and Energy shall be obligated to inform the Institute of Agrarian Development, prior to the executive decree mentioned in Article 6 and within a term of two months from the date of receipt of the request, whether the areas comprised in the zone referred to in this decree are declared, according to the laws and decrees in force, as forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), national parks (parques nacionales), biological reserves (reservas biológicas), wildlife refuges (refugios de vida silvestre), wetlands (humedales), or other management categories within the country’s conservation areas. For the purposes of this article, administrative positive silence shall not operate." [emphasis added]. In this case, there is no evidence of such determinations by the competent authorities as to whether the property to be transferred was subject to any encumbrance on lands for forestry use or located in conservation areas that are State Heritage (Patrimonio del Estado). And it is important to highlight here that only one of the parties that were integrated into the process as defendants, by virtue of the traditio of the property subject to this lesividad (declaration of harmfulness) proceeding, raised any opposition in this regard, given that two of them were declared in default (rebeldía), while another acquiesced (se allanó) to the facts of the lawsuit. In light of this, we must explain that the public defense of Ms. [Name 001], an indigenous person of Nombre42326 and current owner of one of the properties segregated (segregados) from the land initially adjudicated to Mr. [Name 003], with real folio registration number [Value Placa11683], which she received through a purchase from Mr. Name22013 , who in turn had also purchased from Mr. [Name 003], submitted as evidence a report dated September 30, 2021, by the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLAP), Protected Wild Areas Management (Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas) of SINAC, identified as SINAC-ACLAP-GASP-IRT-199-2021, in which the following was stated, as is of interest here: "1. The location of the requested property was carried out using Geographic Information Systems, based on the geographic location contained in the cadastral map. 2. As a result of the process described in the preceding paragraph, it was determined that the property with real folio [Value 006], cadastral map [Value 016], is located outside the boundaries of the Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas). 3. Attached map with the location of the property" [the underlined is added, the bold belongs to the original]. For this Chamber, two things are relevant from the referenced official communication, which precisely motivated its acceptance as part of the evidentiary record to be considered in this judgment; the first is that the signatory of that administrative act expressly stated that the location of the property was made based on the geographic location contained in the cadastral map, i.e., it constitutes a study that we could call "office" or "desk" and not a field study, meaning there was never a real transfer to the zone to verify whether the property, or any portion thereof, forms part of the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the broadest sense; and the second is that said communication does not expressly state whether the areas comprised in the zone are declared as forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, wildlife refuges, wetlands, or other management categories within the country’s conservation areas, as required by Article 7 cited above, which contrasts precisely with report DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, where the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), more than a decade ago, had detailed the results of the study of land titling by the Board of Directors of the IDA on lands belonging to the State’s Natural Heritage, including properties of the Coto Brus Titling Project (Proyecto de Titulación Coto Brus). Thus, the information contained in that document differs from the requirement demanded by Ley 7599, as it does not precisely state that the property is not in State Heritage conservation areas, as highlighted by the comptroller body, it being evident that from an office one cannot determine whether the titling carried out violated an important aspect that was vitally important at the time and remains so even now, given the protection of environmental resources as public domain assets (bienes demaniales). Therefore, said piece of evidence only reinforces that the agreement reached not only violated the norms just transcribed—applicable at the time—but also failed to consider the provisions regarding the unavailability (indisponibilidad) of the State’s Natural Heritage, as an asset forming part of the public domain (demanio público). In summary of the foregoing, it is important to highlight that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), in ruling 8560-2001 of August 28, 2001, annulled in its entirety Ley N° 7599, defining the effects of the judgment "in the sense that the declared unconstitutionality does not affect persons who have titled their lands under the protection of the Law now declared unconstitutional, provided that the term of three years to challenge the effects of that declaration has elapsed." As a result of the above, the three-year convalidation period from the date of the adjudication act in favor of the acting party, which occurred on January 22, 2001, was not met either, because on the date when said Ley N° 7599 was annulled, i.e., August 28 of the same year, that period had not elapsed, such that the administrative act, even if fulfilling all the normative requirements prevailing at the date of titling, lacked the convalidation period due to the supervening nullity of Ley N° 7599, which is why the adjudication based on it becomes null.

iii) This Court also has accreditation, as was outlined at the time, of the declaration of lesividad made by the supreme hierarchical superior of INDER, based on Article 34.2 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and Article 176 and following of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), with evidence in the record that through an agreement reached by its Board of Directors in Article N° 51 of Ordinary Session N° 036 of October 5, 2015, the following was resolved: "(...) FILE 58 - TITLING OF PARCEL 92075, BLOCK 114, OF THE COTO BRUS TITLING PROJECT, IN FAVOR OF [Name 003] (sic), IDENTITY CARD NUMBER [Value CED43410]: The Board of Directors of the IDA accepted the recommendation and agreed to transfer the parcel through Agreement number 21 of Ordinary Session number 005-01, held on January 22, 2001. The corresponding deed for the transfer of the parcel was granted on March 23, 2001, and was duly registered under the Real Folio of the Puntarenas District, Registration [Value 002], and described in Cadastral Map number [Value 003], according to which it has an area of 11 hectares (sic) 7118 meters and 40 square decimeters and is pasture and forest land (...). The titling file shows that the MINAE certification establishing that the land is not part of the Protected Wild Areas was not presented. The titling file does not show that the INTA soil use conformity study was presented (...)." In light of this, it was agreed: "1) To declare harmful to public interests (lesivo a los intereses públicos) the administrative acts issued through Agreements 21 of Ordinary Session 005-01, held on January 22, 2001 (...) which gave rise to the property titles registered in the Property Registry under the Puntarenas District with Real Folio Registration number [Value 002] in favor of [Name 003] (...) for having been granted to the detriment of the State’s Natural Heritage (...)." As we can clearly see, the full intention of INDER’s Board of Directors is evident to reverse the adjudication carried out contrary to the law, and therefore, the interest in annulling the initially adopted agreement, through the declaration of lesividad that is being heard in this proceeding. In this regard, it must be recalled that the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has stated that "that declaration, in the administrative venue, is the necessary prerequisite for the lesividad proceeding, through which the Administration seeks the nullity of its own final act, such that without it, it is impossible to challenge it in the judicial venue, as it would violate elementary principles of constitutional importance such as respect for acquired rights and the theory of one’s own acts, as well as those of legal certainty and security. Therefore, that declaration predetermines and conditions the scope of the lawsuit." [see in this regard ruling N° 415-2003 of 8:30 hours on July 18, 2003, and ruling Nº 232-F-2005 of 9:50 hours on April 14, 2005].

iv) Now, regarding the time limit established for filing the lesividad proceeding, it must be recalled that as a general rule it is one year—according to the assumptions established in subsection 1 of Article 34 of the CPCA—; however, in the case under study, as can be inferred from the lesividad agreement, the applicable legal basis is Article 34.2 of the CPCA, which precisely establishes imprescriptibility in the case of protection of public domain assets (bienes de dominio público), into which category, as we have seen, the State’s Natural Heritage is classified. Therefore, in the present case, there is no subjection to any time limit for the declaration of lesividad of the illegitimately adopted act, much less for declaring its nullity, since in the case of inalienable, imprescriptible, and non-transferable lands, as is the case with the property initially adjudicated to Mr. [Name 003], no statute of limitations (prescripción) or lapse (caducidad) period could operate for its recovery, as they are subject to a special legal regime and affected or destined for purposes of public utility by their very nature and vocation, which is manifested in the direct or indirect use that any person may make of them, hence it is said that they are outside the commerce of men [in this regard, see Constitutional Chamber ruling number 2306-1991 of 14:45 hours on November 6, 1991].

v) In the case under examination, we reaffirm therefore that the proceeding has been instituted in a timely and proper manner (en tiempo y forma), given that prior to the filing of this lawsuit, the hierarchical superior body of the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) declared the lesividad of the agreement sought to be annulled, which is not subject to any time limit, as it concerns the recovery of public domain assets, with the exercise of the reivindicatory action for the State’s Natural Heritage—in its broadest sense—being, as has been outlined in this judgment, non-transferable, non-attachable, and imprescriptible, and constituting rather a power-duty of the Public Administration. Here it is worth clarifying that this Panel of Judges does not ignore the special protective jurisdiction (fuero de protección especial) held by indigenous persons; however, in the instant case, several aspects stand out that are necessary to highlight and explain to Ms. [Name 001] and her counsel. The first is that the regime for protecting properties in indigenous territories applies especially to Indigenous Associations (Asociaciones Indígenas) as groups that guarantee the rights of said territories, not to private individuals; here, we are not in the presence of the protection of collective indigenous property, but rather it concerns ordinary individual property; however, as this is not the issue under discussion, since this is a lesividad proceeding, where no counterclaim (reconvención) has even been filed, we shall refrain from going into detail. On the other hand, note that according to the copy of the registration report provided to the record and according to the information contained in the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario), the property registered under Real Folio N° [Value 006] was not until September 12, 2019, that it was registered as a property located in indigenous territory, which could give rise, in another type of proceeding, for the respective Indigenous Association to file the action it deems appropriate for its interests to defend collective indigenous property, once the property has been recovered by INDER, but here, we insist, that is not what is under discussion and therefore we refrain from further comment on the issue. Finally, and just by way of clarification, it must be explained that indigenous property as such is not a public domain asset (bien demanial); although it is true that it shares the characteristics of inalienability and imprescriptibility for a collective indigenous property system, it cannot be classified as part of the public domain. In accordance with the foregoing, this Court has accredited that in the adjudication of parcel number 92075 of block 114, described in cadastral map number [Value 003], measuring eleven hectares, seven thousand one hundred eighteen square meters and forty square decimeters, the necessary requirements established in the legal system were not fulfilled, which leads to the admission of the requested lesividad and the declaration of nullity by this collegiate body of the transfer act for the aforementioned property, including eventually, by connection (por conexidad), the annulment also of the segregations, transfers, and registrations in the Public Registry that appear under registration numbers [Placa31684] in the name of Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, whose area is eighty-two thousand four hundred twenty-five square meters; [Value 007] titled in the name of Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., measuring four thousand square meters; [Value 006], initially in the name of Mr. Name22013 and currently registered in the name of Ms. [Name 001], measuring twenty-eight thousand eight hundred ninety-three square meters; and [Value 008] in the name of Ms. Name22014 , measuring one thousand eight hundred square meters. The nullity declared herein is due to the fact that this Court has accredited that, in the initial adjudication and authorization of transfer and registration carried out by the former IDA, normative requirements that were in force at the time and were important were omitted—such as proof of possession of the property to be titled, the review regarding the conservation of the natural resource, the declaration that the areas comprised in the property did not affect Natural Heritage, and the soil use certificate—which implies that, in good law, the titling of the referred property could not have been carried out, at least not in the manner it was done, disposing of the entire adjudicated area without specifying whether any portion formed part of the State’s Natural Heritage. Consequently, it having been demonstrated that the regulated procedure for land adjudication and titling in the name of Mr. [Name 003] was not followed, and that the perceived omissions gravely affect the issued act and render it absolutely null (vicia de nulidad absoluta), by not providing the necessary protection to the pro natura principle (principio pro natura) that prevails in environmental matters and in which all citizens must participate, the lesividad requested by INDER must be granted. Finally, and only for greater abundance, this Court notes that the IDA could perfectly have reversed the adjudication process, since, as has been verified in the proven facts, the unconstitutionality of Ley N° 7599 was declared through resolution N° 8560-2001 of 15:37 hours on August 28, 2001, when the public deed of adjudication had not even been presented to the National Registry, which means that, even though the administrative act authorizing the transfer of the parcel in question had already been issued, the registration of the subjective right in favor of the grantee could have been avoided. As a corollary of the above, agreement number 21 taken by the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development, in Ordinary Session number 005-01, held on January 22, 2001, must be annulled, as well as the corresponding deed of transfer of the parcel that was granted on March 23, 2001, and which gave rise to the registration of the property under the Real Folio of the Puntarenas District, registration [Value Placa704], first in the name of Mr. [Name 003] and currently registered in favor of the company Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, measuring eighty-two thousand four hundred twenty-five square meters, the annulment of which is ordered in this act. By connection, the registration entries indicated above that have derived from the registration of property [Placa703] must also be annulled, i.e., the properties registered in the Province of Puntarenas under numbers [Value 007] titled in the name of Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., measuring four thousand square meters; [Value 006], initially in the name of Mr. Name22013 and currently registered in the name of Ms. [Name 001], measuring twenty-eight thousand eight hundred ninety-three square meters; and [Value 008] in the name of Ms. Name22014 , measuring one thousand eight hundred square meters. Until this judgment becomes final, the precautionary measure (medida cautelar) of annotation of the lawsuit on the referenced properties must be maintained, in order to provide adequate protection to the state property sought to be recovered.

IX.- ON THE DEFENSES. As has been outlined in this judgment, the Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública RL acquiesced (se allanó) to the lawsuit, so it did not file defenses. For their part, both the company Jabe Maquinaria Agrícola S.A. and Mr. Name22013 and Ms. Name22014 were declared in default (rebeldía) for failing to appear in the proceeding, so there are no defenses filed by them. Indeed, it must be said that this judgment no longer affects Mr. Name22013 , as he sold the property to Ms. [Name 001], who, incidentally, was the only one who filed defenses, alleging the statute of limitations (prescripción), lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), lack of interest, and lack of right. Regarding the first of those mentioned, suffice it to recall what we said in preceding lines regarding the imprescriptibility of assets forming part of the public domain, including of course the State’s Natural Heritage, such that for a logical reason, the defense invoked cannot be granted and must be rejected. Regarding the lack of passive standing, it must suffer the same fate, given that as Ms. [Name 001] is one of the current registered owners of a property derived from the land originally adjudicated to Mr. [Name 003], she enjoys sufficient and necessary passive standing to be a procedural party in this litigation. With regard to current interest, it must be said that it remains intact, as no jurisdictional body has ruled on the requested lesividad. Finally, regarding the right, for the reasons explained in the preceding considerandos, what is requested by INDER is valid, and therefore the rejection of the defense invoked is imposed, an agreement having been reached that is contrary to the legal system, for which reason the lesividad action filed is granted in all its terms.

X.- ON COSTS. According to the regulation of Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so, and their exemption only proceeds when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the case under study, we consider that there is valid cause to vary the premise and resolve without a special award of costs, given that the initial adjudication and registry registration made in favor of Mr. [Name 003] resulted from a decision made by the Public Administration itself. Furthermore, the other owners had to participate in this litigation by order of the Court, having acquired their properties from whoever was the legitimate owner at the time, so in the opinion of this Chamber, there was sufficient reason to litigate in defense of their interests. Indeed, one of the parties brought before the court acquiesced (se allanó) to the lawsuit. Consequently, what we consider appropriate is to resolve this matter without a special award of procedural and personal costs.

WHEREFORE

The defenses of statute of limitations, lack of passive standing, current interest, and lack of right are rejected. Accordingly, this lesividad action filed by the Institute of Rural Development (INDER) is granted, and the absolute nullity of agreement number 21 taken by the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development (IDA) in Ordinary Session number 005-01, held on January 22, 2001, is ordered, as well as the corresponding deed of transfer of the parcel that was granted on March 23, 2001, and which gave rise to the registration of the property under the Real Folio of the Puntarenas District, registration [Placa31684], first in the name of Mr. [Name 003] and currently registered in favor of the company Jabe Maquinaria Agrícola Sociedad Anónima, measuring eighty-two thousand four hundred twenty-five square meters, the annulment of which is ordered in this act. By connection, the registration entries that have derived from the registration of property [Placa31684] must also be annulled, i.e., the properties registered in the Province of Puntarenas under numbers [Value 007] titled in the name of Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L., measuring four thousand square meters; [Value 006], initially in the name of Mr. Name22013 and currently registered in the name of Ms. [Name 001], measuring twenty-eight thousand eight hundred ninety-three square meters; and [Value 008] in the name of Ms. Name22014 , measuring one thousand eight hundred square meters, as well as the respective public deeds in which those transfers were materialized. Finally, the precautionary measure ordered interlocutorily during the procedural phase must be maintained until this judgment becomes final. It is resolved without a special award of costs. ---NOTIFY---

Name125770

Karla Madriz Martínez Gustavo Irías Obando

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GUSTAVO IRIAS OBANDO, DECISOR/A JUDGE
KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, DECISOR/A JUDGE

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Goicoechea, Address7876, 50 meters west of BNCR, opposite Café Dorado. Telephones: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01
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