Res. 00254-2022 Tribunal Agrario — Titling in protected areas requires proof of prior decennial possessionTitulación en área protegida requiere posesión decenal previa demostrada

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00254 - 2022

Fecha de la Resolución: 08 de Marzo del 2022 a las 08:25

Expediente: 18-000038-0699-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 6




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

IGNACIO FELIPE GOMEZ ROMERO

 

   

VOTO N° 254-F-2022

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas veinticinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós.-

PROCESO NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]   , mayor, soltero, estudiante, vecino de La Cima de Copey de Dota, cédula de identidad número CED1 -   -  . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Silvia Elena Quesada Casares, cédula de identidad número CED2 -     -    , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -       - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 -     -  , en calidad de  apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial del promovente el licenciado Lenin Mendiola Varela, carné tres mil setecientos noventa y seis. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

 Redacta el juez Darcía Carranza; y,

                                                  CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: I.- El gestionante [Nombre1]   , interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " Terreno de cultivos de mora y tacotal, sito en [Dirección1] ,  : ,  : , de la Provincia de San José, Mide de extensión: Diez mil metros cuadrados. Linda al Norte: [Nombre2]    y servidumbre agrícola legalmente constituida con un frente a ella de siete metros lineales, al Sur: [Nombre3]  , al Este: [Nombre2]   , y al Oeste: [Nombre4]  . El terreno a inscribir corresponde con el plano catastrado número uno-dos uno siete ocho dos cinco nueve - dos mil veinte e inscrito en fecha veintitrés de enero del dos mil veinte," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 2 a 9). II.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en expediente descargado en modo pdf imágenes 55 a 59; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en imagen 63.- III.- El juez Jose Francisco Chacón Acuña, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 2021000178 de las catorce horas treinta y seis minutos del seis de setiembre de dos mil veintiuno se, resolvió: "POR TANTO: Se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria. En consecuencia se ordena al Registro Inmobiliario, inscribir a nombre de [Nombre1]   , soltero, estudiante, cédula CED5    , vecino de Macho Gaff El Guarco, Cartago, el inmueble sin inscribir, que se describe así: Terreno de cultivos de mora y tacotal, sito en La Cima, [Dirección2] : ,  : , de la Provincia de San José, Mide de extensión: Diez mil metros cuadrados. Linda al Norte: [Nombre2]    y servidumbre agrícola legalmente constituida con un frente a ella de siete metros lineales, al Sur: [Nombre3]  , al Este: [Nombre2]   , y al Oeste: [Nombre4]  . El terreno a inscribir corresponde con el plano catastrado número uno-dos uno siete ocho dos cinco nueve - dos mil veinte e inscrito en fecha veintitrés de enero del dos mil veinte. Tanto el inmueble a titular como las presentes diligencias se estimaron en tres millones de colones cada uno de esos extremos. La posesión ejercida ha sido en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueño diez años antes de la creación de la Reserva Forestal Los Santos según declaraciones de los testigos [Nombre5]  , [Nombre6]   y [Nombre7]  . El citado inmueble se encuentra libre de gravámenes, cargas reales y condueños, salvo lo referente al gravamen de servidumbres de paso y agrícola legalmente constituidas y su inscripción se hace sin perjuicio de terceros de mejor derecho. Se hace saber que el inmueble a titular queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía en calles públicas según lo disponen los artículos cuatro de la Ley General de Caminos Públicos y diecinueve, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. De conformidad con el numeral treinta y tres, inciso b) de la Ley Forestal número siete mil quinientos setenta y cinco, queda prohibida la corta o eliminación de árboles. Firme esta resolución extiéndase la certificación de ejecutoria correspondiente para su inscripción en el Registro Inmobiliario," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 353 a 362).- IV.- Asimismo, el gestionante, solicita por medio de su escrito presentado el siete de setiembre del año dos mil veintiuno (ver imágenes 366 a 367), adición y aclaración sobre la Sentencia N° 2021000178, dictada a las catorce horas treinta y seis minutos del seis de setiembre de dos mil veintiuno. En vista de lo anterior el Juzgado Agrario de Cartago dicta resolución de las catorce horas diecisiete minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, en la cual resuelve: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la ley de Jurisdicción Agraria, por economía y celeridad procesal y al no tratarse de un aspecto que altere en lo esencial lo dispuesto, adiciónese al contenido de la Sentencia N° 2021000178, dictada a las catorce horas treinta y seis minutos del seis de setiembre de dos mil veintiuno, en el sentido que el cantón donde se ubica el inmueble es el numero 17 Dota, San José y el promovente es vecino de la Cima de Copey de Dota, así como el nombre del padre del promovente es [Nombre4]  . Agréguese copia de esta resolución a la ejecutoria," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 368 a 379).-

II.-  Hechos Probados . Se prohíjan los hechos probados contenidos en la sentencia dictada.

III- Apelación. La Procuraduría General de la República a traves de la Procuradora  Silvia Quesada apela el fallo dictado con fundamento en lo siguiente:  Alega se trata de un bien demanial por cuanto el área a titular se encuentra dentro de la Reserva Forestal Los Santos y en el área de los [Dirección3]  contiguos a la [Dirección4] con cobertura de robledales la cual estuvo declarada Parque Nacional entre los años 1945 y 1973 y que los testigos manifestaron conocer el terreno apenas desde 1960.

1) El terreno se localiza dentro de la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto 5389 de 12 de octubre de 1975, y en la franja de 2 kilómetros de protección

de robledales contigua a la carretera [Dirección4], cuya afectación al dominio público es incluso anterior (plano 1-2178259-2020, oficios D-0979 de 7 de agosto de 2018, y SINAC-ACC-OSRS-447-2018), y no permite la consolidación de la prescripción positiva en el terreno si no se demuestra una posesión decenal previa a 1939: La Ley General sobre Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, estableció: “Artículo 6°-No podrán enajenarse baldíos situados en una zona…de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la [Dirección5] .” Por ello, tales áreas fueron susceptibles únicamente de arrendamiento, conforme con el artículo 62 ibídem. Pero, como es sabido, la posesión apta para usucapir es aquella en calidad de propietario (Código Civil, artículo 856), no de arrendatario, y nadie puede cambiar unilateralmente la naturaleza de su título: “La posesión adquirida en virtud de un título no traslativo, no es apta para la usucapión civil. Si, verbigracia, se ha entrado en posesión en virtud de un arrendamiento o por mera tolerancia, no se cuenta con el requisito del título y si se trata de un derecho real diverso del dominio, como podría ser, por ejemplo, el usufructo, se podría adquirir éste por usucapión mas no el de propiedad.” Sala Primera, sentencias 45-1996, 607-F-2004 y 934-F-2006. Luego, la Ley 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General sobre Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos “comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección6]  y del resto del trazado por construir que tengan robles”. Por su parte, la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, derogó la Ley General sobre Terrenos Baldíos, pero reiteró tal declaratoria (artículos 7 inciso a), y 10), calificando sus terrenos como inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión: “Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo dominio privado, los siguientes: Los comprendidos en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección6]  en las zonas donde existan robles;” (artículo 7 inciso a). “Declárase Parque Nacional la zona de [Dirección7] metros a ambos lados del trazado de la [Dirección6]  en donde existan robles (Quercus sp)…” (artículo 10). La Sala Constitucional ha señalado que los artículos 7 y 10 de la Ley de Tierras y Colonización contienen una afectación al dominio público: “La Ley de T ierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección8]       Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales.” Voto 98-15 considerando VI. “De conformidad con el artículo 7°, inciso f), de la Ley de Tierras y Colonización las franjas fronterizas, en un ancho de [Dirección9] kilómetros, se encuentran protegidas bajo un régimen de dominio público en el que nadie puede alegar válidamente derecho de posesión alguno sobre ellas útil para adquirir terrenos en ellas por vía de titulación.” Voto 18836-2014. Los artículos 7.a) y 10 de la Ley 2528 fueron derogados el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley 5385 de 30 de octubre de 1973, no obstante, el Decreto 5389 de 12 de octubre de 1975 creó la Reserva Forestal Los Santos, por lo que no hay posesión válida para la consolidación de la prescripción positiva (artículo 860 del Código Civil). La sentencia constitucional 4587 de 15:45 hrs. de 5 de agosto de 1997, analizando el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, destacó la importancia de contemplar, en el cálculo del tiempo para la usucapión, la existencia de normas que antaño declararan inalienables los terrenos: “…resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan en relación con esos temas, y que obligan al juez -en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo -que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio -que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieran esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud que favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular - mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene una personas de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que -por un lado deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y -por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público.” La negrita es nuestra. Asimismo, el Tribunal Agrario, en voto 472-F-04, indicó: “Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público.” Así lo  retomó en los siguientes precedentes: “Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público…Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho.” El destacado es nuestro. Voto 26-2002. “…la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección9] mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección10] ... Es importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de cuando se afecta un bien al demanio público… En consecuencia, se comparten los razonamientos de la representante del Estado.” Voto 533-F-13, y en el mismo sentido el No. 623-F-11. “…es importante mencionar que ante los problemas de traslape detectados no sólo dentro de la Reserva Forestal, sino también en fincas del Estado y área inalienable de la carretera interamericana, no es procedente alegar derechos sobre dicho inmueble mediante el ejercicio de la posesión, debido a que por su naturaleza, y al ser en su mayoría terreno con bosque, no son suceptibles de apropiación, sino que incluso pueden formar parte del Patrimonio Natural del Estado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Forestal, por lo que la posesión ejercida por el promovente o sus anteriores transmitentes no sería válida.” Voto 649-F-12.

El criterio vertido en la sentencia que se recurre, considera que la normativa que afectó ese sector a dominio público desde 1939, por estar derogada al momento de dictar la sentencia, no surtió efectos, autorizando a un particular a hacer valer la ocupación allí ejercida durante el período de su vigencia, negándole todo efecto jurídico a las normas anteriores, no obstante, el Derecho derogado supervive para regular los hechos o situaciones acontecidos o nacidos bajo su vigencia, conocido como el fenómeno de supervivencia del derecho abolido o ultraactividad de las normas derogadas, reconocido por la Sala Constitucional: “La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. El principio "tempus regit actus", dispone que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque sea derogada después. Así, la denominada ultraactividad de las normas, consiste en normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.” Sentencia constitucional 18840-2014. Y, en similar sentido, los votos constitucionales 9469-07, 11079-15, este último en la misma línea de los Nos. 15002-07, 1668-10, 9340-10, 9640-10 y 9340-11. Además, aunque el voto constitucional 1142-2017 declaró la incompetencia de dicha sede en la materia, indicando que debe ser resuelto por el “intérprete último” de la jurisdicción ordinaria, la Sala Primera, en sentencia 256-F-SI-2015, estableció que son de aplicación las normas anteriores a la declaratoria de área silvestre protegida que contengan afectaciones al dominio público previas. Entonces, durante la afectación a dominio público de la franja de 2 km contigua a la carretera interamericana cesó la posibilidad de ejercer derechos de posesión privada sobre esos terrenos, y además se declaró Parque Nacional entre 1945 y 1973. El Tribunal Agrario ha acogido el razonamiento expuesto: “es claro que la posesión en el periodo del año 1954 a 1964, que debió ser acreditada en este caso en calidad de dueño, no es posible tenerla por debidamente demostrada. Ello por cuanto, a partir del año 1945, el inmueble a titular, formó parte de un territorio afectado con la declaratoria de Parque Nacional y dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrario tendientes a acreditar una posesión apta para usucapir”. Voto 157-F-18 de 16:07 hrs. de 27 de febrero de 2018. “es importante mencionar que ante los problemas de traslape detectados no sólo dentro de la Reserva Forestal, sino también en fincas del Estado y área inalienable de la carretera interamericana, no es procedente alegar derechos sobre dicho inmueble mediante el ejercicio de la posesión, debido a que por su naturaleza, y al ser en su mayoría terreno con bosque, no son susceptibles de apropiación, sino que incluso pueden formar parte del Patrimonio Natural del Estado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Forestal, por lo que la posesión ejercida por el promovente o sus anteriores transmitentes no sería válida.” Voto 649-F-12 de 16:05 hrs. de 29 de mayo de 2012. “la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección11] … Es importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de cuando se afecta un bien al demanio público…En consecuencia, se comparten los razonamientos de la representante del Estado” Voto 533-F-13 de 14:34 hrs. de 31 de mayo de 2013, en el mismo sentido, el 623-F-11 de 10:35 hrs. de 23 de junio de 2011. No obstante, la sentencia impugnada omite tomar en cuenta las citadas normas que afectaron la franja de 2 km, y que incorporaron esos terrenos al dominio público. 2) Para invocar un derecho de propiedad sobre terrenos situados en áreas declaradas demaniales, debe probarse una posesión igual o superior a diez años, anterior a la vigencia de la ley o decreto que las afectó. Si el particular, al momento de afectarse los terrenos, no reúne en su favor posesión decenal continua con los requisitos del artículo 856 del Código Civil, no puede pretender la titulación, al no poder poseer válidamente sobre un terreno demanial. Ello es así pues no procede “dotar de título a personas particulares que han venido ocupando bienes públicos sobre los cuales no pueden ejercer ningún acto de posesión, ni adquirir sobre ellos ningún derecho, ya que por tratarse de bienes públicos o demaniales son imprescriptibles e inalienables” (voto constitucional 18836-2014). En este asunto, la cadena de transmisión no fue probada de manera nítida e indubitable, requisito indispensable para acreditar la posesión, como lo ha exigido el Tribunal Agrario en la Reserva Forestal Los Santos:

“XI.-…para probar posesión como hecho, no basta con aportar escrituras públicas. El apelante pretende subsanar lo que no se probó con la testimonial… aportando como prueba con la apelación, la escritura pública… y asegura que en ella consta que quien le traspasó la posesión… Resalta… solo la poseyó por dos meses, razón por la cual los testigos no la mencionan al momento de narrar la cadena de posesión. Aunque ello es cierto y pueda entenderse que por ese poco espacio temporal los testigos no citaron a la señora… como poseedora del terreno, lo indicado no es suficiente para tener por acreditada la cadena posesoria que amerita un caso como el presente, en el cual al está de por medio la titularidad sobre un bien que, de no probarse debidamente se tiene propiedad privada, sería de dominio público y de interés ambiental. Existen por eso normas más exigentes al respecto en la Ley de Informaciones Posesorias, como el numeral 7, y la cadena de transmisión debe ser probada en forma nítida e indubitable. ” El subrayado es nuestro. Tribunal Agrario, voto 1102-F-2020.

La testimonial no demostró el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la afectación demanial, pues hubo imprecisión en cuanto al tiempo de conocer el terreno y el que supuestamente estuvieron los transmitentes. Además, ninguno precisó cuánto exactamente el tiempo que tendría de poseer el promovente. Veamos. [Nombre5]  , con 72 años de edad, manifestó conocer el terreno “desde hace como 60 años”, y que el promovente es su sobrino-nieto. [Nombre6]   , con 70 años de edad, dijo visitar el terreno “hace 60 años aproximadamente” para cacería y coger pájaros, pero no sabe cuánto mide, y sus referencias fueron del tiempo en que dijo haber conocido el terreno, no de la actualidad. Y, [Nombre7]  , con 74 años de edad, no precisó desde cuándo conoce el terreno, no sabe cuánto mide ni cómo se llama el lugar donde está ubicado, incumpliendo con los preceptos 6 y 7 de la Ley 139/1941. Dichas declaraciones deben analizarse a la luz de los precedentes del Tribunal Agrario que no da credibilidad a la frase indeterminada “…más de…” para probar la

posesión más allá sin el cómputo de un período exacto: “…consta en autos que tales testigos conocen el fundo, al menos desde los años 1963, 1958 y 1977, respectivamente, de manera tal que no existe certeza les haya constado el ejercicio de la posesión desde el año 1954 en que fue afectada dicha área por la Reserva, a la fecha en que citan en sus declaraciones. Ciertamente, todos ellos sin excepción incluyeron en su declaración "...más de...", lo cual podría admitir una interpretación amplia tal como que fueron muchos años antes, o una restringida, de días atrás a la fecha indicada. Ante tal incertidumbre no podría el Tribunal asumir una u otra posición, pues objetivamente, solo le constan los años citados, sea 1958, 1963 y 1977.” Voto 872-F-06. “IV.-…mediante la prueba testimonial no se demostró la posesión anterior a la creación…ello aunado a lo indicado por el testigo…de conocer el inmueble de los años sesentas; sin que realizará ninguna especificación con respecto al año exacta de conocerlo… De lo anterior, se desprende que el a-quo…no encontró certeza sobre el tiempo de posesión anterior a la creación del Parque Nacional, pues en cada caso debió demostrarse de manera nítida el tiempo de posesión, así como la cadena posesoria de los transmitentes, con prueba idónea. De ahí que el agravio de la parte recurrente no sea de recibo, toda vez que el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias exige la declaración de tres testigos contestes en relación con la posesión decenal anterior a la creación del Parque.” Voto 33-F-12. El subrayado es nuestro. “la testigo…afirmó conocer la propiedad de hace más de diez años, sin especificar fecha aproximada, por lo que tomando la fecha de la declaración hacia atrás se tiene que la testigo conoce el inmueble aproximadamente en el año 2002, debido a que la declaración fue rendida en el año 2012, por lo que no logra acreditar la posesión decenal anterior a la creación de la zona protectora” Voto 174-F-13. "El punto medular acá es que los tres testigos... afirmaron que en esta materialidad se ha ejercido una posesión de más de cuarenta años, pero no especificaron o precisaron qué tanto más de cuarenta, aspecto que era fundamental para aprobar estas diligencias... el afirmar los citados declarantes "más de cuarenta años" no implica que se demostró en forma fehaciente que lo ha hecho al menos desde hace cuarenta y seis años... la referencia genérica de "más de cuarenta años" no permite subsanar, interpretar o convalidar que implica los seis años (más de la mitad del plazo requerido) de acreditación de la posesión". Voto 25-2015. "el señor… dijo conocer el inmueble a titular "hace más de cuarenta años" sin que se pueda interpretar, tal testimonio lo conoce desde el año de 1968. Ciertamente, el testigo dijo "Conozco las propiedades que quieren inscribir desde que tengo uso de razón desde hace más de cuarenta años. Esos terrenos era de…, quien lo tuvo como cuarenta y siete años...", pero eso no genera certeza acerca de si esa información le consta en lo personal o fue porque se lo comentaron, por lo que no existen elementos probatorios suficientes en el proceso como para presumir que conoce el fundo desde 1968, que sería la posesión decenal previa a la creación de la reserva forestal". Voto 765-2016. “V...Los testimonios rendidos no dan para demostrar la posesión decenal previa a la creación de la zona protegida. Los deponentes…rindieron su declaración el dieciocho de abril del dos mil diecisiete, ambos indicaron conocer el terreno desde hace más de cuarenta años, lo cual se remonta hasta el año 1977...De conformidad con lo expuesto, es claro la prueba testimonial no demuestra la posesión decenal de ahí, que no lleve razón la apelante en sus argumentos esgrimidos, por lo que se debe confirmar el rechazo de las presentes diligencias de información posesoria, al ser el bien objeto de titulación un bien integrante del Patrimonio Natural del Estado.” Voto 301-F-18. “IV.-… La citada posesión decenal ha de demostrarse con tres testigos, pero ellos deben responder a la demostración de los hechos afirmativos del promovente, según lo estipulado en el artículo 7 de Informaciones Posesorias. Como ya se dijo, los tres testigos son para demostrar la posesión que dice haber ejercido el titulante en su escrito inicial cuyo contenido es con carácter de declaración jurada, así que si el mismo titulante manifestó su posesión lo era de más de diez años, sin indicar a partir de cuándo era su posesión…los 3 testigos se reciben con la idea de respaldar su dicho, lo cuál resulta en este caso incoherente entre los hechos afirmados en el escrito inicial con lo expresado por los declarantes.- Por lo expuesto, lleva razón la representante del Estado al afirmar la posesión derivada no se ha demostrado de manera diáfana, por lo que existe contradicciones o imprecisiones en la demostración de los hechos esenciales para la aprobación del título que se pretende…“ Voto 1058-F-2020. El subrayado es nuestro.

Además, y sobre la declaración jurada aportada por el promovente, para hacer valer la posesión transmitida debe haber congruencia entre los testimonios, los documentos aportados y las manifestaciones del promovente, para que estos

merezcan la credibilidad, lo que no ocurre en este caso: “…tratándose de un fundo que está en su totalidad comprendido dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, siendo ésta patrimonio natural del Estado, el titulante debe acreditar con claridad la cadena posesoria, si es que pretende hacer valer los títulos traslativos de propiedad.” Tribunal Agrario, voto 926-F-04. “Es criterio de este T ribunal que la cadena de transmisión debe ser diáfana de tal forma, no exista la menor duda de las sucesiones que se han verificado en la posesión que se pretende aprovechar.” Tribunal Agrario, voto 810-F-07. “…resulta evidente los testigos dan una versión diferente a la documental y a lo dicho por el promovente en el memorial de solicitud, pues estos indican que el [Nombre8] … se encuentra en el fundo desde aproximadamente el año de mil novecientos sesenta y cinco, cuando de la prueba documental y lo dicho por éste de que adquirió en el año de 1978, contradice totalmente lo dicho por los testigos, por lo que los mismos no le merecen credibilidad a éste T ribunal.” Tribunal Agrario, voto 688-F-07.

Asimismo, los testigos deben acreditar el tiempo de ocupación de cada transmitente para poder hacer valer la posesión transmitida: “…los testigos indican que la señora …fue la anterior dueña del fundo; sin embargo, no indicaron durante cuánto tiempo ejerció actos posesorios en el inmueble, de manera tal que no podría sumarse a la posesión del promovente la ejercida por su madre, pues en ninguna de las tres declaraciones se menciona el tiempo durante el cual la señora… ejerció posesión y tampoco, cuales fueron las características de esa posesión, de manera tal que lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgado al denegar la Información Posesoria.” Tribunal Agrario, voto 1434-F-11. “…se comparte los argumentos expuestos por el a-quo al rechazar las diligencias de información posesoria; procediendo éste a valorar la prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, evidenciándose la contradicción entre las pruebas que constan en autos, sin que se encontrara certeza sobre el tiempo de posesión anterior a la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, pues en cada caso debió demostrarse de manera nítida el tiempo de posesión, así como la cadena posesoria de los transmitentes, con prueba idónea. De ahí que el agravio del recurrente no sea de recibo, toda vez que el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias exige la declaración de tres testigos contestes en relación a la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce; así como la demostración de la cadena posesoria por parte de anteriores transmitentes.” Tribunal Agrario, voto 75-F-12. “Es de mucha importancia hacer referencia a quienes fueron los anteriores poseedores así como el tiempo de posesión de cada uno de ellos para así hacer valer una posesión derivada.” Tribunal Agrario, voto 80-f-13 y 362-F-12. “…a la hora de referirse a los propietarios del terreno y sus anteriores adquirentes, los testigos no fueron coincidentes en sus declaraciones ni pudieron especificar el momento en el que tales personas ejercieron la posesión, ya que por un lado, uno afirmó que la propiedad actualmente se encuentra a nombre de… y otra que es de… que se adquirió por compra a… y el último testigo indicó que el inmueble le pertenece a…, y que fue adquirido por una herencia de parte de la señora…” Tribunal Agrario, voto 174-F-13. “…es necesario probar de forma diáfana la cadena de transmitentes, porque el ordinal 7 de la ley en cita no modifica lo exigido en el artículo 856 del Código Civil, y por tal razón la persona que desea obtener un título de propiedad y desea hacer valer la posesión de los anteriores transmitentes, debe probar de forma diáfana la cadena de transmitentes y todos los detalles de esa situación, para aprovecharla, lo cual como se explicó no ocurrió en este asunto”. Tribunal Agrario, voto 255-f-13. “…los tres testigos no se refirieron a los actos posesorios desplegados por los anteriores poseedores, ni a cuánto tiempo estuvieron cada uno en el inmueble. Tampoco indicaron en qué momento empezó a poseer el terreno el [Nombre8]…, a fin de verificar la decenalidad posesoria requerida, máxime en casos donde están de por medio terrenos de interés ambiental. Dada la declaratoria de área silvestre protegida de la zona en que se encuentran.” Tribunal Agrario, voto 282-F-13. “…debieron los testigos referirse a que dentro de la cadena posesoria se encontraba este señor…, y ninguno hizo referencia al mismo. Si bien es cierto, algunos de los testimonios coinciden en algunos nombres de anteriores poseedores, dicha cadena transmisora (sic) no es completa en cuanto algunos poseedores como… de quien nadie hizo referencia salvo… en declaración de…, y de quien se adquiere… sobre el cual no hubo testigo que lo mencionara, siendo éste el que le vendería al promovente de la finca.- Las referencias de los nombres de anteriores poseedores a las que hacen mención los testigos, no son suficientes, pues no se brinda una información completa de todos los participaron (sic) en esa cadena posesoria, ni los tiempos de posesión que habían en cada uno de ellos, así como tampoco el tipo de posesión por estos ejercida, máxime el inmueble se ubica dentro de la Reserva Forestal Grecia.” Tribunal Agrario, voto 516-F-13. “El deponente indicó que don… le traspasó al promovente hace como cinco o seis años, lo cual no es coincidente con las deposiciones de … y …, quienes indicaron que el traspaso se dio hace aproximadamente un año, o año y medio atrás… Tampoco coincide lo dicho por el señor… con la prueba documental traída al proceso… donde se indica el traspaso se dio en fecha… No hace mención este deponente a la posesión ejercida por la señora…, quien según lo dicho por los testigos y la documental referida a testimonio de escritura visible a folio 6, ésta tuvo como veinte años la posesión del fundo. Además manifestó el fundo NO colinda con calle pública alguna, lo cual también contradice la testimonial de los señores mencionados… Partiendo de lo anterior tal testigo no merece credibilidad, por lo que se deberá acoger el agravio expuesto en dicho sentido.” Tribunal Agrario, voto 533-F-13. "…la persona que desea obtener un título de propiedad y desea hacer valer la posesión de los anteriores transmitentes, debe probar de forma diáfana la cadena de transmitentes y todos los detalles de esa situación, para aprovecharla, lo cual como se explicó no ocurrió en este asunto." Tribunal Agrario, voto 140-F-2015. "…la posesión de 10 años no fue debidamente demostrada antes de 1977, cuando se da la desafectación, porque hay inconsistencias en cuanto a quienes poseyeron el terreno y en qué períodos o momentos antes de esa fecha, según se desprende de las testimoniales. De conformidad con lo anterior, no se logró acreditar la cadena de transmitentes ni el tiempo de ejercicio de la posesión del terreno a titular… Confrontadas dichas declaraciones con la prueba documental aportada y lo manifestado por la Asociación promovente en el escrito inicial, se aprecia no es coherente ni existe claridad para los testigos de la cadena de transmisión de la posesión ni del tiempo en que cada uno de los poseedores estuvo en la finca a titular." Tribunal Agrario, voto 223-F-2015. "Es de mucha importancia hacer referencia a quienes fueron los anteriores poseedores así como el tiempo de posesión de cada uno de ellos para sí hacer valer una posesión derivada según lo dispuesto mediante Voto número 4587-97 dictado por la Sala Constitucional… De allí sea necesario la demostración con tres testigos sobre la posesión decenal con antelación a la afectación como bien de dominio público, lo que no ha sido cumplido por el promovente." Tribunal Agrario, voto 171-F-2015. En el mismo sentido el voto 358-F-2015.

"…el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias es tajante al exigir la acreditación de la posesión con tres testimonios contestes y uniformes...la posesión por ser un hecho jurídico, por su propia naturaleza y requisitos, debe demostrarse con prueba idónea, como la testifical, por lo que no es factible omitir la misma" Tribunal Agrario, voto 162-F-16.

Por otra parte, el testigo [Nombre6]   , dijo visitar el terreno para cacería y coger pájaros, y ante la desprotección del recurso natural en áreas silvestres protegidas, hay imposibilidad de adquirir su propiedad o posesión: “En la posesión ecológica el poder de hecho debe recaer sobre un ámbito territorial donde exista un ecosistema, y los actos posesorios deben ir encaminados a proteger dichos ecosistemas.” Véanse, entre otros, votos del Tribunal Agrario 77-1997, 154-1997, 393-1997, 148-1998 y 366-1999. “…para poder titular mediante información posesoria el legislador estableció una serie de requisitos mayores, justamente para evitar que el Patrimonio Forestal del Estado y las áreas protegidas se vean afectadas, así como su biodiversidad. Por ello la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo 7 exige demostrar, aparte de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, que se ha conservado el bosque.” Tribunal Agrario, votos 926-F-04, 570-F-06, y 201-F-09. “VI. En estas diligencias de información posesoria, deban acreditarse además de los requisitos de Ley, el ejercicio de la posesión acorde con el fin ambiental que contiene el fundo que pretende ser titulado.” Tribunal Agrario, voto 836-F-12.  “…se evidencia la necesidad de cumplir con los dos requisitos expuestos en la ley para poder adquirir este tipo de terrenos, siendo éstos la posesión decenal anterior a la creación del área silvestre protegida y el ejercicio de la posesión ecológica y al no haberse acreditado en el presente caso el último de los requisitos, lo procedente es revocar la resolución recurrida y en su lugar improbar las presentes diligencias de información posesoria.” Tribunal Agrario, voto 38-F-13.

3) Pese a que describe el terreno como de cultivos de mora y tacotal y el plano indica “cultivos”, la sentencia No. 2021000178 desaplica el ancho mínimo de 7 metros exigido para los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos, conforme con los numerales 6.3 y 33 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, No. 6411 de 24 de octubre de 2019 (Alcance 252 a La Gaceta 216 de 13 de noviembre de 2019), que según el Transitorio IV entró en vigencia el 13 de setiembre de 2020 (No. 6448 de 4 de junio de 2020, La Gaceta No. 139 de 12 de junio de 2020), de aplicación supletoria, residual y transitoria en ausencia de plan regulador (Ley 4240, artículo 21 y Transitorio II; artículo 2 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones; votos constitucionales 2153-93, 6706-93, 4205- 96, 1923-04, 924-12; dictámenes C-62-1994, C-61-1996, C-32-1998, C-304-2006, C- 155-2009, C-32-2010, C-324-2011, C-29-2015, C-46-2016, C-206-2017, C-258-2017):

“ARTÍCULO 6. Definiciones… 3. Acceso por servidumbre a parcelas para uso agrícola, forestal, pecuario o mixto: Aquel medio de acceso a una parcela con uso agrícola, pecuario, forestal o mixto, producto de un fraccionamiento, que obedece a la naturaleza productiva del inmueble al que sirven.”

“ARTÍCULO 33. Accesos por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, pecuarias,

forestales o mixtos. Los accesos por servidumbre a parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtos deben tener conexión directa a la vía pública y su ancho debe ser de 7,00 m. Estos accesos deben ser anotados y registrados en el Registro Nacional de la Propiedad en favor de cada uno de las parcelas fraccionadas y en contra del resto de finca que genera el fraccionamiento. El material de la capa de rodamiento en los accesos por servidumbre a parcelas con fines agrícolas, pecuarias o forestales debe ser permeable. Cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de prestar servicios públicos pueden acceder a la parcela mediante la servidumbre agrícola, pecuarias o forestal, para fines de control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro similar. No obstante, la municipalidad, ni ninguna institución pública, tienen obligación de dar mantenimiento o de prestar servicios a la servidumbre. No se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta se encuentre paralelo contiguo a un acceso excepcional para uso residencial o a otra servidumbre agrícola pecuaria, forestal o mixta.” La negrita es nuestra. De acuerdo a lo expuesto en nuestros escritos de 12 de marzo de 2020, 7 y 25 de mayo de 2020, y 7 de junio de 2021, el citado Reglamento del INVU mantiene lo dispuesto en el anterior, No. 3391 de 13 de diciembre de 1982 (Alcance 18 a La Gaceta 57 de 23 de marzo de 1983), que también exigía un ancho mínimo de 7 metros para las servidumbres para fines agrícolas, pecuarios y forestales: "Artículo II.2.1.6. Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los 5 000 m2, en estos casos los planos individuales deben indicar "uso agrícola", "uso pecuario"; o "uso forestal", según corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras quedan sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura. Las servidumbres reguladas en este artículo serán de un ancho mínimo de 7 metros y deberán estar dentro de las parcelas en forma total o en partes proporcionales.” El destacado es nuestro.

4) Con base en lo expuesto, solicito remitir el expediente al Superior para que se anule la sentencia No. 2021000178, y se denieguen las diligencias por incumplimiento de los requisitos legales.

IV.- Alega la Procuradora la tesis de la Procuradora referida a que la afectación es a partir de 1945; al haber sido Parque Nacional la Zona de los dos Kilómetros contiguo a la carretera Panamericana sitio en el cual se localiza el fundo objeto de titulación y que dado la derogatoria de la ley en 1973 y al crearse el área silvestre protegida en 1975, el bien realmente no salió del patrimonio demanial del Estado.  Con este proceso se pretende la titulación de un inmueble ubicado en La Cima de Copey, [Dirección12]   , cantón diecisiete de la provincia de San José, con una medida de 1 hectárea, destinada a cultivo de mora y tacotal, según se desprende de la certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, certificado de uso conforme de suelo visible a imagen 28 agregado el 21/03/2018 07:37:07 Asociar demanda), en el cual se establece el terreno a titular se encuentra con un uso actual de agroforestal con cultivo permanente de mora  combinado con árboles plantados de la especie ciprés y algunos de regeneración natural  de la especie encino blanco, jaul y ratoncillo. De las fotografías aportadas con el estudio de suelos se logra determinar no se trata de un área de bosques de robledales como lo pretende establecer la procuradora para buscar como aplicarle la normativa sobre la franja de lo dos kilómetros a los lados de la [Dirección6]  que fueron en algún momento Parque Nacional y derogado desde 1973. Si bien el terreno se localiza en la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. En dicho bien se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada y se cumple con la demostración de la posesión decenal previa a la creación de dicha área silvestre protegida.

V.- En cuanto a las áreas de robledales tal argumento expuesto no podría tenerse como válido e infalible por cuanto en toda la zona lo que predomina por naturaleza es el árbol de la especie Quercus, tanto dentro como fuera de la franja de los dos kilómetros dicha. Hay que tener presente que la misma ley que habla de los robledales hace referencia a que se declaran Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección6]  del resto del trazado por construir que tengan robles. De ello también se desprende que podían existir áreas dentro de estos dos kilómetros que no tuviesen tal especie arborea, pues sino se hubiese declarado parque nacional toda la franja de los dos kilómetros y no solo aquella que tuviese robles. No es suficiente el criterio vertido por cuanto hay en el fundo algunos árboles de encino desperdigados en el contexto de todo el terreno, pues no se trata de un bosque de robledales pues en su mayoría el bien se dedica a cultivo de mora con árboles entre tales cultivos formando un sistema agroforestal , sin indicarse edad de los mismos por cuanto se denota son nacidos con posterioridad a las fechas de la normativa citada por la Procuradora, incluso, a la fecha en que se derogó la ley y no se podría aplicar retroactivamente ello. No se trata de árboles de gran tamaño según se desprende de las fotografías agregadas sino de árboles en tacotal que implican más bien una regeneración natural reciente y no bosques de robledales que permitan su establecimientos desde tales épocas de los cuarenta a los setenta, pues tendríamos árboles de gran tamaño, lo cual no sucede en este caso, en donde la mayoría inclusive de árboles plantados son de ciprés, la cual ni siquiera es una especie nativa nuestra. En virtud de lo expuesto y partiendo de la existencia del inmueble en principio en manos particulares desde 1960, se rechaza el alegato en dicho sentido expuesto por la señora procuradora. Si bien la procuradora cita una serie de votos de este Tribunal cada caso se analiza en concreto conforme a las especificaciones de cada caso y no podría tenerse que se debe aplicar a todos los casos, pues cada uno tiene sus propias particularidades que hacen sean diferentes situaciones en uno y otro caso, por lo que el los fallos dictados son en razón de un caso en concreto.

VI- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas , ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse a la luz de lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En este caso, dados los reproches de apelación, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1965 o antes. Sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo Reserva Forestal Los Santos ocurrida en 1975, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, debe serle reconocido. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996,resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Lineamiento propio del principio del Desarrollo Sostenible. Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los testimonios vertidos en el subjúdice. En el caso en estudio, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe demostrarse mediante prueba testimonial una posesión ejercida al menos diez años antes al año 1975, fecha en que se creó la Reserva Forestal Los Santos y se afectaron las fincas existentes dentro de sus límites, al menos desde el año 1965, y que la misma se ha ejercido acorde con la protección de los recursos naturales existentes en el fundo. Tal y como fue analizado, esa posesión fue acreditada aún desde la década de los años 60 por los testigos, inclusive el terreno pretendido titular formaba parte de un fundo más grande el cual tenía un plano registrado desde el año de 1960 según número CED6, cuando era de don [Nombre9]  quien le transmitió a [Nombre10] , quien le transmitió al promovente el área de terreno de una hectárea. Igualmente los testigos [Nombre5]  , [Nombre6]   y [Nombre7]   quienes son vecinos de la zona desde hace muchos años todos adultos mayores on contestes en lo anteriormente señalado en cuanto a que conocen el terreno desde los años de 1960, lo que denota la antigüedad de la posesión sobre el terreno aquí pretendido titular  y cuyas declaraciones resultan contestes en la cadena posesoria, el origen y modo de la misma y resultan idóneos para acreditar dicha posesión en un plazo decenal anterior al año 1975. Los testimonios describen una cadena posesoria diáfana. Por lo tanto, se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido al haber sido creada el área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos en fecha 12 de octubre de 1975. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado, por lo que no posible acoger el recurso planteado y en lo apelado deberá confirmarse la sentencia dictada en igual sentido puede verse Voto N° 774-F-2013 de las 15:27 horas del 16 de agosto de 2013).

VII - Por los motivos expuestos se concluye, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, [Nombre1]   ha aprovechado la posesión ejercida por sus transmitentes, desde la década de 1960, en un plazo decenal superior anterior de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Posesión ejercida en forma idónea para usucapir, de lo cual aportó documento público, donde consta el traspaso de su derecho y mediante los tres testigos, se acreditó claramente la cadena posesoria y la condición de la posesión apta, acorde con el artículo 863 del Código Civil y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, necesaria para adquirir el derecho a que se le expida título inscribible en el Registro Público de su inmueble.

POR TANTO:

En lo apelado se confirma el fallo dictado.

 

 

 

 

 

	

	

 




	

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O247FWOEJ043W61

[Nombre11]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




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[Nombre12]    - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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[Nombre13]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección13] ,     , [Dirección14]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:30:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

EXPN1 - 6

PROCESS:

POSSESSORY INFORMATION

PROMOTED BY:

IGNACIO FELIPE GOMEZ ROMERO

VOTE N° 254-F-2022

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eight hours twenty-five minutes on the eighth of March of two thousand twenty-two.-

NON-CONTENTIOUS POSSESSORY INFORMATION PROCESS promoted by [Nombre1], of legal age, single, student, resident of La Cima de Copey de Dota, identity card number CED1 - - . Appearing in the process are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, represented by Silvia Elena Quesada Casares, identity card number CED2 - - , in her capacity as deputy attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, legal identity number CED3 - - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED4 - - , in her capacity as unlimited general attorney-in-fact. Acting as special judicial attorney-in-fact for the promoter is attorney Lenin Mendiola Varela, license number three thousand seven hundred ninety-six. Processed before the Agrarian Court of Cartago.-

Drafted by Judge Darcía Carranza; and,

CONSIDERING:

I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: I.- The petitioner [Nombre1], filed the present possessory information proceedings so that through this means the property described as follows may be registered in the Public Property Registry: "Land of blackberry crops and scrubland (tacotal), located at [Dirección1], : , : , of the Province of San José, Measuring in area: Ten thousand square meters. Bordered on the North by: [Nombre2] and legally constituted agricultural easement (servidumbre agrícola) with a frontage on it of seven linear meters, on the South by: [Nombre3], on the East by: [Nombre2], and on the West by: [Nombre4]. The land to be registered corresponds to cadastral map number one-two one seven eight two five nine - two thousand twenty and filed on the twenty-third of January of two thousand twenty," (See file downloaded in pdf format, images 2 to 9). II.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the process under the terms set forth in the file downloaded in pdf format images 55 to 59; in turn, the Institute of Rural Development did so in image 63.- III.- Judge Jose Francisco Chacón Acuña, of the Agrarian Court of Cartago, by means of judgment number 2021000178 at fourteen hours thirty-six minutes on the sixth of September of two thousand twenty-one, resolved: "THEREFORE: The present Possessory Information proceedings are APPROVED. Consequently, the Real Estate Registry is ordered to register in the name of [Nombre1], single, student, identity card CED5 , resident of Macho Gaff El Guarco, Cartago, the unregistered property, described as follows: Land of blackberry crops and scrubland (tacotal), located in La Cima, [Dirección2]: , : , of the Province of San José, Measuring in area: Ten thousand square meters. Bordered on the North by: [Nombre2] and legally constituted agricultural easement (servidumbre agrícola) with a frontage on it of seven linear meters, on the South by: [Nombre3], on the East by: [Nombre2], and on the West by: [Nombre4]. The land to be registered corresponds to cadastral map number one-two one seven eight two five nine - two thousand twenty and filed on the twenty-third of January of two thousand twenty. Both the property to be titled and the present proceedings were valued at three million colones for each of those items. The possession exercised has been quiet, public, peaceful, and under title of owner ten years prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve according to the declarations of the witnesses [Nombre5], [Nombre6], and [Nombre7]. The cited property is free of liens, encumbrances, and co-owners, except for the encumbrance of legally constituted rights of way and agricultural easements (servidumbres) and its registration is made without prejudice to third parties with superior rights. It is made known that the property to be titled remains subject to reservations regarding rights of way on public roads pursuant to the provisions of articles four of the General Law of Public Roads and nineteen, subsection a, of the Law of Possessory Information. In accordance with numeral thirty-three, subsection b) of the Forestry Law number seven thousand five hundred seventy-five, the cutting or elimination of trees is prohibited. Once this resolution is final, issue the corresponding certification of enforceability for its registration in the Real Estate Registry," (See file downloaded in pdf format, images 353 to 362).- IV.- Likewise, the petitioner, by means of his brief filed on the seventh of September of the year two thousand twenty-one (see images 366 to 367), requests addition and clarification of Judgment No. 2021000178, issued at fourteen hours thirty-six minutes on the sixth of September of two thousand twenty-one. In view of the foregoing, the Agrarian Court of Cartago issues a resolution at fourteen hours seventeen minutes on the first of October of two thousand twenty-one, in which it resolves: In accordance with the provisions of articles 26 of the Law of Agrarian Jurisdiction, for procedural economy and speed and as it does not involve an aspect that essentially alters what was ordered, let the following be added to the content of Judgment No. 2021000178, issued at fourteen hours thirty-six minutes on the sixth of September of two thousand twenty-one, in the sense that the canton where the property is located is number 17 Dota, San José and the promoter is a resident of La Cima de Copey de Dota, and that the name of the promoter's father is [Nombre4]. Add a copy of this resolution to the enforceability certification," (See file downloaded in pdf format, images 368 to 379).-

II.- Proven Facts. The proven facts contained in the issued judgment are adopted.

III- Appeal. The Office of the Attorney General of the Republic, through Attorney Silvia Quesada, appeals the issued judgment based on the following: It alleges that it concerns a public domain asset (bien demanial) because the area to be titled is located within the Los Santos Forest Reserve and in the area of the [Dirección3] adjacent to the [Dirección4] with oak forest cover (cobertura de robledales) which was declared a National Park between the years 1945 and 1973, and that the witnesses stated they had only known the land since 1960.

1) The land is located within the Los Santos Forest Reserve, created by Decree 5389 of October 12, 1975, and in the 2-kilometer protection strip

of oak forests (robledales) adjacent to the [Dirección4] highway, whose designation as public domain is even earlier (map 1-2178259-2020, official letters D-0979 of August 7, 2018, and SINAC-ACC-OSRS-447-2018), and does not permit the consolidation of adverse possession (prescripción positiva) on the land unless a ten-year possession prior to 1939 is demonstrated: The General Law on Vacant Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, 1939, established: "Article 6°-Vacant lands located in a zone…of 2000 meters wide on each side of the route of the [Dirección5] may not be alienated." Therefore, such areas were only susceptible to leasing, in accordance with article 62 ibidem. But, as is known, the possession suitable for usucapion (usucapir) is that exercised as an owner (Civil Code, article 856), not as a lessee, and no one can unilaterally change the nature of their title: "Possession acquired by virtue of a non-translative title is not suitable for civil usucapion. If, for example, one has entered into possession by virtue of a lease or by mere tolerance, the title requirement is not met, and if it concerns a real right different from ownership, such as, for example, usufruct, one could acquire the latter by usucapion but not the right of ownership." First Chamber, judgments 45-1996, 607-F-2004 and 934-F-2006. Later, Law 197 of August 29, 1945 reformed the General Law on Vacant Lands, adding the element of the oak trees, declaring as a National Park the lands "comprised within the zone of two thousand meters on both sides of the [Dirección6] and of the rest of the route yet to be constructed that have oak trees." For its part, the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), No. 2825 of October 14, 1961, repealed the General Law on Vacant Lands, but reiterated such declaration (articles 7 subsection a), and 10), qualifying its lands as inalienable and not susceptible to acquisition by claim (denuncio) or possession: "As long as the State, of its own volition or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Agrarian Development, considering reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its ownership, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim or possession, except for those that were under private ownership: Those comprised within a zone of two thousand meters on both sides of the route of the [Dirección6] in the zones where oak trees exist;" (article 7 subsection a). "The zone of [Dirección7] meters on both sides of the route of the [Dirección6] where oak trees (Quercus sp) exist is declared a National Park…" (article 10). The Constitutional Chamber has indicated that articles 7 and 10 of the Land and Colonization Law contain a designation as public domain: "The Land and Colonization Law, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a conception of agrarian property as originating from the Nation. The Agricultural Heritage of the State comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the [Dirección8] National Parks (articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks." Vote 98-15 considering VI. "In accordance with article 7°, subsection f), of the Land and Colonization Law, the border strips, in a width of [Dirección9] kilometers, are protected under a public domain regime in which no one can validly claim any right of possession over them useful for acquiring lands therein by way of titling." Vote 18836-2014. Articles 7.a) and 10 of Law 2528 were repealed on November 9, 1973 by means of Law 5385 of October 30, 1973; however, Decree 5389 of October 12, 1975 created the Los Santos Forest Reserve, therefore there is no valid possession for the consolidation of adverse possession (prescripción positiva) (article 860 of the Civil Code). Constitutional judgment 4587 at 15:45 hrs. on August 5, 1997, analyzing article 7 of the Law of Possessory Information, highlighted the importance of considering, in the calculation of time for usucapion, the existence of norms that formerly declared the lands inalienable: "…it is important to summarize the basic elements that, at the level of doctrine and jurisprudence, are handled in relation to these topics, and that oblige the judge -in relation to the challenged norm- to determine in each case the specific type of possessory act that has been exercised on the parcel -which becomes part of the protected wilderness area (área silvestre protegida)- that is intended to be titled. The foregoing so that the judge has a broader criterion -not limited to the date of entry into force of the law or executive decree that defines the limits of a specific wilderness area- to establish with greater precision the moment in which said assets became inalienable and imprescriptible, for the purpose of determining whether possession ad usucapionem was exercised over them for ten years prior to their acquiring that condition. This broader perspective that favors the protection of the Nation's environmental heritage, determines that when it is intended to title -by means of the possessory information procedure- land located within a protected wilderness area, the discussion should not be reduced to the simple calculation of the time a person has been on a property in relation to the date on which the declaration of protected wilderness area was made, since -on one hand, the elements that each specific type of possession contemplates must be considered for the purpose of accrediting possession ad usucapionem during the period established in article 7 of the Law of Possessory Information, and -on the other hand- the possible existence of norms that formerly declared those lands inalienable, even before their specific designation as public domain." Bold is ours. Likewise, the Agrarian Tribunal, in vote 472-F-04, indicated: "When possession of a public domain asset (bien demanial) is discussed, such discussion will only be appropriate when the right was acquired before the asset was declared as public domain." It reiterated this in the following precedents: "Given the nature of the asset to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the designation of the asset to the public domain occurs…The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise in the capacity of owner, necessary for possession ad usucapionem. It should be remembered that assets designated for the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion, if before the designation occurred, the necessary conditions for the acquisition of the right did not arise." Emphasis is ours. Vote 26-2002. "…the State's representative alleges that the designation as public domain is prior to that date, since it concerns a property that has oak trees and is located in a zone of [Dirección9] thousand meters on both sides of the route of the [Dirección10] … It is important to mention that the Constitutional Chamber has been emphatic that judges must analyze from when an asset is designated as public domain (demanio público)… Consequently, the reasoning of the State's representative is shared." Vote 533-F-13, and in the same sense No. 623-F-11. "…it is important to mention that given the overlap problems detected not only within the Forest Reserve, but also on State farms and the inalienable area of the inter-american highway, it is not appropriate to claim rights over said property through the exercise of possession, because due to its nature, and being mostly forested land, it is not susceptible to appropriation, but rather may even form part of the State's Natural Heritage in accordance with the provisions contained in the Forestry Law, therefore the possession exercised by the promoter or his previous transferors would not be valid." Vote 649-F-12.

The criterion expressed in the appealed judgment considers that the regulations that designated this sector to the public domain since 1939, being repealed at the time of issuing judgment, had no effect, authorizing a private individual to assert the occupation exercised there during its validity period, denying any legal effect to the previous norms; however, repealed Law survives to regulate the events or situations that occurred or arose under its validity, known as the phenomenon of survival of the abolished law or ultra-activity of repealed norms, recognized by the Constitutional Chamber: "The ultra-activity of the law is a problem of application of the law over time and is intimately linked to the principle that every fact, act, or legal transaction is governed by the law in force at the time of its occurrence, performance, or execution. The principle \"tempus regit actus\" provides that the norm in force at the time the facts it provides for occur, is the one applied to those facts, even if it is later repealed. Thus, the so-called ultra-activity of norms consists of repealed norms that continue to be applied to facts that occurred during their validity. This phenomenon occurs in relation to all legal norms, whatever their nature: civil, commercial, criminal, etc." Constitutional judgment 18840-2014. And, in a similar sense, constitutional votes 9469-07, 11079-15, the latter in the same line as Nos. 15002-07, 1668-10, 9340-10, 9640-10 and 9340-11. Furthermore, although constitutional vote 1142-2017 declared the lack of jurisdiction of that venue on the matter, indicating that it must be resolved by the "ultimate interpreter" of the ordinary jurisdiction, the First Chamber, in judgment 256-F-SI-2015, established that norms prior to the declaration of a protected wilderness area that contain prior designations as public domain are applicable. Therefore, during the designation to the public domain of the 2 km strip adjacent to the inter-american highway, the possibility of exercising private possession rights over those lands ceased, and it was also declared a National Park between 1945 and 1973. The Agrarian Tribunal has accepted the reasoning set forth: "it is clear that the possession in the period from 1954 to 1964, which had to be accredited in this case in the capacity of owner, cannot be considered duly demonstrated. This is because, as of 1945, the property to be titled formed part of a territory designated with the declaration of a National Park and given its absolute protection, agrarian possessory acts tending to accredit a possession suitable for usucapion could not be exercised." Vote 157-F-18 at 16:07 hrs. on February 27, 2018. "it is important to mention that given the overlap problems detected not only within the Forest Reserve, but also on State farms and the inalienable area of the inter-american highway, it is not appropriate to claim rights over said property through the exercise of possession, because due to its nature, and being mostly forested land, it is not susceptible to appropriation, but rather may even form part of the State's Natural Heritage in accordance with the provisions contained in the Forestry Law, therefore the possession exercised by the promoter or his previous transferors would not be valid." Vote 649-F-12 at 16:05 hrs. on May 29, 2012. "the State's representative alleges that the designation as public domain is prior to that date, since it concerns a property that has oak trees and is located in a zone of two thousand meters on both sides of the route of the [Dirección11] … It is important to mention that the Constitutional Chamber has been emphatic that judges must analyze from when an asset is designated as public domain (demanio público)… Consequently, the reasoning of the State's representative is shared" Vote 533-F-13 at 14:34 hrs. on May 31, 2013, in the same sense, 623-F-11 at 10:35 hrs. on June 23, 2011. However, the appealed judgment fails to take into account the cited norms that designated the 2 km strip and incorporated those lands into the public domain. 2) To invoke a right of ownership over lands located in areas declared as public domain, a possession equal to or greater than ten years, prior to the validity of the law or decree that designated them, must be proven. If the private individual, at the time the lands were designated, does not have in their favor continuous ten-year possession with the requirements of article 856 of the Civil Code, they cannot claim titling, as they cannot validly possess over public domain land. This is so because it is not proper to "provide title to private individuals who have been occupying public assets over which they cannot exercise any act of possession, nor acquire any right over them, since being public or domain assets they are imprescriptible and inalienable" (constitutional vote 18836-2014). In this matter, the chain of transmission was not proven in a clear and indubitable manner, an indispensable requirement to accredit possession, as the Agrarian Tribunal has demanded in the Los Santos Forest Reserve:

"XI.-…to prove possession as a fact, it is not enough to provide public deeds. The appellant intends to correct what was not proven with the testimonial evidence… providing as evidence with the appeal, the public deed… and assures that it records that [the person] who transferred the possession to him… It is noteworthy… only possessed it for two months, which is why the witnesses do not mention her when narrating the chain of possession. Although this is true and it can be understood that due to that short period of time the witnesses did not cite [the lady]… as possessor of the land, the foregoing is not sufficient to consider the possessory chain that a case like the present requires to be accredited, in which the ownership of an asset is at stake that, if private property is not duly proven, would be of public domain and of environmental interest. Therefore, there are more demanding norms in this regard in the Law of Possessory Information, such as numeral 7, and the chain of transmission must be proven in a clear and indubitable manner." Underlining is ours. Agrarian Tribunal, vote 1102-F-2020.

The testimonial evidence did not demonstrate the exercise of ten-year possession prior to the public domain designation, because there was imprecision regarding the time of knowing the land and the time the transferors were supposedly there. Besides, none of them specified exactly how long the promoter would have been in possession. Let us see. [Nombre5], 72 years old, stated he knew the land "for about 60 years," and that the promoter is his great-nephew. [Nombre6], 70 years old, said he visited the land "approximately 60 years ago" for hunting and catching birds, but does not know its size, and his references were from the time when he said he knew the land, not from the present time. And, [Nombre7], 74 years old, did not specify since when he knows the land, does not know its size nor the name of the place where it is located, failing to comply with precepts 6 and 7 of Law 139/1941. Said declarations must be analyzed in light of the precedents of the Agrarian Tribunal that does not give credibility to the indeterminate phrase "…more than…" to prove

possession further back without the computation of an exact period: "…it is on record that such witnesses know the parcel, at least since the years 1963, 1958 and 1977, respectively, such that there is no certainty they had evidence of the exercise of possession since the year 1954 when said area was designated by the Reserve, to the date they cite in their declarations. Ciertamente, todos ellos sin excepción incluyeron en su declaración \"...more than...\", which could admit a broad interpretation such as that it was many years before, or a restrictive one, of days before the indicated date. Given such uncertainty, the Tribunal could not assume one position or another, because objectively, only the cited years are evident to it, that is, 1958, 1963 and 1977." Vote 872-F-06. "IV.-…by means of the testimonial evidence, possession prior to the creation…was not demonstrated…this coupled with what was indicated by the witness…of knowing the property from the sixties; without making any specification regarding the exact year of knowing it… From the foregoing, it follows that the lower court judge…did not find certainty about the time of possession prior to the creation of the National Park, because in each case the time of possession had to be demonstrated in a clear manner, as well as the possessory chain of the transferors, with suitable evidence. Hence, the grievance of the appealing party is not receivable, since article 6 of the Law of Possessory Information requires the declaration of three witnesses agreeing in relation to the ten-year possession prior to the creation of the Park." Vote 33-F-12. Underlining is ours. "the witness…affirmed knowing the property for more than ten years, without specifying an approximate date, so taking the date of the declaration backwards, it follows that the witness knows the property approximately in the year 2002, because the declaration was rendered in the year 2012, so she fails to accredit the ten-year possession prior to the creation of the protective zone" Vote 174-F-13. "The crucial point here is that the three witnesses... affirmed that a possession of more than forty years has been exercised on this materiality, but they did not specify or state how much more than forty, an aspect that was fundamental to approve these proceedings... stating the cited declarants \"more than forty years\" does not imply that it was demonstrated conclusively that it has been done at least for forty-six years... the generic reference of \"more than forty years\" does not allow correcting, interpreting, or validating that implies the six years (more than half of the required period) of accreditation of the possession." Vote 25-2015. "Mr.… said he knew the property to be titled \"for more than forty years\" without it being possible to interpret such testimony as knowing it since the year 1968. Certainly, the witness said \"I have known the properties they want to register since I have had the use of reason for more than forty years. Those lands belonged to…, who had it for about forty-seven years...\", but that does not generate certainty about whether that information is personally known to him or was because he was told, so there is not sufficient evidentiary elements in the process to presume that he knows the parcel since 1968, which would be the ten-year possession prior to the creation of the forest reserve." Vote 765-2016. "V...The testimonies rendered are not enough to demonstrate the ten-year possession prior to the creation of the protected zone. The deponents…rendered their declaration on April eighteenth, two thousand seventeen, both indicated knowing the land for more than forty years, which dates back to the year 1977... Pursuant to the foregoing, it is clear the testimonial evidence does not demonstrate the ten-year possession thereof, so the appellant is not correct in her arguments put forth, therefore the rejection of the present possessory information proceedings must be confirmed, as the asset subject to titling is an asset forming part of the State's Natural Heritage." Vote 301-F-18. "IV.-… Said ten-year possession must be demonstrated with three witnesses, but they must respond to the demonstration of the affirmative facts of the promoter, as stipulated in article 7 of Possessory Information. As already stated, the three witnesses are to demonstrate the possession that the titleholder claims to have exercised in their initial brief whose content is in the nature of a sworn declaration (declaración jurada), so if the titleholder themselves stated their possession was for more than ten years, without indicating from when their possession was…the 3 witnesses are heard with the idea of supporting their statement, which results in this case incoherent between the facts affirmed in the initial brief and what was expressed by the declarants.- Based on the foregoing, the State's representative is correct in affirming that the derived possession has not been demonstrated in a clear manner, so there are contradictions or imprecisions in the demonstration of the essential facts for the approval of the title being sought…" Vote 1058-F-2020. Underlining is ours.

Besides, and regarding the sworn declaration (declaración jurada) provided by the promoter, to assert the transmitted possession there must be consistency between the testimonies, the documents provided, and the statements of the promoter, for them to

merit credibility, which does not occur in this case: "…dealing with a parcel that is entirely comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve, this being the natural heritage of the State, the titleholder must clearly accredit the possessory chain, if they intend to assert the translative titles of ownership." Agrarian Tribunal, vote 926-F-04. "It is the criterion of this Tribunal that the chain of transmission must be clear in such a way that there is not the slightest doubt of the successions that have been verified in the possession that is intended to be utilized." Agrarian Tribunal, vote 810-F-07.

…it is evident the witnesses give a different version from the documentary evidence and from what the petitioner stated in the application brief, since they indicate that [Name8] … has been on the property since approximately nineteen sixty-five, while the documentary evidence and his statement that he acquired it in 1978 totally contradicts what the witnesses said, and therefore this Court does not find them credible.” Tribunal Agrario, voto 688-F-07.

Likewise, witnesses must prove the period of occupancy of each transferor in order to validate the transmitted possession: “…the witnesses indicate that Mrs. … was the previous owner of the property; however, they did not state for how long she exercised possessory acts on the property, such that the possession exercised by his mother could not be added to the petitioner’s possession, since in none of the three statements is the time during which Mrs. … exercised possession mentioned, nor were the characteristics of that possession, such that the appropriate course in this case is to uphold the decision of the Court denying the possessory information (Información Posesoria).” Tribunal Agrario, voto 1434-F-11. “…the arguments put forth by the lower court (a-quo) in rejecting the possessory information proceedings are shared; the court proceeded to weigh the evidence in accordance with the provisions of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, revealing a contradiction between the evidence in the record, and no certainty was found regarding the period of possession prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, as in each case, the period of possession, as well as the possessory chain of the transferors, had to be clearly demonstrated with suitable evidence. Hence, the appellant’s grievance is not admissible, since Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias requires the statement of three witnesses who are unanimous and consistent regarding the ten-year possession prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve; as well as the demonstration of the possessory chain by previous transferors.” Tribunal Agrario, voto 75-F-12. “It is of great importance to refer to who the previous possessors were, as well as the period of possession of each one of them, in order to validate a derived possession.” Tribunal Agrario, voto 80-f-13 and 362-F-12. “…when referring to the owners of the land and their previous acquirers, the witnesses were not consistent in their statements nor could they specify the moment when such persons exercised possession, since on one hand, one stated that the property is currently in the name of… and another that it belongs to… who acquired it by purchase from… and the last witness stated that the property belongs to…, and that it was acquired through an inheritance from Mrs.…” Tribunal Agrario, voto 174-F-13. “…it is necessary to clearly prove the chain of transferors, because section 7 of the cited law does not modify what is required by Article 856 of the Civil Code (Código Civil), and for that reason, the person who wishes to obtain a title of ownership and wishes to validate the possession of the previous transferors must clearly prove the chain of transferors and all the details of that situation in order to benefit from it, which, as explained, did not occur in this matter.” Tribunal Agrario, voto 255-f-13. “…the three witnesses did not refer to the possessory acts carried out by the previous possessors, nor to how long each one was on the property. Nor did they state when [Name8]… began to possess the land, in order to verify the required ten-year possession, especially in cases involving lands of environmental interest. Given the declaration of a protected wild area in the zone where they are located.” Tribunal Agrario, voto 282-F-13. “…the witnesses should have referred to the fact that this gentleman… was in the possessory chain, and none referred to him. While it is true that some of the testimonies coincide on some names of previous possessors, this transferor chain (sic) is not complete regarding some possessors such as… to whom nobody referred except… in the statement of…, and from whom… acquired, regarding whom there was no witness who mentioned him, and he is the one who would sell to the petitioner of the property.- The references to the names of previous possessors mentioned by the witnesses are not sufficient, as they do not provide complete information on all who participated (sic) in that possessory chain, nor the periods of possession for each one of them, nor the type of possession exercised by them, especially since the property is located within the Grecia Forest Reserve.” Tribunal Agrario, voto 516-F-13. “The deponent stated that Mr. … transferred to the petitioner about five or six years ago, which is not consistent with the statements of … and …, who stated that the transfer occurred approximately one year or a year and a half ago… Nor does what Mr. … said coincide with the documentary evidence brought to the process… where it is indicated the transfer occurred on the date… This deponent makes no mention of the possession exercised by Mrs. …, who, according to what the witnesses and the documentary evidence referred to in the testimony of the deed visible on folio 6, held possession of the property for about twenty years. Furthermore, he stated that the property does NOT border any public road, which also contradicts the testimony of the aforementioned gentlemen… Based on the foregoing, such witness is not credible, so the grievance expressed in that regard should be upheld.” Tribunal Agrario, voto 533-F-13. “…the person who wishes to obtain a title of ownership and wishes to validate the possession of the previous transferors must clearly prove the chain of transferors and all the details of that situation in order to benefit from it, which, as explained, did not occur in this matter.” Tribunal Agrario, voto 140-F-2015. “…the 10-year possession was not duly demonstrated before 1977, when the declassification (desafectación) occurred, because there are inconsistencies regarding who possessed the land and in what periods or moments before that date, as is evident from the witness testimonies. In accordance with the foregoing, the chain of transferors and the period of exercise of possession of the land to be titled were not accredited… Confronting said statements with the documentary evidence provided and what was stated by the petitioner Association in the initial brief, it is appreciated that it is not coherent nor is there clarity for the witnesses regarding the chain of transmission of possession or the time that each possessor was on the property to be titled.” Tribunal Agrario, voto 223-F-2015. “It is of great importance to refer to who the previous possessors were, as well as the period of possession of each one of them, in order to validate a derived possession as provided by Voto No. 4587-97 issued by the Sala Constitucional… Hence, it is necessary to demonstrate with three witnesses the ten-year possession prior to the designation as a public domain asset, which has not been fulfilled by the petitioner.” Tribunal Agrario, voto 171-F-2015. In the same sense, voto 358-F-2015.

“…Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias is categorical in requiring the proof of possession with three unanimous and uniform testimonies… possession, being a juridical fact, by its very nature and requirements, must be proven with suitable evidence, such as testimonial evidence, so it is not feasible to omit it.” Tribunal Agrario, voto 162-F-16.

On the other hand, witness [Name6] stated he visited the land for hunting and catching birds, and given the unprotected status of the natural resource in protected wild areas, there is no possibility of acquiring its ownership or possession: “In ecological possession, the de facto power must be over a territorial area where an ecosystem exists, and the possessory acts must be aimed at protecting those ecosystems.” See, among others, Tribunal Agrario votes 77-1997, 154-1997, 393-1997, 148-1998 and 366-1999. “…in order to title through possessory information, the legislator established a series of greater requirements, precisely to prevent the State’s Forest Heritage and protected areas from being affected, along with their biodiversity. Therefore, Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias requires demonstrating, apart from the ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, that the forest has been conserved.” Tribunal Agrario, votes 926-F-04, 570-F-06, and 201-F-09. “VI. In these possessory information proceedings, in addition to the legal requirements, the exercise of possession must be accredited in accordance with the environmental purpose contained in the property intended to be titled.” Tribunal Agrario, voto 836-F-12. “…the need to comply with the two requirements set out in the law to be able to acquire this type of land is evident, these being the ten-year possession prior to the creation of the protected wild area and the exercise of ecological possession, and since the last of the requirements was not accredited in the present case, the appropriate course is to revoke the appealed resolution and instead reject these possessory information proceedings.” Tribunal Agrario, voto 38-F-13.

3) Despite describing the land as blackberry crops and early secondary growth (tacotal) and the plan indicating “crops,” judgment No. 2021000178 disregards the minimum width of 7 meters required for accesses by easement to agricultural, livestock, forest, or mixed-use parcels, in accordance with numerals 6.3 and 33 of the INVU’s Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, No. 6411 of October 24, 2019 (Alcance 252 to La Gaceta 216 of November 13, 2019), which according to Transitorio IV came into force on September 13, 2020 (No. 6448 of June 4, 2020, La Gaceta No. 139 of June 12, 2020), of supplementary, residual, and transitory application in the absence of a regulatory plan (Ley 4240, Article 21 and Transitorio II; Article 2 of the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones; constitutional votes 2153-93, 6706-93, 4205-96, 1923-04, 924-12; legal opinions C-62-1994, C-61-1996, C-32-1998, C-304-2006, C-155-2009, C-32-2010, C-324-2011, C-29-2015, C-46-2016, C-206-2017, C-258-2017):

“ARTÍCULO 6. Definitions… 3. Access by easement (servidumbre) to parcels for agricultural, forestry, livestock, or mixed use: That means of access to a parcel with agricultural, livestock, forestry, or mixed use, resulting from a subdivision (fraccionamiento), which is due to the productive nature of the property thus served.”

“ARTÍCULO 33. Accesses by easements to parcels for agricultural, livestock, forest or mixed purposes. Accesses by easement to agricultural, livestock, forest, or mixed-use parcels must have a direct connection to the public road and their width must be 7.00 m. These accesses must be annotated and registered in the National Registry of Property (Registro Nacional de la Propiedad) in favor of each of the subdivided parcels and against the remainder of the property generating the subdivision. The material of the wearing course in accesses by easement to parcels for agricultural, livestock, or forest purposes must be permeable. Any authority or official of the entities responsible for providing public services may access the parcel via the agricultural, livestock, or forest easement (servidumbre), for purposes of urban planning control, municipal, public safety, health, fire department, and any other similar purpose. Nonetheless, neither the municipality nor any public institution is obligated to provide maintenance or services to the easement. It is not permitted for an access by easement to an agricultural, livestock, forest, or mixed-use parcel to be parallel and adjacent to an exceptional access for residential use or to another agricultural, livestock, forest, or mixed-use easement.” Emphasis added. In accordance with what was stated in our briefs of March 12, 2020, May 7 and 25, 2020, and June 7, 2021, the cited INVU Regulation maintains the provisions of the previous one, No. 3391 of December 13, 1982 (Alcance 18 to La Gaceta 57 of March 23, 1983), which also required a minimum width of 7 meters for easements for agricultural, livestock, and forest purposes: "Article II.2.1.6. For agricultural, livestock, and forest purposes, segregations of parcels with frontage on special easements may be permitted, which hereinafter shall be called agricultural and forest easements; the resulting portions must be equal to or greater than 5,000 m2; in these cases, the individual plans must indicate “agricultural use”, “livestock use”; or “forest use”, as appropriate. The construction of housing and other installations and structures is subject to a maximum of 15% of coverage area. The easements regulated in this article shall be of a minimum width of 7 meters and must be within the parcels in full or in proportional parts.” Emphasis added.

4) Based on the foregoing, I request that the case file be sent to the Superior Court so that judgment No. 2021000178 may be annulled, and the proceedings be denied for non-compliance with legal requirements.

IV.- The State Attorney alleges the thesis referred to by the State Attorney that the designation dates from 1945; given that the Two-Kilometer Zone adjacent to the Pan-American Highway, the site where the property subject to titling is located, was a National Park and that due to the repeal of the law in 1973 and the creation of the protected wild area in 1975, the property never actually left the State’s public domain. This process seeks the titling of a property located in La Cima de Copey, [Address12], canton seventeen of the province of San José, measuring 1 hectare, destined for blackberry cultivation and early secondary growth (tacotal), as is evident from the certification issued by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria), a certificate of compliant land use (certificado de uso conforme de suelo) visible at image 28 added on 03/21/2018 07:37:07 Associate complaint), which establishes that the land to be titled is currently under agroforestry use with permanent blackberry cultivation combined with planted trees of the cypress species and some of natural regeneration of the white oak (encino blanco), jaul, and ratoncillo species. From the photographs provided with the soil study, it can be determined that this is not an area of oak forests (bosques de robledales) as the State Attorney seeks to establish in order to apply the regulations regarding the two-kilometer strip on either side of the [Address6] which were at one time a National Park and repealed since 1973. Although the land is located in the Los Santos Forest Reserve, created by Decreto Ejecutivo Nº 5389-A of October 28, 1975. On said property, compliant land use (uso conforme del suelo) has been exercised for the activity carried out according to the approved methodology, and the demonstration of the ten-year possession prior to the creation of said protected wild area has been fulfilled.

V.- Regarding the oak forest areas, such an argument could not be considered valid and infallible because throughout the entire zone, the Quercus tree species predominates naturally, both inside and outside the said two-kilometer strip. It must be kept in mind that the same law that speaks of the oak forests refers to declaring the lands included in the two-thousand-meter zone on both sides of the [Address6] of the remaining layout to be built that have oaks as a National Park. It also follows from this that there could exist areas within these two kilometers that did not have that tree species, because otherwise, the entire two-kilometer strip would have been declared a national park and not only that which had oaks. The opinion given is not sufficient because there are some scattered oak trees on the property in the context of the entire land, as it is not an oak forest since the majority of the property is dedicated to blackberry cultivation with trees among such crops forming an agroforestry system, without stating the age of those trees as it is evident they arose after the dates of the regulations cited by the State Attorney, including the date the law was repealed, and this could not be applied retroactively. These are not large trees as is evident from the attached photographs, but rather early secondary growth (tacotal) trees, implying instead a recent natural regeneration and not oak forests that would allow their establishment since those times from the forties to the seventies, as we would then have large trees, which is not the case here, where even the majority of planted trees are cypress, which is not even a native species of ours. By virtue of the foregoing and based on the existence of the property, in principle, in private hands since 1960, the argument expressed in that sense by the State Attorney is rejected. Although the State Attorney cites a series of votes from this Tribunal, each case is analyzed concretely according to the specifications of each case, and it could not be considered that it must apply to all cases, since each one has its own particularities that make the situations different in one case and another, so the rulings issued are by reason of a specific case.

VI.- Regarding the land tenure regime in protected wild areas, it must be stated that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and stewardship falls to MINAET, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Ley de Biodiversidad defines them as delimited geographical zones, formed by lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest for the protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express reference to the Ley Orgánica del Ambiente regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively on the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a state-owned protected wild area is declared, it must immediately become part of the natural heritage of the State, regulated by Article 13 of the cited norm, which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This normative set must be interpreted in light of what is prescribed in Article 58 in fine of the Ley de Biodiversidad, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, peasant communities, natural or legal persons, on lands that are declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it states: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of legal rights over ten-year possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wild area." In this case, given the criticisms on appeal, it must be verified whether the possessory chain is demonstrated since the year 1965 or before. That is, for a period greater than ten years prior to the designation of the zone through the management category Los Santos Forest Reserve, which occurred in 1975, in order to understand that the petitioner’s acquired rights to request recognition of their property right over the land must be recognized. In this regard, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, in voto 144-96- of 4:51 p.m. on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, the option is given for the owner to conserve their land, since, following the management plan, they can continue to utilize it in economic terms; that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, so they do not nullify their right." A guideline proper to the principle of Sustainable Development. In addition to the above, it must be analyzed in this venue whether the exercise of ecological possession has been fulfilled, in light of the soil study, the judicial inspection that the judge held for this purpose, and the testimonies given in the sub júdice. In the case under study, in accordance with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, it must be demonstrated through testimonial evidence possession exercised at least ten years before the year 1975, the date on which the Los Santos Forest Reserve was created and the existing properties within its limits were designated, at least since the year 1965, and that such possession has been exercised in accordance with the protection of the natural resources existing on the property. As was analyzed, that possession was accredited since the 1960s by the witnesses, including the fact that the land intended to be titled formed part of a larger property which had a plan registered since the year 1960 under number CED6, when it belonged to Mr. [Name9] who transferred to [Name10], who transferred the one-hectare area of land to the petitioner. Likewise, witnesses [Name5], [Name6], and [Name7], who are neighbors of the area for many years, all older adults, are unanimous and consistent in the aforementioned point that they have known the land since the 1960s, which denotes the antiquity of the possession over the land here intended to be titled, and whose statements are unanimous and consistent regarding the possessory chain, its origin and manner, and they are suitable for accrediting said possession for a ten-year period prior to the year 1975. The testimonies describe a clear possessory chain. Therefore, the requirement of section 6 of the Ley de Informaciones Posesorias regarding the demonstration of suitable possession for the required legal period is deemed fulfilled, as the protected wild area Los Santos Forest Reserve was created on October 12, 1975. Consequently, the reasoning of the State’s representative is not shared, so it is not possible to grant the filed appeal, and regarding what was appealed, the judgment issued should be upheld. In the same sense, see Voto N° 774-F-2013 of 3:27 p.m. on August 16, 2013).

VII.- For the reasons stated, it is concluded that, in compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos and its Reglamento, as well as the Ley Forestal, [Name1] has utilized the possession exercised by his transferors since the 1960s, for a superior ten-year period prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve. Possession exercised in a form suitable for usucaption (usucapir), for which he provided a public document, where the transfer of his right is recorded, and through the three witnesses, the possessory chain and the condition of possession suitable for acquiring the right to be granted an inscribable title in the Public Registry for his property were clearly accredited, in accordance with Article 863 of the Código Civil and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias.

POR TANTO:

Regarding what was appealed, the judgment rendered is upheld.

 

 

 

 

 

	

	

 




	



O247FWOEJ043W61

[Name11] - JUEZ/A DECISOR/A

	





FXXJC24BMLY61

[Name12] - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



RR5DFXSYDQU61

[Name13] - JUEZ/A DECISOR/A



 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Address13], , [Address14] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:30:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República