Res. 00327-2022 Tribunal Agrario — Agrarian usucapion on registered land — good faith and possessionUsucapión agraria sobre terreno inscrito — buena fe y posesión

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 00327 - 2022

Fecha de la Resolución: 22 de Marzo del 2022 a las 16:15

Expediente: 18-000133-0419-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso ordinario agrario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución



 

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 5




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

FRANKLIN SEQUEIRA  VALENCIA




DEMANDADO/A:

	

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

 

   

VOTO N° 327-F-22

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas quince minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós.-

 PROCESO ORDINARIO interpuesto por [Nombre1]  , mayor, casado una vez, ganadero, vecino de Uvita de Osa, cédula de identidad número CED1 -     - ; [Nombre2]  , mayor, ama de casa, vecina de Uvita de Osa, cédula de identidad número CED2 -     -  ; contra [Nombre3]   , mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Palmar Norte de Osa, cédula de identidad número  CED3 -  -  ; y BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, cédula jurídica número CED4 -    -          - , representado por su apoderado general judicial sin límite de suma, Max Obando Rodríguez, mayor, casado dos veces, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número CED5 -     -  . Actúan como apoderados especiales judiciales de la parte actora, los licenciados Cristhian Artavia Gamboa, cédula de identidad CED6 -    -  , carné número diecinueve mil ciento treinta y ocho; y de la parte demandada Banco Popular Víctor Hugo Castro Cartín, cédula de identidad número CED7 -    -    , letrado número diecisiete mil treinta y cinco; y el licenciado Marvin Abarca Chaves, cédula de identidad número CED8 -     -      , número CED9    ; y del demandado [Nombre3]   la defensora pública en materia agraria la licenciada Josely Cordero Castillo, carné veintiocho mil novecientos cuarenta y dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.

 Redacta el juez Picado Vargas; y

CONSIDERANDO:

 I.- De las pretensiones:  La parte actora plantea,  proceso ordinario y estima la demanda en veinticinco millones de colones, solicita que en sentencia se declare lo siguiente: "1) Solicito que se ordene a los aquí demandados, abstenerse de realizar cualquier acto que implique intención de perturbar de cualquier forma la propiedad y posesión que le corresponde a los aquí actores sobre el terreno en disputa.- 2) Se reivindique el derecho de propiedad de los aquí actores sobre el terreno descrito en el plano catastrados número P-625069-2000, ordenándose al Banco Popular y de Desarrollo Comunal en segregar de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad partido de Puntarenas, folio real matrícula [Placa1]       -   , un terreno con iguales dimensiones al descrito en el plano catastrado número P-625069-2000 a favor de los aquí actores, terreno que debe ser debidamente inscrito en partes iguales a favor [Nombre1]   y [Nombre2]   como finca independiente en el Registro Público de la Propiedad.- 3) Solicito que se condene a [Nombre3]    al pago de los daños y perjuicios ocasionados a los actores por las acciones que desembocaron en esta demanda. Con respecto a este punto debo indicar que los daños y perjuicios ocasionados a los actores se liquidan y motivan de la siguiente forma: DAÑO MORAL Y PSICOLÓGICO: Provocados a [Nombre1]   y [Nombre4]   por la venta de la finca descrita en el plano catastrado número P- 625069-2000 la cual se encuentra traslapada con la finca descrita en el plano catastrado número P-386562-1980, además de la angustia generada, el temor, la inseguridad, lesión efectiva de sus sentimientos y su seguridad personal, además se produce por el solo hecho de tener que llevar un proceso judicial tan largo en la condición de actores para verse resarcidos por los daños y perjuicios ocasionados. Se estima dicho daño en este momento en la suma de DOS MILLONES DE COLONES a razón de UN MILLÓN DE COLONES PARA CADA ACTOR. PERJUICIOS: Ocasionados [Nombre1]   y [Nombre2]   en el presente proceso, los cuales consisten en los intereses que mi representado ha dejado de percibir por el no pago hasta la fecha de los montos anteriormente dichos, los que pido sean calculados conforme el artículo 497 del Código de Comercio. 4) Solicito se condene solidariamente a los demandados al pago de ambas costas de este proceso. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que se deniegue la pretensión principal, pido se ordene a los demandados el deber de cancelar a los aquí actores todas aquellas mejoras introducidas a la propiedad como lo son las cercas con alambre de púas nuevo, siete a partos para la actividad ganadera, se mejoraron y resembraron veintisiete hectáreas de pasto llamado Toledo, se sembraron árboles maderables de cedro y teca, además de condenar solidariamente a los demandados al pago de costas ocasionadas.- (Ver en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur , Corredores ver en bandeja de escritos de fecha 29/11/2018 03:09:15).

   II.- Excepciones deducidas: La parte demandada [Nombre3]    fue debidamente notificada y opuso las excepciones de prescripción negativa, falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva, según argumentos que se aprecian de imagen 95 a la 96 de la c.v. Por su parte el representante del Banco Popular opuso la excepción previa de incompetencia, tal y como se aprecia en la imagen 72 de la c.v y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva ( Ver auto de traslado, y contestación del Banco Popular de imagen 62 a la 64 y de la 109 a la 113 todas de la C.V del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur Corredores).

 III.- El  licenciado  Juan Carlos  Castillo López,  juez del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, mediante sentencia número 182-2021 de las dieciséis horas nueve minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, resolvió: "POR TANTO: "  En virtud de lo expuesto y citas legales SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda ordinaria de [Nombre1]   y [Nombre2]   CONTRA de [Nombre3]    y CONTRA el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL y en consecuencia se acogen parcialmente las pretensiones de la parte actora de la siguiente forma: 1) Se ordena a los aquí demandados, abstenerse  de  realizar cualquier acto que implique intención de perturbar de cualquier forma la propiedad y posesión que le corresponde a los aquí actores sobre el terreno en disputa.- 2) Se declara usucapión a favor de los actores sobre la finca descrita en el plano catastrados número P-625069-2000, ordenándose al Banco Popular y de Desarrollo Comunal en segregar de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad partido de Puntarenas, folio real matrícula [Placa2] CED10     [Placa3] - CED11  [Placa4] un terreno con iguales dimensiones al descrito en el plano catastrado número P-625069-2000 a favor de los aquí actores, terreno que debe ser debidamente inscrito en partes iguales a favor [Nombre1]   y [Nombre2]   como finca independiente en el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior una vez firme esta sentencia. En lo no expresamente aprobado en esta sentencia entiéndase por denegado. En cuanto a las excepciones opuestas por el demandado [Nombre3]    prescripción negativa, falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva las mismas se acogen. El Banco Popular opuso la excepción de falta de derecho falta de legitimación activa y pasiva las mismas se rechazan. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes que esta sentencia admite recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de cinco días. En ese mismo plazo y ante éste Órgano Jurisdiccional se deberán exponer en forma verbal o escrita los motivos de hecho o derecho en que la parte recurrete (Sic) apoya su inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inadmisible el recurso, según los artículos 500 y 501 inciso c) y d) del Código de Trabajo; Votos números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de mil novecientos noventa y ocho y 1306 de las 16:27 horas del 23 de Febrero de 1999, ambos de la Sala Constitucional y Voto número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999. Si alguna de las partes va a presentar recurso de apelaciÛn (Sic) contra la presente resolución, favor remitir además, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad  en materia agraria, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, lo hagan saber en el mismo escrito de apelación, o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar.- NOTIFÍQUESE. Lo resaltado en negrita es del original. (Ver en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, ver en bandeja, documentos asociados sentencia primera instancia de fecha 25/06/2021 16:08:43).

 IV.- Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados por ser acordes al mérito del acervo probatorio.-

 V.-  Se comparten los hechos no demostrados por encontrarse ayunos de elementos de prueba que los confirmen.-

 VI.- La parte demandada Banco Popular por medio de su apoderado especial judicial, interpuso recurso de apelación con nulidad concomitante contra dicha resolución, manifestando lo siguiente: AGRAVIOS: "Primero:  En la página 5 (Hecho Probado Segundo), 16 y 28, se indica: “… Además los aquí actores ingresaron a este terreno para explotar el fundo agrario, como medio habitacional y de subsistencia propia y de su núcleo familiar, pues mantienen la siembra de plátano, banano, árboles frutales y otros cultivos de temporada, asimismo ejercen la actividad de engorde de ganado con quince toros actualmente, actividades agrarias que sirven como medio de subsistencia para los aquí actores y su familia…”  Esto es completamente falso. No se infiere de la prueba y de los documentos que constan en autos, que la parte actora tenga una producción de subsistencia, ni siquiera viven ni han vivido nunca ahí. Tal y como, ellos mismos lo han mencionado, llegan los fines de semana a darse una vuelta, como una especie de finca de recreo o inversión, nada más.  Segundo: A página 34 indica: “… En este caso como la demanda fue presentada como una acción reivindicatoria se debe necesariamente analizar si cumplen con los presupuestos de dicha acción. Dichos presupuestos como se indicó son: Legitimación activa. Legitimación pasiva e identidad del bien. Empezamos con el presupuesto de la legitimación activa, la cual implica demostrar la titularidad del bien, que en este caso es correspondería demostrar si los actores son los titulares registrales de la finca del Partido de Puntarenas número de folio real 41551-000. Analizado que fue este presupuesto vemos que dicha finca está inscrita en el Registro Nacional a nombre del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, tal y como se observa en la imagen 22 de la Carpeta Virtual, por consiguiente no logran los actores tener legitimación activa para que les pudiera prosperar esta acción como acción reivindicatoria. En cuanto a los demás presupuestos resultan innecesarios entrar al abordaje de los mismos, toda vez que a falta del cumplimiento de uno de ellos no puede prosperar dicha acción… No obstante lo anterior y de conformidad con el artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, resuelvo este asunto a conciencia, basándome en el cuadro fáctico y el instituto jurídico aplicable, toda vez que hay que darle una solución a este asunto.” Es cierto que hay que darle una solución al asunto, pero la solución es justamente el rechazarlo por la falta de legimitación activa para el instituto solicitado en la demanda, como lo es la acción reivindicatoria agraria, el resolver “en conciencia” como lo hacen presuntamente los jueces implicaría un vicio de extra petita o al menos de ultra petita, al estarse aplicando figuras y pretensiones que no corresponden a la petitoria de los actores. El artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, permite al juez agrario apreciar la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero no a resolver en conciencia como se le ocurra, subsanando las falencias de la parte actora en sus pretensiones, claramente el mismo 54 indica: “… La sentencia deberá resolver todos los puntos que hayan sido objeto de debate, y no comprenderá más cuestiones que las debatidas. Fuera de esto, se toma como título traslativo de dominio, o justo título, la escritura de traspaso hecha por el señor [Nombre3] , quien supuestamente era el poseedor de un inmueble no inscrito, lo cual claramente era incorrecto, puesto que la porción de terreno objeto del proceso se encontraba con plano e inscrita desde 1980. Se habla de que presuntamente don [Nombre3] hizo una adquisición a non domino, pero no se demuestra que el señor [Nombre3] adquiriera de alguien más, siendo que, de este modo, se permite que éste simplemente se metiera en un terreno que registralmente tenía propietario, levantara un plano, y luego lo vendiera a terceros como un terreno no inscrito, el cual siempre, y durante todo este tiempo tuvo propietario registral, por lo que, el tener este supuesto traspaso de un derecho de posesión sobre un inmueble que tenía ya muchos años de tener inmatriculación, y propietario registral, como justo título, es claramente improcedente. A folios 37 y 38 se otorga como pretensión 2 del actor una usucapión agraria que nunca fue pedida por el actor, ellos pidieron una acción reivindicatoria, lo cual claramente es un vicio de extra petita en la sentencia. Por otro lado, supuestamente están dando la usucapión especial agraria, pero no se demostró en ningún momento la posesión en precario, no se analizó si los supuestos siembros y semovientes cumplían con un ciclo productivo, no basta con el solo hecho de sembrar un poco de pasto y listo, no se acreditó que el ganado que se vio en el terreno era propiedad de los actores. En conclusión, mi representado se adjudicó el inmueble objeta de esta litis inscrito en el Registro Público, tal y como ha quedado debidamente acreditado en autos y en la sentencia recurrida, siendo esto un hecho probado incuestionable. No es problema de mi representado que los actores por error o mal intencionadamente hayan adquirido un bien que consta en el Registro Público a nombre de otra persona. Precisamente los actos se inscriben en el Registro Público con el fin de darles publicidad y para que cualquier tercero interesado se informe de la situación de un inmueble específico. Por ello con base en el principio de publicidad registral no puede alegar los actores ignorancia y menos aún buena fe y justo título. Esto demuestra la ligereza e imprudencia con que se ha actuado y que condujo a la lamentable situación que se presenta, no es posible que este señor [Nombre3]  haya hecho un plano catastrado sobre una propiedad que no le pertenece y que posteriormente lo vende por un monto que hasta si se quiere ridículo, aun sabiendo que no le pertenece. Esto evidencia claramente que en ningún momento se ha actuado de buena fe y que lo único que se pretende es sacar provecho a costa de mi representado. Es a todas luces evidente la intención de la parte actora de apropiarse de un bien que no les pertenece, simplemente mediante un plano catastrado que nunca se inscribió por cuanto era evidente que la propiedad no le pertenecía al señor [Nombre3] . Sin embargo, se ha pretendido confundir y hacer creer a su Autoridad que ha ejercido de buena fe, a título de dueño, lo cual ha quedado claro que no es cierto. En tal sentido, solicito sea modificada la sentencia dictada y en su lugar se dicte otra que se ajuste a derecho."  (Ver en el escritorio virtual del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, ver en bandeja de escritos de fecha 13/07/2021 11:48:47).-

 VII.- SOBRE LOS MOTIVOS DE NULIDAD CONCOMITANTE DEL RECURSO RELATIVOS AL VICIO DE INCONGRUENCIA: Sobre la incongruencia como motivo de nulidad no lleva razón el recurrente. Si bien es cierto, en la demanda la actora denomina la acción como "reivindicación de propiedad, usucapión especial agraria y daños y perjuicios"; de la lectura de la misma como una unidad, se extrae que lo solicitado es una demanda de acción de usucapión agraria común. Esto por cuanto en los fundamentos de derecho los actores no citan las normas de la Usucapión Agraria especial contenidas en los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización, sino que lo fundametan en los numerales 853 y siguientes del Código Civil. También por el hecho de que alegan el justo título por haber adquirido en forma derivada y de buena fe, de un anterior poseedor, los cuales tampoco son requisitos de la usucapión especial agraria, sino de la ordinaria del Código Civil. Por ende, no existe vicio de fallo ultrapetita en la resolución impugnada. En cuanto al término reivindicación, por una deficiente técnica en la formulación de pretensiones, debe entenderse que lo piden como consecuencia de la usucapión y no viceversa. De todas formas, el a quo resuelve también la acción reivindicatoria declarándola sin lugar, por no ser los actores propietarios registrales del bien objeto de litigio. Se rechaza la nulidad concomitante.-

 VIII.- SOBRE EL AGRAVIO DE FONDO DEL RECURSO RELATIVO AL ACOGIMIENTO DE LA PRETENSIÓN DE ACCION REIVINDICATORIA:  No lleva razón el recurrente, toda vez que dicha pretensión fue rechazada por la sentencia impugnada, precisamente, por los motivos que alega en su agravio, de que los actores carecen de legitimación activa por no ser propietarios registrales. Se rechaza el primer agravio.-

 IX.- SOBRE LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LOS REQUISITOS DE POSESION Y BUENA FE EN LA USUCAPIÓN: Tampoco lleva razón el recurrente. Sobre la buena fe, como requisito de la usucapión, consiste en el estado de conciencia de que no se posee un bien ajeno, por ello, el artículo 286 del Código Civil establece una presunción iuris tantum en el sentido de que la buena fe se presume en la posesión y es quien se oponga a la usucapión quien tiene la carga de probar que el poseedor es de mala fe, es decir, que tenía certeza de que el inmueble pertenece a otra persona (artículo 285 ibídem). El hecho de que un inmueble se encuentre inscrito registralmente no implica que todas las personas tengan que saber que determinado número de folio real pertenezca a un terreno en específico. Y la parte demandada no demostró que los actores supieran de que la finca estuviera inscrita, por lo que la presunción se mantiene incólume. Sobre la posesión de los actores como hecho probado, este Tribunal concuerda con la valoración probatoria realizada por el a quo, a la luz del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Quedó debidamente demostrado que los actores han dedicado la finca en cuestión a la siembra de plátano, banano, árboles frutales y otros cultivos de temporada, asimismo ejercen la actividad de engorde de ganado con quince toros. Ello con la prueba de reconocimiento judicial y con los testimonios de la señora Yolanda Rojas Aguirre, quien dijo conocer la finca desde hacía diecisiete años,, el testigo [Nombre5]    quien conoce la finca desde hacía 15 años atrás y [Nombre6]  , conocer del fundo desde hace 16 años, en los cuales todos coinciden en que los actores han sido los únicos en trabajar el terreno con ganadería y agricultura, que la pusieron en producción luego que eran anteriormente charrales. Tampoco lleva razón el recurrente al indicar que se trata de uan finca de recreo y para fines de semana, como lo indica en su recurso, pues no hay prueba que sea así o que contradiga el resultado de la testimonial y el reconocimiento judicial. Aunado a ello, como no se trata de una usucapión agraria especial, no se requiere del estado de necesidad para una posesión en precario. En consecuencia, se rechazan los agravios y se confirma la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-

POR TANTO

 Se rechaza la nulidad concomitante. Se confima la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-

 

 

  

 

 

 

 

 

	

	

 




	



[Nombre7]

[Nombre8]    - JUEZ/A DECISOR/A

	






A43AOLHGWXTS61

[Nombre9]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



JJYODINSBA861

[Nombre10]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección1] ,     , [Dirección2]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-02-2026 18:53:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTO N° 327-F-22

AGRICULTURAL TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At sixteen hours fifteen minutes on the twenty-second of March two thousand twenty-two.-

ORDINARY PROCEEDING filed by [Nombre1], of legal age, married once, cattle rancher, resident of Uvita de Osa, identity card number CED1 - - ; [Nombre2], of legal age, homemaker, resident of Uvita de Osa, identity card number CED2 - - ; against [Nombre3], of legal age, married once, merchant, resident of Palmar Norte de Osa, identity card number CED3 - - ; and BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, legal identification number CED4 - - , represented by its general judicial attorney-in-fact without limit of amount, Max Obando Rodríguez, of legal age, married twice, attorney, resident of San José, identity card number CED5 - - . Acting as special judicial attorneys for the plaintiffs are Cristhian Artavia Gamboa, identity card CED6 - - , bar number nineteen thousand one hundred thirty-eight; and for the defendant Banco Popular, Víctor Hugo Castro Cartín, identity card number CED7 - - , attorney number seventeen thousand thirty-five; and attorney Marvin Abarca Chaves, identity card number CED8 - - , number CED9 ; and for the defendant [Nombre3], the public defender in agricultural matters, attorney Josely Cordero Castillo, bar number twenty-eight thousand nine hundred forty-two. Processed before the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.

Drafted by Judge Picado Vargas; and

CONSIDERING:

I.- Regarding the Claims: The plaintiffs bring an ordinary proceeding and estimate the claim at twenty-five million colones, requesting that the judgment declare the following: "1) I request that the defendants here be ordered to refrain from performing any act implying an intention to disturb in any way the property and possession corresponding to the plaintiffs here over the land in dispute.- 2) That the right of ownership of the plaintiffs here be reivindicated over the land described in cadastral survey number P-625069-2000, ordering Banco Popular y de Desarrollo Comunal to segregate from the property registered in the Public Registry of Property, district of Puntarenas, real folio registration number [Placa1] - , a land area with the same dimensions as described in cadastral survey number P-625069-2000 in favor of the plaintiffs here, a land area that must be duly registered in equal shares in favor of [Nombre1] and [Nombre2] as an independent property in the Public Registry of Property.- 3) I request that [Nombre3] be ordered to pay the damages and losses caused to the plaintiffs by the actions that led to this claim. Regarding this point, I must indicate that the damages and losses caused to the plaintiffs are liquidated and reasoned as follows: MORAL AND PSYCHOLOGICAL DAMAGE: Caused to [Nombre1] and [Nombre4] by the sale of the property described in cadastral survey number P- 625069-2000 which is overlapped with the property described in cadastral survey number P-386562-1980, in addition to the generated anguish, fear, insecurity, effective injury to their feelings and personal security; it is also produced by the mere fact of having to pursue such a long judicial process in the condition of plaintiffs to be compensated for the damages and losses caused. Said damage is estimated at this time in the sum of TWO MILLION COLONES at a rate of ONE MILLION COLONES FOR EACH PLAINTIFF. LOSSES: Caused to [Nombre1] and [Nombre2] in the present process, which consist of the interest that my client has failed to earn due to the non-payment to date of the aforementioned amounts, which I request be calculated in accordance with Article 497 of the Code of Commerce. 4) I request that the defendants be jointly and severally ordered to pay both cost awards of this process. SUBSIDIARY CLAIM: In the event that the main claim is denied, I request that the defendants be ordered to pay the plaintiffs here for all improvements introduced to the property such as new barbed wire fences, seven watering points for cattle ranching activity, twenty-seven hectares of pasture called Toledo improved and reseeded, timber trees of cedar and teak were planted, in addition to jointly and severally ordering the defendants to pay the costs incurred.- (See on the virtual desktop of the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, see in the filings inbox dated 29/11/2018 03:09:15).

II.- Defenses Raised: The defendant [Nombre3] was duly notified and raised the defenses of negative statute of limitations, lack of right, lack of standing to sue, and lack of standing to be sued, according to arguments seen from image 95 to 96 of the virtual case file. For its part, the representative of Banco Popular raised the preliminary defense of lack of jurisdiction, as seen in image 72 of the virtual case file, and raised the defenses of lack of right, lack of standing to sue and to be sued (See transfer order and Banco Popular's answer from image 62 to 64 and from 109 to 113 all of the virtual case file of the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores).

III.- Attorney Juan Carlos Castillo López, judge of the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, by judgment number 182-2021 of sixteen hours nine minutes on the twenty-fifth of June two thousand twenty-one, decided: "POR TANTO: By virtue of the foregoing and legal citations, THIS ORDINARY CLAIM by [Nombre1] and [Nombre2] AGAINST [Nombre3] and AGAINST BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL IS DECLARED PARTIALLY GRANTED, and consequently the plaintiffs' claims are partially granted as follows: 1) The defendants here are ordered to refrain from performing any act implying an intention to disturb in any way the property and possession corresponding to the plaintiffs here over the land in dispute.- 2) Adverse possession is declared in favor of the plaintiffs over the property described in cadastral survey number P-625069-2000, ordering Banco Popular y de Desarrollo Comunal to segregate from the property registered in the Public Registry of Property, district of Puntarenas, real folio registration number [Placa2] CED10 [Placa3] - CED11 [Placa4] a land area with the same dimensions as described in cadastral survey number P-625069-2000 in favor of the plaintiffs here, a land area that must be duly registered in equal shares in favor of [Nombre1] and [Nombre2] as an independent property in the Public Registry of Property. The foregoing, once this judgment is final. In what is not expressly approved in this judgment, it shall be understood as denied. Regarding the defenses raised by the defendant [Nombre3], negative statute of limitations, lack of right, lack of standing to sue, lack of standing to be sued, the same are granted. The Banco Popular raised the defense of lack of right, lack of standing to sue and to be sued, the same are rejected. It is resolved without special award of costs. The parties are advised that this judgment admits an appeal, which must be filed before this Court within a period of five days. Within the same period and before this Judicial Body, the reasons of fact or law on which the appellant party supports its disagreement must be stated verbally or in writing, under the warning of declaring the appeal inadmissible, according to Articles 500 and 501, subsections c) and d) of the Labor Code; Votos numbers 5798 of 16:21 hours on August 11, nineteen ninety-eight and 1306 of 16:27 hours on February 23, 1999, both of the Constitutional Chamber, and Voto number 386 of 14:20 hours on December 10, 1999. If any of the parties is going to file an appeal against this resolution, please also send the appeal by electronic format. Due to the insertion of orality in agricultural matters, if it is the wish of the party for the Appellate Tribunal to grant them an oral hearing, make it known in the same writ of appeal, or failing that, indicate an email address where they can be notified.- NOTIFY. The bold text is from the original. (See on the virtual desktop of the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, see in inbox, associated documents first instance judgment dated 25/06/2021 16:08:43).

IV.- The list of facts deemed proven is endorsed, as they are consistent with the merit of the evidentiary body.-

V.- The facts not proven are shared, as they are devoid of evidentiary elements that confirm them.-

VI.- The defendant Banco Popular, through its special judicial attorney, filed an appeal with concomitant nullity against said resolution, stating the following: GRIEVANCES: "First: On page 5 (Proven Fact Second), 16 and 28, it states: '... In addition, the plaintiffs here entered this land to exploit the agricultural estate, as a dwelling and subsistence means for themselves and their family nucleus, since they maintain the planting of plantain, banana, fruit trees and other seasonal crops, likewise they exercise the activity of cattle fattening with fifteen bulls currently, agricultural activities that serve as a means of subsistence for the plaintiffs here and their family...' This is completely false. It is not inferred from the evidence and the documents in the record that the plaintiffs have a subsistence production; they do not even live nor have they ever lived there. As they themselves have mentioned, they come on weekends to take a look around, as a kind of recreational property or investment, nothing more. Second: On page 34 it indicates: '... In this case, since the claim was filed as a reivindicatory action, it is necessarily required to analyze whether they meet the requirements of said action. Said requirements, as indicated, are: Standing to sue. Standing to be sued and identity of the property. We begin with the requirement of standing to sue, which implies demonstrating ownership of the property, which in this case would correspond to demonstrating if the plaintiffs are the registered owners of the property of the District of Puntarenas, real folio number 41551-000. Upon analyzing this requirement, we see that said property is registered in the National Registry under the name of Banco Popular y de Desarrollo Comunal, as seen in image 22 of the Virtual Case File, therefore the plaintiffs do not manage to have standing to sue for this action to succeed as a reivindicatory action. As for the other requirements, it becomes unnecessary to address them, since the failure to meet one of them prevents said action from succeeding... Notwithstanding the foregoing and in accordance with Article 54 of the Agricultural Jurisdiction Law, I resolve this matter according to conscience, based on the factual framework and the applicable legal institute, since a solution must be given to this matter.' It is true that a solution must be given to the matter, but the solution is precisely to reject it due to the lack of standing to sue for the legal institute requested in the claim, such as the agricultural reivindicatory action; resolving 'according to conscience' as the judges presumably do would imply a vice of extra petita or at least ultra petita, by applying figures and claims that do not correspond to the plaintiffs' request. Article 54 of the Agricultural Jurisdiction Law allows the agricultural judge to evaluate evidence according to conscience and without strict subjection to the rules of common law, but not to resolve according to conscience as they please, correcting the plaintiffs' deficiencies in their claims; clearly the same article 54 indicates: '... The judgment must resolve all the points that have been the subject of debate, and shall not include more issues than those debated. Apart from this, it is taken as a traslative deed of domain, or just title, the transfer deed made by Mr. [Nombre3], who supposedly was the possessor of an unregistered property, which clearly was incorrect, since the portion of land subject to the process was with a survey and registered since 1980. It is said that presumably Mr. [Nombre3] made an acquisition a non domino, but it is not demonstrated that Mr. [Nombre3] acquired it from someone else, with the result that, in this way, it is allowed that he simply entered a land that registrally had an owner, raised a survey, and then sold it to third parties as an unregistered land, which always, and during all this time, had a registered owner, so, having this supposed transfer of a right of possession over a property that had already had registration for many years, and a registered owner, as a just title, is clearly improper. On folios 37 and 38, an agricultural adverse possession that was never requested by the plaintiff is granted as claim 2 of the plaintiff; they requested a reivindicatory action, which clearly is a vice of extra petita in the judgment. On the other hand, they are supposedly granting the special agricultural adverse possession, but possession in precariousness was never demonstrated at any time; it was not analyzed whether the supposed plantings and cattle met a productive cycle; it is not enough just to sow a little pasture and that's it; it was not accredited that the cattle seen on the land were the property of the plaintiffs. In conclusion, my represented party was awarded the property object of this dispute registered in the Public Registry, as has been duly accredited in the record and in the appealed judgment, this being an unquestionable proven fact. It is not my represented party's problem that the plaintiffs, by error or malicious intent, have acquired a property that appears in the Public Registry under the name of another person. Precisely, acts are registered in the Public Registry in order to give them publicity and so that any interested third party can find out about the situation of a specific property. Therefore, based on the principle of registry publicity, the plaintiffs cannot allege ignorance and even less good faith and just title. This demonstrates the lightness and imprudence with which they have acted and which led to the regrettable situation presented; it is not possible that this Mr. [Nombre3] made a cadastral survey on a property that does not belong to him and subsequently sells it for an amount that could even be described as ridiculous, even knowing that it does not belong to him. This clearly shows that at no time has anyone acted in good faith and that the only intention is to profit at the expense of my represented party. The plaintiffs' intention to appropriate property that does not belong to them is clearly evident, simply through a cadastral survey that was never registered because it was evident that the property did not belong to Mr. [Nombre3]. However, they have attempted to confuse and make your Authority believe that they have exercised in good faith, as owners, which has clearly been shown to be untrue. In this regard, I request that the issued judgment be modified and in its place another be issued that conforms to law." (See on the virtual desktop of the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores, see in the filings inbox dated 13/07/2021 11:48:47).-

VII.- ON THE GROUNDS FOR CONCOMITANT NULLITY OF THE APPEAL RELATING TO THE VICE OF INCONGRUENCE: Regarding incongruence as a ground for nullity, the appellant is not correct. While it is true, in the claim the plaintiff calls the action "reivindicación de propiedad, usucapión especial agraria y daños y perjuicios" (reivindication of property, special agricultural adverse possession, and damages and losses); from reading it as a whole, it is extracted that what is requested is a claim for common agricultural adverse possession. This is because in the legal grounds the plaintiffs do not cite the rules of Special Agricultural Adverse Possession contained in Articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización, but rather base it on numerals 853 and following of the Civil Code. Also due to the fact that they allege just title for having acquired in a derivative manner and in good faith, from a previous possessor, which are also not requirements of special agricultural adverse possession, but of ordinary possession under the Civil Code. Therefore, there is no vice of an ultra petita ruling in the challenged resolution. Regarding the term reivindicación, due to a deficient technique in the formulation of claims, it must be understood that they request it as a consequence of adverse possession and not vice versa. In any case, the a quo (lower court judge) also resolves the reivindicatory action by declaring it without merit, because the plaintiffs are not the registered owners of the property in dispute. The concomitant nullity is rejected.-

VIII.- ON THE SUBSTANTIVE GRIEVANCE OF THE APPEAL RELATING TO THE GRANTING OF THE CLAIM FOR REIVINDICATORY ACTION: The appellant is not correct, since said claim was rejected by the challenged judgment, precisely, for the reasons alleged in their grievance, that the plaintiffs lack standing to sue for not being registered owners. The first grievance is rejected.-

IX.- ON THE GRIEVANCES RELATING TO THE REQUIREMENTS OF POSSESSION AND GOOD FAITH IN ADVERSE POSSESSION: The appellant is also not correct. Regarding good faith, as a requirement of adverse possession, it consists of the state of consciousness of not possessing another's property; therefore, Article 286 of the Civil Code establishes a iuris tantum presumption to the effect that good faith is presumed in possession, and it is whoever opposes the adverse possession who has the burden of proving that the possessor is in bad faith, that is, that they had certainty that the property belongs to another person (Article 285 ibidem). The fact that a property is registered in the registry does not imply that all persons must know that a specific real folio number belongs to a specific land. And the defendant did not demonstrate that the plaintiffs knew that the property was registered, therefore the presumption remains intact. Regarding the plaintiffs' possession as a proven fact, this Tribunal agrees with the evidentiary assessment carried out by the a quo (lower court judge), in light of Article 54 of the Agricultural Jurisdiction Law. It was duly demonstrated that the plaintiffs have dedicated the property in question to the planting of plantain, banana, fruit trees, and other seasonal crops, likewise they exercise the activity of cattle fattening with fifteen bulls. This with the judicial inspection evidence and with the testimonies of Mrs. Yolanda Rojas Aguirre, who said she had known the property for seventeen years, the witness [Nombre5] who has known the property for 15 years back and [Nombre6], knows the estate from 16 years ago, in which all coincide that the plaintiffs have been the only ones to work the land with cattle raising and agriculture, that they put it into production after it was previously overgrown scrubland. The appellant is also incorrect in indicating that it is a recreational property and for weekends, as indicated in his appeal, since there is no evidence that this is so or that contradicts the result of the testimonial evidence and the judicial inspection. Added to this, as it is not a special agricultural adverse possession, a state of need for a precarious possession is not required. Consequently, the grievances are rejected and the judgment is confirmed in what was the subject of appeal.-

POR TANTO

The concomitant nullity is rejected. The judgment is confirmed in what was the subject of appeal.-