Res. 00032-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII — TCA judicial review of CGR sanction for titling Natural State Heritage landsAuditoría de legalidad del TCA sobre sanción de la CGR por titulación de PNE

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII

Resolución Nº 00032 - 2022

Fecha de la Resolución: 25 de Abril del 2022 a las 13:50

Expediente: 14-002998-1027-CA

Redactado por: Alinne Solano Ramírez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Procedimiento administrativo disciplinario

Subtemas:

Consideraciones sobre el marco normativo aplicable en en la hacienda pública..

"V.-RECUENTO NORMATIVO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE HACIENDA PÚBLICA.  Ante los reclamos de la actora, estima esta Cámara que es primordial establecer el marco normativo aplicable al procedimiento sancionatorio seguido en el caso concreto para luego valorar por el fondo las pretensiones de la demandante.  Establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (en adelante LOCGR), que la Contraloría, tendrá la potestad de ordenar y recomendar sanciones  y expresa sobre ello, que tal posibilidad se da: "cuando en el ejercicio de sus potestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública" (ver norma de rito); el mismo numeral señala que se instaurará un procedimiento y se emitirá un acto final en el cual "recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, (subrayado no es del original) la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso. La Contraloría formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole, en todo momento, un proceso debido y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa en su favor. La autoridad competente del sujeto pasivo requerido deberá cumplir, dentro del plazo que le establezca la Contraloría, con la recomendación impartida por esta; salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, se interponga una gestión de revisión, debidamente motivada y razonada, por parte del jerarca del sujeto pasivo requerido. En este caso y una vez resuelta la gestión indicada, deberá cumplir, sin dilación, con lo dispuesto en el pronunciamiento técnico jurídico final de la Contraloría, so pena de incurrir en el delito de desobediencia, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. La expiración del plazo fijado por la Contraloría General de la República para que el sujeto pasivo imponga la sanción ordenada, no hará prescribir, por sí, la responsabilidad del servidor ni caducar el derecho del sujeto pasivo a imponer dicha sanción, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. El derecho de la Contraloría General de la República a ejercer, en el caso concreto, la potestad para recomendar u ordenar la aplicación de sanciones prescribirá en el término de dos años contados a partir de la iniciación del expediente respectivo. El inicio del expediente se entenderá con la orden de la oficina competente de la Contraloría para comenzar la investigación del caso, en relación con determinados servidores"; según el REGLAMENTO ORGÁNICO  DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante ROCGR), la oficina competente para este procedimiento es la División Jurídica y atendiendo al numeral 16 de dicho reglamento "La División Jurídica depende orgánicamente del Despacho Contralor y se encuentra a cargo de una Gerencia de División.  Ejecuta funciones exclusivas de fiscalización superior contenidas en la normativa que le atribuye competencias sustantivas al órgano contralor y ejerce la rectoría jurídica en los procesos del macroproceso de fiscalización integral para lo cual dirige, gestiona y asesora jurídicamente en los procesos institucionales, con el propósito de que toda la actividad que ejerce la institución se desarrolle de conformidad con el ordenamiento jurídico," y "lidera los procesos de: (...) b. Procedimientos administrativos  (...) d. Emisión de criterios vinculantes. " (ver reglamento referido)  Propiamente en cuanto al procedimiento administrativo a cargo de dicha dirección, señala el numeral 18 del mismo reglamento: "Los funcionarios de la División Jurídica podrán resolver de forma unipersonal o colegiadamente los actos que den inicio y pongan fin a los procedimientos administrativos tendentes a determinar las responsabilidades civiles y administrativas en materia de Hacienda Pública o a declarar la nulidad absoluta de actos y contratos." [...]

En relación a la validez de los actos administrativos, la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), regula el acto administrativo, por ser este manifestación de la voluntad de la Administración dirigida a realizar los fines que le han sido impuestos por el ordenamiento; en consecuencia, los actos generados por el órgano director del procedimiento sancionatorio y por el órgano decisor del mismo se rigen por estos elementos.  Según la LGAP, el acto administrativo debe emitirse conforme a las reglas vigentes del ordenamiento, en caso de omitirse los requisitos establecidos surge el llamado vicio del acto, que genera la invalidez del mismo, sea en forma parcial o absoluta; cuando la  invalidez, o ausencia de requisitos, recae en los elementos sustantivos del acto (competencia del agente, fin, motivo, y contenido), el acto es absolutamente nulo y no surte efectos; cuando el vicio recae sobre elementos accesorios del acto (como las formalidades exteriores), es relativa y/o subsanable.  Así, la nulidad es la condición de invalidez que presenta el acto administrativo, de forma que la anulación la produce la resolución que emite el órgano competente -sea jurisdiccional o administrativo en este caso esta Cámara del Tribunal-, para declarar que una actuación formal resulta disconforme con el ordenamiento jurídico.

El acto administrativo que así es declarado, no puede surtir ningún tipo de efecto según regulan los artículos 165 al 172, 176 a 179 de la Ley General de la Administración Pública, (en adelante LGAP). Para que se anulen actos emitidos por la administración, se debe efectuar una confrontación del acto con los elementos de validez que le prescribe el ordenamiento jurídico, una revisión de la legalidad  o “juicio contencioso de nulidad” (antes juicios ordinarios). Se trata entonces de un proceso en el que la parte actora está llamada a demostrar la o las infracciones al ordenamiento jurídico que se alegan cometidas y actuantes en el acto cuya erradicación de ese mismo ordenamiento se solicita en la demanda. La emisora del acto, habrá de demostrar el cumplimiento de los requisitos y exigencias que le impone el ordenamiento jurídico para su plena validez del acto emitido (véase art. 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo en adelante CPCA) [...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

14-002998-1027-CA




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

Nombre154104 




DEMANDADO/A:

	

ESTADO Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

Nº32-2022-VII

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del veinticinco de abril del año dos mil veintidós.

     Proceso de Conocimiento incoado por Nombre154104  , mayor de edad, casado una vez, político, vecino de la provincia de Limón, cédula de identidad número CED116924, contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante Contraloría) representada por Nombre3879   , en su condición de Contralora General, cédula de identidad CED122311  y contra el ESTADO representado por Nombre29420   , en su condición de Procuradora General, cédula de identidad CED118298. Figuran los siguientes abogados como apoderados especiales judiciales: de la actora Nombre13856    cédula de identidad CED122312 (poder en imagen 255 del legajo de medida cautelar) y [Nombre62 015]  cédula de identidad  [Valor 007] (poder visible en imagen 286 carpeta principal del expediente judicial en adelante expediente judicial), del Estado Nombre113439   cédula de identidad CED116985; de la Contraloría los abogados Hansel Arias Ramírez, cédula de identidad CED122313, Paula Serra Brenes, cédula de identidad CED116893 y Nombre154105  Nombre7296, cédula de identidad CED116505 (poderes visibles por su orden en imágenes 156, 330, 255, 329 de la carpeta electrónica de medida cautelar)

CONSIDERANDO

I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal tenemos lo siguiente:

1) Mediante escrito de demanda presentado el 21 de mayo del año 2014, (imagen 25 de la carpeta principal del expediente judicial en adelante expediente judicial), la parte actora solicitó: a) Que se declare con lugar la presente demanda en todos sus extremos. b) Que se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico de los actos administrativos contenidos en las resoluciones PA-22-2013, de las diez horas del primero de noviembre del año dos mil trece y el R-DC-032-2014 de las trece horas del veintitrés de abril. c) Que se declare la nulidad total de la conducta administrativa dictada en las resoluciones PA-22-2013, de las diez horas del primero de noviembre del año dos mil trece, y el R-DC-032-2014 de las trece horas del veintitrés de abril. d) Solicito se condene a la demanda al pago de daños y perjuicios ocasionados los cuales liquidaremos en el momento oportuno. e) Se condene a la demandada al pago de los intereses de Ley hasta el efectivo pago de los montos en que fuere condenada a cancelar a favor del actor. f) Se condene a la demandada al pago de la indexación correspondiente hasta el efectivo pago de los montos en que fuera condenada a cancelar a favor del actor en el presente juicio. g) Se condene a la demandada al pago de ambas costas personales y procesales.", tal y como consta en imágenes 120 y 121 del expediente judicial. En relación a las pretensiones enunciadas d) y e) fue declarada inadmisible esta demanda, acorde a la resolución de las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, visible en imagen 468 Ibídem.

2) La representación de la Contraloría en memorial presentado en fecha 10 de setiembre del año dos mil catorce, se opone a la demanda y excepciona la falta de derecho solicitando se declare sin lugar la demanda con condena de costas a cargo de la parte actora; por su parte la representación estatal, en fecha 15 de febrero de 2016, se opone a la demanda e interpone la excepción de falta de legitimación pasiva, tal y como consta en imágenes Placa31692       .

3) Mediante resolución 2347-2015 de nueve horas cincuenta y cinco minutos del nueve de setiembre del dos mil quince se declaró la caducidad del proceso ante gestión de la Contraloría, dicha resolución fue revocada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de quince horas quince minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, que ordena continuar con el proceso, tal y como se evidencia en la resolución que consta en imagen 370 Ibídem.

4) La Audiencia Preliminar prevista en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, fue celebrada finalmente a las trece horas treinta minutos del dieciocho de enero del año dos mil veintidós, constando la participación de los representantes de las demandadas, con ausencia de la parte actora; en dicho acto, se previno a la parte actora proceder al saneamiento de su demanda en cuanto a las pretensiones enunciadas por concepto de daños y perjuicios, otorgándole plazo de tres días al efecto.  En el mismo acto se les previene a las partes, remitieran sus conclusiones de forma escrita, tal y como consta en minuta visible en imagen 460 del expediente judicial y archivo de grabación del acto de audiencia.

5) Por auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil veintidós , la persona juzgadora de trámite resolvió: "se declara la Inadmisibilidad parcial de la demanda, consecuentemente, referente a las pretensiones d) y e) correspondiente a los daños y perjuicios y se deberá continuar el proceso únicamente con las pretensiones de imagen 120 del expediente judicial, sean estas las enunciadas en los puntos a), b) y c) y se ordena remitir el presente expediente al tribunal de Puro Derecho que por turno corresponda una vez que alcance firmeza lo aquí resuelto", tal y como consta en imagen 468 ibídem.

6) Mediante escritos de fecha 26 y 28 de enero del dos mil veintidós, las representaciones del Estado y la Contraloría, procedieron a rendir sus conclusiones, y ambas representaciones solicitaron se declare sin lugar la demanda y que se dicte además una condenatoria a la actora al pago de costas y de intereses sobre costas, tal y como consta en imágenes 448 a 487 Ibídem.

7) El presente asunto fue remitido a la Sección Sétima de este Tribunal para el fallo en definitiva el día dieciocho de enero del año dos mil veintidós siendo de trámite preferente ante la participación de una persona adulta mayor.

8) Se dicta esta sentencia, previa deliberación y por unanimidad de los integrantes del Tribunal, sin que se observen vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta  la Jueza Nombre125798 .

II.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. La revisión de los alegatos y documentos aportados por las partes, permiten tener como acreditados los siguientes hechos:

1) Que la parte actora laboró como Presidente Ejecutivo y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario entre los años 2002 y 2005, hecho no controvertido de la demanda.

2) Por resolución de quince horas del cuatro de julio del año dos mil trece, se inició contra el aquí actor,  procedimiento disciplinario sancionatorio de hacienda número DJ-32-2013, seguido contra el aquí actor y otros funcionarios, indicando la citada resolución que se investiga contra la parte aquí actora y los otros funcionarios investigados: "permitieron la titulación de las fincas [Valor 001], [Valor 002], [Valor 003], [Valor 004] y [Valor 005] y serían eventuales responsables ya que con su actuar, al aprobar y votar permitieron una presunta actuación irregular e ilegal, incumpliendo con un deber de vigilancia y de preservación del patrimonio público que les correspondía como jerarcas de esa institución, permitiendo la constitución y emisión de actos administrativos que pudieron violentar frontalmente el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y lesiona el Patrimonio Natural del Estado, al aprobar con sus votos, mediante acuerdos unánimes, que se segregaran y traspasaran a favor de sujetos privados terrenos que estaban afectos a los numerales 13, 14 y 15 de la Ley n° 7575 denominada Ley Forestal del 13 de febrero de 1996, misma que declara a los bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas en instituciones de la Administración Pública como Patrimonio Natural del Estado y por ende, inembargables e inalienables con la respectiva prohibición de que las instituciones estatales titulen a favor de sujetos privados estos inmuebles. Asimismo, les podría resultar aplicable el régimen de responsabilidades que contempla el numeral 110 incisos b), e), y r) de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley n° 8131), normativa que forma parte del ordenamiento de control y de fiscalización superior de la Hacienda Pública, en razón de que los investigados eventualmente actuaron de forma negligente en la preservación y salvaguarda de bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, los cuales a su vez son fondos públicos y constituyen Hacienda Pública, conforme los numerales 50, 89 y 121 inciso 14 de4 la Constitución Política, así como el 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  Los investigados al participar presuntamente en la emisión de acuerdos de titulaciones ilegales, eventualmente dispusieron de los fondos públicos para una finalidad legal distinta a la conservación y protección, lo cual podría haber ocasionado una disminución, afectación o perjuicio a la Hacienda Pública.  De igual forma se les imputa el régimen de responsabilidad por eventuales faltas al deber de vigilancia y diligencia debida en su condición de jerarcas del IDA y debilitamiento al control interno, al presuntamente no haber velado por el adecuado desarrollo de la actividad de la otrora IDA -hoy INDER- y tampoco haber tomado de inmediato medidas correctivas ante irregularidades en el procedimiento de titulación, como fue no atender las supuestas evidencias técnicas que constataban en los expedientes administrativos de titulaciones que hacían suponer la condición forestal de los bienes inmuebles objeto de titulación, así como las probables omisiones de requisitos procedimentales (estudios de capacidad de uso de suelo y clasificación de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC) previo a la titulación de cada una de las fincas enunciadas en la parte considerativa de esta resolución, todo lo cual presumiblemente permitió que los investigados otorgaran explícita o implícitamente su visto bueno a una actuación irregular e ilegal, con todo lo cual se les reprocha que no cumplieron con el deber de vigilancia que como jerarcas de una entidad pública les correspondía, pues de haber actuado de una manera diligente y ajustada a derecho al momento de valorar esa circunstancia, se habría impedido el traslado de bienes inmuebles del dominio público que formaba parte del Patrimonio Natural del Estado y son fondos públicos, al dominio privado y evitando el consecuente menoscabo al Patrimonio Natural del Estado, tal y como se dispone en los artículos 12 inciso a) y b) y 39 de la Ley General de Control Interno (Ley n° 8292), normativa que también forma parte del ordenamiento de control  y fiscalización superior de la Hacienda Pública. Asimismo, en razón de la emisión del Artículo 31 de la Sesión 005-05, celebrada 7 de febrero del 2005, podría resultar una eventual responsabilidad para los investigados por incumplimiento en el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones conforme se dispone en el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, normativa que también forma parte del ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  Además, de las conductas establecidas en el numeral 38 inciso d) de esa misma ley, toda vez que eventualmente el actuar de los investigados en la emisión del acto administrativo contenido en el Artículo 31 de la Sesión 005-05, podría no haber satisfecho el interés público, al no asegurar que esa decisión se adoptara en cumplimiento de los objetivos propios del IDA (actualmente INDER) que es el de titular bienes inmuebles cuya vocación fuese la agraria y no la forestal.  Todas las anteriores actuaciones y omisiones de los investigados podrían conllevar eventualmente a la aplicación de la prohibición de ingreso o reingreso a cualquier cargo de la Hacienda Pública contenida en el artículo 872 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual podrá ser de dos a ocho años; la imposición de dicha prohibición trae como consecuencia que el infractor o infractores cesen inmediatamente de cualquier cargo de la Hacienda Pública en que se encuentre nombrado, sin responsabilidad para el Estado, excepto aquellos que al momento de la imposición de la prohibición, ya tengan la condición de servidores electos popularmente (Resolución de la Sala Constitucional número 8493-2006 de las 14 horas 43 minutos del 14 de junio de 2006). Lo anterior en virtud de que presuntamente los investigados aprobaron con su voto la titulación de varias fincas sin hacer oposición, salvedad u exclusión alguna, tal y como correspondía, siendo que no podía en modo alguno titularse por parte del IDA a favor de un sujeto particular, al poseer el inmueble la naturaleza de bien demanial como parte del Patrimonio Natural del Estado, existiendo en este caso, una presunta falta del deber de vigilancia, en su condición de jerarcas del IDA, con las actuaciones que realizaban sus titulares subordinados y la diligencia debida para los casos sujetos a su aprobación directa, así como permitir el debilitamiento del control interno, las cuales de conformidad con el artículo 213 de la Ley General de la Administración Pública a mayor jerarquía de los funcionarios en relación con el vicio, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente.  En resumen por presuntamente haber cometido faltas graves contra las normas que integran el ordenamiento o sistema de control y fiscalización superior", tal y como consta en imágenes 798 a 835, del archivo denominado DJ-32-2013, en carpeta de pruebas identificada como "2", (en adelante archivo DJ-32-2013)

3) Que dentro del procedimiento disciplinario DJ-32-2013, se aportó como prueba un expediente penal, donde consta sentencia firme del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San Nombre344 de las dieciséis horas treinta minutos del nueve de setiembre de dos mil trece que resolvió: "se dispone el sobreseimiento definitivo en favor de [Nombre62 001] (...) [Nombre62 002] (...) [Nombre62 003] (...) [Nombre62 004] (...) [Nombre 005] (...) [Nombre 006] (...) [Nombre 007] (...) [Nombre 008] (...) [Nombre 009] (...) [Nombre 010] (...) [Nombre62 011] (...) por los delitos de PECULADO, PREVARICATO cometidos en perjuicio de los DEBERES DE LA FUNCION PUBLICA y contra [Nombre62 012] (...) [Nombre62 013] (...) [Nombre62 014] (...) por los delitos de PECULADO EN CALIDAD DE CÓMPLICE E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCION PUBLICA y contra [Nombre 015] (...) por el delito de INFLUENCIA EN CONTRA DE LA HACIENDA PUBLICA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO ", proceso penal donde los delitos investigados se relacionaron a los hechos relacionados con la titulación de las fincas [Valor 001], [Valor 002], [Valor 003] , [Valor 004] y [Valor 005], tal y como consta en imágenes 912 a 939 del archivo DJ-32-2013.

4) Por resolución PA-22-2013 de diez horas del primero de noviembre del dos mil trece, el Órgano Decisor del procedimiento perteneciente a la División Jurídica de la Contraloría General de la República, dictó la resolución final del procedimiento DJ-32-2013 y expuso en relación con el aquí actor y de interés para esta resolución: "(...) Hechos Probados: a) Titulación a favor de la señora Nombre125799  . (...).11) El 13 de mayo del 2004, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con la presencia de los miembros Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, (...) en su Artículo 32 de la Sesión 016-04, aprobó con la votación a favor de todos los miembros presentes, la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros, al inmueble a Nombre62 de la señora Nombre125799  y que correspondía con el plano catastrado Placa31693.  En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortíz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (...) 12) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, el estudio de capacidad de uso del suelo requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble a favor de la señora Nombre125800 .  13) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, la clasificación de los terrenos objeto de disposición para verificar la condición de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC conforme a los (sic) establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, Ley 7575 del 13 de febrero 1996. (...) 20) El 11 de enero de 2010, (sic) Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Sexta.(...) emitió la sentencia número 0038-2010 y dispuso en lo que interesa lo siguiente "(...) POR TANTO: (...) Se declara parcialmente con lugar la presente demanda en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente. En consecuencia: I) Se declara que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 01604 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor de la codemandada Nombre125800   (sic) y que se describe en el plano catastrado SJ-703262-2001 constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio del ser humano (...) b) Titulación a favor del Señor Nombre125801   . (...) 9) El 13 de mayo del 2004, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con la presencia de los miembros Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, (...) en su Artículo 32 de la Sesión 016-04, aprobó con la votación a favor de todos los miembros presentes, la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros, al inmueble a Nombre62 del señor Nombre125801  y que correspondía con el plano catastrado SJ-600333-1999.  En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortiz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (...) 12) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, el estudio de capacidad de uso del suelo requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 d4el Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble a favor del Señor Nombre125801 . 11)  El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, la clasificación de los terrenos objeto de disposición para verificar la condición de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC conforme a los (sic) establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, Ley 7575 del 13 de febrero 1996.(...)18) El 31 de agosto del 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta (...) mediante sentencia número 1842-2009,  dispuso en lo que interesa lo siguiente: (...) POR TANTO (...) 1) Se ordena anular el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04 de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente en lo que se refiere  a la titulación de una finca a favor del codemandado Nombre125801  , descrita en el plano catastrado número SJ -600333-1999 (..l.) 5) Se declara el inmueble descrito en el plano catastrado  número SJ -600333-1999 como Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (...) c) Titulación a favor del señor Nombre125802   .(...) 8) El plano catastrado SJ-866425-2003, que corresponde al terreno en posesión a Nombre62 del señor Nombre125802  indica que está afectado por la Ley Forestal 7575 artículo 33. Asimismo, en la naturaleza del terreno se puede apreciar la existencia de montaña y una quebrada (...) 9)  El 13 de mayo del 2004, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con la presencia de los miembros Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, (...) en su Artículo 32 de la Sesión 016-04, aprobó con la votación a favor de todos los miembros presentes, la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros, al inmueble a Nombre62 de la (sic)  señor Nombre125802  y que correspondía con el plano catastrado SJ-866425-2003.  En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortiz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (...)10) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, el estudio de capacidad de uso del suelo requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 d4el Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble a favor del señor Nombre125802 .. 11)  El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, la clasificación de los terrenos objeto de disposición para verificar la condición de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC conforme a los (sic) establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, Ley 7575 del 13 de febrero 1996.(...) 19) El 7 de junio del 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta (...) mediante sentencia número 2166-2010,  dispuso en lo que interesa lo siguiente: (...) POR TANTO (...) 1) Se declara que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión número 016-04 de fecha 3 de mayo del 2004, tituló a favor del codemandado Nombre125802    y que corresponde al plano catastrado número SJ-866425-2003, constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo el órgano competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (...) 2) Se declara la nulidad absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 32 de la Sesión N. 016-04 de 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Nombre125802    y descrita en el plano catastrado No. SJ-866425-2003 (...) d) Titulación a favor de la señora Nombre125803  . (...) 8) El plano catastrado SJ-871001-2003, que corresponde al terreno en posesión a Nombre62 de la señora Nombre125803  indica que está afectado por la Ley Forestal 7575, artículo 33. Asimismo, en la descripción del plano sobre la naturaleza del terreno se puede apreciar la existencia de montaña y pastos (...) 9) El 13 de mayo del 2004, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con la presencia de los miembros Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, (...) en su Artículo 32 de la Sesión 016-04, aprobó con la votación a favor de todos los miembros presentes, la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros, al inmueble a Nombre62 de la señora Nombre125803  y que correspondía con el plano catastrado SJ-871001-2003.  En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortíz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (...) 10) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, el estudio de capacidad de uso del suelo requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble a favor de la señora Nombre125803 . 11)  El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, la clasificación de los terrenos objeto de disposición para verificar la condición de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC conforme a los (sic) establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, Ley 7575 del 13 de febrero 1996. (...) 22) El 23 de setiembre del 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta (...) mediante sentencia número 3609-2010, dispuso en lo que interesa lo siguiente: "(,...) POR TANTO: (...) se declara con lugar la presente demanda (...) 1) Se declara que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor de la codemandada Nombre125803   y que corresponde al plano catastrado Placa31694, constituye Patrimonio Natural del Estado (...) 2) Se declara la nulidad absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 32 de la Sesión No. 016-04, de 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca a favor de Nombre125803   y descrita en el plano catastrado No. Placa31695 (...) 4) Se declara que la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. [Valor 004] (finca titulada) fue inscrita técnica y jurídicamente en forma indebida y a favor de Nombre125803   (...)  El 13 de mayo del 2004, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con la presencia de los miembros Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, (...) en su Artículo 32 de la Sesión 016-04, aprobó con la votación a favor de todo los miembros presentes, la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros, al inmueble a Nombre62 de la (sic)  señor Nombre125802  y que correspondía con el plano catastrado Placa31696.  En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortíz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (...)10) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, el estudio de capacidad de uso del suelo requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble a favor del señor Nombre125802 . 11)  El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, la clasificación de los terrenos objeto de disposición para verificar la condición de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC conforme a los (sic) establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, Ley 7575 del 13 de febrero 1996.(...) e) Titulación a favor de la señora (sic) Nombre125804   (...) 8) El 7 de febrero del 2005 la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con la presencia de los miembros Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, (...) en su Artículo 31 de la Sesión 005-05, aprobó con la votación a favor de todo los miembros presentes, la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros, al inmueble a Nombre62 del señor Nombre125804  y que correspondía con el plano catastrado Placa31697.  En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Nombre154104  , Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Ana Isabel Sibaja Rojas para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (...) 9) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, el estudio de capacidad de uso del suelo requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble a favor de la señora Nombre125803 . 10) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar de previo a dicha asignación del terreno, la clasificación de los terrenos objeto de disposición para verificar la condición de Patrimonio Natural del Estado al MINAE-SINAC conforme a los (sic) establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, Ley 7575 del 13 de febrero 1996.(...) 17) El 18 de agosto del 2011, (sic) Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Sexta (...) emitió la sentencia número 175-2011-VI y dispuso en lo que interesa lo siguiente: "(...) POR TANTO (...) 1) Se anula el acuerdo de la Junta Directiva del instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 005-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre125804  , descrita en el plano catastrado número Placa31697. (...) 3) se ordena anular el asiento registral número [Valor 005]2 (finca titulada) emitido por el Registro Nacional; 4) Se declara que la finca inscrita a folio Real matrícula número [Valor Placa31698] fue inscrita técnica y jurídicamente  de forma indebida (...)SOBRE EL FONDO: (...) lo que se les atribuye es que con ese voto favorable, fueron responsables de haber adoptado acuerdos que propiciaron la titulación a favor de particulares de fincas enumeradas en la intimación las cuales por su naturaleza formaban parte del Patrimonio Natural del Estado conforme a la Ley Forestal y por esa razón no podían salir del dominio público y al permitir que aquellas fincas salieran del dominio público, los investigados incumplieron con su deber de vigilancia y de preservación del patrimonio público, función que les correspondía ejercer como jerarcas de esa institución, en cuyo caso no solo debilitaron el control interno del cual son responsables, sino que también sus actuaciones ocasionaron como efecto la materialización de un menoscabo de la hacienda pública. Además, los investigados con su actuar  pudieron incumplir con el deber de probidad, al no haber satisfecho el interés público, en el tanto no se aseguraron que se adoptara acuerdos que cumplieran con los objetivos propios del IDA -actualmente INDER- que es titular bienes inmuebles cuya vocación fuese la agraria y no la forestal (...) lo que se intimó fueron tres reproches.  El primer reproche estiba en señalar que los investigados son presuntamente responsables de haber concurrido con su voto favorable en la adopción de acuerdos de titulación en favor de particulares de finas enumeradas en la intimación, pese a que se trataba de fincas que por su carácter forestal formaban parte del patrimonio natural del Estado conforme a la Ley Forestal y como tales los numerales 6 y 10 del Reglamento de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales impedían su titulación. (...) Esa prohibición de traspasar e inscribir fincas a Nombre62 de poseedores particulares cuando sean patrimonio natural del Estado ubicadas en reservas nacionales opera independientemente de que se encuentra dentro o fuera de un área de protección, ya que su afectación es automática, es decir sin necesidad de una declaratoria previa (...) como parte de los expedientes administrativos conformados a efectos de la toma de decisión relativa a cada una de las titulaciones, los imputados tuvieron a su disposición una serie de documentos (...) que permitían a las autoridades del IDA darse cuenta de la naturaleza forestal y no agraria de los terrenos que se pretendían titular, pese a lo cual acordaron las titulaciones de marras.  Por los motivos de derecho y de hecho antes expuestos, para este órgano decisor no hay duda de que la actuación imputada a los investigados revista de una culpa grave, en el tanto no solo no puede ser considerada apegada al ordenamiento jurídico como lo pretende hacer ver el representante legal de los encausados, sino que por el contrario los acuerdos de titulación apoyados en su oportunidad por los aquí encausados, se apartan de lo que disponen los ordinales 6 y 10 del Reglamento de cita en relación armónica con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, (...) por lo que su actuación no puede más que ser reputada como ilegítima e irregular así como sumamente descuidada y negligente.(el resaltado no es del original)  El segundo aspecto reprochado (...) está vinculado a la presunción de que se incurrió en una falta en el procedimiento de titulación y adjudicación realizado en cada una de las fincas de marras, en el tanto la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (artículo 27) obliga al IDA a que previo a otorgar una titulación, cuente con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que presuntamente de forma ilegal se incumplió al momento de titular las propiedades indicadas en los hechos (...) y el tercer reproche formulado a los investigados y muy ligado al anterior estriba en que con sus conductas se pudo incumplir con el requisito legal de clasificación de los terrenos objeto de disposición (...) Sobre este particular durante el presente procedimiento los investigados no aportaron prueba alguna sobre la existencia de dichos estudios de suelos como parte de los requisitos previos que se cumplieron con anterioridad a la titulación de dichas fincas -hechos no controvertidos- y por el contrario basta con remitirse a las cinco sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (...) Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se tiene que en ninguno de los cinco acuerdos de titulación adoptados por la Junta Directiva a que se refiere este procedimiento administrativo, los investigados como jerarcas del IDA requirieron el estudio de capacidad de uso de suelos exigido por la Ley y el Reglamento de cita, de previo a la toma de decisiones relativas a titular o no dichas fincas, con la consecuencia de que se terminaron titulando terrenos sin vocación agraria sino forestal, los cuales como ha quedado dicho supra (sic) eran y son patrimonio natural del Estado, incumpliendo con el bloque de legalidad existente en esta materia (...) Son tantos y tan relevantes los desatinos antes indicados que para este órgano decisor no hay duda de que solamente una conducta abiertamente descuidada y negligente fue capaz de causar actuaciones tan cargadas de ilegitimidad e irregularidad, así declaradas reiteradamente por los jueces de lo contencioso administrativo.  En consecuencia, por lo mismo no cabe más que tildar de gravemente inexcusables esas titulaciones, máxime al materializarse en un perjuicio a la hacienda pública y a los fondos públicos -numerales 50 ,89 y 121 inciso 14 constitucional y artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República- en el tanto el patrimonio público se vio privado incausada e injustificadamente de bienes inmuebles que al ser patrimonio natural del Estado, nunca debieron salir de su esfera de dominio.  Con ello, se ha infringido indiscutible con inciso b) del artículo 110 de la Ley 8131 (...) también la Ley General de Control Interno fue totalmente desconocida por los aquí investigados, en el tanto como jerarcas dicha ley los obliga a velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente a su cargo -artículo 12 inciso a) de dicha Ley- (...) Estas faltas se consideran graves, además de lo señalados por otros motivos: primero, en razón de que se atribuyen a persona que al haber ocupado los cargos de más alta responsabilidad como directivos del IDA tenían un mayor deber de apreciar la legalidad de sus actuaciones (...) segundo, por contar con asesores legales de planta y de junta directiva para realizar y desempeñar correctamente su gestión (...) y tercero, la materialización de un daño o lesión a la hacienda pública en general y al patrimonio natural del Estado en particular (...) (el resaltado no es del original) Razonabilidad y proporcionalidad del quantum a de la prohibición: (...) a juicio de este Órgano  Decisor se impone aplicar la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de la hacienda pública (...) a razón de dos a los que se imponen (...) por el acuerdo de titulación al que concurrieron con su voto favorable plasmado en el Artículo 32 de la Sesión 016-04 (...) por medio del cual se acogió segregar, traspasar y extender título de dominio entre otros a Nombre62 de la señora Nombre125800  (...) Asimismo, para el resto de los acuerdos de titulación de la junta directiva a los que se refiere este procedimiento se impone un año adicional por cada una de las titulaciones en las cuales hayan tomado parte con su voto favorable los investigados, (...) la reiteración de la conducta resulta ser un criterio o parámetro objetivo que permite imponer una cantidad adecuada de años de prohibición de reingreso o reingreso (sic) a cargos de la hacienda pública en función del número de infracciones cometidas por cada uno de los investigados de manera que el trato sancionatorio dispensado a quien se adecue a las conductas en las que efectivamente tomó o no parte cada imputado", (...) POR TANTO: (...) este órgano RESUELVE: 1.-Declarar administrativamente responsables a los señores Nombre154104    (...) por los cargos intimados en este procedimiento administrativo.  En razón de lo anterior, se le impone: a- al señor Nombre154104  la prohibición de ingreso o reingreso contemplada en el artículo 72 de la ley n° 7428 para ejercer cualquier cargo de la Hacienda Pública, que pudiere ostentar en ocasión del desempeño de un puesto dentro del Estado y los entes u órganos públicos, estatales o no, las empresas públicas y los sujetos de derecho privado en tanto administren o custodien fondos por cualquier título, por un plazo de seis años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución con los alcances indicados en la parte considerativa (...) 2.- Anotar dicha prohibición en el Registro de Sanción es de la Hacienda Pública (SIRSA), conforme a lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República, resolución n° R-DC-199-2011, de las 08:00 horas del 15 de diciembre de 2011 del Despacho de la Contraloría General de la República", todo ello consta en imágenes 990  a 1044 Ibídem.

5) La resolución PA-22-2013 de diez horas del primero de noviembre del dos mil trece, fue adicionada mediante resolución de catorce horas del doce de noviembre de dos mil trece, declarando "sin lugar las excepciones de caducidad y prescripción alegadas por el señor Nombre154104 ", tal y como consta en imágenes 1087 a 1088 Ibídem.

6) Contra la resolución PA-22-2013 y su adición se interpuso por parte del aquí actor, recurso de apelación (imagen 1095) que fuera resuelto mediante resolución R-DC-032-2014 del Despacho Contralor, dictada a las trece horas del veintitrés de abril del dos mil catorce, declarando sin lugar dicho recurso, ello como consta en imágenes 1174 a 1195, Ibídem.

III.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. A la hora de presentar su acción, a modo de resumen y sin perjuicio de la totalidad de manifestaciones expresadas y estudiadas por esta Cámara, señaló el demandante en su cuadro fáctico, que fue miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, entre el año 2002 y 2005, además que tiene 27 años de carrera en la función pública.  Que por resolución PA-22-2013 de diez horas del 1 de noviembre del 2013, se sancionó a varios directivos del instituto dicho, incluyendo a su persona, ordenando la prohibición de ingreso y reingreso para ejercer cualquier cargo de la hacienda pública, en los términos contemplados por el artículo 72 de la ley n° 7428, por el plazo de seis años a partir de la firmeza de esa resolución.  Señala que esa resolución se dictó dentro del procedimiento administrativo disciplinario DJ-32-2013, y que en su criterio dicho procedimiento fue violatorio de los principios generales que rigen la materia del debido proceso, señala que fue carente de valoración objetiva de la prueba y otros elementos que expuso en el procedimiento tanto él como los restantes directivos investigados, y pese a ello el ente contralor arribó a la conclusión de causa falsa y de generalización apresurada, considera que ello llevó a una sanción muy severa y desproporcionada a los investigados por varios actos administrativos que describe en su escrito de demanda como que fueron analizados en sede penal dentro del proceso seguido en expediente 07-000026-621-PE en el cual por sentencia se tuvieron como apegados al bloque de legalidad y fueron eximidos de toda responsabilidad por exactamente los mismos hechos según su criterio; considera que la señora Contralora y el Órgano decisor del procedimiento disciplinario no le tomaron la importancia que se debe a la prueba aportada y la desdeñan sin mayor razonamiento sancionando por segunda vez a algunos de los investigados por los mismos cinco actos que según aquella sentencia judicial estimó fueron dictados en apego al bloque de legalidad vigente en el momento en que se tomaron.  Explica que se impugnó la sanción oportunamente ofreciendo abundante prueba,  y en su criterio excelentes argumentos que no fueron considerados en la resolución PA-22-2013 de diez horas del 1 de noviembre de 2013 y por ello se declararon sin lugar los recursos de revocatoria interpuestos y por resolución R-DC-32-2014 dictada a las trece horas del 23 de abril del 2014 el Órgano Contralor declaró sin lugar su apelación reiterándose en ésta última por parte de la señora Contralora, los mismos fundamentos y argumentos emitidos en la resolución objeto de recurso, esa resolución se le comunicó mediante oficio 03988-DC-0134 de fecha 23 de abril de 2014.  Señala el actor que labora como asesor de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana y que la sanción impuesta de ejecutarse, le ocasionaría un daño evidente pues la única fuente de ingresos económicos que tiene y con la cual sufraga sus gastos personales y pagos de créditos y es sostén de su madre y familia, es ese trabajo; argumenta que su edad y condiciones actuales de salud le dificultarían encontrar nueva ocupación; según expone la ejecución de la sanción traería un efecto cascada en su récord crediticio, y en su condición de figura pública que se vería enlodado afectando la sanción todos los aspectos de su vida actuales y futuros, que parte de esos daños mencionados a su imagen como figura pública y político son de conocimiento nacional, ante informaciones de prensa escrita radial y televisiva.  Aduce que mediante certificaciones ACOPAC-OT-C-001-10 del 07 de mayo de 2010, ACOPAC-OT-C002-10 del 07 de mayo de 2010 y ACOPAC-OT-C-003-2010 del 07 de mayo de 2010, el Área de Conservación del MINAET certificó que las fincas número [Valor 001], [Valor 004] y [Valor 003] no son Patrimonio Natural del Estado. Como razones de derecho señala sobre los hechos que le fueron imputados, que no existe una narración clara precisa y circunstanciada de los hechos atribuibles al aquí actor, pues  se narra una serie de titulaciones en las que participaron numerosos funcionarios por lo que no hay claridad de los hechos que se le atribuyen;  afirma que no existe nexo de causalidad entre tales actuaciones y la responsabilidad endilgada a su persona por lo que en relación a cada una de las titulaciones aprobadas por la Junta Directiva de la entidad antes indicada, aduce que no existe ninguna conducta que le sea atribuible, que se le sanciona por "presunciones" y no por actuaciones, argumenta que no se dio una adecuada fundamentación para imponer la sanción, tampoco un análisis de sus funciones y de sus obligaciones, ni se le señala en forma clara cuáles de sus deberes se incumplieron ni la norma que se le aplica por lo que aduce una falta de tipicidad, además en su criterio no fue debidamente valorada la sanción a imponerse,  no se le explican los elementos tomados en cuenta para fijar el tiempo de vigencia de la sanción que se le impone ni se le indican claramente las omisiones presuntamente cometidas por lo que reclama la nulidad del acto final y de la resolución que rechaza su apelación.

IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS.  Notificadas todas las partes de la existencia de esta demanda, la representación de la Contraloría contesta oponiéndose a la misma indicando en forma resumida, que en la resolución final del procedimiento sancionatorio seguido contra el actor, se estableció en forma clara que participó en la adopción de los acuerdos contenidos en los artículos 32 y 31 de las sesiones de junta directiva 16-04 del 13 de mayo de 2004 y 05-05 del siete de febrero del dos mil cinco, y se estableció que se dio incumplimiento al deber de vigilancia y preservación del patrimonio público, con esos acuerdos, debilitando el control interno y permitiendo la materialización del menoscabo de la Hacienda Pública;  señala que se infringió también el deber de probidad por no asegurarse de que los acuerdos cumplieran con los objetivos propios del entonces IDA.  Estima que el acto impugnado especifica en su criterio, los hechos imputables al actor cuando en el considerando tercero en el punto A se enunció que los directivos tuvieron a su disposición "una serie de documentos" y se indicó sobre ello que "permitía a las autoridades del IDA darse cuenta de la naturaleza forestal y no agraria de los terrenos que se pretendían titular pese a lo cual acordaron las titulaciones.  Aduce que se dispuso con claridad sobre la ausencia del certificado de uso de suelo y que contrario a lo que reclama el actor respecto a esto, no hubo violación al principio de tipicidad porque el decisor indica en forma clara sobre la culpa grave que se produce porque los acuerdos de titulación se "apartan de lo que disponen los ordinales 6 y 10 del reglamento de cita en relación armónica con los artículos 13, 14, y 15 de le Ley Forestal" y que ello afectó de ilegítima e irregular la actividad así como descuidada y negligente, además que se analiza la aplicación de los numerales 6 y 10 del reglamento de titulación de tierras en Reservas Nacionales que impedían titulaciones en bienes que por su naturaleza no podrán salir del dominio público y que en la imputación de cargos se indicó que se valorarían tales circunstancias.  En su criterio la resolución final del procedimiento efectuó un adecuado razonamiento sobre las consecuencias jurídicas atribuidas a las conductas investigadas y la sanción a imponerse.  En cuanto al argumento del actor de que se decidió sobre presunciones, ello por señalar la resolución final que "se pudo incumplir con el requisito legal", estima que es una observación sacada de contexto, y que por el contrario en la decisión tomada se establece en forma clara que se concluye la existencia de conductas que fueron calificadas como falta grave y los elementos que se tomaron en cuenta para considerar como grave a las mismas en diversas valoraciones a lo largo del acto administrativo objeto de este proceso.  En relación a una presunta cosa juzgada que debió ser valorada para imponer la sanción, ante el pronunciamiento de sobreseimiento en materia penal, expone que el voto 16001-2011 de 9.30 horas del 25 de noviembre del 2011 de Sala Constitucional permite establecer que no existe tal situación. Ante el reclamo de ausencia de análisis de la proporcionalidad de la sanción, afirma que sí existe tal valoración y que se justificó adecuadamente porque se dio esa graduación a la sanción, afirma que la resolución claramente indica que se da por la concurrencia de una reiteración de la conducta infractora según los hechos que originaron el procedimiento.  Solicitó fueran rechazados los daños y perjuicios al no darse una relación causa efecto que permita establecer una consecuencia directa de lo resuelto con los presuntos daños reclamados, ratificando todo lo expuesto en sus conclusiones donde reitera además que los argumentos del actor se efectúan haciendo uso de un análisis aislado y fragmentado de cada uno de los hechos imputados. Excepciona la falta de derecho y solicita se rechacen todas las pretensiones, y se dicte una condenatoria en costas a cargo del actor con imposición de intereses sobre dichas costas. Por su parte el representante del Estado en su contestación, indica que no existe ninguna conducta estatal reprochable o que genere daños y perjuicios ya que se impugna un procedimiento llevado a cabo por el ente Contralor en ejercicio de su función fiscalizadora que es independiente del Estado y que en su criterio acorde con el contenido del voto 714-F-2002 de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dictado a las 16.20 horas del 18 de setiembre del dos mil dos, debe rechazarse la demanda en su contra al no existir un nexo causal ni legitimación pasiva en este caso. Señala que el sobreseimiento de una causa penal no genera cosa juzgada aplicable a este caso por cuanto el Juzgado penal sobresee debido a la falta de tipicidad penal de la conducta investigada, y solicita se declare falta de legitimación pasiva. En sus conclusiones reitera dichos argumentos, y adiciona que al no haberse separado la acción contra el Estado de la demanda contra la Contraloría, debe ser rechazada con cargo a la actora del pago de costas y sus respectivos intereses .

 V.-RECUENTO NORMATIVO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE HACIENDA PÚBLICA.  Ante los reclamos de la actora, estima esta Cámara que es primordial establecer el marco normativo aplicable al procedimiento sancionatorio seguido en el caso concreto para luego valorar por el fondo las pretensiones de la demandante.  Establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (en adelante LOCGR), que la Contraloría, tendrá la potestad de ordenar y recomendar sanciones  y expresa sobre ello, que tal posibilidad se da: "cuando en el ejercicio de sus potestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública" (ver norma de rito); el mismo numeral señala que se instaurará un procedimiento y se emitirá un acto final en el cual "recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, (subrayado no es del original) la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso. La Contraloría formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole, en todo momento, un proceso debido y la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa en su favor. La autoridad competente del sujeto pasivo requerido deberá cumplir, dentro del plazo que le establezca la Contraloría, con la recomendación impartida por esta; salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, se interponga una gestión de revisión, debidamente motivada y razonada, por parte del jerarca del sujeto pasivo requerido. En este caso y una vez resuelta la gestión indicada, deberá cumplir, sin dilación, con lo dispuesto en el pronunciamiento técnico jurídico final de la Contraloría, so pena de incurrir en el delito de desobediencia, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. La expiración del plazo fijado por la Contraloría General de la República para que el sujeto pasivo imponga la sanción ordenada, no hará prescribir, por sí, la responsabilidad del servidor ni caducar el derecho del sujeto pasivo a imponer dicha sanción, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta Ley. El derecho de la Contraloría General de la República a ejercer, en el caso concreto, la potestad para recomendar u ordenar la aplicación de sanciones prescribirá en el término de dos años contados a partir de la iniciación del expediente respectivo. El inicio del expediente se entenderá con la orden de la oficina competente de la Contraloría para comenzar la investigación del caso, en relación con determinados servidores"; según el REGLAMENTO ORGÁNICO  DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante ROCGR), la oficina competente para este procedimiento es la División Jurídica y atendiendo al numeral 16 de dicho reglamento "La División Jurídica depende orgánicamente del Despacho Contralor y se encuentra a cargo de una Gerencia de División.  Ejecuta funciones exclusivas de fiscalización superior contenidas en la normativa que le atribuye competencias sustantivas al órgano contralor y ejerce la rectoría jurídica en los procesos del macroproceso de fiscalización integral para lo cual dirige, gestiona y asesora jurídicamente en los procesos institucionales, con el propósito de que toda la actividad que ejerce la institución se desarrolle de conformidad con el ordenamiento jurídico," y "lidera los procesos de: (...) b. Procedimientos administrativos  (...) d. Emisión de criterios vinculantes. " (ver reglamento referido)  Propiamente en cuanto al procedimiento administrativo a cargo de dicha dirección, señala el numeral 18 del mismo reglamento: "Los funcionarios de la División Jurídica podrán resolver de forma unipersonal o colegiadamente los actos que den inicio y pongan fin a los procedimientos administrativos tendentes a determinar las responsabilidades civiles y administrativas en materia de Hacienda Pública o a declarar la nulidad absoluta de actos y contratos.". Por su parte el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LAS POTESTADES DISCIPLINARIA Y ANULATORIA EN HACIENDA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante Reglamento de organización) señala en su numeral 3: "El cumplimiento de las funciones encomendadas a la Contraloría General en materia de procedimientos administrativos tendentes a declarar responsabilidades en el orden administrativo sancionador, civil o para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos o contratos que emiten los sujetos pasivos del ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública, estará a cargo de la División Jurídica, sin perjuicio de las potestades del Despacho Contralor" y acorde al numeral  49 del mismo reglamento, "Concluida la comparecencia, el órgano decisor podrá dictar el acto final inmediatamente", acto que acorde al numeral 52 del mismo reglamento en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su firmeza, deberá comunicarse a la autoridad competente del sujeto pasivo, para que se aplique la respectiva sanción que deberá ejecutar lo indicado en ella, salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, el jerarca de la entidad u órgano requerido, interponga una gestión de revisión, debidamente fundamentada y motivada.   Para el caso de los asuntos relacionados con hacienda pública, establece el numeral 71 de la LOCGR que "La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. (el subrayado no es del original).  La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo". (el subrayado no es del original). Impuesta una sanción a través del acto final de dicho procedimiento acorde al artículo 72 de la LOCGR se deberá disponer en caso de concurrir los elementos requeridos la prohibición de ingreso o de reingreso del infractor. En ese sentido dispone  el numeral citado: "No podrá ser nombrado en un cargo de la Hacienda Pública quien haya cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de fiscalización, contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la buena fe de los negocios. La presente prohibición tendrá vigencia por un plazo que no será menor de dos años ni mayor de ocho años, a juicio de la Contraloría General de la República, la cual resolverá con vista de la prueba del caso. Asimismo regirá la prohibición, por igual plazo, en contra de ex servidores públicos que intenten reingresar a la Hacienda Pública, cuando hayan cometido un delito o falta grave como los mencionados en los numerales anteriores, aunque su relación de servicio anterior con la Hacienda Pública haya terminado sin responsabilidad de su parte. Además, se aplicará la prohibición aquí establecida contra el servidor público que haya sido despedido, por haber cometido un delito o falta grave como los ya citados. Al aplicar la prohibición anterior, la Contraloría fijará su duración dentro de los límites indicados y computará, en favor del afectado, el tiempo durante el cual haya permanecido fuera de la Hacienda Pública, después de su último cargo en ella." (ver norma de rito); entonces existe un procedimiento ante la CGR para determinar la responsabilidad administrativa del funcionario público cuando se estime que se han producido "infracciones" relativas al "control y fiscalización" de fondos públicos, procedimiento que se lleva a cabo por la Dirección Jurídica de la Contraloría, y que se rige por esa normativa especial, que debe fijar por imperio de ley no solo el tipo de falta que se estima como cometida, sino una sanción de prohibición de ingreso y reingreso a las funciones públicas relacionadas con hacienda pública.  Sobre el régimen de nulidades.   En relación a la validez de los actos administrativos, la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), regula el acto administrativo, por ser este manifestación de la voluntad de la Administración dirigida a realizar los fines que le han sido impuestos por el ordenamiento; en consecuencia, los actos generados por el órgano director del procedimiento sancionatorio y por el órgano decisor del mismo se rigen por estos elementos.  Según la LGAP, el acto administrativo debe emitirse conforme a las reglas vigentes del ordenamiento, en caso de omitirse los requisitos establecidos surge el llamado vicio del acto, que genera la invalidez del mismo, sea en forma parcial o absoluta; cuando la  invalidez, o ausencia de requisitos, recae en los elementos sustantivos del acto (competencia del agente, fin, motivo, y contenido), el acto es absolutamente nulo y no surte efectos; cuando el vicio recae sobre elementos accesorios del acto (como las formalidades exteriores), es relativa y/o subsanable.  Así, la nulidad es la condición de invalidez que presenta el acto administrativo, de forma que la anulación la produce la resolución que emite el órgano competente -sea jurisdiccional o administrativo en este caso esta Cámara del Tribunal-, para declarar que una actuación formal resulta disconforme con el ordenamiento jurídico. El acto administrativo que así es declarado, no puede surtir ningún tipo de efecto según regulan los artículos 165 al 172, 176 a 179 de la Ley General de la Administración Pública, (en adelante LGAP). Para que se anulen actos emitidos por la administración, se debe efectuar una confrontación del acto con los elementos de validez que le prescribe el ordenamiento jurídico, una revisión de la legalidad  o “juicio contencioso de nulidad” (antes juicios ordinarios). Se trata entonces de un proceso en el que la parte actora está llamada a demostrar la o las infracciones al ordenamiento jurídico que se alegan cometidas y actuantes en el acto cuya erradicación de ese mismo ordenamiento se solicita en la demanda. La emisora del acto, habrá de demostrar el cumplimiento de los requisitos y exigencias que le impone el ordenamiento jurídico para su plena validez del acto emitido (véase art. 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo en adelante CPCA). No es posible suponer la nulidad, sino que ésta debe ser primero probada por la parte que la alega (acorde con el onus probandi, o deber de probar, que incumbe a quien alega), y luego ser declarada en sentencia de juez competente. (en similar criterio se han dictado los votos 37-2014-IV, 108-2013-V, 70-2019-VI del Tribunal Contencioso Administrativo). Debe verificarse el procedimiento administrativo llevado a cabo de previo a la emisión del acto administrativo, por ser el procedimiento el instrumento utilizado para adoptar una decisión, y así garantizar la legalidad, oportunidad y conveniencia de la decisión administrativa, así como el correcto funcionamiento de la función pública pues acorde a lo que señala el numeral 214 de la LGAP, el procedimiento tiene como objeto establecer la verdad real de los hechos que sirven de motivo al caso, conforme los contenidos de los artículos 225.1, 216.1, 217, 218, 219, 297, 317, de la misma LGAP, entre otros. Determinado el incumplimiento de los elementos requeridos en el acto, acorde al numeral 223 de la LGAP, esa omisión de formalidades sustanciales causará nulidad del procedimiento.  En relación con el acto final de un procedimiento, acorde a los numerales 136, 335, 336, de la LGAP, éste debe ser "motivado" y debe respetar la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba, tal y como como lo ha considerado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 1994-03374 de las nueve horas con doce minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve;  además se debe emitir la resolución final debidamente considerada, con la necesaria expresión formal de los motivos tanto de derecho y que configuran la base legal, como los de hecho, ello por estar así dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política y 136 de la LGAP, elementos que en la práctica se materializan bajo expresiones diversas como por ejemplo "cuestiones de hecho", "hechos no probados", "hechos probados", "cuestiones de derecho", "cuestiones de fondo", "elementos de convicción" entre otras formas de expresión; sin importar como se enuncien en el acto decisor, siempre deben permitir conocer el proceso analítico efectuado por el emisor. Ese acto debe tener una motivación, sea  DIRECTA, cuando el acto contenga en su literalidad,  el fundamento para la decisión, o INDIRECTA, cuando la conducta administrativa refiera como respaldo de su contenido, siempre y cuando esa referencia se haga de manera explícita e inequívoca, en relación a dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado la adopción del acto. Debe entenderse, que existe una necesidad legal de que se indique en forma clara cierta y detallada los hallazgos relevantes, determinantes, y probatorios que justifican el acto, debe exponerse un análisis de las probanzas, que han llevado a la conclusión  acorde al numeral 334 de la LGAP, tiene como requisito para su eficacia, una debida comunicación al administrado, para que "sea oponible a éste" según el numeral 345 de la LGAP, de forma que la normativa establece la posibilidad de reclamar contra recursos, limitando al acto final del jerarca el recurso de revocatoria conforme a las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso-Administrativo. Sobre el régimen de responsabilidad.  Siendo que el procedimiento administrativo en el que se generan los actos cuya nulidad se reclama en este proceso judicial, es un procedimiento administrativo de responsabilidad, debe considerarse además los elementos que rigen esta materia.  Téngase presente que la responsabilidad se atribuye a un sujeto contra quien se ha establecido la obligación de reparar, indemnizar o compensar un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, se divide en subjetiva y objetiva, de acuerdo con el criterio de imputación que se utiliza en cada caso: en el primero, la voluntad del obligado, quien actúa en forma culpable; en el segundo, criterios objetivos tales como el riesgo, expresamente establecidos por la ley. Para la concurrencia de la responsabilidad subjetiva, se requiere la demostración del daño, el dolo o culpa por parte del autor del hecho dañoso y la relación de causalidad entre la conducta que lo produce y el menoscabo; por otro lado la responsabilidad objetiva requiere que se demuestre el daño y la relación de causalidad para atribuir responsabilidad a los sujetos quienes objetivamente deben responder. Existe a su vez responsabilidad contractual y extracontractual, dependiendo de si surge del incumplimiento de una obligación convenida libremente por las partes, o surge del incumplimiento del deber general de no causar daño a los demás. Para definir su existencia, debe efectuarse la valoración de prueba relacionada con el incumplimiento y una vez determinado aquél, se presume un culpable, conforme el artículo 702 del Código Civil (a mayor abundamiento se refiere a las sentencias de Sala Primera númeors 320 de las 14:20 hrs. del 9 de noviembre de 1990, 354 de las 10 hrs. del 14 de diciembre de 1990, 103 de las 14:50 hrs. del 28 de junio de 1991, 17 de las 15 hrs. del 27, 20 de las 14:45 hrs. del 31, ambas de enero de 1992, 45 de las 14:15 hrs. del 11 de junio de 1997, 53 de las 15:10 hrs. del 27 de mayo de 1998, 589 de las 14:20 hrs. del 1 de octubre de 1999, 36 de las 15:40 hrs. del 10 de enero, 509 de las 14:25 hrs. del 11 de julio, ambas de 2001 y 875-2010 de las 9 horas 35 minutos del 22 de julio de 2010). Para que se dé la responsabilidad debe existir "causalidad", ésta surge de la valoración casuística con base en los hechos, valoración que permite determinar una relación de causa efecto entre el daño reclamado y la conducta desplegada, para determinar  una vinculación entre daño y la conducta como resultado del análisis de probabilidad de las circunstancias específicas que incidan en la materia, (en este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006, 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 2008, y 875-2010 de las 9 horas 35 minutos del 22 de julio de 2010, todas de Sala Primera). En un procedimiento ordinario de responsabilidad se pretende entonces, acorde a lo expuesto, establecer una obligación de reparar, indemnizar o compensar un daño infringido a la esfera jurídica, si se determina que existe "responsabilidad" de parte del sujeto objeto del procedimiento; responsabilidad que en el caso concreto se pretendía demostrar dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad seguido contra la parte actora.  La obligación declarada ante la determinación de "responsabilidad", debe ser impuesta a través de una decisión (acto), que se produce a lo interno del procedimiento administrativo bajo la figura del llamado "acto final" o resolución final.  El acto final del procedimiento ordinario, por determinar obligaciones, cuando se trata de responsabilidad conforme los numerales 134 a 136 de la LGAP debe ser por escrito,  motivado, con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos, debe definir en forma clara y precisa la responsabilidad del sujeto y sus consecuencias.  Una vez definida esa responsabilidad, procederá entonces la aplicación del numeral 150 de la LGAP que señala: " 1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad". Corolario de lo anterior entiende esta Cámara que existen elementos necesarios para la validez de los actos administrativos relacionados a la determinación de la responsabilidad, donde el ordenamiento exige que se emita pronunciamiento escrito, motivado, que establezca en forma clara y precisa, la existencia de un nexo de causalidad entre una conducta u omisión y el hecho lesivo que genere la responsabilidad, con el consecuente deber de resarcimiento o restitución de la situación jurídica al estado original.  Entendido así el acto administrativo, para el caso concreto deben aplicarse esos elementos y definir con la lectura de las pruebas admitidas en este asunto, si las mismas permiten establecer la existencia de las nulidades reclamadas por la actora.

VII- SOBRE EL CASO CONCRETO SOMETIDO A VALORACIÓN DEL TRIBUNAL. Conforme a los alegatos esgrimidos por las partes y las pretensiones esbozadas por el demandante que han continuado hasta sentencia, para esta Cámara es claro que el punto a dilucidar en la presente litis, es si la resolución PA-22-2013 de diez horas del primero de noviembre del 2013, cumple con los requisitos de forma y fondo para su validez, ello porque el actor pese a que pretende también la declaratoria de nulidad de la resolución R-DC-032-2014 de trece horas del veintitrés de abril de ese mismo año, no especificó respecto a esta reclamo específico adicional a la falta de aceptación de sus argumentos y reiteración de los sustentos esgrimidos en el acto final emitido por resolución PÄ-22-2013.  La parte actora reclama nulidad de la resolución PA-22-2013 por carecer de ciertos elementos, ante la extensa exposición de la actora, esta Cámara resume de la lectura de su demanda, que los elementos generadores de la nulidad que se reclama se pueden materializar de la siguiente manera: i) inadecuada exposición de los hechos tenidos por demostrados contra el aquí actor; ii) inexistencia de un análisis de las obligaciones del actor y ausencia de análisis sobre el incumplimiento de las mismas; iii) Falta de fundamentación en cuanto a la aplicación de las normas al caso concreto; iv) inadecuada valoración de la conducta desplegada que impide la determinación de la norma previa  que sanciona la conducta y en consecuencia falta de tipicidad; v) falta de análisis de los motivos para imponer la sanción y falta de proporcionalidad en la graduación de la misma.  En esa exposición, acorde a los argumentos esgrimidos en la demanda presentada en esta sede judicial,  procede esta Cámara a resolver sobre el fondo de lo pretendido. 

i) Sobre el reclamo de "inadecuada exposición de los hechos tenidos por demostrados contra el aquí actor"; al respecto como se expuso líneas atrás, para el actor, la resolución final del procedimiento sancionatorio carece de una exposición precisa y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen, reclama que se dan unos enunciados fácticos que no le son aplicables y que desconoce finalmente por cuáles de los hechos fue efectivamente sancionado. Criterio del Tribunal: para dilucidar si procede o no lo afirmado, esta Cámara procede a examinar la resolución dictada por la Contraloría en forma integral como un todo, ya que en su contenido se aprecia que se dio una valoración fáctica y jurídica de actuaciones relacionada no solo con el aquí actor sino con otros funcionarios; en esa lectura y análisis se aprecia que la narración de hechos de la resolución se dirige a conductas emanadas de diferentes funcionarios públicos debido a que fue tramitado el procedimiento como procedimiento acumulado.  Así entendido, los hechos tenidos como probados, no son exclusivos de la conducta del actor, sino que se relacionan a la totalidad de las situaciones jurídicas que antecedieron a esa conducta que es investigada, por lo que efectivamente de la serie de actos efectuados por la administración y que fueron investigados, solo algunos de ellos se relacionan con conductas desplegadas por el aquí demandante más resultan para esta Cámara necesarios para la solución del fondo del procedimiento tal y cual los requirió el órgano decisor.  La lectura de la resolución PA-22-2013, expone en forma clara, que se tienen por ciertas una serie de titulaciones de bienes inmuebles y dentro de cada una de ellas se tuvo por ciertas una serie de actuaciones de la administración, que fueron desplegadas por diversos funcionarios, no queda duda según la redacción utilizada por el órgano decisor del procedimiento, en cuanto a la relación de las actuaciones efectuadas por los diferentes funcionarios participantes de tales titulaciones y de los investigados en el procedimiento.  Para esta Cámara, la narrativa de hechos probados, permite establecer situaciones fácticas que llevaron a la participación del aquí actor en los investigados y a partir de esa descripción procedió el decisor, a dar una valoración de los actos desplegados propiamente por el aquí actor conforme consta en la parte considerativa del acto final impugnado, donde se evidencia cada uno de los actos investigados, y descritos en el traslado de cargos que se notificó al aquí actor y que se relacionan con los hechos probados en este acto; hechos que fueron comunicados al actor en el momento de imputarle los cargos y que se   reiteraron en el considerando de fondo de esa resolución cuando se transcribe en lo conducente el traslado de cargos del procedimiento y se le señala en forma expresa que a los investigados "se les atribuye es que con ese voto favorable, fueron responsables de haber adoptado acuerdos que propiciaron la titulación a favor de particulares de fincas enumeradas en la intimación, las cuales por su naturaleza formaban parte del Patrimonio Natural del Estado conforme a la Ley Forestal (...) y al permitir que aquellas fincas salieran del dominio público, los investigados incumplieron su deber de vigilancia y de preservación de patrimonio público, función que les correspondía ejercer como jerarcas de esa institución". Acorde a esos cargos para esta Cámara la descripción de hechos probados efectuada por la Contraloría cuando expone una a una las titulaciones en que participaron todos los investigados y donde se señala que el 7 de febrero del 2005 la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA),  aprobó la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de las diferentes fincas que se describieron en cada una de sus titulaciones, permite tener por descritos en forma cierta y certera los hechos que se le atribuyeron en el traslado de cargos y los que se le tienen como participante.  Este acto claramente expone que se omitió por parte del IDA, en cada una de esas titulaciones solicitar de previo el estudio de capacidad de uso de suelo y la clasificación de los terrenos, y esa omisión corresponde a los hechos que se le atribuyen a los miembros de la junta directiva por lo que para esta Integración, se efectuó una adecuada descripción de hechos en relación con las actuaciones y hechos que se atribuyen al actor. Ante ello la resolución que rechaza el recurso de apelación por lo que este reclamo debe rechazarse.

ii) Sobre el reclamo de inexistencia de un análisis de las obligaciones del actor y ausencia de análisis sobre el incumplimiento de las mismas; aduce el actor que  la resolución final del procedimiento tenía que indicar en forma clara cuáles eran las obligaciones que como miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario debía cumplir y luego especificarle cuales de esas obligaciones no fueron atendidas en forma debida. Criterio del Tribunal. Si bien lleva razón el actor en cuanto a que la Contraloría no efectúa un análisis  de los deberes y obligaciones de los miembros de la Junta Directiva del IDA, para esta Cámara no es relevante para el caso concreto por cuanto, en relación con la aprobación de titulaciones, si se efectúa una descripción clara y detallada de los deberes del IDA y en consecuencia de los funcionarios que lo representan; en el acto final del procedimiento se especifica que son tres los reproches atribuidos en la imputación de cargos y tres las conductas analizadas en la resolución emitida por el órgano decisor (imágenes 824 y 1029 del archivo DJ-32-2013) a saber  haber concurrido en la adopción de acuerdos de titulación pese a que se trataba de fincas que por su carácter forestal formaban parte del patrimonio natural; presuntamente haber incurrido en una falta en el procedimiento de titulación  en el tanto la ley de uso, manejo y conservación de suelos obliga al IDA a contar con este tipo de estudios de previo a cualquier titulación; y que se pudo incumplir con el requisito legal de calificación de los terrenos al aprobar las titulaciones.  En los tres reproches indica el órgano decisor  la normativa que regía para el momento de realizarse los actos de aprobación de la titulación de bienes, y señaló claramente los elementos dispuestos por el ordenamiento y cuál de esas disposiciones se estimó incumplida, basta para esta Cámara, leer los considerandos que en lo conducente se han transcrito en el hecho probado 4 de esta resolución, para colegir que si existe una indicación de las obligaciones que se estimaron como incumplidas y fueron específicamente las obligaciones que le fueron imputadas al actor como sancionables en el traslado de cargos; analizados los hechos sucedidos en los trámites de esas titulaciones de bienes, el acto final del procedimiento determinó en forma clara cuáles de los elementos que se exigen por las leyes especiales que rigen al IDA, no fueron verificados por la conducta del actor, se expusieron las  normas que regulaban la actividad que en el cargo asumido por el actor debía verificar, aprobar o improbar (artículo 108 de la Ley 8131, 72 de la LOCGR,  Ley General de Control Interno 8292 entre otros) y se determinó que no fueron acatadas esas normas; se estima que si se dio un análisis relacionado al deber de cumplimiento de tales normativas y valoración del actuar del aquí actor en relación con esas normativas siendo de rechazo el reclamo dicho.

 iii) Sobre el reclamo de falta de fundamentación en cuanto a la aplicación de las normas al caso concreto; el reclamo del actor en este aspecto consiste en que la Contraloría procede a enunciar una serie de normas sin proceder al análisis de cada una de ellas con relación a la actividad desplegada por el aquí actor, aduciendo que ello vicia de nulidad lo resuelto por desconocerse con ese actuar el deber del órgano decisor de exponer en forma clara la relación de conexidad de la presunta conducta llevada  a cabo con la normativa vigente y de la conducta desplegada con las consecuencias que se le aplican, además que no fue considerada la existencia de una sentencia de sobreseimiento en la vía penal relacionada con las titulaciones de bienes objeto de este procedimiento que debió pesar y aplicarse. Criterio del Tribunal. Consta en la resolución de traslado de cargos que se inicia el procedimiento indicando al aquí actor que los investigados serían eventuales responsables al aprobar y votar la titulación de inmuebles permitieron una presunta actuación irregular e ilegal incumpliendo con su deber de vigilancia y preservación del patrimonio público permitiendo "la constitución y emisión de actos administrativos que pudieron violentar formalmente el principio de legalidad" y lesionar el Patrimonio natural por segregación de bienes afectos por la ley forestal y serles aplicables las normas relacionadas con el régimen de responsabilidades de la administración enunciando las leyes a aplicar. (véase la imagen 824 Ibídem).  En el acto final la Contraloría indica en forma expresa que en relación a los cinco acuerdos adoptados por los investigados, existía una normativa vigente (ley forestal, Ley de uso de suelos) que fijaba parámetros en relación a los bienes inmuebles, que establecían límites a la actividad del IDA en cuanto a titulación, estableció ese acto final que en ninguno de los acuerdos relacionados con las titulaciones de bienes detalladas en el procedimiento de interés, los investigados requirieron el estudio de uso de suelos necesario para determinar  en aquel momento, si los bienes objeto de titulación estaban fuera o dentro de las competencias de titulación del Junta Directiva, (véase imagen 1032 del archivo DJ-32-2013), para esta Cámara, con esa expresa afirmación, se establece en forma clara y precisa, por el órgano decisor la conducta que se tiene por realizada por el aquí actor y el mismo considerando de fondo expone que tal conducta violenta los numerales "6 y 10 del Reglamento de cita en relación armónica con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal", y aplica a tales conductas los "numerales 50, 89 y 121 inciso 14 constitucional y artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República", además el "inciso b) del artículo 110 de la Ley 8131" y el " artículo 12 inciso a)" de la ley de Control interno; de la resolución de interés, ante esa expresa determinación de normas aplicables, para imponer la sanción correspondiente, para esta Cámara queda carente de sustento el reclamo del actor y procede su rechazo.

 iv) Sobre el reclamo de inadecuada valoración de la conducta desplegada que impide la determinación de la norma previa que sanciona la conducta o falta de tipicidad; reclama el actor que a lo largo de la resolución que discute no consta una clara exposición de la norma que presuntamente violentó con su omisión y que no existe elemento a sancionar porque en sede penal se determinó que no existe falta al dictarse sobreseimiento en la investigación penal de los hechos también investigados en el procedimiento de marras.  Criterio del Tribunal: Para esta Cámara el procedimiento seguido contra el actor fue claro, se determinó desde el inicio la normativa presuntamente afectada, así se evidencia de los enunciados visibles en el traslado de cargos como consta en imágenes 824 y 825 del archivo de pruebas DJ-32-2013, se expusieron normas de carácter imperativo que presuntamente se incumplieron, enunciadas en forma precisa las contenidas en el numeral 27 de la Ley de Uso manejo y conservación de suelos, y su reglamento, artículos 12, 14 y 15 de la Ley Forestal, 11 de la LGAP, entre otras; se indicó que de verificarse la conducta del actor contraria a esas normas se podrían generar las responsabilidades descritas por el numeral 110 incisos  b, e y r de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 8 y 9 de la LOCGR. En esa forma desarrollados en el traslado de cargos tanto los hechos atribuidos al actor como la normativa aplicable a su caso, al valorarse en el acto final bajo el espectro de esa normativa el decisor concluyó que se "terminaron titulando terrenos sin vocación agraria sino forestal", "incumpliendo con el bloque de legalidad existente en esta materia"; para esta Cámara la lectura de la resolución en forma integral permite establecer que sí se enuncian tanto los actos del demandante que constituyen una conducta indebida, por no cumplirse con los elementos de obligatorio cumplimiento acorde a las potestades dadas por la ley al Instituto de Desarrollo Agrario, y que por ser imperativas, todo funcionario público que labore en esa entidad debe de acatar.  Se dispuso en forma clara cuáles elementos normativos se encontraron "ausentes" en la conducta del aquí actor en su condición de directivo del IDA, y las normas aplicables a esa conducta enunciando y desarrollando una a una las consecuencias normativas tal y como se ha transcrito en el hecho probado 4 de esta resolución.  Se valoró en forma adecuada además la normativa aplicable en relación a una aludida cosa juzgada, ante el sobreseimiento en materia penal de la causa seguida contra algunos de los investigados, y se estableció también en forma clara que tal sobreseimiento no incide en el procedimiento sancionatorio ni sobre la valoración de la sanción a imponer, exponiendo claramente los sustentos normativos, doctrinales y fácticos que hacen llegar a esa conclusión al decisor, de tal forma que se ha logrado determinar de la lectura de la resolución final emitida por la Contraloría que sí se indica en forma clara tanto la normativa existente al momento de realizarse la conducta del actor que se estima generadora de responsabilidad, que regía el debido proceder del actor, como la normativa que sancionaba el incumplimiento de del acatamiento del ordenamiento y por ello se estima debe rechazarse este reclamo.

v) Sobre el reclamo de falta de análisis de los motivos para imponer la sanción y falta de proporcionalidad en la graduación de la misma; el actor en su narrativa señala que no existe en su caso, un análisis de los hechos con relación a la sanción que se impone, no se expone en forma clara y precisa cuál fue la conducta que obliga a imponer una sanción en su contra ni se efectúa una valoración que permita conocer los elementos tomados en cuenta por la Contraloría para imponer la condición de "grave" a esa conducta desplegada y establecer las razones para su permanencia en el tiempo, por lo que en su entender no existe una proporcionalidad de la sanción. Criterio del Tribunal: Procede esta Cámara a la revisión de la resolución PA-22-2013, y  se determina que en los considerandos de fondo se efectúa un análisis en relación a los efectos y consecuencias de la falta que se estima cometida; en esa lectura se aprecia que el órgano decisor analiza la cantidad de bienes titulados, la medida de los mismos, los contenidos de los artículos 110 de la ley 8131 (Ley de Administración Financiera de  Costa Rica), 12 y 39 de la Ley General de Control Interno, el cargo de directivo institucional aplicando a cada una de las titulaciones realizadas esas valoraciones, para finalmente establecer un lapso temporal de vigencia de la sanción que se impone en relación a cada titulación aprobada como directivo por parte del demandante.  En ese análisis el decisor en la parte dispositiva procede a emitir un pronunciamiento único en cuanto al lapso temporal de vigencia de la sanción de inhabilitación o prohibición de ingreso y reingreso a los cargo de hacienda pública de seis años al aquí actor (imagen 1042 ibídem) y lo hace como conclusión de los elementos de fondo expuestos en el considerando respectivo; estima esta Cámara que la exposición emitida en el considerando que se destaca como "Razonabilidad y proporcionalidad del quantum a de la prohibición" el decisor da una valoración de la sanción a imponer, expone claramente los elementos que justifican su decisión, atribuye a cada conducta un lapso temporal de vigencia de la sanción y en consecuencia el vicio reclamado no se encuentra presente por lo que se rechaza este extremo.

Corolario.  Acorde con esta exposición y análisis en cuanto a los vicios que señaló en su demanda el actor, carece cada uno de ellos de sustento al apreciarse con la lectura de la resolución final emanada del órgano decisor, el cumplimiento de los requisitos legales de motivación, y contenido requeridos por el acto final del procedimiento y disponerse en forma clara, precisa y justificada sobre las conductas atribuidas al aquí actor, la sanción aplicada, y la vigencia temporal de la misma por lo que las pretensiones del actor en cuanto a declarar la disconformidad con el ordenamiento y nulidad de las resoluciones PA-22-2013 de diez horas del primero de noviembre del 2013, y R-DC-032-2014 de trece horas del veintitrés de abril de ese mismo año, no son de recibo y en consecuencia se rechaza la demanda en su totalidad .

VII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INCOADAS. Reclama la representación de la Contraloría contra la actora la falta de derecho y la representación estatal la falta de legitimación pasiva; en cuanto a la falta de legitimación pasiva debe tenerse presente que la legitimación es un presupuesto de fondo de todo proceso jurisdiccional -junto con el interés y el derecho-, y como tal, su análisis resulta obligado para los Juzgadores, aún de oficio, cuando no se haya presentado la respectiva excepción. Precisamente sobre tales presupuestos, indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su voto número 465-F-S1-2009, de las 10:45 horas del 7 de mayo del 2009: "…Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, por lo que deben conservarse durante todo el proceso. De modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en doctrina se conoce como sentencia inhibitoria." Concretamente la legitimación, refiere la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada. Por ello se ha dicho que: "un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados". (Nombre137195 , Nombre25610. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.). Y también que: "la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte “eficaz". (Nombre71661 , Nombre71662;  , Nombre136773;  , Nombre344 y Nombre71664 , Nombre9069. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162).  Establece en cuanto a la legitimación del Estado, el numeral 12 del código procesal contencioso administrativo en su inciso 5) acápite a), que será parte demandada el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de la Contraloría General de la República,  relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal, en consecuencia el Estado tiene legitimación pasiva que faculta su participación en este proceso ya que es en ese ejercicio de la competencia de la Contraloría que se produce esta demanda, no interesa entonces si existe o no acto emanado del Estado como ente, en relación a las pretensiones de la demanda, ya que esta legitimación del Estado, es imperativa por lo que debe rechazarse dicha excepción.  En cuanto a la falta de derecho reclamada por la Contraloría, atendiendo a los análisis expuestos en el considerando de fondo de esta resolución  se ha estimado que la resolución final del procedimiento sancionatorio de hacienda seguido contra el actor no padece los vicios reclamados por la parte actora, y en consecuencia se han rechazado sus argumentos, siendo procedente estimar que la parte actora no se encuentra amparada en una normativa que justifique sus reclamos y pretensiones en este asunto siendo procedente declarar con lugar la falta de derecho alegada por ambas partes demandadas.

VIII.- SOBRE LAS COSTAS. El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En el caso analizado, no estima este Tribunal que exista razón para aplicar la exención establecida en la norma, por lo que lo procedente es condenar a la parte actora vencida al pago de las costas procesales y personales, así como los intereses que éstas generen desde su fijación y hasta su efectivo pago, por haberse solicitado por ambas demandadas, y al considerarlo oportuno se fijan los intereses acorde a lo establecido en el numeral 1163 del Código Civil, en el mismo tipo que rija para los certificados a seis meses plazo en colones del Banco Nacional de Costa Rica.

POR TANTO

Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por el Estado, se acoge la excepción de falta de derecho incoada por la Contraloría General de la República y por el Estado.  Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por  Nombre154104  , contra CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y contra el ESTADO. Se condena a la parte perdidosa, al pago de ambas costas, así como los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago. NOTIFÍQUESE.-

 

 

Nombre125798 

 

Francisco Hidalgo Rueda           Gustavo Irías Obando

 

 




- Código Verificador -
*BJX47JC1VAQ061*
BJX47JC1VAQ061



 

Documento firmado por:

Nombre125798  , JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A
GUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP:

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:28:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SENTENCE WITH PROTECTED DATA, IN ACCORDANCE WITH CURRENT REGULATIONS**

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority Vote

**Branch of Law:** Administrative Law

**Topic:** Administrative disciplinary procedure

**Subtopics:**

Considerations on the applicable regulatory framework in public finance.

"V.- REGULATORY SUMMARY APPLICABLE TO THE ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCEDURE FOR PUBLIC FINANCE. Given the plaintiff's claims, this Chamber considers it essential to establish the regulatory framework applicable to the sanctioning procedure followed in the specific case in order to then evaluate the plaintiff's claims on the merits. Article 68 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic (hereinafter LOCGR) establishes that the Office of the Comptroller General shall have the power to order and recommend sanctions and states in this regard that such a possibility arises: 'when in the exercise of its powers it determines that a servant of the passive subjects has committed infractions of the norms that make up the control and oversight system contemplated in this Law or has caused injury to the Public Treasury' (see procedural rule); the same article indicates that a procedure shall be instituted and a final act shall be issued in which it 'shall recommend to the competent administrative body or authority, through its technical criterion, which is binding, (emphasis not in original) the application of the corresponding sanction according to the merits of the case. The Office of the Comptroller General shall open a file against the potential offender, guaranteeing them, at all times, due process and sufficient opportunity for a hearing and defense in their favor. The competent authority of the required passive subject must comply, within the term established by the Office of the Comptroller General, with the recommendation issued by it; unless, within a period of eight business days counted from the notification of the act, a review petition is filed, duly motivated and reasoned, by the head of the required passive subject. In this case, and once the indicated petition has been resolved, they must comply, without delay, with the provisions of the final technical-legal pronouncement of the Office of the Comptroller General, under penalty of incurring the crime of disobedience, without prejudice to the statute of limitations regime contemplated in this Law. The expiration of the deadline set by the Office of the Comptroller General of the Republic for the passive subject to impose the ordered sanction shall not, in itself, cause the servant's responsibility to prescribe or extinguish the passive subject's right to impose said sanction, without prejudice to the statute of limitations regime contemplated in this Law. The right of the Office of the Comptroller General of the Republic to exercise, in the specific case, the power to recommend or order the application of sanctions shall prescribe within two years from the initiation of the respective file. The initiation of the file shall be understood with the order of the competent office of the Office of the Comptroller General to begin the investigation of the case, in relation to specific servants'; according to the ORGANIC REGULATIONS OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (hereinafter ROCGR), the competent office for this procedure is the Legal Division, and in accordance with article 16 of said regulations: 'The Legal Division depends organically on the Office of the Comptroller and is under the charge of a Division Management. It executes exclusive functions of superior oversight contained in the regulations that attribute substantive powers to the comptroller body and exercises legal stewardship in the processes of the comprehensive oversight macroprocess, for which purpose it directs, manages, and provides legal advice in institutional processes, with the purpose that all activity carried out by the institution is developed in accordance with the legal system,' and 'leads the processes of: (...) b. Administrative procedures (...) d. Issuance of binding criteria.' (see referred regulations). Specifically regarding the administrative procedure under the charge of said directorate, article 18 of the same regulations states: 'The officials of the Legal Division may resolve, individually or collegially, the acts that initiate and terminate the administrative procedures aimed at determining civil and administrative responsibilities in matters of Public Treasury or declaring the absolute nullity of acts and contracts.' [...]

Regarding the validity of administrative acts, the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP) regulates the administrative act, as it is a manifestation of the will of the Administration directed at fulfilling the purposes imposed upon it by the legal system; consequently, the acts generated by the directing body of the sanctioning procedure and by the deciding body of the same are governed by these elements. According to the LGAP, the administrative act must be issued in accordance with the current rules of the legal system; if the established requirements are omitted, the so-called defect of the act arises, which generates its invalidity, either partially or absolutely; when the invalidity, or absence of requirements, falls on the substantive elements of the act (competence of the agent, purpose, grounds, and content), the act is absolutely null and void and has no effect; when the defect falls on accessory elements of the act (such as external formalities), it is relative and/or correctable. Thus, nullity is the condition of invalidity that the administrative act presents, such that the annulment is produced by the resolution issued by the competent body—whether jurisdictional or administrative, in this case this Chamber of the Tribunal—to declare that a formal action is inconsistent with the legal system.

The administrative act so declared cannot produce any type of effect, as regulated by Articles 165 to 172, and 176 to 179 of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP). For acts issued by the administration to be annulled, a confrontation of the act with the validity elements prescribed by the legal system must be carried out, a review of legality or 'contentious nullity trial' (formerly ordinary trials). It is, therefore, a process in which the plaintiff is called upon to demonstrate the infraction or infractions of the legal system that are alleged to have been committed and to be operative in the act whose eradication from that same legal system is requested in the lawsuit. The issuer of the act must demonstrate compliance with the requirements and demands imposed by the legal system for the full validity of the issued act (see Art. 122 of the Contentious-Administrative Procedure Code, hereinafter CPCA) [...]".

... See more
**Citations of Legislation and Doctrine**
**Text of the resolution**

 

**

 

EXPEDIENTE:

    

14-002998-1027-CA



PROCESS:

    

KNOWLEDGE



PLAINTIFF:

    

Name154104



DEFENDANT:

    

STATE AND OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

 

Nº32-2022-VII

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL PUBLIC FINANCE TRIBUNAL. SEVENTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- Goicoechea, at thirteen hours fifty minutes on the twenty-fifth of April of the year two thousand twenty-two.

     A Knowledge Proceeding filed by Name154104, of legal age, married once, politician, resident of the province of Limón, identity card number CED116924, against the OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (hereinafter Office of the Comptroller General) represented by Name3879, in her capacity as Comptroller General, identity card CED122311, and against the STATE represented by Name29420, in her capacity as Attorney General, identity card CED118298. The following attorneys appear as special judicial representatives: for the plaintiff, Name13856, identity card CED122312 (power of attorney in image 255 of the precautionary measure file) and [Name62 015] identity card [Valor 007] (power of attorney visible in image 286 main folder of the judicial file, hereinafter judicial file); for the State, Name113439, identity card CED116985; for the Office of the Comptroller General, attorneys Hansel Arias Ramírez, identity card CED122313, Paula Serra Brenes, identity card CED116893, and Name154105 Name7296, identity card CED116505 (powers of attorney visible in their order in images 156, 330, 255, 329 of the electronic precautionary measure folder).

WHEREAS

I.- PRELIMINARY ASPECTS. As part of the procedural history, we have the following:

1) Through a lawsuit brief filed on May 21, 2014, (image 25 of the main folder of the judicial file, hereinafter judicial file), the plaintiff requested: a) That this lawsuit be granted in all its aspects. b) That the nonconformity with the legal system of the administrative acts contained in resolutions PA-22-2013, at ten hours on the first of November of the year two thousand thirteen, and R-DC-032-2014 at thirteen hours on the twenty-third of April, be declared. c) That the total nullity of the administrative conduct issued in resolutions PA-22-2013, at ten hours on the first of November of the year two thousand thirteen, and R-DC-032-2014 at thirteen hours on the twenty-third of April, be declared. d) I request that the defendant be ordered to pay the damages and losses caused, which we will liquidate at the appropriate time. e) That the defendant be ordered to pay statutory interest until the effective payment of the amounts it is ordered to pay in favor of the plaintiff. f) That the defendant be ordered to pay the corresponding indexation until the effective payment of the amounts it is ordered to pay in favor of the plaintiff in this trial. g) That the defendant be ordered to pay both personal and procedural costs.", as recorded in images 120 and 121 of the judicial file. In relation to the stated claims d) and e), this lawsuit was declared inadmissible, according to the resolution at nine hours thirty-five minutes on the tenth of February of two thousand twenty-two, visible in image 468 Ibid.

2) The representation of the Office of the Comptroller General, in a brief filed on September 10, two thousand fourteen, opposes the lawsuit and raises the defense of lack of right, requesting that the lawsuit be declared without merit with costs to be borne by the plaintiff; for its part, the state representation, on February 15, 2016, opposes the lawsuit and raises the defense of lack of passive standing, as recorded in images Placa31692.

3) By means of resolution 2347-2015 at nine hours fifty-five minutes on the ninth of September of two thousand fifteen, the expiration of the proceeding was declared upon a motion by the Office of the Comptroller General; said resolution was revoked by the Contentious-Administrative Appeals Tribunal at fifteen hours fifteen minutes on the twenty-third of August of two thousand sixteen, which orders the proceeding to continue, as evidenced in the resolution recorded in image 370 Ibid.

4) The Preliminary Hearing provided for in Article 90 of the Contentious-Administrative Procedure Code was finally held at thirteen hours thirty minutes on the eighteenth of January of the year two thousand twenty-two, with the participation of the defendants' representatives, in the absence of the plaintiff; in said act, the plaintiff was warned to proceed with the correction of their lawsuit regarding the claims stated for damages and losses, granting a period of three days for this purpose. In the same act, the parties were warned to submit their conclusions in writing, as recorded in the minute visible in image 460 of the judicial file and the recording file of the hearing act.

5) By order at nine hours thirty-five minutes on the tenth of February of two thousand twenty-two, the procedural judge resolved: 'the partial Inadmissibility of the lawsuit is declared, consequently, regarding claims d) and e) corresponding to damages and losses, and the process shall continue only with the claims in image 120 of the judicial file, these being those stated in points a), b), and c), and this file is ordered to be remitted to the Strict Law tribunal assigned by rotation once what is resolved here becomes final', as recorded in image 468 ibid.

6) Through briefs dated January 26 and 28, two thousand twenty-two, the representations of the State and the Office of the Comptroller General proceeded to render their conclusions, and both representations requested that the lawsuit be declared without merit and that the plaintiff also be ordered to pay costs and interest on costs, as recorded in images 448 to 487 Ibid.

7) This matter was remitted to the Seventh Section of this Tribunal for final judgment on the eighteenth day of January of the year two thousand twenty-two, being a preferential procedure due to the participation of an older adult.

8) This judgment is issued, after deliberation and unanimously by the members of the Tribunal, without observing defects or omissions capable of generating nullity or defenselessness for the parties. Drafted by Judge Name125798.

II.- REGARDING THE PROVEN FACTS. The review of the arguments and documents provided by the parties allows the following facts to be considered as accredited:

1) That the plaintiff worked as Executive President and member of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development between the years 2002 and 2005, an uncontested fact from the lawsuit.

2) By resolution at fifteen hours on the fourth of July of the year two thousand thirteen, a public treasury disciplinary sanctioning procedure number DJ-32-2013 was initiated against the plaintiff here and other officials, with the cited resolution indicating that the investigation against the plaintiff here and the other investigated officials concerns: "they allowed the titling of farms [Valor 001], [Valor 002], [Valor 003], [Valor 004], and [Valor 005] and would be potentially responsible since, through their actions, by approving and voting, they permitted a presumed irregular and illegal action, failing in a duty of vigilance and preservation of the public patrimony incumbent upon them as heads of that institution, permitting the constitution and issuance of administrative acts that could have directly violated the principle of legality enshrined in Article 11 of the Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration and injured the Natural Patrimony of the State, by approving with their votes, through unanimous agreements, the segregation and transfer in favor of private subjects of lands that were subject to numerals 13, 14, and 15 of Law No. 7575 called the Forestry Law of February 13, 1996, which declares the forests and forest lands of properties registered in the name of Public Administration institutions as Natural Patrimony of the State and, therefore, unseizable and inalienable with the respective prohibition against state institutions titling these properties in favor of private subjects. Likewise, the liability regime contemplated in numeral 110 subsections b), e), and r) of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets (Law No. 8131) could be applicable to them, regulations that form part of the control and superior oversight system of the Public Treasury, because the investigated officials eventually acted negligently in the preservation and safeguarding of real estate that are part of the Natural Patrimony of the State, which are, in turn, public funds and constitute Public Treasury, in accordance with numerals 50, 89, and 121 subsection 14 of the Political Constitution, as well as 8 and 9 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic. The investigated officials, by presumably participating in the issuance of illegal titling agreements, eventually disposed of public funds for a legal purpose other than conservation and protection, which could have caused a diminution, affectation, or injury to the Public Treasury. Similarly, they are charged with the liability regime for eventual breaches of the duty of vigilance and due diligence in their capacity as heads of the IDA and weakening of internal control, for presumably not having ensured the adequate development of the activity of the former IDA—now INDER—and also not having immediately taken corrective measures in the face of irregularities in the titling procedure, such as failing to attend to the supposed technical evidence contained in the administrative titling files that suggested the forest condition of the real estate subject to titling, as well as the probable omissions of procedural requirements (land-use capacity studies and classification of Natural Patrimony of the State by MINAE-SINAC) prior to the titling of each of the farms stated in the whereas part of this resolution, all of which presumably allowed the investigated officials to explicitly or implicitly give their approval to an irregular and illegal action, for all of which they are reproached for not fulfilling the duty of vigilance that, as heads of a public entity, was incumbent upon them, since having acted diligently and in accordance with the law when evaluating that circumstance would have prevented the transfer of real estate from the public domain that was part of the Natural Patrimony of the State and are public funds, to the private domain, thus avoiding the consequent detriment to the Natural Patrimony of the State, as provided in Articles 12 subsections a) and b) and 39 of the General Law of Internal Control (Law No. 8292), regulations that also form part of the control and superior oversight system of the Public Treasury. Likewise, by reason of the issuance of Article 31 of Session 005-05, held on February 7, 2005, eventual liability could arise for the investigated officials for breach of the duty of probity in the exercise of their functions, as provided in Article 3 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office, regulations that also form part of the control and superior oversight system of the Public Treasury. Furthermore, from the conducts established in numeral 38 subsection d) of that same law, since the actions of the investigated officials in the issuance of the administrative act contained in Article 31 of Session 005-05 might eventually not have satisfied the public interest, by not ensuring that this decision was adopted in compliance with the objectives proper to the IDA (currently INDER), which is to title real estate whose vocation was agrarian and not forest. All the aforementioned actions and omissions of the investigated officials could eventually lead to the application of the prohibition of entry or re-entry to any public treasury post contained in Article 87 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic, which may be from two to eight years; the imposition of said prohibition results in the offender or offenders immediately ceasing from any public treasury post in which they are appointed, without liability for the State, except for those who, at the time of the imposition of the prohibition, already have the status of popularly elected servants (Constitutional Chamber Resolution number 8493-2006 of 14 hours 43 minutes on June 14, 2006). The foregoing in virtue of the fact that the investigated officials presumably approved with their vote the titling of several farms without making any opposition, caveat, or exclusion, as was appropriate, given that the IDA could in no way title in favor of a private subject, as the property possessed the nature of a public domain asset as part of the Natural Patrimony of the State, there being in this case, a presumed lack of the duty of vigilance, in their capacity as heads of the IDA, over the actions performed by their subordinate titleholders and the due diligence for cases subject to their direct approval, as well as allowing the weakening of internal control, which, in accordance with Article 213 of the General Law of Public Administration, the higher the rank of the officials in relation to the defect, the greater their duty to know and properly assess it. In summary, for presumably having committed serious breaches against the norms that make up the superior control and oversight system or framework," as recorded in images 798 to 835 of the file named DJ-32-2013, in the evidence folder identified as "2" (hereinafter DJ-32-2013 file).

3) That within the disciplinary procedure DJ-32-2013, a criminal file was provided as evidence, which includes a final judgment from the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San Nombre344 at sixteen hours thirty minutes on the ninth of September of two thousand thirteen, which resolved: "a definitive dismissal is ordered in favor of [Nombre62 001] (...) [Nombre62 002] (...) [Nombre62 003] (...) [Nombre62 004] (...) [Nombre 005] (...) [Nombre 006] (...) [Nombre 007] (...) [Nombre 008] (...) [Nombre 009] (...) [Nombre 010] (...) [Nombre62 011] (...) for the crimes of PECULATION, PREVARICATION committed to the detriment of the DUTIES OF THE PUBLIC FUNCTION and against [Nombre62 012] (...) [Nombre62 013] (...) [Nombre62 014] (...) for the crimes of PECULATION AS AN ACCESSORY AND BREACH OF DUTIES to the detriment of THE DUTIES OF THE PUBLIC FUNCTION and against [Nombre 015] (...) for the crime of INFLUENCE AGAINST THE PUBLIC TREASURY AND ILLICIT ENRICHMENT," a criminal proceeding where the investigated crimes were related to the facts concerning the titling of farms [Valor 001], [Valor 002], [Valor 003], [Valor 004], and [Valor 005], as recorded in images 912 to 939 of the DJ-32-2013 file.

4) By resolution PA-22-2013 at ten hours on the first of November of two thousand thirteen, the Deciding Body of the procedure belonging to the Legal Division of the Office of the Comptroller General of the Republic issued the final resolution of procedure DJ-32-2013 and stated, in relation to the plaintiff here and of interest for this resolution: "(...) Proven Facts: a) Titling in favor of Mrs. Name125799. (...). 11) On May 13, 2004, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, with the presence of members Name154104, Executive President, (...) in its Article 32 of Session 016-04, approved, with the favorable vote of all members present, the request to segregate, transfer, and extend a suppletory title of ownership, among others, for the property in name of Mrs. Name125799 and which corresponded to cadastral plan Placa31693. In that same session of the Board of Directors, the gentlemen Name154104, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortíz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (...) 12) The Institute of Agrarian Development omitted to request, prior to said land assignment, the land-use capacity study required by Article 27 of the Law of Soil Use, Management, and Conservation and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to said Law, at the time of titling the property in favor of Mrs. Name125800. 13) The Institute of Agrarian Development omitted to request, prior to said land assignment, the classification of the lands subject to disposal to verify the status of Natural Patrimony of the State from MINAE-SINAC, in accordance with the provisions established in Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law, Law 7575 of February 13, 1996. (...) 20) On January 11, 2010, (sic) Contentious-Administrative and Civil Public Finance Tribunal. Sixth Section. (...) issued judgment number 0038-2010 and ordered, in what is relevant, the following: '(...) THEREFORE: (...) This lawsuit is partially granted in the following terms, it being understood as denied in what is not expressly granted. Consequently: I) It is declared that the real property that the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its Article 32 of Session 01604 of May 13, 2004, titled in favor of the co-defendant Name125800 (sic) and which is described in cadastral plan SJ-703262-2001 constitutes Natural Patrimony of the State and a public domain asset that is unseizable, imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of human beings (...) b) Titling in favor of Mr. Name125801. (...) 9) On May 13, 2004, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, with the presence of members Name154104, Executive President, (...) in its Article 32 of Session 016-04, approved, with the favorable vote of all members present, the request to segregate, transfer, and extend a suppletory title of ownership, among others, for the property in name of Mr. Name125801 and which corresponded to cadastral plan SJ-600333-1999. In that same session of the Board of Directors, the gentlemen Name154104, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortiz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (...) 12) The Institute of Agrarian Development omitted to request, prior to said land assignment, the land-use capacity study required by Article 27 of the Law of Soil Use, Management, and Conservation and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to said Law, at the time of titling the property in favor of Mr. Name125801. 11) The Institute of Agrarian Development omitted to request, prior to said land assignment, the classification of the lands subject to disposal to verify the status of Natural Patrimony of the State from MINAE-SINAC, in accordance with the provisions established in Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law, Law 7575 of February 13, 1996. (...) 18) On August 31, 2009, the Contentious-Administrative Tribunal, Sixth Section (...) by means of judgment number 1842-2009, ordered, in what is relevant, the following: (...) THEREFORE (...) 1) It is ordered to annul the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 32 of session number 016-04 dated May 3, 2004, solely with regard to the titling of a farm in favor of co-defendant Name125801, described in cadastral plan number SJ -600333-1999 (...) 5) The real property described in cadastral plan number SJ -600333-1999 is declared as Natural Patrimony of the State, and therefore, the competent entity to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (...) c) Titling in favor of Mr. Name125802. (...) 8) Cadastral plan SJ-866425-2003, which corresponds to the land in possession in name of Mr. Name125802, indicates that it is affected by Forestry Law 7575 article 33. Likewise, in the nature of the land, the existence of hillside and a stream can be appreciated (...) 9) On May 13, 2004, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, with the presence of members Name154104, Executive President, (...) in its Article 32 of Session 016-04, approved, with the favorable vote of all members present, the request to segregate, transfer, and extend a suppletory title of ownership, among others, for the property in name of (sic) Mr. Name125802 and which corresponded to cadastral plan SJ-866425-2003. In that same session of the Board of Directors, the gentlemen Name154104, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortiz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (...) 10) The Institute of Agrarian Development omitted to request, prior to said land assignment, the land-use capacity study required by Article 27 of the Law of Soil Use, Management, and Conservation and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to said Law, at the time of titling the property in favor of Mr. Name125802..

11) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the classification of the lands subject to disposition to verify their status as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) from MINAE-SINAC, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (Ley Forestal), Ley 7575 of February 13, 1996. (...) 19) On June 7, 2010, the Administrative Litigation Tribunal, Sixth Section (...) through judgment number 2166-2010, ordered the following of relevance: (...) THEREFORE (...) 1) It is declared that the property which the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 32 of Session number 016-04 dated May 3, 2004, titled in favor of co-defendant Nombre125802 and which corresponds to cadastral map number SJ-866425-2003, constitutes State Natural Heritage and a public domain asset that is unseizable, imprescriptible, inalienable, and outside commercial trade. Likewise, the competent body to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (...) 2) The absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of IDA contained in Article 32 of Session No. 016-04 of May 3, 2004, is declared, solely with respect to the titling of a farm in favor of Nombre125802 and described in cadastral map No. SJ-866425-2003 (...) d) Titling in favor of Mrs. Nombre125803. (...) 8) Cadastral map SJ-871001-2003, which corresponds to the land in the possession of Nombre62, Mrs. Nombre125803, indicates that it is affected by Forest Law 7575, Article 33. Likewise, in the map’s description of the land’s nature, the existence of mountain and pasture can be observed (...) 9) On May 13, 2004, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, with the presence of members Nombre154104, Executive President, (...) in its Article 32 of Session 016-04, approved with the favorable vote of all members present, the request to segregate, transfer, and extend supplementary title of ownership, among others, to the property in the name of Nombre62, Mrs. Nombre125803, and which corresponded to cadastral map SJ-871001-2003. In that same session of the Board of Directors, Messrs. Nombre154104, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortíz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (...) 10) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the land-use capacity study required by Article 27 of the Land Use, Management, and Conservation Law (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos) and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulations to said Law, at the time of titling the property in favor of Mrs. Nombre125803. 11) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the classification of the lands subject to disposition to verify their status as State Natural Heritage from MINAE-SINAC, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, Ley 7575 of February 13, 1996. (...) 22) On September 23, 2010, the Administrative Litigation Tribunal, Sixth Section (...) through judgment number 3609-2010, ordered the following of relevance: "(...) THEREFORE: (...) the present claim is declared with merit (...) 1) It is declared that the property which the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, titled in favor of co-defendant Nombre125803 and which corresponds to cadastral map Placa31694, constitutes State Natural Heritage (...) 2) The absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of IDA contained in Article 32 of Session No. 016-04, of May 3, 2004, is declared, solely with respect to the titling of the farm in favor of Nombre125803 and described in cadastral map No. Placa31695 (...) 4) It is declared that the farm registered under the Real Folio System, registration number No. [Valor 004] (titled farm), was technically and legally registered improperly and in favor of Nombre125803 (...) On May 13, 2004, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, with the presence of members Nombre154104, Executive President, (...) in its Article 32 of Session 016-04, approved with the favorable vote of all members present, the request to segregate, transfer, and extend supplementary title of ownership, among others, to the property in the name of Nombre62 of Mr. Nombre125802 and which corresponded to cadastral map Placa31696. In that same session of the Board of Directors, Messrs. Nombre154104, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortíz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (...) 10) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the land-use capacity study required by Article 27 of the Land Use, Management, and Conservation Law and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulations to said Law, at the time of titling the property in favor of Mr. Nombre125802. 11) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the classification of the lands subject to disposition to verify their status as State Natural Heritage from MINAE-SINAC, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, Ley 7575 of February 13, 1996. (...) e) Titling in favor of Mrs. (sic) Nombre125804 (...) 8) On February 7, 2005, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, with the presence of members Nombre154104, Executive President, (...) in its Article 31 of Session 005-05, approved with the favorable vote of all members present, the request to segregate, transfer, and extend supplementary title of ownership, among others, to the property in the name of Nombre62, Mr. Nombre125804, and which corresponded to cadastral map Placa31697. In that same session of the Board of Directors, Messrs. Nombre154104, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Ana Isabel Sibaja Rojas, for the granting of the respective transfer deeds (...) 9) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the land-use capacity study required by Article 27 of the Land Use, Management, and Conservation Law and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulations to said Law, at the time of titling the property in favor of Mrs. Nombre125803. 10) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request, prior to said land allocation, the classification of the lands subject to disposition to verify their status as State Natural Heritage from MINAE-SINAC, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, Ley 7575 of February 13, 1996. (...) 17) On August 18, 2011, (sic) Administrative and Civil Treasury Litigation Tribunal, Sixth Section (...) issued judgment number 175-2011-VI and ordered the following of relevance: "(...) THEREFORE (...) 1) The agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, contained in Article 31 of Session number 005-05 dated February 7, 2005, is annulled, solely with respect to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre125804, described in cadastral map number Placa31697. (...) 3) It is ordered to annul the registry entry number [Valor 005]2 (titled farm) issued by the National Registry; 4) It is declared that the farm registered under the Real Folio system, registration number [Valor Placa31698], was technically and legally registered improperly (...) ON THE MERITS: (...) what is attributed to them is that with that favorable vote, they were responsible for having adopted agreements that led to the titling in favor of private individuals of farms listed in the charges, which by their nature formed part of the State Natural Heritage under the Forest Law and for that reason could not leave the public domain, and by allowing those farms to leave the public domain, the investigated parties breached their duty of vigilance and preservation of public patrimony, a function they were responsible for exercising as heads of that institution, in which case they not only weakened the internal control for which they are responsible, but also their actions caused the materialization of a detriment to the public treasury. Furthermore, the investigated parties, through their actions, may have breached the duty of probity, by failing to satisfy the public interest, insofar as they did not ensure that agreements were adopted that complied with the proper objectives of IDA—currently INDER—which is to hold real estate whose vocation was agrarian and not forestry (...) what was charged were three reproaches. The first reproach consists of indicating that the investigated parties are presumably responsible for having concurred with their favorable vote in the adoption of titling agreements in favor of private individuals for the farms listed in the charges, even though these were farms that, due to their forestry character, formed part of the State Natural Heritage under the Forest Law, and as such, numerals 6 and 10 of the Regulations for the Titling of Lands in National Reserves prevented their titling. (...) This prohibition on transferring and registering farms in the name of private possessors when they are State Natural Heritage located in national reserves operates independently of whether they are inside or outside a protection area, since their affectation is automatic, that is, without the need for a prior declaration (...) as part of the administrative files assembled for the purpose of making the decision related to each of the titlings, the accused had at their disposal a series of documents (...) that allowed the authorities of IDA to realize the forestry and not agrarian nature of the lands they intended to title, despite which they agreed to the titlings in question. For the legal and factual reasons set forth above, for this decision-making body there is no doubt that the actions attributed to the investigated parties constitute gross fault (culpa grave), insofar as not only cannot it be considered in accordance with the legal order as the legal representative of the defendants attempts to make it seem, but on the contrary, the titling agreements supported in their time by those charged here depart from the provisions of numerals 6 and 10 of the cited Regulations in harmonious relation with Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, (...) therefore their actions cannot but be deemed illegitimate and irregular as well as extremely careless and negligent. (the highlighting is not from the original) The second reproached aspect (...) is linked to the presumption that a fault was incurred in the titling and adjudication procedure carried out for each of the farms in question, insofar as the Land Use, Management, and Conservation Law (Article 27) obligates IDA to have, prior to granting a titling, the land-use capacity study, a requirement that was presumably illegally breached at the time of titling the properties indicated in the facts (...) and the third reproach formulated against the investigated parties, and closely linked to the previous one, lies in the fact that through their conduct they may have breached the legal requirement for classification of the lands subject to disposition (...) On this particular point, during the present proceeding the investigated parties did not submit any evidence regarding the existence of said soil studies as part of the prior requirements fulfilled before the titling of said farms—facts not controverted—and on the contrary, it is sufficient to refer to the five judgments of the Administrative Litigation Tribunal (...) Based on the foregoing, it is held that in none of the five titling agreements adopted by the Board of Directors referred to in this administrative proceeding did the investigated parties, as heads of IDA, require the land-use capacity study demanded by the Law and the cited Regulations, prior to making decisions regarding whether or not to title said farms, with the consequence that lands without agrarian vocation but rather forestry vocation ended up being titled, which, as stated supra (sic), were and are State Natural Heritage, breaching the block of legality existing in this matter (...) The blunders previously indicated are so many and so relevant that for this decision-making body there is no doubt that only openly careless and negligent conduct was capable of causing actions so laden with illegitimacy and irregularity, as has been repeatedly declared by the administrative litigation judges. Consequently, for the same reason, there is no recourse but to label these titlings as seriously inexcusable, especially since they materialized in a detriment to the public treasury and public funds—numerals 50, 89, and 121 paragraph 14 of the Constitution and Articles 8 and 9 of the Organic Law of the Contraloría General de la República—insofar as the public patrimony was deprived without cause and unjustifiably of real estate that, being State Natural Heritage, should never have left its sphere of ownership. With this, subparagraph b) of Article 110 of Law 8131 has been indisputably infringed (...) also the General Law of Internal Control was completely ignored by those investigated here, insofar as, as heads, said law obligates them to ensure the proper development of the activity of the entity under their charge—Article 12 subparagraph a) of said Law— (...) These faults are considered serious, in addition to what has been indicated, for other reasons: first, because they are attributed to a person who, having held the positions of highest responsibility as directors of IDA, had a greater duty to assess the legality of their actions (...) second, for having in-house legal advisors and board of directors advisors to correctly perform and carry out their management (...) and third, the materialization of damage or injury to the public treasury in general and to the State Natural Heritage in particular (...) (the highlighting is not from the original) Reasonableness and proportionality of the quantum of the prohibition: (...) in the judgment of this Decision-Making Body, it is appropriate to apply the prohibition on entry and re-entry to positions of the public treasury (...) at a rate of two for those imposed (...) for the titling agreement in which they concurred with their favorable vote embodied in Article 32 of Session 016-04 (...) by means of which it was agreed to segregate, transfer, and extend title of ownership, among others, to Nombre62 of Mrs. Nombre125800 (...) Likewise, for the rest of the board of directors' titling agreements referred to in this proceeding, one additional year is imposed for each of the titlings in which the investigated parties took part with their favorable vote, (...) the reiteration of the conduct turns out to be an objective criterion or parameter that allows imposing an adequate number of years of prohibition on re-entry or re-entry (sic) to positions of the public treasury based on the number of infractions committed by each of the investigated parties, so that the sanctioning treatment dispensed is adjusted to the conduct in which each accused actually took part or not", (...) THEREFORE: (...) this body RESOLVES: 1.- To declare administratively responsible Messrs. Nombre154104 (...) for the charges imputed in this administrative proceeding. By reason of the foregoing, the following is imposed: a- upon Mr. Nombre154104 the prohibition on entry or re-entry contemplated in Article 72 of Law No. 7428 to exercise any position in the Public Treasury that he might hold on the occasion of performing a post within the State and public entities or bodies, state or non-state, public enterprises, and private-law subjects insofar as they manage or safeguard funds under any title, for a term of six years, counted from the finality of this resolution with the scopes indicated in the recitals part (...) 2.- To record said prohibition in the Public Treasury Sanctions Registry (SIRSA), pursuant to the provisions of Chapter VI of the Regulation on Organization and Service of Disciplinary and Annulment Powers in the Public Treasury of the Contraloría General de la República, resolution No. R-DC-199-2011, of 08:00 hours on December 15, 2011, from the Office of the Contraloría General de la República", all of which is recorded in images 990 to 1044 Ibid.

5) Resolution PA-22-2013 of ten hours on November first, two thousand thirteen, was supplemented by resolution of fourteen hours on November twelve, two thousand thirteen, declaring "without merit the exceptions of expiry and statute of limitations raised by Mr. Nombre154104", as recorded in images 1087 to 1088 Ibid.

6) Against resolution PA-22-2013 and its supplement, the plaintiff here filed an appeal (image 1095), which was resolved by resolution R-DC-032-2014 from the Office of the Comptroller, rendered at thirteen hours on April twenty-third, two thousand fourteen, declaring said appeal without merit, as recorded in images 1174 to 1195, Ibid.

III.- ON THE ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. At the time of filing his action, by way of summary and without prejudice to the entirety of the statements expressed and studied by this Chamber, the plaintiff indicated in his factual account that he was a member of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario between 2002 and 2005, and also has 27 years of career in the public service. That by resolution PA-22-2013 of ten hours on November 1, 2013, several directors of said institute were sanctioned, including his person, ordering the prohibition on entry and re-entry to exercise any position in the public treasury, in the terms contemplated by Article 72 of Law No. 7428, for a term of six years from the finality of that resolution. He indicates that this resolution was issued within the administrative disciplinary procedure DJ-32-2013, and that in his opinion said procedure violated the general principles governing due process; he states it lacked objective assessment of the evidence and other elements that both he and the other investigated directors presented in the proceeding, and despite this, the comptroller entity arrived at a conclusion of false cause and hasty generalization; he considers that this led to a very severe and disproportionate sanction for the investigated parties for several administrative acts that he describes in his complaint, which were analyzed in the criminal sphere within the process followed in case file 07-000026-621-PE, in which, by judgment, they were considered in compliance with the block of legality and were exonerated from all liability for exactly the same facts according to his criterion; he considers that the Comptroller General and the Decision-Making Body of the disciplinary proceeding did not give due importance to the evidence submitted and dismissed it without further reasoning, sanctioning for a second time some of the investigated parties for the same five acts that, according to that judicial judgment, were deemed issued in compliance with the block of legality in force at the time they were taken. He explains that he challenged the sanction in a timely manner, offering abundant evidence and, in his opinion, excellent arguments that were not considered in resolution PA-22-2013 of ten hours on November 1, 2013, and therefore the appeals for reconsideration filed were declared without merit, and by resolution R-DC-32-2014 rendered at thirteen hours on April 23, 2014, the Comptroller Body declared his appeal without merit, reiterating in this last resolution, on the part of the Comptroller General, the same grounds and arguments issued in the resolution subject to appeal; this resolution was communicated to him through official letter 03988-DC-0134 dated April 23, 2014. The plaintiff states that he works as an advisor to the parliamentary fraction of the Partido Unidad Social Cristiana and that the imposed sanction, if executed, would cause him evident harm since the only source of economic income he has and with which he covers his personal expenses and credit payments and is the support of his mother and family is that job; he argues that his age and current health conditions would make it difficult for him to find new employment; as he sets forth, the execution of the sanction would bring a cascade effect on his credit record and, in his condition as a public figure, would be muddied, with the sanction affecting all aspects of his current and future life; that part of those mentioned damages to his image as a public figure and politician are of national knowledge, given information in written, radio, and television press. He alleges that through certifications ACOPAC-OT-C-001-10 of May 7, 2010, ACOPAC-OT-C002-10 of May 7, 2010, and ACOPAC-OT-C-003-2010 of May 7, 2010, the Conservation Area of MINAET certified that farms number [Valor 001], [Valor 004], and [Valor 003] are not State Natural Heritage. As legal reasons, he points out regarding the facts imputed to him, that there is no clear, precise, and circumstantial narration of the facts attributable to the plaintiff here, since a series of titlings in which numerous officials participated are narrated, thus there is no clarity about the facts attributed to him; he affirms that there is no causal nexus between such actions and the liability attributed to his person, so that in relation to each of the titlings approved by the Board of Directors of the entity indicated above, he alleges that there is no conduct attributable to him, that he is sanctioned for "presumptions" and not for actions; he argues that there was no adequate substantiation to impose the sanction, nor an analysis of his functions and obligations, nor is he clearly shown which of his duties were breached nor the norm applied to him, thus alleging a lack of specificity (tipicidad); furthermore, in his opinion, the sanction to be imposed was not duly assessed, the elements taken into account to set the duration of the sanction imposed are not explained to him, nor are the omissions presumably committed clearly indicated to him, for which he claims the nullity of the final act and the resolution rejecting his appeal.

IV.- ON THE ARGUMENTS OF THE DEFENDANTS. All parties having been notified of the existence of this complaint, the representation of the Contraloría responds opposing it, indicating in summarized form that in the final resolution of the sanctioning procedure followed against the plaintiff, it was clearly established that he participated in the adoption of the agreements contained in Articles 32 and 31 of the board of directors sessions 16-04 of May 13, 2004, and 05-05 of February seven, two thousand five, and it was established that there was a breach of the duty of vigilance and preservation of public patrimony with those agreements, weakening internal control and allowing the materialization of the detriment to the Public Treasury; it states that the duty of probity was also infringed by failing to ensure that the agreements complied with the proper objectives of the then IDA. It considers that the challenged act specifies, in its opinion, the facts attributable to the plaintiff when in recital three, under point A, it was stated that the directors had at their disposal "a series of documents" and it was indicated regarding this that "allowed the authorities of IDA to realize the forestry and not agrarian nature of the lands they intended to title, despite which they agreed to the titlings." It alleges that the absence of the land-use certificate was clearly stated and that, contrary to what the plaintiff claims regarding this, there was no violation of the principle of specificity because the decision-maker clearly indicates the gross fault that arises because the titling agreements "depart from the provisions of numerals 6 and 10 of the cited regulations in harmonious relation with Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law" and that this rendered the activity illegitimate and irregular as well as careless and negligent; furthermore, the application of numerals 6 and 10 of the regulations for the titling of lands in National Reserves is analyzed, which prevented titlings of assets that by their nature could not leave the public domain, and that in the statement of charges it was indicated that such circumstances would be assessed. In its opinion, the final resolution of the procedure carried out adequate reasoning regarding the legal consequences attributed to the investigated conduct and the sanction to be imposed. As for the plaintiff's argument that it was decided based on presumptions, this because the final resolution stated that "the legal requirement may have been breached," it considers this an observation taken out of context, and that on the contrary, in the decision taken it is clearly established the conclusion of the existence of conducts that were classified as serious fault and the elements that were taken into account to consider them as serious in various assessments throughout the administrative act that is the object of this process. In relation to a presumed res judicata that should have been assessed to impose the sanction, given the pronouncement of dismissal in criminal matters, it states that vote 16001-2011 of 9:30 a.m. on November 25, 2011, from the Constitutional Chamber allows establishing that no such situation exists. Regarding the claim of absence of analysis of the proportionality of the sanction, it affirms that such assessment does exist and that it was adequately justified why that grading of the sanction was applied; it affirms that the resolution clearly indicates it is due to the concurrence of a reiteration of the infringing conduct according to the facts that gave rise to the proceeding. It requested that the damages and losses be rejected as there is no cause-and-effect relationship that allows establishing a direct consequence of what was resolved with the presumed damages claimed, ratifying all that was set out in its conclusions where it also reiterates that the plaintiff's arguments are made using an isolated and fragmented analysis of each of the imputed facts. It asserts lack of right and requests that all claims be rejected, and that a condemnation for costs be imposed on the plaintiff with interest on said costs. For its part, the representation of the State in its response indicates that there is no reproachable state conduct or conduct that generates damages and losses since what is being challenged is a procedure carried out by the Comptroller Entity in exercise of its oversight function, which is independent of the State, and that in its opinion, in accordance with the content of vote 714-F-2002 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice rendered at 4:20 p.m. on September 18, two thousand two, the complaint against it must be dismissed as there is no causal nexus nor passive legal standing in this case. It points out that the dismissal of a criminal case does not generate res judicata applicable to this case because the criminal court dismisses due to the lack of criminal specificity of the investigated conduct, and it requests that lack of passive legal standing be declared. In its conclusions, it reiterates said arguments and adds that since the action against the State was not separated from the complaint against the Contraloría, it must be dismissed, with the plaintiff bearing the payment of costs and their respective interest.

V.- NORMATIVE REVIEW APPLICABLE TO THE ADMINISTRATIVE SANCTIONING PROCEDURE OF THE PUBLIC TREASURY. Given the plaintiff's claims, this Chamber considers it essential to establish the normative framework applicable to the sanctioning procedure followed in the specific case in order to later assess the merits of the plaintiff's claims. Article 68 of the Organic Law of the Contraloría General de la República (hereinafter LOCGR) establishes that the Contraloría shall have the power to order and recommend sanctions and states in that regard that such possibility arises: "when in the exercise of its powers it determines that a servant of the passive subjects has committed infractions of the norms that make up the control and oversight framework contemplated in this Law or has caused injury to the Public Treasury" (see norm in question); the same numeral indicates that a proceeding shall be instituted and a final act shall be issued in which "it shall recommend to the competent body or administrative authority, through its technical criterion, which is binding, (underlining is not from the original) the application of the corresponding sanction according to the merits of the case. The Contraloría shall form a case file against the eventual offender, guaranteeing them, at all times, due process and sufficient opportunity for a hearing and defense in their favor. The competent authority of the required passive subject must comply, within the period established by the Contraloría, with the recommendation issued by it; unless, within a term of eight business days counted from the communication of the act, a request for review is filed, duly motivated and reasoned, by the head of the required passive subject."

In this case and once the indicated procedure has been resolved, it must comply, without delay, with the provisions of the final technical-legal pronouncement of the Office of the Comptroller General (Contraloría), under penalty of incurring the crime of disobedience, without prejudice to the statute of limitations regime provided for in this Law. The expiration of the deadline set by the Office of the Comptroller General of the Republic for the passive subject to impose the ordered sanction shall not, in itself, cause the liability of the server to prescribe nor cause the right of the passive subject to impose said sanction to lapse, without prejudice to the statute of limitations regime provided for in this Law. The right of the Office of the Comptroller General of the Republic to exercise, in the specific case, the power to recommend or order the application of sanctions shall prescribe within a term of two years counted from the initiation of the respective case file (expediente). The initiation of the case file shall be understood with the order of the competent office of the Office of the Comptroller General to begin the investigation of the case, in relation to certain servers"; according to the ORGANIC REGULATIONS OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, hereinafter ROCGR), the competent office for this procedure is the Legal Division (División Jurídica) and pursuant to numeral 16 of said regulations "The Legal Division reports organically to the Office of the Comptroller (Despacho Contralor) and is headed by a Division Manager. It performs exclusive superior oversight functions contained in the regulations that grant substantive powers to the oversight body and exercises legal authority in the processes of the macroprocess of comprehensive oversight for which it directs, manages, and provides legal advice in institutional processes, with the purpose that all activity carried out by the institution is developed in accordance with the legal system," and "leads the processes of: (...) b. Administrative procedures (procedimientos administrativos) (...) d. Issuance of binding criteria (criterios vinculantes)." (see referenced regulation) Specifically regarding the administrative procedure in charge of said division, numeral 18 of the same regulation states: "The officials of the Legal Division may resolve individually or collectively the acts that initiate and conclude administrative procedures aimed at determining civil and administrative responsibilities in matters of Public Treasury (Hacienda Pública) or declaring the absolute nullity of acts and contracts." In turn, the REGULATIONS OF ORGANIZATION AND SERVICE OF THE DISCIPLINARY AND ANNULLING POWERS IN PUBLIC TREASURY OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LAS POTESTADES DISCIPLINARIA Y ANULATORIA EN HACIENDA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, hereinafter Regulations of Organization) states in its numeral 3: "The fulfillment of the functions entrusted to the Office of the Comptroller General in matters of administrative procedures aimed at declaring responsibilities in the administrative sanctioning or civil orders, or to declare the absolute, evident, and manifest nullity of the acts or contracts issued by the passive subjects of the system of control and oversight of the Public Treasury (ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda Pública), shall be in charge of the Legal Division, without prejudice to the powers of the Office of the Comptroller" and according to numeral 49 of the same regulation, "Once the hearing is concluded, the decision-making body may issue the final act immediately," an act that according to numeral 52 of the same regulation, within a period of five business days, counted from its finality, must be communicated to the competent authority of the passive subject, so that the respective sanction is applied, which must execute what is indicated therein, unless, within the term of eight business days counted from the communication of the act, the hierarchical superior of the entity or required body files a request for review, duly grounded and reasoned. For cases related to the public treasury, numeral 71 of the LOCGR establishes that "The administrative liability of the public official for the infractions provided for in this Law and in the superior oversight and control regulations shall prescribe according to the following rules: a) In cases where the irregular fact is notorious, liability shall prescribe in five years, counted from the occurrence of the fact. b) In cases where the irregular fact is not notorious—understood as that fact which requires an inquiry or an audit study to report its possible irregularity—liability shall prescribe in five years, counted from the date on which the report on the respective inquiry or audit is brought to the attention of the hierarchical superior or the competent official to initiate the respective procedure. (underlining not in original). The statute of limitations shall be interrupted, with continued effects, by the notification to the alleged responsible party of the act agreeing to the initiation of the administrative procedure." (underlining not in original). Once a sanction is imposed through the final act of said procedure, according to article 72 of the LOCGR, the prohibition of entry or re-entry of the offender must be ordered if the required elements concur. In this sense, the cited numeral provides: "No one who has committed a crime or serious fault against the norms that make up the oversight system, contemplated in this Law, or against property or good faith in business may be appointed to a position in the Public Treasury. This prohibition shall be in force for a period that shall not be less than two years nor greater than eight years, at the judgment of the Contraloría General de la República, which shall resolve upon review of the evidence of the case. Likewise, the prohibition shall apply, for the same period, against former public servants who attempt to re-enter the Public Treasury, when they have committed a crime or serious fault such as those mentioned in the previous numerals, even if their previous service relationship with the Public Treasury ended without liability on their part. Furthermore, the prohibition established herein shall be applied against the public servant who has been dismissed for having committed a crime or serious fault such as those already cited. When applying the above prohibition, the Contraloría shall set its duration within the indicated limits and shall compute, in favor of the affected person, the time during which they have remained outside the Public Treasury, after their last position therein." (see norm cited); therefore, there is a procedure before the CGR to determine the administrative liability of the public official when it is estimated that "infractions" relating to the "control and oversight" of public funds have occurred, a procedure that is carried out by the Legal Division of the Contraloría, and is governed by that special regulation, which must set, by legal mandate, not only the type of fault deemed committed, but also a sanction of prohibition of entry and re-entry to public functions related to the public treasury. Regarding the nullity regime. In relation to the validity of administrative acts, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP), regulates the administrative act, as it is a manifestation of the will of the Administration aimed at achieving the purposes imposed upon it by the legal system; consequently, the acts generated by the directing body of the sanctioning procedure and by the decision-making body thereof are governed by these elements. According to the LGAP, the administrative act must be issued in accordance with the current rules of the legal system; if the established requirements are omitted, the so-called defect of the act arises, causing its invalidity, either partially or absolutely; when the invalidity, or absence of requirements, falls on the substantive elements of the act (authority of the agent, purpose, cause, and content), the act is absolutely null and void and has no effect; when the defect falls on accessory elements of the act (such as external formalities), it is relative and/or correctable. Thus, nullity is the condition of invalidity of the administrative act, so that the annulment is the resolution issued by the competent body—be it jurisdictional or administrative, in this case this Chamber of the Court (Tribunal)—to declare that a formal action is not in conformity with the legal system. The administrative act so declared cannot have any type of effect as regulated by articles 165 to 172, 176 to 179 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP). To annul acts issued by the administration, a comparison of the act must be made with the elements of validity prescribed by the legal system, a review of legality or "judicial review of nullity" (juicio contencioso de nulidad) (formerly ordinary proceedings). It is thus a process in which the plaintiff is called upon to demonstrate the infraction(s) of the legal system alleged to have been committed and present in the act whose removal from that same system is requested in the complaint. The issuer of the act must demonstrate compliance with the requirements and demands imposed by the legal system for the full validity of the issued act (see art. 122 of the Administrative Contentious Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA). It is not possible to presume nullity; rather, it must first be proven by the party alleging it (according to the onus probandi, or burden of proof, incumbent on the alleging party), and then declared in a judgment by a competent judge. (similar criteria have been issued in rulings Votos 37-2014-IV, 108-2013-V, 70-2019-VI of the Administrative Contentious Court). The administrative procedure carried out prior to the issuance of the administrative act must be verified, as the procedure is the instrument used to adopt a decision, and thus guarantee the legality, timeliness, and appropriateness of the administrative decision, as well as the proper functioning of the public function, since according to what numeral 214 of the LGAP states, the purpose of the procedure is to establish the real truth of the facts that serve as the cause for the case, in accordance with the contents of articles 225.1, 216.1, 217, 218, 219, 297, 317, of the same LGAP, among others. Once the non-compliance of the required elements in the act is determined, according to numeral 223 of the LGAP, that omission of substantial formalities shall cause nullity of the procedure. In relation to the final act of a procedure, according to numerals 136, 335, 336, of the LGAP, it must be "grounded" (motivado) and must respect the application of the rules of sound critical reasoning in the assessment of evidence, as has been considered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), in judgment number 1994-03374 at nine hours twelve minutes on May seventh, nineteen ninety-nine; furthermore, the final resolution must be issued duly considered, with the necessary formal expression of the grounds both of law that constitute the legal basis and of fact, as provided for in articles 39 and 41 of the Political Constitution (Constitución Política) and 136 of the LGAP, elements that in practice are materialized under diverse expressions such as "questions of fact," "facts not proven," "facts proven," "questions of law," "questions of substance," "elements of conviction," among other forms of expression; regardless of how they are stated in the decision-making act, they must always allow knowledge of the analytical process carried out by the issuer. That act must have reasoning (motivación), whether DIRECT, when the act contains in its literal text the basis for the decision, or INDIRECT, when the administrative conduct refers as support for its content, provided that such reference is made in an explicit and unequivocal manner, to prior opinions or resolutions that have determined the adoption of the act. It must be understood that there is a legal requirement to indicate in a clear, certain, and detailed manner the relevant, decisive, and probative findings that justify the act; an analysis of the evidence must be presented, which has led to the conclusion according to numeral 334 of the LGAP, requiring for its efficacy, a proper communication to the administrated party, so that it "is opposable to the latter" according to numeral 345 of the LGAP, such that the regulations establish the possibility of challenging through remedies (recursos), limiting to the final act of the hierarchical superior the appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) in accordance with the rules of the motion for reconsideration (reposición) of the Administrative Contentious Procedural Code. Regarding the liability regime. Given that the administrative procedure in which the acts whose nullity is claimed in this judicial process are generated is an administrative liability procedure, the elements governing this matter must also be considered. It must be borne in mind that liability is attributed to a subject against whom the obligation to repair, indemnify, or compensate a damage inflicted on the legal sphere of another subject has been established; it is divided into subjective and objective, according to the criterion of imputation used in each case: in the former, the will of the obligor, who acts culpably; in the latter, objective criteria such as risk, expressly established by law. For subjective liability to occur, the demonstration of the damage, the willful misconduct (dolo) or fault (culpa) on the part of the author of the harmful act, and the causal relationship between the conduct that produces it and the harm are required; on the other hand, objective liability requires the demonstration of the damage and the causal relationship to attribute liability to the subjects who must objectively respond. There exists, in turn, contractual and non-contractual liability, depending on whether it arises from the breach of an obligation freely agreed upon by the parties, or arises from the breach of the general duty not to cause harm to others. To define its existence, an assessment of the evidence related to the breach must be made, and once that is determined, a culpable party is presumed, in accordance with article 702 of the Civil Code (Código Civil) (for further elaboration, reference is made to judgments of the First Chamber (Sala Primera) numbers 320 at 14:20 hrs. on November 9, 1990, 354 at 10:00 hrs. on December 14, 1990, 103 at 14:50 hrs. on June 28, 1991, 17 at 15:00 hrs. on the 27th, and 20 at 14:45 hrs. on the 31st, both of January 1992, 45 at 14:15 hrs. on June 11, 1997, 53 at 15:10 hrs. on May 27, 1998, 589 at 14:20 hrs. on October 1, 1999, 36 at 15:40 hrs. on January 10, 509 at 14:25 hrs. on July 11, both of 2001, and 875-2010 at 9 hours 35 minutes on July 22, 2010). For liability to exist there must be "causation" (causalidad); this arises from a casuistic assessment based on the facts, an assessment that allows a cause-and-effect relationship between the claimed damage and the conduct displayed to be determined, to establish a link between the damage and the conduct as a result of the analysis of the probability of the specific circumstances affecting the matter, (in this sense, see, among others, resolutions 1008-F-2006 at 9 hours 30 minutes on December 21, 2006, 467-F-2008 at 14 hours 25 minutes on July 4, 2008, and 875-2010 at 9 hours 35 minutes on July 22, 2010, all from the First Chamber). In an ordinary liability procedure, the aim is therefore, as explained, to establish an obligation to repair, indemnify, or compensate a damage inflicted on the legal sphere, if it is determined that there is "liability" on the part of the subject of the procedure; liability that in the specific case was sought to be demonstrated within the administrative liability procedure carried out against the plaintiff. The obligation declared upon the determination of "liability" must be imposed through a decision (act), which is produced internally within the administrative procedure under the figure of the so-called "final act" or final resolution. The final act of the ordinary procedure, as it determines obligations, when it pertains to liability in accordance with numerals 134 to 136 of the LGAP, must be in writing, grounded, with mention, at least succinct, of its foundations; it must clearly and precisely define the liability of the subject and its consequences. Once that liability is defined, the application of numeral 150 of the LGAP shall proceed, which states: "1. Administrative execution may not be prior to the proper communication of the principal act, under penalty of liability." As a corollary of the foregoing, this Chamber understands that there are necessary elements for the validity of administrative acts related to the determination of liability, where the legal system requires the issuance of a written, grounded pronouncement that clearly and precisely establishes the existence of a causal nexus between conduct or omission and the injurious fact that generates liability, with the consequent duty of compensation or restitution of the legal situation to its original state. Thus understood the administrative act, these elements must be applied to the specific case and, through the reading of the evidence admitted in this matter, it must be defined whether it allows the existence of the nullities claimed by the plaintiff to be established.

VII- ON THE SPECIFIC CASE SUBMITTED FOR ASSESSMENT BY THE COURT (TRIBUNAL). Pursuant to the arguments put forth by the parties and the claims outlined by the plaintiff that have continued to judgment, for this Chamber it is clear that the point to be elucidated in the present litigation (litis) is whether resolution PA-22-2013 at ten hours on November first, 2013, complies with the formal and substantive requirements for its validity, because even though the plaintiff also seeks the declaration of nullity of resolution R-DC-032-2014 at thirteen hours on April twenty-third of that same year, they did not specify regarding this latter resolution any specific claim additional to the non-acceptance of their arguments and the reiteration of the grounds argued in the final act issued by resolution PA-22-2013. The plaintiff claims the nullity of resolution PA-22-2013 for lacking certain elements; given the extensive exposition by the plaintiff, this Chamber summarizes from the reading of their complaint, that the elements causing the claimed nullity can be materialized as follows: i) inadequate exposition of the facts held as demonstrated against the plaintiff herein; ii) non-existence of an analysis of the plaintiff's obligations and absence of analysis regarding their non-compliance; iii) Lack of legal basis regarding the application of the norms to the specific case; iv) inadequate assessment of the displayed conduct that prevents the determination of the prior norm that sanctions the conduct and consequently a lack of specificity (tipicidad); v) lack of analysis of the reasons for imposing the sanction and lack of proportionality in its graduation. In that exposition, according to the arguments put forth in the complaint filed in this judicial venue, this Chamber proceeds to resolve on the merits of what is sought.

i) Regarding the claim of "inadequate exposition of the facts held as demonstrated against the plaintiff herein"; in this respect, as was set forth above, for the plaintiff, the final resolution of the sanctioning procedure lacks a precise and detailed exposition of the facts attributed to them; they claim that factual statements are given that are not applicable to them and that they ultimately do not know for which of the facts they were actually sanctioned. Criterion of the Court: to elucidate whether or not what is asserted is admissible, this Chamber proceeds to examine the resolution issued by the Contraloría in an integral manner as a whole, since in its content it is observed that a factual and legal assessment was given of actions related not only to the plaintiff herein but also to other officials; in that reading and analysis, it is observed that the narration of facts in the resolution is directed at conducts emanating from different public officials because the procedure was processed as a consolidated procedure (procedimiento acumulado). Thus understood, the facts held as proven are not exclusive to the plaintiff's conduct but relate to the totality of legal situations that preceded that conduct under investigation; therefore, indeed, of the series of acts carried out by the administration and which were investigated, only some of them relate to conducts displayed by the plaintiff herein, but they are, for this Chamber, necessary for resolving the merits of the procedure as required by the decision-making body. The reading of resolution PA-22-2013 clearly states that a series of real property titling processes (titulaciones de bienes inmuebles) are held as true, and within each of them, a series of administrative actions were held as true, which were displayed by various officials; there is no doubt, given the wording used by the decision-making body of the procedure, as to the relationship of the actions carried out by the different officials participating in such titling processes and those investigated in the procedure. For this Chamber, the narrative of proven facts allows the establishment of factual situations that led to the participation of the plaintiff herein in the matters investigated, and from that description the decision-maker proceeded to assess the acts displayed specifically by the plaintiff herein, as recorded in the recitals part (considerativa) of the challenged final act, where each of the investigated acts is evidenced, and described in the statement of charges (traslado de cargos) that was notified to the plaintiff herein and which relate to the proven facts in this act; facts that were communicated to the plaintiff at the time the charges were imputed to them and which were reiterated in the substantive recital of that resolution when the statement of charges of the procedure is transcribed where appropriate and they are expressly told that the investigated parties "are attributed that, with that favorable vote, they were responsible for having adopted agreements that facilitated the titling in favor of private individuals of properties listed in the notification, which by their nature formed part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) in accordance with the Forest Law (Ley Forestal) (...) and by allowing those properties to leave the public domain, the investigated parties breached their duty of vigilance and preservation of public heritage, a function that they were responsible for exercising as hierarchical superiors of that institution." According to those charges, for this Chamber, the description of proven facts carried out by the Contraloría when it exposes one by one the titling processes in which all the investigated parties participated and where it is noted that on February 7, 2005, the Board of Directors (Junta Directiva) of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA), approved the request to segregate and transfer and extend supplementary title for the different properties described in each of their titling processes, allows the facts attributed to them in the statement of charges and those in which they are held as a participant to be described in a certain and accurate manner. This act clearly exposes that the IDA omitted, in each of those titling processes, to previously request the land-use capacity study (estudio de capacidad de uso de suelo) and the classification of the lands, and that omission corresponds to the facts attributed to the members of the Board of Directors; therefore, for this Panel (Integración), an adequate description of facts was made in relation to the actions and facts attributed to the plaintiff. Given this, the resolution rejecting the appeal (recurso de apelación) confirms it, and therefore this claim must be rejected.

ii) Regarding the claim of non-existence of an analysis of the plaintiff's obligations and absence of analysis regarding their non-compliance; the plaintiff alleges that the final resolution of the procedure had to clearly indicate what the obligations were that, as a member of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, they had to fulfill and then specify which of those obligations were not properly attended to. Criterion of the Court. While the plaintiff is correct in noting that the Contraloría did not carry out an analysis of the duties and obligations of the members of the IDA Board of Directors, for this Chamber, this is not relevant to the specific case because, in relation to the approval of titling processes, a clear and detailed description of the duties of the IDA, and consequently of the officials representing it, was carried out; the final act of the procedure specifies that there are three reproaches attributed in the imputation of charges and three conducts analyzed in the resolution issued by the decision-making body (images 824 and 1029 of file DJ-32-2013), namely: having concurred in the adoption of titling agreements even though they involved properties that due to their forest character formed part of the natural heritage; allegedly having incurred a fault in the titling procedure insofar as the law of use, management, and conservation of soils obligates the IDA to have such studies prior to any titling; and that the legal requirement for land classification could have been breached when approving the titling processes. In the three reproaches, the decision-making body indicates the regulations that were in force at the time the acts of approving the property titling were carried out, and clearly pointed out the elements provided by the legal system and which of those provisions were deemed breached; for this Chamber, it is sufficient to read the recitals that where appropriate have been transcribed in proven fact 4 of this resolution, to conclude that there is indeed an indication of the obligations that were deemed breached, which were specifically the obligations imputed to the plaintiff as sanctionable in the statement of charges; having analyzed the facts that occurred in the procedures of those property titling processes, the final act of the procedure clearly determined which of the elements required by the special laws governing the IDA were not verified due to the plaintiff's conduct; the norms that regulated the activity that, in the position assumed by the plaintiff, should have been verified, approved, or rejected were exposed (article 108 of Law 8131, 72 of the LOCGR, General Law of Internal Control 8292, among others) and it was determined that those norms were not complied with; it is estimated that an analysis related to the duty to comply with such regulations and an assessment of the conduct of the plaintiff herein in relation to those regulations was carried out, and therefore this claim must be rejected.

iii) Regarding the claim of lack of legal basis in the application of the norms to the specific case; the plaintiff's claim in this aspect consists of the fact that the Contraloría proceeds to list a series of norms without analyzing each one of them in relation to the activity displayed by the plaintiff herein, arguing that this vitiates with nullity what was resolved, as the duty of the decision-making body to clearly expose the relationship of connectivity between the alleged conduct carried out and the current regulation, and between the conduct displayed and the consequences applied to them was disregarded by that action, in addition to the fact that the existence of a judgment of dismissal (sobreseimiento) in the criminal venue related to the property titling processes that were the object of this procedure, which should have been weighed and applied, was not considered. Criterion of the Court. The resolution of statement of charges that initiates the procedure records that it indicated to the plaintiff herein that the investigated parties would be potentially responsible because, by approving and voting for the titling of properties, they allowed a presumed irregular and illegal action, breaching their duty of vigilance and preservation of public heritage, allowing "the constitution and issuance of administrative acts that could have formally violated the principle of legality" and harm the Natural Heritage by segregation of properties affected by the Forest Law, with the norms related to the liability regime of the administration being applicable to them, listing the laws to be applied. (see image 824 Ibidem).

In the final act, the Comptroller General's Office expressly indicates that, in relation to the five agreements adopted by those investigated, there was legislation in force (Ley Forestal, Ley de uso de suelos) that set parameters regarding the real estate, which established limits on the IDA's activity regarding titling. That final act established that in none of the agreements related to the titling of properties detailed in the proceeding of interest did those investigated request the land-use study necessary to determine, at that moment, whether the properties subject to titling fell outside or within the titling powers of the Board of Directors (see image 1032 of file DJ-32-2013). For this Chamber, with that express statement, the deciding body clearly and precisely establishes the conduct deemed to have been carried out by the plaintiff here, and the same substantive considering section states that such conduct violates sections "6 and 10 of the cited Reglamento in harmonious relation with Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal," and applies to such conduct "sections 50, 89, and 121 subsection 14 of the Constitution and Articles 8 and 9 of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República," in addition to "subsection b) of Article 110 of Ley 8131" and "Article 12 subsection a)" of the law of Internal Control. From the resolution of interest, given this express determination of applicable rules, in order to impose the corresponding penalty, for this Chamber the plaintiff's claim lacks any basis and its rejection is warranted.

iv) Regarding the claim of inadequate assessment of the conduct displayed, which prevents the determination of the prior norm that penalizes the conduct or lack of specificity (falta de tipicidad); the plaintiff claims that throughout the resolution under discussion there is no clear statement of the norm he allegedly violated through his omission, and that there is no element to penalize because in the criminal courts it was determined that no fault existed when a dismissal (sobreseimiento) was ordered in the criminal investigation of the facts also investigated in the proceeding at bar. Tribunal's Opinion: For this Chamber, the proceeding followed against the plaintiff was clear; the legislation allegedly affected was determined from the outset, as is evident from the statements visible in the notification of charges (traslado de cargos) as recorded in images 824 and 825 of the evidence file DJ-32-2013. Imperative rules were presented that were allegedly breached, precisely stated, including those contained in section 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and its reglamento, Articles 12, 14, and 15 of the Ley Forestal, 11 of the LGAP, among others. It was indicated that, if the plaintiff's conduct contrary to these norms were verified, the liabilities described by section 110 subsections b, e, and r of the Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, and 8 and 9 of the LOCGR, could arise. In this manner, both the facts attributed to the plaintiff and the legislation applicable to his case were developed in the notification of charges. Upon being assessed in the final act under the spectrum of that legislation, the decision-maker concluded that they "ended up titling lands without agricultural but rather forestry capability (vocación forestal)," "failing to comply with the existing block of legality in this matter." For this Chamber, a comprehensive reading of the resolution allows it to be established that both the plaintiff's acts constituting improper conduct—for not fulfilling the mandatory elements in accordance with the powers granted by law to the Instituto de Desarrollo Agrario, and which, being imperative, every public official working in that entity must observe—are stated. It was clearly set out which normative elements were found "absent" in the conduct of the plaintiff here in his capacity as director of the IDA, and the rules applicable to that conduct, stating and developing one by one the normative consequences, just as has been transcribed in proven fact 4 of this resolution. The applicable legislation was also adequately assessed in relation to an alleged matter of res judicata (cosa juzgada), given the dismissal in criminal matters of the case brought against some of those investigated, and it was also clearly established that such dismissal does not affect the punitive proceeding or the assessment of the penalty to be imposed, clearly setting out the normative, doctrinal, and factual foundations that led the decision-maker to that conclusion. Thus, it has been possible to determine from reading the final resolution issued by the Comptroller General's Office that it clearly indicates both the legislation existing at the time the plaintiff's conduct deemed to generate liability occurred, which governed the plaintiff's proper conduct, and the legislation that penalized the failure to comply with the legal system, and therefore this claim must be rejected.

v) Regarding the claim of lack of analysis of the grounds for imposing the penalty and lack of proportionality in its grading; the plaintiff, in his narrative, points out that in his case, there is no analysis of the facts in relation to the penalty imposed, there is no clear and precise statement of what conduct necessitates imposing a penalty against him, nor is an assessment made that allows knowing the elements taken into account by the Comptroller General's Office to assign the condition of "grave" to that conduct displayed and establish the reasons for its duration over time, so in his understanding, there is no proportionality of the penalty. Tribunal's Opinion: This Chamber proceeds to review resolution PA-22-2013 and determines that in the substantive considering sections, an analysis is carried out regarding the effects and consequences of the fault deemed committed. In that reading, it is observed that the deciding body analyzes the quantity of titled properties, their measurements, the contents of Articles 110 of Ley 8131 (Ley de Administración Financiera de Costa Rica), 12 and 39 of the Ley General de Control Interno, the institutional director position, applying those assessments to each of the titlings carried out, to finally establish a time period of validity for the penalty imposed in relation to each titling approved by the plaintiff as director. In that analysis, the decision-maker, in the operative part, proceeds to issue a single pronouncement regarding the time period of validity of the penalty of disqualification or prohibition of entry and re-entry to public finance positions of six years for the plaintiff here (image 1042 ibid.), and does so as a conclusion of the substantive elements set forth in the respective considering section. This Chamber considers that the statement made in the considering section highlighted as "Reasonableness and proportionality of the quantum of the prohibition" provides an assessment of the penalty to be imposed, clearly sets forth the elements justifying its decision, attributes a time period of validity of the penalty to each conduct, and consequently, the defect claimed is not present, so this point is rejected.

Corollary. In accordance with this statement and analysis regarding the defects that the plaintiff indicated in his complaint, each one of them lacks any basis when assessed by reading the final resolution issued by the deciding body, as it complies with the legal requirements of reasoning (motivación) and content required for the final act of the proceeding, and clearly, precisely, and justifiably sets forth the conduct attributed to the plaintiff here, the penalty applied, and its time validity, therefore the plaintiff's claims seeking a declaration of non-conformity with the legal system and nullity of resolutions PA-22-2013 of ten o'clock on November 1, 2013, and R-DC-032-2014 of thirteen o'clock on April 23 of that same year, are not admissible, and consequently, the complaint is rejected in its entirety.

VII.- ON THE DEFENSES RAISED. The representation of the Comptroller General's Office claims against the plaintiff lack of right (falta de derecho), and the State's representation claims lack of passive standing (falta de legitimación pasiva). Regarding the lack of passive standing, it must be kept in mind that standing (legitimación) is a substantive presupposition of every judicial proceeding—together with interest and right—and as such, its analysis is obligatory for the Judges, even ex officio, when the respective defense has not been filed. Precisely regarding such presuppositions, the First Chamber of the Supreme Court of Justice stated in its Voto number 465-F-S1-2009, of 10:45 a.m. on May 7, 2009: "…These are necessary conditions for the issuance of an estimatory judgment, so they must be preserved throughout the entire proceeding. Thus, if the absence of one or more of them is detected, the Judge cannot rule on the merits of the litigation, thereby generating what in doctrine is known as an inhibitory judgment." Specifically, standing refers to the aptitude of the intervening subjects to be a party in a proceeding, which derives or originates from the relationship existing between their sphere of interests and rights in direct relation to the challenged administrative conduct. For this reason, it has been said that: "a subject has standing in a procedure or a specific proceeding by virtue of the prior impact suffered in their qualified interests or rights." (Nombre137195, Nombre25610. El nuevo proceso contencioso administrativo. Collective Work. Poder Judicial. Judicial School. San José. Costa Rica. p. 79.). And also that: "standing, ultimately, will indicate to us in each case who are the true holders of the material relationship that is intended to be clarified in the context of the proceeding; who are the subjects whose procedural participation is necessary for the Judgment to be 'effective'." (Nombre71661, Nombre71662; , Nombre136773; , Nombre344 and Nombre71664, Nombre9069. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162). Regarding the State's standing, section 12 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in its subsection 5) paragraph a), establishes that the State shall be a defendant party when the proceeding concerns the administrative conduct of the Contraloría General de la República related to the exercise of its constitutional and legal competence. Consequently, the State has passive standing that authorizes its participation in this proceeding, since it is in that exercise of the Comptroller General's Office's competence that this complaint arises; it is therefore irrelevant whether or not an act emanated from the State as an entity exists in relation to the claims of the complaint, since this standing of the State is imperative, so this defense must be rejected. Regarding the lack of right claimed by the Comptroller General's Office, based on the analyses set forth in the substantive considering section of this resolution, it has been determined that the final resolution of the public finance punitive proceeding brought against the plaintiff does not suffer from the defects claimed by the plaintiff party, and consequently, their arguments have been rejected; it is appropriate to consider that the plaintiff party is not protected by legislation justifying its claims and pretensions in this matter, so it is proper to grant the defense of lack of right alleged by both defendant parties.

VIII.- ON COSTS. Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party solely for that reason. Exemption from this condemnation is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence unknown to the opposing party. In the case analyzed, this Tribunal does not consider that there is reason to apply the exemption established in the rule, so it is appropriate to condemn the losing plaintiff party to pay the procedural and personal costs, as well as the interest they generate from their fixing until their effective payment, as requested by both defendants; and considering it opportune, the interest is fixed in accordance with the provisions of section 1163 of the Código Civil, at the same rate that applies to six-month term certificates in colones of the Banco Nacional de Costa Rica.

POR TANTO

The defense of lack of passive standing raised by the State is rejected; the defense of lack of right raised by the Contraloría General de la República and by the State is granted. The complaint filed by Nombre154104 against the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA and against the ESTADO is declared without merit in all its respects. The losing party is condemned to pay both costs, as well as the interest they generate until their effective payment. NOTIFÍQUESE.-

Nombre125798

Francisco Hidalgo Rueda           Gustavo Irías Obando

- Código Verificador -
*BJX47JC1VAQ061*
BJX47JC1VAQ061

Documento firmado por:

Nombre125798 , JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A
GUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A

EXP:

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:28:31.

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