Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En primer término, el artículo 63 de la Ley Forestal, ley número 7575, castiga con cárcel a la persona que contravenga el numeral 56 de dicha norma; a saber, 'No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva'. La decisión del tribunal supone que existen categorías de producción forestal fuera del ámbito de la ley 7575, lo que no es exacto; también deja de lado que el transporte de madera, en las condiciones apuntadas, no es una actividad dejada por la libre, sino que cuenta con regulación expresa, cuya finalidad es la tutela integral del ambiente, en ese sentido el artículo 31 de la Ley Forestal, Ley número 7575, señala: 'Para sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un certificado de origen expedido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona [...]'. El hecho de que no en todos los casos se requiera autorización del ministerio rector para talar, no exime del deber de acreditar el origen, la ausencia de esa documentación infringe el mandato de numeral 63 de ley de comentario.
English (translation)First of all, Article 63 of the Forestry Law, Law No. 7575, punishes with imprisonment anyone who violates Article 56 thereof; namely: 'Timber in logs, squared or sawn wood from forests or plantations may not be transported without the corresponding documentation.' The trial court's decision assumes there are categories of forest production outside the scope of Law 7575, which is incorrect; it also overlooks that timber transport, under the conditions indicated, is not an unregulated activity but is subject to express regulation aimed at integrated environmental protection. In this regard, Article 31 of Forestry Law No. 7575 states: 'To take timber in logs, squared or sawn wood from forest plantations from the farm to any part of the national territory, a certificate of origin issued by the forestry regent or the Regional Environmental Council of the area shall be required [...]' The fact that authorization from the governing ministry to fell is not required in all cases does not exempt from the duty to prove origin; the absence of such documentation violates the mandate of Article 63 of the aforementioned law.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Resolución Nº 00396 - 2022 Fecha de la Resolución: 26 de Julio del 2022 a las 11:05 Expediente: 22-000104-1259-PE Redactado por: José Manuel Cisneros Mojica Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Movilización ilícita de madera Subtemas: Excepción de permiso de corta no incluye el certificado de origen. Temas (descriptores): Tala de árboles Subtemas: Excepción de permiso de corta no incluye el certificado de origen. Temas estratégicos: Ambiental Sentencias en igual sentido Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución EXPEDIENTE: 22-000104-1259-PE CONTRA: [Nombre1] OFENDIDO/A: LOS RECURSOS NATURALES DELITO: TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES SUSTRAÍDOS VOTO 2022-306 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE GUANACASTE. Santa Cruz, a las once horas con cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós. Recurso de apelación interpuesto en la presente causa número 22-000104-1259-PE, seguida contra [Nombre1] , cédula de identidad número CED1, nacido el 30 de marzo de 1985, hijo de [Nombre2] y [Nombre3] , por el delito de TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES SUSTRAÍDOS, en perjuicio del ESTADO COSTARRICENSE. Intervienen en la decisión del recurso los jueces José Manuel Cisneros Mojica, Rodrigo Obando Santamaría y la jueza Cynthia Dumani Stradtmann. Se apersonó en esta sede, el licenciado Marvin Villalobos Badía, en representación del Ministerio Público. RESULTANDO I. Mediante sentencia número 170-2022 de las 14:53 horas del 15 de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal Flagrancia del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículo 311 inciso B, del Código Procesal Penal, 103,110 Y 195 del Código Procesal Penal, artículo 1 inciso a) de la Ley de Distribuciones de bienes confiscados o caídos en comiso, articulo 3,56, 63 y 65 de la Ley Forestal se dicta sobreseimiento definitivo a favor [Nombre1] , por el delito de Transporte de productos forestales sustraídos, en perjuicio de LOS RECURSOS MATERIALES. En relación a los bienes decomisados una vez firme la sentencia se ordena la devolución del vehículo al que demuiestre en autos ser el propietario registral, asi mismo la carreta. Si en el plazo de tres meses no se a gestionado nada se ordena se procederá conforme a la Ley 6106. En cuanto a la madera decomisada se ordena su devolución a quien resulte ser su propietario y aporte la documentación que demuestre su propiedad, caso contrario se ordenará su disposición de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Ley Forestal, que establece que la amdera decomisada pasará al Ministerio de Educación Pública. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme la sentencia Archívese el expediente. Quedan las partes notificadas en este acto con la exposición oral de la sentencia. [Nombre4] JUEZ DE FLAGRANCIA" (sic). II. Contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Marvin Villalobos Badía, en representación del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación. III. Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso. IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el juez Cisneros Mojica; y, CONSIDERANDO I. Como único motivo de apelación, la representación fiscal, alega una "incorrecta interpretación del tipo penal" (folio 38). En síntesis, aduce el licenciado Marvin Villalobos Badía que los hechos acusados constituyen el tipo penal del artículo 56 de la Ley Forestal (movilización de madera), y que con base en ellos se pactó un procedimiento abreviado; empero, mediante sentencia oral número 170-2022, dictada por el Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de Guanacaste, sección que atiende asunto en flagrancia, dispuso el sobreseimiento definitivo por atipicidad de los hechos. Lo anterior argumentando que la acusación no permitía atribuir el origen del recurso forestal, lo que torna atípica la conducta. Apoya su argumento en los votos 004-2018 y 143-2020 de esta Cámara de apelación. El motivo se debe declarar con lugar. Luego de una atenta escucha de la grabación que contiene el fallo (220001041259PE-15032022023031-2_Multi--2.wmv), observa esta Cámara que en efecto el mismo incurre en una valoración incorrecta de la ley sustantiva. En primer término, el artículo 63 de la Ley Forestal, ley número 7575, castiga con cárcel a la persona que contravenga el numeral 56 de dicha norma; a saber, "No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva". La decisión del tribunal supone que existen categorías de producción forestal fuera del ámbito de la ley 7575, lo que no es exacto; también deja de lado que el transporte de madera, en las condiciones apuntadas, no es una actividad dejada por la libre, sino que cuenta con regulación expresa, cuya finalidad es la tutela integral del ambiente, en ese sentido el artículo 31 de la Ley Forestal, Ley número 7575, señala: "Para sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un certificado de origen expedido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona [...]". El hecho de que no en todos los casos se requiera autorización del ministerio rector para talar, no exime del deber de acreditar el origen, la ausencia de esa documentación infringe el mandato de numeral 63 de ley de comentario. Por lo anterior se acoge el recurso interpuesto y se anula la sentencia venida en alzada, disponiéndose el reenvío para que una integración diferente conozca de la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado que se conoce en el caso sub litis. POR TANTO Se acoge el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador y se anula la sentencia venida en alzada, disponiéndose el reenvío para que una integración diferente conozca de la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado que se conoce en el caso sub litis. Notifíquese. José Manuel Cisneros Mojica Rodrigo Guillermo Obando Santamaría Cynthia Dumani Stradtmann Jueces y Jueza Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste FRUIZCO 22-000104-1259-PE 1 Circuito Judicial de Santa Cruz, [Dirección1] , Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: [...] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:41:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
FILE: 22-000104-1259-PE AGAINST: [Nombre1] VICTIM: NATURAL RESOURCES CRIME: TRANSPORT OF ILLEGALLY OBTAINED FOREST PRODUCTS VOTO 2022-306 SENTENCING APPEALS COURT OF GUANACASTE. Santa Cruz, at eleven hours and five minutes on the twenty-sixth of July, two thousand twenty-two. Appeal filed in the present case number 22-000104-1259-PE, brought against [Nombre1] , identity card number CED1, born March 30, 1985, child of [Nombre2] and [Nombre3] , for the crime of TRANSPORT OF ILLEGALLY OBTAINED FOREST PRODUCTS, to the detriment of the COSTA RICAN STATE. The judges José Manuel Cisneros Mojica, Rodrigo Obando Santamaría, and Judge Cynthia Dumani Stradtmann participate in the decision of the appeal. Attorney Marvin Villalobos Badía appeared at this venue, representing the Public Prosecutor's Office. RESULTANDO I. By means of judgment number 170-2022 at 14:53 hours on March 15, two thousand twenty-two, the Flagrancy Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia seat, resolved: "POR TANTO: In accordance with articles 39 and 41 of the Political Constitution; article 311 subsection B, of the Code of Criminal Procedure, 103, 110 and 195 of the Code of Criminal Procedure, article 1 subsection a) of the Law on Distribution of Confiscated or Forfeited Assets, articles 3, 56, 63 and 65 of the Forest Law, a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) is ordered in favor of [Nombre1] , for the crime of Transport of illegally obtained forest products, to the detriment of MATERIAL RESOURCES. In relation to the seized assets, once the judgment is final, the return of the vehicle is ordered to whomever proves in the case file to be the registered owner, as well as the trailer. If within three months no action has been taken, it is ordered that proceedings shall be in accordance with Law 6106. As for the seized timber, its return is ordered to whoever proves to be its owner and provides the documentation evidencing ownership, otherwise its disposal will be ordered in accordance with the provisions of article 65 of the Forest Law, which establishes that the seized timber shall pass to the Ministry of Public Education. The costs of the process are to be borne by the State. Once the judgment is final, archive the case file. The parties are notified in this act by the oral delivery of the judgment. [Nombre4] FLAGRANCY JUDGE" (sic). II. Against the foregoing ruling, Attorney Marvin Villalobos Badía, representing the Public Prosecutor's Office, filed an appeal. III. Having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal. IV. The relevant legal requirements have been observed in the proceedings. Judge Cisneros Mojica writes the opinion; and, CONSIDERANDO I. As the sole ground for appeal, the prosecutorial representation alleges an "incorrect interpretation of the criminal offense" (folio 38). In summary, Attorney Marvin Villalobos Badía argues that the charged facts constitute the criminal offense of article 56 of the Forest Law (mobilization of timber), and that based on them an expedited procedure (procedimiento abreviado) was agreed upon; however, by means of oral judgment number 170-2022, issued by the Trial Court of the I Judicial Circuit of Guanacaste, section that handles matters in flagrancy, it ordered a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) due to the atypicality of the facts. The foregoing arguing that the accusation did not allow for attributing the origin of the forest resource, which makes the conduct atypical. It supports its argument in decisions (votos) 004-2018 and 143-2020 of this Appeals Chamber. The ground must be granted. After a careful listening of the recording containing the ruling (220001041259PE-15032022023031-2_Multi--2.wmv), this Chamber observes that it indeed incurs in an incorrect assessment of the substantive law. In the first place, article 63 of the Forest Law, law number 7575, punishes with imprisonment the person who contravenes numeral 56 of said regulation; namely, "Timber in logs, squared, or sawn from a forest or plantation may not be mobilized unless the respective documentation is available." The court's decision assumes that there are categories of forest production outside the scope of law 7575, which is not accurate; it also disregards that timber transport, under the conditions noted, is not an activity left unregulated, but rather has express regulation, the purpose of which is the comprehensive protection of the environment. In this sense, article 31 of the Forest Law, Law number 7575, states: "To remove from the property to any part of the national territory, timber in logs, squared or sawn, originating from forest plantations, a certificate of origin (certificado de origen) issued by the forest regent (regente forestal) or the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental) of the area will be required [...]". The fact that authorization from the governing ministry is not required for felling in all cases, does not exempt from the duty to accredit the origin; the absence of that documentation violates the mandate of numeral 63 of the law under discussion. Therefore, the filed appeal is upheld and the judgment brought on appeal is annulled, ordering a remittance (reenvío) so that a different panel may hear the request for the application of the expedited procedure (procedimiento abreviado) known in the case sub litis. POR TANTO The appeal filed by the prosecuting entity is upheld, and the judgment brought on appeal is annulled, ordering a remittance (reenvío) so that a different panel may hear the request for the application of the expedited procedure (procedimiento abreviado) known in the case sub litis. Notify. José Manuel Cisneros Mojica Rodrigo Guillermo Obando Santamaría Cynthia Dumani Stradtmann Judges of the Court Sentencing Appeals Court of Guanacaste FRUIZCO 22-000104-1259-PE 1 Santa Cruz Judicial Circuit, [Dirección1] , Telephones: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Email: [...] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 07:41:11.