Res. 00012-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II — Inalienability of the southern border strip and nullity of INDER land transferInalienabilidad de la franja fronteriza sur y nulidad de traspaso del INDER

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección II

Resolución Nº 00012 - 2022

Fecha de la Resolución: 24 de Febrero del 2022 a las 15:00

Expediente: 17-011277-1027-CA

Redactado por: Ronaldo Hernández Hernández

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Proceso de lesividad
Subtemas:
Nulidad de acuerdo aprobado por el INDER con respecto a la adjudicación, segregación y traspaso de parcela ubicada en un terreno afectado por ubicarse en la franja fronteriza sur parte del Patrimonio del Estado.
Consideraciones generales con respecto a su configuración.
Temas (descriptores): Lesividad del acto administrativo
Subtemas:
Nulidad de acuerdo aprobado por el INDER con respecto a la adjudicación, segregación y traspaso de parcela ubicada en un terreno afectado por ubicarse en la franja fronteriza sur parte del Patrimonio del Estado.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

Exp: N°17-011277-1027-CA

 

Voto N° 12 - 2022 - II

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.-

Proceso de conocimiento (lesividad), declarado de puro derecho, interpuesto por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER), cédula de persona jurídica número CED19554, representado por Nombre81703  , cédula de identidad número CED60739; contra Nombre82436  , cédula

de identidad número CED61120, Nombre82437  , cédula de identidad CED61121, BANCO DE COSTA RICA, representado por  Nombre4835   , cédula de identidad número CED29721, en calidad de apoderado general judicial y Nombre21232    , cédula de identidad número CED61122. Participa como tercero interesado el Estado. Participa Nombre21561   como apoderado especial judicial del ente actor y Nombre17387   en su calidad de Procuradora. A continuación, se emite la sentencia con el voto unánime de sus miembros.

Redacta el Juez HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

CONSIDERANDO

I.- ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación se hace un recuento del trámite procesal:

1.- El INDER presentó la demanda solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: "1- Que se declare absolutamente nulo el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización de segregación y traspaso de un terreno a favor de los señores Nombre82436  , cédula de identidad número CED61120 y Nombre82437  , cédula de identidad CED61121, descrita en plano catastrado número P-1000604-2005 2- Por conexidad, que se anule la escritura pública número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, visible a folio 034 frente del tomo 8 del protocolo del notario Meza que formalizó la segregación y traspaso de la Dirección8894     , únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de los señores Nombre82436  , cédula de identidad número CED61120 y Nombre82437  , cédula de identidad CED61121, que generó la matricula registral folio real número Placa13382 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado número Placa13383. 3- Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real matrícula número Placa13382 del Partido de Puntarenas, bajo las citas de presentación 050560-00019557-01 emitido por el Registro Nacional. 4- Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción del gravamen hipotecario constituido en favor del Banco de Costa Rica, gravamen con las citas registrales presentación 2015- 135495-01-0001-001. 5- Por conexidad, que se anule el plano catastrado número Placa13383 6- Al adquirir firmeza la sentencia solicitamos que se emitan los mandamientos correspondientes para materializar la anulación ante el Registro Publico." (ver imágenes 13-14 de expediente judicial)

2.-  Por resolución de las 09:27 horas del 03 de mayo de 2018, el Juez Tramitador ordenó tener al Estado como tercero interesado y mediante resolución de las 08:15 horas del 30 de julio de 2018 tener conformado el litis consorcio pasivo con la señora Nombre21232     como codemandada. (Imágenes 33 y 67 de expediente judicial).

3.- Una vez notificado el Banco de Costa Rica, contestó la demanda y opuso la excepción de falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho en relación al crédito hipotecario del cual es acreedor de Nombre21232   y tener garantía real sobre el inmueble involucrado en esta litis. (Imágenes 50-53 de expediente judicial).

4.- Los demandados Nombre82436  y Nombre82437  fueron notificados de la demanda el 21 de junio de 2018 y no manifestaron oposición a la demanda por falta de apersonamiento a los autos. La señora Nombre21232   fue notificada el 02 de diciembre de 2019. Por resolución de las 10:02 horas del 26 de mayo de 2020, el Juez Tramitador la declaró en estado de rebeldía y tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos. El juez de trámite omitió declarar rebeldes a los demandados Nombre82436  y Nombre82437 , no obstante ello, no ocasiona indefensión ni nulidad al procedimiento para el dictado de la sentencia. (Imágenes 58, 59, 102 y 103).

5.- Mediante resolución de trámite en legajo de medida cautelar se ordenó: "Se dispone la anotación de la presente demanda en el inmueble del Partido de Puntarenas, Matrícula número Placa13384 y Placa3427." (ver imagen 104  en expediente judicial/legajo medida cautelar)

6.- La audiencia preliminar se llevó a cabo el 08 de diciembre de 2021. El asunto fue declarado como de puro derecho y las partes presentes rindieron sus conclusiones. (Archivo de audio e imágenes 139-143 de expediente judicial).

7.- El asunto fue turnado a la Sección Segunda de este Tribunal, conformada por los jueces titulares Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo González Segura y Lourdes Vargas Castillo.

8.- No existen defectos u omisiones que provoquen nulidad.

II.- ARGUMENTOS DE LA DEMANDA.- La representación del INDER argumenta en lo pertinente lo siguiente: Sobre los terrenos pertenecientes a la zona inalienable de la frontera sur. Los terrenos comprendidos dentro de la franja de dos mil metros que discurre a lo largo de la Frontera con Panamá, constituyen por voluntad del legislador bienes de dominio público, afectación de vieja data tutelada desde el siglo XIX, primeramente en el Código Fiscal, No. 8 del 31 de octubre de 1885, afectación que luego sufrió algunas modificaciones. Con Decreto número 3 de 29 de octubre de 1914 se declara indenunciable una zona de cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de la frontera definitiva con la República de Panamá, posteriormente con leyes números 11 de 22 de octubre de 1926 y 149 del 16 de agosto de 1929, se reduce la afectación a cinco kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá y ocho con Nicaragua; más adelante, la ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, modifica el tamaño, reduciéndola a dos kilómetros, siendo que en su artículo 10 se establecía: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Con Decreto número 6 se reglamenta la ley de Terrenos Baldíos, y en su artículo 15 inciso f), se faculta al Poder Ejecutivo para dar en arrendamiento los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá; todo ello con la finalidad de conservarlos dentro del dominio público y permitir un aprovechamiento por tiempo definido a quienes satisfagan una serie de requisitos y asumieran algunos compromisos, entre ellos, dar uso directo al terreno para el fin que se entregó. Finalmente, con la promulgación de la Ley 2825 de Tierras y Colonización del 14 de octubre de 1961, y sus reformas, se perpetúa hasta nuestros días esta afectación, siendo que el artículo7 inciso f) estipula: "Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncia o posesión, los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá". [Transcribe parcialmente la resolución N°2306-91 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991, de la Sala Constitucional]. [Transcribe parcialmente el dictamen C-146-2008 del 5 de mayo de 2008, de la Procuraduría General de la República]. [Cita doctrina]. La Sala Constitucional en la resolución número 2008-008309 de las nueve horas y quince minutos del dieciséis de mayo del dos mil ocho, establece los elementos de conceptualización de los bienes demaniales. [Transcribe parcialmente la resolución]. Lo anterior cumple con el elemento teleológico que los terrenos que pertenecen a la Zona Fronteriza Sur, por ser del Estado, son inembargables, inalienables, no susceptibles de ser adquiridos por posesión y la acción del Estado para recuperarlos es imprescriptible, con lo que se infieren las características de un bien de dominio público, según las establece la Sala Constitucional en la sentencia número 1991-02306, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno. [Transcribe parcialmente la resolución].

Mediante el acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización, artículo IX, Sesión número 1044, celebrada el 23 de junio de 1969, se autoriza la adquisición de la finca número 12.464 de Puntarenas, propiedad de la Lic. Nombre41204  . Con el artículo VII, Sesión número 1147, celebrada el 16 de febrero de 1970, se nombra al Gerente para que comparezca ante Notario Público para la firma de la escritura de compraventa del inmueble de marras, que se realiza a las trece horas del nueve de marzo de mil novecientos setenta, donde la señora Nombre41204   traspasa el inmueble, finca de Puntarenas número 12.464, al Instituto. Conforme a lo anterior, el acto administrativo dictado por mi representada, en el acuerdo tomado por la Junta Directiva artículo 66, sesión 041-05, celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil cinco, aprobó la segregación y traspaso de un terreno identificado como Dirección8895        , con un área de 26.300,68 m2 a favor de los señores Nombre82436  , cédula de identidad número CED61120 y Nombre82437  , cédula de identidad CED61121. Que con escritura número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lázarus, al ser las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, se formalizó la segregación y traspaso de la parcela 43 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra a favor de los señores Nombre82436   y Nombre82437  , la cual se encuentra presentada e inscrita en el Registro Inmobiliario bajo las citas: Tomo 560, Asiento 19557-01. El terreno segregado y traspasado, con Plano catastrado número P-1000604-2005, es finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Puntarenas, con matrícula de Folio Real CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, a nombre de los señores Nombre82436  , y Nombre82437  . Dicho acto administrativo resulta absolutamente nulo porque parcialmente el terreno objeto de este proceso se encuentra dentro de la zona inalienable de los 2000 metros de la zona Fronteriza Sur, por lo que se constituye en predio inmerso en dominio público; en virtud de lo antes expuesto y en resguardo del Dominio Público, es que mi representada solicita la nulidad del título otorgado. Los aquí demandados constituyeron crédito hipotecario en favor del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢6.300.000, gravamen que fue inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001.

Vicios de nulidad en los elementos de validez del acto administrativo. De los hechos relatados en esta demanda y la documentación que consta en el expediente administrativo, se concluye que existe una nulidad absoluta, al titular un predio comprendido dentro de la zona inalienable de la Zona Sur; al respecto el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, artículo que se relaciona con el 166 de la misma ley que establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos, real o jurídicamente y el artículo 167 que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. El artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, al referirse al motivo como elemento de validez del acto administrativo, dispone que éste tiene que ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. La Junta Directiva del IDA autorizó el traspaso del lote en cuestión, aparentemente porque se había cumplido con todos los requisitos establecidos por el Reglamento de Selección de adjudicatarios, siendo este el motivo del acto administrativo que acordó el traspaso de la parcela a la solicitante. Por su parte, el artículo 132 de la misma ley, establece que el contenido del acto administrativo debe ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo. Al tratarse de un terreno afectado por la inalienabilidad, terrenos que por sus características pertenecen al Estado, el acuerdo que autorizó el traspaso de este se torna ilícito, ya que se trata de un bien inalienable de dominio público de acuerdo a lo supra citado, que jurídicamente no es posible traspasarlo a particulares, dado que el bien está fuera del comercio de los hombres y destinado al servicio de la comunidad, por lo que es un acto lesivo al interés público. Contenido ilegal y lesividad del acto. Mi representada consciente del error administrativo cometido al autorizar y formalizar la segregación del terreno objeto de esta demanda, sin la debida verificación de que no se afectaba terrenos del Estado, dispuso de conformidad con el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, declarar la Lesividad de su conducta mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto, en el artículo N° 61, de la sesión ordinaria 41, efectuada el 14 de noviembre de 2016, mismo que declaró Lesivo a los intereses públicos el Artículo 66 de la Sesión 041-05 del 24 de octubre de 2005, que autorizó la segregación y traspaso a favor de los señores Nombre82436   y Nombre82437  , autorizándose presentar el correspondiente proceso en la Sede Contenciosa Administrativa, para continuar conforme esta normativa con la presente demanda cuyo propósito es anular el acto administrativo viciado de nulidad absoluta y los conexos a éste, que generaron o son dependientes del título de propiedad, al haberse gestionado éste título ante el Registro Nacional sin cumplir, el acto administrativo, con requisitos esenciales dados por Ley, nulidad absoluta que debe ser declarada por la autoridad judicial, por lo que de conformidad con la norma indicada, así se demanda en este proceso.

III.- Posición del Banco de Costa Rica. Se dice en lo pertinente lo siguiente: Resulta evidente que en este caso, el Banco no ha tenido ninguna injerencia ni intervención en

los hechos debatidos en esta demanda, pues cualquier situación anómala en este asunto, si es que se ha dado, se produjo con mucha anterioridad a la constitución del crédito hipotecario a favor del Banco, mismo que fue debidamente constituido conforme a derecho en su oportunidad; y así se encuentra inscrito en el Registro Inmobiliario, situación que no se hubiera producido ni consolidado de haber existido algún problema con el inmueble hipotecado que impidiera la constitución del gravamen que interesa, pues tal y como aparece en el informe registral actual, los señores Nombre82436   y Nombre82437   son propietarios del inmueble objeto de este litigio desde el 12 de diciembre de dos mil cinco, y la hipoteca a favor del Banco se constituyó el 22 de mayo de 2015, es decir diez años posteriores a la inscripción de la finca en su favor. Todas las circunstancias sobrevenidas acerca del inmueble y que son objeto de la litis, no constaba en el Registro al momento en que se constituyó el gravamen. El Banco, en su momento, actuó con sustento en los principios de fe pública registral, de seguridad jurídica que deviene y se deriva de dicha publicidad y del principio de especialidad, según el cual, se exige que los derechos registrados estén debidamente definidos o registrados respecto a su titularidad, contenido, limitaciones, naturaleza de los inmuebles sobre los que recaen, teniendo como finalidad mantener una clara y precisa individualización de cada inmueble (artículos, 460 y 462 del Código Civil). Conforme a lo expresado, y en armonía con los principios indicados anteriormente, es que se procedió a constituir la hipoteca bajo las citas 2015-135495-01-0001-001; misma que fue conforme a derecho, fundamentada en la seguridad jurídica que se desprende de la publicidad registral, debiendo ratificarse el derecho de mi representado por esa Autoridad Judicial por encontrarse plenamente ajustada a derecho. Valga la oportunidad para indicar, que respecto del tercero de buena fe que ha adquirido derechos al amparo de la publicidad registral, los actos o contratos con respecto a él, gozan de una presunción de legitimidad y eficacia iuris et de iure, por lo que no serán anulables; ello se desprende de la armónica relación de los artículos 17, 18, 21, 22, 456, 457, 462, 471,474 y 477 del Código Civil. Resulta de suma relevancia para este caso, lo dispuesto en el artículo 22 y 456 del Código Civil (los transcribe). Es claro que nos encontramos dentro del presupuesto que se establece en la ley, debido que cuando se constituyó la hipoteca sobre el inmueble, objeto de este proceso, los señores

Nombre82436   y Nombre82437  , aparecían y aparecen aún como legítimos propietarios del inmueble que se hipotecó en primer grado, y en consecuencia con suficiente derecho para brindar el consentimiento de hipotecar el bien. Además constando que sobre el bien no aparecían limitaciones ni anotaciones que alertaran o impidieran la constitución e inscripción de la respectiva hipoteca. Con todo, aun cuando esta acción prosperara contó la parte demandada, no podrá afectar los derechos derivados de la garantía real constituida a favor de mi representado, como tercero de buena fe, de conformidad con lo dispuesto en la norma precitada y a quien se le debe indemnizar por el crédito concedido.

IV.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés:

1.- Mediante el acuerdo adoptado en el artículo IX, de la sesión número 1044, celebrada el 23 de junio de 1969, la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización (hoy INDER) autorizó la compra de la finca número 12464 de la provincia de Puntarenas, sita en Dirección8896 , . (Folios 08 a 11 del expediente administrativo INDER en formato físico).

2.- Mediante el acuerdo adoptado en el artículo VII, de la sesión número 1147, celebrada el 16 de febrero de 1970, la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización (hoy INDER) autorizó a su Gerente a comparecer ante Notario Público, para firmar la escritura de adquisición de la finca número 12464 de la provincia de Puntarenas. (Folio 12-13 del expediente administrativo INDER en formato físico).

3.- Por escritura número setenta, otorgada a las 13:00 horas del 9 de marzo de 1970, ante los notarios Francisco Augusto Lemus Chiantla y Fernando Mora Salas, el Instituto de Tierras y Colonización (hoy INDER) compró a la señora Nombre41204   la finca número 12464 de la provincia de Puntarenas. El documento se inscribió en el Registro Nacional hasta el 1 de junio de 2004. (Folios 18 a 21 del expediente administrativo INDER en formato físico).

4.- Mediante acuerdo adoptado en el artículo 66, de la sesión número 41-05, celebrada el 24 de octubre de 2005, la Junta Directiva del INDER aprobó la segregación de un terreno identificado como Dirección8895        , con un área de 26.300,68 m2, según plano catastrado número P-1000604-2005, para traspasarlo favor de los señores Nombre82436   y Nombre82437  .  El acuerdo indicó así: "En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina  Subregional de Coto Brus el visto bueno de la Dirección Regional según oficio, OSCB-168-2005 y la revisión conforme a los requisitos legales exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional, de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva descrito en el Artículo XXI. Sesión 065-00 del 11 de setiembre del 2000, y habiéndose (sic) lo dispuesto en el artículo 33 sesión 011-05 del 28-03-2005, se autoriza la adjudicación, segregación y el traspaso de 122 lotes, parcelas y granjas que a continuación se describirán por reunir los poseedores las condiciones y requisitos legales exigidos en la Ley 2825 (Ley de Tierras y Colonización) de 14 de octubre de 1961, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio". (Folios 23-24 y anexos 25-52 del expediente administrativo INDER en formato físico).

5.- Que con escritura número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lázarus, al ser las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, se formalizó la segregación y traspaso de la parcela 43 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra a favor de los señores Nombre82436   y Nombre82437  , la cual se encuentra presentada e inscrita en el Registro Inmobiliario bajo las citas: Tomo 560, Asiento 19557-01. El terreno segregado y traspasado, con Plano catastrado número P-1000604-2005, es finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Puntarenas, con matrícula de Folio Real CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, a nombre de los señores Nombre82436  , y Nombre82437  . (Folios 56-129 del expediente administrativo INDER en formato físico)

6.- Según estudio de campo y croquis realizado por el Área de Topografía del INDER, el predio representado en el plano catastrado número P-1000604-2005, situado en el distrito de Sabalito, cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas, el cual corresponde a la parcela 43 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, conocido como El Progreso, indica que de acuerdo a montaje de plano el traslape que se da es parcialmente de su área con los terrenos del Estado constituido por los dos kilómetros de ancho a partir de la colindancia con la República de Panamá.  (Folio 54 y 158 del expediente administrativo INDER en formato físico).

7.- Sobre el inmueble de cita se constituyó con consentimiento de Nombre82436  , y Nombre82437   crédito hipotecario en favor del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢Placa13385, gravamen que fue inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001 y cuya deudora es Nombre21232  . (imágenes 20-23 de expediente judicial y 50-60 del expediente administrativo BCR).

8.- Mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto, en el artículo N° 61, de la sesión ordinaria 41, efectuada el 14 de noviembre de 2016, declaró Lesivo a los intereses públicos el Artículo 66 de la Sesión 041-05 del 24 de octubre de 2005, que autorizó la segregación y traspaso a favor de los señores Nombre82436   y Nombre82437  , de la Dirección8897      , la cual se encuentra presentada e inscrita en el Registro Inmobiliario bajo las citas: Tomo 560, Asiento 19557-01, con Plano catastrado número P-1000604-2005, y que es finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Puntarenas, con matrícula de Folio Real CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS. En lo conducente, en su parte dispositiva indicó: "...permitió que sobre un terreno afectado en su totalidad por ubicarse en la franja fronteriza sur, así demostrado mediante certificación AT-413-2016, de fecha 17 de mayo de 2016, emitida por el Ing. Nombre73126  , Jefe del Área de Topografía del Instituto de Desarrollo Rural, se constituyeran derechos a favor de un particular, en contravención a la normativa vigente al momento de dictarse el acto, en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 7 inciso f) de la Ley 2825 (Ley de Tierras y Colonización), por integrar parte del Patrimonio del Estado, terrenos sometidos al dominio público, siendo que no pueden desafectarse sino es por reserva de Ley. (...)". (Folios 148 a 158 del expediente administrativo INDER en formato físico).

V.- SOBRE EL FONDO.- PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. INALIENABILIDAD DE LAS FRANJAS FRONTERIZAS.- En este proceso se pretende la declaratoria de nulidad parcial del acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo 66 de la sesión 041-05, celebrada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a la autorización de segregación y traspaso de un terreno a favor de Nombre82436  , y Nombre82437  , descrito según el plano catastrado número P-1000604-2005, así como la nulidad parcial de la escritura pública número 15, otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, a las 08:00 horas del 27 de octubre de 2005, únicamente en lo que se refiere al traspaso de la Parcela 43 del Asentamiento Nombre41204 , a favor de Nombre82436  , y Nombre82437  , que generó la matrícula registral folio real números CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, del Partido de Puntarenas, plano catastrado número Placa13383 y, en consecuencia, por conexidad, la nulidad del asiento registral de la inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real ut supra y sobre el gravamen que soporta  el inmueble de cita por crédito hipotecario en favor del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢6.300.000, gravamen que fue inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001 y cuya deudora es Nombre21232  . Según la prueba técnica documental que consta en autos y que no fue combatida por los demandados en vista de su falta de oposición a la demanda, el inmueble citado se encuentra inmerso y traslapado parcialmente dentro de la denominada Franja Fronteriza Sur que, por disposición de Ley, es inalienable y de titularidad estatal desde 1926. -La franja fronteriza Norte ya lo era desde el Decreto del Congreso N°30 del 22 de junio de 1888-. Efectivamente, en lo que atañe a la franja limítrofe sur, la Ley N°11 del 22 de octubre de 1926 reformó algunos artículos del Código Fiscal de 1885, en lo que aquí interesa, así: "Artículo 508.-Son tierras baldías todas las comprendidas en los límites de la República que no pertenezcan con título legítimo a particulares, las cuales se presumen baldías mientras no se pruebe lo contrario. Los terrenos baldíos, ya estén situados en las islas, ya en tierra firme, pertenecen al Estado". "Artículo 509.-La propiedad de las tierras baldías es inalienable con las únicas excepciones siguientes: (...) Transitorio.-La disposición del inciso 29 de este artículo, y conforme a la reforma que se le ha introducido, se contrae a los terrenos ocupados hasta la fecha en la cual entre en vigencia la presente ley". "Artículo 510.-Las enajenaciones que permite el artículo anterior no podrán recaer nunca sobre los siguientes terrenos, los cuales son en su extensión, inalienables: (...) 4°-Los comprendidos en la zona de cinco kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá. 5°-Los comprendidos en una zona de doscientos metros a lo largo de la frontera con Nicaragua". Posteriormente, la Ley General sobre Terrenos Baldíos (N°13 del 10 de enero de 1939) derogó el artículo 510 del Código Fiscal, pero mantuvo la inalienabilidad de ambas franjas fronterizas disponiendo así: "Artículo 10.- Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá".  La Ley General sobre Terrenos Baldíos tiempo después fue, a su vez, derogada por el artículo 184 de la Ley de Tierras y Colonización (N°2825 del 14 de octubre de 1961). Sin embargo, ésta última legislación, en su artículo 7 inciso f), mantuvo el carácter demanial de las referidas franjas fronterizas norte y sur, al preceptuar lo siguiente: “Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los siguientes: … f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá. (…)”. Pues bien, este compendio normativo deja total claridad sobre la imposibilidad jurídica de que algún predio ubicado dentro o parcialmente dentro de la zona fronteriza (2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá), sea susceptible de ser poseído o adquirido bajo cualquier título por sujetos particulares, menos que sea enajenable a favor de terceros con imposición de gravámenes hipotecarios por créditos garantizados, como ocurre en la especie. Sobre la naturaleza y características de las franjas fronterizas, la Sala Constitucional ha señalado: "Respecto a la franja fronteriza, tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, en el artículo 10 dispuso: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Dicha protección nace a raíz de que nuestras zonas fronterizas siguen siendo consideradas indispensables para el país, no sólo por razones de defensa de la soberanía del país, ante la importancia que tiene reservarlas como zonas estratégicas para la seguridad de la Nación, sino también por su relevancia desde el punto de vista de la protección del patrimonio natural del Estado. Las zonas fronterizas por su posición y cobertura se convierten en un área sumamente importante para la protección del medio ambiente como territorio, una zona de amortiguamiento indispensable para la comunicación de la flora y fauna, recursos hídricos y del ecosistema imperante en determinadas regiones del país, y por ende, el interés y la necesidad del Estado costarricense de regular y proteger los recursos naturales existentes hoy en día, y que sin el control y la limitación en cuanto a su disposición por parte de las autoridades competentes, pondrían en grave peligro el derecho a un ambiente sano". (Resolución N°2988-99 de las 11:57 horas del 23 de abril de 1999). En el mismo sentido, la Sala Constitucional expresó: "No es casualidad que el ordenamiento jurídico costarricense haya preservado la titularidad pública estatal de las zonas internas limítrofes de las fronteras, tanto del norte como del sur del país, bajo un régimen especial, dado que, por su especial naturaleza, representan zonas estratégicas para la defensa de la soberanía y para la seguridad de la Nación; así como para el establecimiento de controles en materias de claro interés público como la salud, aduanas, migración, salida e ingreso de mercancías, entre otros. De manera tal, que la desafectación indiscriminada y en forma general que contiene el consultado Proyecto de Ley, sin contar, de previo, con un estudio técnico que establezca en concreto cuáles son los inmuebles que se van a desafectar, a fin de valorar, entre otros, si ello pone o no en peligro la seguridad de la Nación o si impide un efectivo ejercicio de la soberanía, o un adecuado control migratorio o aduanero, etcétera, resulta irracional y desproporcionado, lo que resulta contrario a los Principios Constitucionales de Seguridad y Soberanía". (Resolución N°18836-2014 del 18 de noviembre de 2014). Como se observa, la Sala Constitucional, es clara en reconocer la demanialidad de las zonas fronterizas norte y sur del país, a partir de la normas legales que así lo disponen, pero además refuerza su carácter de tal (de dominio público), en atención a los fines superiores constitucionales que dichas áreas protegen, como lo son el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la salud, el control migratorio, el control de aduanas y la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales. Ahora bien, sobre la naturaleza de los bienes de dominio público, la Sala Constitucional ha señalado: “…se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen (sic) la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado”. (Resolución N°2007-2408 16:13 horas del 21 de febrero de 2007).

En efecto y en orden a lo anterior, los bienes de dominio público son aquellos que están destinados a un uso o a un servicio público, se encuentran fuera del comercio de los hombres, se caracterizan por ser imprescriptibles, inembargables e inalienables, y gozan de un régimen jurídico especial reforzado (artículos 261 y 262 del Código Civil y 121 inciso 14 de la Constitución Política). En este caso, siendo que la franja fronteriza sur (2.000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá) es un bien demanial, como ha sido debidamente explicado, los terrenos que comprenden toda o parcialmente esa área, lógicamente, tienen también la característica de ser inalienables y de estar fuera del comercio de los hombres, con lo cual cualquier causa adquisitiva es nula de plena derecho y con ello, cualquier gravamen convencional que se imponga sobre ellos. Consecuentemente, es palmario que la Dirección8894      que se encuentra ubicada parcialmente traslapada dentro de esa franja limítrofe sur, no podía ser traspasada a favor de Nombre82436  , y Nombre82437   bajo ningún título, mucho menos a través de un acto administrativo como se hizo en este caso, en clara violación del principio de reserva de ley, pues debe recordarse que el uso público o servicio público al que es afectado un determinado bien demanial, solo puede ser variado mediante Ley, por ser competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el precepto 121 inciso 14 de la Constitución Política, no siendo oponible el título privado que resultó de la inscripción registral, y menos aún, resulta el gravamen impuesto por crédito hipotecario a favor del Banco de Costa Rica y que está inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001 y cuya deudora es Nombre21232  , pues debe recordarse que de acuerdo con el artículo 456 del Código Civil, la inscripción en el Registro no convalida actos o contratos inscritos que sean nulos conforme a la Ley. Debe indicarse en adición, que precisamente por la naturaleza y vocación de estos bienes y sus características al ser inalienables, imprescritibles e inembargables, no resulta atinente la postura de la representación del Banco de Costa Rica, respecto a que no le resulta oponible la nulidad reclamada bajo el principio de publicidad registral y lo indicado en los numerales 455 y 456 del Código Civil, posición que no puede ser atendida en contravención para analizar el derecho y procedencia de la acción de lesividad, por cuanto, la naturaleza del bien es la base del criterio de lesividad, y esa naturaleza se encontraba constituida previo a la misma constitución de la inscripción registral del inmueble. En todo caso, si bien nuestro sistema de derecho civil, protege la titularidad de los bienes adquiridos al amparo de la publicidad registral, tal criterio, no puede aducirse y oponerse a la naturaleza de los bienes de carácter demanial, sobre todo en bienes como el discutido en este proceso, donde su vocación se remonta a la constitución misma del Estado. Debe enfatizarse que la acción de lesividad, ostenta una finalidad de reivindicación de ese dominio, en la medida en que la razón misma de la demanda, es la recuperación de un terreno que, siendo parte del régimen de demanialidad, se alega fue trasladado de manera ilegítima al régimen privado. Por otra parte, se cumple también el elemento objetivo, en tanto se trata de un bien inmueble que es susceptible de integrar el demanio público, calificación que es de orden técnico y es aportada al expediente, pero previo a su análisis, debemos advertir, que también se encuentra presente en el caso concreto, el elemento normativo, por cuanto, el inmueble titulado constituye parte del demanio público, de acuerdo a las regulaciones de la No. 13  del 10 de enero del 1939, "Ley de Terrenos Baldíos" y la ley 2825 de "Tierras y Colonización".

Así las cosas, por las violaciones jurídicas expuestas, se concluye que el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo 66 de la sesión 041-05, celebrada el 24 de octubre de 2005, es absolutamente nulo por vicios en su motivo, contenido y fin (artículos 131, 132, 133, 158, 164 inciso 2, 166 y 186 de la Ley General de la Administración Pública), únicamente respecto de la autorización de la segregación y traspaso de la parcela 43 del Asentamiento Nombre41204  a favor  Nombre82436  , y Nombre82437  , según el plano catastrado número P-1000604-2005, así como también es absolutamente nula la escritura pública número 15, otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, a las 08:00 horas del 27 de octubre de 2005, únicamente en cuanto materializó ese traspaso cuya inscripción generó la finca folio real matrícula matrícula registral folio real números CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, del Partido de Puntarenas, plano catastrado número Placa13383 y, en consecuencia, por conexidad, la nulidad del asiento registral de la inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real ut supra y nulo por conexidad -igualmente- el gravamen que soporta  el inmueble de cita por crédito hipotecario en favor del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢6.300.000, gravamen que fue inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001 y cuya deudora es Nombre21232    y el asiento registral de inscripción del plano de catastro número Placa13383 emitido por el Registro Nacional. Corolario, la demanda interpuesta debe ser declarada con lugar.

VI.- SOBRE LAS PRETENSIONES.- Con fundamento en todo lo expuesto, procede acoger la demanda en los siguientes términos. Se declara lesivo a los intereses públicos y, en consecuencia, se anula parcialmente el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER), en el artículo 66 de la sesión número 041-05, celebrada el 24 de octubre de 2005, únicamente respecto de la autorización de la segregación y traspaso de la parcela 43 del Asentamiento Amalia Hernández a favor  Nombre82436  , y Nombre82437  , según el plano catastrado número P-1000604-2005, así como también es absolutamente nula la escritura pública número 15, otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, a las 08:00 horas del 27 de octubre de 2005, únicamente en cuanto materializó ese traspaso cuya inscripción generó la finca folio real matrícula matrícula registral folio real números CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, del Partido de Puntarenas, plano catastrado número P-1000604-2005 y, en consecuencia, por conexidad, la nulidad del asiento registral de la inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real ut supra y nulo por conexidad -igualmente- el gravamen que soporta  el inmueble de cita por crédito hipotecario en favor del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢6.300.000, gravamen que fue inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales Placa13386 y cuya deudora es Nombre21232    y el asiento registral de inscripción del plano de catastro número P-1000604-2005 emitido por el Registro Nacional. Firme esta resolución y en la fase de ejecución del fallo emítanse los mandamientos respectivos bajo la ejecutoria de estilo.

VII.- DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.  Se deniegan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva aducidas por el BCR, al configurarse un gravamen del derecho real sobre el inmueble objeto del proceso y los alcances jurídicos de la lesividad dada con ocasión al crédito hipotecario otorgado, en cuyo orden la nulidad ordenada y declarada sobre las conductas precisadas afecta directamente ese gravamen inscrito  en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001 en virtud de la restitución del inmueble al demanio público. Esta relación jurídica de base no puede desligarse de los efectos y de la potencia  de oposición que ostenta la protección normativa especial y reforzada que ostentan los bienes de dominio público ante el enajenamiento viciado de nulidad absoluta, por lo que resulta improcedente la defensa opuesta. De igual manera, resulta improcedente la excepción de falta de derecho al resultar inoponible el gravamen inscrito por crédito hipotecario a favor del Banco de Costa Rica y que está inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales 2015-135495-01-0001-001 y cuya deudora es Nombre21232  , pues debe recordarse que de acuerdo con el artículo 456 del Código Civil, la inscripción en el Registro no convalida actos o contratos inscritos que sean nulos conforme a la Ley como se ha acreditado en esta oportunidad.

VIII.- SOBRE LAS COSTAS.- De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. En la especie, tratándose de una lesividad en la que por criterio lógico, existía una conducta administrativa de contenido favorable a un tercero, estima este Tribunal que lo debido es resolver el asunto bajo examen sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se declara con lugar la demanda por Lesividad interpuesta. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa y falta de derecho opuestas por el Banco de Costa Rica. Se declara lesivo a los intereses públicos y, en consecuencia, se anula parcialmente el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER), en el artículo 66 de la sesión número 041-05, celebrada el 24 de octubre de 2005,  únicamente respecto de la autorización de la segregación y traspaso de la parcela 43 del Asentamiento Amalia Hernández a favor  Nombre82436  , y Nombre82437  , según el plano catastrado número P-1000604-2005, así como también es absolutamente nula la escritura pública número 15, otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, a las 08:00 horas del 27 de octubre de 2005, únicamente en cuanto materializó ese traspaso cuya inscripción generó la finca folio real matrícula matrícula registral folio real números CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, del Partido de Puntarenas, plano catastrado número P-1000604-2005 y, en consecuencia, por conexidad, la nulidad del asiento registral de la inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real indicado y nulo por conexidad el gravamen que soporta  el inmueble de cita por crédito hipotecario en favor del Banco de Costa Rica, por un monto de ¢6.300.000, gravamen que fue inscrito en la sección Hipotecas del Registro Inmobiliario, bajo las citas registrales Placa13386 y cuya deudora es Nombre21232    y el asiento registral de inscripción del plano de catastro número P-1000604-2005 emitido por el Registro Nacional. Firme esta resolución y en la fase de ejecución del fallo emítanse los mandamientos respectivos bajo la ejecutoria de estilo. Se falla sin especial condenatoria en costas. RONALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  //  EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA  //  LOURDES VARGAS CASTILLO  //  exp. 17-11277-1027-CA


 

 




- Código Verificador -
*B7P35JEYQF061*
B7P35JEYQF061



 

Documento firmado por:

RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/A
EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:50:13.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**EXP: N°17-011277-1027-CA**

**Ruling N° 12 - 2022 - II**

**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at fifteen hours on the twenty-fourth of February, two thousand twenty-two.-**

**Ordinary Proceeding (action for declaration of lesividad, *lesividad*), declared a matter of pure law, filed by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER), legal identification number CED19554, represented by Nombre81703 , identification number CED60739; against Nombre82436 , identification number CED61120, Nombre82437 , identification CED61121, BANCO DE COSTA RICA, represented by Nombre4835 , identification number CED29721, in capacity as general judicial proxy, and Nombre21232 , identification number CED61122. The State participates as an interested third party. Nombre21561 participates as special judicial proxy of the plaintiff entity and Nombre17387 in her capacity as Procuradora. Hereinafter, the judgment is issued with the unanimous vote of its members.**

**Drafted by Judge HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.**

**CONSIDERING**

**I.- PROCEDURAL BACKGROUND.-** A recount of the procedural process is made below:

1.- INDER filed the lawsuit requesting that the following be declared in the judgment: "1- That the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 66 of Session 041-05, held on October 24, 2005, be declared absolutely null, in what refers to the authorization of a segregation (segregación) and transfer of a property in favor of Mr. Nombre82436 , identification number CED61120 and Mr. Nombre82437 , identification CED61121, described in cadastral plan number P-1000604-2005. 2- By connection (conexidad), that public deed number fifteen, granted before notary Jimmy Meza Lazarus, at eight hours on October twenty-seventh, two thousand five, visible on folio 034 front of volume 8 of the protocol of notary Meza that formalized the segregation and transfer of Dirección8894 , be annulled, solely in what refers to the titling of a farm (finca) in favor of Mr. Nombre82436 , identification number CED61120 and Mr. Nombre82437 , identification CED61121, which generated the real estate registration folio real entry number Placa13382 of the Partido of Puntarenas, with cadastral plan number Placa13383. 3- By connection, that the registration entry for the inscription of the farm registered under the Folio Real system with registration number Placa13382 of the Partido of Puntarenas, under the presentation references 050560-00019557-01 issued by the National Registry, be annulled. 4- By connection, that the registration entry for the inscription of the mortgage lien (gravamen hipotecario) constituted in favor of the Banco de Costa Rica be annulled, a lien with the registration references presentation 2015- 135495-01-0001-001. 5- By connection, that cadastral plan number Placa13383 be annulled. 6- Once the judgment becomes final, we request that the corresponding orders be issued to implement the annulment before the Public Registry." (See images 13-14 of the judicial file)

2.- By resolution at 09:27 hours on May 3, 2018, the Deputy Judge ordered that the State be held as an interested third party, and by resolution at 08:15 hours on July 30, 2018, that the passive litisconsorcio be formed with Mrs. Nombre21232 as a co-defendant. (Images 33 and 67 of the judicial file).

3.- Once the Banco de Costa Rica was notified, it answered the lawsuit and raised the exceptions of lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva) and lack of right in relation to the mortgage loan of which it is the creditor of Nombre21232 and has a real guarantee over the property involved in this litigation. (Images 50-53 of the judicial file).

4.- The defendants Nombre82436 and Nombre82437 were notified of the lawsuit on June 21, 2018, and did not express opposition to the lawsuit due to failure to appear in the proceedings (autos). Mrs. Nombre21232 was notified on December 2, 2019. By resolution at 10:02 hours on May 26, 2020, the Deputy Judge declared her in a state of default (rebeldía) and deemed the lawsuit affirmatively answered regarding the facts. The procedural judge omitted to declare the defendants Nombre82436 and Nombre82437 in default; however, this does not cause defenselessness or nullity to the procedure for the issuance of the judgment. (Images 58, 59, 102 and 103).

5.- Through a procedural resolution in the precautionary measure file, it was ordered: "The annotation of the present lawsuit is ordered on the property of the Partido of Puntarenas, Registration number Placa13384 and Placa3427." (See image 104 in judicial file/precautionary measure file)

6.- The preliminary hearing took place on December 8, 2021. The matter was declared as one of pure law, and the parties present submitted their conclusions. (Audio file and images 139-143 of the judicial file).

7.- The matter was assigned to the Second Section of this Tribunal, composed of the titular judges Ronaldo Hernández Hernández, Eduardo González Segura, and Lourdes Vargas Castillo.

8.- There are no defects or omissions that cause nullity.

**II.- ARGUMENTS OF THE LAWSUIT.-** The representation of INDER argues, in pertinent part, the following: Regarding the lands belonging to the inalienable zone of the southern border. The lands comprised within the two-thousand-meter strip that runs along the Border with Panama constitute, by will of the legislator, public domain goods, an affectation of old date protected since the 19th century, first in the Código Fiscal, No. 8 of October 31, 1885, an affectation that later underwent some modifications. With Decree number 3 of October 29, 1914, a zone fifty kilometers wide along the definitive border with the Republic of Panama is declared unclaimable (indenunciable); later, with laws numbers 11 of October 22, 1926, and 149 of August 16, 1929, the affectation is reduced to five kilometers wide along the border with Panama and eight with Nicaragua; later, the Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, modifies the size, reducing it to two kilometers, with its Article 10 establishing: "Likewise, the lands comprised within a zone two kilometers wide, along the border with Nicaragua and with Panama, are inalienable." With Decree number 6, the Ley de Terrenos Baldíos is regulated, and in its Article 15 subsection f), the Executive Branch is authorized to lease the lands comprised within a two-kilometer-wide zone along the border with Nicaragua and with Panama; all with the purpose of conserving them within the public domain and allowing exploitation for a defined time by those who satisfy a series of requirements and assume some commitments, among them, to give direct use to the land for the purpose it was delivered. Finally, with the enactment of Law 2825, Tierras y Colonización, of October 14, 1961, and its reforms, this affectation is perpetuated to this day, with Article 7 subsection f) stipulating: "As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or of the Instituto de Tierras y Colonización, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be maintained under its domain, those comprised in a zone 2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and with Panama shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession." [Partially transcribes Resolution N°2306-91 of 14:45 hours on November 6, 1991, of the Constitutional Chamber]. [Partially transcribes Opinion C-146-2008 of May 5, 2008, of the Procuraduría General de la República]. [Cites doctrine]. The Constitutional Chamber, in Resolution number 2008-008309 of nine hours and fifteen minutes on May sixteenth, two thousand eight, establishes the conceptualization elements of demanial goods. [Partially transcribes the resolution]. The foregoing fulfills the teleological element that the lands belonging to the Southern Border Zone, because they belong to the State, are unseizable (inembargables), inalienable, not susceptible to being acquired by possession, and the action of the State to recover them is imprescriptible, which infers the characteristics of a public domain good, as established by the Constitutional Chamber in ruling number 1991-02306, of fourteen hours forty-five minutes on November sixth, nineteen ninety-one. [Partially transcribes the resolution].

By the Board of Directors agreement of the Instituto de Tierras y Colonización, Article IX, Session number 1044, held on June 23, 1969, the acquisition of farm number 12,464 of Puntarenas, owned by Lic. Nombre41204 , was authorized. With Article VII, Session number 1147, held on February 16, 1970, the Manager is appointed to appear before a Notary Public for the signing of the purchase-sale deed for the aforementioned property, which is carried out at thirteen hours on March ninth, nineteen seventy, where Mrs. Nombre41204 transfers the property, farm of Puntarenas number 12,464, to the Institute. Pursuant to the foregoing, the administrative act issued by my represented entity, in the agreement adopted by the Board of Directors Article 66, Session 041-05, held on October twenty-fourth, two thousand five, approved the segregation and transfer of a land identified as Dirección8895 , with an area of 26,300.68 m2 in favor of Mr. Nombre82436 , identification number CED61120 and Mr. Nombre82437 , identification CED61121. That with deed number fifteen, granted before notary Jimmy Meza Lázarus, at eight hours on October twenty-seventh, two thousand five, the segregation and transfer of plot 43 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra was formalized in favor of Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 , which is presented and registered in the Real Estate Registry under the references: Volume 560, Entry 19557-01. The segregated and transferred land, with Cadastral Plan number P-1000604-2005, is a farm registered in the Real Estate Registry, Partido of Puntarenas, with Folio Real registration ONE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-EIGHT-ZERO ZERO ONE AND ZERO ZERO TWO, in the name of Mr. Nombre82436 , and Mr. Nombre82437 . This administrative act is absolutely null because the land, the subject of this process, is partially located within the inalienable zone of the 2,000 meters of the Southern Border Zone, therefore constituting a property immersed in the public domain; by virtue of the foregoing and in safeguard of the Public Domain, my represented entity requests the nullity of the granted title. The defendants herein constituted a mortgage loan in favor of the Banco de Costa Rica, for an amount of ¢6,300,000, a lien that was registered in the Mortgage section of the Real Estate Registry, under the registration references 2015-135495-01-0001-001.

Nullity defects in the validity elements of the administrative act. From the facts recounted in this lawsuit and the documentation contained in the administrative file, it is concluded that there is an absolute nullity, because a property located within the inalienable zone of the Zona Sur was titled; in this regard, Article 158 of the General Law of Public Administration states that the lack or defect of any requirement of the administrative act expressly or implicitly required by the legal system will constitute a defect of it, an article that relates to 166 of the same law, which establishes that there will be absolute nullity of the act when one or more constitutive elements are totally lacking, in reality or legally, and Article 167, which states that there will be relative nullity of the act when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the realization of the purpose, in which case the nullity will be absolute. Article 133 of the General Law of Public Administration, referring to the motive (motivo) as an element of validity of the administrative act, states that it must be legitimate and exist as it was taken into account to issue the act. The Board of Directors of the IDA authorized the transfer of the lot in question, apparently because all the requirements established by the Reglamento de Selección de adjudicatarios had been met, this being the motive for the administrative act that agreed to transfer the plot to the applicant. On the other hand, Article 132 of the same law establishes that the content of the administrative act must be lawful, possible, clear, precise, and cover all matters of fact and law arising from the motive. As it is land affected by inalienability, lands that by their characteristics belong to the State, the agreement that authorized its transfer becomes unlawful, since it is an inalienable public domain good according to the above-cited, which is legally impossible to transfer to private individuals, given that the good is outside the commerce of men and destined for the service of the community, so it is an act detrimental to the public interest (interés público). Unlawful content and lesividad of the act. My represented entity, aware of the administrative error committed when authorizing and formalizing the segregation of the land object of this lawsuit, without the proper verification that State lands were not affected, decided in accordance with Article 34 of the Contentious-Administrative Procedural Code, to declare the Lesividad of its conduct through an agreement adopted by the Board of Directors of the Institute, in Article N° 61, of ordinary session 41, held on November 14, 2016, which declared Detrimental to Public Interests (Lesivo a los intereses públicos) Article 66 of Session 041-05 of October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer in favor of Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 , authorizing the filing of the corresponding proceeding in the Contentious-Administrative Jurisdiction, to continue under these rules with the present lawsuit whose purpose is to annul the administrative act vitiated by absolute nullity and those connected to it, which generated or are dependent on the property title, as this title was processed before the National Registry without the administrative act fulfilling essential requirements given by Law, absolute nullity that must be declared by the judicial authority, therefore, in accordance with the indicated rule, it is sued in this process.

**III.- Position of the Banco de Costa Rica.** In pertinent part, the following is stated: It is evident that in this case, the Bank has had no interference or intervention in the facts debated in this lawsuit, as any anomalous situation in this matter, if it has occurred, arose long before the constitution of the mortgage loan in favor of the Bank, which was duly constituted in accordance with the law at the time; and it is registered thus in the Real Estate Registry, a situation that would not have been produced or consolidated if there had been any problem with the mortgaged property that prevented the constitution of the relevant lien, because as it appears in the current registry report, Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 have been the owners of the property subject to this litigation since December twelfth, two thousand five, and the mortgage in favor of the Bank was constituted on May 22, 2015, that is, ten years after the inscription of the farm in their favor. All supervening circumstances concerning the property and which are the subject of the litigation did not appear in the Registry at the time the lien was constituted. The Bank, at that time, acted based on the principles of public faith of the registry (fe pública registral), of legal certainty that comes and derives from such publicity, and of the principle of specialty, according to which, it is required that registered rights are duly defined or registered regarding their ownership, content, limitations, and nature of the properties over which they fall, with the purpose of maintaining a clear and precise individualization of each property (Articles 460 and 462 of the Civil Code). Pursuant to the expressed, and in harmony with the principles indicated above, the mortgage was constituted under references 2015-135495-01-0001-001; which was in accordance with law, grounded on the legal certainty that emerges from the registry publicity, and my represented's right must be ratified by this Judicial Authority as it is fully adjusted to law. Let the opportunity serve to indicate that regarding a third party of good faith who has acquired rights under the protection of registry publicity, the acts or contracts with respect to him enjoy a presumption of legitimacy and efficacy iuris et de iure, so they will not be annullable; this derives from the harmonious relationship of Articles 17, 18, 21, 22, 456, 457, 462, 471, 474 and 477 of the Civil Code. What is established in Articles 22 and 456 of the Civil Code is highly relevant to this case (transcribes them). It is clear that we are within the presupposition established in the law, because when the mortgage was constituted on the property, subject of this process, Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 appeared, and still appear, as legitimate owners of the property that was mortgaged in first degree, and consequently with sufficient right to provide consent to mortgage the good. Also, it is on record that no limitations or annotations appeared on the property that would alert or prevent the constitution and inscription of the respective mortgage. However, even if this action were to prosper against the defendant party, it could not affect the rights derived from the real guarantee constituted in favor of my represented, as a third party of good faith, in accordance with the provision in the aforementioned rule and who must be compensated for the credit granted.

**IV.- PROVEN FACTS.-** Of importance to resolve this matter, the following facts of interest are deemed proven:

1.- Through the agreement adopted in Article IX, of Session number 1044, held on June 23, 1969, the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización (now INDER) authorized the purchase of farm number 12464 of the province of Puntarenas, located in Dirección8896 , . (Folios 08 to 11 of the INDER administrative file in physical format).

2.- Through the agreement adopted in Article VII, of Session number 1147, held on February 16, 1970, the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización (now INDER) authorized its Manager to appear before a Notary Public, to sign the acquisition deed for farm number 12464 of the province of Puntarenas. (Folio 12-13 of the INDER administrative file in physical format).

3.- Through deed number seventy, granted at 13:00 hours on March 9, 1970, before notaries Francisco Augusto Lemus Chiantla and Fernando Mora Salas, the Instituto de Tierras y Colonización (now INDER) purchased from Mrs. Nombre41204 farm number 12464 of the province of Puntarenas. The document was not registered in the National Registry until June 1, 2004. (Folios 18 to 21 of the INDER administrative file in physical format).

4.- Through the agreement adopted in Article 66, of Session number 41-05, held on October 24, 2005, the Board of Directors of INDER approved the segregation of a land identified as Dirección8895 , with an area of 26,300.68 m2, according to cadastral plan number P-1000604-2005, to transfer it in favor of Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 . The agreement stated: "In compliance with institutional policies and with the recommendation of the Subregional Office of Coto Brus and the approval of the Regional Directorate according to official letter OSCB-168-2005 and the review in accordance with the legal requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator, in accordance with the agreement of the Board of Directors described in Article XXI. Session 065-00 of September 11, 2000, and having (sic) the provisions of Article 33 Session 011-05 of 03-28-2005, the adjudication (adjudicación), segregation and transfer of 122 lots, parcels and farms that will be described below is authorized because the possessors meet the conditions and legal requirements required in Law 2825 (Ley de Tierras y Colonización) of October 14, 1961, so that the corresponding suppletory title of ownership (título supletorio de dominio) is extended to them." (Folios 23-24 and annexes 25-52 of the INDER administrative file in physical format).

5.- That with deed number fifteen, granted before notary Jimmy Meza Lázarus, at eight hours on October twenty-seventh, two thousand five, the segregation and transfer of plot 43 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra was formalized in favor of Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 , which is presented and registered in the Real Estate Registry under the references: Volume 560, Entry 19557-01. The segregated and transferred land, with Cadastral Plan number P-1000604-2005, is a farm registered in the Real Estate Registry, Partido of Puntarenas, with Folio Real registration ONE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-EIGHT-ZERO ZERO ONE AND ZERO ZERO TWO, in the name of Mr. Nombre82436 , and Mr. Nombre82437 . (Folios 56-129 of the INDER administrative file in physical format)

6.- According to a field study and sketch carried out by the Topography Area of INDER, the property represented in cadastral plan number P-1000604-2005, located in the district of Sabalito, canton of Coto Brus, province of Puntarenas, which corresponds to plot 43 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra, known as El Progreso, indicates that according to the plan overlay (montaje de plano), the overlap (traslape) that occurs is partial with its area with the State lands constituted by the two kilometers wide from the boundary with the Republic of Panama. (Folio 54 and 158 of the INDER administrative file in physical format).

7.- On the cited property, a mortgage loan was constituted with the consent of Nombre82436 , and Nombre82437 in favor of the Banco de Costa Rica, for an amount of ¢Placa13385, a lien that was registered in the Mortgage section of the Real Estate Registry, under the registration references 2015-135495-01-0001-001 and whose debtor is Nombre21232 . (Images 20-23 of the judicial file and 50-60 of the BCR administrative file).

8.- Through the agreement adopted by the Board of Directors of the Institute, in Article N° 61, of ordinary session 41, held on November 14, 2016, it declared Detrimental to Public Interests Article 66 of Session 041-05 of October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer in favor of Mr. Nombre82436 and Mr. Nombre82437 , of the Dirección8897 , which is presented and registered in the Real Estate Registry under the references: Volume 560, Entry 19557-01, with Cadastral Plan number P-1000604-2005, and which is a farm registered in the Real Estate Registry, Partido of Puntarenas, with Folio Real registration ONE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-EIGHT-ZERO ZERO ONE AND ZERO ZERO TWO. In the relevant part, its operative part indicated: "...allowed rights to be constituted in favor of a private individual over a land totally affected because it is located in the southern border strip, thus demonstrated by certification AT-413-2016, dated May 17, 2016, issued by Eng. Nombre73126 , Head of the Topography Area of the Instituto de Desarrollo Rural, in contravention of the regulations in force at the time the act was issued, in application of the provisions of Article 7 subsection f) of Law 2825 (Ley de Tierras y Colonización), for being part of the State's Patrimony, lands subject to the public domain, being that they cannot be disaffected (desafectarse) except by reserve of Law. (...)". (Folios 148 to 158 of the INDER administrative file in physical format).

**V.- ON THE MERITS.- PROCEEDING OF THE LAWSUIT. INALIENABILITY OF THE BORDER STRIPS.-** In this process, the declaration of partial nullity is sought of the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, in Article 66 of Session 041-05, held on October 24, 2005, in what refers to the authorization of segregation and transfer of a land in favor of Nombre82436 , and Nombre82437 , described according to cadastral plan number P-1000604-2005, as well as the partial nullity of public deed number 15, granted before Notary Jimmy Meza Lázarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, solely in what refers to the transfer of Plot 43 of the Asentamiento Nombre41204 , in favor of Nombre82436 , and Nombre82437 , which generated the folio real registration entries numbers ONE HUNDRED FORTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-EIGHT-ZERO ZERO ONE AND ZERO ZERO TWO, of the Partido of Puntarenas, cadastral plan number Placa13383 and, consequently, by connection, the nullity of the registration entry of the inscription of the farm registered under the Folio Real system ut supra and of the lien that the cited property bears for a mortgage loan in favor of the Banco de Costa Rica, for an amount of ¢6,300,000, a lien that was registered in the Mortgage section of the Real Estate Registry, under the registration references 2015-135495-01-0001-001 and whose debtor is Nombre21232 . According to the documentary technical evidence that is in the records (autos) and that was not contested by the defendants given their lack of opposition to the lawsuit, the cited property is immersed and partially overlapped within the so-called Southern Border Strip that, by provision of the Law, has been inalienable and of state ownership since 1926. -The Northern border strip had been since the Congressional Decree N°30 of June 22, 1888-. Indeed, regarding the southern border strip, Law N°11 of October 22, 1926, reformed some articles of the 1885 Código Fiscal, in what is of interest here, as follows: "Article 508.-All lands comprised within the limits of the Republic that do not belong with legitimate title to private individuals are baldíos lands, which are presumed baldíos unless proven otherwise. Baldíos lands, whether situated on islands or on the mainland, belong to the State." "Article 509.-The property of baldíos lands is inalienable with the following sole exceptions: (...) Temporary.-The provision of subsection 29 of this article, and in accordance with the reform that has been introduced to it, refers to lands occupied up to the date on which this law comes into force." "Article 510.-The alienations permitted by the previous article may never fall on the following lands, which are, in their extension, inalienable: (...) 4°-Those comprised in a zone five kilometers wide along the border with Panama. 5°-Those comprised in a zone of two hundred meters along the border with Nicaragua." Subsequently, the Ley General sobre Terrenos Baldíos (N°13 of January 10, 1939) repealed Article 510 of the Código Fiscal, but maintained the inalienability of both border strips, providing thus: "Article 10.- Likewise, the lands comprised in a zone two kilometers wide, along the border with Nicaragua and with Panama, are inalienable." The Ley General sobre Terrenos Baldíos was, in turn, later repealed by Article 184 of the Ley de Tierras y Colonización (N°2825 of October 14, 1961). However, this latter legislation, in its Article 7 subsection f), maintained the demanial character of the referenced northern and southern border strips, by prescribing the following: "As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or of the Instituto de Desarrollo Agrario, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be maintained under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that were under private domain, with legitimate title: ... f) Those comprised in a zone 2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and with Panama. (...)."

Well then, this regulatory compendium makes it absolutely clear that it is a legal impossibility for any property located within or partially within the border zone (2,000 meters wide along the borders with Nicaragua and Panama) to be susceptible to being possessed or acquired under any title by private individuals, much less to be alienable in favor of third parties with the imposition of mortgage liens for guaranteed loans, as occurs in the present case. Regarding the nature and characteristics of border strips, the Constitutional Chamber has stated: "With respect to the border strip, we have that the Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, in Article 10 provided: 'The lands comprised within a zone of two kilometers wide, along the border with Nicaragua and Panama, are likewise inalienable.' Said protection arises because our border zones continue to be considered indispensable for the country, not only for reasons of defense of the country's sovereignty, given the importance of reserving them as strategic zones for the Nation's security, but also for their relevance from the point of view of protecting the State's natural heritage. Border zones, by their position and cover, become an extremely important area for environmental protection as territory, an indispensable buffer zone for the communication of flora and fauna, water resources, and the ecosystem prevailing in certain regions of the country, and therefore, the interest and need of the Costa Rican State to regulate and protect the natural resources existing today, which, without the control and limitation regarding their disposition by the competent authorities, would seriously endanger the right to a healthy environment." (Resolution No. 2988-99 of 11:57 a.m. on April 23, 1999). In the same vein, the Constitutional Chamber expressed: "It is no coincidence that the Costa Rican legal system has preserved the state public ownership of the internal border zones of the frontiers, both north and south of the country, under a special regime, given that, by their special nature, they represent strategic zones for the defense of sovereignty and for the Nation's security; as well as for the establishment of controls in matters of clear public interest such as health, customs, migration, exit and entry of goods, among others. Thus, the indiscriminate and general removal of public domain status (desafectación) contained in the consulted Bill, without first having a technical study that specifically establishes which properties are to be removed from public domain status, in order to assess, among other things, whether or not it endangers the Nation's security or impedes an effective exercise of sovereignty, or adequate migratory or customs control, etcetera, is irrational and disproportionate, which is contrary to the Constitutional Principles of Security and Sovereignty." (Resolution No. 18836-2014 of November 18, 2014). As can be seen, the Constitutional Chamber is clear in recognizing the public domain character (demanialidad) of the country's northern and southern border zones, based on the legal provisions that so establish, but further reinforces their character as such (public domain), in light of the higher constitutional purposes that said areas protect, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment, health, migratory control, customs control, and the defense of national sovereignty and security. Now then, regarding the nature of public domain assets, the Constitutional Chamber has stated: "…these are assets whose ownership is held by the State in its capacity as administrator; it must be understood that these are assets belonging (sic) to the 'Nation,' with which they form part of the public heritage; and which, due to their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that by the passage of time, the right of ownership over them cannot be acquired, not even that of mere possession, that is, they cannot be acquired through adverse possession (usucapión), nor can they be lost by prescription; for which reason the use permits that the Administration grants over them always have a precarious character, which means they can be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration—under the terms provided in Articles 154 and 155 of the General Public Administration Law—; and the concessions granted over them for their use may be cancelled, through the appropriate procedure; they are unattachable, meaning they cannot be subject to any lien (gravamen) or seizure, neither by private individuals nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside the commerce of men; hence they cannot be alienated, sold, or acquired, neither gratuitously nor for valuable consideration, neither by private individuals nor by the State, such that they are exempt from the commerce of men and subject to a special and reinforced legal regime." (Resolution No. 2007-2408, 4:13 p.m. on February 21, 2007).

Indeed, and in accordance with the foregoing, public domain assets are those destined for a public use or public service, are outside the commerce of men, are characterized by being imprescriptible, unattachable, and inalienable, and enjoy a special reinforced legal regime (Articles 261 and 262 of the Civil Code and Article 121, subparagraph 14, of the Political Constitution). In this case, given that the southern border strip (2,000 meters wide along the border with Panama) is a public domain asset, as has been duly explained, the lands that comprise all or part of that area logically also have the characteristic of being inalienable and outside the commerce of men, with which any acquisitive cause is null and void as a matter of law, and with it, any conventional lien (gravamen) imposed upon them. Consequently, it is evident that the property Dirección8894, which is located partially overlapping within that southern border strip, could not be transferred in favor of Nombre82436 and Nombre82437 under any title, much less through an administrative act as was done in this case, in clear violation of the principle of legal reserve, for it must be remembered that the public use or public service to which a given public domain asset is affected can only be changed by Law, being the exclusive competence of the Legislative Assembly, according to precept 121, subparagraph 14, of the Political Constitution, the private title resulting from the registry inscription not being opposable, and even less so, the lien (gravamen) imposed by mortgage credit in favor of Banco de Costa Rica, which is inscribed in the Mortgages section of the Real Estate Registry, under the registry citations 2015-135495-01-0001-001 and whose debtor is Nombre21232, because it must be remembered that in accordance with Article 456 of the Civil Code, registration in the Registry does not validate acts or contracts inscribed that are null according to the Law. It must additionally be indicated that precisely due to the nature and vocation of these assets and their characteristics of being inalienable, imprescriptible, and unattachable, the position of Banco de Costa Rica's representation is not pertinent, regarding that the nullity claimed is not opposable to it under the principle of registry publicity and that indicated in numerals 455 and 456 of the Civil Code, a position that cannot be heeded in contravention to analyze the law and propriety of the lesivity action (acción de lesividad), because the nature of the asset is the basis of the criterion of lesivity, and that nature existed prior to the very constitution of the real estate's registry inscription. In any case, although our civil law system protects the ownership of assets acquired under the protection of registry publicity, such criterion cannot be adduced and opposed to the nature of public domain assets, especially in assets such as the one disputed in this process, where its vocation dates back to the very constitution of the State. It must be emphasized that the lesivity action has the purpose of vindicating that domain, to the extent that the very reason for the claim is the recovery of land which, being part of the public domain regime, is alleged to have been illegitimately transferred to the private regime. Moreover, the objective element is also satisfied, insofar as it concerns a real property that is susceptible of forming part of the public domain, a qualification that is technical in nature and is contributed to the file, but prior to its analysis, we must warn that the normative element is also present in the specific case, because the titled real property constitutes part of the public domain, according to the regulations of Ley No. 13 of January 10, 1939, "Ley de Terrenos Baldíos" and Law 2825 of "Tierras y Colonización."

Thus, given the legal violations set forth, it is concluded that the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural, in Article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, is absolutely null due to defects in its grounds, content, and purpose (motivo, contenido y fin) (Articles 131, 132, 133, 158, 164 subparagraph 2, 166, and 186 of the General Public Administration Law), solely with respect to the authorization of the segregation (segregación) and transfer of parcel 43 of the Asentamiento Nombre41204 in favor of Nombre82436 and Nombre82437, according to cadastral map number P-1000604-2005, just as public deed number 15, granted before Notary Jimmy Meza Lázarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, is also absolutely null, solely insofar as it materialized that transfer whose registration generated the real property under the Folio Real system, registration folio real numbers CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, of the Partido de Puntarenas, cadastral map number Placa13383 and, consequently, by connected effect (conexidad), the nullity of the registry entry of the inscription of the real property inscribed under the Folio Real system ut supra and also null by connected effect, the lien (gravamen) borne by the cited real property for mortgage credit in favor of Banco de Costa Rica, for an amount of ¢6,300,000, a lien that was inscribed in the Mortgages section of the Real Estate Registry, under the registry citations 2015-135495-01-0001-001 and whose debtor is Nombre21232 and the registry entry of inscription of the cadastral map number Placa13383 issued by the Registro Nacional. As a corollary, the complaint filed must be granted.

VI.- REGARDING THE CLAIMS.- Based on everything stated, it is appropriate to uphold the complaint in the following terms. The agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (today INDER), in Article 66 of session number 041-05, held on October 24, 2005, is declared injurious (lesivo) to public interests and, consequently, is partially annulled, solely with respect to the authorization of the segregation and transfer of parcel 43 of the Asentamiento Amalia Hernández in favor of Nombre82436 and Nombre82437, according to cadastral map number P-1000604-2005, just as public deed number 15, granted before Notary Jimmy Meza Lázarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, is also absolutely null, solely insofar as it materialized that transfer whose registration generated the real property under the Folio Real system, registration folio real numbers CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, of the Partido de Puntarenas, cadastral map number P-1000604-2005 and, consequently, by connected effect, the nullity of the registry entry of the inscription of the real property inscribed under the Folio Real system ut supra and also null by connected effect, the lien (gravamen) borne by the cited real property for mortgage credit in favor of Banco de Costa Rica, for an amount of ¢6,300,000, a lien that was inscribed in the Mortgages section of the Real Estate Registry, under the registry citations Placa13386 and whose debtor is Nombre21232 and the registry entry of inscription of the cadastral map number P-1000604-2005 issued by the Registro Nacional. Once this resolution is final and in the phase of execution of the judgment, issue the respective writs under the standard form of execution.

VII.- REGARDING THE OPPOSED DEFENSES. The defenses of lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva) adduced by the BCR are denied, as a lien (gravamen) on a real right over the property subject to the process is configured, and the legal scopes of the lesivity occasioned by the mortgage credit granted, whereby the nullity ordered and declared over the specified conducts directly affects that lien (gravamen) inscribed in the Mortgages section of the Real Estate Registry, under the registry citations 2015-135495-01-0001-001 by virtue of the restitution of the property to the public domain. This underlying legal relationship cannot be separated from the effects and the opposability power held by the special and reinforced normative protection that public domain assets possess against alienation vitiated by absolute nullity, therefore the opposed defense is unfounded. In the same manner, the defense of lack of right is unfounded, as the lien (gravamen) inscribed for mortgage credit in favor of Banco de Costa Rica, which is inscribed in the Mortgages section of the Real Estate Registry, under the registry citations 2015-135495-01-0001-001 and whose debtor is Nombre21232, is unopposable, since it must be remembered that in accordance with Article 456 of the Civil Code, registration in the Registry does not validate acts or contracts inscribed that are null according to the Law, as has been accredited on this occasion.

VIII.- REGARDING COSTS.- In accordance with numeral 193 of the Contencioso Administrativo Procedural Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. In the present case, dealing with a lesivity action in which, by logical criterion, there existed an administrative conduct with a favorable content towards a third party, this Tribunal deems that the proper course is to resolve the matter under review without special imposition of costs.

POR TANTO

The complaint for Lesividad filed is GRANTED. The defenses of lack of passive and active standing and lack of right opposed by Banco de Costa Rica are rejected. The agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (today INDER), in Article 66 of session number 041-05, held on October 24, 2005, is declared injurious to public interests and, consequently, is partially annulled, solely with respect to the authorization of the segregation and transfer of parcel 43 of the Asentamiento Amalia Hernández in favor of Nombre82436 and Nombre82437, according to cadastral map number P-1000604-2005, just as public deed number 15, granted before Notary Jimmy Meza Lázarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, is also absolutely null, solely insofar as it materialized that transfer whose registration generated the real property under the Folio Real system, registration folio real numbers CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS, of the Partido de Puntarenas, cadastral map number P-1000604-2005 and, consequently, by connected effect, the nullity of the registry entry of the inscription of the real property inscribed under the indicated Folio Real system and also null by connected effect, the lien (gravamen) borne by the cited real property for mortgage credit in favor of Banco de Costa Rica, for an amount of ¢6,300,000, a lien that was inscribed in the Mortgages section of the Real Estate Registry, under the registry citations Placa13386 and whose debtor is Nombre21232 and the registry entry of inscription of the cadastral map number P-1000604-2005 issued by the Registro Nacional. Once this resolution is final and in the phase of execution of the judgment, issue the respective writs under the standard form of execution. Judgment is rendered without special imposition of costs. RONALDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ // EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA // LOURDES VARGAS CASTILLO // exp. 17-11277-1027-CA