Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En este apartado no queda más que analizar y ponderar los intereses de las partes que se encuentran involucradas en la gestión cautelar y en ese sentido, de la prueba que se ha hecho llegar al proceso y de los acontecimientos evidenciados a lo largo del asunto, se determina que el derecho al menos cautelar se encuentra en la titularidad del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, o porque no, de aquellas personas llamadas al proceso en calidad de litis consortes pasivas necesarias, que resultaron adjudicadas de la propiedad; y a quienes en conjunto con el Instituto co demandado se les debe de brindar una protección al amparo del numeral 45 de la Constitución Política, precisamente por el título inscrito a su nombre.
Estamos ante una situación que debe de ser tutelada por este Tribunal, siendo que el cuestionamiento a la adquisición de ese bien inmueble que hace la parte actora; o la falta de notificación del procedimiento administrativo, es un asunto totalmente revisable en esta sede; pero es un asunto que se deberá discutir y obtener en sentencia. Si se quiere tutelar o minimizar una posible afectación a terceras personas como lo establece el presupuesto o elemento analizado, estima el suscrito procedente y conveniente no tener por superado este elemento; lo que da como resultado el tener que rechazar la medida cautelar, por cuanto para la procedencia de la misma se requiere que todos y cada uno de ellos estén presentes.
La balanza en esta ocasión se inclina por tutelar los derechos del Instituto de Desarrollo Rural; así como el derecho del señor Nombre27844 y a la señora Nombre31532 ; por lo que si la parte actora decide interponer el proceso de conocimiento, no podría perder de vista que en esta Jurisdicción se analizaría únicamente la legalidad o nulidad de la conducta administrativa que dispuso el desalojo administrativo que cuestiona.
English (translation)In this section, there is no alternative but to analyze and balance the interests of the parties involved in the precautionary proceeding. In that regard, from the evidence submitted and the circumstances evidenced throughout the matter, it is determined that the right, at least from a precautionary standpoint, lies with the title to the property registered in the Public Property Registry in the name of the Rural Development Institute, or, alternatively, with those persons joined to the proceeding as necessary passive co-parties, who were adjudicated the property. Together with the co-defendant Institute, they must be granted protection under Article 45 of the Political Constitution, precisely because of the title registered in their name.
We are faced with a situation that must be protected by this Court, given that the challenge to the acquisition of that real property by the plaintiff, or the lack of notification of the administrative procedure, is a matter fully reviewable in this venue; but it is a matter that must be discussed and resolved in a final judgment. If the purpose is to protect or minimize possible harm to third parties as this requirement establishes, the undersigned deems it appropriate and advisable not to consider this element satisfied, which results in the denial of the precautionary measure, since all elements must be present for it to be granted.
The balance this time tilts towards protecting the rights of the Rural Development Institute, as well as the rights of Mr. [Redacted] and Mrs. [Redacted]; therefore, if the plaintiff decides to file the main action, it cannot lose sight that this Jurisdiction would only analyze the legality or nullity of the administrative conduct that ordered the challenged administrative eviction.
Denied
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 00414 - 2022 Fecha de la Resolución: 13 de Julio del 2022 a las 15:50 Expediente: 21-005648-1027-CA Redactado por: Rodrigo Huertas Durán Clase de asunto: Medida cautelar ante causam Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso contencioso administrativo Subtemas: Generalidades sobre los presupuestos necesarios para el otorgamiento de medidas cautelares. Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas: Generalidades sobre los presupuestos necesarios para su otorgamiento. Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente Texto de la resolución TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Goicoechea Dirección01 , 50 metros Oeste del BNCR, frente a Café Dorado Teléfono: 2545-0107(EXT 01-2707) ó 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo Electrónico ...01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE: 21-005648-1027-CA PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM PROMUEVEN: Nombre27842 y Nombre31530 Nombre31530 DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Nombre27844 Y DE LA Nombre31531 ------------------------------------------------------------------------------------------------- N°414-2022 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ - ANEXO A - Goicoechea, al ser las quince horas cincuenta minutos del día trece de Julio del año dos mil veintidós.- Se conoce MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM gestionada por Nombre27842 y Nombre31530 en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Nombre27844 y Nombre31531 .- RESULTANDO: I) Que en fecha ocho de Setiembre del año dos mil veintiuno, las personas gestionantes, formularon medida cautelar ante causam en contra del oficio INDER-GG-DRT-OCTB-1305-2021, el que se encuentra respaldado por el oficio INDER-PE-279-202 emitido por la Presidencia, del Instituto de Desarrollo Rural, que disponen el desalojo de la parcela Dirección3750 , donde se le concede a los ocupantes de esa parcela el plazo de tres días hábiles para desocuparla de forma voluntaria. (ver escrito presentado en fecha 08/09/2021).- II) Este Tribunal por medio de la resolución dictada al ser las nueve horas cuarenta minutos del día nueve de Setiembre del año dos mil veintiuno -entre otras cosas- acogió en carácter de provisionalísima la gestión, disponiendo a lo que interesa, lo siguiente: "(...) Se ordena en este acto al INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) y solo en el caso de no haberse materializado el desalojo, la suspensión inmediata de los efectos del oficio identificado como INDER.GGDRT-RDBR-OTCB-1305-2021 en el cual se le concedía a las partes el plazo de TRES DÍAS HÁBILES para el desalojo voluntario de la parcela identificada como Dirección3750 . Lo anterior hasta que este Tribunal tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la procedencia o no de esta medida cautelar; por lo que deberán tomar en consideración las partes involucradas en este asunto de la provisionalidad de la misma. Ahora bien, deberán tomar en consideración además, que lo único que se está valorando en este estadio procesal es la urgencia (artículo 23 y 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo); por lo que no hay que dejar de lado que los demás elementos para la procedencia o no de la medida cautelar serán analizados posteriormente, por lo que la disposición aquí adoptada tiene la particularidad de ser PROVISIONALÍSIMA, lo cual podría mantenerse, modificarse o suprimirse a la hora de conocer por el fondo la procedencia o no de esta medida cautelar (...)". (ver resolución del 09/09/2021) III) Que por medio del escrito fechado treinta de setiembre del año dos mil veintiuno, la representación del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) contestó de forma negativa la presente gestión cautelar. Informó de la presentación de otros asuntos en igualdad de condiciones al que hoy se conoce, y gestionó la excepción de integración a la Litis respecto al señor Nombre27844 y a la señora Nombre31531 , de lo cual este Tribunal concedió audiencia a las partes gestionantes para que se manifestaran al respecto (ver escrito fechado 30/09/2021 y resolución dictada ese mismo día).- IV) Por medio del escrito presentado en fecha siete de Octubre del año en curso, las partes gestionantes se manifestaron respecto a la audiencia concedida con ocasión a la integración a la Litis manifestando lo siguiente: "(...) En cuanto al integrar a la litis a Nombre27844 y a la señora Nombre31532 , no lleva razón el INDER en el tanto Ellos mismos están ejerciendo ese derecho en el Expediente Judicial ante el Ministerio Público, por tener legitimación por habérsele otorgado dicha propiedad por el INDER, y además éstos no han hecho actos administrativos de desalojo ante el INDER contra mis representadas, porque tienen pleno conocimiento que están ejerciendo su derecho a nivel judicial.(...)". (ver escrito presentado en fecha 07/10/2021). V) Por medio de la resolución identificada bajo el número 656-2021 dictada al ser las catorce horas cincuenta minutos del día once de Octubre del año dos mil veintiuno; este Tribunal dispuso integrar a la Litis al señor Nombre27844 y a la señora Nombre31532 (ver resolución N°656-2021).- VI) Pese a que este Tribunal le notificó en debida forma al señor Nombre27844 y a la señora Nombre31532 , no se manifestaron al respecto (ver constancias de notificación agregadas al expediente electrónico) VII) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones que puedan causar indefensión a las partes o nulidades futuras.- CONSIDERANDO: I) ARGUMENTOS DE LAS SEÑORITAS Nombre27842 y Nombre31530 : Para lo que resulta de interés para resolver esta medida cautelar, argumentan que Nombre31533 , en su calidad de apoderada generalísima de su Padre señor William Carmona Loría cédula CED25731, a quien le fue asignada la finca número 06-139168 .001 y 002, ahora Placa5439 propiedad del INDER, aseguran que por un proceso viciado en el cual se presentará en los próximos días, debido a un procedimiento que consideran nulo de toda nulidad hecho en su contra, con grave daño patrimonial. Agregan que la propiedad fue asignada a los señores Nombre31531 , C.C MARTHA cédula CED22044 y al señor Nombre27844 , CED25732. Hacen ver que ellos accionaron una denuncia en su contra y de su compañera sentimental. Mediante expediente judicial por usurpación causa número 20-000549-0636-PE, ante el Ministerio Público de Coto Brus, que en la denuncia mencionan ser los propietarios. Considera que si existe una adjudicación, corresponde a los adjudicatarios de la finca en litis 06-138168-000 a favor de Nombre31531 , C.C MARTHA CEDULA CED22044 Y Nombre27844 , CED25732, accionar el desalojo y no al INDER, afirmando que si tienen capacidad para denunciar, pueden tener capacidad para accionar el desalojo, no así al INDER, que al adjudicar el bien inmueble ya no le compete desalojar, según el principio de legalidad. A su criterio lo que pasa es que el INDER, manipula el acto administrativo, que habiendo una adjudicación a favor de ellos no la ha enviado al registro, para tener capacidad para accionar el desalojo, por que el expediente penal por usurpación causa número 20-000549-0636-PE, consta la adjudicación a éstas personas de ahí la legitimación para interponer la denuncia. Argumentan que el INDER les notifica un desalojo donde le otorga tres días; lo que es respaldado por el oficio, INDER-PE-279-202 emitido por la Presidencia del Instituto de Desarrollo Rural, pero asegura que no se le da copia de dicho oficio, con lo cual se le deja en indefensión. Asegura que las notificaciones no fueron entregadas personalmente, lo que contraviene la Ley de notificaciones, pese a que están en la propiedad, violando el debido proceso, y creando una actividad procesal defectuosa violando el derecho de defensa. Respecto al Peligro en la Demora expone que si no se suspenden los efectos del acuerdo citado, el daño producido será aún mayor, contra el patrimonio de su padre a quien representa por medio de poder generalísimo para todos los actos, asegurando que al quedar fuera de toda posesión, y el INDER ingresar terceras personas, tendrá que seguir costeando gastos de asesoría legal para ejercer su defensa, que al desalojar la posesión ejercida de forma mediata por parte de su padre, y que vino ejerciendo su madre, de forma inmediata, no solo para reivindicar la posesión de su padre, por un desalojo bajo un proceso administrativo que afirma es nulo de toda nulidad, y el proyecto para y los gastos propios por haberla conservado desde la entrega del IDA ahora INDER del título de propiedad y restablecer la posesión sería litigar no sólo contra el acto administrativo del INDER contra su padre sino contra terceros para desalojarlos, sino la posible liquidación de mejora y retención del terreno hasta el efectivo pago de los mismos. Considera que es desde ese punto de vista que existe un daño real que sufre y en caso de que no se ordene la suspensión del acuerdo que considera a todas luces ilegal, este daño sigue aumentando día con día. Enfatiza que el desalojo accionado por INDER y la denuncia por usurpación de los nuevos adjudicatarios, sobre mismo bien contra las mismas personas, el proceso está a nivel jurisdiccional, afirmando que no es INDER quien tiene la potestad de desalojar sino los nuevos adjudicatarios, informando que en el proceso judicial estan siendo defendidas por la supuesta usurpación y ahora accionar contra el INDER en esta sede por no tener legitimación. Comentan que el área donde está la parcela han sufrido mucha deforestación y su objetivo es conservar la finca para detener el cambio climático, sobre calentamiento global, donde el INDER cree que sólo sembrar es la solución sin observar que hay que conservar los mantos acuíferos, el ecosistema, erosión de la tierra, tiene una cosmovisión de sembrar y no conservar. Informa que tiene varias deudas adquiridas ya que como integrante del núcleo familiar su padre y ella han invertido dinero para que dicha propiedad sea conservada, como limpieza de linderos, chapeas, fumigación con productos orgánicos. Que si bien el Tribunal Contencioso es la vía judicial que corresponde para dilucidar el futuro proceso ordinario, también lo es, que mientras se llegue a una sentencia a favor de su padre, son muchos los meses que han podido transcurrir, debiendo soportar un daño y un perjuicio irreparables que crecería día con día, ya esta intentando accionar y por asunto de poder judicial se inadmitió, pero ya están inscribiendo los poderes necesarios ante el registro para tal fin. Respecto a la Apariencia de Buen Derecho expone que existe normativa expresa que ordena que los actos administrativos deben ser debidamente motivados, so pena de nulidad. (artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública), también existe normativa infra legal, como lo son los lineamientos emitidos por el INDER los cuales han sido cumplidos a cabalidad, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, y también existe jurisprudencia constitucional con relación a las garantías del debido proceso, por lo que consideran que esta acción no es temeraria ni mucho menos carente de seriedad; lo que evidencia que cuenta con amplios argumentos para interponer el proceso ordinario en la vía contenciosa, sin embargo, asegura que para poderlo hacer, necesita contar con su trabajo para asumir los costos de este proceso y obviamente la manutención de su familia. Respecto a la Ponderación de los Intereses en Juego; exponen lo siguiente: "(...) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo: “Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros...”. Consideran que en el caso en concreto es de vital importancia hacer un análisis de los intereses en juego que se los presentan, es decir; de un lado existe un acto administrativo carente de motivación, dictado en forma flagrantemente ilegal, violando las reglas de proporcionalidad y razonabilidad potenciado por la jurisprudencia constitucional. Afirman además que la interposición de cualquier medida cautelar en nada afecta el Interés Público ni a terceros, en la medida que la suspensión del acto administrativo no implica el quebrantamiento de las disposiciones del INDER porque como demuestra la finca aún está a nombre del INDER mediante el acto nulo de toda nulidad, es decir no se le ha traspasado a un tercero, considerando con ello que no existe ninguna afectación para la parte demandada. Dentro de su material probatorio en respaldo de su gestión, aporta el que de seguido se transcribe de forma literal, veamos: "(...) Documental: (i) Copia del acto administrativo el oficio INDER-GG-DRT-OCTB-1305-2021. (ii) copias escaneadas del expediente judicial causa número 20-000549-0636-PE.( iiii) estudio literal de finca 06-139168-000. (iiii) Poder Especial Judicial.(...)".- II) ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL: De interés para resolver este asunto ha manifestado su oposición a la presente medida cautelar. En primer lugar solicitó la revocatoria de la medida cautelar, por considerar que se debía integrar previamente al proceso al señor Nombre27844 y a la señora Nombre31531 , por ser ellos quienes fueron declarados idóneos y asignados a la Dirección3282 mediante el acuerdo de Junta Directiva artículo 26 sesión ordinaria 15 celebrada el 13 de abril del 2020, afirmando que cualquier decisión que se tome en la medida cautelar que se pretenda, los afectará directamente en sus intereses. A la representación demandada le resulta importante el hacer ver que la Parcela 16 del Asentamiento Sansi anteriormente estuvo adjudicado al señor William Carmona Loría cédula CED25731 y a la señora María Estela Vidal Retana cédula CED25733, no obstante, dicha adjudicación fue revocada mediante el expediente DRB-OSCB-2011000002 en donde se tramitó la revocatoria y la subsecuente nulidad del título de propiedad dando lugar a que el predio se revirtiera a la Institución en donde no existió ningún tipo de mejora útil y necesaria. Informa que esta parcela 16 del Asentamiento Sansi registralmente fue revertida a la Institución desde el 10 de junio del 2014, según consta en la certificación literal de la finca de Puntarenas folio real 139168-000 y ahora después de más de seis años, se pretende alegar nulidades del expediente donde se tramitó la revocatoria y la nulidad del título, por lo que le resulta evidente que cualquier potencial acción judicial sería inadmisible porque se encontraría plenamente caduca de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que se solicita que se revoque la medida cautelar provisionalísima. Respecto a la Apariencia de Buen Derecho expone que no se configura el requisito indispensable de la apariencia, haciendo ver que la parcela 16 del Asentamiento Sansi se encuentra a nombre del INDER desde el 10 de junio del 2014, según consta en la certificación literal de la finca de Puntarenas folio real 139168-000 y ahora después de seis años, pretenden alegar nulidades del expediente que tramitó la revocatoria y la nulidad del título. En donde incluso, tal revocatoria y nulidad del título fue confirmada por el Tribunal Agrario en el voto número 1171-F-13 de las 16:21hrs del 18 de diciembre del 2013. Le resulta importante indicar a la representación del Instituto demandado que actualmente el señor Nombre27844 cédula CED22043 y la Nombre31531 cédula CED22044 fueron declarados idóneos y asignados a la Dirección3282 mediante el acuerdo de Junta Directiva artículo 26 sesión ordinaria 15 celebrada el 13 de abril del 2020. Asegura que la afectación la está sufriendo la familia conformada por los señores Nombre27844 y Nombre31531 , quienes son los asignatarios de la parcela número 16 citada, asegurando que con la invasión de los ocupantes al terreno, se quedaron sin fuente de trabajo y medio de producir sus alimentos, asimismo se quedaron sin la posibilidad de construir su vivienda en el predio y poder recoger la cosecha de los cultivos que tenían plantados en el terreno, por lo que ahora sin trabajo y lugar donde habitar deben alquilar una casa en el Asentamiento mientras se resuelve la revocatoria de la medida provisionalísima. Hace ver que la Oficina de Desarrollo Territorial de Coto Brus, procedió con las intimaciones -entre otros- en los oficios INDER-DRT-RDBR-OTCB-1802-2020; INDER-DRT-RDBR-OTCB-1806-2020;INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-618-2021;INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-0761-2021 y Placa5440, por cuanto en el terreno solo pueden permanecer las personas debidamente autorizadas por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural y los ocupantes no tienen autorización para permanecer en el Dirección3751 . En esencia, es la misma gestión de suspensión de desalojo que se conoció en el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores), en el expediente 20-000187-0419-AG, en la sentencia 30-2021 que se encuentra en firme de las 16:25hrs del 25 de febrero del 2021 y en el proceso judicial que se tramitó ante el Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el expediente 20-005130-1027-CA, en la sentencia 21-2020 que se encuentra firme de las 16:35hrs del 14 de enero del 2021, en donde ambas habían decidido declarar sin lugar la medida cautelar. Hace ver que los terrenos del INDER tienen un destino de utilidad pública que está definido legalmente para brindar tierras a campesinos idóneos de tal suerte, que al estar en presencia de bienes propios del dominio público, no pueden ser objeto de ocupación. Enfatiza que los ocupantes no tienen autorización para permanecer en el predio 16 del Asentamiento Sansi, por lo que carecen de legitimación para ocupar en un predio que está destinado para los fines de la Ley del Instituto de Desarrollo Rural. Respecto al Peligro en la Demora expone que la parte actora no demuestra con claridad cuales son los inconvenientes que se suscitan, porque la parcela 16 del Asentamiento Sansi se encuentra a nombre del INDER desde el 10 de junio del 2014, según consta en la certificación literal de la finca de Puntarenas folio real 139168-000. Ahora después de seis años, pretenden alegar nulidades del expediente que tramitó la revocatoria y la nulidad del título. En donde incluso, tal revocatoria y nulidad del título fue confirmada por el Tribunal Agrario en el voto número 1171-F-13 de las 16:21hrs del 18 de diciembre del 2013. Le resulta importante el indicar que actualmente el señor Nombre27844 cédula CED22043 y la Nombre31531 cedula CED22044 fueron declarados idóneos y asignados a la parcela 16 del Asentamiento Sansi mediante el acuerdo de Junta Directiva artículo 26 sesión ordinaria 15 celebrada el 13 de abril del 2020, asegurando que la afectación la está sufriendo la familia conformada por el señor Nombre27844 y la Nombre31531 quienes son los asignatarios de la parcela número 16 del Asentamiento Sansi, pues con la invasión de los ocupantes al terreno, se quedaron sin fuente de trabajo y medio de producir sus alimentos, asimismo se quedaron sin la posibilidad de construir su vivienda en el predio y poder recoger la cosecha de los cultivos que tenían plantados en el terreno, por lo que ahora sin trabajo y lugar donde habitar deben alquilar una casa en el Asentamiento mientras se resuelve la revocatoria de la medida provisionalísima. Hace ver que las partes gestionantes no aporta ninguna prueba de la existencia del daño alegado, y que la doctrina y nuestra jurisprudencia es conteste sobre la obligación que tiene el gestionante al solicitar este tipo de medida de demostrar efectivamente los supuestos graves daños o de difícil reparación. Respecto a la Ponderación de los Intereses en Juego, señala que lo que realizó el Instituto de Desarrollo Rural en llevar a cabo el proceso de nulidad del título de propiedad, tutelando con ello el interés público a raíz del procedimiento en la fiscalización del cumplimiento con las obligaciones que le corresponden al asignatario sobre los predios que la Institución ha otorgado, es cuyo caso, fue procedente la revocatoria del contrato de Asignación de Tierras y eventualmente la nulidad del título de propiedad, para que la propiedad de la tierra se inscribiera nuevamente al patrimonio de la Institución y así continuar cumpliendo con los fines de la Ley de Tierras y Colonización. Es por ello que actualmente el señor Nombre27844 cédula CED22043- y la Nombre31531 cédula CED22044 fueron declarados idóneos y asignados a la parcela 16 del Asentamiento Sansi mediante el acuerdo de Junta Directiva artículo 26 sesión ordinaria 15 celebrada el 13 de abril del 2020. Enfatiza que la afectación la está sufriendo la familia conformada por los señores Nombre27844 cédula CED22043 y Nombre31531 cédula CED22044, quienes son los asignatarios de la parcela número 16 del Asentamiento Sansi, pues con la invasión de los ocupantes al terreno, se quedaron sin fuente de trabajo y medio de producir sus alimentos, asimismo se quedaron sin la posibilidad de construir su vivienda en el predio y poder recoger la cosecha de los cultivos que tenían plantados en el terreno, por lo que ahora sin trabajo y lugar donde habitar deben alquilar una casa en el Asentamiento mientras se resuelve la revocatoria de la medida provisionalísima. Enfatiza que los ocupantes no tienen autorización para permanecer en el predio 16 del Asentamiento Sansi, por lo que carecen de legitimación para ocupar en un predio que está destinado para los fines de la Ley del Instituto de Desarrollo Rural. Dentro de su material probatorio en respaldo de su oposición a la gestión cautelar aporta el que de seguido se transcribe de forma literal, veamos: "(...) 1) Poder Especial Judicial 2) Personería Jurídica 3) Certificación literal que consta en autos de la finca de Puntarenas 139168-000 que a nombre del Instituto de Desarrollo Rural desde el 10 de junio del 2014 4) Oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-1356-2021 del 09 de setiembre del 2021 y sus anexos. 5) Oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-0834-2021 del 26 de mayo del 2021 y sus anexos. 6) El articulo 41, sesión Ordinaria 035-2012, celebrada el 24 de setiembre del 2012 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural 7) El voto número 1171-F-13 de las 16:21hrs del 18 de diciembre del 2013 del Tribunal Agrario en el donde se confirma la revocatoria y la nulidad del título de la Dirección3282 . 8) La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo n° 21-2020 que se encuentra firme de las 16:35hrs del 14 de enero del 2021 ya había decidido declarar sin lugar la medida cautelar en el expediente 20-005130-1027-CA. 9) Copia digital de la demanda de la medida cautelar en el expediente 20-000187-0419-AG 10) La sentencia Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) 30-2021 que se encuentra en firme de las 16:25hrs del 25 de febrero del 2021 que también había decidido declarar sin lugar la medida cautelar en el expediente 20-000187-0419-AG. 11) El auto 054-2021 de las 14:09hrs del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) que ordena el archivo del expediente 20-000187-0419-AG 12) Gestión de la Fiscalía ante el Juzgado Agrario bajo el causa penal 20-000549-0636-PE 13) La sentencia 757-2021-T de las ocho horas con veinte minutos del 04 de junio del 2021, que se tramitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el expediente número 21-002647-1027-CA. 14) El voto número 325-2021-II de las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, en donde se confirmó el rechazo de la cautelar por el Tribunal de Apelaciones en el expediente número 21-002647-1027-CA 15) Se aporta en DVD los siguientes documentos: - Copia completa del expediente judicial del proceso agrario en el expediente 20-000187-0419-AG que se tramitó ante el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) que consta de 172 imágenes. -Copia completa del expediente judicial de la medida cautelar en el expediente 20-005130-1027-CA que se tramitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo que consta de 168 imágenes. -Copia completa del expediente judicial de la medida cautelar en el expediente 21-002647-1027-CA que se tramitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo que consta de 328 imágenes. -Copia completa del expediente judicial del proceso ordinario en el expediente 21-002647-1027-CA que se tramitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo que consta de 409 imágenes. - Copia completa del expediente judicial 20-000549-0636-PE de la Fiscalía de Coto Brus por usurpación de la Parcela 16 del Asentamiento Sansi que consta de 872 imágenes. -Copia Certificada del Expediente de Revocatoria y Subsecuente nulidad del Título de la Parcela 16 del Asentamiento Sansi que consta de 226 folios - Copia Certificada del Expediente del Trámite de desalojo de la Parcela 16 Asentamiento Sansi que consta de 261 folios (...)". Por todo lo anterior pretende lo siguiente: "(...) 1. Revocar la medida cautelar provisionalísima 2. Acoger la excepciones opuestas. 3. Declarar sin lugar la medida cautelar 4. Establecer que el promovente no demuestra los tres presupuestos para otorgar la medida cautelar. 5. Solicito que se rechace la gestión de plano por cuanto existe un abuso procesal de conformidad con el artículo 4.2 del Código Procesal Civil, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan, por cuanto es la cuarta gestión cautelar ante los Tribunales de Justicia de intentar suspender el desalojo del Dirección3751 . 6. Que se condene en ambas costas a la parte actora así como los intereses legales que se generen y hasta su efectivo pago.(...)".- III) SOBRE EL CASO CONCRETO. La pretensión cautelar de la parte actora, tiene como principal objetivo que se suspenda la disposición administrativa identificada bajo el número INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-1305-2021, del dos de setiembre del 2021, por medio de la cual el Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER), les concedió a las partes aquí gestionantes el plazo de tres días hábiles para que de forma voluntaria salieran de la propiedad, caso contrario se realizaría el día nueve de Setiembre del 2021 a partir de las ocho de la mañana. Recordando, esa ejecución de desalojo fue suspendida por este Tribunal al dictar la resolución de las nueve horas cuarenta minutos del día nueve de Setiembre del año dos mil veintiuno, por la urgencia que para esa fecha presentaba la gestión, que no permitía el conceder la audiencia de ley a la parte contraria y que esta tuviera la oportunidad de referirse a ello, ya que esto requiere de tiempo y era precisamente el tiempo, el que para ese momento se había agotado. Nótese que este Tribunal advirtió que si para esa hora, ya se había materializado el desalojo como lo había dispuesto el Instituto accionado, la medida en carácter de provisionalísima no procedía. Partiendo de lo anterior, es de notar que las partes que gestionan, consideran el acto administrativo de desalojo como un procedimiento nulo, con grave daño patrimonial. Hacen ver que si existe una adjudicación de la propiedad a la Nombre31531 c.c Martha y al señor Nombre27844 , asegurando que es a ellos a quienes les corresponde accionar el desalojo y no al INDER. Hacen ver de la denuncia penal interpuesta por estas personas, la cual se registra bajo el expediente N°20-000549-0636-PE por el delito de usurpación, ante el Ministerio Público de Coto Brus, considerando que si tienen capacidad para denunciar pueden tener capacidad para accionar el desalojo. A criterio de las partes gestionantes, el INDER manipula el acto administrativo, que habiendo una adjudicación a favor de la Nombre31531 c.c Martha y al señor Nombre27844 no la ha enviado al registro, para tener capacidad para accionar el desalojo, por que el expediente penal por usurpación causa número 20-000549-0636-PE, consta la adjudicación a éstas personas de ahí la legitimación para interponer la denuncia. Comentan que el INDER le notifica un desalojo donde se le otorgan tres días para desalojar, y que es respaldado por el oficio INDER-PE-279-202 emitido por la Presidencia, del Instituto de Desarrollo Rural, asegurando que no se le da copia de dicho oficio, por lo que se le deja en indefensión. Asegura que las notificaciones no fueron entregadas personalmente, lo que contraviene la Ley de notificaciones, pese a que están en la propiedad, violando el debido proceso, y creando una actividad procesal defectuosa violando el derecho de defensa. Informan que la pretensión del presente proceso de conocimiento será, que se declare la nulidad de un acto administrativo la intimación de desalojar, por haber sido dictado de forma irregular lo cual viola indiscutiblemente el debido proceso, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, falta de legitimación haber adjudicado el bien inmueble en litis, al haber un proceso judicial pendiente por del delito de usurpación en contra de las mismas partes sobre el mismo bien, con diferente dueño, que son parámetros del control de constitucionalidad y el bloque de legalidad, enfatizando que no se le notificó de forma personal según consta en las actas de notificación. Que la notificación menciona que viene respaldada mediante oficio inder-pe-279-202 emitido por la presidencia, del Instituto de Desarrollo Rural, en el cual no se le entrega nada referente a ese oficio. Enfatizan que la pretensión del presente proceso de conocimiento es que se declare la nulidad de un acto administrativo en el tanto al no notificarse debidamente con las copias de ley y que ademas existe una falta de legitimación en el tanto la parcela ya fue adjudicada a terceras personas; no se le notificaron los documentos que respalden el desalojo lo que le limita a defenderse del presente proceso administrativo. Aunado a lo anterior, es de notar que la parte actora por medio de su escrito presentado en fecha siete de Octubre del año 2021; insisten en que el INDER de pleno conocimiento como lo ha indicado en sus hechos, sabe que los adjudicatarios son los que deben plantear el desalojo y no la Institución y que el INDER tiene pleno conocimiento de un proceso por Usurpación planteado por don Nombre27844 y Nombre31532 . Ahora bien, conforme lo ha anunciado la parte actora su intención o pretensión principal dentro del proceso de conocimiento, estaría encaminada precisamente en la anulación de la disposición administrativa que cuestiona, la cual la ha catalogado como una actuación que las deja en estado de indefensión, se les violenta el derecho de defensa y el debido proceso, creando una actividad procesal defectuosa, y han cuestionado la legitimación del Instituto de Desarrollo Rural, para ordenar el desalojo, considerando que quienes se encuentran legitimados para tal efectos son el señor Nombre27844 y Nombre31532 ; por ser ellos las personas que resultaron adjudicadas de la propiedad de interés en este asunto. Criterio de este Tribunal en cuanto a la APARIENCIA DE BUEN DERECHO: Como se ha podido apreciar, la parte aquí gestionante cuestiona el proceder del Instituto de Desarrollo Rural, en la resolución que dispone el desalojo que cuestiona. Asegura que esa Institución no está legitimada para disponer el desalojo, y más bien consideran que quienes estarían legitimados para plantearlo son las personas a las que se les adjudicó la propiedad. Hace ver que existe un proceso penal, interpuesto por las adjudicatarias del inmueble por el delito de usurpación. Cuestiona el procedimiento que se le ha dado al asunto en sede administrativa que a su criterio, esto será motivo de nulidad en la causa principal. Partiendo de lo anterior, no podría decir este Tribunal que no le asiste derecho a la parte actora en acudir a este sede con el fin de intentar al menos la nulidad de la disposición administrativa que cuestiona que es la que en última instancia fue la que decretó la orden de desalojo del inmueble de su interés. Donde reclama no solo una indefensión por no tener acceso a la totalidad de los documentos, sino y además de ello reclama una nulidad por no notificársele en forma personal, pese a que asegura se encuentra habitando la propiedad y de ahí que asegura que esa disposición de desalojo debe de ser anulada en la causa principal, lo cual sí sería procedente que este Tribunal analice en la causa principal todos y cada uno de los cuestionamientos que ha externado la parte actora en cuanto al proceder administrativo que cuestiona, por lo que sí se configuraría el presupuesto de apariencia de buen derecho, porque se cuestiona el proceder del Instituto demandado, se pretende el analizar y eventualmente anular el desalojo, y si eso es procedente o no, es un asunto de fondo y no cautelar. Ahora bien y pese a lo anterior; de la prueba que se aporta por la propia parte gestionante, para el día de la disposición de desalojo, Instituto de Desarrollo Rural es el propietario registral, y como tal tanto en sede administrativa como ahora judicial, sí tiene esa legitimación que cuestiona las partes gestionantes; por lo que esto deberá ser un tema que deberán analizar en el caso de pretender interponer la demanda principal o de conocimiento; con lo cual se podría entender que la apariencia de buen derecho en este caso como se indicó sí se encuentra presente por el hecho de que existe un acto administrativo cuestionado; como lo es la falta de notificación y entrega de documentación, lo que bien puede ser analizado en esta vía, pero en cuanto a la legitimación que se cuestiona para ordenar el desalojo por parte del propietario registral, es un asunto que debilita totalmente este primer presupuesto cautelar. En los términos indicados, téngase por superado el elemento analizado. Respecto al PELIGRO EN LA DEMORA: En este caso la parte actora ha manifestado no solo su interés en permanecer en la propiedad que habita, sino y además de ello que resulta evidente que hasta el día de hoy sigue habitando esa propiedad, no hay prueba en contrario, y además lo afirmó el propio representante el Instituto de Desarrollo Rural en la contestación a esta gestión, propiamente en el hecho denominado como " EN CUARTO LUGAR:" al indicar que "las personas que ocupan actualmente el terreno no tienen autorización para ocupar el predio 16 del Asentamiento Sansi, por lo que carecen de legitimación para permanecer en un predio que está destinado para los fines de la Ley del Instituto de Desarrollo Rural (...)". Ahora, partiendo de lo anterior, es criterio de este Tribunal que con el solo hecho de tener que desalojar el inmueble de su interés donde habita desde hace bastantes años, genera un daño, lo que resultaría suficiente para tener por superado el elemento analizado. Que pese a que la representación del INDER considera que no existe un daño, aquí se tiene conocimiento; según el propio dicho y prueba de la parte demandada que desde el año 2014 la propiedad se encuentra a nombre del Instituto de Desarrollo Rural; por lo que desde todo este tiempo e incluso anteriormente a ello, esa es y ha sido la propiedad donde habitan las gestionantes, no existe prueba en contrario que haga ver que tienen otro lugar donde vivir, situación que por sí misma genera un daño y de condiciones de gravedad. En esos términos téngase por superado el presupuesto cautelar analizado. Respecto a la PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO Y LA POSIBLE AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO Y DE TERCEROS INTERESADOS: En este apartado el suscrito advierte, que no se estima que se pueda dar una lesión al interés público aquí representado por parte del Instituto de Desarrollo Rural con el hecho de mantener a las partes gestionantes en el inmueble de su interés; ya que la parte actora ha seguido en posesión de aquella propiedad que dicha Institución ha intentado recuperar, sin que al día de hoy la administración haya brindado una prueba contundente que demuestre que la no materialización de su disposición -desalojo- le haya afectado en sus intereses -los propios autos-. Ahora bien, pese a ello, resulta ser que el elemento o requisito en estudio fue estructurado o dividido, donde no solo se analiza la ponderación de intereses en juego y la afectación al interés público; sino y además de ello, la posible afectación a terceros interesados, y es en este punto que el suscrito se debe de detener y ser cauto en el análisis de la situación. En este asunto se ha discutido y cuestionado por parte de quienes gestionan, la forma en que el Instituto demandado ha analizado y resuelto el proceso administrativo que dispuso que la parte actora debía de desalojar el inmueble de su interés, precisamente por no tener un título habilitante que le permitiera el permanecer en el inmueble. Hoy día y de lo que se ha evidenciado, la propiedad forma parte incluso de un proceso penal, donde se discute la posesión del inmueble por parte del señor Nombre27844 y la señora Nombre31532 ; sin embargo no se puede pasar por alto que la posible discusión de titularidad o mejor derecho que se reclamen sobre la propiedad es un asunto distinto a ello, a lo que en realidad es la razón de ser de este proceso, el cual deberá está direccionado a la suspensión de la conducta administrativa cuestionada, y no por ello se deberá desatender que en este caso, una de las partes aquí co demandadas es quien aparece como propietaria registral del inmueble que se pretende desalojar, que si existe o no una usurpación (asunto penal) o si existe legitimación para accionar el desalojo (asunto de legitimación) es una asunto distinto, no propio de ser analizado en una medida cautelar, donde al estar en presencia del análisis de los presupuestos cautelares, el que es objeto de estudio a consideración de quien redacta no se podría tener por acreditado. Al haberse demostrado incluso por la parte actora la titularidad de la propiedad a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, y una adjudicación de la misma al señor Nombre27844 y a la señora Nombre31532 , no podría este Tribunal en este estadio procesal pensar distinto a que es el Instituto de Desarrollo Rural el dueño registral de la propiedad; que como bien lo han informado las propias partes gestionantes, el señor Nombre27844 y a la señora Nombre31532 son las personas a quienes el institución demandado les adjudicó la propiedad de interés. Como se indicó en la medida cautelar que se tomó de forma provisional, lo que se analizó fue únicamente la urgencia; la cual se condicionó incluso a que no se hubiera materializado el desalojo; pero después de ello, al día de hoy se tiene un panorama aún más claro, y es que aún para hoy día en que se dicta esta resolución de fondo, la parte actora no ha acreditado tener un título habilitante que le permita seguir en posesión de la propiedad de su interés -los propios autos-. En este apartado no queda más que analizar y ponderar los intereses de las partes que se encuentran involucradas en la gestión cautelar y en ese sentido, de la prueba que se ha hecho llegar al proceso y de los acontecimientos evidenciados a lo largo del asunto, se determina que el derecho al menos cautelar se encuentra en la titularidad del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, o porque no, de aquellas personas llamadas al proceso en calidad de litis consortes pasivas necesarias, que resultaron adjudicadas de la propiedad; y a quienes en conjunto con el Instituto co demandado se les debe de brindar una protección al amparo del numeral 45 de la Constitución Política, precisamente por el título inscrito a su nombre. Estamos ante una situación que debe de ser tutelada por este Tribunal, siendo que el cuestionamiento a la adquisición de ese bien inmueble que hace la parte actora; o la falta de notificación del procedimiento administrativo, es un asunto totalmente revisable en esta sede; pero es un asunto que se deberá discutir y obtener en sentencia. Si se quiere tutelar o minimizar una posible afectación a terceras personas como lo establece el presupuesto o elemento analizado, estima el suscrito procedente y conveniente no tener por superado este elemento; lo que da como resultado el tener que rechazar la medida cautelar, por cuanto para la procedencia de la misma se requiere que todos y cada uno de ellos estén presentes. La balanza en esta ocasión se inclina por tutelar los derechos del Instituto de Desarrollo Rural; así como el derecho del señor Nombre27844 y a la señora Nombre31532 ; por lo que si la parte actora decide interponer el proceso de conocimiento, no podría perder de vista que en esta Jurisdicción se analizaría únicamente la legalidad o nulidad de la conducta administrativa que dispuso el desalojo administrativo que cuestiona. (en apoyo de la anterior determinación, ver voto N° 266-2021 emitido la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al ser las once horas treinta y seis minutos del veintidós de Julio del año dos mil veintiuno). Siendo así, se rechaza la medida cautelar gestionada por Nombre27842 y Nombre31530 . En consecuencia lógica de esta disposición, se ordena el levantar la medida cautelar concedida por medio de la resolución dictada al ser las nueve horas cuarenta minutos del día nueve de Setiembre del año dos mil veintiuno.- IV) COSTAS: La representación del Instituto de Desarrollo Rural, ha formulado como una de sus pretensiones la condenatoria en costas a cargo de la parte gestionante. En este asunto, es criterio del suscrito juzgador que se debe de dictar la presente determinación sin especial condenatoria en costas. En la forma que acontecieron los hechos en sede administrativa, le dio la oportunidad a las partes gestionantes de acudir a esta sede jurisdiccional, con el fin de discutir sobre lo que considera es su derecho, al punto que de forma provisional se acogió en carácter de provisionalísima la gestión. Aunado a ello, en tema de costas en este tipo de gestiones, existen varios pronunciamientos del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que hasta tanto no se tenga una dirección en un sentido distinto, este Tribunal considera que se debe de emitir el anterior pronunciamiento sin condenatoria en costas, precisamente por el tipo de procesos. (ver entre otras la RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección01 , a las trece horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil once).- POR TANTO Se declara SIN LUGAR la medida cautelar anticipada solicitada por Nombre27842 y Nombre31530 en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Nombre27844 y de la Nombre31531 . En consecuencia lógica de esta disposición, se ordena el levantar la medida cautelar concedida por medio de la resolución dictada al ser las nueve horas cuarenta minutos del día nueve de Setiembre del año dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Juez. *F4014O7LYIK61* F4014O7LYIK61 RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:53:34. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT
Goicoechea, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado
Telephone: 2545-0107 (EXT 01-2707) or 2545-0099 (EXT 01-2599).
Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email ...01
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FILE: 21-005648-1027-CA
PROCEEDING: PRELIMINARY INJUNCTION BEFORE FILING SUIT (MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM)
PROMOTED BY: Nombre27842 and Nombre31530
Nombre31530
DEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Nombre27844 AND Nombre31531
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N°414-2022
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY PROCEDURAL COURT OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ - ANNEX A - Goicoechea, at fifteen hours fifty minutes on the thirteenth of July, two thousand twenty-two.-
A PRELIMINARY INJUNCTION BEFORE FILING SUIT (MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM) filed by Nombre27842 and Nombre31530 against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Nombre27844 and Nombre31531 is heard.-
WHEREAS:
I) That on the eighth of September, two thousand twenty-one, the petitioners filed a preliminary injunction before filing suit (medida cautelar ante causam) against official communication INDER-GG-DRT-OCTB-1305-2021, which is supported by official communication INDER-PE-279-202 issued by the Presidency of the Instituto de Desarrollo Rural, ordering the eviction of the parcel located at Dirección3750, granting the occupants of that parcel a period of three business days to vacate it voluntarily. (see filing submitted on 09/08/2021).-
II) This Court, by means of the resolution issued at nine hours forty minutes on the ninth of September, two thousand twenty-one -among other things- granted the petition on an interim provisional (provisionalísima) basis, ordering, with respect to the matter at hand, the following: "(...) The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) is hereby ordered, and only in the event that the eviction has not been carried out, to immediately suspend the effects of the official communication identified as INDER.GGDRT-RDBR-OTCB-1305-2021, in which the parties were granted a period of THREE BUSINESS DAYS for the voluntary eviction of the parcel identified as Dirección3750. The foregoing until this Court has more elements of judgment to definitively resolve on the appropriateness of this precautionary measure; therefore, the parties involved in this matter must take into consideration the provisional nature of the same. Now, they must also take into consideration that the only thing being assessed at this procedural stage is the urgency (Article 23 and 25 of the Código Procesal Contencioso Administrativo); therefore, it should not be overlooked that the other elements for the appropriateness of the precautionary measure will be analyzed subsequently, so the provision adopted here has the particularity of being INTERIM PROVISIONAL (PROVISIONALÍSIMA), which could be maintained, modified, or suppressed when the merits of the appropriateness of this precautionary measure are heard (...)". (see resolution of 09/09/2021)
III) That by means of the filing dated the thirtieth of September, two thousand twenty-one, the representation of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) responded negatively to this precautionary petition. It reported the filing of other matters under conditions equal to the one being heard today, and filed the exception of joinder to the Litis (integración a la Litis) with respect to Mr. Nombre27844 and Mrs. Nombre31531, regarding which this Court granted a hearing to the petitioning parties so that they could state their position (see filing dated 09/30/2021 and resolution issued that same day).-
IV) By means of the filing submitted on the seventh of October of the current year, the petitioning parties stated their position regarding the hearing granted on the occasion of the joinder to the Litis (integración a la Litis), stating the following: "(...)
Regarding joining Mr. Nombre27844 and Mrs. Nombre31532 to the litis, INDER is not correct insofar as They themselves are exercising that right in the Judicial File before the Public Prosecutor's Office, because they have standing (legitimación) for having been granted said property by INDER, and furthermore, they have not carried out administrative eviction acts before INDER against my represented parties, because they are fully aware that they are exercising their right at the judicial level.(...)". (see filing submitted on 10/07/2021).-
V) By means of the resolution identified under number 656-2021, issued at fourteen hours fifty minutes on the eleventh of October, two thousand twenty-one, this Court ordered the joinder to the Litis of Mr. Nombre27844 and Mrs. Nombre31532 (see resolution N°656-2021).-
VI) Despite the fact that this Court duly notified Mr. Nombre27844 and Mrs. Nombre31532, they did not state their position in this regard (see proof of notification added to the electronic file).
VII) The provisions of law have been observed in the proceedings, and no defects or omissions that could cause defenselessness (indefensión) to the parties or future nullities are noted.-
WHEREAS:
I) ARGUMENTS OF Nombre27842 AND Nombre31530: For what is of interest in resolving this precautionary measure, they argue that Nombre31533, in her capacity as general unlimited attorney-in-fact (apoderada generalísima) for her Father, Mr. William Carmona Loría, ID number CED25731, to whom farm number 06-139168.001 and 002 was assigned, now Placa5439, property of INDER, they assert that due to a flawed process, which will be filed in the coming days, resulting from a procedure they consider absolutely null and void carried out against them, with serious pecuniary damage (daño patrimonial). They add that the property was assigned to Mr. Nombre31531, C.C MARTHA ID number CED22044 and to Mr. Nombre27844, CED25732. They point out that they filed a complaint against them and their common-law partner, through judicial file for usurpation case number 20-000549-0636-PE, before the Public Prosecutor's Office of Coto Brus, in which the complaint mentions they are the owners. They consider that if there is an adjudication (adjudicación), it corresponds to the adjudicatees of the farm in litis 06-138168-000 in favor of Nombre31531, C.C MARTHA ID CED22044 AND Nombre27844, CED25732, to file the eviction action and not INDER, affirming that if they have the capacity to file a complaint, they can have the capacity to file the eviction action, but not INDER, since once the real estate is adjudicated, it is no longer INDER's responsibility to evict, according to the principle of legality. In their opinion, what is happening is that INDER is manipulating the administrative act, and that having an adjudication in their favor, it has not sent it to the registry, in order to have the capacity to file the eviction action, because in the criminal file for usurpation case number 20-000549-0636-PE, the adjudication to these persons is on record, hence the standing (legitimación) to file the complaint. They argue that INDER notifies them of an eviction granting three days, which is supported by official communication INDER-PE-279-202 issued by the Presidency of the Instituto de Desarrollo Rural, but they assert that they were not given a copy of said communication, thereby leaving them defenseless (indefensión). They assert that the notifications were not delivered personally, which contravenes the Law of Notifications, even though they are on the property, violating due process, and creating a defective procedural activity violating the right of defense. Regarding the Danger of Delay (Peligro en la Demora), they state that if the effects of the cited agreement are not suspended, the damage produced will be even greater to the estate (patrimonio) of their father, whom they represent by means of a general unlimited power of attorney (poder generalísimo) for all acts, asserting that upon being left out of all possession, and INDER bringing in third parties, they will have to continue covering legal advisory expenses to exercise their defense; that upon evicting the possession mediately exercised by their father, and which their mother had been exercising immediately, not only to recover their father's possession, due to an eviction under an administrative proceeding they affirm is absolutely null and void, and the project ceases and the expenses incurred for having preserved it since the delivery by IDA, now INDER, of the property title, and restoring possession would mean litigating not only against INDER's administrative act against their father but also against third parties to evict them, but also the possible liquidation of improvements (mejoras) and retention of the land until their effective payment. They consider that it is from this point of view that there is a real damage they suffer, and in the event that the suspension of the agreement, which they consider clearly illegal, is not ordered, this damage continues to increase day by day. They emphasize that the eviction filed by INDER and the complaint for usurpation by the new adjudicatees, concerning the same property against the same persons, the process is at the jurisdictional level, affirming that it is not INDER that has the power to evict but rather the new adjudicatees, informing that in the judicial process they are being defended against the alleged usurpation and are now filing an action against INDER in this venue for lacking standing (legitimación). They comment that the area where the parcel is located has suffered significant deforestation and their objective is to conserve the farm to stop climate change, regarding global warming, where INDER believes that only planting is the solution without observing that the aquifers, the ecosystem, and land erosion must be conserved; it has a worldview of planting and not conserving. They inform that they have several debts acquired since, as a member of the family nucleus, their father and they have invested money for said property to be conserved, such as boundary cleaning, clearing, fumigation with organic products. That while the Contencioso Court is the appropriate judicial avenue to elucidate the future ordinary proceeding, it is also true that, while a judgment in favor of their father is reached, many months may have elapsed, having to endure irreparable damage and harm that would grow day by day; they are already trying to file and due to a judicial branch matter it was dismissed, but they are already registering the necessary powers of attorney (poderes) before the registry for that purpose. Regarding the Appearance of Good Right (Apariencia de Buen Derecho), they state that there is express regulation ordering that administrative acts must be duly reasoned, under penalty of nullity (Article 136 of the Ley General de la Administración Pública); there is also sub-legal regulation, such as the guidelines issued by INDER, which have been fully complied with, the principles of proportionality, reasonableness, and there is also constitutional jurisprudence regarding the guarantees of due process, for which they consider that this action is neither reckless nor lacking in seriousness; which shows that they have ample arguments to file the ordinary proceeding in the contentious-administrative venue, however, they assert that in order to be able to do so, they need to rely on their work to assume the costs of this process and obviously the maintenance of their family. Regarding the Balancing of Interests at Stake (Ponderación de los Intereses en Juego); they state the following: "(...) In accordance with the provisions of Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo: "To grant or deny any precautionary measure, the respective court or judge must especially consider the principle of proportionality, weighing the potential harm to the public interest, the damages and injuries caused to third parties by the measure, as well as the instrumental and provisional nature, so that the substantive operation of the entity is not affected, nor is the legal situation of third parties seriously affected...". They consider that in this specific case, it is of vital importance to carry out an analysis of the interests at stake presented, that is; on one hand, there is an administrative act lacking reasoning, dictated in a flagrantly illegal manner, violating the rules of proportionality and reasonableness reinforced by constitutional jurisprudence. They also affirm that the filing of any precautionary measure in no way affects the Public Interest or third parties, insofar as the suspension of the administrative act does not imply the violation of INDER's provisions because, as demonstrated, the farm is still in INDER's name through the absolutely null and void act, that is, it has not been transferred to a third party, thereby considering that there is no affectation to the defendant. Within their evidentiary material in support of their petition, they provide the following, which is transcribed literally below: "(...) Documentary: (i) Copy of the administrative act, official communication INDER-GG-DRT-OCTB-1305-2021. (ii) scanned copies of the judicial file case number 20-000549-0636-PE. (iii) literal certification of farm 06-139168-000. (iiii) Special Judicial Power of Attorney (Poder Especial Judicial).(...)".-
II) ARGUMENTS OF THE REPRESENTATION OF THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL: Of interest for resolving this matter, it has stated its opposition to this precautionary measure. Firstly, it requested the revocation of the precautionary measure, considering that Mr. Nombre27844 and Mrs. Nombre31531 should be previously joined to the process, as they are the ones who were declared suitable and assigned to Dirección3282 by means of the Board of Directors agreement, Article 26, ordinary session 15, held on April 13, 2020, affirming that any decision made on the intended precautionary measure will directly affect their interests. The defendant representation finds it important to point out that Parcel 16 of the Sansi Settlement was previously adjudicated to Mr. William Carmona Loría, ID CED25731, and Mrs. María Estela Vidal Retana, ID CED25733; however, said adjudication was revoked through file DRB-OSCB-2011000002, in which the revocation and subsequent nullity of the property title was processed, resulting in the property reverting to the Institution, where no type of useful or necessary improvements (mejora) existed. It informs that this parcel 16 of the Sansi Settlement has been registered back to the Institution since June 10, 2014, as stated in the literal certification of the Puntarenas farm, real folio 139168-000, and now, after more than six years, they intend to allege nullities of the file where the revocation and nullity of the title were processed, therefore it is evident to it that any potential judicial action would be inadmissible because it would be fully expired (caduca) in accordance with Article 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo; therefore, it is requested that the interim provisional (provisionalísima) precautionary measure be revoked. Regarding the Appearance of Good Right (Apariencia de Buen Derecho), it states that the indispensable requirement of appearance is not met, pointing out that parcel 16 of the Sansi Settlement has been in INDER's name since June 10, 2014, as stated in the literal certification of the Puntarenas farm, real folio 139168-000, and now after six years, they intend to allege nullities of the file that processed the revocation and nullity of the title. Where even, such revocation and nullity of the title was confirmed by the Agrarian Court (Tribunal Agrario) in ruling number 1171-F-13 at 16:21hrs on December 18, 2013. The representation of the defendant Institute finds it important to indicate that currently Mr. Nombre27844, ID CED22043, and Nombre31531, ID CED22044, were declared suitable and assigned to Dirección3282 by means of the Board of Directors agreement, Article 26, ordinary session 15, held on April 13, 2020. It asserts that the affectation is being suffered by the family composed of Mr. Nombre27844 and Nombre31531, who are the assignees of the cited parcel number 16, asserting that with the invasion of the occupants on the land, they were left without a source of work and means to produce their food; likewise, they were left without the possibility of building their home on the property and being able to harvest the crops they had planted on the land; therefore, now without work and a place to live, they must rent a house in the Settlement while the revocation of the interim provisional measure (medida provisionalísima) is resolved. It points out that the Office of Territorial Development of Coto Brus proceeded with the intimations (intimaciones) -among others- in official communications INDER-DRT-RDBR-OTCB-1802-2020; INDER-DRT-RDBR-OTCB-1806-2020; INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-618-2021; INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-0761-2021 and Placa5440, because only persons duly authorized by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural may remain on the land, and the occupants do not have authorization to remain at Dirección3751. In essence, it is the same eviction suspension petition that was heard in the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the II Judicial Circuit of the Southern Zone (Corredores), in file 20-000187-0419-AG, in final judgment 30-2021 at 16:25hrs on February 25, 2021, and in the judicial process that was processed before the Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, in file 20-005130-1027-CA, in final judgment 21-2020 at 16:35hrs on January 14, 2021, in which both had decided to declare the precautionary measure without merit. It points out that INDER's lands have a public utility purpose that is legally defined to provide land to suitable peasants, such that, being in the presence of property belonging to the public domain, they cannot be subject to occupation. It emphasizes that the occupants do not have authorization to remain on property 16 of the Sansi Settlement, so they lack standing (legitimación) to occupy a property that is destined for the purposes of the Law of the Instituto de Desarrollo Rural. Regarding the Danger of Delay (Peligro en la Demora), it states that the plaintiff does not clearly demonstrate the inconveniences that arise, because parcel 16 of the Sansi Settlement has been in INDER's name since June 10, 2014, as stated in the literal certification of the Puntarenas farm, real folio 139168-000. Now after six years, they intend to allege nullities of the file that processed the revocation and nullity of the title. Where even, such revocation and nullity of the title was confirmed by the Agrarian Court (Tribunal Agrario) in ruling number 1171-F-13 at 16:21hrs on December 18, 2013. It finds it important to indicate that currently Mr. Nombre27844, ID CED22043, and Nombre31531, ID CED22044, were declared suitable and assigned to parcel 16 of the Sansi Settlement by means of the Board of Directors agreement, Article 26, ordinary session 15, held on April 13, 2020, asserting that the affectation is being suffered by the family composed of Mr. Nombre27844 and Nombre31531, who are the assignees of parcel number 16 of the Sansi Settlement, since with the invasion of the occupants on the land, they were left without a source of work and means to produce their food; likewise, they were left without the possibility of building their home on the property and being able to harvest the crops they had planted on the land; therefore, now without work and a place to live, they must rent a house in the Settlement while the revocation of the interim provisional measure (medida provisionalísima) is resolved. It points out that the petitioning parties do not provide any proof of the existence of the alleged damage, and that the doctrine and our jurisprudence are in agreement on the obligation of the petitioner, when requesting this type of measure, to effectively demonstrate the alleged serious damages or those of difficult reparation. Regarding the Balancing of Interests at Stake (Ponderación de los Intereses en Juego), it indicates that what the Instituto de Desarrollo Rural carried out by conducting the nullity process of the property title, thereby safeguarding the public interest as a result of the procedure in supervising compliance with the obligations corresponding to the assignee regarding the properties that the Institution has granted, was that the revocation of the Land Assignment contract and eventually the nullity of the property title were appropriate, so that the land ownership was re-registered in the Institution's estate (patrimonio) and thus continue fulfilling the purposes of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización). It is for this reason that currently Mr. Nombre27844, ID CED22043, and Nombre31531, ID CED22044, were declared suitable and assigned to parcel 16 of the Sansi Settlement by means of the Board of Directors agreement, Article 26, ordinary session 15, held on April 13, 2020. It emphasizes that the affectation is being suffered by the family composed of Mr. Nombre27844, ID CED22043, and Nombre31531, ID CED22044, who are the assignees of parcel number 16 of the Sansi Settlement, since with the invasion of the occupants on the land, they were left without a source of work and means to produce their food; likewise, they were left without the possibility of building their home on the property and being able to harvest the crops they had planted on the land; therefore, now without work and a place to live, they must rent a house in the Settlement while the revocation of the interim provisional measure (medida provisionalísima) is resolved. It emphasizes that the occupants do not have authorization to remain on property 16 of the Sansi Settlement, so they lack standing (legitimación) to occupy a property that is destined for the purposes of the Law of the Instituto de Desarrollo Rural. Within its evidentiary material in support of its opposition to the precautionary petition, it provides the following, which is transcribed literally below: "(...) 1) Special Judicial Power of Attorney (Poder Especial Judicial) 2) Legal Capacity (Personería Jurídica) 3) Literal certification recorded in the records of Puntarenas farm 139168-000, which has been in the name of the Instituto de Desarrollo Rural since June 10, 2014 4) Official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-1356-2021 of September 9, 2021, and its annexes. 5) Official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-0834-2021 of May 26, 2021, and its annexes. 6) Article 41, Ordinary Session 035-2012, held on September 24, 2012, of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural 7) Ruling number 1171-F-13 at 16:21hrs on December 18, 2013, of the Agrarian Court (Tribunal Agrario), in which the revocation and nullity of the title for Dirección3282 is confirmed. 8) Judgment of the Tribunal Contencioso Administrativo No. 21-2020, which is final, at 16:35hrs on January 14, 2021, had already decided to declare the precautionary measure without merit in file 20-005130-1027-CA. 9) Digital copy of the complaint for the precautionary measure in file 20-000187-0419-AG 10) Judgment of the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the II Judicial Circuit of the Southern Zone (Corredores) 30-2021, which is final, at 16:25hrs on February 25, 2021, which had also decided to declare the precautionary measure without merit in file 20-000187-0419-AG. 11) Order (auto) 054-2021 at 14:09hrs from the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the II Judicial Circuit of the Southern Zone (Corredores) ordering the archiving of file 20-000187-0419-AG 12) Filing by the Prosecutor's Office before the Agrarian Court (Juzgado Agrario) under criminal case 20-000549-0636-PE 13) Judgment 757-2021-T at eight hours twenty minutes on June 4, 2021, processed before the Tribunal Contencioso Administrativo, in file number 21-002647-1027-CA. 14) Ruling number 325-2021-II at nine hours forty-eight minutes on the twenty-fifth of August, two thousand twenty-one, in which the rejection of the precautionary measure was confirmed by the Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones) in file number 21-002647-1027-CA 15) The following documents are provided on DVD: - Complete copy of the judicial file of the agrarian process in file 20-000187-0419-AG processed before the Agrarian Court (Juzgado Agrario) of the II Judicial Circuit of the Southern Zone (Corredores), consisting of 172 images. - Complete copy of the judicial file of the precautionary measure in file 20-005130-1027-CA processed before the Tribunal Contencioso Administrativo, consisting of 168 images. - Complete copy of the judicial file of the precautionary measure in file 21-002647-1027-CA processed before the Tribunal Contencioso Administrativo, consisting of 328 images. - Complete copy of the judicial file of the ordinary proceeding in file 21-002647-1027-CA processed before the Tribunal Contencioso Administrativo, consisting of 409 images. - Complete copy of the judicial file 20-000549-0636-PE from the Prosecutor's Office of Coto Brus for usurpation of Parcel 16 of the Sansi Settlement, consisting of 872 images. - Certified Copy of the File for Revocation and Subsequent Nullity of the Title for Parcel 16 of the Sansi Settlement, consisting of 226 folios - Certified Copy of the File for the Eviction Processing of Parcel 16 Sansi Settlement, consisting of 261 folios (...)". For all the above, it seeks the following: "(...) 1. Revoke the interim provisional (provisionalísima) precautionary measure 2. Grant the opposed exceptions. 3. Declare the precautionary measure without merit 4. Establish that the petitioner does not demonstrate the three requirements for granting the precautionary measure. 5. I request that the petition be rejected outright as there is a procedural abuse in accordance with Article 4.2 of the Código Procesal Civil, without prejudice to the corresponding disciplinary, criminal, and civil responsibilities, as this is the fourth precautionary petition before the Courts of Justice attempting to suspend the eviction from Dirección3751. 6. That the plaintiff be ordered to pay costs (costas) in both instances as well as the legal interest generated and until its effective payment.(...)".-
III) REGARDING THE SPECIFIC CASE. The main objective of the plaintiff's precautionary claim is to suspend the administrative provision identified under number INDER-GG-DRT-RDBR-OTCB-1305-2021, of September 2, 2021, by means of which the Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter INDER) granted the petitioning parties here a period of three business days to voluntarily leave the property, otherwise, it would be carried out on September 9, 2021, starting at eight in the morning. Recalling that this execution of eviction was suspended by this Court when issuing the resolution at nine hours forty minutes on the ninth of September, two thousand twenty-one, due to the urgency that the petition presented on that date, which did not allow granting the legal hearing to the opposing party and giving it the opportunity to refer to the matter, as this requires time and it was precisely the time that had run out at that moment. Note that this Court warned that if by that hour the eviction had already been carried out, as ordered by the respondent Institute, the measure on an interim provisional (provisionalísima) basis would not be applicable. Based on the foregoing, it is noticeable that the petitioning parties consider the administrative eviction act to be a null procedure, with serious pecuniary damage (daño patrimonial). They point out that there is an adjudication (adjudicación) of the property to Nombre31531 c.c Martha and to Mr. Nombre27844, asserting that it is they who are responsible for filing the eviction action and not INDER. They point out the criminal complaint filed by these persons, which is registered under file No. 20-000549-0636-PE for the crime of usurpation, before the Public Prosecutor's Office of Coto Brus, considering that if they have the capacity to file a complaint they can have the capacity to file the eviction action. In the opinion of the petitioning parties, INDER manipulates the administrative act, and that having an adjudication in favor of Nombre31531 c.c Martha and Mr. Nombre27844, it has not sent it to the registry, in order to have the capacity to file the eviction action, because the criminal file for usurpation case number 20-000549-0636-PE records the adjudication to these persons, hence the standing (legitimación) to file the complaint. They comment that INDER notifies them of an eviction granting three days to vacate, which is supported by official communication INDER-PE-279-202 issued by the Presidency of the Instituto de Desarrollo Rural, asserting that they were not given a copy of said communication, therefore they are left defenseless (indefensión). They assert that the notifications were not delivered personally, which contravenes the Law of Notifications, even though they are on the property, violating due process, and creating a defective procedural activity violating the right of defense.
They state that the claim (pretensión) in this plenary proceeding (proceso de conocimiento) will seek a declaration of nullity of an administrative act—the notice to vacate (intimación de desalojar)—because it was issued irregularly, which indisputably violates due process, the principle of proportionality and reasonableness, and lack of standing to have adjudicated the property (bien inmueble) in dispute, given that there is a pending judicial proceeding for the crime of usurpation (usurpación) against the same parties regarding the same property, with a different owner, these being parameters of constitutionality review and the legality framework, emphasizing that they were not notified personally as recorded in the notification records. That the notification mentions it is supported by official communication inder-pe-279-202 issued by the presidency of the Instituto de Desarrollo Rural, in which nothing relating to that communication is delivered to them. They emphasize that the claim in this plenary proceeding is that the nullity of an administrative act be declared insofar as they were not duly notified with the legal copies and, additionally, there is a lack of standing because the parcel was already adjudicated to third parties; they were not notified of the documents supporting the eviction (desalojo), which limits their ability to defend themselves in this administrative proceeding. Added to the foregoing, it should be noted that the plaintiff (parte actora), through their brief filed on October 7, 2021, insists that INDER, with full knowledge—as it has stated in its facts—knows that the adjudicatees are the ones who must bring the eviction action and not the institution, and that INDER is fully aware of a proceeding for usurpation brought by Mr. Nombre27844 and Ms. Nombre31532. Now, as the plaintiffs have indicated, their main intention or claim within the plenary proceeding would be directed precisely at annulling the administrative provision they challenge, which they have categorized as an action that leaves them defenseless, violates their right of defense and due process, creating a defective procedural activity, and they have challenged the standing of the Instituto de Desarrollo Rural to order the eviction, considering that those who are legitimized for such purposes are Mr. Nombre27844 and Ms. Nombre31532, as they are the persons to whom the property of interest in this matter was adjudicated.
This Court's criterion regarding APPEARANCE OF GOOD RIGHT (APARIENCIA DE BUEN DERECHO): As can be appreciated, the moving party here challenges the conduct of the Instituto de Desarrollo Rural in the resolution ordering the eviction they challenge. They assert that this Institution lacks standing to order the eviction, and instead they consider that those who would be legitimized to bring it are the persons to whom the property was adjudicated. They point out that there is a criminal proceeding, brought by the adjudicatees of the property, for the crime of usurpation. They challenge the procedure followed in the administrative venue which, in their view, will be grounds for nullity in the main cause. Based on the foregoing, this Court cannot say that the plaintiffs lack a right to come to this venue in order to at least seek the nullity of the administrative provision they challenge, which is the one that ultimately decreed the order to vacate the property of their interest. They allege not only defenselessness from lack of access to all the documents, but also allege nullity for not being notified personally, even though they assert they are inhabiting the property and, hence, they assert that this eviction provision must be annulled in the main cause, which would indeed be proper for this Court to examine all and each of the objections the plaintiffs have raised regarding the administrative conduct they challenge in the main cause, thus the requirement of appearance of good right would be met, because the conduct of the defendant Institute is challenged, the analysis and eventual annulment of the eviction is sought, and whether that is proper or not is a matter for the merits and not a precautionary one. Now, despite the foregoing, from the evidence provided by the moving party themselves, as of the date of the eviction provision, the Instituto de Desarrollo Rural is the registered owner (propietario registral), and as such, both in the administrative venue and now judicially, it does have the standing that the moving parties challenge; therefore, this should be an issue they must analyze in the event they intend to file the main or plenary complaint, by which it could be understood that the appearance of good right in this case, as indicated, is indeed present because there is a challenged administrative act, such as the lack of notification and delivery of documentation, which can certainly be analyzed in this venue, but with respect to the standing to order an eviction on the part of the registered owner that is challenged, this is a matter that completely weakens this first precautionary requirement. In the terms indicated, the analyzed element is deemed overcome.
Regarding DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA): In this case, the plaintiffs have stated not only their interest in remaining on the property they inhabit, but also that it is evident that to this day they continue to inhabit that property; there is no evidence to the contrary, and moreover the representative of the Instituto de Desarrollo Rural himself affirmed it in the response to this action, specifically in the fact labeled "FOURTHLY:" by indicating that "the persons currently occupying the land have no authorization to occupy lot 16 of the Sansi Settlement (Asentamiento Sansi), so they lack standing to remain on a lot that is intended for the purposes of the Law of the Instituto de Desarrollo Rural (...)." Now, based on the foregoing, it is the criterion of this Court that the mere fact of having to vacate the property of their interest where they have lived for many years generates harm, which would be sufficient to deem the analyzed element overcome. That even though the representation of INDER considers that no harm exists, it is known here—according to the defendant's own statement and evidence—that since 2014 the property has been in the name of the Instituto de Desarrollo Rural; therefore, for all this time and even before that, this has been and continues to be the property where the moving parties live, and there is no evidence to the contrary showing they have another place to live, a situation that in itself generates harm of a serious nature. In those terms, the analyzed precautionary requirement is deemed overcome.
Regarding BALANCING OF INTERESTS AT STAKE AND THE POTENTIAL IMPACT ON PUBLIC INTEREST AND THIRD INTERESTED PARTIES: In this section, the undersigned notes that it is not considered that an injury can occur to the public interest here represented by the Instituto de Desarrollo Rural by keeping the moving parties on the property of their interest, since the plaintiffs have remained in possession of that property that said Institution has sought to recover, without the administration having, to date, provided compelling evidence demonstrating that the non-materialization of its provision—eviction—has affected its interests—the case record itself. Now, despite this, it turns out that the element or requirement under study was structured or divided so that not only the balancing of interests at stake and the impact on public interest are analyzed, but also the potential impact on third interested parties, and it is at this point that the undersigned must pause and be cautious in analyzing the situation. In this matter, the manner in which the defendant Institute has analyzed and resolved the administrative proceeding that ordered the plaintiffs to vacate the property of their interest has been discussed and challenged by the moving parties, precisely because they lack an enabling title (título habilitante) allowing them to remain on the property. Today, and from what has been shown, the property is even part of a criminal proceeding in which possession of the property is disputed between Mr. Nombre27844 and Ms. Nombre31532; however, one cannot overlook that the potential discussion of title or better right claimed over the property is a matter distinct from what is actually the reason for this proceeding, which should be directed at the suspension of the challenged administrative conduct, and it should not be ignored that in this case, one of the co-defendants here is the party who appears as the registered owner of the property sought to be evicted; whether or not usurpation exists (criminal matter) or whether there is standing to bring the eviction action (matter of standing) is a distinct matter, not appropriate to be analyzed in a precautionary measure, where, when analyzing the precautionary requirements, the one under study, in the opinion of the drafter, cannot be deemed satisfied. Having demonstrated—even by the plaintiff—ownership of the property in the name of the Instituto de Desarrollo Rural, and an adjudication thereof to Mr. Nombre27844 and Ms. Nombre31532, this Court could not, at this procedural stage, think otherwise than that the Instituto de Desarrollo Rural is the registered owner of the property; that, as the moving parties themselves have reported, Mr. Nombre27844 and Ms. Nombre31532 are the persons to whom the defendant institution adjudicated the property of interest. As indicated in the precautionary measure that was taken provisionally, only urgency was analyzed, which was even conditioned on the eviction not having materialized; but thereafter, to date, an even clearer picture exists: even today, when this final substantive resolution is issued, the plaintiffs have not proven they possess an enabling title allowing them to remain in possession of the property of their interest—the case record itself. In this section, there is no choice but to analyze and balance the interests of the parties involved in the precautionary action, and accordingly, from the evidence brought to the proceeding and the events shown throughout the matter, it is determined that the right, at least for precautionary purposes, lies in the ownership of the property registered in the Public Registry of Property under the name of the Instituto de Desarrollo Rural, or, failing that, in those persons joined to the proceeding as necessary passive co-defendants (litis consortes pasivas necesarias), who were adjudicated the property, and who, together with the co-defendant Institute, must be granted protection under Article 45 of the Political Constitution, precisely because of the title registered in their name. We are faced with a situation that must be protected by this Court, given that the challenge to the acquisition of that property made by the plaintiffs, or the lack of notification of the administrative proceeding, is a matter fully reviewable in this venue, but it is a matter that must be discussed and obtained in a judgment. If one wishes to protect or minimize a potential impact on third persons, as established by the requirement or element analyzed, the undersigned considers it appropriate and advisable not to deem this element overcome, which results in the precautionary measure being denied, because for its grant, each and every one of them must be present. The balance on this occasion tips in favor of protecting the rights of the Instituto de Desarrollo Rural, as well as the right of Mr. Nombre27844 and Ms. Nombre31532; therefore, if the plaintiffs decide to file the plenary proceeding, they cannot lose sight of the fact that this Jurisdiction would only analyze the legality or nullity of the administrative conduct that ordered the administrative eviction they challenge. (In support of the foregoing determination, see vote No. 266-2021 issued by Section One of the Administrative and Civil Hacienda Appeals Court, at eleven hours thirty-six minutes on July 22, 2021). Thus, the precautionary measure requested by Nombre27842 and Nombre31530 is denied. As a logical consequence of this provision, the lifting of the precautionary measure granted by the resolution issued at nine hours forty minutes on September 9, 2021, is ordered.
IV) COSTS (COSTAS): The representation of the Instituto de Desarrollo Rural has requested, as one of its claims, an award of costs against the moving party. In this matter, it is the criterion of the undersigned adjudicator that this determination should be issued without a special award of costs. The manner in which the events occurred in the administrative venue gave the moving parties the opportunity to come to this judicial venue in order to discuss what they consider their right, to the point that the action was provisionally granted on a provisionalísima basis. In addition, on the issue of costs in this type of actions, there are several pronouncements of the Administrative Contentious Appeals Court, and until there is guidance to the contrary, this Court considers that the foregoing pronouncement should be issued without an award of costs, precisely because of the type of proceeding. (See, among others, RESOLUTION 009-TA-11, 010-TA-11. JUDGMENT No. 90-2011 bis ADMINISTRATIVE AND CIVIL HACIENDA APPEALS COURT. Annex A of the Second Judicial Circuit of San José, Dirección01, at thirteen hours thirty minutes on March 16, 2011).
POR TANTO
The anticipatory precautionary measure requested by Nombre27842 and Nombre31530 against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Nombre27844, and Nombre31531 is declared WITHOUT MERIT. As a logical consequence of this provision, the lifting of the precautionary measure granted by the resolution issued at nine hours forty minutes on September 9, 2021, is ordered. NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Judge.