Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se declara la nulidad absoluta de las matrículas del Partido de Guanacaste números 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 y 157420, sus gravámenes y sus planos (...) por abarcar bienes demaniales. (...) La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo. (...) Es claro que si se aplicara en forma aislada ese artículo y no existiera más normativa referentes a los manglares podría llegarse a la conclusión errada que realizan las partes demandadas, pero haciéndose una integración de normas, en los artículos 9, 10, 11, 22, 39 y 61 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, artículos 2 y 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 69 de la Ley de Aguas, artículo 1 de la Ley Forestal, numerales 32, 39 a 45 de la Ley de Orgánica del Ambiente, que reclaman la protección de los manglares y rías de los ríos como zona marítimo terrestre.
English (translation)The absolute nullity is declared of the properties of the Guanacaste Party numbers 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 and 157420, their liens and their maps (...) because they encompass public domain assets. (...) The 'lesividad' concerning the protection of public domain assets shall not be subject to any time limit. (...) It is clear that if that article were applied in isolation and there were no other regulations regarding mangroves, one could reach the wrong conclusion drawn by the defendants, but by integrating norms, in articles 9, 10, 11, 22, 39 and 61 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, articles 2 and 97 of the Wildlife Conservation Law, article 69 of the Water Law, article 1 of the Forestry Law, numerals 32, 39 to 45 of the Organic Environmental Law, which demand the protection of mangroves and river mouths as a maritime-terrestrial zone.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Sección I Resolución Nº 00017 - 2022 Fecha de la Resolución: 21 de Febrero del 2022 a las 10:30 Expediente: 16-011722-1027-CA Redactado por: Amy Lucía Miranda Alvarado Clase de asunto: Proceso de lesividad Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Bien demanial Subtemas: Proceso de lesividad para anular titulación a un tercero por parte del INDER. Concepto, características y elementos. Temas (descriptores): Proceso de lesividad Subtemas: Alcances y consideraciones sobre los presupuestos necesarios para su aplicación. Nulidad de titulación de bien de dominio público. Temas (descriptores): Lesividad del acto administrativo Subtemas: Análisis con respecto a su aplicación y presupuestos procesales. Titulación de bien de dominio púbico. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución EXPEDIENTE: 16-011722-1027-CA PROCESO: LESIVIDAD ACTOR: ESTADO, COMO TERCEROS SINAC Y OTRA DEMANDADAS: PANORAMA LAGARTA LTDA Y OTRAS No-17-2022-I SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, Calle Blancos, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de febrero del dos mil veintidós.- Proceso de lesividad interpuesto por el Estado, representado por el Procurador Estatal, Lic. Mauricio Guillermo Castro Lizano, portador de la cédula de identidad número 1-767-302, en contra de las sociedades demandadas, PANORAMA LAGARTA LIMITADA, CERRO LAGARTA LTDA., REFUGIO DE AGUAS NOSARA R.L., RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LTDA., todas representadas por su apoderado especial judicial, Lic. José Miguel Villalobos Umaña, portador de la cédula de identidad número 2-376-254. Intervienen como terceros interesados, la ASOCIACIÓN CÍVICA DE NOSARA, representada por su apoderada generalísima, la señora Nice Alterman, con un solo apellido por su nacionalidad; el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN (en adelante SINAC) representado por su apoderada especial judicial, Licda. Deifilia Dávila Ruiz, portadora del carnet de Colegio de Abogados número 8921. Todos mayores.- RESULTANDO I.- En fecha 30 de noviembre de 2016, el Estado interpone proceso de lesividad en contra de las sociedades demandadas, formulando y aclarando en audiencia preliminar, las siguientes pretensiones: "1) Declarar la nulidad y ordenar la cancelación de las matrículas del Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893- 000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, sus gravámenes y planos G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G- 1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, por abarcar bienes demaniales, donde regirán las potestades de autotutela a cargo de la Administración activa. 2) El pago de ambas costas a cargo de las demandadas". (Ver demanda y audiencia preliminar en imágenes 2 a 7, 198 a 200 y 230 a 232 del expediente digital judicial).- II.- Otorgado el traslado de ley, las sociedades demandadas actuando bajo una misma representación, se oponen a la acción, solicitando se declare sin lugar la demanda. Interponen la defensa de falta de derecho. (Ver imágenes 52 a 56 del expediente digital judicial).- III.- Los terceros interesados Sinac y Asociación Cívica Nosara, se refirieron en ese mismo orden a la lesividad, solicitando el primero que, se declare con lugar la demanda, y la segunda solicita que se ordene el reintegro de los metros de la zona marítimo terrestre y no se condene en costas a la Asociación. (Ver imágenes 37 a 43 y 58 a 76 del expediente digital judicial).- IV.- La audiencia preliminar prevista en el ordinal 90 del CPCA, fue celebrada los días 19 de julio de 2018 y 11 de junio de 2019, con la asistencia de ambas partes. Se fijaron las pretensiones, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió prueba testimonial. (Imágenes 198 a 200 y 230 a 232 del expediente judicial).- V.- Se dicta esta sentencia por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.- Redacta la Juez Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez. CONSIDERANDO I.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) Los dueños registrales de las fincas del Partido de Guanacaste son: Número finca Plano catastrado Sociedad Propietaria 31829 G-0660243-2000 Panorama Lagarta Limitada 35294 G-1368780-2009 Cerro Lagarta Limitada 35342 G-1338346-2009 Panorama Lagarta Limitada 70893 G-511121-1983 Panorama Lagarta Limitada 70894 G-511118-1983 Panorama Lagarta Limitada 70895 G-511119-1983 Panorama Lagarta Limitada 70896 G-1172999-2007 Reserva Biológica Nosara Limitada 70903 G-1194813-2007 Reserva Biológica Nosara Limitada 70904 G-555446-1984 Reserva Biológica Nosara Limitada 81481 G-0062505-1992 Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada 82757 G-0104087-1993 Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada 119004 G-0643557-2000 Panorama Lagarta Limitada 157417 G-1157517-2007 Reserva Biológica Nosara Limitada 157418 G-1157286-2007 Reserva Biológica Nosara Limitada 157419 G-1157283-2007 Reserva Biológica Nosara Limitada 157420 G-1157284-2007 Reserva Biológica Nosara Limitada (Ver imágenes 159 a 161, 163 a 165, 167 a 169, 171 a 173, 175 a 178, 179 a 181, 183 a 187, 188 a 192, 194 a 196, 198 a 201, 203 a 205, 207 a 210, 212 a 215, 217 a 219 y 222 a 225 de Certificaciones literales, planos y Tomos del cd de prueba); 2) Las anteriores fincas tienen como antecedentes comunes las matrículas números 3559 (año 1891), 3970 (año 1909), 7302 (año 1943), la primera nace del denuncio efectuado por la empresa "River Plate Trust Loan and Agency Company Limited de Londres", de fecha 22 de febrero de 1891, siendo que se definió que los límites de dicha finca por parte del agrimensor eran: lindero norte terrenos baldíos, al sur Océano Pacifico, milla marítima en medio, este baldíos y terrenos de José Antonio Carrillo y Oeste baldíos y terrenos de José Lino Matarrita. Asimismo indica que, en el último rumbo se llegó a la boca del río Bejuco quedando casi cerrado el perímetro del terreno, y que dentro del terreno casi deslindado está incluida la milla marítima reservada por la ley pero está debidamente excluida en los planos que acompaña y en el área citada. Esas mismas medidas fueron aprobadas por el Juez Contencioso Administrativo en resolución de las doce horas del veintidós de diciembre de mil ochocientos noventa y tres. (Ver imágenes 1 a 65 del Denuncio en cd de prueba); 03) Por oficio ACT-ORPP-SIG-219 del 27 de noviembre de 2015, el Área de Conservación Tempisque, remite a la Procuraduría General de la República, información relacionada con 16 planos catastrados y si éstos están afectados por los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, siendo que se concluye por parte de la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque que, los planos G-62505-1992 tiene un 75,95% de área afectada, el plano G-104087-1993, tiene un 36,19% de área afectada, el plano G-1194813-2007 tiene un 5,28 de área afectada y el plano G-555446-1984 tiene un 31,13% de área afectada. Adjunta un croquis del montaje de planos en el área de la reserva. (Ver oficio ACT-ORPP-SIG-219 en cd de prueba); 04) Mediante oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre de 2015, el Registro Nacional, remite al Área Agraria Ambiental de la Procuraduría General de la República, criterio técnico de los terrenos enumerados en los planos catastrados, G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, señalando que éstos se encuentran dentro del Patrimonio del Estado constituido por la Zona Marítimo Terrestre contiguo a los 150 metros de las áreas de manglar. Por otro lado, los terrenos descritos en los planos G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992, abarcan área de manglar, la cual se encuentra delimitada con los mojones ZP5020041 al ZP50020206. En lo que se refiere al inmueble descrito en el plano catastrado G-1172999-2007, se señala que abarca áreas de los 150 metros contiguos al manglar, en un 20% de su área total. Que el sector de 200 metros correspondiente a la zona marítimo terrestre de la ría del Río Nosara, se encuentra incorporada dentro de las áreas de manglar y zona restringida (150 metros). Dicho oficio es corregido varios años después, por oficio DIG-TOT-0294-2018 del 10 de julio de 2018 del Instituto Geográfico Nacional, Departamento Topográfico y Observación del Territorio, donde se corrige el error material que contiene el oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre de 2015, en el sentido de que se consignó en forma errónea el número de tres planos, siendo que los correctos son: G-1157283-2007 G-1157284-2007 y G-1157286-2007 y que estos se encuentran dentro del Patrimonio del Estado constituido por la Zona Marítimo Terrestre, contiguo a los 150 metros de las áreas de manglar. (Ver oficios DTO-IGN-RN-0454-2015 y DIG-TOT-0294-2018 en cd de prueba); 05) Mediante oficio RIM-CCT-0145-2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, el Coordinador General del Departamento Técnico de la Subdirección Catastral, remite a la Procuraduría General de la República, informe técnico, en respuesta al oficio AAA-1268-2015 del 2 de octubre de 2015, donde se solicita realizar un montaje de los planos G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283- 2007, G-1172999-2007, G-1368780-2009, G643557-2000, G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983 y G-511119-1983 en una ortofoto. Siendo que se indica que se ha utilizado como insumo la ampliación del informe relacionado en el expediente administrativo de la Dirección del Registro Inmobiliario 2010-336-RIM del 5 de noviembre de 2014, y que contiene entre otros, los orígenes registrales de la finca del partido de Guanacaste número 7302, se determina: Denuncio de Baldío Soto Keith-1884 (River Plate Trust Loan and Agency Company Limited London) Tomo 376 Folio 125 No. 3559 Lámina Pv-G-19 288 Área: 55600ha0000.00m2 3/marzo/1894 Se segregaron Tomo Tomo Tomo 735 Folio Folio Folio No. 3607 No. 3608 No. 3970 Área 24 ha0000.00m2 Área 24 ha0000.00m2 Área 55552ha0000.00 m2 5/nov/1894 5/nov/1894 25/set/1909 Devolución de tierras al Estado Costarricense De la finca 3970 se segregaron 12 fincas: Plano Área G-8987-1944 46ha9530m2 G-8851-1943 46ha8939m2 G-8985-1944 46ha4981m2 G-8849-1943 49ha9887m2 G-8847-1944 48ha6408m2 G-8845-1944 49ha9679m2 G-8848-1944 45ha2601m2 G-8850-1944 47ha6719m2 G-8852-1943 43ha4245m2 G-8860-1943 44ha1646m2 G-8856-1943 34ha9069m2 No se encontró plano 35ha5682m2 Estas se reunieron en: Tomo 1223 Folio 73,84,86 No. 7302 Área 539ha 9386.00m2 3/mayo/1943 (Tablas elaboradas por el Tribunal a partir del informe señalado en cd de prueba).- Con dicha información, se realiza un montaje de las láminas del denuncio y una ortofoto dando como resultado que los planos consultados están ubicados fuera del plano del denuncio. (Imagen 23 y siguientes). A continuación realizan una explicación histórica de la finca 7302: "(...) La finca No 3970 inscrita el 25 de setiembre de 1909 al folio 106 del tomo 735, con un área original de 55552 hectáreas, es producto de la inscripción a favor de El Estado, del resto de la finca No 3559 inscrita al Folio 125 del Tomo 376 que era propiedad de The River Plate Trust Loand and Agency Company Limited de Londres, traspaso realizado producto de la comparecencia de los señores Federico Mutter Cox Banker, comerciante inglés y Francisco Tournón Suarez, abogado de Liberia en su calidad de Procurador Fiscal de la República, cumpliendo con el Contrato de arreglo, celebrado el 16 de agosto de 1906 por los señores Oscar F Rohrmoser Secretario de El Estado en el Despacho de Fomento y Thomas Scott Purves, representante en el país de la referida compañía, contrato aprobado por el señor Presidente de la República el 18 de agosto de 1906 y sancionado por el Poder Legislativo según Decreto del 18 de enero de 1907 que fue sancionado y modificado por el Decreto del 27 de enero de 1907 y 2 de noviembre de 1908 respectivamente. Del asiento primero de la finca No 3970 se extrae lo siguiente: “Contratos y Decretos a los que se hace relación en el Asiento 3 de la finca del Partido de Guanacaste No 3584, Tomo 376, Folio 225, en donde dicha compañía traspasa al Supremo Gobierno de la República los terrenos a que se refiere el párrafo a) de la cláusula primera de dicho contrato junto con dos lotes de la finca que se habla en el párrafo b) de la misma cláusula siendo uno de dichos terrenos la presente finca que se transmite al Gobierno por la suma de ₡277900 colones.… Respetando el contrato de arrendamiento entre la compañía y Walter J. Ford representado por su cesionario Manuel Arribas, para cortar y exportar maderas de los terrenos que forman el lote que la compañía llama de Guanacaste y el lote llamado de Nicoya según párrafo d) de la cláusula inserta en el citado asiento 3. … La Compañía del Ferrocarril de Costa Rica por medio de su agente en esta República F. Muther Cox aprobó el convenio relacionado”. Luego de sufrir varias segregaciones y a la luz de la intervención del señor José Francisco Chaverri Rodríguez, Procurador General de la República, para dar cumplimiento a los artículos 12, 13 y 41 de la ley No 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo No 12 del 11 de noviembre de 1961, publicado en la Gaceta No 261, del 15 de noviembre de 1961, el resto de la finca No 3970 constante de 429420333.35 m2, es traspasado al Instituto de Tierras y Colonización ITCO, representado por el subgerente Álvaro Hernández Rodríguez, producto de la escritura otorgada a las 15:00 horas del 4 de octubre de 1966 ante los notarios Oscar Solano Castro y Mercedes Valverde Kooper, según testimonio presentado al Registro a las 13:12 horas del 16 de marzo de 1967, bajo el asiento 8565 del Tomo 273 del Diario, inscrito el 01 de noviembre de 1977, fue trasladada al sistema de folio real el 05 de diciembre de 1990, bajo el número 5 003970 A. La finca se encuentra inscrita actualmente a favor del IDA hoy INDER, a quien le compete, en su condición de Administración activa, ejercer las competencias que la legislación le otorga en la materia, dejando a salvo aquellos terrenos que puedan estar cubiertos de bosque o sean forestales en los términos de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, pues en ese caso su administración compete al Ministerio del Ambiente y Energía (pronunciamientos Nos. C-321-2003 del 9 de octubre del 2003 y OJ-014-2004 del 30 de enero del 2004). OJ-204-2005,12 de diciembre del 2005, pág. 13-14. La primera segregación efectuada sobre la finca 3970 tiene lugar el 3 de mayo de 1943, en el sistema tradicional de tomos al Folio 73 de Tomo 1223, dando origen registral a la finca No 7302, objeto de este estudio, con un área de 539 ha 9386.00 m2, la cual nace a la vida jurídica producto de la inscripción de un título otorgado a nombre de El Estado, a favor de Filemón Baltodano Baltodano, quien cumplió con lo establecido en la ley No 21 del 24 de junio de 1912, denominada Formalización Cuadrante Población de Tilarán y la ley No 88 del 14 de julio de 1942, nombrada como Ley de Poseedores Precarios (Parásitos), de conformidad con el contrato de la Secretaría de Fomento No 1 del 9 de setiembre de 1942, suscrito entre el señor Alfonso Peralta Esquivel, Director General de Obras Públicas, debidamente autorizado por el Secretario de Estado en el Despacho de Fomento y Rodrigo Castro Beeche, ingeniero topógrafo quien según el referido contrato queda encargado de medir, deslindar y amojonar, las parcelas que falten de esas diligencias de los terrenos del Estado en la provincia de Guanacaste, según la normativa que se cita en artículo I del contrato con la finalidad de cumplir las disposiciones del artículo 12, párrafo segundo de la ley No 88 del 14 de julio de 1942, supra citada. En el asiento primero la finca es descrita como terreno de repasto, agricultura y montaña situado en el Distrito 1º del Cantón 2 de Guanacaste, con los siguientes linderos: Norte: Filemón Baltodano Baltodano, resto de la finca general, Milla Marítima del Océano Pacífico, resto finca general con Río Rempujo en medio. Sur y Oeste: Milla Marítima del Océano Pacífico. Este: Resto de la finca General y posesión de Cruz López localizado dentro del mismo resto. Interviniendo en ese proceso el Lic. Héctor Beeche Lujan, como Notario y Fiscal especifico, según contrato No 3 del 01 de octubre de 1942 y el acuerdo de la Secretaria de Justicia No 1 del 17 de febrero de 1942, publicado en la Gaceta del 18 de febrero de 1942, según la escritura No 487, visible a los folios del 52 al 54 frente y vuelto inclusive, del tomo VI del referido notario, cuyo testimonio fue presentado al Diario del Registro de la Propiedad Inmueble a las 8:20 del 22 de abril de 1943, al Asiento 4200 del Tomo 180 e inscrita el 3 de mayo de 1943. La finca No 7302 es producto de la reunión de 12 parcelas, haciendo referencia al Plano General levantado por la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Fomento y al Registro de Tierras que para tal efecto lleva la referida Dirección, tal y como se aprecia de los doce lotes que forman la finca No 7302". Para finalmente concluir en lo literal: "(...) Conclusión. A la luz de lo expuesto en párrafos anteriores, se colige que las áreas de los terrenos descritos en los planos catastrados: G-62505-1992, G-1 04087 -1993, G-1194813- 2007, G-555446-1984, G-1157284-2007, G-1157517-2007,G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1172999-2007, G-1368780-2009, G643557-2000, G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983 Y G-511119-1983, están desplazadas al Noroeste y en su totalidad fuera de los linderos originales de la finca del partido de Guanacaste 7302, e igualmente fuera de sus antecedentes 3559 y 3970". (Negrita es nuestra, ver imágenes 1 a 32 del oficio RIM-CCT-0145-2015 del cd de prueba); 06) Por oficio número AAA-1548-2015 del 16 de diciembre de 2015, el Procurador Mauricio Castro Lizano, le indica a la Ministra de Justicia y Paz, que el Instituto Costarricense de Turismo les solicitó analizar los inmuebles del Partido de Guanacaste números 31829, 32294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 y 157420. Señala que dichos lotes tienen como antecedente común, la finca 7302 del 3 de mayo de 1943, que se formó por la reunión de 12 lotes segregados de la finca 3970. Manifiesta que la finca 7302 se inscribió con una cabida de 359 hectáreas 9.386 m2, indicando como linderos sur y oeste, la milla marítima del Océano Pacifico. Refiere que la finca 3970 se inscribió el 25 de setiembre de 1909, con una cabida de 55.552 hectáreas segregada de la finca número 3559 del 3 de marzo de 1894 con 55.600 hectáreas. Añade que, cuando se inscribieron las fincas números 3559, 3970 y 7302, se observó el lindero con la milla marítima, que es área inalienable prevista de la Ley 162 del 20 de julio de 1828 y tutelada por la Ley de Agua número 11 del 26 de mayo de 1884. Agrega que la ley 11 del 22 de octubre de 1926, artículo 1, reformó el numeral 510 del Código Fiscal, Ley 8 del 31 de octubre de 1885, precisó la milla marítima en 1.672 metros, lo que se reiteró en la Ley General sobre Terrenos Baldíos, número 13 del 26 de agosto de 1943. Plantea que la Ley 201 del 26 de agosto de 1943, redujo la milla para el litoral del Pacifico en 200 metros. Indica que conforme el informe técnico del oficio RIMA-CCT-CR-0145-2015 del 11 de diciembre de 2015 del Área Catastral del Registro Inmobiliario, la finca 7302 al ser inscrita el 3 de mayo de 1943, no colindó con el Río Nosara y por el oeste limitó con la milla marítima, no respetando el plano del denuncio de la "River Plate Trust Loand Agency Co. Limited", con un área de 55.600 hectáreas, que describe ese lindero con esa milla entre los ríos Nosara y Bejuco. Añade que, esto también consta en la sentencia que aprobó el denuncio de las 12:00 horas del 22 de diciembre de 1893 del Juzgado Contencioso Administrativo, al definir como linderos; Norte, terrenos baldíos; Sur, Océano Pacifico milla marítima en medio; Este, Baldíos y terrenos de José Antonio Carrillo y Oeste con baldíos y terrenos de José Lino Matarrita. Sobre los inmuebles en consulta menciona que, en fecha 26 de junio de 1970, la finca 7302 es inscrita a nombre de Inversiones Nicoya, S.A., y de ella, el día 19 de noviembre de 1971, se segrega la finca 23164 con una medida de 121 hectáreas 7.000 metros cuadrados. El resto de la finca 7302 se describe con limite Norte en parte con el Río Nosara, desplazándose al Noroeste de su ubicación original. Por otra parte, de la finca 23164 se originan los inmuebles 23306 del 25 de enero de 1972 y 30153 del 11 de junio de 1974. De la finca 23306 se segregaron las fincas 31829 (plano G-660243-2000) del 11 de febrero de 1975, 35294 (plano G-1368780-2009) del 24 de junio de 1975 y 35342 (plano G-1338946-2009) del 24 de junio de 1975. Agrega que de la finca 31829 se segregó el inmueble 119004 (plano G-643557-2000) del 3 de octubre de 2000. Indica que el desplazamiento al Noroeste de los inmuebles 31829, 35294, 35342 y 119004 señalan en sus linderos el río Nosara. Añade que otros inmuebles segregados de la finca 7302, los inmuebles 47708 y 47710 ambas del 28 de enero de 1982, se reunieron en la finca 60771 y ellas también señalan por el norte y el oeste en parte el río Nosara. Manifiesta que, del inmueble 60771, se segregaron varios lotes, los cuales se inscribieron el día 21 de febrero de 1991, que dieron origen a las fincas: 70893 (plano G-511121-1983), 70894 (plano G-511118-1983), 70895 (plano G-5111119-1983), 70896 (plano G-501219-1983), 70900 (plano G-501214-1983), 70901 (plano G-501217-1983), 70902 (plano G-501215-1983), 70903 (G-plano G-555445-1984) y 70904 (plano G-555446). Asimismo, el día 28 de mayo de 1993, se inscribió la finca 82757 (plano G-104087-1993). Por otro lado, el día 10 de febrero de 1993, se inscribió la finca 81480 por reunión de las fincas 70900, 70901, 70902 y 30153, ese mismo día de la finca 81480, se segregó la finca 81481 (plano G-62505-1992), lindando al Norte y Oeste con el río Nosara. Plantea que el día 04 de junio de 2007 de la finca 82757 se segregaron las fincas 157420 (plano G-1157284-2007), 157417 (plano G-1157517-2007), 157418 (plano G-1157286-2007) y 157419 (plano G-1157283-2007). Añade que conforme el informe técnico oficio RIM-CCT-CR-0145-2015, las áreas de los inmuebles descritos en los planos G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-(2007), G-555446-1984, G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1172999-2007, G-1368780-2009, G-643557-2000, G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983 y G-511119-1983, están desplazadas al Noroeste y en su totalidad fuera de los linderos originales de la matrícula 7302 e igualmente fuera de sus antecedentes las fincas 3970 y la finca madre 3559. Posteriormente en el oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre de 2015 del Instituto Geográfico Nacional, se señala que, los terrenos contenidos en los planos G-1157283-2007, G-1157284-2007, G-1157286-2007, G-1157517-2007, G-511121-1983, G-511118-1983 y G-511119-1983, G-1338346-2009, G-643557-2000, G-660243-2000 y G-1368780-2009, comprenden áreas de la zona marítimo terrestre contigua al manglar. Asimismo que, hay afectación de la zona marítimo terrestre de la ría del río Nosara. Agrega que, en los planos G-62505-1992, G-104087-1993, G-555446-1984 y G-1194813-2007 hay áreas de manglar y el 20 % del terreno escrito en el plano G-1172999-2007 está dentro de los 150 metros de la zona restringida contigua al manglar. En ese mismo orden de ideas, el oficio número ACT-ORPP-SIG-219 del 27 de noviembre de 2015 del Área de Conservación Tempisque, agrega que, los terrenos descritos en los planos G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007, y G-555446-1984 abarcan áreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Retoma que la zona marítimo terrestre contigua a las rías, la previó el numeral 20 párrafo 2 de la Ley número 11 y la actual Ley de Aguas, artículo 3 inciso I, que califica las zonas marítimas como propiedad nacional, y el numeral 69 párrafo 2 que dispone que la zona marítima se extiende por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que se hagan sensibles las mareas, con un ancho de 200 metros desde cada orilla, contados desde la línea que marque la marea alta. Afectación vigente en la Ley 6043 (Ley Zona Marítimo Terrestre), artículo 9 y 10 en relación con su reglamento, numeral 2 incisos f) y h). Añade que, las zonas de manglar y la zona restringida contigua también son demaniales conforme la Ley 6043 ya mencionada, en los artículos 11, 4 de su reglamento, la Ley 6919 (Ley de Conservación de la Fauna Silvestre), artículos 9 y 10 en relación con el artículo 2 incisos f) y h) de su reglamento. Respecto de las áreas de demanio litoral trae a colación resoluciones de la Sala Primera, Sala Constitucional, Tribunal Agrario y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde se reafirma esa demanialidad, y la división entre zona pública y zona restringida. Finalmente concluye que los inmuebles 31829 (plano G-660243-2000), 35294 (plano G-1368780-2009), 35342 (plano G-1338946-2009), 70893 (G-511121-1983), 70894 (G-511118-1983), 70895 (G-511119-1983), 70896 (G-1172999-2007), 70903 (G-1194813-2007), 70904 (G-555446-1984), 81481 (G-62505-1992), 82757 (G-10087-1993), 119004 (G-643557-2000) 157417 (G-1157517-2007),157418 (G-1157286-2007), 157419 (G-1157283-2007) y 157420 (G-1157284-2007), abarcan terrenos de la zona marítima terrestre de dominio público, inalienable e imprescriptible y solicita se valore la declaratoria de lesividad para gestionar su nulidad y cancelación. (Resaltado es nuestro, ver oficio AAA-1548-2015 en cd de prueba); 07) Mediante oficio MJP-014-01-2016 del 07 de enero de 2016, la Ministra de Justicia y Paz, remite al Director General del Registro Nacional, el oficio AAA-1548-2015 del 16 de diciembre de 2015, mediante el cual se informa que varios inmuebles ubicados en la Provincia de Guanacaste, abarcan terrenos de la zona marítima terrestre de dominio público, inalienable e imprescriptible. Agrega que por ello se solicita valorar la declaratoria de lesividad correspondiente, con el fin de gestionar su nulidad y cancelación. (Ver imagen MJP-014-01-2016 en el cd de prueba); 08) En el proyecto de resolución número 595 de las 14:00 horas del 24 de octubre de 2016, del Ministerio de Justicia y Paz, se declaran lesivos a los intereses públicos las matrículas del Partido de Guanacaste números 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 y 157420, sus gravámenes y sus planos en el mismo orden números G-660243-2000, G-1368780-2009), G-1338946-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-62505-1992, G-10087-1993, G-643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 y G-1157284-2007 por afectar bienes de dominio público. (Ver imágenes 2 a 6 del oficio DGL-AJU-17-1457-2016 e imágenes 1 a 4 de la resolución de marras en el cd de prueba); 09) Mediante oficio DGL-AJU-17-1457-2016 del 24 de octubre de 2016, la Dirección Jurídica del Registro Nacional remite al Director General de ese Registro, para su revisión, visto bueno y posterior traslado a la Ministra de Justicia, la resolución 0595-MJP-2013, (expediente 001-2016), relacionada con la declaratoria de lesividad de los actos de Registro y Catastro de los terrenos que aluden las matrículas del Partido de Guanacaste números 31829 (plano G-660243-2000), 35294 (plano G-1368780-2009), 35342 (plano G-1338946-2009), 70893 (G-511121-1983), 70894 (G-511118-1983), 70895 (G-511119-1983), 70896 (G-1172999-2007), 70903 (G-1194813-2007), 70904 (G-555446-1984), 81481 (G-62505-1992), 82757 (G-10087-1993), 119004 (G-643557-2000) 157417 (G-1157517-2007),157418 (G-1157286-2007), 157419 (G-1157283-2007) y 157420 (G-1157284-2007), que abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público, así como del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, descritos en los planos G-625050-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007 y G-0555446. (Ver folio 1 del oficio DGL-AJU-17-1457-2016 del cd de prueba); 10) Por oficio DGL-1377-2016 del 27 de octubre del 2016, el Director General del Registro Nacional, remite a la Ministra de Justicia y Paz la resolución 0595-MJP-2016 (expediente 001-2016), relacionada con la declaratoria de lesividad de las matrículas números 31829 (plano G-660243-2000), 35294 (plano G-1368780-2009), 35342 (plano G-1338946-2009), 70893 (G-511121-1983), 70894 (G-511118-1983), 70895 (G-511119-1983), 70896 (G-1172999-2007), 70903 (G-1194813-2007), 70904 (G-555446-1984), 81481 (G-62505-1992), 82757 (G-10087-1993), 119004 (G-643557-2000) 157417 (G-1157517-2007), 157418 (G-1157286-2007), 157419 (G-1157283-2007) y 157420 (G-1157284-2007), que abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público, así como del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, descritos en los planos G-625050-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007 y G-0555446, donde se da visto bueno a la lesividad. (Ver imagen 1 del oficio DGL-1377-2016 en cd de prueba); 11) Mediante oficio DGL-AJU-17-1591-2016 del 22 de noviembre del 2016, el Registro Nacional traslada al Procurador Mauricio Castro Lizano, copia certificada del expediente administrativo de la lesividad 595-MJP-2016. (Ver oficio indicado en cd de prueba); 12) Por oficio DMJP-1439-11-216 del 07 de noviembre de 2016, la Ministra de Justicia y Paz remite al Director General del Registro Nacional de la Propiedad, la resolución 595-2016 debidamente firmada. (Ver dicho oficio en cd de prueba); 13) La demanda fue interpuesta el día 30 de noviembre de 2016. (Ver portada e imagen 2 del expediente digital judicial); 14) En el juicio oral y público se recibió el testimonio de Mainor Guadamuz Chavarría, quien declaró ser ingeniero topógrafo, desde 1986 graduado de la Universidad Nacional, con una especialidad en Batimetría en el año 2000 en España. Ante preguntas de la parte demandada contesta que, trabajo con las sociedades en el catastro desde hace 20 años, ha medido esas fincas y las curvas de nivel. Que hizo estudios de esas mediciones. Señala que conoció a los anteriores dueños de las fincas, que también eran sociedades de don Amadeo. Indica que él realizó mediciones y conoció el reclamo del Estado. Menciona que no realizó estudios de Batimetría en esas áreas. Que no ha estudiado derecho ambiental o derecho forestal. Que conoce lo que es un mojón y que en algunas de esas propiedades hay mojones. Que los mismos se ubicaron por el Proyecto Catastro-Registro, pero no recuerda la fecha. Los mojones delimitan los límites del Refugio Ostional. Se le consulta si dentro de las partes del Refugio Ostional había construcciones y señala que desde que hizo las últimas mediciones no había nada. Menciona que hace unos años que trabajo ahí, que no ha vuelto a esa zona solo por el lado del hotel. Se le consulta desde su expertiz si las propiedades invaden la Zona Marítimo Terrestre, añade que hizo un estudio de mediciones con la información del decreto del Refugio. Que cuatro propiedades están parcialmente afectadas por el Refugio, no sabe que pasó después. Se le consulta si conoce la Ley de Zona Marítimo y manifiesta que sí. Se le pregunta si conoce si se invadió la Zona Marítimo Terrestre y responde que no. No conoce que es una ría, ni un manglar. Las demás partes no realizan preguntas. (Ver testimonio en grabación de la audiencia en expediente digital judicial).- II.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LA PARTE ACTORA: En su escrito de demanda, la representación estatal plantea que: "(...) HECHOS: 1) A nombre de Panorama Lagarta Limitada, cédula jurídica 3-102-604747, en el Partido de Guanacaste están inscritos los inmuebles 31829-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 119004-000, con los planos G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-11119-1983 y G-643557-2000, respectivamente. 2) A nombre de Cerro Lagarta Limitada, cédula 3-102-533603, en el Partido de Guanacaste está inscrita la matrícula 35294-000 con el plano G-1368780-2009. 3) A nombre de Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-689562, en el Partido de Guanacaste están inscritas las matrículas 81481-000 y 82757-000, contenidas en los planos G-62505-1992 y G-104087-1986, respectivamente. 4) A nombre de Reserva Biológica Nosara Limitada, cédula jurídica 3-102-125990, en el Partido de Guanacaste están inscritos las inmuebles 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, con los planos G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, G-1172999-2007, G-1194813-2007 y G-555446-1984, respectivamente. 5) Conforme a los oficios números RIM-CCT-CR-0145-2015 del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario y DTO-IGN-RN-0454-2015 del Instituto Geográfico Nacional, los inmuebles descritos en los planos G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-11572B3-2007 y G-1157284~2007, abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público. De acuerdo con el oficio No. ACI-ORPP-SIG-219 del Área de Conservación Tempisque, los inmuebles contenidos en los planos G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-1194813-2007 y G-0555446-1984 además están dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 6) El Ministerio de Justicia y Paz en declaratoria de lesividad No. 595 de 14:00 hrs. del 24 de octubre de 2016, solicitó formular este proceso. FUNDAMENTO JURÍDICO: Los terrenos demaniales están fuera del comercio y no caben sobre derechos reales de propiedad y posesión a título de dueño (Código Civil, artículos 261 y 262, sentencias constitucionales 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207993, 5399-93, 5976-93, 6758-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 6192-95, 422-96, 3227-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 790-01, 2408-07, Sala Primera, sentencias 17-95, 104-96, 597-00, 237-07, 506-07 y 535-14, Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 1019-88-1, 433-2010-11, 95-2013-V y 84-2014-II). Su detentación particular no produce efectos adquisitivos (votos constitucionales 6758-93 y 6192-95). Ante ello, quien los enajene transmite el vicio en la causa de adquisición: La razón es obvia, "nadie puede cambiar por sí misma ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión... Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comenzó, tal continúa siempre" (Ramírez Gronda, Juan Diego. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7a ed., 1974, p. 227). Así, los convenios realizados privativamente sobre un tramo inmobiliario demanial, por la naturaleza del bien, ausencia de titularidad hábil y contrariar leyes prohibitivas devienen nulos (Constitución Política, artículos 28 párrafo 2 -a contrario sensu- y 129 párrafo 4, Ley 6227, articulo 18.2, Ley 6043, artículos 1, 7 y 45, Código Civil, artículos 10, 261, 262, 627 inciso 2, 629, 631, 835, 837 y 844, sentencias de casación de 10 hrs. del 1° de agosto de 1946, 3-53, 79-55, 78-76 y 121-79, Sala Primera, No. 506-2007). La inscripción no bonifica la titularidad, pues el registro no subsana los vicios que puede tener el documento inscrito o el acto contenido y subsisten con prescindencia de la misma (Código Civil, artículo 456). Ante el registro ilegitimo no se adquiere ningún derecho sobre el bien. El acto sigue siendo absolutamente nulo (votos constitucionales 1975-91 y 6170-98, Sala Primera, Nos. 104-96 y 952-05). La inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracteriza a los bienes demaniales, se opone a que pueda esgrimirse la figura del tercero registral (Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 175-13-1, 84-04-11, 868-01-111. 35-07-IV, 2569-09-IV, 681-08-V, 19-09-VII, 81-10-VIII, 116-2015-II). Esta acción para recuperar bienes de dominio público no prescribe ni caduca y se fundamenta en: Ley No. 11 del 26 de mayo de 1884, artículo 20; Código Fiscal, Ley 8 de 31 de octubre de 1885, artículo 509; Código Civil, artículos 10, 261, 262, 456, 627 inciso 2), 629 y 631; Ley 11 de 1926, artículo 1; Ley 13 de 6 de enero de 1939, artículos 6 y 62; Ley de Aguas, artículos 1, 3 y 69; Ley 2825 de 1961, artículo 7, incisos b) e i), Ley 6043, artículos 1, 4, 7, 9, 10 y 11 y 2 y 4 de su Reglamento, Ley 7575, artículos 13 y 14, Ley 6919, transitorio único, Ley 7317, transitorio I, decretos 16531 de 1985 y 22551 de 1993; Ley 6815, artículos 1 y 3; Ley 8508, artículos 10 inciso 5), 16, 36 incisos a) y c), 42 incisos 2.a) y 2.b), y la jurisprudencia sobre el dominio público contenida en las sentencias constitucionales 447-91, 1975-91, 5306-91, 5026-97, 6170-98, 8429-01 y 2408-07, Sala Primera, 104-96, 597-00, 952-05, 506-07, 189-2011 y 286-2015, Tribunal Contencioso Administrativo, 230-95-I, 175-13-1, 84-04-11, 107-08-11, 868-01-111, 35-07-IV, 2569-09-IV, 90-14-IV, 681-08-v, 19-09-VII, 81-10-VIII y 1097-12 (...).". En conclusiones señala: "(...) I.- Este proceso es para determinar la nulidad de las inscripciones que afectan la zona marítimo terrestre y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, y disponer su anulación. Se trata de una competencia material otorgada por la Ley 8508, artículos 2 incisos c) y e), 5 inciso 1), 36 inciso a), 42 incisos a), b) y e), y los precedentes judiciales (voto constitucional 3731-2011; Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 119-2015-V). Como señalamos en los escritos de demanda de 30 de noviembre de 2016 (imágenes 3-7), réplica de 21 de febrero de 2018 (imágenes 165-170) y la audiencia de juicio de 26 de enero de 2022, al afectarse la zona marítimo terrestre y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, el Estado está legitimado para planear la acción con fundamento en: Ley No. 11 del 26 de mayo de 1884, artículo 20; Código Fiscal, Ley 8 de 31 de octubre de 1885, artículo 509; Ley 11 de 1926, artículo 1; Ley 13 de 6 de enero de 1939, artículos 6 y 62; Ley de Aguas, artículos 1, 3 y 69; Ley 2825 de 1961, artículo 7 incisos b) e i), Ley 6043, artículos 1, 4, 7, 9, 10 y 11, y 2 y 4 de su Reglamento; Ley 7575, artículos 13 y 14; Ley 6919, transitorio único; Ley 7317, transitorio I; decretos 16531 de 1985 y 22551 de 1993; Ley 6815, artículos 1 y 3; Ley 8508, artículos 10 inciso 5), 16, 36 incisos a) y c), 42 incisos 2.a) y 2.b). En memorial de 3 de marzo de 2017 la accionada formuló excepción de falta de derecho (imágenes 53-56). Afirmó que los manglares son áreas silvestres protegidas sin zona restringida contigua (artículo 73 de la Ley 6043), que los inmuebles ubicados en el Refugio de Vida Silvestre Ostional traslapan parcialmente y la demanda no está debidamente fundamentada. En la audiencia de juicio del 26 de enero último, señaló que el hecho quinto no cumple con el artículo 58 de la Ley 8508 porque no indica cómo cada inmueble abarca la zona marítimo terrestre y los informes técnicos aportados por el Estado son contradictorios. Lo anterior, como expusimos en nuestra réplica de 21 de febrero de 2018 (expediente judicial, imágenes 165-170), y ahora en estas conclusiones como parte del contradictorio, no se comparte. La zona marítimo terrestre es un bien demanial en los términos del artículo 6 Constitucional, está constituida por doscientos metros de ancho a lo largo de ambos litorales, cualquiera que sea su naturaleza, entendiendo como litoral la orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes hasta donde sean afectados por las mareas. Los manglares y esteros integran la zona marítimo terrestre, y al estar afectados por las mareas tienen zona restringida contigua. La afectación demanial contigua a las rías la contiene la Ley 6043, artículos 9 y 10, en relación con su Reglamento, ordinal 2 incisos f) y h): “…debe tenerse en claro que la zona marítimo-terrestre está divida en dos zonas (al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de referencia): la primera, denominada como zona pública, que comprende la faja de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria; y la segunda, llamada zona restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta metros, que es en la que legítimamente pueden otorgarse concesiones, según los requerimientos que el ordenamiento establece al efecto. En cuanto a la primera –zona pública– , el inciso h) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de la zona marítimo terrestre la define como el litoral, sea, la orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes, hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas definidas; de manera que comprende las siguientes zonas: la ría, definida en los artículos 9 de la Ley y 2 inciso f del Reglamento de la Ley de la zona marítimo- terrestre como la parte del río próxima a su entrada en el mar, y hasta donde llegan las mareas; de manera, que comprende la franja de los doscientos metros contigua a las rías…” (sentencias constitucionales 2408-2007 y 3113-2009). Esa zona marítimo terrestre contigua a las rías la reitera la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942, artículo 3 inciso I), que califica las zonas marítimas como propiedad nacional, en relación con su numeral 69 párrafo 2°, al señalar: “la zona marítima se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio que sean navegables o se hagan sensibles las mareas, con un ancho de doscientos metros desde cada orilla, contados desde la línea que marque la marea alta”. Con antelación la previó la Ley de Aguas No. 11 de 26 de mayo de 1884, artículo 20: "Es del dominio público la zona marítimo-terrestre ó el espacio de las costas de la República que baña el mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla. Esta zona marítimo-terrestre se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables ó se hagan sensibles las mareas.” Dichos preceptos fueron citados en los fundamentos de nuestra demanda (expediente judicial, imagen 5). Asimismo, la Sala de Casación en sentencia 121 de 16 hrs. de 14 de noviembre de 1979, señaló que los esteros y manglares cuya vegetación se inunda con el agua salada o de mar durante las mayores crecidas ordinarias son de dominio público. Por estar asociados a las aguas del mar ostentan la condición de zona pública (Ley 6043, artículo 11), y tienen zona restringida contigua (Reglamento a la Ley 6043, artículo 4; votos constitucionales 454-2006, 2408-2007, 3113-2009: “los manglares y la zona restringida a partir de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados, cuando éstos se extiendan por más de cincuenta metros de pleamar ordinaria (artículos 11 de la Ley y 4 de su Reglamento). Además, los manglares integran el Patrimonio Natural del Estado en la categoría de humedales, sea cual sea su extensión, y conservan ese carácter demanial aun cuando hayan sido desprovistos de su vegetación o condiciones originarias (13, 14, 15 y 39 inciso i) de la Ley 7575; 32 y 38 de la Ley 7554; 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad; Decretos 7210, 22550 y 23247; votos constitucionales 1975-91, 5399-93, 2777-98, 6170-98, 9158-98, 2988-99, 8945-05, 2063-07 y 16975-08). La Sala Primera en sentencia 480-2019, con análisis integral de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 6043, y 2 de su Reglamento, resolvió que la zona marítimo terrestre se mide a partir de la pleamar ordinaria tomando en cuenta que los manglares y esteros constituyen zona pública y de acuerdo con la Convención Ramsar son humedales, categorías que no se excluyen pues se componen de agua salada al estar afectados por las mareas, siendo fácil determinar cuando la marea es baja o alta. Esa demanialidad de la zona restringida contigua a los manglares rige aun cuando sean humedales y formen parte, como sucede en este caso, del Refugio de Vida Silvestre Ostional, pues aun cuando un sector de la zona marítimo terrestre quede comprendido por un área silvestre protegida, esa condición no tiene un efecto desafectante, sino que la afectación demanial se incrementa. En ese sentido, la Sala Primera en sentencia 286-2015 dispuso: “VIII. …Para esta Sala resulta innegable, el casacionista sustenta su reclamo en una supuesta interpretación indebida del canon 73 de la Ley 6043. Dicho numeral a la letra establece: “La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva”. Evidentemente, el mandato de examen excepciona la aplicación de la Ley 6043, a ciertas secciones calificadas de la zona marítimo terrestre, que se encuentren incluidas en parques nacionales o reservas equiparadas a éstas, las cuales, subraya, estarán regidas por sus propias leyes. Al respecto, el Tribunal interpretó que la disposición de marras, no crea el efecto liberatorio que aduce el recurrente, por el contrario, posee un efecto incluyente, “omnicomprensivo” de la legislación respecto de los distintos fenómenos biológicos y ecológicos presentes en ese tipo de áreas silvestres protegidas, como lo es el RNVSO, tesis que resulta de recibo. Lejos de excluir la zona marítimo terrestre de la aplicación de la Ley 6043, el canon de referencia dispone que cuando tales zonas estén además comprendidas en parques nacionales o reservas equivalentes, entre las cuales cabe señalar los refugios nacionales de vida silvestre, estos estarán sometidos a sus leyes especiales. De ahí que tales secciones de la zona marítimo terrestre, lejos de quedar exentas de regulación, como parece, reclama el inconforme, estarán sometidas a las leyes especiales del caso, de ahí que les sea aplicables la LCVS, la LOA y la propia Ley 6043. Ahora bien, nota este órgano decisor que el recurrente no se percata de las consecuencias de su afirmación, pues claramente, el ordinal 73 de la de la Ley 6043, lejos de excluir del dominio público a las zonas protectoras o refugios silvestres, por el contrario, sujeta dichas áreas a la aplicación de la legislación anteriormente citada, la cual agrava en muchos sentidos las potestades estatales sobre tales bienes. En ningún modo podría estimarse que una afectación aún mayor respecto de zonas del dominio, pudiese dejar al dominio privado, zonas contenidas en los 200 metros de la pleamar. En consecuencia, las afirmaciones del casacionista no alcanzan para desacreditar el análisis que realiza el Tribunal. De esa manera, no posee la fortaleza para quebrar el fallo, toda vez que son valederas las argumentaciones de los juzgadores, en cuanto al refuerzo normativo que posee la regulación aplicable a las zonas de examen, las cuales, evidentemente, se encuentran sometidas a las disposiciones de la LCVS, de la LOA y en lo tocante, a la propia Ley 6043, de ahí que el cargo deba ser rechazado… X. En el tercer cargo, el recurrente alega infracción de los numerales 261 del CC, canon 73 y Transitorio VII de la Ley 6043, por indebida aplicación y desaplicación, básicamente por cuanto aduce, solo esta última normativa declara pública a la zona marítimo terrestre, de ahí que, al no ser aplicable al caso concreto, en virtud del precepto 73 de amplia cita, no existe para el caso concreto ninguna otra disposición normativa que establezca la demanialidad de esa zona, en los Parques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre. Estima éste órgano decisor, la tesis del casacionista no es de recibo…Aparte de las definiciones que ese texto legislativo ofrece sobre los conceptos de zona marítimo terrestre, zona pública y zona restringida, también el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS, los cardinales 32 y 34 de la LOA, y 3 inciso i) de la Ley Forestal, no. 7575 de 16 de abril de 1996, definen y someten zonas de ciertas características como áreas especiales bajo control del Estado, depositando en el caso concreto, en el MINAE, amplias facultades para ello…” Por ende, en el Patrimonio Natural del Estado y sus áreas silvestres protegidas, que comprendan zona marítimo terrestre, hay mutación demanial relativa a su administración, pues la misma pasa al MINAE-SINAC, quedando al margen el municipio, que estará inhibido para tramitar y otorgar concesiones (Ley 6043, artículo 73; Ley 7554, artículo 32, párrafo segundo; Ley 7575, artículos 6, inciso a), 13, párrafo segundo, 14, 15 y 18; Ley de Biodiversidad, artículos 22 y 28; votos constitucionales 16975-2008, 13073-2009 y 12716-2012; Sala Primera, votos 1070-F-S1-2010, 286-F-S1-2015 y 213-F-S1-2016; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 474-2005-II, 68-2013-IV, 74-2014-V, 1842-2009-VI, 38-2010-VI, 2642-2010-VI y 70-2015-VIII). II.- No son atendibles reparos de inadmisibilidad de la demanda. Si la accionada estima que la acción no cumple con el numeral 58 de la Ley 8508, debió interponer la defensa previa respectiva o una medida de saneamiento en las etapas que le faculta la Ley 8508. Ello no sucedió. En la audiencia preliminar de 19 de julio de 2018 se dispuso que no había aspectos por sanear ni defensas previas por resolver, quedando sólo el hecho quinto como controvertido (expediente judicial, minuta de audiencia: 13:45 hrs., 14:15 hrs. y 14:18 hrs., imágenes 198 y 199), con lo resuelto se conformó la demandada. En la continuación de la audiencia preliminar de 11 junio de 2019, se dispuso que no había aspectos por sanear y respecto al hecho quinto controvertido se admitió el testimonio del topógrafo Mainor Guadamuz Chavarría (expediente judicial, minuta de audiencia: 8:55 hrs., y 9:21 hrs. imagen 231). Igualmente, en la audiencia de Juicio de 26 de enero último, se dispuso que no había aspectos por sanear y se evacúo el testimonio ofrecido. Por ende, son gratuitos los reparos de indefensión que aduce la accionada. III.- En escrito de réplica de 20 de febrero de 2017 (expediente judicial, imágenes 165-170) indicamos que la accionada con su ofrecimiento probatorio no demostró ostentar un justo título decenal previo y oponible al Estado respecto a la afectación demanial. Ello es así porque, si bien la Ley 6043, artículos 6 y 35, reconoce la propiedad privada adquirida con anterioridad, con título legítimo e inscrita dentro de la zona marítimo terrestre, es de carácter excepcional y de necesaria comprobación por el particular a quien incumbe demostrar la titularidad invocada con ajuste a derecho, y de no hacerlo se reputará pública por ministerio de ley. El Tribunal Supremo Español, en repetidas sentencias, como las de 7 de mayo de 1975, 12 de noviembre de 1988 y 7 de julio de 1989, ha reiterado que “la zona marítimo-terrestre es bien de dominio público, sin perjuicio de los derechos de los particulares, siempre que sean ellos y no el Estado quienes así lo acrediten” (dictámenes C-138-91, C-102-93, C-33-2005). El dictamen C-88-2015 reiteró: “Dada la afectación -en bloque- a dominio público que en nuestro ordenamiento tienen desde antaño las dos fajas litorales y, ahora la zona marítimo terrestre en la Ley 6043, las propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de particulares configuran una excepción, y compete a éstos demostrar la adquisición de su título apegado a la ley. Si no acreditan los presupuestos de exclusión a la regla de demanialidad, el inmueble se reputará de naturaleza pública por imperativo legal”. La inscripción no convalida la nulidad de un título. El registro no subsana los vicios que puede tener el documento inscrito o el acto contenido y subsisten con prescindencia de la misma (Código Civil, artículo 456; Sala de Casación, No. 35 de 15 hrs. de 2 de abril de 1976). La exclusión del objeto del tráfico jurídico le hace por completo inidóneo para reducirlo a propiedad privada, en tanto conserve esa calidad modificable sólo por ley (Código Civil, numerales 261, 262; Sala Primera, sentencias 230-90 y 104-96; votos constitucionales 5026-97 y 2408-07; Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 7747-85-I, 9172-87-I, 7-2018-II). Ante el registro ilegítimo el particular no adquiere ningún derecho, el acto sigue siendo absolutamente nulo (votos constitucionales 1975-91 y 6170-98; Sala Primera, votos 104-96, 952-05 y 352-2021). Los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad y la publicidad legal del demanio, se oponen a que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen (Sala Primera, votos 1259-2009, 896-2015, 352-2021; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 868-2001-III, 84-2004-II, 35-2007-IV, 681-2008-V, 19-2009-VII, 2569-2009-IV, 81-2010-VIII, 99-2010-VII, 235-2010-VI, 2864-2010-III, 67-2011-VII, 467-2011-I, 33-2012-IV, 29-2013-IV, 41-2013-IV, 175-2013-I, 1280-13, 1-2015-II, 79-2015-IV, 116-2015-II, 119-2015-V, 125-2015-V, 15-2016-II, 37-2016-II, 75-2016-II, 79-2016-IV, 7-2018-II, 69-2018-II; dictamen C-132-2019). De esta forma, la acción para revertir inscripciones en perjuicio del dominio público no prescribe ni caduca (votos constitucionales 447-91, 2306-91 y 8429-2001; Sala de Casación, sentencias de 10 hrs. del 1° de agosto de 1946, 3-53, 79-55, 78-76 y 121-79; Sala Primera, votos 104-96, 597-2000 y 506-2007; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 230-95-I, 175-2013-I, 107-2008-II, 7-2018-II, 2642-2010-VI y 9-2014-VIII). El Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia 40-2013-VIII resolvió: “VI…El inmueble objeto del proceso, es un bien demanial que forma parte de la zona marítimo terrestre y del Patrimonio Natural del Estado…VII…el Estado cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso conforme al artículo 10 inciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que es el titular del bien de dominio público objeto de este proceso, y a quién le corresponde ejercer las acciones tendentes a proteger, reivindicar, fiscalizar y tutelar los bienes que forman parte de la zona marítimo terrestre…; por otra parte, el interés, se mantiene, en el tanto la conducta impugnada sigue surtiendo efectos en la esfera jurídica de la demandante y requiere de una resolución jurisdiccional que la ampare, ya que tratándose de recuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles.” La negrita es nuestra. En el voto 69-2018-II agregó: “V.- …la afectación legal que impera sobre la zona marítimo terrestre, como zona de calificación demanial especial, conlleva indefectiblemente a estimar con lugar las alegaciones que contiene la acción del Estado, por sustentar jurídica y materialmente la base de su demanda, esto por ubicar técnicamente a los inmuebles de manera catastral en sobreposición con el área restringida de la zona marítimo terrestre…Estos bienes de dominio público se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, en consecuencia fuera del comercio de los hombres. Esto es, contra el título de demanialidad existente de conformidad con la normativa de cita, no corre oponibilidad de mejor derecho o bien, de adquisición de buena fe, ya que por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial, intenso y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que no pertenecen ni pueden pertenecer (salvo desafectación legal) individualmente a los particulares…”. Así es los bienes demaniales sólo pueden desafectarse o reducirse a dominio particular por un acto normativo de igual jerarquía, es decir por ley (Código Civil, artículos 261 y 262; votos constitucionales 5026-97, 7294-98, 2988-99, 11346-06, 2408-07, 11155-07, 13367-12, 10158-13; Sala Primera 230-90 y 189-11; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 7747-1985-I, 9172-1987-I, 190-12-II, 84-14-II, 46-09-IX), siendo improcedente la vía reglamentaria, la resolución judicial o la actuación administrativa. La Sala Primera en sentencia 62-F-S1-2011 indicó: “VII.- Conforme a lo indicado, estima esta Sala, si bien el casacionista exhibe una inscripción registral a su nombre, tal circunstancia no implica que dicho título pueda ser oponible al carácter demanial del inmueble, a efecto de reivindicar su posesión o propiedad. Con base en el marco fáctico expuesto, la sola existencia de un título inscrito no es capaz de “desafectar” el bien demanial. Dicho lo anterior, es claro que carece de sustento jurídico la pretensión en el sentido de reivindicar los derechos de posesión y propiedad que argumenta la recurrente, respecto de un bien de naturaleza demanial.” La eficacia del régimen demanial es per se. Su existencia y publicidad deviene de la ley, se da con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación sustentada en el principio de inmatriculación. El demanio no necesita inscripción registral (votos constitucionales 846-95 y 3145-96; Sala Primera, votos 12-95, 1259-2009, 189-2011; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 579-82-I, 100-94-I, 467-2011-I, 84-2014-II, 2015-II, 15-2016-II, 37-2016-II, 75-2016-II, 7-2018-II, 69-2018-II, 868-2001-III, 2864-2010-III, 235-2010-IV, 33-2012-IV, 29-2013-IV, 41-2013-IV, 116-2015-IV, 79-2015-IV, 79-2016-IV, 119-2015-V y 125-2015-V, 235-2010-VI, 19-2009-VII, 99-2010-VII, 67-2011-VII y dictamen C-132-2019). Al respecto indicó la Sala Primera en sentencia 896-2015: “De conformidad con el principio de inmatriculación o innecesaria inscripción del dominio público, su existencia y publicidad se da con independencia de su registro, porque se presume su titularidad por parte del Estado. De manera que, el régimen demanial es per se. La publicidad en este tipo de bienes es material, no necesariamente formal o registral. El bien de dominio público, por su naturaleza, no necesita de la inscripción registral”. De acuerdo con los numerales 41.1.2 del Código Procesal Civil y 64.2 de la Ley 8508, quien se oponga a una pretensión debe demostrar los hechos impeditivos del derecho del actor o reconventor. Así, quien invoca una excepción tiene la carga probatoria de demostrar su fundamento. La sentencia constitucional 16629-12, con base en el artículo 486 del Código Civil, señala que el ordenamiento jurídico estatuye una presunción a favor del Estado de ser propietario de todos aquellos inmuebles no reducidos a propiedad particular. Este dominio primigenio estatal es previo a cualquier detentación de particulares. También lo contiene la Ley 11 de 1926, artículo 508, la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939, artículo 1°, y la Ley 2825 de 1961, numerales 7 y 11. Como el dominio del Estado sobre la franja costera está declarado por ley, hay carga probatoria a cargo de quienes esgriman propiedad privada. Así es, al particular le corresponde demostrar la posesión decenal previa a la afectación original (voto constitucional 4587-97). Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia 86-2021-I dispuso: “V.-…la Sala Constitucional, en su voto 2001-00247, de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del diez de enero del dos mil uno, se refirió al régimen general de usucapión y que en la sentencia número 04587-97, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, dispuso que el ejercicio de la posesión directa, a título de dueño, debe ser congruente con el plazo decenal previo, a la declaratoria de afectación al dominio público del inmueble objeto de un proceso judicial tendiente a la obtención de un título de propiedad…el reclamante de un derecho posesorio en áreas afectadas al dominio público, debe demostrar una posesión útil y efectiva por no menos de diez años, en las condiciones que señala el artículo 853 del Código Civil, sea en calidad de dueño, en forma directa, continua, pública y pacífica, amén de contar con un título traslativo de dominio y buena fe.”. En esa línea, la Sala Primera de Apelaciones, en sentencia 87 de 13 de enero de 1961, con respecto a la franja litoral resolvió que corresponde a los particulares acreditar la posesión decenal previa con título legítimo a la afectación demanial. En análogo sentido, la Sala Primera en resolución 409-2019 resolvió: “Ante una pretensión declarativa del dominio público”, “se presume la demanialidad, y el llamado al desvirtuarla es el particular” “Dicha regla presuntiva también torna inaplicables de entrada las reglas de propiedad privada y posesión.”. Otra posibilidad es que el particular acredite que el inmueble inscrito a su nombre lo es en virtud de un título inscrito por información posesoria presentada en los Tribunales de Justicia durante la vigencia del Transitorio III de la Ley 4558 de 22 de abril de 1970 (La Gaceta 104 de 12 de mayo de 1970), que permitió inscribir en los 150 m contiguos a la zona inalienable de 50 m, derogado por la Ley 4847 de 4 de octubre de 1971 (La Gaceta 206 de 14 de octubre de 1971), pues de no hacerlo se confirma su naturaleza demanial. Al respecto resolvió la Sala Primera en sentencia 352-2021: “…en el presente proceso la demandada no acreditó hubiera adquirido con tal fundamento, ni que alguno de los anteriores propietarios adquiriera al cobijo de tal norma transitoria. Valga agregar, esto es así de acuerdo con la evolución histórica de la demanialidad de la zona costera, la cual tiene su origen en 1828, y así continúa hasta la actualidad de consuno con lo regulado en la LZMT…En consecuencia, pese a que la accionada adquirió al amparo de la publicidad registral, terrenos de dominio público incorporados en la materialidad de la finca…, esto cede ante la naturaleza demanial de la ZMT”. La accionada tampoco demostró ese supuesto. Al contrario, en su contestación de 3 de marzo de 2017, transcribió parte del oficio RIM-CCT-CR-145-2015 del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario aportado por el Estado con el expediente administrativo No. 001-2016, relativo al procedimiento para inscribir la finca número 7302, de la cual fueron segregados los terrenos que originaron las 16 fincas a que refiere la presente demanda y establece que las áreas de los terrenos indicados en los hechos de la demanda “…están desplazadas al noroeste y en su totalidad fuera de los linderos originales de la finca del Partido de Guanacaste 7302 e igualmente fuera de sus antecedentes 3559 y 3970.” (Imagen 54, párrafo tercero). Asimismo, el testigo ofrecido por la demandada para desvirtuar el contenido de los tres informes técnicos elencados en el hecho quinto de la demanda, el Ing. Mainor Guadamuz Chavarría, en la audiencia de juicio de 26 de enero de 2022, lejos de eso, no se refirió a ninguno de ellos, y por el contrario declaró desconocer la normativa sobre manglares y rías, y ante una pregunta del apoderado de la accionada, al responder que cuatro de los inmuebles en litigio están en parte dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, más bien corroboró lo indicando en el oficio ACTORPP-SIG-219 del Área de Conservación Tempisque. Ese traslape parcial igualmente lo precisamos en nuestro escrito de réplica de 20 de febrero de 2017 (imagen 170, penúltimo párrafo, línea 9), y en la audiencia de juicio, ambos partes del contradictorio. Entonces, los oficios DTO-IGN-RN-0454-2015 y DIG-TOT-294-2018 del IGN demuestran que las 16 fincas objeto del litigio abarcan bienes de dominio público, integrantes de los diversos componentes de la zona marítimo terrestre, conceptos sobre los cuales se interrogó al Ing. Topógrafo ofrecido como testigo, declarando no tener conocimientos al respecto. El oficio ACT-ORPP-SIG-219 del Área de Conservación Tempisque acredita que cuatro esos inmuebles están en parte dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. En tanto con el oficio RIM-CCT-CR-145-2015 del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario se demuestra que los inmuebles no tienen sustento en un justo título anterior a la afectación demanial, como sostuvimos en la réplica del 20 de febrero de 2017 (imagen 170, penúltimo párrafo, líneas 10-11). Esos informes técnicos no se contradicen, se complementan. IV.- Por otra parte, se cumple el presupuesto de la legitimación pasiva, porque los inmuebles objeto del litigio están inscritos a nombre de las accionadas Panorama Lagarta Limitada, Cerro Lagarta Limitada, Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada y Reserva Biológica Nosara Limitada, pues como bien indicó el Instituto Geográfico Nacional en los oficios DTO-IGN-RN-0454-2015 y DIG-TOT-294-2018, los terrenos descritos en los planos G-0660243-2000, G-1368780- 2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 y G-1157284-2007, abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público, siendo innecesario integrar a los anteriores titulares o transmitentes, pues la pretensión de nulidad ha de dirigirse contra el titular actual (Sala Primera de Apelaciones en voto de 3:45 hrs. de 21 de agosto de 1936; Corte de Casación, sentencia de 10:40 hrs. de 16 junio de 1937; Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, votos orales 353-2016-I de 10:30 hrs. de 26 agosto de 2016, 538-2020-I de 12:35 hrs. del 26 de noviembre de 2020 y 100-2021-I de 11:22 hrs. del 12 de marzo de 2021; Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 26-2015-II de 8:45 hrs. de 27 de febrero de 2015, resoluciones interlocutorias orales 2587-2016-T de 15:51 hrs. de 8 de noviembre de 2016 y 706-T de 10:23 hrs. de 13 de abril de 2012). El criterio lo comparte la Sala Primera en sentencia 480-2019: “III… consideran los casacionistas que al ser una de las pretensiones la cancelación de la inscripción sobre la finca, se debe llamar al proceso a todos los que alguna vez fueron propietarios del bien, dado que podrían ser susceptibles de indemnización...no comparte esta Cámara el criterio de los codemandados sobre la integración de la litisconsorcio pasiva necesaria, sugerida, pues es evidente que quienes tienen una relación actual con el bien objeto del proceso, son los coaccionados, quienes reclaman tener derechos sobre el terreno, no así sus anteriores propietarios, lo cual, evidencia no existe obstáculo alguno para que exista pronunciamiento en torno a lo pretendido por la parte actora. De ahí, deba rechazarse el primer embate.” El destacado es suplido. Con base en lo expuesto, solicitamos acoger la demanda en todos sus extremos, y declarar la nulidad y ordenar la cancelación de las matrículas del Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000 y 157420-000, sus gravámenes y planos G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 y G-1157284-2007, por abarcar bienes demaniales, donde regirán las potestades de autotutela a cargo de la Administración activa, y haber sido declarados lesivos a los intereses públicos por el Ministerio de Justicia y Paz en resolución firme No. 595 de las 14:00 hrs. del 24 de octubre de 2016 (Hecho 6 de la demanda, no controvertido, y resolución 595-2016, expediente judicial, imágenes 6 y 11). En un asunto similar, resolvió el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia 98-2018-VIII: “VI) …guarda plena credibilidad para esta Cámara, los informes del IGN, reseñados y que dieron lugar al hecho probado 3 de esta sentencia, que establecen claramente que la totalidad de la propiedad discutida, está ubicada dentro de la ZMT y en parte cubierta por manglares.- Debe recordarse que de conformidad con el numeral 121.14 constitucional y la ley de la materia (N° 6043 del 2 de marzo de 1977), la ZMT (véase definición en los artículos 9 y 10 de esa Ley), está dividida en su zona pública (los 0 a los 50 metros a partir de la línea de pleamar ordinaria; que no es concesionable) y zona restringida (de los 50 a los 200 metros, a partir de la línea de pleamar ordinaria, que sí es concesionable); siendo la ZMT, bien de dominio público y como tal está cubierta de los atributos de inalienabilidad e indisponibilidad por privados (artículo 7 del último cuerpo citado), siendo abiertamente ilegal y en fraude de ley, la inscripción que se realizó aplicando sobre ese bien, como si fuera bien de dominio privado…de conformidad con el artículo 11 de la Ley de la ZMT, es parte de la zona pública, todos los manglares existentes en los litorales del territorio nacional, razón por la cual, también por esa otra razón se puede afirmar que lo dispuesto en la Información Posesoria y las inscripciones de la finca y del plano catastrado, se realizó sobre bienes demaniales y es nulo de pleno derecho, debiéndose aplicar lo dispuesto en los artículos 4 y 7 de la Ley N° 6043 y disponer la nulidad de la inscripción de la finca y del plano catastrado que lo describe. Además, se debe ordenar la anulación de los embargos y anotaciones existentes…porque por su situación física y por imperio de Ley, los bienes que integran la finca tantas veces mencionada, siempre fueron propiedad del Estado, no pudiéndose alegar de buena fe, derechos subjetivos o intereses legítimos, esos particulares, por actos ilícitos o negocios realizados por otros particulares… VII) …deben rechazarse las excepciones de falta de derecho (porque se demostró que se busca la reinvidicación de bienes públicos, dispuestos ilegalmente por particulares); de falta de legitimación activa y pasiva (por encontrarse legitimado activamente el Estado, como su titular para reclamar la eliminación de las anotaciones registrales sobre un bien que le pertenece y nunca salió de su dominio por mandato normativo y ser …, S.A., como titular registral, el que puede ver afectado sus derechos por la pretensión reivindicatoria) y falta de interés actual (porque es evidente que el interés de reivindicar un bien de esa naturaleza, no puede decaer por el tiempo). Por tanto:…Se desestiman las excepciones planteadas…En consecuencia se anula la inscripción de la propiedad del Partido de Puntarenas, … y del plano …lo mismo que los derechos, gravámenes y anotaciones que pesen sobre esa finca; firme la presente sentencia, se ordena al Registro Nacional, que elimine dichos asientos registrales indicados, lo mismo que todos los derechos, gravámenes y anotaciones existentes sobre dichas inscripciones, realizadas por particulares.”.- III.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS INTERESADOS: El representante del SINAC como tercer interesado señaló lo siguiente: "(...) SOBRE EL FONDO. Sobre la demanialidad de la Zona Marítimo Terrestre II. ASESORÍA JURÍDICA. De ahí se desprende que en ningún momento los doscientos metros de zona marítimo terrestre se han encontrado desprovistos de protección legal como bien de dominio público, a excepción de la breve vigencia del Transitorio III de la Ley N°4558 de Urbanizaciones Turísticas. Colección de leyes y decretos: Año: 1970 Semestre: 1 Tomo: 2 Página: 791, y derogado por el articulo N°1 de la Ley N°v4847 de la Colección de leyes y decretos: Año: 1971 Semestre: 2 Tomo: 2 Página: 886. Adicionalmente, las fincas en cuestión, al estar dentro del área silvestre protegida, Refugio de Vida Silvestre Ostional, constituyen PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Conforme artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. La Ley Forestal N° 4465 de 25 de noviembre de 1969, en su tema original, definió así los componentes del Patrimonio Forestal del Estado: "Artículo 18.- El Patrimonio Forestal del Estado está constituido por las Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y Reservas Biológicas. Artículo 19.- Quedan afectados a los fines de la presente ley, todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como Reservas Nacionales; y b) Las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas (...)". Con las reformas introducidas por las Leyes N" 7032 de 2 de mayo de 1986 y 7174 de 28 de Junio de 1990, dicho Patrimonio fue conceptualizado así: "El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública. Este patrimonio será administrado por la Dirección General Forestal la que inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad, cuando sea procedente, por medio de la Procuraduría General de la República, como fincas individualizadas de propiedad del Estado. "(Artículo N° 32). Tal acepción, aunque bajo una nomenclatura distinta, permanece prácticamente inalterada en la Ley Forestal N" 7575 de 5 de febrero de 1996: "El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (...)" (artículo 13). Esta categoría, reconocida por nuestro ordenamiento desde el año 1969, conforme el numeral 14 de la Ley Forestal N° 7575 constituye bienes de dominio público, por lo tanto serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En el Dictamen C›297-2004 del 19 octubre del 2004. la Procuraduría indicó: "Al ser la zona marítimo terrestre de carácter demanial, si en ella existe bosque o es terreno de aptitud forestal, por Ley pasará en forma automática, a formar parte del Patrimonio Natural del Estado y su administración le corresponderá al Ministerio de Ambiente y Energía, quedando excluida de la aplicación de la Ley 6043. Cuya consecuencia práctica, es que las Municipalidades no pueden legalmente otorgar concesiones sobre bosques o terrenos forestales de la zona marítimo que integran el patrimonio natural del Estado, sin poderlo administrar tampoco". Esto quiere decir que la ZMT del Refugio de Vida Silvestre Ostional, por el simple hecho de estar incorporada a un área silvestre protegida como bien demanial, integra el Patrimonio Natural del Estado. III. Sobre la demanda principal de lesividad interpuesta por el Estado. Es relevante indicar que, sobre la acción del Estado para recuperar los bienes demaniales, la Sala Constitucional ha sostenido: "La acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" de los bienes demaniales, los que estando fuera del comercio "no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho de aprovechamiento..." (Voto N° 2306-91 de 14:45 horas. del 6 de noviembre de 1991). Por ello, los terrenos que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, como bienes integrantes del dominio público no pueden ser susceptibles de transferencia de dominio a particulares. Así lo ha entendido la Sala Constitucional, en el Voto N° 1763 de las 16 horas, 45 minutos del 13 de abril de 1994: toda vez que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales. de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o descentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar a cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad la aplicación de los términos de aquella normativa, así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no está facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, (...); en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por et interés público que reviste su contenido cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (...)". En las conclusiones el SINAC señaló: "En el Proceso de Lesividad interpuesto por el Estado referido a bienes inmuebles objetos del litigio que abarcan terrenos de la zona marítima terrestre, en el dictamen C-050-96 del 26 de junio de 1996, la Procuraduría General de la República ha indicado que la zona marítima terrestre es de dominio público desde principios del siglo XIX. La milla marítima goza de protección demanial con la Ley N° 162 del 20 de junio de 182. Luego el Código General del Estado del 30 de julio de 1841, dispuso en el numeral 296: “…el flujo y reflujo del mar, sus riberas, los puertos, las ensenadas, radas, y generalmente las porciones del territorio del Estado, que no son susceptibles de una propiedad privada, se consideran como pertenecientes al dominio público”. Asimismo, la Ley N° 7 del 31 de agosto de 1868, articulo 1°prohibió denuncia tierras baldías comprendidas en una zona de dos mil varas de latitud, a lo largo de las costas de ambos mares, en ese mismo orden otras leyes como la Ley de Aguas de N° 11 del 26 de mayo de 1884, articulo 20 dispuso: “Es de dominio público la zona marítima terrestre o espacio de las costas de la República que baña el mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla”. La zona costera desde el siglo XIX, se considera como propiedad estatal, ha tenido una protección como bien demanial, entendiendo que los terrenos demaniales están fuera del comercio y no caben derechos reales de propiedad y posesión a título de dueño según lo establecido en los artículos 261 y 262 del Código Civil. Es por lo anterior, que se desprenden que en ningún momento los doscientos metros de la zona marítimo terrestre se han encontrado desprovistos de protección legal como bien de dominio público. SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. El PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, conforme artículos 13, 14, y 15, 18 de la Ley Forestal Nº 7575 “ARTICULO 13.- Constitución y administración: El artículo 13 de la Ley Forestal número 7575. El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. En ese sentido el Patrimonio, según lo establece el artículo 14 de la Ley Forestal vigente, está afecto al régimen de dominio público, al señalar dicha norma que “los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado sobre estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público, mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”. Además, como una garantía de protección, el artículo 15 de la Ley Nº. 7575, estableció que los organismos de la administración pública no podrán enajenar terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE. “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión…”. (Sala Constitucional, Voto No. 2306-91 de 14 horas 45 minutos del 6 de noviembre de 1991). En el dictamen C- 297-2004, del 19 de octubre del 2004, la Procuraduría indico: “Al ser la zona marítima terrestre de carácter demanial, si en ella existe bosque o es terreno de aptitud forestal, por pasará en forma automática, a formar parte del Patrimonio Natural del Estado y su administración le corresponde al Ministerio de Ambiente y energía, quedando excluida de la aplicación de la Ley 6043. Cuya consecuencia práctica, es que las Municipalidades no pueden legalmente otorgar concesiones sobre bosques o terrenos forestales de la zona marítimo que integran patrimonio natural del Estado, sin poderlo administrar tampoco”. Por su parte en el Artículo 15 de la Ley No. 7575 establece “Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional: “(…) el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; (sic) La zona marítimo terrestre, como el Patrimonio Natural del Estado, que es terreno inalienable es por ello que cualquier apropiación de un particular, resulta lesivo y contrario al deber del Estado de garantizar, defender y preservar el Patrimonio según lo establece la normativa vigente. Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan al Patrimonio Natural del Estado y las acciones contra los asientos de registro y catastro que lo afecten, no prescriben ni caducan por ser de dominio público. En lo referente a las inscripciones de las fincas y la materia registral es importante mencionar que la validez de un título inscrito queda condicionada al cumplimiento de las leyes vigentes. (Votos Sala Primera 104-96 y 952-05). En la declaratoria de lesividad N° 595-MJP-2016 evidencia que las fincas detalladas en este litigio afectan bienes de dominio público. Es por lo anterior que esta Representación, solicita DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA DE LESIVIDAD INTERPUESTA POR EL ESTADO Y SE DECLARE LA NULIDAD Y SE ORDENE LA CANCELACIÓN DE LAS MATRICULAS A NOMBRE LA DEMANDADAS, por abarcar bienes demaniales, donde se regirán las potestades de autotutela a cargo de la Administración Activa".- Asimismo, la representación de la Asociación Cívica Nosara, en su escrito de contestación indicó: "(...) CONSIDERACIONES DE FONDO Antecedente: Como se indicó supra, mi representada siempre ha procurado el bienestar de la zona y se ha encargado de la conservación de los recurso hídricos, es por ello que el diez de febrero del dos mil cuatro, mediante la escritura pública, número ciento cuatro, otorgada ante el notario público Álvaro Aguilar Saborío, y a sabiendas de la importancia de suplir de recursos hídricos a la comunidad, la empresa Reserva Biológica de Nosara Limitada, cédula jurídica tres- ciento dos- ciento veinticinco mil novecientos noventa, constituyó a favor de mi representada una servidumbre acueducto y paso sobre la finca 5-71896-000, la cual se describe de la siguiente manera: Servidumbre de acueducto y paso a favor del proyecto de acueducto que brinda la Asociación Cívica de Nosara, la que ejercerá la servidumbre de acueducto y de paso, en una área de quinientos setenta y un metros con setenta y un decímetros de longitud con un ancho de dos metros para un total de ciento cuarenta y tres metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados, con rumbo de este a oeste, la servidumbre de acueducto se ejercerá en ambos casos mediante tubería enterrada, la de paso se ejercerá por cualquier medio de locomoción que permita el ingreso de maquinaria por la franja en donde se ejercer la servidumbre con el fin de instalar, ampliar, modificar o reparar tuberías existentes. (Gráfico servidumbre). La razón por la cual se suscribe esa servidumbre, es por cuanto mi representada ha formado alianzas de desarrollo con otras asociaciones de la zona, y es la Asociación la que administra y provee a ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE NOSARA, cédula de persona jurídica tres- cero cero dos- tres seis siete uno dos ocho, los terrenos y recursos necesarios para el acceso al recurso hídrico de la zona, y es por esa servidumbre por donde pasan los ductos de agua que provee de ese recurso a los habitantes de la zona, razón por la cual eliminarla significaría un perjuicio de naturaleza incalculable para los habitantes de Nosara. Sobre el derecho al agua el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en http://www.un.org/spanish/walcribrlitbdccade/iwrm.sh1ml, ha dicho: El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizadores internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General n° 15 sobre el derecho al agua. El artículo 1.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación n° 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social y, al mismo tiempo, cumple la función básica de mantener la integridad del entorno natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales y resulta por ello imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada. Los gestores, tanto gubernamentales como del sector privado, han de tomar decisiones complicadas sobre la asignación del agua. Con mayor frecuencia, éstos se enfrentan en una oferta que disminuye frente a una demanda creciente. Factores como los cambios demográficos y climáticos también incrementan la presión sobre los recursos hídricos. El tradicional enfoque fragmentado ya no resulta válido y se hace esencial un enfoque holístico para la gestión del agua. Éste es el fundamento del enfoque para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), aceptado ahora internacionalmente como el camino hacia un desarrollo y gestión eficientes, equitativos y sostenibles de unos recursos hídricos cada vez más limitados y para abordar unas demandas en competición. (Gráfico). Fases de la planificación e implementación de la GIRH. Existen grandes diferencias entre regiones en lo referente n disponibilidad de agua, éstas van desde las situaciones extremas de escasez en los desiertos a las de abundancia en los bosques tropicales. Además, también hay variabilidad en cuanto al suministro en el tiempo a consecuencia tanto de la variación estacional como interanual. Con demasiada frecuencia, el grado de variabilidad y el momento y la duración de los periodos de suministro, alto o bajo, son demasiado impredecibles. Esto implica una falta de fiabilidad del recurso, lo que supone un importante reto para los gestores del agua en particular y para la sociedad en su conjunto. Los países más desarrollados han superado en gran medida la variabilidad natural con infraestructuras para gestionar la oferta que aseguran un suministro fiable y reducen los riesgos, aunque ello a un alto precio y, a menudo, con un impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas y los medios de vida. Muchos de los países menos desarrollados, y algunos de los desarrollados, se encuentran ahora con que considerar únicamente la gestión de la oferta no resulta adecuado a la hora de abordar una cada vez más creciente demanda provocada por presiones demográficas, económicas y climáticas. Frente a ello, se han puesto en marcha medidas de tratamiento de aguas residuales, reciclaje del agua y de gestión de la demanda. Además de los problemas relacionados con la cantidad disponible de agua, también se presentan problemas relacionados con la calidad del agua. La contaminación de las fuentes de agua constituye uno de los principales problemas que afrontan los usuarios de los recursos hídricos y supone una amenaza para el mantenimiento de los ecosistemas naturales. En muchas regiones, la disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, se está viendo gravemente afectada por la variabilidad y el cambio climático, con más o menos precipitaciones según las diferentes regiones y una mayor frecuencia de fenómenos atmosféricos extremos. También, en numerosas regiones, la demanda se ve incrementada como resultado del crecimiento de la población y otros cambios demográficos (en particular, la urbanización) y la expansión agrícola e industrial que resultan de la modificación de los patrones de consumo y de producción. Como consecuencia, algunas regiones se encuentran ahora mismo en un permanente estado de niveles de demanda superados y muchas otras regiones lo padecen en momentos críticos del año o en años de escasez de agua. Fuentes: • Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans. ONU-Agua. 2008 Road mapping for Advancing Integrated Water Resources Management (IWRM) Processes. ONU-Agua, GWP. 2007. Es por lo anteriormente expuesto que para efectos propios de mi representada a quien le pertenezca el inmueble, no es el tema de fondo, lo que sí es muy importante es que la SERVIDUMBRE SE CONSERVE, porque de lo contrario será toda la comunidad de Nosara la cual se puede ver afectado por la cancelación de ese derecho, provocando un perjuicio de naturaleza incalculable para el desarrollo del lugar. El artículo seis de la Ley General de Administración Pública, no puede una ley ir contra los tratados internacionales, como: Convención sobre el Desarrollo de la Energía Hidráulica que afecte más de un Estado (Ginebra, 1923, art. 4), Carta de las Naciones Unidas (1945), Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, arts. 25 y 30), Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1967, arts. 5, 11 y 12; Observación General No 15: El derecho al agua; Observación General N° 6: Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores). Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1968), Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1968), Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, 1969), Declaración de Estocolmo (1972), Convención sobre la Prevención de la Polución Marina por Basuras y Otras Materias (Londres, México, Moscú, 1972), Convención Internacional para la Prevención de la Polución por Barcos (Londres, 1973), Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974, arts. 3 y 30), Declaración Mar del Plata (ONU, Conferencia del agua, 1977), Declaración Alma-Ata (Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 1978), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979),Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), Convención sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1982, arts. 192 al 237), Carta Mundial de la Naturaleza (1982), Declaración de Róterdam (1983), Protocolo de San Salvador (1988, art. 11), Declaración de La Haya sobre Medio Ambiente(1989),Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT, 1989), Declaración de Nueva Delhi (1990), Carta de la Comunidad Europea sobre Derechos y Obligaciones Ambientales (Diciembre de 1990), Principios de las Naciones Unidas para Personas Mayores, (Asamblea General Resolución 46/ 91, 16 de diciembre del 1991), Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo(1992),Agenda 21 (ONU conferencia de ambiente y desarrollo, 1992), Declaración de Dublín (1992), Declaración de Ámsterdam (1993), Declaración de Nordwijk (1994), Hábitat agenda (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat, Istambul, 1996), Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (1996), Declaración de París (1998), Reportes de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1° al 60), Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas de Ríos Internacionales, Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derecho Humano al Agua (28 de julio de 2010)". Posteriormente esta parte presenta un escrito de fecha 04 de julio de 2019, donde se señala que, no se apersonarían más al proceso y se atendrían a las resultas del mismo.- IV.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LAS PARTES DEMANDADAS: En el escrito de contestación, indica la representación de las cuatro sociedades demandadas en lo de interés: "(...) HECHO PRIMERO: LE COMPETE A PANORAMA LAGARTA LIMITADA. Es cierto que mi representada es propietaria de esos seis inmuebles, con los números de finca y de pianos catastrados indicados en este Hecho. HECHO SEGUNDO: LE COMPETE A CERRO LAGARTA LIMITADA. Es cierto que mi representada es propietaria de ese Inmueble, con el número de finca y de plano catastrado indicado en este Hecho. HECHO TERCERO: LE COMPETE A REFUGIO AGUAS DE NOSARA LIMITADA. Es cierto que mi representada es propietaria de esos dos inmuebles, con los números de finca y de planos catastrados indicados en este Hecho. HECHOS CUARTO: LE COMPETE A RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LIMITADA. Es cierto que mi representada es propietaria de los siete inmuebles referidos, con los números de finca y de plano catastrado indicados en este Hecho. HECHO QUINTO: SE REFIERE A TODAS LAS EMPRESAS QUE REPRESENTO Y PROCEDO A CONTESTAR EN FORMA CONJUNTA. Es parcialmente cierto y contiene una serie de inexactitudes que es preciso clarificar. UNO: NO ES CIERTO que el oficio ORIM-CCT-CR-0145-2015 del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario, fechado 11 de diciembre del 2015, suscrito por el Lic. Guillermo Rodríguez Rodríguez indique en alguno de sus folios, que los referidos inmuebles, propiedad de mis cuatro representadas, abarquen terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público. El documento consta de 29 folios y en ninguno de ellos se afirma que las fincas indicadas se encuentren en zona marítimo terrestre, pues más bien se refiere al procedimiento para inscribir la finca número 7302, de la cual fueron segregados los terrenos que originaron las 16 fincas al que se refiere la presente demanda. Inclusive la Conclusión del Licenciado Rodríguez no se refiere al tema de la demanda ni a sus hechos, sino que establece que las áreas de los terrenos indicados en los hechos de la demanda "...están desplazadas al Noroeste y en su totalidad fuera de los linderos originales de la Finca del Partido de Guanacaste 7302 e igualmente fuera de sus antecedentes 3559 y 3970". DOS: ES PARCIALMENTE CIERTO que el Oficio ACT-ORPP-SIG-219 de la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque, fechado 27 de noviembre del 2015, señale que esos cuatro planos que corresponden al mismo número de inmuebles estén dentro del Refugio de Vida Silvestre Ostional. De la lectura del referido Oficio lo que se desprende es que existen esos cuatro inmuebles afectando áreas del Refugio, pero no en su totalidad. Los dos primeros son propiedad de mi representada REFUGIO AGUAS DE NOSARA LIMITADA v los dos siguientes son propiedad de mi representada RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LIMITADA. Observe su autoridad que el primero predio, con el plano catastrado G-62505-1992, invade el área del Refugio en un 75.95 de su cabida, con lo cual es claro que el 24.05 de dicho inmueble se encuentra FUERA del Refugio. En el segundo inmueble, con el plano catastrado G-104087-1993, la invasión al Refugio es del 36,19 de la cabida del inmueble de mi representada, con lo que es evidente que el 63 81 por ciento está FUERA del Refugio. En el tercer inmueble, con el plano catastrado G-1194813-2007, la cabida del inmueble que invade el Refugio es del 5,28 por ciento, lo que determina que el 94,72 por ciento está FUERA del Refugio. Y en el último inmueble, que corresponde al plano catastrado G-555446-1984, solo el 31,13 por ciento invade el Refugio, por lo que el 68, 87 por ciento está FUERA del Refugio. Debe la parte actora precisar su demanda en cuanto al hecho de que esos inmuebles están dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, por cuanto de la propia prueba se desprende que ello no es así, ya que solo parcialmente, según lo que indica el oficio que la actora aporta como prueba, se produce la invasión al Refugio. TRES: NO ES CIERTO que los inmuebles que se indican en el Oficio DTO-IGN-RN-045|4-2015, fechado 30 de noviembre del 2015 y suscrito por la Ingeniera Raquel Irías Brenes, que comprende las fincas descritas en los planos catastrados G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286, G-1157283-2007 y G-1172999-2007, todos propiedad de mi representada RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LIMITADA, estén abarcando terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público. Inclusive los planos G-1157283-2007, G-1157284-2007, G-1172999 y G-1157286-2007, no se encuentran referidos en el Oficio de la Licenciada Irías, sea por error u omisión que debe aclarar la parte actora. CUATRO: NO ES CIERTO que los inmuebles referidos en el Oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre del 2015 de la ingeniera Irías, que comprende los planos G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-51118-1983, G-51119-1983 y G-643557-2000, todos propiedad de mi representada PANORAMA LAGARTA LIMITADA, estén abarcando terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público. Inclusive existe una contradicción entre la información del HECHO QUINTO con el HECHO PRIMERO, por cuanto en aquel se indica la existencia de la finca con el plano catastrado G~511119-1983, en tanto en éste se refiere al plano G-11119-1983, sin entenderse que se refiera al mismo documento, lo que debe ser aclarado por la actora. CINCO: NO ES CIERTO que el inmueble referido en el indicado Oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre del 2015, que comprende el plano catastrado G-1368780-2009, propiedad de mi representada CERRO LAGARTA LIMITADA, esté abarcando terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público. Incluso ese plano no está referido con esos datos en el informe de la Licenciada Orías, sino con otro, lo que debe ser clarificado por la parte actora. HECHO SEXTO: ES CIERTO. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. La parte actora no fundamenta las razones por las cuales determina que esos inmuebles abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público, por lo que no es posible indicar la contra argumentación correspondiente. Aparentemente, la prueba que se aporta simplemente afirma que existen dos aspectos que le hacen creer a la Procuraduría General de la República que esa invasión a la zona marítimo terrestre se produce: primero, porque se abarcan áreas de manglar, total o parcialmente y segundo, por encontrarse dentro de la zona de 150 metros contigua a dichas áreas de manglar. Por ahora, reservando la argumentación jurídica para el momento oportuno, señalamos que los manglares fueron declarados humedales como categoría técnico-jurídica por Decreto Ejecutivo número 22550 del 14 de setiembre de 1993. Los humedales están definidos en el Artículo 2 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre número 7317 del 30 de octubre de 1992 y deriva su regulación y protección de la obligación internacional asumida por el Convenio de Ramsar, en esta materia, aprobado por Ley 7224 del 9 de abril de 1991. La Ley Orgánica del Ambiente número 7554 del 4 de octubre de 1995 en su Artículo 32 establece claramente que los Humedales son AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, lo que es reiterado por el Artículo 58 de la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998, de lo que se concluye sin problema alguno que los manglares están configurados jurídicamente como Áreas Silvestres Protegidas, por tener la tipología de humedales. Si los manglares tienen jurídicamente la característica de Humedales y éstos configuran áreas silvestres protegidas, también tienen la calidad tipológica de RESERVA EQUIVALENTE, como ha determinado la misma Procuraduría General de la República en sendos dictámenes C-174-87 del 8 de setiembre de 1987 y C-191-96 del 27 de noviembre de 1996. Y evidentemente, al ser una Reserva equivalente, al tenor del Artículo 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, número 6043 del 2 de marzo de 1977 y sus reformas, NO ES APLICABLE ESA LEY A DICHAS RESERVAS EQUIVALENTES. Siendo ello así, la regulación de los Artículos 9, 10 y especialmente el 11 de dicha Ley 6043 y el Artículo 4 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 7841 del 16 de diciembre de 1977, no son aplicables a los manglares, cuya delimitación alcanza a lo declarado y amojonado, sin ser aplicable la normativa de los 150 metros de zona restringida, al estar excluida esa disposición del régimen de las reservas equivalentes, conforme al numeral 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. INVOCACIÓN DE EXCEPCIÓN DE FONDO v PRETENSIÓN. Invoco la excepción de fondo de falta de Derecho, por estar indebidamente fundamenta la demanda, la cual solicito acoger y por ello DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS, con la condena en costas correspondiente". En conclusiones indicaron: "PRIMERO: ASPECTOS GENERALES. La demanda no cumple con los requisitos básicos que establece el Artículo 59 incisos b) y c) del CPCA, por cuanto carece de una exposición específica de los hechos y antecedentes y tampoco contiene los fundamentos de Derecho que pretende invocar en su apoyo, como se apuntará más adelante. SEGUNDO: LA DEMANDA CARECE DE UNA EXPOSICIÓN ADECUADA DE HECHOS Y ANTECEDENTES. En el hecho quinto de la demanda, que es el único que tiene carácter de controvertido, tal y como se decidió en la Audiencia Preliminar del 19 de julio del 2018, no se señalan ni indican los elementos fundamentales que debe contener una acción contencioso administrativa, conforme al Artículo 49 de la Constitución Política y 1 y 58 inciso b) del CPCA. La representación estatal se limita a indicar - que una lista de dieciséis inmuebles, cuyos números de plano señala, "...abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre...", conforme a dos oficios que cita, uno del Registro Inmobiliario y otro del Instituto Geográfico Nacional. En el segundo párrafo del hecho numerado como quinto se refiere que existen unos inmuebles que están dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, sin que se detalle en qué área, qué parte de la zona del Refugio se invade, si se trata de playa, manglares, rías, pues simplemente se remite a un oficio del Área de Conservación Tempisque, como si fueran los firmantes de ese documento quienes posean competencia para describirse forma precisa y circunstanciada el hecho y no el actor. Es claro entonces que el Estado no planteó el hecho ni la demanda de forma específica, pues no detalla la razón por la cual estima que esos inmuebles abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre o del propio Refugio. Especificar es detallar, señalar en forma precisa y concreta el elemento fáctico que pretenda probar y por ello se exige que indique las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que a su criterio ocurrieron los hechos, para posteriormente demostrarlos con los aspectos probatorios que rolan en el expediente administrativo. No es posible legalmente que simplemente se indique en el hecho número cinco que unos inmuebles abarcan terrenos de zona marítimo terrestre, sin que refiera que los sea de forma total o parcial, cuáles son los terrenos de esa zona que fueron invadidos o abarcados, dónde, desde cuándo, si se trata de zona de playa, costera, de manglares o rías, conceptos empleados por el Procurador en su alegato inicial, pero que no constan en la demanda. Mal puede pretender el Estado que el hecho se deduzca de la prueba, cuando el procedimiento opera a la inversa: primero se determina el hecho, para luego definir si, una vez conocido, detallado y precisado, la prueba es suficiente para tenerlo por demostrado. La estrategia de la Procuraduría es no especificar el hecho, no indicar qué área de la zona marítimo terrestre supuestamente se abarca por los terrenos propiedad de mis representadas, y acudir a la prueba, no para demostrar el hecho, sino para determinarlo. La prueba tiene la función de demostrar el hecho ya especificado y detallado, su rol no es completarlo ni definirlo, porque en tal caso el elemento fáctico estaría incompleto y no sería el actor quien demanda sino el autor de la prueba, lo que sería un galimatías que trastoca por completo el procedimiento ilegal. El Artículo 82.1 del CPCA detalla legalmente lo anterior: las diligencias de prueba se ordenan y practican para determinar la verdad real de los hechos relevantes del proceso. Es decir, primero deben conocerse de forma clara, precisa y circunstanciada los hechos relevantes del proceso para luego intentar probarlos. No es posible por ello admitir demandas en las que los hechos no estén precisados, porque así la prueba se convertiría en el hecho y ello no es jurídicamente posible. Tampoco el expediente administrativo es la demanda, sino que es la prueba de la demanda. Sin que la demanda cumpla con los requisitos legales, no es posible reconstruirla con el expediente administrativo, porque se trataría de una construcción ilegal de la causa petendi y de una reformulación de la demanda a través del expediente que debe intentar probar lo que está correctamente definido y precisado desde el origen de la causa. TERCERO: LA DEMANDA CARECE DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA RESPALDAR LOS HECHOS Y LA PRETENSIÓN. El numeral 58 inciso c) del CPCA establece que la demanda debe contener los fundamentos de derecho que se invoque en apoyo de los hechos y de la pretensión, lo que está ausente en este caso. Basta con leer el acápite de fundamento jurídico que contiene la demanda para percatarse fácilmente que se limita a referir que los terrenos que se encuentran en bienes de dominio público no son susceptibles de propiedad privada, que por ello deben anularse, que son inalienables e imprescriptibles y para ello se citan unas sentencias y unas normas jurídicas. Pero no se fundamenta: no se indican las razones por las que esos terrenos se pretende que se encuentren en zonas de dominio público ni se respalda normativamente el hecho que se propone probar. De nuevo el actor quiere que sean las pruebas las que especifiquen el hecho y que sean ellas las que fundamenten la pretensión, lo que no es propio del litigio procesal. CUARTO: LA PRETENSIÓN NO DERIVA DE UNA CORRECTA DESCRIPCIÓN FÁCTICA NI DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. La pretensión que se formula nada más determina que por ser bienes de dominio público, se deben anular un grupo de matrículas. Pero ello no deriva de los hechos ni del fundamento jurídico de la demanda, sino que se quiere deducir de los informes probatorios, como si los medios de prueba fueran los hechos y los documentos fueran la fundamentación. Ello no es posible de admitir, porque llevaría a los tribunales a definir los hechos y los fundamentos como derivados de la prueba y construir la pretensión a posteriori, sin que se conozcan adecuadamente los hechos ni se fundamenten de forma apropiada, por lo que la propia pretensión incurre en los mismos vicios ya señalados. QUINTO: LA PRETENSIÓN NO ES PROPIA DE UN CONTENCIOSO DE LESIVIDAD. A pesar de que se pretende indicarle a los Jueces que el expediente es derivado de una declaratoria de lesividad, y para ello se aporta la prueba número 1, ni la pretensión ni los hechos se refieren de forma adecuada a ello. El Artículo 10.3) del CPCA establece que, en casos como éstos, el Estado lo que debe hacer es IMPUGNAR UN ACTO PROPIO, FIRME Y CREADOR DE DERECHOS SUBJETIVOS, pero en los hechos y en la pretensión se omite señalar cuál o cuáles son tales actos que impugna. Como dice parte de la doctrina, en el contencioso de lesividad la administración se demanda a sí misma, en el sentido de que pretende impugnar actos propios. Pero en la pretensión lo que se indica es que se anulen y cancelen matrículas sin referir los actos que se impugnen, ni se demuestra que se trata de actos firmes y creadores de derechos subjetivos, pretendiendo quizás que el expediente de la declaratoria de lesividad forme parte de los hechos y de la pretensión, cuando no es más que una prueba. SEXTO: LA PRUEBA TAMPOCO DEMUESTRA LO QUE PRETENDE DERIVAR. No es cierto que el Oficio RIM-CCT-CR-0145-2015 del Departamento Catastral del Registro Inmobiliario del 11 de diciembre del 2015, que suscribe el Lic. Guillermo Rodríguez Rodríguez, indique en alguno de sus folios que los inmuebles propiedad de mis representadas abarquen terrenos de la zona marítimo terrestre. El documento consta de 29 folios y en ninguno de ellos se afirma tal cosa, sino que se limita a explicar el procedimiento para inscribir una finca numerada 7302. Ni en el contenido ni en las conclusiones de ese informe se hace referencia ni a la zona marítimo terrestre ni al Refugio de Vida Silvestre Ostional. Del Oficio ACT-ORPP-SIG-219 de la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque, fechado 27 de noviembre del 2015, lo único que se desprende es que cuatro de esos inmuebles invaden parcialmente zonas del Refugio de Vida Silvestre Ostional, lo que fue aceptado por mi representada en esos mismos porcentajes e incluso se ha indicado que cuando la Notaria del Estado así lo disponga, se efectuarán a su cargo los traspasos correspondientes. En la respuesta a la demanda indicamos los porcentajes que abarcan los inmuebles, en los mismos términos que ese oficio, por lo que en este aparte no existe controversia alguna. Tampoco pretende el Área de Conservación apropiarse ni reclamar más terrenos que los que se indican en ese oficio, por lo que es claro que la pretensión estatal, por su incumplimiento de los requisitos legales, es confusa y contradictoria y ofrece pruebas que se contradicen entre sí. El otro Oficio, que es el DTO-IGNRN-0454-2015 del 30 de noviembre del 2015, suscrito por la Ing. Raquel Irías Brenes, del Registro Nacional, se limita a indicar que varios de los inmuebles de mi representada se encuentran dentro del patrimonio del Estado, en un documento de una página y media, sin fundamento ni respaldo alguno. Señala el texto que hay inmuebles que abarcan áreas de manglar, sin evidencia alguna, afirma que deben definirse como zona pública las áreas contiguas a él e incluso que se definan como zona pública las áreas de zoo metros contiguas a la ría del río Nosara, son fundamentar de ninguna manera y como si se tratara de afirmaciones mayestáticas que tuvieren fe pública por solo suscribirlas. El Estado no aportó a los firmantes como testigos peritos para detallar su pretensión, que está mal configurada y pareciera que más bien propone que la prueba configure los hechos y la propia pretensión. SÉTIMO: LOS MANGLARES SON ZONA PÚBLICA DE 50 METROS Y NO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DE 200 METROS. El Artículo 9 de la Ley número 6043 del 2 de marzo de 1977 define a la zona marítimo terrestre de 200 metros como la franja de esa extensión a todo lo largo de los litorales. El Artículo 11 limita a 50 metros, no a 200, la zona pública ocupada por manglares, pues no son litorales ni costas, por lo que no es dable aplicar el mismo régimen que los de éstos. La Procuraduría insiste en aplicar el numeral 4 del Reglamento a la Ley 6043, no de la ley, que es un decreto ejecutivo número 7841-P del 16 de diciembre de 1977 y que desde luego no puede ir más allá de lo que establece la Ley 6043. Pero lo que la Procuraduría no admite es que ese numeral 4 del decreto ejecutivo 7841 remite a otro decreto ejecutivo que es el 7210 del 19 de julio de 1977 QUE ESTÁ DEROGADO por el Artículo 8 del decreto ejecutivo número 22550 MIRENEM del 14 de setiembre de 1993, es decir, no puede aplicarse desde hace más de 25 años. Como el Artículo 4 del decreto ejecutivo 7481 remite a un decreto derogado, que es el 7210, pues tampoco podría aplicarse por sí solo, pues su valor y contenido derivan de una norma derogada. Por ello, en caso de considerarse que la demanda cumpliere con los requisitos de ley, tampoco sería admisible por la carencia de fundamentación jurídica. Con base en ese decreto ejecutivo 22550, el humedal es una NUEVA CATEGORÍA que sustituye a la de manglar, todo con base en los Artículos 7 y 17 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre número 7317 del 7 de diciembre de 1992 y además le sería aplicable la regulación de la denominada Convención de Ramsar, aprobada por Ley 7224 del 9 de abril de 1991. Si los humedales son áreas silvestres protegidas, conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 del 4 de octubre de 1995, reiterado por el Artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, los manglares u humedales pasaron a ser áreas silvestres protegidas. La propia Procuraduría General ha indicado en varios dictámenes, entre ellos los números C-174-87 del 8 de setiembre de 1987 y C-191-96 del 27 de noviembre de 1996, que esas áreas silvestres protegidas tienen la categoría tipológica de reserva equivalente. Por ello, las reservas equivalentes están excluidas de la regulación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, conforme al numeral 73 de esa misma ley 6043. Por ello, en el escenario indicado, las áreas de manglar estarían delimitadas por la zona amojonada, que tal y como indicó el perito Guadamuz Chavarría, existe en la zona de las propiedades de mi representada y se ha venido respetando plenamente. CONCLUSIÓN: Con fundamento en todas las manifestaciones anteriores, solicito se acoja la solicitud de estimar como falta de derecho a la demanda, los hechos y sus pretensiones y se proceda a declararla sin lugar en todos sus extremos, con la necesaria condenatoria en costas al Estado".- V.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL PROCESO DE LESIVIDAD: Para realizar el análisis del presente proceso, es importante partir del cumplimiento de los presupuestos que impone el ordenamiento jurídico para la interposición de un proceso de lesividad por parte de la Administración Pública, toda vez que la ausencia de uno de ellos haría innecesario el examen de fondo. En términos generales, las diversas Secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, han precisado en sus sentencias que la lesividad es un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual, la Administración pretende la supresión de un acto propio que genera efectos favorables o declara derechos en favor de un administrado y a su vez, estima que esos efectos, son desfavorables para el interés público, sea éste económico, social, tributario, sanitario, u otro. Lógicamente, la naturaleza de esta pretensión demanda la participación de todo aquel que se encuentra perjudicado por la anulación de la conducta que concede el derecho subjetivo o beneficio, a efecto que ejerza la defensa de sus intereses a través del contradictorio. En orden a lo descrito, es el Juez quien debe proceder a analizar la validez de una conducta administrativa de contenido favorable. Las disposiciones normativas que regulan esta figura procesal se encuentran contenidas en la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo. Éste último, en su artículo 34, fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura, en relación con los numerales 173 inciso 6) y 183 de la Ley General de la Administración Pública. En resumen, las normas de cita imponen las condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales de la acción de lesividad. En primer término, al referirnos al elemento subjetivo, debemos precisar que la legitimación activa se concede a la Administración autora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta declarada lesiva, sea, quien obtiene sus beneficios. El elemento objetivo, se refiere al mecanismo de supresión jurídica de actos administrativos que son favorables o declarativos de derechos al administrado pero que, estima la Administración, se encuentran viciados de nulidad absoluta o relativa y que, por ende, se tornan sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En lo que respecta al orden procedimental, es requisito que la Administración declare lesivo a los intereses públicos esa conducta, siendo imperativo que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, sociales, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público, para lo cual, ha de contar con un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. Es importante recordar, que por tratarse de un requisito procedimental que será sometido al conocimiento de la sede jurisdiccional, a diferencia del procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta que realiza en sede administrativa la propia Administración productora del acto, acá no se concede audiencia al administrado, por cuanto, se trata de una acción de naturaleza interna de la Administración, que se orienta a verificar la voluntad del máximo jerarca, y a su vez, permite el inicio del proceso judicial y será en el curso de éste, que podrá ejercer su derecho de defensa aquel que derive derechos derivados del acto impugnado, por lo que la ausencia de su participación dentro de la fase administrativa para la declaratoria de lesividad, no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Otro aspecto de trascendencia al analizar el acto que declara su lesividad es el determinar si el acto emana del máximo jerarca administrativo. Las reglas son las siguientes, cuando el acto emane del Estado, sea, de la Administración Central, de acuerdo con el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República, previo pedimento del jerarca máximo supremo y declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. La misma regla procesal opera cuando el acto lesivo dimane de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto ejerzan función administrativa. Tal representación impone, además, en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por la Corte Plena. Por último, en cuanto a las administraciones públicas descentralizadas, deberá realizar la declaratoria el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Otro aspecto a tomar en cuenta es que procesalmente existe el impedimento para que la Administración formule vía contrademanda, la pretensión anulatoria. Por último, existe una limitación temporal. El artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta y siga surtiendo efectos, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34 inciso 1) del mismo cuerpo normativo, esa declaratoria interna puede hacerse mientras éstos perduren. En tal hipótesis, el año se computa desde el cese de los mismos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta anulada. Luego de esa declaratoria, se otorga un plazo de un año para plantear la acción contenciosa administrativa, bajo pena de caducidad, según lo estatuye el artículo 39 inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahora bien, la excepción a estas regulaciones temporales que hemos citado, gira en torno a la tutela del dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo, según se deriva del artículo 34 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del artículo 261 del Código Civil. Nótese entonces que cuando la acción de lesividad gira en torno a bienes demaniales del Estado, el plazo para declarar la lesividad en las normas procesales de referencia es inaplicable, lo que implica que puede disponerse en cualquier momento sin que medie sanción procesal alguna. Por último, debemos advertir que el ordinal 41 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece de forma expresa que, tratándose de materia tributaria, el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute. Por último, al estudiar el Tribunal un proceso judicial de lesividad, debe advertir si el acto que se pretende anular fue dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, esto es, en fecha 1 de enero del 2008, ya que de ser así, debe aplicarse lo dispuesto en el Transitorio III del citado cuerpo normativo, conforme al cual, el régimen de impugnación de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del citado Código, se regirán por la legislación vigente en ese momento. Teniendo claro lo anterior, de seguido analizamos si en el caso concreto, se cumplen los presupuestos de ley, para la estimatoria de la acción.- VI.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA DECLARATORIA DE LESIVIDAD: De acuerdo con el expediente judicial, tenemos que, debe procederse a revisar si la entidad accionante cumple con los requisitos objetivos, subjetivos, de temporalidad y de procedimiento para que el objeto del proceso sea analizado por esta Cámara de Juzgadores. En primer lugar, tenemos que el elemento subjetivo se ha cumplido, toda vez que versando el análisis respecto a actos del Registro Nacional, es a través del Ministerio al cual está adscrito que se procedió a realizar la declaratoria de lesividad. Nótese que, efectivamente, la declaratoria de lesividad y la interposición de la acción se encuentran ajustadas a derecho, por cuanto fue el jerarca del Ministerio de Justicia y Paz, previo visto bueno del Registro Nacional, quien en ejercicio de sus competencias declara lesivas mediante la resolución 595 del 24 de octubre de 2016, las matrículas del Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, sus gravámenes y los planos G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, por abarcar bienes demaniales, siendo que dicha resolución fue remitida a la Procuraduría General de la República, quien interpone la demanda, esto conforme lo dispone el artículo 10 inciso 5) del Código Procesal Contencioso Administrativo, de suerte que la legitimación activa se encuentra presente. Por otra parte, la legitimación pasiva también se encuentra correctamente constituida. Como se desprende del expediente, la resolución que declara lesivo al interés público los actos administrativos que conceden derechos subjetivos a favor de las sociedades Panorama Lagarta Limitada, Cerro Lagarta Ltda., Refugio de Aguas Nosara R.L., Reserva Biológica Nosara Ltda., provocando que éstas sean demandadas en el presente proceso, al ser las propietarias registrales de las fincas de marras que se originaron con los planos cuestionados. De esta manera, no existiendo otro sujeto que traer al proceso a defender sus intereses, la legitimación pasiva está correctamente constituida. Ahora bien, en cuanto al objeto del proceso, es claro que éste versa en la declaratoria de nulidad y cancelación de las matrículas del Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, sus gravámenes y los planos G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G- 1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, por abarcar bienes demaniales, por lo que la pretensión anulatoria es congruente con el proceso de lesividad. Así, en términos del ámbito subjetivo tanto activo como pasivo y el objetivo, se cumplen con las exigencias referidas en el apartado anterior. Por último, en cuanto a la temporalidad, tenemos conforme lo establece el artículo 34 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, que señala: "1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura". 2) La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo. 3) Corresponderá al Consejo de Gobierno la declaratoria de lesividad de los actos administrativos dictados por dos o más ministerios, o por estos con algún ente descentralizado. En tales supuestos, no podrán ser declarados lesivos por un ministro de distinto ramo. 4) La declaratoria de lesividad de los actos dictados por órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, será emitida por el superior jerárquico supremo. 5) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda". Tenemos entonces que, si bien en principio la declaratoria de lesividad se debe realizar dentro del año de otorgado el acto administrativo, y la presentación del proceso dentro del año siguiente, el Código Procesal Contencioso Administrativo prevé una excepción y es que en la defensa de los bienes demaniales o públicos, la lesividad referente a su tutela no está sujeta a plazo por la imprescriptibilidad de los bienes públicos; por lo tanto al estar de por medio la tutela de bienes demaniales como la zona marítimo terrestre, manglares y ría de un río, el elemento temporalidad también se cumple.- VII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: REVISIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS: A continuación se procederá a revisar los argumentos esgrimidos por la representación de las sociedades demandadas, haciendo la salvedad de que los argumentos novedosos o precluidos por la etapa en que nos encontramos, como el referente a que no se cumple con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 incisos b) y c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, y lo referente a normativa supuestamente derogadas y aplicable a los manglares, no son atendibles por violentar el derecho de defensa y debido proceso que rige en esta jurisdicción, al no haber sido alegados en su momento procesal oportuno y la contraparte no argumentar sobre los mismos. 1) No existe incongruencias en la prueba técnica aportada por la parte actora. Señala la parte actora que no es cierto que los inmuebles que se indican en el oficio DTO-IGN-RN-0454-2015, fechado 30 de noviembre del 2015, que comprenden las fincas descritas en los planos catastrados G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 y G-1172999-2007, propiedad de Reserva Biológica Ltda., estén abarcando terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público, por cuanto los mismos, no se encuentran referidos en dicho oficio. Añade que, hay una contradicción entre la información del hecho quinto con el hecho primero de la demanda, porque en el primero se indica la existencia de la finca con el plano catastrado G-511119-1983, en tanto en éste se refiere al plano G-11119-1983, sin que se entienda que se refiera al mismo documento. Asimismo menciona que, el plano catastrado G-1368780-2009, no está referido en el oficio ya indicado sino con otro. Criterio del Tribunal: La parte demandada en su contestación señala supuestas incongruencias en la demanda y en la prueba aportada, no obstante, en lo que se refiere a los planos catastrados G-1157284-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 mediante el oficio DIG-TOT-0294-2018 de 10 de julio de 2018 visible en el cd de prueba, el Instituto Geográfico Nacional corrigió dicho error señalando que por error se había consignado en la numeración un "8". Con ello no existe la incongruencia señalada. Ahora, si bien es cierto el plano G-1172999-2007 no se encuentra en el listado que se enumera al inicio del oficio DTO-IGN-RN-0454-2015, este sí se menciona en el cuerpo del mismo y en el montaje de la ortofoto que adjunta el Instituto Geográfico Nacional, con ello no se considera que exista algún vicio en la información consignada, no pudiendo entenderse como lo pretende la parte demandada que este haya sido excluido del objeto del proceso. El plano G-1157517-2007 se encuentra numerado como número 4 tanto en el listado como en la ortofoto, con lo cual no existe la alegada omisión en cuanto a los datos de dicho plano. En cuanto a la contradicción de los hechos de la demanda en el número del plano G-511119-83, es claro que lo que se trata es de un error en cuanto a un número que no afecta el derecho de defensa de la sociedad dueña de la propiedad descrita en dicho plano por cuanto en el resto de la documentación se refiere al número de plano correcto y recordemos que de conformidad con el artículo 223 de la Ley de la Ley General de la Administración Pública, no existe la nulidad por la nulidad misma en el procedimiento administrativo, excepto que por la omisión de una formalidad sustancial se cause indefensión o esa formalidad hubiera impedido o cambiado la decisión final, lo cual no ha sucedido en el presente asunto. Finalmente en lo referente al plano G-1368780-2009, el mismo se encuentra en el listado y en la ortofoto como el número "11" con lo cual no existe la incongruencia u omisión que se alega. Se hace notar, que la representación de las entidades demandadas omite indicar cómo opera la afectación de su derecho de defensa, con ocasión de lo indicado en el oficio señalado, lo que impide un análisis pormenorizado de tal alegato. En todo caso, esta Cámara abordará el estudio del oficio en las siguientes consideraciones.- 2) Recuento histórico de las fincas es importante para determinar la invasión de la zona marítimo terrestre que se pide anular en el presente proceso. Reclama la representación de las sociedades demandadas que en el oficio RIM-CCT-CR-0145-2015 del Departamento Catastral del Registro Inmobiliario del 11 de diciembre del 2015, no se demuestra que los inmuebles propiedad de sus representadas abarquen terrenos de la zona marítimo terrestre; ni en el contenido ni en las conclusiones de ese informe se hace referencia a la zona marítimo terrestre ni al Refugio de Vida Silvestre Ostional. Asimismo, añaden las partes accionadas que, no se demuestra que los planos de las fincas de su propiedad invaden zona marítimo terrestre. Criterio del Tribunal: El oficio RIM-CCT-CR-0145-2015 del Departamento Catastral del Registro Inmobiliario del 11 de diciembre del 2015, como se consignó en los hechos probados de esta sentencia, realiza un recuento histórico a nivel registral y catastral de los planos y las fincas objeto de este proceso, siendo que concluye que los mismos están fuera de los linderos originales de la finca inmueble del partido de Guanacaste número 7302 de 1943 y para ello estudio a su vez del origen de dicha finca ubicándola en el año 1894 con el denuncio de terrenos de la empresa River Plate Trust Loan and Agency Company Limited London así como las consiguientes segregaciones y reunión de finca que dio origen a las fincas en cuestión. Con dicha información, se realiza un montaje de las láminas del denuncio y una ortofoto dando como resultado que los planos consultados están ubicados fuera del plano del denuncio. Ello es importante en tanto el denuncio respetaba la zona marítimo terrestre y sus linderos estaban ubicados en otras zonas a las que posteriormente se ubicaron los planos catastrados de referencia y ello explicaría el por qué no se respetaron las zonas públicas. Sin embargo, como la parte se limita a señalar que en dicha prueba no menciona nada referente a la Reserva Ostional o la zona marítimo terrestre, no debate su valor probatorio, sino que solamente se limita a realizar la observación dicha, aspecto que toma en consideración este Tribunal en el presente análisis, lo que permite concluir que no existe prueba en contra de lo indicado en dicho estudio. Ahora bien, lo referente al oficio DTO-IGN-RN-0454-2015, se analizará más adelante.- 3) Partes demandadas aceptaron que sus propiedades invaden parcialmente zonas de la Reserva de Vidas Silvestre Ostional. Anuencia a entregar los porcentajes indicados en el oficio ACT-ORPP-SIG-219, no es legalmente procedente. Menciona el representante de las partes demandadas, que del oficio ACT-ORPP-SIG-219 de la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque, fechado 27 de noviembre del 2015, lo único que se desprende es que cuatro de esos inmuebles invaden parcialmente zonas del Refugio de Vida Silvestre Ostional, lo que se acepta en esos porcentajes y que cuando la Notaría del Estado así lo disponga, se efectuarán a su cargo los traspasos correspondientes. Añade que en este punto no existe controversia alguna. Criterio del Tribunal: Aceptando las sociedades demandadas que en los planos G-62505-1992 se tiene un 75,95% de área perteneciente a la Reserva Silvestre Ostional, que el plano G-104087-1993, tiene un 36,19% de área perteneciente a la Reserva Silvestre Ostional, que el plano G-1194813-2007 tiene un 5,28% de área perteneciente a la Reserva Silvestre Ostional, y el plano G-555446-1984 tiene un 31,13% perteneciente a la Reserva Silvestre Ostional, es claro que el requerimiento estatal en cuanto a que los planos indicados supra y las fincas a las que dieron origen deben ser anulados a través de este proceso, es el correcto, por cuanto los mismos incluyeron áreas que no debieron ser catastradas y mucho menos inscritas como partes de las fincas del Partido de Guanacaste números 81481, 82757, 70903 y 70904, información que debe ser eliminada de la vida jurídica. Este es el proceder legal y no como lo propone la representación de los demandados, de simplemente presentarse a la Notaría del Estado y traspasar los porcentajes señalados en el oficio ACT-ORPP-SIG-219 del 27 de noviembre de 2015 del Área de Conservación Tempisque, por cuanto no pueden dichas personas jurídicas traspasar terrenos que no les pertenecen en tanto bienes demaniales y no existe forma de convalidar con ese actuar los vicios absolutos que contienen los planos ya señalados aun con la aceptación de las demandadas.- 4) Los planos catastrados G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992 y G-1172999-2007, invaden zona marítimo terrestre, manglar y la ría del Río Nosara, conforme el oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre del 2015 del Instituto Geográfico Nacional. Dicho oficio no fue desvirtuado por las partes demandadas y constituye prueba técnica. La representación de las demandadas señala como su principal argumento, que el oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre del 2015, se limita a acotar que varios de los inmuebles de sus representadas se encuentran dentro del patrimonio del Estado, y que ese documento no tiene fundamento o respaldo y no se trajo al proceso a la funcionaria que lo firmó y que se debe de aceptar sin más lo que indica en cuanto a que, hay inmuebles que abarcan áreas de manglar, sin evidencia alguna, y que afirma que deben definirse como zona pública las áreas contiguas a él e incluso que se definan como zona pública las áreas de 200 metros contiguas a la ría del río Nosara, como si se tratara de afirmaciones que tuvieren fe pública por solo suscribirlas. Criterio del Tribunal: Las demandadas intentan desvirtuar lo señalado en el oficio DTO-IGNRN-0454-2015, simplemente argumentando y sin aportar prueba idónea que señale que lo que ahí se consigna no es cierto. Sobre la validez de lo consignado en ese oficio, es necesario tomar en cuenta que quien emite dicha información es el Instituto Geográfico Nacional, que es la autoridad oficial y dependencia científica y técnica rectora de la cartografía nacional, la cual inclusive es la que emite el mapa básico de la República de Costa Rica. Ahora, si alguna duda quedaba sobre la competencia de dicho Instituto en la demarcación, deslinde o amojonamiento de la zona marítimo terrestre, el Reglamento 7841-P, que es el Reglamento a la Ley Nº 6043, Ley de la Zona Marítimo Terrestre, le da el mandato (en su numeral 62) al Instituto Geográfico Nacional para que demarque la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre. A partir de ello, la única forma de desvirtuar las afirmaciones consignadas en dicho oficio es a partir de contra prueba técnica y científica, y las demandadas no lo hicieron. La única prueba traída a los autos por las accionadas para desvirtuar lo referente a la zona marítima terrestre fue el testigo Mainor Guadamuz Chavarría quien, sin embargo, fue enfático en señalar que no conocía si las fincas de las demandadas invadían la zona marítimo terrestre, y que, pese a tener conocimientos de batimetría, señaló en su declaración que no había realizado un trabajo en particular sobre el objeto en discusión, con lo cual no aportó nada significativo al proceso. Ahora, al revisar el oficio mencionado tenemos que, contrario a lo afirmado por el representante de las sociedades, sí contiene respaldo y sustento para las conclusiones a las que arriba, en primer término, se le pide revisar conforme a una ortofoto del área en cuestión, si 11 (en realidad eran 12) planos catastrados abarcan zona marítimo terrestre de 200 metros contigua a la ría del río Nosara, así como áreas de manglar y los 150 metros contiguos al mismo, para ello utilizó el aviso 2009-16 que contiene el amojonamiento de zona pública entre sectores de Playa Ostional hasta Playa Guiones ubicados en el distrito Nosara, cantón Nicoya de la Provincia de Guanacaste. Asimismo, utilizó el aviso 2014-05, que es la delimitación de la zona pública correspondiente a la Ría del Río Nosara, publicado en la Gaceta No. 8 del 13 de enero de 2015, registros que no fueron impugnados por las demandadas, o al menos, no consta que hayan realizado oposición alguna al momento de su emisión o con ocasión de este proceso. Y con base en dicha información, se aporta el levantamiento realizado de los planos ya mencionados en la ortofoto perfectamente delimitados por los mojones ya oficializados, y con la información solicitada. A partir de ello concluye que, los terrenos enumerados en los planos catastrados G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000 y G-1368780-2009, se encuentran dentro del Patrimonio del Estado constituido por la Zona Marítimo Terrestre contiguo a los 150 metros de las áreas de manglar. Que los terrenos descritos en los planos G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992, abarcan área de manglar, la cual se encuentra delimitada con los mojones ZP5020041 al ZP50020206. En lo que se refiere al inmueble descrito en el plano catastrado G-1172999-2007, se señala que abarca áreas de los 150 metros contiguos al manglar, en un 20% de su área total. Que el sector de 200 metros correspondiente a la zona marítimo terrestre de la ría del Río Nosara, se encuentra incorporada dentro de las áreas de manglar y zona restringida (150 metros). Dicho oficio es corregido varios años después, por oficio DIG-TOT-0294-2018 del 10 de julio de 2018 del Instituto Geográfico Nacional, Departamento Topográfico y Observación del Territorio, en el cual se corrige el error material que contiene el oficio DTO-IGN-RN-0454-2015 del 30 de noviembre de 2015, en el sentido de que se consignó en forma errónea el número de tres planos, siendo que los correctos son: G-1157283-2007 G-1157284-2007 y G-1157286-2007 y que éstos se encuentran dentro del Patrimonio del Estado constituido por la Zona Marítimo Terrestre, contiguo a los 150 metros de las áreas de manglar. Esta prueba de orden técnico-científico, se reitera, no ha sido desvirtuada y por ello considera esta Cámara de Juzgadores tiene plena aplicación y valor probatorio en el presente proceso.- 5) La Ley de Zona Marítimo Terrestre es aplicable a los manglares en cuanto a la delimitación de las zonas pública y restringida. Indica el representante de las sociedades demandadas que la parte actora no fundamenta las razones por las cuales determina que esos inmuebles abarcan terrenos de la zona marítimo terrestre de dominio público, que de la prueba que se aporta se extrae dos aspectos que le hacen creer a la Procuraduría General de la República que esa invasión a la zona marítimo terrestre se produce: primero, porque se abarcan áreas de manglar, total o parcialmente y segundo, por encontrarse dentro de la zona de 150 metros contigua a dichas áreas de manglar. A partir de ello señala que, los manglares fueron declarados humedales como categoría técnico-jurídica por Decreto Ejecutivo número 22550 del 14 de setiembre de 1993 y que los humedales están definidos en el artículo 2 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre número 7317 del 30 de octubre de 1992 y deriva su regulación y protección de la obligación internacional asumida por el Convenio de Ramsar, en esta materia, aprobado por Ley 7224 del 9 de abril de 1991. Menciona que la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 del 4 de octubre de 1995, en su artículo 32 establece claramente que los Humedales son áreas silvestres protegidas, lo que es reiterado por el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998, de lo que concluye que los manglares están configurados jurídicamente como Áreas Silvestres Protegidas, por tener la tipología de humedales. Si los manglares tienen jurídicamente la característica de Humedales y éstos configuran áreas silvestres protegidas, también tienen la calidad tipológica de reserva equivalente, como ha determinado la misma Procuraduría General de la República en sendos dictámenes C-174-87 del 8 de setiembre de 1987 y C-191-96 del 27 de noviembre de 1996. Y que, al ser una reserva equivalente, al tenor del Artículo 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, número 6043 del 2 de marzo de 1977 y sus reformas, no es aplicable esa ley a dichas reservas equivalentes. Siendo ello así, la regulación de los artículos 9, 10 y especialmente el 11 de dicha Ley 6043 y el Artículo 4 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 7841 del 16 de diciembre de 1977, no son aplicables a los manglares, cuya delimitación alcanza a lo declarado y amojonado, sin ser aplicable la normativa de los 150 metros de zona restringida, al estar excluida esa disposición del régimen de las reservas equivalentes, conforme al numeral 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. Criterio del Tribunal: Señala el representante de las demandadas que no son aplicables a los manglares, los 150 metros de zona restringida, ya que plantea que esa disposición está excluida del régimen de las reservas equivalentes, conforme al numeral 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y no es aplicable a las propiedades de sus representadas. No se comparte este criterio. Revisemos lo que señala ese artículo 73, "Artículo 73.- La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva". Es claro que si se aplicara en forma aislada ese artículo y no existiera más normativa referentes a los manglares podría llegarse a la conclusión errada que realizan las partes demandadas, pero haciéndose una integración de normas, en los artículos 9, 10, 11, 22, 39 y 61 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, artículos 2 y 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 69 de la Ley de Aguas, artículo 1 de la Ley Forestal, numerales 32, 39 a 45 de la Ley de Orgánica del Ambiente, que reclaman la protección de los manglares y rías de los ríos como zona marítimo terrestre. Para esta Cámara concluye que lo que no es aplicable a los Parques Nacionales o Reservas, es lo correspondiente al manejo de la zona marítimo terrestre en su totalidad a cargo de las municipalidades, el Instituto Costarricense de Turismo u otra institución que deba otorgar una autorización para su manejo, no así lo correspondiente a la delimitación de los 50 correspondientes a la zona pública para a partir de ahí poder tener certeza de los 150 metros de la zona restringida, como lo señala el artículo 4 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ello por el interés público relevante como Patrimonio Forestal del Estado de esas zonas, con las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad, que implica la protección de manglares y la ría de cualquier río, zonas que no se ha desvirtuado se encuentran comprendidas en los planos G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992 y G-1172999-2007, y que por imperio de ley deben de ser excluidas en lo correspondiente a los 50 metros de la zona pública y consignar los 150 metros de zona restringida, parámetro que refiere el artículo 4° del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre Nº 7841-P que señala “…los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio nacional, y que forman parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, constituyen Reserva Forestal y están afectos a la Ley Forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de 50 metros de la pleamar ordinaria, comienza la zona restringida”, lo que coincide con la posición estatal, concluyéndose que es procedente la pretensión de anulación esgrimida en este proceso. 6) Objeto del proceso de lesividad. Procede la nulidad de planos e inscripciones de fincas inscritas a raíz de los mismos, al ser materia de un proceso de lesividad. En otro punto de las conclusiones señala el representante de las demandadas, -y es también un aspecto novedoso- que la pretensión no es propia de un contencioso de lesividad por cuanto no hay actos propios, firmes y creadores de derechos subjetivos, ya que no se indica cuáles son en la demanda. Criterio del Tribunal: Aún y cuando normalmente no se revisan los argumentos novedosos, al estar relacionado directamente con la pretensión esgrimida, se procede a señalar brevemente que, es claro que lo que se pretende en este proceso de lesividad es la anulación de los planos catastrados números G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992 y G-1172999-2007, por cuanto sus registros ante el Registro Nacional, constituyen actos, propios, firmes y creadores de derechos subjetivos por los cuales se dio origen a otros actos, la inscripción de las fincas del Partido de Guanacaste de las sociedades demandadas números 31829, 32294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 y 157420, esto se explica ampliamente en la resolución 595 del 24 de octubre de 2016 del Ministerio de Justicia y Paz, cuando el Registro Nacional explica las razones por las cuales no puede proceder a anular los planos de marras y las fincas correspondientes, y por ello eso es que se pide anular en esta jurisdicción los mismos.- VIII.- SOBRE LA NULIDAD DE LOS PLANOS Y MATRICULAS SOLICITADAS: Por lo ya indicado es procedente declarar la nulidad absoluta de los planos y asientos registrales objeto de estudio en este proceso y ordenar la cancelación de las matrículas del Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, sus gravámenes y los planos G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G- 1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, por abarcar bienes demaniales. En cuanto a la tercer interesada la Asociación Cívica Nosara, deberá de revisarse la servidumbre de acueducto y paso, a la luz de las modificaciones de los planos y escrituras que puedan generarse a raíz de la declaratoria de nulidad de los planos catastrados y las matrículas de las fincas ya mencionadas.- IX.- SOBRE LA EXCEPCIÓN PRESENTADA: Las sociedades demandadas interponen la excepción de falta de derecho. A la luz de los autos dicha excepción debe rechazarse al proceder la presente demanda de lesividad conforme se señaló en los considerandos anteriores.- X.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se indicó supra, las partes demandadas han perdido esta demanda al no asistirle el derecho; por ende, se condena a las mismas al pago de ambas costas del proceso.- POR TANTO Se rechaza la excepción de falta de derecho planteada por las partes demandadas. Por ende, se declara con lugar la demanda de lesividad planteada por el ESTADO en contra de PANORAMA LAGARTA LIMITADA, CERRO LAGARTA LTDA., REFUGIO DE AGUAS NOSARA R.L. y RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LTDA. En consecuencia, se declara la nulidad absoluta de las matrículas del Partido de Guanacaste números 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 y 157420, sus gravámenes y sus planos en el mismo orden números G-660243-2000, G-1368780-2009), G-1338946-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-62505-1992, G-10087-1993, G-643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 y G-1157284-2007 y se ordena la cancelación ante el Registro Nacional y sus dependencias de las matrículas del Partido de Guanacaste números 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419 y 157420, sus gravámenes y sus planos en el mismo orden números G-660243-2000, G-1368780-2009), G-1338946-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-62505-1992, G-10087-1993, G-643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 y G-1157284-2007, por abarcar bienes demaniales. Son las costas a cargo de las sociedades demandadas. Notifíquese.- Amy Miranda Alvarado Claudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez 443SHTIJZXF061 AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A UFGMGNFSMQU61 CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A QX5DH430O27061 CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:04:24. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**PROCEEDINGS** **I.-** On November 30, 2016, the State filed a *lesividad* proceeding against the defendant companies, formulating and clarifying in the preliminary hearing the following claims: "1) Declare the nullity and order the cancellation of the registrations in the Guanacaste Party numbers 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, their encumbrances, and cadastral maps G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, for encompassing public domain assets (*bienes demaniales*), where the powers of self-enforcement (*autotutela*) vested in the acting Administration shall prevail. 2) Payment of both court costs to be borne by the defendants." (See complaint and preliminary hearing in images 2 to 7, 198 to 200, and 230 to 232 of the digital judicial file).- **II.-** Once the statutory transfer was granted, the defendant companies, acting under the same representation, opposed the action, requesting the claim be dismissed. They raised the defense of lack of right. (See images 52 to 56 of the digital judicial file).- **III.-** The interested third parties SINAC and Asociación Cívica Nosara addressed the *lesividad* proceeding in that same order, the former requesting that the claim be granted, and the latter requesting that the metres of the maritime-terrestrial zone be reinstated and that the Association not be ordered to pay costs. (See images 37 to 43 and 58 to 76 of the digital judicial file).- **IV.-** The preliminary hearing provided for in Article 90 of the CPCA was held on July 19, 2018, and June 11, 2019, with the attendance of both parties. The claims were set, the disputed facts were determined, and witness evidence was admitted. (Images 198 to 200 and 230 to 232 of the judicial file).- **V.-** This judgment is issued unanimously and after prior deliberation by the members of the Tribunal, without observing any grounds capable of invalidating the proceedings.- Drafted by Judge Miranda Alvarado, with the affirmative vote of Judges Bolaños Salazar and Mejías Rodríguez. **WHEREAS** **I.- PROVEN FACTS.-** Of importance for the resolution of this matter, the following is deemed duly accredited: 1) The registered owners of the properties in the Guanacaste Party are: | Property Number | Cadastral Map | Owning Company | | :--- | :--- | :--- | | 31829 | G-0660243-2000 | Panorama Lagarta Limitada | | 35294 | G-1368780-2009 | Cerro Lagarta Limitada | | 35342 | G-1338346-2009 | Panorama Lagarta Limitada | | 70893 | G-511121-1983 | Panorama Lagarta Limitada | | 70894 | G-511118-1983 | Panorama Lagarta Limitada | | 70895 | G-511119-1983 | Panorama Lagarta Limitada | | 70896 | G-1172999-2007 | Reserva Biológica Nosara Limitada | | 70903 | G-1194813-2007 | Reserva Biológica Nosara Limitada | | 70904 | G-555446-1984 | Reserva Biológica Nosara Limitada | | 81481 | G-0062505-1992 | Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada | | 82757 | G-0104087-1993 | Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada | | 119004 | G-0643557-2000 | Panorama Lagarta Limitada | | 157417 | G-1157517-2007 | Reserva Biológica Nosara Limitada | | 157418 | G-1157286-2007 | Reserva Biológica Nosara Limitada | | 157419 | G-1157283-2007 | Reserva Biológica Nosara Limitada | | 157420 | G-1157284-2007 | Reserva Biológica Nosara Limitada | (See images 159 to 161, 163 to 165, 167 to 169, 171 to 173, 175 to 178, 179 to 181, 183 to 187, 188 to 192, 194 to 196, 198 to 201, 203 to 205, 207 to 210, 212 to 215, 217 to 219, and 222 to 225 of Literal Certifications, cadastral maps, and Volumes of the evidence CD); 2) The aforementioned properties have as common antecedents registrations numbers 3559 (year 1891), 3970 (year 1909), 7302 (year 1943); the first originates from the denouncement made by the company "River Plate Trust Loan and Agency Company Limited of London", dated February 22, 1891, with the limits of said property being defined by the surveyor as: northern boundary with vacant lands (*terrenos baldíos*), south with the Pacific Ocean, the maritime league in between, east with vacant lands and lands of José Antonio Carrillo, and west with vacant lands and lands of José Lino Matarrita. It also indicates that, on the last bearing, the mouth of the Bejuco River was reached, almost closing the perimeter of the land, and that within the almost delineated land, the maritime league reserved by law is included but is duly excluded in the accompanied cadastral maps and in the cited area. These same measurements were approved by the Contentious-Administrative Judge in a resolution at twelve o'clock on December twenty-second, eighteen ninety-three. (See images 1 to 65 of the Denouncement on the evidence CD); 03) Through official communication ACT-ORPP-SIG-219 of November 27, 2015, the Área de Conservación Tempisque sent information related to 16 cadastral maps to the Procuraduría General de la República, and whether these are affected by the limits of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, with the Regional Directorate of the Área de Conservación Tempisque concluding that cadastral map G-62505-1992 has 75.95% of its area affected, map G-104087-1993 has 36.19% of its area affected, map G-1194813-2007 has 5.28% of its area affected, and map G-555446-1984 has 31.13% of its area affected. It attaches a sketch of the map overlay in the reserve area. (See official communication ACT-ORPP-SIG-219 on the evidence CD); 04) Through official communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, the Registro Nacional sent a technical opinion to the Agrarian Environmental Area of the Procuraduría General de la República regarding the lands enumerated in cadastral maps G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, indicating that these are located within the State's Patrimony constituted by the Maritime-Terrestrial Zone contiguous to the 150 meters of the mangrove areas. On the other hand, the lands described in cadastral maps G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992 encompass mangrove area, which is delimited by boundary markers ZP5020041 to ZP50020206. Regarding the property described in cadastral map G-1172999-2007, it is noted that it encompasses areas within the 150 meters contiguous to the mangrove, representing 20% of its total area. That the 200-meter sector corresponding to the maritime-terrestrial zone of the Río Nosara estuary is incorporated within the mangrove areas and restricted zone (150 meters). This official communication was corrected several years later by communication DIG-TOT-0294-2018 of July 10, 2018, from the Instituto Geográfico Nacional, Topographic Department and Territory Observation, where the material error contained in communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, is corrected, in the sense that three map numbers were erroneously recorded, the correct numbers being: G-1157283-2007, G-1157284-2007, and G-1157286-2007, and that these are located within the State's Patrimony constituted by the Maritime-Terrestrial Zone, contiguous to the 150 meters of the mangrove areas. (See official communications DTO-IGN-RN-0454-2015 and DIG-TOT-0294-2018 on the evidence CD); 05) Through official communication RIM-CCT-0145-2015 dated December 11, 2015, the General Coordinator of the Technical Department of the Subdirección Catastral sent a technical report to the Procuraduría General de la República, in response to communication AAA-1268-2015 of October 2, 2015, where it was requested to perform an overlay of cadastral maps G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1172999-2007, G-1368780-2009, G643557-2000, G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, and G-511119-1983 on an orthophoto. It is indicated that the expanded report related to administrative file of the Dirección del Registro Inmobiliario 2010-336-RIM of November 5, 2014, was used as input, and that it contains, among others, the registral origins of property number 7302 of the Guanacaste party, determining: Denunciation of Vacant Land Soto Keith-1884 (River Plate Trust Loan and Agency Company Limited London) Volume 376 Folio 125 No. 3559 Sheet Pv-G-19 288 Area: 55600ha0000.00m2 3/March/1894 Segregated Volume | Volume | Volume 735 Folio | Folio | Folio No. 3607 | No. 3608 | No. 3970 Area 24 ha0000.00m2 | Area 24 ha0000.00m2 | Area 55552ha0000.00 m2 5/Nov/1894 | 5/Nov/1894 | 25/Sept/1909 Return of lands to the Costa Rican State From property 3970, 12 properties were segregated: Cadastral Map | Area G-8987-1944 | 46ha9530m2 G-8851-1943 | 46ha8939m2 G-8985-1944 | 46ha4981m2 G-8849-1943 | 49ha9887m2 G-8847-1944 | 48ha6408m2 G-8845-1944 | 49ha9679m2 G-8848-1944 | 45ha2601m2 G-8850-1944 | 47ha6719m2 G-8852-1943 | 43ha4245m2 G-8860-1943 | 44ha1646m2 G-8856-1943 | 34ha9069m2 No map found | 35ha5682m2 These were merged into: Volume 1223 Folio 73,84,86 No. 7302 Area 539ha 9386.00m2 3/May/1943 (Tables prepared by the Tribunal based on the report indicated on the evidence CD).- With this information, an overlay of the denouncement sheets and an orthophoto was made, resulting in the consulted cadastral maps being located outside the denouncement map. (Image 23 and following). Below, they provide a historical explanation of property 7302: "(...) Property No. 3970, registered on September 25, 1909, at folio 106 of volume 735, with an original area of 55,552 hectares, is the product of the registration in favor of the State of the remainder of property No. 3559 registered at Folio 125 of Volume 376, which was owned by The River Plate Trust Loan and Agency Company Limited of London, a transfer made as a result of the appearance of Mr. Federico Mutter Cox Banker, English merchant, and Mr. Francisco Tournón Suarez, lawyer from Liberia, in his capacity as Procurador Fiscal de la República, fulfilling the Settlement Contract, executed on August 16, 1906, by Mr. Oscar F Rohrmoser, Secretary of State in the Office of Development, and Thomas Scott Purves, representative in the country of the referred company, a contract approved by the President of the Republic on August 18, 1906, and sanctioned by the Legislative Power according to Decree of January 18, 1907, which was sanctioned and modified by Decree of January 27, 1907, and November 2, 1908, respectively. From the first entry of property No. 3970, the following is extracted: 'Contracts and Decrees referred to in Entry 3 of the property of the Guanacaste Party No. 3584, Volume 376, Folio 225, where said company transfers to the Supreme Government of the Republic the lands referred to in paragraph a) of the first clause of said contract along with two lots of the property mentioned in paragraph b) of the same clause, one of said lands being the present property which is transmitted to the Government for the sum of ₡277,900 colones.… Respecting the lease contract between the company and Walter J. Ford represented by his assignee Manuel Arribas, to cut and export timber from the lands forming the lot the company calls Guanacaste and the lot called Nicoya according to paragraph d) of the clause inserted in the cited entry 3. … The Compañía del Ferrocarril de Costa Rica, through its agent in this Republic, F. Muther Cox, approved the related agreement'. After undergoing several segregations and in light of the intervention of Mr. José Francisco Chaverri Rodríguez, Procurador General de la República, to comply with Articles 12, 13, and 41 of Law No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments, and Decreto Ejecutivo No. 12 of November 11, 1961, published in La Gaceta No. 261, of November 15, 1961, the remainder of property No. 3970, consisting of 429,420,333.35 m2, is transferred to the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), represented by Deputy Manager Álvaro Hernández Rodríguez, as a result of the deed granted at 15:00 hours on October 4, 1966, before notaries Oscar Solano Castro and Mercedes Valverde Kooper, according to testimony presented to the Registry at 13:12 hours on March 16, 1967, under entry 8565 of Volume 273 of the Diario, registered on November 1, 1977, was transferred to the folio real system on December 5, 1990, under number 5 003970 A. The property is currently registered in favor of IDA, today INDER, who is responsible, in its capacity as the acting Administration, for exercising the powers granted to it by legislation on the matter, excepting those lands that may be covered by forest or are forest lands under the terms of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, since in that case their administration falls to the Ministerio del Ambiente y Energía (rulings Nos. C-321-2003 of October 9, 2003, and OJ-014-2004 of January 30, 2004). OJ-204-2005, December 12, 2005, pp. 13-14. The first segregation made from property 3970 took place on May 3, 1943, in the traditional volume system at Folio 73 of Volume 1223, giving registral origin to property No. 7302, the object of this study, with an area of 539 ha 9386.00 m2, which is legally created as a result of the registration of a title granted in the name of the State, in favor of Filemón Baltodano Baltodano, who complied with the provisions of Law No. 21 of June 24, 1912, called Formalización Cuadrante Población de Tilarán, and Law No. 88 of July 14, 1942, named Ley de Poseedores Precarios (Parásitos), in accordance with contract of the Secretaría de Fomento No. 1 of September 9, 1942, signed between Mr. Alfonso Peralta Esquivel, Director General de Obras Públicas, duly authorized by the Secretary of State in the Office of Development, and Rodrigo Castro Beeche, topographical engineer, who according to the referred contract is responsible for measuring, delineating, and setting boundary markers for the parcels that lack these formalities on the State's lands in the province of Guanacaste, according to the regulations cited in Article I of the contract, for the purpose of complying with the provisions of Article 12, second paragraph of Law No. 88 of July 14, 1942, cited above. In the first entry, the property is described as grazing, agricultural, and mountain land located in District 1 of Canton 2 of Guanacaste, with the following boundaries: North: Filemón Baltodano Baltodano, remainder of the main property, Maritime League of the Pacific Ocean, remainder of the main property with the Rempujo River in between. South and West: Maritime League of the Pacific Ocean. East: Rest of the Main property and possession of Cruz López located within the same remainder. Participating in this process were Lic. Héctor Beeche Lujan, as Notary and Specific Fiscal, according to contract No. 3 of October 1, 1942, and the agreement of the Secretaria de Justicia No. 1 of February 17, 1942, published in La Gaceta of February 18, 1942, according to deed No. 487, visible on folios 52 to 54 front and back inclusive, of volume VI of the referred notary, whose testimony was presented to the Diario del Registro de la Propiedad Inmueble at 8:20 on April 22, 1943, at Entry 4200 of Volume 180, and registered on May 3, 1943. Property No. 7302 is the product of the merger of 12 parcels, referencing the General Plan drawn up by the Dirección de Obras Públicas of the Secretaría de Fomento and the Land Registry kept for that purpose by the referred Directorate, as can be seen from the twelve lots that form property No. 7302". To finally conclude literally: "(...) Conclusion. In light of the foregoing paragraphs, it is inferred that the areas of the lands described in cadastral maps: G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1172999-2007, G-1368780-2009, G643557-2000, G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, AND G-511119-1983, are displaced to the Northwest and entirely outside the original boundaries of the property of Guanacaste party 7302, and equally outside its antecedents 3559 and 3970". (Bold text is ours, see images 1 to 32 of official communication RIM-CCT-0145-2015 on the evidence CD); 06) By official communication number AAA-1548-2015 of December 16, 2015, Procurador Mauricio Castro Lizano informed the Ministra de Justicia y Paz that the Instituto Costarricense de Turismo had requested them to analyze the properties of Guanacaste Party numbers 31829, 32294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419, and 157420. He notes that these lots have as a common antecedent property 7302 of May 3, 1943, which was formed by the merger of 12 lots segregated from property 3970. He states that property 7302 was registered with an area of 539 hectares 9,386 m2, indicating the maritime league of the Pacific Ocean as its southern and western boundaries. He refers that property 3970 was registered on September 25, 1909, with an area of 55,552 hectares segregated from property number 3559 of March 3, 1894, with 55,600 hectares. He adds that when properties numbers 3559, 3970, and 7302 were registered, the boundary with the maritime league was observed, which is an inalienable area provided for by Law 162 of July 20, 1828, and protected by the Water Law number 11 of May 26, 1884. He adds that Law 11 of October 22, 1926, Article 1, reformed Article 510 of the Código Fiscal, Law 8 of October 31, 1885, specified the maritime league at 1,672 meters, which was reiterated in the Ley General sobre Terrenos Baldíos, number 13 of August 26, 1943. He proposes that Law 201 of August 26, 1943, reduced the league for the Pacific littoral to 200 meters. He indicates that according to the technical report of official communication RIMA-CCT-CR-0145-2015 of December 11, 2015, from the Cadastral Area of the Registro Inmobiliario, property 7302, upon being registered on May 3, 1943, did not border the Nosara River and on the west bordered the maritime league, not respecting the denouncement map of the "River Plate Trust Loan Agency Co. Limited", with an area of 55,600 hectares, which describes that boundary with that league between the Nosara and Bejuco rivers. He adds that this is also evident in the judgment that approved the denouncement at 12:00 hours on December 22, 1893, from the Juzgado Contencioso Administrativo, when defining the boundaries; North, vacant lands; South, Pacific Ocean maritime league in between; East, Vacant lands and lands of José Antonio Carrillo, and West with vacant lands and lands of José Lino Matarrita. Regarding the properties under consultation, he mentions that on June 26, 1970, property 7302 was registered in the name of Inversiones Nicoya, S.A., and from it, on November 19, 1971, property 23164 was segregated with a measurement of 121 hectares 7,000 square meters. The remainder of property 7302 is described with a northern boundary partly along the Nosara River, shifting to the Northwest of its original location. Furthermore, properties 23306 of January 25, 1972, and 30153 of June 11, 1974, originate from property 23164. From property 23306, properties 31829 (cadastral map G-660243-2000) of February 11, 1975, 35294 (cadastral map G-1368780-2009) of June 24, 1975, and 35342 (cadastral map G-1338946-2009) of June 24, 1975, were segregated. He adds that property 119004 (cadastral map G-643557-2000) of October 3, 2000, was segregated from property 31829. He indicates that the Northwest displacement of properties 31829, 35294, 35342, and 119004 place the Nosara River in their boundaries. He adds that other properties segregated from property 7302, properties 47708 and 47710 both of January 28, 1982, were merged into property 60771, and they also indicate the Nosara River partly on the north and west. He states that from property 60771, several lots were segregated, which were registered on February 21, 1991, giving origin to properties: 70893 (cadastral map G-511121-1983), 70894 (cadastral map G-511118-1983), 70895 (cadastral map G-5111119-1983), 70896 (cadastral map G-501219-1983), 70900 (cadastral map G-501214-1983), 70901 (cadastral map G-501217-1983), 70902 (cadastral map G-501215-1983), 70903 (G-cadastral map G-555445-1984), and 70904 (cadastral map G-555446). Likewise, on May 28, 1993, property 82757 (cadastral map G-104087-1993) was registered. On the other hand, on February 10, 1993, property 81480 was registered through the merger of properties 70900, 70901, 70902, and 30153; that same day, property 81481 (cadastral map G-62505-1992) was segregated from property 81480, bordering the North and West with the Nosara River. He argues that on June 4, 2007, properties 157420 (cadastral map G-1157284-2007), 157417 (cadastral map G-1157517-2007), 157418 (cadastral map G-1157286-2007), and 157419 (cadastral map G-1157283-2007) were segregated from property 82757. He adds that according to the technical report in official communication RIM-CCT-CR-0145-2015, the areas of the properties described in cadastral maps G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-(2007), G-555446-1984, G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1172999-2007, G-1368780-2009, G-643557-2000, G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, and G-511119-1983, are displaced to the Northwest and entirely outside the original boundaries of registration 7302, and equally outside its antecedents, properties 3970 and the parent property 3559. Subsequently, in official communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, from the Instituto Geográfico Nacional, it is noted that the lands contained in cadastral maps G-1157283-2007, G-1157284-2007, G-1157286-2007, G-1157517-2007, G-511121-1983, G-511118-1983, and G-511119-1983, G-1338346-2009, G-643557-2000, G-660243-2000, and G-1368780-2009, comprise areas of the maritime-terrestrial zone contiguous to the mangrove. Likewise, there is an affectation of the maritime-terrestrial zone of the Nosara River estuary. He adds that in cadastral maps G-62505-1992, G-104087-1993, G-555446-1984, and G-1194813-2007 there are mangrove areas, and 20% of the land described in cadastral map G-1172999-2007 is within the 150 meters of the restricted zone contiguous to the mangrove. In that same line of thought, official communication number ACT-ORPP-SIG-219 of November 27, 2015, from the Área de Conservación Tempisque adds that the lands described in cadastral maps G-62505-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007, and G-555446-1984 encompass areas of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. He revisits that the maritime-terrestrial zone contiguous to estuaries was provided for in Article 20, paragraph 2, of Law Number 11 and the current Water Law, Article 3, subsection I, which classifies maritime zones as national property, and Article 69, paragraph 2, which provides that the maritime zone extends along the riverbanks up to the point where the tides become noticeable, with a width of 200 meters from each bank, counted from the line marking the high tide. Affectation current in Law 6043 (Ley Zona Marítimo Terrestre), Articles 9 and 10, in relation to its regulation, Article 2, subsections f) and h). He adds that the mangrove zones and the contiguous restricted zone are also public domain assets (*demaniales*) according to the aforementioned Law 6043, in Articles 11, 4 of its regulation, Law 6919 (Ley de Conservación de la Fauna Silvestre), Articles 9 and 10 in relation to Article 2 subsections f) and h) of its regulation. Regarding the littoral domain areas, he cites resolutions from the Sala Primera, Sala Constitucional, Tribunal Agrario, and Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, where this public domain status (*demanialidad*), and the division between public zone and restricted zone, are reaffirmed. Finally, he concludes that properties 31829 (cadastral map G-660243-2000), 35294 (cadastral map G-1368780-2009), 35342 (cadastral map G-1338946-2009), 70893 (G-511121-1983), 70894 (G-511118-1983), 70895 (G-511119-1983), 70896 (G-1172999-2007), 70903 (G-1194813-2007), 70904 (G-555446-1984), 81481 (G-62505-1992), 82757 (G-10087-1993), 119004 (G-643557-2000) 157417 (G-1157517-2007), 157418 (G-1157286-2007), 157419 (G-1157283-2007), and 157420 (G-1157284-2007), encompass public domain, inalienable, and imprescriptible lands of the maritime-terrestrial zone, and requests that the declaration of *lesividad* be assessed to seek their nullity and cancellation. (Highlighting is ours, see official communication AAA-1548-2015 on the evidence CD); 07) Through official communication MJP-014-01-2016 of January 7, 2016, the Ministra de Justicia y Paz sent the Director General del Registro Nacional communication AAA-1548-2015 of December 16, 2015, reporting that several properties located in the Province of Guanacaste encompass public domain, inalienable, and imprescriptible lands of the maritime-terrestrial zone. She adds that, therefore, the corresponding declaration of *lesividad* is requested to be assessed, to manage its nullity and cancellation. (See image MJP-014-01-2016 on the evidence CD); 08) In draft resolution number 595 of 14:00 hours on October 24, 2016, of the Ministerio de Justicia y Paz, the registrations of Guanacaste Party numbers 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419, and 157420, their encumbrances, and their cadastral maps in the same order, numbers G-660243-2000, G-1368780-2009, G-1338946-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-62505-1992, G-10087-1993, G-643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, and G-1157284-2007, are declared *lesivos* to public interests for affecting public domain assets. (See images 2 to 6 of official communication DGL-AJU-17-1457-2016 and images 1 to 4 of the resolution in question on the evidence cd); 09) By official communication DGL-AJU-17-1457-2016 of October 24, 2016, the Legal Directorate of the National Registry forwards to the Director General of that Registry, for review, approval, and subsequent transfer to the Minister of Justice, resolution 0595-MJP-2013, (file 001-2016), related to the declaration of harmfulness (lesividad) of the Registry and Cadastre acts for the lands referenced by the following title deeds of the Partido de Guanacaste numbers 31829 (plan G-660243-2000), 35294 (plan G-1368780-2009), 35342 (plan G-1338946-2009), 70893 (G-511121-1983), 70894 (G-511118-1983), 70895 (G-511119-1983), 70896 (G-1172999-2007), 70903 (G-1194813-2007), 70904 (G-555446-1984), 81481 (G-62505-1992), 82757 (G-10087-1993), 119004 (G-643557-2000) 157417 (G-1157517-2007), 157418 (G-1157286-2007), 157419 (G-1157283-2007) and 157420 (G-1157284-2007), which encompass lands of the public-domain maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), as well as of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, described in plans G-625050-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007 and G-0555446. (See folio 1 of official communication DGL-AJU-17-1457-2016 on the evidence cd); 10) By official communication DGL-1377-2016 of October 27, 2016, the Director General of the National Registry forwards to the Minister of Justice and Peace resolution 0595-MJP-2016 (file 001-2016), related to the declaration of harmfulness (lesividad) of title deeds numbers 31829 (plan G-660243-2000), 35294 (plan G-1368780-2009), 35342 (plan G-1338946-2009), 70893 (G-511121-1983), 70894 (G-511118-1983), 70895 (G-511119-1983), 70896 (G-1172999-2007), 70903 (G-1194813-2007), 70904 (G-555446-1984), 81481 (G-62505-1992), 82757 (G-10087-1993), 119004 (G-643557-2000) 157417 (G-1157517-2007), 157418 (G-1157286-2007), 157419 (G-1157283-2007) and 157420 (G-1157284-2007), which encompass lands of the public-domain maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), as well as of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, described in plans G-625050-1992, G-104087-1993, G-1194813-2007 and G-0555446, in which the harmfulness (lesividad) is approved. (See image 1 of official communication DGL-1377-2016 on the evidence cd); 11) By official communication DGL-AJU-17-1591-2016 of November 22, 2016, the National Registry transfers to Procurator Mauricio Castro Lizano a certified copy of the administrative file for harmfulness (lesividad) 595-MJP-2016. (See the indicated official communication on the evidence cd); 12) By official communication DMJP-1439-11-216 of November 7, 2016, the Minister of Justice and Peace forwards to the Director General of the National Registry of Property resolution 595-2016 duly signed. (See said official communication on the evidence cd); 13) The complaint was filed on November 30, 2016. (See cover and image 2 of the digital judicial file); 14) In the oral and public trial, the testimony of Mainor Guadamuz Chavarría was received, who declared that he is a topographic engineer, having graduated from the Universidad Nacional in 1986, with a specialty in Bathymetry in the year 2000 in Spain. In response to questions from the defendant, he answers that he has worked with the companies in the cadastre for 20 years, has measured those properties and the contour lines. That he did studies of those measurements. He points out that he met the previous owners of the properties, who were also companies belonging to Mr. Amadeo. He indicates that he carried out measurements and became aware of the State’s claim. He mentions that he did not carry out bathymetry studies in those areas. That he has not studied environmental law or forestry law. That he knows what a boundary marker (mojón) is and that in some of those properties there are boundary markers (mojones). That these were placed by the Cadastre-Registry Project, but he does not recall the date. The boundary markers (mojones) delimit the boundaries of the Refugio Ostional. He is asked whether within the parts of the Refugio Ostional there were constructions and he points out that since he took the last measurements there was nothing. He mentions that it has been some years since he worked there, that he has not returned to that area except around the hotel. When asked from his expertise whether the properties encroach upon the Zona Marítimo Terrestre, he adds that he did a measurement study with the information from the decree of the Refugio. That four properties are partially affected by the Refugio, he does not know what happened later. He is asked whether he knows the Zona Marítimo Terrestre Law and he states that he does. He is asked whether he knows if the Zona Marítimo Terrestre was encroached upon and he answers no. He does not know what a ria (ría) is, nor a mangrove (manglar). The other parties do not ask questions. (See testimony in the recording of the hearing in the digital judicial file).- II.- REGARDING THE ARGUMENT OF THE PLAINTIFF: In its complaint, the State representation sets forth that: "(...) FACTS: 1) In the name of Panorama Lagarta Limitada, legal identity number 3-102-604747, in the Partido de Guanacaste the following properties are registered: 31829-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 119004-000, with plans G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-11119-1983 and G-643557-2000, respectively. 2) In the name of Cerro Lagarta Limitada, identity number 3-102-533603, in the Partido de Guanacaste title deed 35294-000 is registered with plan G-1368780-2009. 3) In the name of Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada, legal identity number 3-102-689562, in the Partido de Guanacaste title deeds 81481-000 and 82757-000 are registered, contained in plans G-62505-1992 and G-104087-1986, respectively. 4) In the name of Reserva Biológica Nosara Limitada, legal identity number 3-102-125990, in the Partido de Guanacaste the following properties are registered: 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, with plans G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, G-1172999-2007, G-1194813-2007 and G-555446-1984, respectively. 5) Pursuant to official communications numbers RIM-CCT-CR-0145-2015 from the Technical Cadastral Department of the Real Property Registry and DTO-IGN-RN-0454-2015 from the Instituto Geográfico Nacional, the properties described in plans G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-11572B3-2007 and G-1157284~2007 encompass lands of the public-domain maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). According to official communication No. ACI-ORPP-SIG-219 from the Área de Conservación Tempisque, the properties contained in plans G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-1194813-2007 and G-0555446-1984 are also within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 6) The Ministry of Justice and Peace, in declaration of harmfulness (lesividad) No. 595 at 14:00 hrs. on October 24, 2016, requested that this proceeding be formulated. LEGAL BASIS: Demanial lands are outside of commerce and cannot be subject to rights in rem of ownership and possession under title of owner (Civil Code, articles 261 and 262, constitutional rulings 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207993, 5399-93, 5976-93, 6758-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 6192-95, 422-96, 3227-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 790-01, 2408-07, Sala Primera, rulings 17-95, 104-96, 597-00, 237-07, 506-07 and 535-14, Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 1019-88-1, 433-2010-11, 95-2013-V and 84-2014-II). Private holding thereof does not produce acquisitive effects (constitutional votes 6758-93 and 6192-95). In view of this, whoever alienates them transmits the defect in the cause of acquisition: The reason is obvious, "no one can change by themselves or by the passage of time the cause of their possession... Neither can the qualities or defects of possession be changed by one's own will or by the passage of time; as it began, so it continues always" (Ramírez Gronda, Juan Diego. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7th ed., 1974, p. 227). Thus, agreements made privately over a demanial property tract, due to the nature of the asset, the absence of valid title, and their contrariety to prohibitive laws, become null (Constitución Política, articles 28 paragraph 2 -a contrario sensu- and 129 paragraph 4, Ley 6227, article 18.2, Ley 6043, articles 1, 7 and 45, Civil Code, articles 10, 261, 262, 627 subsection 2, 629, 631, 835, 837 and 844, cassation rulings of 10 hrs. of August 1, 1946, 3-53, 79-55, 78-76 and 121-79, Sala Primera, No. 506-2007). Registration does not improve the title, since the registry does not cure the defects that the registered document or the act contained therein may have, and they subsist independently of it (Civil Code, article 456). In the face of illegitimate registration, no right is acquired over the asset. The act remains absolutely null (constitutional votes 1975-91 and 6170-98, Sala Primera, Nos. 104-96 and 952-05). The inalienability and imprescriptibility that characterize demanial assets oppose the possibility that the protected third-party purchaser (tercero registral) figure can be wielded (Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 175-13-1, 84-04-11, 868-01-111, 35-07-IV, 2569-09-IV, 681-08-V, 19-09-VII, 81-10-VIII, 116-2015-II). This action to recover public-domain assets neither prescribes nor lapses and is based on: Ley No. 11 of May 26, 1884, article 20; Código Fiscal, Ley 8 of October 31, 1885, article 509; Civil Code, articles 10, 261, 262, 456, 627 subsection 2), 629 and 631; Ley 11 of 1926, article 1; Ley 13 of January 6, 1939, articles 6 and 62; Ley de Aguas, articles 1, 3 and 69; Ley 2825 of 1961, article 7, subsections b) and i), Ley 6043, articles 1, 4, 7, 9, 10 and 11 and 2 and 4 of its Reglamento, Ley 7575, articles 13 and 14, Ley 6919, sole transitional provision, Ley 7317, transitional provision I, Decretos 16531 of 1985 and 22551 of 1993; Ley 6815, articles 1 and 3; Ley 8508, articles 10 subsection 5), 16, 36 subsections a) and c), 42 subsections 2.a) and 2.b), and the case law on the public domain contained in constitutional rulings 447-91, 1975-91, 5306-91, 5026-97, 6170-98, 8429-01 and 2408-07, Sala Primera, 104-96, 597-00, 952-05, 506-07, 189-2011 and 286-2015, Tribunal Contencioso Administrativo, 230-95-I, 175-13-1, 84-04-11, 107-08-11, 868-01-111, 35-07-IV, 2569-09-IV, 90-14-IV, 681-08-v, 19-09-VII, 81-10-VIII and 1097-12 (...). ". In its closing arguments it states: "(...) I.- This proceeding is to determine the nullity of the registrations that affect the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, and to order their annulment. This is a subject-matter competence granted by Ley 8508, articles 2 subsections c) and e), 5 subsection 1), 36 subsection a), 42 subsections a), b) and e), and judicial precedents (constitutional vote 3731-2011; Tribunal Contencioso Administrativo, ruling 119-2015-V). As we pointed out in the complaint filings of November 30, 2016 (images 3-7), the reply of February 21, 2018 (images 165-170), and the trial hearing of January 26, 2022, when the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional are affected, the State has standing to bring the action on the basis of: Ley No. 11 of May 26, 1884, article 20; Código Fiscal, Ley 8 of October 31, 1885, article 509; Ley 11 of 1926, article 1; Ley 13 of January 6, 1939, articles 6 and 62; Ley de Aguas, articles 1, 3 and 69; Ley 2825 of 1961, article 7 subsections b) and i), Ley 6043, articles 1, 4, 7, 9, 10 and 11, and 2 and 4 of its Reglamento; Ley 7575, articles 13 and 14; Ley 6919, sole transitional provision; Ley 7317, transitional provision I; Decretos 16531 of 1985 and 22551 of 1993; Ley 6815, articles 1 and 3; Ley 8508, articles 10 subsection 5), 16, 36 subsections a) and c), 42 subsections 2.a) and 2.b). In the filing of March 3, 2017, the defendant raised an exception of lack of right (images 53-56). It asserted that mangroves (manglares) are protected wilderness areas without a contiguous restricted zone (article 73 of Ley 6043), that the properties located in the Refugio de Vida Silvestre Ostional partially overlap, and that the complaint is not properly substantiated. At the trial hearing of January 26 last, it pointed out that fact five does not comply with article 58 of Ley 8508 because it does not indicate how each property encompasses the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and the technical reports provided by the State are contradictory. The foregoing, as we set out in our reply of February 21, 2018 (judicial file, images 165-170), and now in these closing arguments as part of the adversarial process, is not shared. The maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is a demanial asset under the terms of article 6 of the Constitution; it consists of two hundred meters in width along both coastlines, whatever their nature, understanding coastline as the edge or coast of the sea that extends along the permanent rias (rías) and estuaries (esteros) up to where they are affected by the tides. Mangroves (manglares) and estuaries (esteros) form part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), and being affected by the tides they have a contiguous restricted zone. The demanial affectation contiguous to the rias (rías) is contained in Ley 6043, articles 9 and 10, in relation to its Reglamento, provision 2 subsections f) and h): "…it must be clear that the maritime-terrestrial zone is divided into two zones (pursuant to the provisions of article 10 of the referenced law): the first, called the public zone, which comprises the strip of fifty meters in width, measured from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria); and the second, called the restricted zone, constituted by the remaining one hundred fifty meters, which is the one in which concessions may legitimately be granted, according to the requirements established for that effect. As for the first –public zone–, subsection h) of article 2 of the Reglamento of the Maritime-Terrestrial Zone Law defines it as the coastline, that is, the edge or coast of the sea that extends along the permanent rias (rías) and estuaries (esteros), up to where these are noticeably affected by the tides, and display defined marine characteristics; so that it comprises the following zones: the ria (ría), defined in articles 9 of the Law and 2 subsection f of the Reglamento of the Maritime-Terrestrial Zone Law as the part of the river near its entrance into the sea, and up to where the tides reach; so that it comprises the strip of two hundred meters contiguous to the rias (rías)…" (constitutional rulings 2408-2007 and 3113-2009). This maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) contiguous to the rias (rías) is reiterated by the Ley de Aguas, No. 276 of August 27, 1942, article 3 subsection I), which qualifies maritime zones as national property, in relation to its provision 69 paragraph 2, stating: "the maritime zone also extends along the banks of rivers up to the point where they are navigable or the tides become noticeable, with a width of two hundred meters from each bank, measured from the line marking the high tide". Previously, it was provided for by the Ley de Aguas No. 11 of May 26, 1884, article 20: "The maritime-terrestrial zone or the space of the coasts of the Republic that the sea bathes in its flow and ebb and the immediate lands up to the distance of one mile are public domain. This maritime-terrestrial zone also extends along the banks of rivers up to the point where they are navigable or the tides become noticeable." Said precepts were cited in the grounds of our complaint (judicial file, image 5). Likewise, the Sala de Casación in ruling 121 of 16 hrs. of November 14, 1979, pointed out that estuaries (esteros) and mangroves (manglares) whose vegetation is flooded with salt or sea water during the highest ordinary floods are of public domain. Because they are associated with sea waters, they hold the status of public zone (Ley 6043, article 11), and have a contiguous restricted zone (Reglamento to Ley 6043, article 4; constitutional votes 454-2006, 2408-2007, 3113-2009: "mangroves (manglares) and the restricted zone starting from the vegetation line at the edge of the estuaries (esteros) and the limit of the mangroves (manglares) or salt forests, when these extend more than fifty meters from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria) (articles 11 of the Law and 4 of its Reglamento). Furthermore, mangroves (manglares) form part of the Patrimonio Natural del Estado in the category of wetlands, whatever their extension, and they retain that demanial character even when they have been stripped of their vegetation or original conditions (13, 14, 15 and 39 subsection i) of Ley 7575; 32 and 38 of Ley 7554; 22 and 28 of the Ley de Biodiversidad; Decretos 7210, 22550 and 23247; constitutional votes 1975-91, 5399-93, 2777-98, 6170-98, 9158-98, 2988-99, 8945-05, 2063-07 and 16975-08). The Sala Primera in ruling 480-2019, with a comprehensive analysis of articles 9, 10 and 11 of Ley 6043, and 2 of its Reglamento, resolved that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is measured from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria) taking into account that mangroves (manglares) and estuaries (esteros) constitute a public zone and according to the Ramsar Convention are wetlands, categories that are not mutually exclusive since they are composed of salt water as they are affected by the tides, it being easy to determine when the tide is low or high. This demaniality of the restricted zone contiguous to the mangroves (manglares) applies even when they are wetlands and form part, as is the case here, of the Refugio de Vida Silvestre Ostional, since even when a sector of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is encompassed by a protected wilderness area, that condition does not have a declassifying effect; rather, the demanial affectation is increased. In that sense, the Sala Primera in ruling 286-2015 held: "VIII. …For this Chamber it is undeniable, the cassation appellant bases his claim on a supposed erroneous interpretation of canon 73 of Ley 6043. Said provision literally establishes: "This law does not apply to the maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation." Evidently, the mandate under examination exempts from the application of Ley 6043 certain classified sections of the maritime-terrestrial zone that are included in national parks or reserves comparable thereto, which, it emphasizes, shall be governed by their own laws. In this regard, the Court interpreted that the provision in question does not create the liberating effect that the appellant alleges; on the contrary, it has an inclusive, "omnicomprehensive" effect of the legislation with respect to the distinct biological and ecological phenomena present in that type of protected wilderness areas, as is the RNVSO, a thesis that is acceptable. Far from excluding the maritime-terrestrial zone from the application of Ley 6043, the canon in question provides that when such zones are also encompassed within national parks or equivalent reserves, among which national wildlife refuges may be noted, these shall be subject to their special laws. Hence, such sections of the maritime-terrestrial zone, far from being exempt from regulation, as the objector seems to claim, will be subject to the special laws of the case, hence the LCVS, the LOA, and Ley 6043 itself are applicable to them. Now, this decision-making body notes that the appellant fails to realize the consequences of his assertion, since clearly, provision 73 of Ley 6043, far from excluding protective zones or wildlife refuges from the public domain, on the contrary, subjects said areas to the application of the previously cited legislation, which aggravates in many respects the State's powers over such assets. In no way could it be considered that an even greater affectation with respect to zones of the domain could leave zones within the 200 meters from the high-water mark in the private domain. Consequently, the cassation appellant's assertions are insufficient to discredit the analysis conducted by the Court. Thus, they lack the strength to overturn the judgment, since the judges' arguments are valid regarding the normative reinforcement that the regulation applicable to the examination zones possesses, which are evidently subject to the provisions of the LCVS, the LOA, and where pertinent, Ley 6043 itself, hence the claim must be rejected… X. In the third claim, the appellant alleges infringement of provisions 261 of the Civil Code, canon 73 and Transitional Provision VII of Ley 6043, by improper application and non-application, basically because, he argues, only this latter law declares the maritime-terrestrial zone public, hence, as it is not applicable to the specific case, by virtue of precept 73 broadly cited, there exists for the specific case no other normative provision establishing the demaniality of that zone, in National Parks and Wildlife Refuges. This decision-making body considers that the cassation appellant's thesis is not acceptable… Apart from the definitions that that legislative text offers on the concepts of maritime-terrestrial zone, public zone and restricted zone, also paragraph 2 of precept 83 of the LCVS, provisions 32 and 34 of the LOA, and 3 subsection i) of the Ley Forestal, No. 7575 of April 16, 1996, define and subject zones of certain characteristics as special areas under State control, depositing in the specific case, in MINAE, broad powers to do so…"Therefore, in the Patrimonio Natural del Estado and its protected wilderness areas that include the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), there is a demanial mutation relative to its administration, since it passes to MINAE-SINAC, leaving the municipality aside, which will be inhibited from processing and granting concessions (Ley 6043, article 73; Ley 7554, article 32, second paragraph; Ley 7575, articles 6, subsection a), 13, second paragraph, 14, 15 and 18; Ley de Biodiversidad, articles 22 and 28; constitutional votes 16975-2008, 13073-2009 and 12716-2012; Sala Primera, votes 1070-F-S1-2010, 286-F-S1-2015 and 213-F-S1-2016; Tribunal Contencioso Administrativo, votes 474-2005-II, 68-2013-IV, 74-2014-V, 1842-2009-VI, 38-2010-VI, 2642-2010-VI and 70-2015-VIII). II.- The objection regarding the inadmissibility of the complaint is not tenable. If the defendant considers that the action does not comply with provision 58 of Ley 8508, it should have filed the respective preliminary defense or a curative measure at the stages permitted by Ley 8508. That did not happen. At the preliminary hearing of July 19, 2018, it was ordered that there were no aspects to cure or preliminary defenses to resolve, leaving only fact five as disputed (judicial file, hearing minute: 13:45 hrs., 14:15 hrs. and 14:18 hrs., images 198 and 199); the defendant acquiesced in that decision. At the continuation of the preliminary hearing of June 11, 2019, it was ordered that there were no aspects to cure and regarding disputed fact five, the testimony of the surveyor Mainor Guadamuz Chavarría was admitted (judicial file, hearing minute: 8:55 hrs., and 9:21 hrs. image 231). Likewise, at the trial hearing of January 26 last, it was ordered that there were no aspects to cure and the testimony offered was produced. Therefore, the objections of defenselessness that the defendant alleges are gratuitous. III.- In our reply filing of February 20, 2017 (judicial file, images 165-170), we indicated that the defendant, with its evidentiary offer, did not demonstrate that it held a prior just title of ten years that could be enforced against the State regarding the demanial affectation. This is so because, although Ley 6043, articles 6 and 35, recognizes private property acquired previously, with legitimate title and registered within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), it is of an exceptional character and requires necessary verification by the private party who bears the burden of proving the title invoked in accordance with the law, and if they fail to do so, it shall be deemed public by mandate of law. The Spanish Supreme Court, in repeated rulings, such as those of May 7, 1975, November 12, 1988, and July 7, 1989, has reiterated that "the maritime-terrestrial zone is a public-domain asset, without prejudice to the rights of private parties, provided that it is they and not the State who so prove it" (legal opinions C-138-91, C-102-93, C-33-2005). Opinion C-88-2015 reiterated: "Given the affectation -in block- to the public domain that in our legal system has long applied to the two coastal strips, and now the maritime-terrestrial zone in Ley 6043, the properties registered in the Property Registry in the name of private parties constitute an exception, and it is incumbent upon them to demonstrate the acquisition of their title in compliance with the law. If they do not prove the requirements for exclusion from the rule of demaniality, the property shall be deemed public by legal mandate." Registration does not validate the nullity of a title. The registry does not cure the defects that the registered document or the act contained therein may have, and they subsist independently of it (Civil Code, article 456; Sala de Casación, No. 35 of 15 hrs. of April 2, 1976). The exclusion from legal commerce makes it completely unsuitable for reduction to private property, as long as it retains that quality modifiable only by law (Civil Code, provisions 261, 262; Sala Primera, rulings 230-90 and 104-96; constitutional votes 5026-97 and 2408-07; Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 7747-85-I, 9172-87-I, 7-2018-II). In the face of illegitimate registration, the private party acquires no right; the act remains absolutely null (constitutional votes 1975-91 and 6170-98; Sala Primera, votes 104-96, 952-05 and 352-2021). The principles of inalienability, imprescriptibility, and the legal publicity of the demanial estate oppose the possibility that the protected third-party purchaser (tercero registral) figure can be wielded against it to consolidate private property illicitly removed from that regime (Sala Primera, votes 1259-2009, 896-2015, 352-2021; Tribunal Contencioso Administrativo, votes 868-2001-III, 84-2004-II, 35-2007-IV, 681-2008-V, 19-2009-VII, 2569-2009-IV, 81-2010-VIII, 99-2010-VII, 235-2010-VI, 2864-2010-III, 67-2011-VII, 467-2011-I, 33-2012-IV, 29-2013-IV, 41-2013-IV, 175-2013-I, 1280-13, 1-2015-II, 79-2015-IV, 116-2015-II, 119-2015-V, 125-2015-V, 15-2016-II, 37-2016-II, 75-2016-II, 79-2016-IV, 7-2018-II, 69-2018-II; legal opinion C-132-2019). Thus, the action to reverse registrations detrimental to the public domain neither prescribes nor lapses (constitutional votes 447-91, 2306-91 and 8429-2001; Sala de Casación, rulings of 10 hrs. of August 1, 1946, 3-53, 79-55, 78-76 and 121-79; Sala Primera, votes 104-96, 597-2000 and 506-2007; Tribunal Contencioso Administrativo, votes 230-95-I, 175-2013-I, 107-2008-II, 7-2018-II, 2642-2010-VI and 9-2014-VIII). The Tribunal Contencioso Administrativo in ruling 40-2013-VIII resolved: "VI…The property subject to the proceeding is a demanial asset that forms part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and the Patrimonio Natural del Estado…VII…the State has sufficient standing to participate in this proceeding pursuant to article 10 subsection a) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, since it is the holder of the public-domain asset subject to this proceeding, and corresponds to it to bring actions aimed at protecting, reivindicating, controlling, and safeguarding the assets that form part of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)…; on the other hand, the interest is maintained as long as the challenged conduct continues to produce effects in the plaintiff's legal sphere and requires a jurisdictional resolution to protect it, since, in the case of recovery and protection of public-domain assets, no prescription or lapse periods run, given that the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible." The bold is ours. In vote 69-2018-II it added: "V.- …the legal affectation that prevails over the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), as a special demanially classified zone, leads inevitably to upholding the allegations contained in the State's action, for they legally and materially support the basis of its complaint, this by technically locating the properties cadastrally in superposition with the restricted area of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)… These public-domain assets are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unseizable, consequently outside the commerce of men. That is, against the existing title of demaniality in accordance with the cited regulations, no enforceability of a better right or good-faith acquisition runs, since the public domain means the set of assets subject to a special, intense legal regime distinct from that which governs the private domain, which, besides belonging to or being under the administration of public legal persons, are affected or destined for public utility purposes and do not belong nor can belong (except by legal declassification) individually to private parties…". Thus, demanial assets can only be declassified or reduced to private domain by a normative act of equal hierarchy, that is, by law (Civil Code, articles 261 and 262; constitutional votes 5026-97, 7294-98, 2988-99, 11346-06, 2408-07, 11155-07, 13367-12, 10158-13; Sala Primera 230-90 and 189-11; Tribunal Contencioso Administrativo, votes 7747-1985-I, 9172-1987-I, 190-12-II, 84-14-II, 46-09-IX), with the regulatory route, judicial resolution, or administrative action being improper. The Sala Primera in ruling 62-F-S1-2011 indicated: "VII.- As indicated, this Chamber considers that, although the cassation appellant exhibits a registry inscription in his name, such circumstance does not imply that said title can be enforced against the demanial character of the property, for the purpose of reivindicating his possession or property. Based on the factual framework set forth, the mere existence of a registered title is not capable of "declassifying" the demanial asset. That said, it is clear that the claim seeking to assert the possessory and ownership rights argued by the appellant, over an asset of public domain (demanial) nature, lacks legal foundation. The effectiveness of the public domain regime is per se. Its existence and publicity derive from the law, occurs independently of the Registry, and the registered titleholder may not claim ignorance to distort it and counteract the encumbrance grounded in the principle of immatriculation (inmatriculación). The public domain (demanio) does not require registration (Constitutional Court votes 846-95 and 3145-96; First Chamber, votes 12-95, 1259-2009, 189-2011; Administrative Litigation Court, votes 579-82-I, 100-94-I, 467-2011-I, 84-2014-II, 2015-II, 15-2016-II, 37-2016-II, 75-2016-II, 7-2018-II, 69-2018-II, 868-2001-III, 2864-2010-III, 235-2010-IV, 33-2012-IV, 29-2013-IV, 41-2013-IV, 116-2015-IV, 79-2015-IV, 79-2016-IV, 119-2015-V and 125-2015-V, 235-2010-VI, 19-2009-VII, 99-2010-VII, 67-2011-VII and Opinion C-132-2019). In this regard, the First Chamber stated in ruling 896-2015: “Pursuant to the principle of immatriculation or unnecessary registration of public domain, its existence and publicity occur independently of its registration, because its ownership by the State is presumed. Thus, the public domain regime is per se. Publicity for this type of asset is material, not necessarily formal or registral. A public domain asset, by its nature, does not require registration.” Pursuant to numerals 41.1.2 of the Civil Procedure Code and 64.2 of Law 8508, whoever opposes a claim must prove the facts that bar the right of the plaintiff or counterclaimant. Thus, whoever invokes a defense bears the evidentiary burden of proving its basis. Constitutional ruling 16629-12, based on Article 486 of the Civil Code, indicates that the legal system establishes a presumption in favor of the State of being the owner of all real property not reduced to private ownership. This primordial State ownership is prior to any possession by private individuals. It is also contained in Law 11 of 1926, Article 508, the General Law of Vacant Lands of 1939, Article 1, and Law 2825 of 1961, numerals 7 and 11. Since the State’s ownership over the coastal strip is declared by law, there is an evidentiary burden on those asserting private ownership. That is, the private individual must prove decennial possession (posesión decenal) prior to the original public domain encumbrance (Constitutional vote 4587-97). In this regard, the Administrative Litigation Court in ruling 86-2021-I ordered: “V.-…the Constitutional Chamber, in its vote 2001-00247, at fourteen forty-nine hours on January tenth, two thousand one, referred to the general regime of adverse possession (usucapión) and that in ruling number 04587-97, at fifteen forty-five hours on August fifth, nineteen ninety-seven, ordered that the exercise of direct possession, under title of owner, must be consistent with the decennial period prior to the declaration of encumbrance to the public domain of the real property subject to a judicial proceeding aimed at obtaining a title of ownership…the claimant of a possessory right in areas encumbered to the public domain must prove useful and effective possession for no less than ten years, under the conditions indicated in Article 853 of the Civil Code, i.e., in the capacity of owner, directly, continuously, publicly and peacefully, in addition to holding a translative title of ownership and good faith.” Along those lines, the First Appellate Chamber, in ruling 87 of January 13, 1961, regarding the littoral strip, resolved that it is for private individuals to prove decennial possession prior with a legitimate title to the public domain encumbrance. In a similar vein, the First Chamber in resolution 409-2019 resolved: “Faced with a declaratory claim of public domain,” “public domain nature (demanialidad) is presumed, and it is the private individual who is called upon to rebut it.” “Said presumptive rule also renders the rules of private property and possession inapplicable from the outset.” Another possibility is that the private individual proves that the real property registered in their name is so by virtue of a title registered through possessory information (información posesoria) filed in the Courts of Justice during the effective period of Transitory Provision III of Law 4558 of April 22, 1970 (La Gaceta 104 of May 12, 1970), which permitted registration in the 150 meters contiguous to the inalienable zone of 50 m, repealed by Law 4847 of October 4, 1971 (La Gaceta 206 of October 14, 1971), for failing to do so confirms its public domain nature. In this regard, the First Chamber resolved in ruling 352-2021: “…in this proceeding, the defendant did not prove it had acquired with such basis, nor that any of the previous owners acquired under the protection of that transitory rule. It is worth adding, this is so in accordance with the historical evolution of the public domain nature of the coastal zone, which originates in 1828, and thus continues to the present in accordance with what is regulated in the LZMT…Consequently, although the defendant acquired under the protection of registral publicity, public domain lands incorporated into the materiality of the farm (finca) …, this yields before the public domain nature of the ZMT.” The defendant also failed to prove that scenario. On the contrary, in its response brief of March 3, 2017, it transcribed part of official communication RIM-CCT-CR-145-2015 from the Technical Cadastral Department of the Real Property Registry provided by the State with administrative file No. 001-2016, regarding the procedure to register farm number 7302, from which the lands that gave rise to the 16 farms referred to in this complaint were segregated, and establishes that the areas of the lands indicated in the facts of the complaint “…are displaced to the northwest and entirely outside the original boundaries of farm Guanacaste 7302 and likewise outside its antecedents 3559 and 3970.” (Image 54, third paragraph). Likewise, the witness offered by the defendant to rebut the content of the three technical reports listed in fact five of the complaint, Eng. Mainor Guadamuz Chavarría, at the trial hearing of January 26, 2022, far from doing so, did not refer to any of them, and on the contrary declared he was unfamiliar with the regulations on mangroves and estuaries (rías), and in response to a question from the defendant’s legal representative, when answering that four of the properties in dispute are partially within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, rather corroborated what was indicated in official communication ACTORPP-SIG-219 from the Área de Conservación Tempisque. We also specified that partial overlap in our reply brief of February 20, 2017 (image 170, penultimate paragraph, line 9), and at the trial hearing, both parts of the adversarial process. Therefore, official communications DTO-IGN-RN-0454-2015 and DIG-TOT-294-2018 from the IGN prove that the 16 farms subject to the litigation encompass public domain assets, components of the various elements of the maritime terrestrial zone, concepts about which the Surveying Engineer offered as a witness was questioned, declaring he had no knowledge thereof. Official communication ACT-ORPP-SIG-219 from the Área de Conservación Tempisque proves that four of those properties are partially within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Meanwhile, official communication RIM-CCT-CR-145-2015 from the Technical Cadastral Department of the Real Property Registry proves that the properties have no basis in a just title prior to the public domain encumbrance, as we maintained in the reply of February 20, 2017 (image 170, penultimate paragraph, lines 10-11). Those technical reports do not contradict each other; they complement each other. IV.- Moreover, the requirement of passive legal standing (legitimación pasiva) is met, because the properties subject to the litigation are registered in the name of the defendants Panorama Lagarta Limitada, Cerro Lagarta Limitada, Refugio Aguas de Nosara Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada and Reserva Biológica Nosara Limitada, since, as the Instituto Geográfico Nacional well indicated in official communications DTO-IGN-RN-0454-2015 and DIG-TOT-294-2018, the lands described in maps G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 and G-1157284-2007, encompass lands of the maritime terrestrial zone of public domain, it being unnecessary to join previous titleholders or transferors, for the nullity claim must be directed against the current titleholder (First Appellate Chamber in vote at 3:45 hours on August 21, 1936; Court of Cassation, ruling at 10:40 hours on June 16, 1937; Administrative Litigation Appellate Court, oral votes 353-2016-I at 10:30 hours on August 26, 2016, 538-2020-I at 12:35 hours on November 26, 2020 and 100-2021-I at 11:22 hours on March 12, 2021; Administrative Litigation Court, ruling 26-2015-II at 8:45 hours on February 27, 2015, oral interlocutory resolutions 2587-2016-T at 15:51 hours on November 8, 2016 and 706-T at 10:23 hours on April 13, 2012). The First Chamber shares this criterion in ruling 480-2019: “III…the cassation appellants consider that since one of the claims is the cancellation of the registration over the farm, all those who were once owners of the asset must be joined to the proceeding, given that they could be eligible for indemnification...this Chamber does not share the criterion of the co-defendants regarding the suggested necessary passive joinder of parties (litisconsorcio pasiva necesaria), for it is evident that those who have a current relationship with the asset subject to the proceeding are the co-defendants, who claim to have rights over the land, not their previous owners, which makes clear there is no obstacle whatsoever for a ruling to exist regarding what is sought by the plaintiff. Hence, the first challenge must be dismissed.” The emphasis is ours. Based on the foregoing, we request that the complaint be granted in its entirety, and that nullity be declared and cancellation ordered of the registrations of Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000 and 157420-000, their liens and maps G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007 and G-1157284-2007, for encompassing public domain (demanial) assets, where the self-protection powers (autotutela) under the active Administration shall govern, and for having been declared harmful to public interests by the Ministerio de Justicia y Paz in final resolution No. 595 at 14:00 hours on October 24, 2016 (Fact six of the complaint, uncontested, and resolution 595-2016, judicial file, images 6 and 11). In a similar matter, the Administrative Litigation Court resolved in ruling 98-2018-VIII: “VI)…the IGN reports, outlined and which gave rise to proven fact 3 of this ruling, bear full credibility for this Chamber, clearly establishing that the entirety of the disputed property is located within the ZMT and partly covered by mangroves.- It must be recalled that pursuant to constitutional numeral 121.14 and the law of the matter (No. 6043 of March 2, 1977), the ZMT (see definition in Articles 9 and 10 of that Law), is divided into its public zone (from 0 to 50 meters from the ordinary high-tide line (línea de pleamar ordinaria); which is not grantable by concession) and restricted zone (from 50 to 200 meters from the ordinary high-tide line, which is grantable by concession); the ZMT being a public domain asset and as such covered by the attributes of inalienability and non-disposability by private individuals (Article 7 of the last-mentioned body of law), the registration carried out applying to that asset, as if it were a private domain asset, being openly illegal and in fraud of law…pursuant to Article 11 of the ZMT Law, all mangroves existing on the coastlines of the national territory are part of the public zone, which is why, also for that other reason, it can be affirmed that what was set forth in the possessory information (Información Posesoria) and the registrations of the farm and the cadastral map, were carried out over public domain assets and are null and void ab initio, and what is set forth in Articles 4 and 7 of Law No. 6043 must be applied, ordering the nullity of the registration of the farm and the cadastral map that describes it. Furthermore, the annulment of existing attachments and annotations must be ordered…because due to their physical situation and by imperative of Law, the assets that make up the farm so many times mentioned, were always property of the State, and subjective rights or legitimate interests cannot be alleged in good faith, by those private individuals, based on illicit acts or transactions carried out by other private individuals… VII)…the defenses of lack of right must be rejected (because it was proven that the claim seeks the recovery (reinvidicación) of public assets, illegally disposed of by private individuals); lack of active and passive legal standing (because the State is actively legitimized, as its titleholder, to seek the elimination of registral entries over an asset that belongs to it and never left its domain by regulatory mandate, and …, S.A., as registral titleholder, is the one whose rights may be affected by the recovery claim) and lack of current interest (because it is evident that the interest in recovering an asset of that nature cannot decline over time). Therefore:…The defenses raised are dismissed…Consequently, the registration of the property of Puntarenas, … and map … is annulled, as well as the rights, liens and annotations that encumber that farm; once this ruling becomes final, the Registro Nacional is ordered to eliminate said indicated registral entries, as well as all rights, liens and annotations existing over said registrations, carried out by private individuals.” III.- REGARDING THE ARGUMENTS OF THE INTERESTED THIRD PARTIES: The representative of SINAC as an interested third party indicated the following: "(...) ON THE MERITS. Regarding the public domain nature of the Maritime Terrestrial Zone. II. LEGAL ADVICE DEPARTMENT. From this it follows that at no time have the two hundred meters of the maritime terrestrial zone been devoid of legal protection as a public domain asset, except for the brief effective period of Transitory Provision III of Law No. 4558 on Tourist Urbanizations. Collection of laws and decrees: Year: 1970 Semester: 1 Volume: 2 Page: 791, and repealed by Article No. 1 of Law No. 4847 of the Collection of laws and decrees: Year: 1971 Semester: 2 Volume: 2 Page: 886. Additionally, the farms in question, being within the protected wildlife area, Refugio de Vida Silvestre Ostional, constitute PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Pursuant to Articles 13, 14 and 15 of the Ley Forestal. Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, in its original text, defined the components of the Forest Patrimony of the State as follows: "Article 18.- The Forest Patrimony of the State consists of National Reserves, Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones and Biological Reserves. Article 19.- All forests and forest lands located in: a) Lands considered as National Reserves; and b) Rural farms of the private domain of the State, those belonging to municipalities and autonomous and semi-autonomous institutions (...), are encumbered to the purposes of this law." With the reforms introduced by Laws No. 7032 of May 2, 1986 and 7174 of June 28, 1990, said Patrimony was conceptualized as follows: "The forest patrimony of the State consists of all forests and forest lands in national reserves, areas declared inalienable, farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration. This patrimony shall be administered by the Dirección General Forestal which shall register the lands in the Registro Público de la Propiedad, when appropriate, through the Procuraduría General de la República, as individualized farms owned by the State." (Article No. 32). Such meaning, although under a different nomenclature, remains practically unchanged in Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996: "The patrimonio natural del Estado shall consist of forests and forest lands of national reserves, areas declared inalienable, farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration, except real property that secures credit operations with the Sistema Bancario Nacional and becomes part of its patrimony (...)" (Article 13). This category, recognized by our legal system since 1969, pursuant to numeral 14 of Ley Forestal No. 7575 constitutes public domain assets, therefore they shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's action for the recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible. In Opinion C-297-2004 of October 19, 2004, the Procuraduría indicated: "Since the maritime terrestrial zone is of a public domain nature, if it contains forest or is land of forest aptitude, it shall automatically, by Law, become part of the Patrimonio Natural del Estado and its administration shall correspond to the Ministerio de Ambiente y Energía, being excluded from the application of Law 6043. The practical consequence of which is that Municipalities cannot legally grant concessions over forests or forest lands of the maritime zone that form part of the patrimonio natural del Estado, nor administer them." This means that the ZMT of the Refugio de Vida Silvestre Ostional, by the mere fact of being incorporated into a protected wildlife area as a public domain asset, forms part of the Patrimonio Natural del Estado. III. Regarding the main claim of harmfulness (lesividad) filed by the State. It is relevant to indicate that, regarding the State's action to recover public domain assets, the Constitutional Chamber has held: "The administrative action substitutes the possessory actions (interdictos) to recover the domain" of public domain assets, which being outside of commerce "cannot be the object of possession, although a right of utilization may be acquired..." (Vote No. 2306-91 at 14:45 hours on November 6, 1991). Therefore, the lands that constitute the Patrimonio Natural del Estado, as assets forming part of the public domain, cannot be susceptible to transfer of ownership to private individuals. The Constitutional Chamber has so understood, in Vote No. 1763 at 16 hours, 45 minutes on April 13, 1994: since in accordance with Articles 32 and 34 of the Ley Forestal, the forest patrimony of the State consists of all forests and forest lands in national reserves, areas declared inalienable, farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration, for that reason, no agency of the Public Administration -central or decentralized- may expropriate, exchange, transfer or alienate by any title, deliver or lease, rural lands of its property or under its administration, without them having first been classified by the Dirección General Forestal, in which case, if it considers them to be of forest aptitude, they shall immediately be incorporated into the forest patrimony of the State, for that reason if Decree number 17023 affected part of the farm acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario in its opportunity, the application of the terms of that regulation, as well as the cited articles of the Ley Forestal, is immediate, and the respondent entity is not empowered to disapply them under the justification that a purchase process involving the corresponding compensation has not intervened. Thus, from the moment the Decree so many times cited came into effect, the lands of the Salinas II farm affected by the Tivives Conservation Zone, automatically became part of the forest patrimony of the State, they are thus norms of immediate application, which is why from that moment the Instituto de Desarrollo Agrario was unable to dispose of those lands and continue with the parcelization (parcelación) project, (...); in other words, the respondent authority cannot refrain from mandatorily complying with the norms that declare the automatic incorporation into the forest patrimony of the State of those real property classified as of forest aptitude, because those provisions are of immediate application due to the public interest involved in their content, namely the conservation of natural resources through their sustained and rational utilization (...)." In its conclusions, SINAC stated: "In the Harmfulness (Lesividad) Proceeding filed by the State regarding real properties subject to the litigation that encompass lands of the maritime terrestrial zone, in Opinion C-050-96 of June 26, 1996, the Procuraduría General de la República has indicated that the maritime terrestrial zone has been public domain since the beginning of the 19th century. The maritime mile enjoys public domain protection with Law No. 162 of June 20, 182. Later, the Código General del Estado of July 30, 1841, provided in numeral 296: ‘…the ebb and flow of the sea, its shores, ports, coves, roadsteads, and generally the portions of the State's territory, which are not susceptible to private property, are considered as belonging to the public domain.’ Likewise, Law No. 7 of August 31, 1868, Article 1 prohibited the denunciation of vacant lands (tierras baldías) comprised within a zone of two thousand varas in latitude, along the coasts of both seas, in that same order other laws such as the Law of Waters No. 11 of May 26, 1884, Article 20 provided: ‘The maritime terrestrial zone is of public domain, or the space of the coasts of the Republic washed by the sea in its ebb and flow and the immediate lands up to the distance of one mile.’ The coastal zone since the 19th century is considered as state property, has had protection as a public domain asset, understanding that public domain lands are outside of commerce and no real rights of property and possession under title of owner are possible according to the provisions of Articles 261 and 262 of the Civil Code. It is for the foregoing reasons that it follows that at no time have the two hundred meters of the maritime terrestrial zone been devoid of legal protection as a public domain asset. ON THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. The PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, pursuant to Articles 13, 14, and 15, 18 of Ley Forestal No. 7575: "ARTICLE 13.- Constitution and administration: Article 13 of Ley Forestal number 7575. The patrimonio natural del Estado shall consist of forests and forest lands in national reserves, areas declared inalienable, farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration, except real property that secures credit operations with the Sistema Bancario Nacional and becomes part of its patrimony. The Ministerio del Ambiente y Energía shall administer the patrimony. When appropriate, through the Procuraduría General de la República, it shall register the lands in the Registro Público de la Propiedad as individualized farms owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real property with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to its name. In that sense, the Patrimony, as established in Article 14 of the current Ley Forestal, is encumbered to the public domain regime, said norm stating that ‘the forest lands and forests that constitute the Patrimonio Natural del Estado, detailed in the previous article, shall be unattachable and inalienable, their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's action for recovery over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Registro Público by means of possessory information and both the invasion and occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.’ Besides, as a protection guarantee, Article 15 of Law No. 7575 established that the agencies of the public administration may not alienate rural lands of their property or under their administration, without them having first been classified by MINAE. ‘The public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are the so-called dominical assets, demanial assets, public assets or things or public goods that do not belong individually to private parties and that are destined for public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men. That is, encumbered by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are encumbered to the service they render and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged nor be susceptible to lien in the terms of Civil Law and the administrative action substitutes possessory actions to recover domain. As they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession…’ (Constitutional Chamber, Vote No. 2306-91 at 14 hours 45 minutes on November 6, 1991). In Opinion C-297-2004, of October 19, 2004, the Procuraduría indicated: ‘Since the maritime terrestrial zone is of a public domain nature, if it contains forest or is land of forest aptitude, it shall automatically, by Law, become part of the Patrimonio Natural del Estado and its administration corresponds to the Ministerio de Ambiente y Energía, being excluded from the application of Law 6043. The practical consequence of which is that Municipalities cannot legally grant concessions over forests or forest lands of the maritime zone that form part of the patrimonio natural del Estado, nor administer them.’ For its part, Article 15 of Law No. 7575 establishes: ‘The agencies of the Public Administration may not exchange, cede, alienate, in any way, deliver or lease, rural lands of their property or under their administration, without them having first been classified by the Ministerio del Ambiente y Energía. If they are covered by forest, they shall automatically be incorporated into the patrimonio natural del Estado and a limitation shall be constituted that must be registered in the Registro Público.’ According to the jurisprudence of the Constitutional Chamber: ‘(…) the Patrimonio Natural del Estado is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministerio del Ambiente y Energía, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 subsec. a and 13 para. 2°, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32, para. 2°). Two important components form it: a) Protected Wildlife Areas, whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1, para. 2°, 3 subsec. i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad No. 7788, arts. 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, Article 3 subsecs. d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE No. 7152 and its Reglamento; (sic) The maritime terrestrial zone, as Patrimonio Natural del Estado, which is inalienable land, is why any appropriation by a private individual is harmful and contrary to the State's duty to guarantee, defend and preserve the Patrimony as established by current regulations. The principles of inalienability and imprescriptibility that characterize the Patrimonio Natural del Estado and the actions against registry and cadastre entries that affect it, do not prescribe or expire for being public domain. Regarding the registrations of farms and registry matters, it is important to mention that the validity of a registered title is conditioned upon compliance with current laws. (First Chamber Votes 104-96 and 952-05). In the declaration of harmfulness (lesividad) No. 595-MJP-2016, it is evident that the farms detailed in this litigation affect public domain assets. It is for the foregoing reasons that this Representation requests that THE LESIVITY LAWSUIT FILED BY THE STATE BE DECLARED WITH MERIT AND THAT THE NULLITY BE DECLARED AND THE CANCELLATION OF THE REGISTRATIONS IN THE NAME OF THE DEFENDANTS BE ORDERED, because they encompass public domain assets, where the powers of self-protection vested in the Active Administration shall govern." Likewise, the representation of the Nosara Civic Association, in its response brief, stated: "(...) SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS Background: As indicated supra, my represented party has always sought the well-being of the area and has been responsible for the conservation of water resources. It is for this reason that on February tenth, two thousand four, by public deed number one hundred four, granted before notary public Álvaro Aguilar Saborío, and knowing the importance of supplying water resources to the community, the company Reserva Biológica de Nosara Limitada, legal identification number three-one hundred two-one hundred twenty-five thousand nine hundred ninety, constituted in favor of my represented party an aqueduct and passage easement (servidumbre de acueducto y paso) over property 5-71896-000, which is described as follows: Aqueduct and passage easement in favor of the aqueduct project provided by the Nosara Civic Association, which shall exercise the aqueduct and passage easement, in an area five hundred seventy-one meters and seventy-one decimeters in length with a width of two meters for a total of one hundred forty-three square meters and forty-two square decimeters, with an east-to-west bearing. The aqueduct easement shall be exercised in both cases by means of buried piping, and the passage easement shall be exercised by any means of locomotion that allows the entry of machinery along the strip where the easement is exercised for the purpose of installing, expanding, modifying, or repairing existing pipes. (Easement graphic). The reason this easement is entered into is that my represented party has formed development alliances with other associations in the area, and it is the Association that administers and provides to the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE NOSARA, legal person identification number three-zero zero two-three six seven one two eight, the lands and resources necessary for access to the area's water resource, and it is through this easement that the water ducts pass that supply this resource to the inhabitants of the area. Therefore, eliminating it would signify a harm of incalculable nature to the inhabitants of Nosara. Regarding the right to water, the United Nations Department of Economic and Social Affairs, at http://www.un.org/spanish/walcribrlitbdccade/iwrm.sh1ml, has stated: On July 28, 2010, through Resolution 64/292, the United Nations General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation, reaffirming that clean drinking water and sanitation are essential to the realization of all human rights. The Resolution calls upon States and international organizations to provide financial resources, to foster capacity-building and technology transfer to help countries, particularly developing countries, to provide a supply of safe, clean, accessible, and affordable drinking water and sanitation for all. In November 2002, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights adopted General Comment No. 15 on the right to water. Article I.1 establishes that 'The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity.' General Comment No. 15 also defines the right to water as the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic use. Integrated Water Resources Management (IWRM). Water is a determining factor in economic and social development and, at the same time, fulfills the basic function of maintaining the integrity of the natural environment. Despite this, water is only one of the vital natural resources, and it is therefore imperative that water issues not be treated in isolation. Managers, both governmental and private sector, must make complex decisions about water allocation. Increasingly, they face a diminishing supply against a growing demand. Factors such as demographic and climatic changes also increase pressure on water resources. The traditional fragmented approach is no longer valid, and a holistic approach to water management becomes essential. This is the foundation of the Integrated Water Resources Management (IWRM) approach, now internationally accepted as the way toward efficient, equitable, and sustainable development and management of increasingly limited water resources and for addressing competing demands. (Graphic). Phases of IWRM planning and implementation. There are large differences between regions regarding water availability, ranging from extreme situations of scarcity in deserts to abundance in tropical forests. In addition, there is also variability in supply over time as a result of both seasonal and interannual variation. Too often, the degree of variability and the timing and duration of supply periods, high or low, are too unpredictable. This implies a lack of reliability of the resource, which poses a significant challenge for water managers in particular and for society as a whole. More developed countries have largely overcome natural variability with supply management infrastructure that ensures a reliable supply and reduces risks, although this comes at a high price and, often, with a negative impact on the environment and on human health and livelihoods. Many less developed countries, and some developed ones, now find that considering supply management alone is not adequate when addressing an increasingly growing demand caused by demographic, economic, and climatic pressures. Faced with this, measures for wastewater treatment, water recycling, and demand management have been implemented. In addition to problems related to the available quantity of water, there are also problems related to water quality. Pollution of water sources constitutes one of the main problems facing users of water resources and poses a threat to the maintenance of natural ecosystems. In many regions, water availability, both in quantity and quality, is being severely affected by climate variability and change, with more or less precipitation depending on the different regions and a greater frequency of extreme weather events. Also, in numerous regions, demand is increased as a result of population growth and other demographic changes (particularly urbanization) and agricultural and industrial expansion resulting from changes in consumption and production patterns. As a consequence, some regions now find themselves in a permanent state of exceeded demand levels, and many other regions suffer this at critical times of the year or in years of water scarcity. Sources: • Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans. UN-Water. 2008 • Road mapping for Advancing Integrated Water Resources Management (IWRM) Processes. UN-Water, GWP. 2007. It is for the foregoing that for the purposes specific to my represented party, to whom the property belongs, the substantive issue is not who owns the property; what is very important is that THE EASEMENT BE PRESERVED, because otherwise it will be the entire community of Nosara that may be affected by the cancellation of that right, causing harm of incalculable nature to the development of the place. Article six of the General Public Administration Law provides that a law cannot go against international treaties, such as: Convention on the Development of Hydraulic Power Affecting More Than One State (Geneva, 1923, art. 4), Charter of the United Nations (1945), Universal Declaration of Human Rights (1948, arts. 25 and 30), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1967, arts. 5, 11 and 12; General Comment No. 15: The right to water; General Comment No. 6: The economic, social and cultural rights of older persons). European Water Charter (Strasbourg, 1968), European Water Charter (Strasbourg, 1968), American Convention on Human Rights (Pact of San José, Costa Rica, 1969), Stockholm Declaration (1972), Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London, Mexico, Moscow, 1972), International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (London, 1973), Charter of the United Nations on the Economic Rights and Duties of States (1974, arts. 3 and 30), Mar del Plata Declaration (UN, Water Conference, 1977), Alma-Ata Declaration (International Conference on Primary Health Care, 1978), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), African Charter on Human and Peoples' Rights (1981), Convention on the Law of the Sea (Geneva, 1982, arts. 192 to 237), World Charter for Nature (1982), Rotterdam Declaration (1983), Protocol of San Salvador (1988, art. 11), The Hague Declaration on the Environment (1989), Convention on the Rights of the Child (1989), Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples (ILO, 1989), New Delhi Declaration (1990), Charter of the European Community on Environmental Rights and Obligations (December 1990), United Nations Principles for Older Persons (General Assembly Resolution 46/91, December 16, 1991), Rio Declaration on Environment and Development (1992), Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development, 1992), Dublin Declaration (1992), Amsterdam Declaration (1993), Noordwijk Declaration (1994), Habitat Agenda (United Nations Conference on Human Settlements, Istanbul, 1996), Rome Declaration on World Food Security (1996), Paris Declaration (1998), Reports of the United Nations International Law Commission (1st to 60th), Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, Resolution 64/292 of the United Nations General Assembly on the Human Right to Water (July 28, 2010)." Subsequently, this party filed a brief dated July 4, 2019, stating that it would no longer appear in the proceedings and would abide by the results thereof. IV.- REGARDING THE ARGUMENT OF THE DEFENDANT PARTIES: In the response brief, the representation of the four defendant companies indicates, in relevant part: "(...) FACT ONE: PERTAINS TO PANORAMA LAGARTA LIMITADA. It is true that my represented party is the owner of those six properties, with the property numbers and cadastral map numbers indicated in this Fact. FACT TWO: PERTAINS TO CERRO LAGARTA LIMITADA. It is true that my represented party is the owner of that property, with the property number and cadastral map number indicated in this Fact. FACT THREE: PERTAINS TO REFUGIO AGUAS DE NOSARA LIMITADA. It is true that my represented party is the owner of those two properties, with the property numbers and cadastral map numbers indicated in this Fact. FACT FOUR: PERTAINS TO RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LIMITADA. It is true that my represented party is the owner of the seven referenced properties, with the property numbers and cadastral map numbers indicated in this Fact. FACT FIVE: REFERS TO ALL THE COMPANIES I REPRESENT AND I PROCEED TO ANSWER JOINTLY. It is partially true and contains a series of inaccuracies that must be clarified. ONE: IT IS NOT TRUE that official communication ORIM-CCT-CR-0145-2015 from the Technical Cadastral Department of the Real Property Registry, dated December 11, 2015, signed by Lic. Guillermo Rodríguez Rodríguez, indicates on any of its pages that the referenced properties, owned by my four represented parties, encompass lands of the public domain maritime terrestrial zone. The document consists of 29 pages, and on none of them is it affirmed that the indicated properties are located in the maritime terrestrial zone, as it rather refers to the procedure for registering property number 7302, from which the lands that originated the 16 properties referred to in this lawsuit were segregated. Even the Conclusion of Lic. Rodríguez does not refer to the subject of the lawsuit or its facts, but rather establishes that the areas of the lands indicated in the facts of the lawsuit '...are displaced to the Northwest and are entirely outside the original boundaries of Property 7302 of the Partido de Guanacaste and likewise outside its antecedents 3559 and 3970.' TWO: IT IS PARTIALLY TRUE that Official Communication ACT-ORPP-SIG-219 from the Regional Directorate of the Tempisque Conservation Area, dated November 27, 2015, indicates that those four cadastral maps corresponding to the same number of properties are within the Ostional Wildlife Refuge. From the reading of said Official Communication, what is inferred is that those four properties affect areas of the Refuge, but not in their entirety. The first two are owned by my represented party REFUGIO AGUAS DE NOSARA LIMITADA, and the next two are owned by my represented party RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LIMITADA. Let your authority observe that the first property, with cadastral map G-62505-1992, encroaches upon the area of the Refuge by 75.95% of its total area, making it clear that 24.05% of said property is OUTSIDE the Refuge. In the second property, with cadastral map G-104087-1993, the encroachment upon the Refuge is 36.19% of the total area of my represented party's property, making it evident that 63.81% is OUTSIDE the Refuge. In the third property, with cadastral map G-1194813-2007, the total area of the property that encroaches upon the Refuge is 5.28%, which means that 94.72% is OUTSIDE the Refuge. And in the last property, which corresponds to cadastral map G-555446-1984, only 31.13% encroaches upon the Refuge, meaning that 68.87% is OUTSIDE the Refuge. The plaintiff party must specify its demand regarding the fact that these properties are within the Ostional National Wildlife Refuge, since from the plaintiff's own evidence it is clear that this is not the case, as the encroachment upon the Refuge occurs only partially, according to what is indicated in the official communication that the plaintiff offers as evidence. THREE: IT IS NOT TRUE that the properties indicated in Official Communication DTO-IGN-RN-045|4-2015, dated November 30, 2015 and signed by Engineer Raquel Irías Brenes, which includes the properties described in cadastral maps G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286, G-1157283-2007, and G-1172999-2007, all owned by my represented party RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LIMITADA, are encompassing lands of the public domain maritime terrestrial zone. Even cadastral maps G-1157283-2007, G-1157284-2007, G-1172999, and G-1157286-2007 are not referenced in the Official Communication of Lic. Irías, either by error or omission that the plaintiff party must clarify. FOUR: IT IS NOT TRUE that the properties referenced in Official Communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, from Engineer Irías, which includes cadastral maps G-660243-2000, G-1338346-2009, G-511121-1983, G-51118-1983, G-51119-1983, and G-643557-2000, all owned by my represented party PANORAMA LAGARTA LIMITADA, are encompassing lands of the public domain maritime terrestrial zone. There is even a contradiction between the information in FACT FIVE and FACT ONE, since the former indicates the existence of the property with cadastral map G~511119-1983, while the latter refers to cadastral map G-11119-1983, without it being understood that they refer to the same document, which must be clarified by the plaintiff. FIVE: IT IS NOT TRUE that the property referenced in the indicated Official Communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, which includes cadastral map G-1368780-2009, owned by my represented party CERRO LAGARTA LIMITADA, is encompassing lands of the public domain maritime terrestrial zone. This map is not even referenced with those details in the report of Lic. Orías, but rather with another, which must be clarified by the plaintiff party. FACT SIX: IT IS TRUE. LEGAL BASIS. The plaintiff party does not provide the reasons why it determines that those properties encompass lands of the public domain maritime terrestrial zone, so it is not possible to state the corresponding counter-argument. Apparently, the evidence provided simply affirms that there are two aspects that lead the Attorney General's Office to believe that this encroachment upon the maritime terrestrial zone occurs: first, because they encompass mangrove areas, totally or partially; and second, because they are located within the 150-meter zone adjacent to said mangrove areas. For now, reserving the legal argumentation for the appropriate time, we note that mangroves were declared wetlands as a technical-legal category by Executive Decree number 22550 of September 14, 1993. Wetlands are defined in Article 2 of the Wildlife Conservation Law number 7317 of October 30, 1992, and derive their regulation and protection from the international obligation assumed under the Ramsar Convention on this matter, approved by Law 7224 of April 9, 1991. The Organic Environmental Law number 7554 of October 4, 1995, in its Article 32, clearly establishes that Wetlands are PROTECTED WILD AREAS, which is reiterated by Article 58 of the Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998, from which it is concluded without any problem that mangroves are legally configured as Protected Wild Areas, as they have the typology of wetlands. If mangroves legally have the characteristic of Wetlands and these constitute protected wild areas, they also have the typological quality of EQUIVALENT RESERVE, as the Attorney General's Office itself has determined in respective legal opinions C-174-87 of September 8, 1987, and C-191-96 of November 27, 1996. And evidently, being an Equivalent Reserve, according to Article 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law, number 6043 of March 2, 1977, and its amendments, THIS LAW IS NOT APPLICABLE TO SUCH EQUIVALENT RESERVES. This being the case, the regulation of Articles 9, 10, and especially 11 of said Law 6043, and Article 4 of its Regulation, which is Executive Decree number 7841 of December 16, 1977, are not applicable to mangroves, whose delimitation reaches what is declared and marked, without the 150-meter restricted zone regulation being applicable, as that provision is excluded from the regime of equivalent reserves, pursuant to numeral 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law. INVOCATION OF SUBSTANTIVE DEFENSE AND CLAIM. I invoke the substantive defense of lack of right, as the lawsuit is improperly grounded, which I request be accepted, and therefore DECLARE THE LAWSUIT WITHOUT MERIT IN ALL ITS ASPECTS, with the corresponding award of costs." In closing arguments, they indicated: "FIRST: GENERAL ASPECTS. The lawsuit does not meet the basic requirements set forth in Article 59, subsections b) and c) of the CPCA, because it lacks a specific exposition of the facts and background, nor does it contain the legal grounds it intends to invoke in its support, as will be noted below. SECOND: THE LAWSUIT LACKS AN ADEQUATE EXPOSITION OF FACTS AND BACKGROUND. In fact five of the lawsuit, which is the only one of a disputed nature, as decided at the Preliminary Hearing of July 19, 2018, the fundamental elements that a contentious-administrative action must contain are not noted or indicated, in accordance with Article 49 of the Political Constitution and Articles 1 and 58 subsection b) of the CPCA. The state representation limits itself to indicating that a list of sixteen properties, whose map numbers it indicates, '...encompass lands of the maritime terrestrial zone...', according to two official communications it cites, one from the Real Property Registry and another from the National Geographic Institute. In the second paragraph of the fact numbered as five, it mentions that there are some properties that are within the Ostional National Wildlife Refuge, without detailing in what area, what part of the Refuge zone is invaded, whether it involves beach, mangroves, or estuaries (rías), as it simply refers to an official communication from the Tempisque Conservation Area, as if it were the signatories of that document who have the competence to describe the fact in a precise and detailed manner, and not the plaintiff. It is clear then that the State did not set forth the fact or the lawsuit in a specific manner, as it does not detail the reason why it believes that those properties encompass lands of the maritime terrestrial zone or the Refuge itself. To specify is to detail, to indicate in a precise and concrete manner the factual element it seeks to prove, and for this reason it is required to indicate the circumstances of manner, time, and place in which, in its judgment, the facts occurred, to later demonstrate them with the evidentiary aspects contained in the administrative file. It is not legally possible to simply indicate in fact number five that some properties encompass lands of the maritime terrestrial zone, without stating whether it is totally or partially, which are the lands of that zone that were invaded or encompassed, where, since when, whether it involves a beach zone, coastal zone, mangrove zone, or estuary zone—concepts used by the Attorney General in his opening argument, but which are not contained in the lawsuit. The State cannot attempt to have the fact deduced from the evidence, when the procedure operates inversely: first, the fact is determined, and then it is defined whether, once known, detailed, and specified, the evidence is sufficient to consider it proven. The Attorney General's strategy is not to specify the fact, not to indicate what area of the maritime terrestrial zone supposedly is encompassed by the lands owned by my represented parties, and to resort to the evidence, not to prove the fact, but to determine it. The function of evidence is to prove the fact already specified and detailed; its role is not to complete it or define it, because in such a case the factual element would be incomplete and it would not be the plaintiff who sues but the author of the evidence, which would be a gibberish that completely disrupts the illegal procedure. Article 82.1 of the CPCA legally details the foregoing: evidentiary proceedings are ordered and carried out to determine the real truth of the relevant facts of the process. That is, first, the relevant facts of the process must be known in a clear, precise, and detailed manner, to then attempt to prove them. It is therefore not possible to admit lawsuits in which the facts are not specified, because then the evidence would become the fact, and that is not legally possible. Nor is the administrative file the lawsuit; rather, it is the evidence of the lawsuit. Without the lawsuit meeting legal requirements, it is not possible to reconstruct it with the administrative file, because it would be an illegal construction of the cause of action (causa petendi) and a reformulation of the lawsuit through the file that must attempt to prove what is correctly defined and specified from the origin of the case. THIRD: THE LAWSUIT LACKS THE LEGAL GROUNDS TO SUPPORT THE FACTS AND THE CLAIM. Numeral 58, subsection c) of the CPCA establishes that the lawsuit must contain the legal grounds invoked in support of the facts and the claim, which is absent in this case. It suffices to read the legal basis section contained in the lawsuit to easily realize that it is limited to stating that lands located on public domain assets are not susceptible to private ownership, that they must therefore be annulled, that they are inalienable and imprescriptible, and for this purpose, some rulings and legal norms are cited. But it is not grounded: the reasons why those lands are claimed to be in public domain zones are not indicated, nor is the fact proposed to be proven supported normatively. Once again, the plaintiff wants the evidence to specify the fact and for the evidence to ground the claim, which is not proper in procedural litigation. FOURTH: THE CLAIM DOES NOT DERIVE FROM A CORRECT FACTUAL DESCRIPTION NOR FROM THE LEGAL GROUNDS. The claim formulated merely determines that, because they are public domain assets, a group of registrations must be annulled. But this does not derive from the facts or from the legal grounds of the lawsuit; rather, it seeks to be deduced from the evidentiary reports, as if the means of evidence were the facts and the documents were the grounds. This cannot be admitted, because it would lead the courts to define the facts and grounds as derived from the evidence and construct the claim a posteriori, without the facts being adequately known or appropriately grounded, and therefore the claim itself incurs the same defects already noted. FIFTH: THE CLAIM IS NOT PROPER TO A LESIVITY PROCEEDING. Although it is intended to indicate to the Judges that the file derives from a declaration of lesivity, and for this purpose evidence number 1 is provided, neither the claim nor the facts adequately refer to this. Article 10.3) of the CPCA establishes that, in cases such as these, the State must IMPUGN ITS OWN ACT, WHICH IS FINAL AND HAS CREATED SUBJECTIVE RIGHTS, but in the facts and in the claim, it is omitted to state which act or acts are being impugned. As part of the doctrine states, in a lesivity proceeding, the administration sues itself, in the sense that it intends to impugn its own acts. But in the claim, what is indicated is that registrations be annulled and canceled without referring to the acts that are impugned, nor is it demonstrated that they are final acts that have created subjective rights, perhaps intending that the file for the declaration of lesivity form part of the facts and the claim, when it is no more than evidence. SIXTH: THE EVIDENCE ALSO DOES NOT PROVE WHAT IT SEEKS TO DERIVE. It is not true that Official Communication RIM-CCT-CR-0145-2015 from the Cadastral Department of the Real Property Registry of December 11, 2015, signed by Lic. Guillermo Rodríguez Rodríguez, indicates on any of its pages that the properties owned by my represented parties encompass lands of the maritime terrestrial zone. The document consists of 29 pages, and on none of them is such a thing affirmed; rather, it is limited to explaining the procedure for registering a property numbered 7302. Neither in the content nor in the conclusions of that report is any reference made to the maritime terrestrial zone or to the Ostional Wildlife Refuge. From Official Communication ACT-ORPP-SIG-219 from the Regional Directorate of the Tempisque Conservation Area, dated November 27, 2015, all that can be inferred is that four of those properties partially encroach upon areas of the Ostional Wildlife Refuge, which was accepted by my represented party in those same percentages, and it has even been indicated that when the State Notary so orders, the corresponding transfers will be made at its expense. In the response to the lawsuit, we indicated the percentages encompassed by the properties, in the same terms as that official communication, such that there is no controversy in this regard. Neither does the Conservation Area intend to appropriate or claim more lands than those indicated in that official communication, so it is clear that the state claim, due to its failure to meet legal requirements, is confusing and contradictory and offers evidence that contradicts itself. The other Official Communication, which is DTO-IGNRN-0454-2015 of November 30, 2015, signed by Ing. Raquel Irías Brenes, of the National Registry, is limited to indicating that several of my represented party's properties are located within the State's patrimony, in a document of a page and a half, without any foundation or support whatsoever. The text states that there are properties that encompass mangrove areas, without any evidence; it affirms that the areas adjacent to it must be defined as public zone, and even that the areas of zoo meters adjacent to the estuary (ría) of the Nosara River be defined as public zone, without providing any grounds whatsoever, as if they were majestic assertions that carried public faith merely by signing them. The State did not offer the signatories as expert witnesses to detail its claim, which is poorly configured, and it rather seems to propose that the evidence configure the facts and the claim itself. SEVENTH: MANGROVES ARE A 50-METER PUBLIC ZONE, NOT A 200-METER MARITIME TERRESTRIAL ZONE. Article 9 of Law number 6043 of March 2, 1977, defines the 200-meter maritime terrestrial zone as the strip of that extent along the entire length of the coastlines. Article 11 limits the public zone occupied by mangroves to 50 meters, not 200, as they are not coastlines or shores, and therefore it is not feasible to apply the same regime as that of the latter. The Attorney General's Office insists on applying numeral 4 of the Regulation to Law 6043, not of the law itself, which is an executive decree number 7841-P of December 16, 1977, and which, of course, cannot go beyond what Law 6043 establishes. But what the Attorney General's Office does not accept is that subsection 4 of Executive Decree 7841 refers to another executive decree, namely Executive Decree 7210 of July 19, 1977, WHICH IS REPEALED by Article 8 of Executive Decree number 22550 MIRENEM of September 14, 1993; that is, it has not been applicable for more than 25 years. Since Article 4 of Executive Decree 7481 refers to a repealed decree, which is Decree 7210, it could not be applied on its own either, because its value and content derive from a repealed norm. Therefore, if the claim were considered to meet the legal requirements, it would also be inadmissible due to lack of legal foundation. Pursuant to that Executive Decree 22550, the wetland is a NEW CATEGORY that replaces the mangrove category, all based on Articles 7 and 17 of the Wildlife Conservation Law number 7317 of December 7, 1992, and furthermore, the regulation of the so-called Ramsar Convention, approved by Law 7224 of April 9, 1991, would be applicable. If wetlands are protected wild areas, pursuant to Article 32 of the Organic Environmental Law, number 7554 of October 4, 1995, reaffirmed by Article 58 of the Biodiversity Law, number 7788 of April 30, 1998, then mangroves or wetlands have become protected wild areas. The Attorney General's Office itself has indicated in several legal opinions, including opinions numbers C-174-87 of September 8, 1987 and C-191-96 of November 27, 1996, that those protected wild areas have the typological category of equivalent reserve (reserva equivalente). Therefore, equivalent reserves are excluded from the regulation of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de Zona Marítimo Terrestre), pursuant to subsection 73 of that same law 6043. Thus, in the indicated scenario, the mangrove areas would be delimited by the demarcated zone, which, as the expert Guadamuz Chavarría indicated, exists in the area of my client's properties and has been fully respected. CONCLUSION: Based on all the foregoing statements, I request that the request to find the claim, its facts, and its remedies lacking in legal right be granted, and that the claim be dismissed in its entirety, with the necessary award of costs against the State." V.- ON THE PREREQUISITES FOR THE LESIVITY PROCEEDING: In order to analyze this proceeding, it is important to begin by reviewing compliance with the prerequisites that the legal system imposes for the filing of a lesivity proceeding by the Public Administration, since the absence of any one of them would make an examination of the merits unnecessary. In general terms, the various Sections of the Contentious-Administrative Court have specified in their judgments that lesivity is a jurisdictional mechanism by which the Administration seeks the elimination of one of its own acts that generates favorable effects or declares rights in favor of an individual and, at the same time, considers that those effects are unfavorable to the public interest, whether economic, social, tax, health, or otherwise. Logically, the nature of this claim requires the participation of anyone who is harmed by the annulment of the conduct granting the subjective right or benefit, so that they may exercise the defense of their interests through the adversarial process. As described, it is the Judge who must proceed to analyze the validity of an administrative act of favorable content. The normative provisions regulating this procedural figure are contained in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). The latter, in its Article 34, sets forth the prior elements and procedural regulations of this figure, in relation to subsections 173(6) and 183 of the General Law of Public Administration. In summary, the cited norms impose the subjective, objective, procedural, and temporal conditions of the lesivity action. Firstly, when referring to the subjective element, we must specify that active legal standing is granted to the Administration that authored the challenged act, while the passive legal standing belongs to the recipient of the effects of the act declared harmful, that is, the one who obtains its benefits. The objective element refers to the mechanism for the juridical elimination of administrative acts that are favorable or declaratory of rights to the individual but which, in the Administration's view, are vitiated by absolute or relative nullity and, therefore, become substantially non-compliant with the legal system. With respect to the procedural aspect, it is a requirement that the Administration declares that act harmful to the public interests, and it is imperative that the supreme highest-ranking official of the respective Public Administration declares the lesivity of the act, whether due to harm to economic, social, tax, or other interests arising from the public interest, for which purpose they must have a supporting legal-technical criterion backing that determination. It is important to recall that, because this is a procedural requirement that will be submitted to the knowledge of the jurisdictional forum, unlike the administrative procedure for declaring the evident and manifest absolute nullity carried out within the administrative forum by the Administration that issued the act itself, here the individual is not granted a hearing, because it is an action of an internal nature of the Administration, aimed at verifying the will of the highest-ranking official, and in turn, it allows the commencement of the judicial proceeding, and it will be during the course of this proceeding that the person who derives rights from the challenged act may exercise their right of defense; therefore, the absence of their participation within the administrative phase for the declaration of lesivity in no way curtails their right to due process or an administrative procedure. Another significant aspect when analyzing the act declaring its lesivity is determining whether the act emanates from the highest-ranking administrative official. The rules are as follows: when the act emanates from the State, i.e., from the Central Administration, in accordance with Article 16 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the claim may only be filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), upon prior request of the supreme highest-ranking official and an internal declaration of lesivity, detailing the reasons for that criterion. The same procedural rule applies when the harmful act emanates from the Legislative and Judicial Branches, as well as from the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), insofar as they exercise an administrative function. Such representation also imposes, in the case of acts of the Judicial Branch issued in the exercise of its administrative function, as in the case of acts issued by the Superior Council (Consejo Superior), whose lesivity must be declared by the Full Court (Corte Plena). Finally, regarding decentralized public administrations, the declaration must be made by the supreme superior body of the administrative hierarchy. Another aspect to take into account is that procedurally there is an impediment for the Administration to formulate the annulment claim via counterclaim. Finally, there is a temporal limitation. Article 34 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes a period of one year, counted from the business day following its issuance, to declare the act harmful to the public interests in the administrative forum. The foregoing applies, except in cases where the act suffers from absolute nullity and continues to have effects, in which case, pursuant to the provisions of subsection 34(1) of the same normative body, that internal declaration may be made for as long as those effects endure. In such a scenario, the year is counted from the cessation of those effects, and the judgment ordering the eventual nullity shall do so only for the annulment and future inapplicability of the annulled conduct. After that declaration, a period of one year is granted to file the contentious-administrative action, under penalty of caducity (caducidad), as stipulated in Article 39(e) of the Contentious-Administrative Procedural Code. Now then, the exception to these temporal regulations we have cited revolves around the protection of the public domain (dominio público), in which case the lesivity action is not subject to any time limit, as derived from Article 34(2) of the Contentious-Administrative Procedural Code, in application of the general clause of imprescriptibility of that type of property, as derived from Article 261 of the Civil Code. Note then that when the lesivity action revolves around demanial property (bienes demaniales) of the State, the period to declare lesivity in the referenced procedural norms is inapplicable, which implies that it may be ordered at any time without any procedural sanction. Finally, we must note that subsection 41(2) of the Contentious-Administrative Procedural Code expressly establishes that, in tax matters, the maximum period to file the proceeding shall be the same period that the legal system provides as the statute of limitations for the respective substantive right under discussion. Finally, when the Court examines a judicial lesivity proceeding, it must determine whether the act sought to be annulled was issued before the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, that is, on January 1, 2008, because if so, the provisions of Transitory Provision III of the cited normative body must be applied, according to which the regime for challenging administrative acts that became final in the administrative forum prior to the effectiveness of the cited Code shall be governed by the legislation in force at that time. Having clarified the foregoing, we now proceed to analyze whether, in the specific case, the legal prerequisites are met for the granting of the action. VI.- ON THE FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DECLARATION OF LESIVITY: According to the judicial file, we must proceed to review whether the plaintiff entity fulfills the objective, subjective, temporality, and procedural requirements for the subject matter of the proceeding to be analyzed by this Panel of Judges. In the first place, the subjective element has been met, since the analysis concerns acts of the National Registry (Registro Nacional), and it is through the Ministry to which it is attached that the declaration of lesivity was made. Note that, indeed, the declaration of lesivity and the filing of the action are in accordance with the law, since it was the highest-ranking official of the Ministry of Justice and Peace (Ministerio de Justicia y Paz), with prior approval of the National Registry, who, in the exercise of their powers, declared harmful through resolution 595 of October 24, 2016, the registration entries of the Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, their encumbrances, and the maps G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, for encompassing demanial property, and that resolution was referred to the Attorney General's Office, which filed the claim, in accordance with the provisions of Article 10(5) of the Contentious-Administrative Procedural Code, meaning that active legal standing is present. On the other hand, passive legal standing is also correctly constituted. As can be seen from the file, the resolution declares harmful to the public interest the administrative acts that grant subjective rights in favor of the companies Panorama Lagarta Limitada, Cerro Lagarta Ltda., Refugio de Aguas Nosara R.L., Reserva Biológica Nosara Ltda., causing them to be sued in this proceeding, as they are the registered owners of the properties in question that originated from the challenged maps. Thus, as there is no other subject to bring into the process to defend their interests, the passive legal standing is correctly constituted. Now then, regarding the subject matter of the proceeding, it is clear that it concerns the declaration of nullity and cancellation of the registration entries of the Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, their encumbrances, and the maps G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G- 1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, for encompassing demanial property; therefore, the annulment claim is congruent with the lesivity proceeding. Thus, in terms of the subjective sphere, both active and passive, and the objective sphere, the requirements referred to in the previous section are met. Finally, regarding temporality, we have, in accordance with the provisions of Article 34(2) of the Contentious-Administrative Procedural Code, which states: "1) When the Administration itself, author of an act declaratory of rights, intends to seek its annulment before the Contentious-Administrative Jurisdiction, the supreme hierarchical superior must previously declare it harmful to public, economic, or any other kind of interests. The maximum period for doing so shall be one year, counted from the day following its issuance, unless the act contains defects of absolute nullity, in which case such declaration may be made as long as its effects endure. In this latter scenario, the one-year period shall run from the cessation of its effects, and the judgment declaring nullity shall do so solely for the purpose of its annulment and future inapplicability." 2) Lesivity regarding the protection of property in the public domain shall not be subject to any time limit. 3) The Government Council (Consejo de Gobierno) shall be responsible for the declaration of lesivity of administrative acts issued by two or more ministries, or by these together with any decentralized entity. In such cases, they may not be declared harmful by a minister of a different branch. 4) The declaration of lesivity of acts issued by administrative bodies with instrumental legal personality shall be issued by the supreme hierarchical superior. 5) The lesivity claim may not be raised by way of counterclaim." We have, then, that although in principle the declaration of lesivity must be made within one year of the granting of the administrative act, and the filing of the proceeding within the following year, the Contentious-Administrative Procedural Code provides for an exception, namely that in the defense of demanial or public property (bienes demaniales or públicos), the lesivity regarding their protection is not subject to any time limit due to the imprescriptibility of public property; therefore, since the protection of demanial property such as the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), mangroves, and estuary (ría) of a river is at stake, the temporality element is also met. VII.- ON THE MERITS OF THE MATTER: REVIEW OF THE ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTIES: We shall now proceed to review the arguments raised by the representatives of the defendant companies, with the caveat that novel arguments or those precluded by the stage of the proceedings we are in, such as the one concerning non-compliance with the provisions of Articles 58 and 59(b) and (c) of the Contentious-Administrative Procedural Code, and the argument regarding regulations supposedly repealed and applicable to mangroves, are not admissible because they violate the right of defense and due process that governs this jurisdiction, as they were not alleged at the appropriate procedural time and the counterparty did not argue against them. 1) There are no inconsistencies in the technical evidence provided by the plaintiff party. The defendant party claims that it is not true that the properties indicated in official communication DTO-IGN-RN-0454-2015, dated November 30, 2015, which comprise the properties described in cadastral maps (planos catastrados) G-1157284-2007, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, and G-1172999-2007, owned by Reserva Biológica Ltda., are encompassing lands of the public-domain maritime-terrestrial zone, because they are not referenced in that communication. It adds that there is a contradiction between the information in fact five and the information in fact one of the claim, because fact one indicates the existence of the property with cadastral map G-511119-1983, while fact five refers to map G-11119-1983, without it being understood that they refer to the same document. It also mentions that cadastral map G-1368780-2009 is not referenced in the aforementioned communication but rather in another one. Criterion of the Court: The defendant party, in its answer, points out alleged inconsistencies in the claim and in the evidence provided; however, regarding cadastral maps G-1157284-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, through official communication DIG-TOT-0294-2018 of July 10, 2018, visible in the evidence CD, the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) corrected said error, stating that an "8" had been erroneously entered in the numbering. With this, the alleged inconsistency does not exist. Now, while it is true that map G-1172999-2007 is not found in the list enumerated at the beginning of official communication DTO-IGN-RN-0454-2015, it is mentioned in the body of that same communication and in the orthophoto overlay attached by the National Geographic Institute; therefore, it is not considered that there is any defect in the entered information, and it cannot be understood, as the defendant party intends, that this map has been excluded from the subject matter of the proceeding. Map G-1157517-2007 is numbered as number 4 both in the list and in the orthophoto, meaning the alleged omission regarding that map's data does not exist. As for the contradiction in the facts of the claim regarding the number of map G-511119-83, it is clear that this is an error concerning a number that does not affect the right of defense of the company owning the property described in that map, because the rest of the documentation refers to the correct map number, and we must recall that, in accordance with Article 223 of the General Law of Public Administration, there is no nullity for nullity's sake in the administrative procedure, except when the omission of a substantial formality causes defenselessness or that formality would have prevented or changed the final decision, which has not occurred in the present matter. Finally, regarding map G-1368780-2009, it is found in the list and in the orthophoto as number "11," meaning the alleged inconsistency or omission does not exist. It is noted that the representative of the defendant entities omits to indicate how their right of defense is affected by what is stated in the referenced communication, which prevents a detailed analysis of that allegation. In any case, this Panel will address the study of that communication in the following considerations. 2) A historical overview of the properties is important for determining the invasion of the maritime-terrestrial zone sought to be annulled in this proceeding. The representative of the defendant companies complains that in official communication RIM-CCT-CR-0145-2015 from the Cadastral Department of the Real Property Registry (Registro Inmobiliario) of December 11, 2015, it is not demonstrated that the properties owned by its clients encompass lands of the maritime-terrestrial zone; neither in the content nor in the conclusions of that report is reference made to the maritime-terrestrial zone or to the Ostional Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Ostional). Furthermore, the defendant parties add that it is not demonstrated that the maps of the properties they own invade the maritime-terrestrial zone. Criterion of the Court: Official communication RIM-CCT-CR-0145-2015 from the Cadastral Department of the Real Property Registry of December 11, 2015, as recorded in the proven facts of this judgment, provides a historical overview at the registry and cadastral level of the maps and properties that are the subject of this proceeding, concluding that they are outside the original boundaries of the real property of the Partido de Guanacaste number 7302 of 1943. To do this, it also studied the origin of that property, tracing it to the year 1894 with the denouncement (denuncio) of lands by the company River Plate Trust Loan and Agency Company Limited London, as well as the subsequent segregations and consolidation of properties that gave rise to the properties in question. With that information, an overlay of the denouncement sheets and an orthophoto is produced, resulting in the finding that the consulted maps are located outside the denouncement map. This is important insofar as the denouncement respected the maritime-terrestrial zone and its boundaries were located in other areas different from those where the referenced cadastral maps were later situated, and this would explain why the public zones were not respected. However, since the party merely points out that said evidence mentions nothing regarding the Ostional Reserve or the maritime-terrestrial zone, it does not debate its probative value, but only makes said observation, an aspect that this Court takes into consideration in the present analysis, which allows the conclusion that there is no evidence against what is stated in that study. Now, the matter concerning official communication DTO-IGN-RN-0454-2015 will be analyzed later. 3) The defendant parties accepted that their properties partially invade zones of the Ostional Wildlife Refuge (Reserva de Vidas Silvestre Ostional). Consent to transfer the percentages indicated in official communication ACT-ORPP-SIG-219 is not legally proper. The representative of the defendant parties mentions that from official communication ACT-ORPP-SIG-219 of the Regional Directorate of the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque), dated November 27, 2015, the only thing that follows is that four of those properties partially invade zones of the Ostional Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Ostional), which is accepted in those percentages, and that whenever the State Notary's Office (Notaría del Estado) so orders, the corresponding transfers will be effected at their expense. It adds that on this point there is no controversy whatsoever. Criterion of the Court: As the defendant companies accept that in map G-62505-1992 there is 75.95% of area belonging to the Ostional Wildlife Reserve (Reserva Silvestre Ostional), that map G-104087-1993 has 36.19% of area belonging to the Ostional Wildlife Reserve, that map G-1194813-2007 has 5.28% of area belonging to the Ostional Wildlife Reserve, and map G-555446-1984 has 31.13% belonging to the Ostional Wildlife Reserve, it is clear that the State's request that the maps indicated above and the properties to which they gave rise must be annulled through this proceeding is correct, because they included areas that should not have been cadastrally surveyed, much less registered as parts of the Partido de Guanacaste properties numbers 81481, 82757, 70903, and 70904, information that must be eliminated from legal life. This is the proper legal course of action, not, as the defendants' representative proposes, simply appearing before the State Notary's Office and transferring the percentages indicated in official communication ACT-ORPP-SIG-219 of November 27, 2015, from the Tempisque Conservation Area, because those legal entities cannot transfer lands that do not belong to them, as they are demanial property, and there is no way to validate, through that action, the absolute defects contained in the aforementioned maps, even with the defendants' acceptance. 4) Cadastral maps G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992, and G-1172999-2007 invade the maritime-terrestrial zone, mangroves, and the estuary (ría) of the Nosara River, according to official communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, from the National Geographic Institute. Said communication was not rebutted by the defendant parties and constitutes technical evidence. The representatives of the defendant parties state as their main argument that official communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, merely limits itself to noting that several of their clients' properties are located within the patrimony of the State, and that this document lacks foundation or support, the official who signed it was not brought into the proceeding, and that what it states must be accepted without question, namely that there are properties that encompass mangrove areas, without any evidence, and that it asserts the areas adjacent to the estuary should be defined as a public zone, and even that the 200-meter areas adjacent to the estuary of the river Nosara should be defined as a public zone, as if they were statements carrying public faith merely by being signed. Criterion of the Court: The defendants attempt to rebut what is stated in official communication DTO-IGNRN-0454-2015 simply by arguing and without providing suitable evidence showing that what is recorded therein is not true. Regarding the validity of what is recorded in that communication, it is necessary to take into account that the entity issuing that information is the National Geographic Institute, which is the official authority and the scientific and technical body governing national cartography, and which is even the entity that issues the basic map of the Republic of Costa Rica. Now, if any doubt remained about the competence of said Institute in the demarcation, delimitation (deslinde), or monumentation (amojonamiento) of the maritime-terrestrial zone, Regulation 7841-P, which is the Regulation to Law No. 6043, the Maritime-Terrestrial Zone Law, gives the mandate (in its subsection 62) to the National Geographic Institute to demarcate the public zone of the Maritime-Terrestrial Zone. Based on that, the only way to rebut the assertions recorded in that communication is through technical and scientific counter-evidence, and the defendants did not do so. The only evidence brought to the record by the defendants to rebut the matters concerning the maritime-terrestrial zone was the witness Mainor Guadamuz Chavarría, who, however, was emphatic in stating that he did not know whether the defendants' properties invaded the maritime-terrestrial zone, and who, despite having knowledge of bathymetry, stated in his declaration that he had not carried out a specific study on the subject under discussion, thereby not contributing anything significant to the proceeding. Now, upon reviewing the aforementioned communication, we find that, contrary to what the companies' representative asserts, it does contain support and a basis for the conclusions it reaches. First, it was asked to review, using an orthophoto of the area in question, whether 11 (actually 12) cadastral maps encompass the 200-meter maritime-terrestrial zone adjacent to the estuary of the Nosara River, as well as mangrove areas and the 150 meters adjacent to them. For this purpose, it used notice 2009-16, which contains the monumentation of the public zone between sectors of Ostional Beach to Guiones Beach (Playa Ostional hasta Playa Guiones) located in the Nosara district, Nicoya canton, Guanacaste Province. Also, it used notice 2014-05, which is the delimitation of the public zone corresponding to the Estuary of the Nosara River (Ría del Río Nosara), published in Gazette No. 8 of January 13, 2015, records that were not challenged by the defendants, or at least, there is no evidence that they filed any opposition at the time of their issuance or during this proceeding. And based on that information, the plotted survey of the already mentioned maps is provided on the orthophoto, perfectly delimited by the officially established markers (mojones), along with the requested information. From this, it concludes that the lands enumerated in cadastral maps G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, and G-1368780-2009, are within the Patrimony of the State constituted by the Maritime-Terrestrial Zone adjacent to the 150 meters of the mangrove areas. That the lands described in maps G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992 encompass a mangrove area, which is delimited with markers ZP5020041 through ZP50020206. Regarding the property described in cadastral map G-1172999-2007, it is indicated that it encompasses areas within the 150 meters adjacent to the mangroves, representing 20% of its total area. That the 200-meter sector corresponding to the maritime-terrestrial zone of the estuary of the Nosara River is incorporated within the mangrove areas and restricted zone (150 meters). This communication was corrected several years later by official communication DIG-TOT-0294-2018 of July 10, 2018, from the National Geographic Institute, Topographic and Territory Observation Department, which corrected the material error contained in official communication DTO-IGN-RN-0454-2015 of November 30, 2015, in the sense that the number of three maps had been erroneously recorded, the correct ones being: G-1157283-2007, G-1157284-2007, and G-1157286-2007, and that these are within the Patrimony of the State constituted by the Maritime-Terrestrial Zone, adjacent to the 150 meters of the mangrove areas. This technical-scientific evidence, we reiterate, has not been rebutted, and therefore, this Panel of Judges considers it to have full applicability and probative value in this proceeding. 5) The Maritime-Terrestrial Zone Law is applicable to mangroves regarding the delimitation of the public and restricted zones. The representative of the defendant companies indicates that the plaintiff does not provide the reasons for determining that those properties encompass lands of the public domain maritime-terrestrial zone, that from the evidence provided two aspects can be extracted that lead the Procuraduría General de la República to believe that this invasion of the maritime-terrestrial zone occurs: first, because they encompass mangrove areas, totally or partially, and second, because they are located within the 150-meter zone adjacent to said mangrove areas. Based on this, he points out that mangroves were declared wetlands as a technical-legal category by Decreto Ejecutivo number 22550 of September 14, 1993, and that wetlands are defined in article 2 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre number 7317 of October 30, 1992, and derive their regulation and protection from the international obligation assumed under the Ramsar Convention, on this matter, approved by Ley 7224 of April 9, 1991. He mentions that the Ley Orgánica del Ambiente number 7554 of October 4, 1995, in its article 32 clearly establishes that Wetlands are protected wild areas (áreas silvestres protegidas), which is reiterated by article 58 of the Ley de Biodiversidad number 7788 of April 30, 1998, from which he concludes that mangroves are legally configured as Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), because they have the wetland typology. If mangroves legally have the characteristic of Wetlands and these constitute protected wild areas, they also have the typological quality of equivalent reserve (reserva equivalente), as the Procuraduría General de la República itself has determined in its respective opinions C-174-87 of September 8, 1987, and C-191-96 of November 27, 1996. And that, being an equivalent reserve, pursuant to Article 73 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, number 6043 of March 2, 1977, and its amendments, that law is not applicable to said equivalent reserves. This being so, the regulation of articles 9, 10, and especially 11 of said Ley 6043, and Article 4 of its Reglamento, which is Decreto Ejecutivo number 7841 of December 16, 1977, are not applicable to mangroves, whose delimitation extends to what is declared and demarcated, without the regulation of the 150 meters of restricted zone (zona restringida) being applicable, since that provision is excluded from the regime of equivalent reserves, pursuant to numeral 73 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre. Court’s Opinion: The representative of the defendants indicates that the 150 meters of restricted zone are not applicable to mangroves, as he argues that this provision is excluded from the regime of equivalent reserves, pursuant to numeral 73 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, and is not applicable to the properties of his clients. This opinion is not shared. Let us review what article 73 states, “Article 73.- This law does not apply to the maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation.” It is clear that if this article were applied in isolation and no further regulations concerning mangroves existed, one could reach the erroneous conclusion drawn by the defendant parties, but by integrating norms, in articles 9, 10, 11, 22, 39, and 61 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, articles 2 and 97 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, article 69 of the Ley de Aguas, article 1 of the Ley Forestal, numerals 32, 39 through 45 of the Ley Orgánica del Ambiente, which call for the protection of mangroves and river mouths (rías) as maritime-terrestrial zone. For this Chamber, it concludes that what is not applicable to National Parks or Reserves is that corresponding to the management of the maritime-terrestrial zone in its entirety under the charge of the municipalities, the Instituto Costarricense de Turismo, or another institution that must grant an authorization for its management, but not that corresponding to the delimitation of the 50 meters corresponding to the public zone (zona pública) in order to, from there, be able to have certainty of the 150 meters of the restricted zone, as stated in article 4 of the Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, due to the relevant public interest as State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) of those zones, with the characteristics of inalienability and imprescriptibility, which implies the protection of mangroves and the mouth of any river, zones that it has not been disproven are included in plans G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992, and G-1172999-2007, and that by force of law must be excluded in that corresponding to the 50 meters of the public zone and record the 150 meters of restricted zone, a parameter referred to in article 4° of the Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre Nº 7841-P which states “…the mangroves or salt forests (bosques salados) that exist on the continental or insular coastlines and estuaries (esteros) of the national territory, and that form part of the public zone in the maritime-terrestrial zone, constitute Forest Reserve (Reserva Forestal) and are subject to the Ley Forestal and all the provisions of that decree. Starting from the vegetation line at the edge of the estuaries and the limit of the mangroves or salt forests when they extend more than 50 meters from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria), the restricted zone begins,” which coincides with the State’s position, concluding that the nullity claim asserted in this proceeding is appropriate. 6) Object of the lesividad process. The nullity of plans and registrations of properties registered as a result thereof is appropriate, being the subject of a lesividad process. In another point of the conclusions, the representative of the defendants indicates—and it is also a novel aspect—that the claim is not proper for a lesividad proceeding since there are no own, final acts creating subjective rights, as it is not indicated in the complaint which these are. Court’s Opinion: Even though novel arguments are not normally reviewed, being directly related to the asserted claim, it is briefly noted that it is clear that what is sought in this lesividad process is the annulment of cadastral plans numbers G-1157823-2007, G-1157824-2007, G-1157826-2007, G-1157517-2007, G-511119-1983, G-511118-1983, G-511121-1983, G-1338346-2009, G-660243-2000, G-643557-2000, G-1368780-2009, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-104087-1993, G-62505-1992, and G-1172999-2007, because their registrations before the Registro Nacional constitute own, final acts creating subjective rights through which other acts originated, the registration of the properties of the Partido de Guanacaste of the defendant companies numbers 31829, 32294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419, and 157420; this is extensively explained in resolution 595 of October 24, 2016, of the Ministerio de Justicia y Paz, when the Registro Nacional explains the reasons why it cannot proceed to annul the plans in question and the corresponding properties, and that is why their annulment is requested in this jurisdiction.- VIII.- ON THE NULLITY OF THE REQUESTED PLANS AND REGISTRATIONS: For the reasons already stated, it is appropriate to declare the absolute nullity of the plans and registry entries under study in this proceeding and to order the cancellation of registrations of the Partido de Guanacaste 31829-000, 35294-000, 35342-000, 70893-000, 70894-000, 70895-000, 70896-000, 70903-000, 70904-000, 81481-000, 82757-000, 119004-000, 157417-000, 157418-000, 157419-000, 157420-000, their encumbrances, and plans G-0660243-2000, G-1368780-2009, G-1338346-2009, G-0511121-1983, G-0511118-1983, G-0511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-0555446-1984, G-0062505-1992, G-0104087-1993, G-0643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, G-1157284-2007, for encompassing public domain property (bienes demaniales). As for the interested third party, the Asociación Cívica Nosara, the aqueduct and passage easement (servidumbre de acueducto y paso) must be reviewed in light of the modifications to the plans and deeds that may arise as a result of the declaration of nullity of the cadastral plans and the registrations of the aforementioned properties.- IX.- ON THE EXCEPTION FILED: The defendant companies file the exception of lack of right. In light of the case record, said exception must be rejected since the present lesividad complaint proceeds as indicated in the previous whereas clauses (considerandos).- X.- ON THE AWARD OF COSTS: In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulations, because as indicated supra, the defendant parties have lost this lawsuit as the right does not assist them; therefore, they are ordered to pay both costs of the proceeding.- POR TANTO The exception of lack of right raised by the defendant parties is rejected. Therefore, the lesividad complaint filed by the ESTADO against PANORAMA LAGARTA LIMITADA, CERRO LAGARTA LTDA., REFUGIO DE AGUAS NOSARA R.L., and RESERVA BIOLÓGICA NOSARA LTDA. is granted. Consequently, the absolute nullity is declared of the registrations of the Partido de Guanacaste numbers 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419, and 157420, their encumbrances, and their plans in the same order numbers G-660243-2000, G-1368780-2009), G-1338946-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-62505-1992, G-10087-1993, G-643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, and G-1157284-2007, and cancellation is ordered before the Registro Nacional and its dependencies of the registrations of the Partido de Guanacaste numbers 31829, 35294, 35342, 70893, 70894, 70895, 70896, 70903, 70904, 81481, 82757, 119004, 157417, 157418, 157419, and 157420, their encumbrances, and their plans in the same order numbers G-660243-2000, G-1368780-2009), G-1338946-2009, G-511121-1983, G-511118-1983, G-511119-1983, G-1172999-2007, G-1194813-2007, G-555446-1984, G-62505-1992, G-10087-1993, G-643557-2000, G-1157517-2007, G-1157286-2007, G-1157283-2007, and G-1157284-2007, for encompassing public domain property. Costs are to be borne by the defendant companies. Let it be notified.- Amy Miranda Alvarado Claudia Bolaños Salazar Carlos José Mejías Rodríguez 443SHTIJZXF061 AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A UFGMGNFSMQU61 CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A QX5DH430O27061 CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:04:24. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República