Res. 00013-2022 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II — Annulment of SINAC acts for extensive interpretation of Article 5 of Decree 25902 in Río Grande protected zoneNulidad de actos del SINAC por interpretación extensiva del artículo 5 del Decreto 25902 en zona protectora Río Grande

Grande
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección II

Resolución Nº 00013 - 2022

Fecha de la Resolución: 25 de Febrero del 2022 a las 09:00

Expediente: 20-004240-1027-CA

Redactado por: Lourdes Vargas Castillo

Clase de asunto: Proceso contencioso administrativo declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Urbano

Tema: Planificación urbana

Subtemas:

Consideraciones sobre la incidencia total del desarrollo urbano en el ambiente y el visado de los planos como requisito para su inscripción en el catastro..

"VI. OBJETO DEL PROCESO. Conforme lo señalado por la parte actora como pretensiones de este proceso y, revisados los motivos en que sustenta los vicios de nulidad de las visitas de inspección, la resolución administrativa que rechaza el visado de los 27 planos y las subsiguientes resoluciones administrativas dictadas con ocasión de conocer y rechazar los recursos de revocatoria y apelación "...en el presente caso no se discuten normas de protección ambiental aplicables a propiedades ubicadas en zonas de protección, sino el rechazo del visado de los 27 planos solicitados por RDC, que es un tema urbanístico, y  por ello, es que el tema medular en el presente proceso consiste en la interpretación del ámbito de aplicación territorial de los decretos urbanísticos en cuestión y no temas ambientales, ya que las propiedades dentro de zonas de protección a las que se le otorguen los visados de planos debe respetar restricciones y normativas ambientales, pero no resulta conforme con el ordenamiento jurídico denegar visados de planos con base en normas urbanísticas inaplicables al inmueble y que no afectan la protección del ambiente que brindan las normas propias de esta materia" (ver imagen 15 del expediente judicial, escrito de demanda y conclusiones imágenes 339 y 364). Esta Cámara, a la luz de la consideración de la parte actora, precisa indicar que, comparte parcialmente lo señalado, pues estima que, el punto a dilucidar es, si la exégesis dada por la oficina del SINAC de Grecia al artículo 5 del DE N°25902-MIVAH-MP-MINAE es ajustada a derecho, y revisar si el fundamento normativo dado en las inspecciones de campo y en los actos administrativos dictados, tiene un error en el motivo que alcanza la motivación de las resoluciones y, determinar así la antijuridicidad de base en las actuaciones formales impugnadas. Sin embargo, es igualmente necesario señalar que, si bien se trata de un tema que puede calificarse como eminentemente urbanístico (el visado de planos); como se verá, las normas y leyes de cita, no permiten deslidar un aspecto del otro, recordando esta Cámara que, el desarrollo urbano tiene incidencia total en el ambiente; tanto que, el visado de los planos por parte de las instancias administrativas correspondientes, llámese SINAC, AYA, MIRENEM o los propios gobiernos locales, es un requisito que prevé el ordenamiento nacional para su inscripción finalmente en el catastro. El objetivo de ello es precisamente que la Administración cumpla con el mandato constitucional (artículo 50) de procurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ejerciendo así las potestades de fiscalización para garantizar que la normativa ambiental que aplica a cada caso, según la calificación de las áreas silvestres protegidas dadas en el territorio nacional -a saber- Reservas Forestales, Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554) sea acatada, respetada y aplicada en su correcta interpretación [...]

X. CONTINUACIÓN. PRECISIÓN NECESARIA. Estima necesario este Colegio aclarar que, en este análisis sistémico, no puede obviarse que el inmueble que se pretende segregar, por su ubicación (cantón de Naranjo) está ubicado en una "zona protectora", DE N°6112-A del 23 de junio de 1976, instrumento calificado como una área silvestre protegida por la Ley N°7554 y, en ese sentido sí es apegado a derecho la afirmación que hace el SINAC y el rechazo fundamentado en que, el territorio que describen los planos cuyo visado se rechazó, están inmersos dentro de una zona protegida ambientalmente, que se denomina Zona Protectora Río Grande, y como tal, está sometida al régimen jurídico y regulaciones ambientales que se definen para esa categoría de protección específica y, que la Administración debe velar por su aplicación y exacto cumplimiento. El yerro está  -en criterio de este Colegio- en afirmar que esa área a su vez está afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, esa es la interpretación extensiva que no comparte el Tribunal, por cuanto el fin contenido en el Reglamento N°3332 del INVU y del DE N°13583 es regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de población del Valle Central del país, designado como Gran Área Metropolitana y, la primera acción que se da en esas normas, es la definición en una lista taxativa de los territorios que comprende la misma. Si la norma no incluyó el cantón de Naranjo y ninguno de sus distritos, no puede entenderse que el DE N°25902 abarca o cubre dentro de su ámbito de aplicación territorios que están protegidos por un instrumento distinto, a saber la "Zona protectora de Río Grande". Al realizar esta aplicación extensiva, estima este Colegio se incurre en un vicio en el motivo de las resoluciones dictadas [...]

Tome nota la administración recurrida que, el inmueble que se pretende segregar, está ubicado dentro de los límites de una zona protectora, conforme se indicó en los Hechos Probados números 3, 13,  15 y 16 de esta resolución y, en esa particularidad está sometida a las regulaciones y limitaciones que prevé el decreto ejecutivo N°6112-A. Consecuentemente, al materializarse su aplicación a un caso concreto, deben privar los principios rectores ambientales, como el in dubio pro natura y el principio precautorio en armonía con lo señalado en el decreto aludido; tal y como lo reconoce la parte actora: "RDC no solicita la desaplicación de las normas ambientales aplicables a las propiedades tales como la Ley Orgánica del Ambiente o la Ley Forestal, ..." (imagen 15 expediente judicial). [...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

Documento PJEDITOR

 

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Tribunal Contencioso Administrativo,

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

Central 2545-0107 ó 2545-0099. Fax 2241-5664 y 2545-0006.

Correo Electrónico ...01

___________________________________________________________

EXPEDIENTE:  20-004240-1027-CA

PROCESO DE PURO DERECHO

ACTOR: ROSARIO DEVELOPMENT CORPORATION, S.A.

DEMANDADO: EL ESTADO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

 

 

Res. N°13-2022-II

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las nueve horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

 

Proceso de conocimiento declarado de puro derecho, incoado por Rosario Development Corporation S.A., (en adelante parte actora o RDC) cédula de persona jurídica número CED3683, contra: el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC). Intervienen los señores abogados, Nombre21135   y Alonso Liao Molina, apoderado especial judicial de la sociedad accionante. En representación de los intereses del Estado, el señor Procurador Mauricio Castro Lizano. Representa los intereses del SINAC los Licenciados Ariana Sánchez Gutiérrez y Christian Hugo Barrero Godínez (imágenes 30 a 36, 295, 298, 356 a 358, 415 del expediente judicial y registro de audio de la audiencia preliminar). Se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso y no se observan defectos u omisiones capaces de producir la nulidad de lo actuado y resuelto. A continuación, el Tribunal Colegiado al que por turno correspondió conocer de este asunto, procede a dictar la sentencia con el voto unánime de sus miembros.

 

Redacta la Jueza Vargas Castillo.

 

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. La parte actora, presentó la demanda el 18 de setiembre de 2020, para que en sentencia se declare: (pretensión aclarada por prevención realizada por el Juez de la etapa de trámite en resolución de las diecinueve horas cuarenta y seis minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veinte y definida en la audiencia preliminar) "1. La nulidad absoluta e ilegalidad de las 27 boletas de inspección de campo PNE-V-3 identificadas con los números de oficios de inspección OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019, emitidas para cada una de las solicitudes de visado de plano. 2. La nulidad absoluta e ilegalidad de la resolución SINAC- ACC-RES-D-V-OG-014-2019 del 19 de setiembre de 2019. 3. La nulidad absoluta e ilegalidad de la resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019 del SINAC. 4. La nulidad absoluta e ilegalidad de la resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre del 2019 del SINAC. 5. Que se ordene al SINAC otorgar el visado de los 27 planos solicitados por Nombre82562 relacionados con las minutas de rechazo de presentación 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C. 6. Que se condene a las partes demandadas al pago de ambas costas personales y procesales"  (imágenes  26, 286, 287 y registro de audio a partir del minuto 00:09:05).

2. Mediante auto de las catorce horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil veinte, se dio curso a la presente acción. El Estado, contestó negativamente la demanda, interpuso la excepción de falta de derecho, solicitó se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos e imponer el pago de ambas costas y sus respectivos intereses hasta su efectivo pago. El SINAC, solicitó se declare sin lugar el presente proceso, se acoja la excepción de FALTA DE DERECHO y se condene a la parte actora al pago de ambas costas procesales y, en caso de declarar con lugar la demanda, solicitó se resuelva el proceso sin especial condenatoria en costas, por actuar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con evidente buena fe (imágenes 300 a 308 y  309 a 315 del expediente judicial).

3. Se realizó una única audiencia preliminar (modalidad virtual, según consta en imágenes 316, 318, 322, 323-324, 353 y 356 a 358 del expediente judicial) el día 17 de marzo de  2021, con la presencia de todas las partes intervinientes. No hubo aspectos de saneamiento que revisar. La pretensión quedó definida en los términos indicados (visibles en imagen 286 del expediente judicial), manifestando las partes demandadas tener claro lo pretendido. No se interpusieron defensas previas. Se definieron como hechos controvertidos el 1,2,5,7,8,10 y 12. Se admitió únicamente prueba documental, por parte de la sociedad actora la señalada en imagen 27 del expediente judicial y por parte del Estado y del SINAC el expediente administrativo que se compone de dos Tomos, en formato digital, expediente denegatoria de visados y oficio SINAC-ACC-OG-945-2020, consecuentemente se declaró el proceso de puro derecho. Se dio plazo de tres días a las partes para que rindieran conclusiones por escrito (registro de audio de la audiencia preliminar e imágenes 356 a 358, 359 a 368, 369 a 372, 373 a 377).

4. Remitido el presente asunto a la Sección Segunda para el dictado de la resolución del proceso, la parte actora presentó en memoriales visibles en imágenes 379 y 394 del expediente judicial, los siguientes documentos: "a. Oficio SM-CONCEJO-109-2021 del 11 de febrero del 2021 de la Secretaria a.i del Concejo Municipal de Naranjo que transcribe el Acuerdo del Concejo Municipal SO-06-91-2021 dictado en la sesión ordinaria N°6 del 8 de febrero del 2021. b. Oficio SM-CONCEJO-153-2021 del 2 de marzo del 2021 a Secretaria a.i del Concejo Municipal de Naranjo que transcribe el Acuerdo del Concejo Municipal SO-08-112-2021 dictado en la sesión ordinaria N°8 del 22 de febrero del 2021. c. Oficio MN-ALC-1312-2021 del 13 de abril del 2021 del señor Nombre82563 (sic) Nombre82564  , Alcalde de Naranjo"; así como el criterio jurídico SINAC-AJ-CJ-023-2021 del 27 de julio del 2021 de la Asesoría Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Documentos que solicita se admitan en carácter de prueba para mejor resolver. Mediante resoluciones de las nueve horas siete minutos del veintiuno de octubre y de las nueve horas cincuenta y siete minutos del ocho de noviembre ambas de dos mil veintiuno, se confirió audiencia a las partes demandadas para que se pronunciaran al respecto (imágenes  379 a 405, 408, 417, 422 a 425, 426 a 430 del expediente judicial).

5. Mediante resolución de las ocho horas cincuenta y tres minutos del once de febrero de dos mil veintidós, se considera el presente se trata de un asunto complejo, por lo que de conformidad con el artículo 111 del CPCA, la sentencia se dictará en el plazo de quince días hábiles que corren con la notificación de ese auto (imagen 431 expediente judicial).

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: En lo conducente al objeto de este proceso, Nombre635 que se dedica al desarrollo de proyectos urbanísticos y que, en ese contexto el SINAC otorgó el 15 de junio de 2015 visado a los planos A-1848982-2016, A-1840827-2015, A-1840914-2015, A-1840826-2015, A-184916-2016, A-1840915-2015, A-1848979-2015, A-1840828-2015 y A-21840825-2015, en los que Nombre82565 que deben respetarse las limitaciones de la Ley Forestal N°7575 y que el visado se autoriza para efectos catastrales e inscripción de planos. La finca N°00493886-000 nace de una reunión previa de 27 propiedades (con el visado de los planos A-15095-2011 y A-1636721-2013 ante el SINAC y aprobados por ese órgano), está ubicada en el distrito de Rosario, cantón de Naranjo, Nombre15770 y es propiedad de la sociedad actora. El 16 de  agosto de 2019, Nombre82562 presentó ante el SINAC solicitud de visado de 27 planos nuevos de la finca 2-00493886-000: 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C. Emitiendo para cada uno de los planos las solicitudes las boletas de inspección de campo PNE-V-3, en las que se consignó que la totalidad de los planos indicados corresponden a la realidad física en cuanto a ubicación geográfica, accesos, servidumbres, áreas de protección de ríos y nacientes, colindantes, existencia de linderos, pendientes y naturaleza del terreno. El SINAC, mediante resolución SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 del 19 de setiembre de 2019, notificada ese mismo día, denegó el visado de los 27 plano señalando: "Que el plano asociado a los documentos  2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C, que se pretende visar, se ubican geográficamente dentro del Área Nombre54259 denominada Zona Protectora Río Grande, la cual fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N°6112-A- (...) y que esta Área Nombre54259 protegida está afectada por el Decreto Ejecutivo N°259002-MIVAH-MP-MINAE de la Gran Área Metropolitana, y sus modificaciones publicado en la Gaceta N°66, del 07 de abril de 1997, en el que se establece en su artículo 5 que en las Zonas Especiales de Protección Forestal, descritas en el presente Decreto, quedan condicionadas a las siguientes regulaciones: 5.1. No se permite en ellas nuevas urbanizaciones, y 5.2 No se permiten fraccionamientos en parcelas menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al Régimen Forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote será el que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería". Para el documento 2019-54752-C se establecieron las mismas restricciones, pero con la indicación de que este plano: "se ubica geográficamente un 26% dentro del Área Nombre54259 Protegida". Aseveró, la resolución que denegó el visado, se fundamentó en los informes de inspección que resolvieron: "No continuar con el trámite de visado de plano ya que el mismo se encuentra afectado por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE. Nombre82562 interpuso recurso de revocatoria el 25 de setiembre de 2019. La Oficina Subregional de  Grecia del Área de Conservación Central del SINAC, mediante resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019, rechazó el recurso [hizo citas de los considerandos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto]. De igual forma presentó apelación, que fue rechazada mediante resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre de 2019 [hizo cita de los considerandos Quinto, Sexto y Sétimo]. I. RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. A. ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL SINAC. Indicó, el 16 de agosto de 2019, Nombre82562 solicitó al Departamento de Visado de Planos de Topografía del MINAE el visado de los planos presentados al Diario del Registro Nacional [hizo indicación de los números]. El SINAC emitió los informes Técnicos de las 27 solicitudes y Resolución Denegatoria de Visado de Plano que se fundamentó en que las propiedades se encuentran ubicadas dentro de la Zona Protectora de Río Grande creada mediante Decreto 6112-A que se encuentra afectada por el Decreto 25902 que establece en el artículo 5.1 [hizo cita]. Rechazan el visado de los planos porque no cumplen con el área mínima a fraccionar de conformidad con el numeral 5 citado. Nombre82562 impugnó la decisión y los recursos de revocatoria y apelación fueron rechazados. B. ILEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES E INFORMES TÉCNICOS DEL SINAC. I. Violación del Principio de Legalidad y Ámbito de Aplicación Territorial, Inaplicabilidad del decreto 25902 a la propiedad de Nombre82562. Señaló, las 27 boletas de inspección de campo PNE-V-3 emitidas para cada una de las solicitudes de visado de plano y las resoluciones de denegatoria, revocatoria y apelación, fundamentan el rechazo en que las propiedades se encuentran dentro del Área de Protección de Río Grande, creada mediante el decreto 6112-A, área de protección afectada al decreto 25902, que según el numeral 5 no permite segregaciones inferiores a las 5 hectáreas. Indicó, la resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019, se refiere al ámbito de aplicación y señala que si bien es cierto que el Decreto 25902 no hace una mención expresa a la Zona de Protección Río Grande en el listado incluido en el numeral 5, sí incluye la misma al inicio de la redacción del artículo, al indicar que se mantienen como zonas protectoras las creadas mediante los decretos 6112-A y 13583 y que por ello, no realizan una interpretación extensiva, ya que la zona de Protección Río Grande se debe ver como una unidad biológica y, por ello, tiene limitaciones de carácter ambiental que se deben acoger al criterio precautorio o in dubio pro natura ante peligros o amenazas graves a la biodiversidad, por lo que no se excluyen las protecciones ambientales a la Zona de Protección de Río Grande. La resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre del 2019, que rechazó el recurso de apelación, Nombre635 que no se pueden excluir las restricciones ambientales para un territorio ubicado dentro de una zona protegida y se le debe dar un tratamiento integral como área Nombre54259 protegida para proteger el ambiente y no con fines urbanísticos. Nombre82565 la parte actora que, el decreto 25902, modifica el decreto 13583 que el Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, que modificó también el artículo 1 del Decreto 13853 [hizo cita]. Aseveró, el artículo establece el ámbito de aplicación territorial de los decretos 13583 y 25902 por lo que solamente resultan aplicables a las provincias y distritos que expresamente se indiquen; y el artículo 1 del Anexo del decreto 13583 y el 1 del decreto 25902 no incluyen ningún distrito del cantón de Naranjo, por lo que sus disposiciones no resultan aplicables a las propiedades ubicadas dentro de estas zonas. La propiedad para la que Nombre82562 solicitó el visado de planos se ubica en el distrito Rosario del cantón de Naranjo, por lo que no le resultan aplicables las disposiciones normativas de los decretos 13583 ni 25902. La resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015 indicó: "...En el punto quinto como bien lo indica la recurrida al mencionar que, en el caso del Cantón de Naranjo, el distrito Rosario, quedó fuera del control urbanístico o sea la expansión habitacional ya que el mismo no es mencionado en el Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE- posiblemente tenga razón sin embargo no es competencia de esta oficina dilucidar este tema". Como puede verse -señaló- el SINAC en la citada resolución reconoce que el distrito Rosario del cantón de Naranjo no lo menciona el decreto 25902, por lo que quedó fuera del control urbanístico, que cabe la posibilidad de que Nombre82562 tenga razón en cuanto a la inaplicabilidad de este decreto a la propiedad para la que se solicitó el visado de los 27 planos pero, no analiza ni declara ese derecho de Nombre82562. Por lo expuesto estima, los decretos 13583 y 25902 no resultan aplicables al inmueble propiedad de Nombre82562 porque está ubicado en un distrito sobre el cual no tienen competencia territorial para su aplicación. Al fundamentar las boletas de inspección de campo PNE-V-3 el rechazo de los 27 planos y las resoluciones impugnadas SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014 del 19 de setiembre de 2019 y la SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019 y la R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre de 2019, en el artículo 5 del decreto 25902, las mismas resultan ilegales [hizo transcripción del artículo dicho]. Agregó, del citado artículo se desprende que se mantienen las zonas protectoras establecidas por los decretos 6112-A y 13583, luego, indica la palabra "o sea", cuyo significado de conformidad con el Diccionario de la Real Academia es "Es decir", por lo que delimita expresamente las áreas de protección a las que le resulta aplicable su normativa que son las áreas protectoras de La Carpintera Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de las Palomas y Cerros Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, creando una lista numerus clausus que no es posible extender, tal y como, ilegalmente lo hizo el SINAC en las 27 boletas de inspección de campo emitidas para cada solicitud de los 27 planos y las resoluciones que se impugnan. Nombre635, estamos dentro de la categoría de las llamadas normas definitorias, que son "aquellas mediante las que el legislador dota de un significado jurídico preciso y específico a alguno de los términos que utiliza en la configuración del ordenamiento jurídico" que se basa en la fórmula "a  efectos de lo dispuesto en esta ley, cada vez que sea utilizado el término X, deberá entenderse que se hace referencia a lo expresamente descrito en su definición" [hizo cita doctrina]. Explicó, como se puede apreciar la lista taxativa que incluye el artículo 5 del decreto 25902 no incluye la Zona de Protección de Río Grande, sino únicamente 4 de las 7 zonas de protección creadas por el decreto 6112-A, zonas de protección ubicadas dentro de los distritos en los que su normativa resulta aplicable por su ámbito territorial y, según el artículo 1 del decreto no se incluye ningún distrito del cantón de Naranjo, lo cual hace consistente con el alcance también limitado del artículo 5. Por ello, este decreto, que es una modificación del decreto 13583 -Plan Regulador de la GAM- como lo reconoció la resolución SNAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 de 30 de setiembre de 2019, no resulta aplicable a la propiedad de Nombre82562 cuyo visado de planos se solicitó y por ende, en el bien inmueble de Nombre82562 es posible realizar segregaciones de área inferiores a las 5 hectáreas al no aplicarle dicha limitación. Citó además los artículos 1 y 72 del decreto 38334 "Plan GAM 2013-2030 Actualización del Plan Regional del Gran Área Metropolitana y explicó actualiza la normativa del decreto 13583 y éste último, mantiene su vigencia en lo que no lo renueve o sustituya. Hizo cita del numeral 31 del decreto 38334 y señaló, la norma consiste en una actualización del decreto 13583 y su clausulado modifica lo dispuesto por el artículo 5 del decreto 25902 ya que el contenido de ambos artículos consiste en señalar zonas de control especial donde resultan aplicables e indicar, como áreas de aplicación, únicamente 4 de las 7 zonas de protección creadas por el decreto 6112-A zonas de protección ubicadas dentro de los distritos en los que su normativa resulta aplicable por su territorio. Se aprecia -continuó- que en esa actualización tampoco se incluye la Zona Protectora de Río Grande, pero lo más importante es que ya no incluye la limitación de no permitir fraccionamientos inferiores a 5 hectáreas que establecía el artículo 5 del decreto 25902, sustituyendo esta medida por otras de naturaleza diferente, a saber la de los planes de manejo aprobados por el MINAE por medio del SINAC, concluye es por ello que el rechazo del visado de planos se basa en una norma inaplicable por haber sido derogada tácitamente debido a la modificación que realizó el artículo 31 del decreto 38884 al artículo 5 del decreto 25902 y el decreto 13853. Estima ambos decretos resultan inaplicables a la propiedad Nombre82562 porque sus disposiciones no resultan aplicables a inmuebles ubicados en el distrito de Rosario, y por ello no se les cubre la limitación de impedir fraccionamientos inferiores a 5 hectáreas. Es por ello que la interpretación del decreto 25902 que hace el SINAC es ilegal, al aplicar regulaciones urbanísticas a la propiedad de Nombre82562, a pesar de estar ubicada en el Dirección8910   y dentro de la Zona de protección Río Grande, ubicación geográfica a las que las normas urbanísticas de este decreto no le resultan aplicables y peor aún, cuando el artículo 31 del decreto 38334 eliminó la limitación de impedir fraccionamientos inferiores a 5 hectáreas. Considera ilegal, utilizar el principio indubio pro natura para extender la aplicación territorial de una norma urbanística, cuando otorgar un visado de planos no tiene efecto de naturaleza ambiental, como se comprueba con los visados otorgados por el SINAC a planos antiguos al indicar que el visado se otorga para efectos catastrales y de inscripción de planos. Nombre635, en el presente caso no se discuten normas de protección ambiental aplicables a propiedades ubicadas en zonas de protección, sino el rechazo del visado de los 27 planos solicitados por RDC, que es un tema urbanístico. El tema medular en el presente proceso consiste en la interpretación del ámbito de aplicación territorial de los decretos urbanísticos en cuestión y no en temas ambientales, ya que las propiedades dentro de zonas de protección a las que se le otorguen los visados de planos deben respetar restricciones y normativas ambientales, pero no resulta conforme con el ordenamiento jurídico denegar visados de planos con base en normas urbanísticas inaplicables al inmueble y que no afectan la protección del ambiente. Nombre82565, la finca cuya segregación se pide, proviene de una reunión previa de 27 propiedades, que obtuvo el visado del SINAC en el año 2009. De igual forma, el SINAC otorgó visado a los planos A-1848892-2015, A-1840827-2015, A-1840827-2015, A-1840914-2015 y A-1840825-2015 indicando solamente que debían respetarse las limitaciones de la Ley Forestal N°7575 y que el visado se otorga para efectos catastrales y de inscripción de planos. Aseveró, Nombre82562 no solicita desaplicar normas ambientales solo discute la inaplicabilidad de las restricciones urbanísticas utilizadas por el SINAC para rechazar el visado de los 27 planos propiedad de Nombre82562. Estima que, las autoridades administrativas han pretendido imponer limitaciones a la propiedad privada por razones ambientales sin que exista una norma previa que prevea las mismas. Las limitaciones a la propiedad privada deben estar claramente estipuladas en la normativa, sin posibilidad de integraciones analógicas. Niega que para el caso concreto, aplique el principio precautorio o in dubio pro natura [hizo cita] el cual tiene como fin anticipar y prevenir el daño ambiental para evitar afectaciones a la biodiversidad y al ambiente y, cobra relevancia cuando existe incertidumbre científica sobre si una actividad produce o no daños al  ambiente. Continuó, la solicitud de visado para 27 planos que solicitó Nombre82562 no es por sí mismo un peligro o amenaza grave a la biodiversidad, ya que consiste en la autorización de un plano para efectos catastrales y de inscripción del mismo. El SINAC menciona dicho principio como fundamento para rechazar las solicitudes de visado [hace transcripción parcial de la resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019]. Pero no se encuentra motivación que explique en qué consiste el peligro o amenaza de daños graves o inminentes a la biodiversidad, es decir hay ausencia de fundamento legal y de razonamiento técnico, que es necesario al estar ante un acto discrecional que tiene como motivo la existencia de un peligro o amenaza de daños graves o inminentes al ambiente que derive de la concesión de un visado de planos. No hay motivación que explique en que consiste ese peligro, por ello las resoluciones que se pide anular incurren en el vicio de no acreditar el motivo fáctico y jurídico a través de una debida motivación  Finalmente agregó, también se violenta el principio de legalidad debido a que las zonas creadas por el Decreto 6112-A cuentan con una norma específica de manejo que se regula en el decreto 29393 [citó el artículo 1]. Afirmó, el decreto 29393, busca lograr el desarrollo sostenible en las propiedades ubicadas dentro de zonas de protección y que no se han comprado a sus propietarios, por lo que incluye una guía para apoyar las solicitudes y equilibrar el uso de la tierra con el uso que se solicite. El SINAC calificó el uso de suelo en las boletas de inspección de campo PNE-V-3 como uso de suelo expuesto. De acuerdo con el punto 3..2.A.k del decreto 29393, la mayor parte del área de protección Río Grande se califica como sobresuelo 1 que significa "presentan dos posibilidades: a) Son áreas dedicadas a actividades agrícolas anuales en terrenos con capacidad de uso clase IV, V. y Vi, es decir donde deben existir cultivos permanentes. b) áreas donde existen cultivos permanentes en terrenos cuya capacidad es de manejo forestal, categorías VII.". La Guía Básica para Apoyar el Trámite de Solicitudes para zonas con sobreuso 1 solamente prohíbe las actividades de minería metálica y rellenos sanitarios, por lo que el parcelamiento para vivienda es un uso condicionado, que significa: "Condicionado (a) Significa que está condicionado a la Ley Forestal, Artículo 1, 19 y 34, así como a la visita de campo; en los casos que se requiera se debe determinar la capacidad de uso, uso actual, ubicación de zonas de recargas acuífera, zonas de protección de acuerdo al Art. 34. Ante  la sospecha de que se está en un área de recarga acuífera o área frágil debe pedirse aval de SETENA de cualquier tipo de permiso. Puede además estar supeditado a una buena medida de compensación y sujeto a lo que establecen las leyes vigentes". De conformidad con lo expuesto estima que los usos condicionados conllevan el cumplimiento de los artículos 1, 19 y 34 de la Ley Forestal, la visita de campo, restricciones que son respetadas por la solicitud de visado de planos que presentó RDC, por lo que no existe justificación para denegar el visado. Señala tres razones por las que la actuación del SINAC es ilegal: 1. Los actos se fundamentaron en el artículo 5 del decreto 25902 norma inaplicable porque el inmueble esta localizado en el distrito de Rosario del Cantón de Naranjo.2. El artículo 5 del decreto 25902 fue modificado por el artículo 31 de decreto 38334, al modificar las disposiciones del decreto 13858 eliminado la restricción de impedir fraccionamientos inferiores a 5 hectáreas. 3. Realizaron una aplicación analógica del artículo 5 del decreto 25902 mediante la utilización del principio precautorio o in dubio pro natura, que no resulta aplicable porque no se ha motivado cómo, el visado de los planos puede tener como consecuencia un daño actual o potencial al ambiente. C. VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA EN LOS ELEMENTOS SUSTANCIALES DE LAS 27 BOLETAS DE INSPECCIÓN DE CAMPO PNE-V-3 EMITIDA PARA CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE VISADO DE PLANO, LA RESOLUCIÓN SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 DEL 19 DE SETIEMBRE DE 2019, LA RESOLUCIÓN SINAC-ACC-RV-OG-015-2019 DEL 30 DE SETIEMBRE Placa3530 LA RESOLUCIÓN R-SINAC-CONAC-043-219 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2019.  Citó el artículo 158 de la LGAP, para señalar que lo actos administrativos resultan inválidos cuando sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Citó resolución de este Tribunal N°71-2015-IV de las 14:00 horas del 14 de julio del 2015, sobre los elementos del acto administrativo [hizo transcripción parcial]. Con fundamento además en los numerales 132.1, 133 y 166 de la LGAP estima que las boletas de inspección de campo PNE-V-3 y las resoluciones que se impugnan dictadas por el SINAC violentan el ordenamiento jurídico al fundamentar el rechazo en el artículo 5 del decreto 25902, por ser norma que resulta inaplicable al inmueble que se pretende segregar al estar ubicado en el Dirección8911      , modificado además por el artículo 31 del decreto 38334 al modificar las disposiciones del decreto 13853, eliminado la restricción de impedir fraccionamientos inferiores de 5 hectáreas, por realizar una aplicación analógica del numeral citado al utilizar el principio precautorio o in dubio pro natura, según se expuso; careciendo de motivo los actos impugnados y estar además viciados en el elemento contenido por lo que, con base en los numerales 58 y 166 de la LGAP resultan inválidos por tener vicios en sus elementos motivo y contenido. D. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Citó los numerales 11 de la Constitución Política y de la LGAP. (imágenes 2 a 26 del expediente judicial).

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS. La representación estatal manifestó: (transcripción) "Hechos 1) Se rechaza por inexacto. La urbanización es la habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios públicos: alumbrado público, red telefónica, áreas verdes y facilidades comunales, acueductos y electricidad, recolección y tratamiento de basura, evacuación de aguas negras, y el correspondiente cobro de cánones y tributos: bienes inmuebles, construcción y patentes (Ley de Planificación Urbana, numeral 1). 2) Se rechaza por inexacto. El plano utilizado para reunir el inmueble 2-493886-000 fue el A-1509611-2011. Con el plano A-136721-2013 se disminuyó la cabida de 12 Ha 9104 m2 a 12 Ha 6994 m2. 3) Se acepta. 4) Es cierto. Un plano reunió el inmueble y el otro disminuyó el área. 5) Se acepta en parte. Agregamos que los levantamientos topográficos tienen áreas de: 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 y 366 m2. Se trata de lotes para segregar como urbanización. 6) Se acepta que cada levantamiento topográfico tiene una boleta de inspección del SINAC asociada a la minuta de rechazo de presentación ante el Registro. 7) Es cierto con variantes. La resolución SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 se notificó con su contenido íntegro sustentando en el Decreto 13583, reformado por el 25902 de 12 de febrero de 1997 (Alcance 15 a La Gaceta 66 de 7 de abril de 1997), que establece como "ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN FORESTAL": “Artículo 5°: Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH-OFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós, de junio de mil novecientos ochenta y dos; o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de "carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral. Todas estas zonas quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: 5.1 No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones…” El destacado es nuestro. La denegatoria del visado a los levantamientos topográficos con áreas de 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 y 366 m2 se ajusta a la Ley de Biodiversidad, N°7788 de 30 de abril de 1998, que creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas, la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, para dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales, mantener los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas protegidas utilizando mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento territorial, vedas, permisos, autorizaciones de uso del suelo, flora, fauna, agua, entre otros, así como la ubicación de asentamientos humanos, de desarrollos industriales y agrícolas emitidos por el Gobierno central, las instituciones autónomas y municipios, debiendo considerar en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas, para que las actividades humanas se ajusten a las normas científico técnicas (artículos 22, 28, 49, 50 y 52). 8) Se reproduce la contestación al hecho anterior. 9) Es cierto. 10) Se acepta con rectificaciones. Es cierto que se dictó la resolución SINACAC-RES-D-V-OG-015-2019 de 30 de setiembre de 2019, pero notificada con su contenido íntegro. Se reitera lo indicado al responder el hecho sétimo. 11) Es cierto. 12) Se acepta en parte. El Consejo Nacional de Áreas de Conservación dictó la resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 de 2 de diciembre de 2019, pero notificada con contenido íntegro. Se reproduce la contestación al hecho sétimo. Excepción de falta de derecho. La actora afirma que desarrolla proyectos urbanísticos; que el Decreto 13583, artículo 1, Anexo 1, reformado por el numeral 1 del Decreto 25902, no aplica a ningún distrito del cantón de Naranjo, ni a su propiedad ubicada en el distrito Rosario; cataloga ilegal la denegatoria de los visados porque a su entender la prohibición de realizar nuevas urbanizaciones opera a La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas, Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) y Loma Salitral; considera que el numeral 5 del Decreto 13583, reformado por el 25902, aplica sólo en esas “áreas de protección” y no a la Zona de Río Grande, creada por el Decreto 6112-A; estima que el Decreto 38334 “Plan GAM 2013-20302 de la Actualización del Plan Regional del Gran Área Metropolitana”, artículos 1 y 72, no incluye la Zona Protectora de Río Grande, ni la prohibición del artículo 5 que reformó el Decreto 25902. Agrega que no rige el principio indubio pro natura porque el visado es una medida de derecho urbanístico que no amenaza o causa daños graves a la biodiversidad ni al ambiente. Aduce lesión al principio de legalidad (ordinales 11 Constitucional y 11 de la Ley 6227) por estimar que las áreas silvestres creadas por el Decreto 6112-A las regula el Decreto 29393, Plan de Ordenamiento Ambiental, artículo 1, respecto a las actividades en las fincas de dominio privado según el numeral 37 de la Ley 7554, y por ello en Río Grande se aplica el punto 3.1.2.A.k ibídem, que solo prohíbe actividades de minería metálica y rellenos sanitarios, y el parcelamiento para vivienda es posible a condición de cumplir con los numerales 1, 19 y 34 de la Ley Forestal y la visita de campo, restricciones que afirma observa su solicitud de visado, por lo que señala las boletas de inspección de campo y las resoluciones impugnadas tienen vicios de nulidad según los artículos 133, 136, 158 y 166 de la Ley 6227. Lo afirmado no se comparte. Los levantamientos topográficos presentados no son acordes con el uso autorizado por el artículo 5 del Decreto 13583 para la Zona Protectora de Río Grande, creada por el Decreto 6112-A de 23 de junio de 1976 (La Gaceta 136 de 17 de julio de 1976). La resolución SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 de 19 de setiembre de 2019, se fundamenta en el Decreto 13583, reformado por el 25902 de 12 de febrero de 1997, que establece como "ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN FORESTAL": “Artículo 5°: Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAHOFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós, de junio de mil novecientos ochenta y dos; o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de "carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral. Todas estas zonas quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: 5.1 No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones…”. El destacado es nuestro. La accionante considera que únicamente se prohíben las urbanizaciones en las Zonas Protectoras: La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral. Esa lectura no es la prevista por el alcance del precepto recién transcrito. Si fuera así, cabría preguntarse qué sentido tuvo incluir a las Zonas Protectoras del Decreto 6112-A y aún más haciendo hincapié en que se mantienen. Esa incorporación no es gratuita, al contrario, es necesaria para distinguirlas de otras Zonas Protectoras tales como: Las Tablas (Ley 6638), Cerro de Turrubares (Ley 6900), Cerro Nara (Ley 6975), El Chayote (Ley 6975), Miravalles y Tenorio (Decreto 5836), Arenal Monteverde (Decreto 6778), Quitirrisi (Decreto 13594), La Selva (Decreto 13495), Río Navarro-Río Sombrero (Decreto 15436), Cuenca del Río Tuis (Decreto 16853), Tivives (Decreto 17023), Acuíferos Guácimo y Pococí (Decreto 17390), Guanacaste (Decreto 17655), Tortuguero (Decreto 19971), Río Banano (Decreto 20043), Las Baulas de Guanacaste (Decreto 20518), Río Toro (Decreto 22838), Monte Alto, Península de Nicoya (Decreto 22968), Montes de Oro (Decreto 23142), Cerro La Cruz (Decreto 23249), Cuenca del Río Abangares (Decreto 24539), Cuenca Río Siquirres (Decreto 24785), Quebrada Rosario (Decreto 26297) y Cerro El Chompipe (Decreto 28196). Al identificarse las Zonas Protectoras creadas por el Decreto 6112-A, se materializa el distingo con las aquí reseñadas. La actora sostiene que el Decreto 38334 “Plan GAM 2013-20302 de la Actualización del Plan Regional del Gran Área Metropolitana”, artículos 1 y 72, no incluye la Zona Protectora de Río Grande, ni la prohibición del artículo 5 que reformó el Decreto 25902. La afirmación no trasciende. El Decreto 38334, numeral 31, relativo a las Zonas de Control Especial (ZCE), reconociendo su interés público y ambiental, dispuso que mantienen su régimen de protección de acuerdo con el ordenamiento jurídico: zonas especiales de conexión de redes; zonas de protección de cuerpos de agua; Ley 65 del 30 de julio de 1888; Zona Especial de Río Reventado y La Loma Salitral, Decreto 25902 de 12 de febrero de 1997; Zona Especial de Protección Aeroportuaria, Ley General de Aviación Civil 5150 de 14 de mayo de 1973; Zonas de Valor Arqueológico y Zonas Protectoras, como: Cerro de la Carpintera, Cerros de Escazú, Cerro Atenas, El Rodeo, Decreto 6112-A de 23 de junio de 1976; Río Tiribí, Decreto 29393 de 15 de enero de 2001; Reserva Indígena Quitirrisí, Decreto 13569 de 30 de abril de 1982 y Río Navarro - Río Sombrero, Decreto 15436-MAG, de 30 de marzo de 1984. El ordinal 32 ibídem agregó que se mantiene el anillo de contención urbana establecido en el PLAN GAM de 1982 y su modificación, Decreto 25902 de 12 de febrero de 1997. No en vano, el Decreto 38334 al referirse al carácter regional de los mecanismos de control del desarrollo urbano (Anillo de contención urbana, ZCE, Cuadrantes Urbanos, Macrozonas), exige que su modificación esté a cargo de la Dirección de Urbanismo del INVU, en estricta coordinación con MIDEPLAN y la SETENA, ello en el ejercicio de las competencias que les otorga la Ley de Planificación Urbana y la legislación ambiental vigente en el país, y en el tanto la enmienda propuesta cumpla con criterios de objetividad y sustento técnico-científico para demostrar que no conlleva una lesión al derecho constitucional de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y seguro (numerales 33 y 34 ibídem). Así, para salvaguardar el principio de seguridad jurídica y de no regresión, los reformas en materia de restricciones urbanísticas deben ser expresas y sustentadas técnicamente (Ley 6227, artículo 16). Por otra parte, el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Catastro, Decreto 34331 de 29 de noviembre de 2007 (La Gaceta 41 de 27 de febrero de 2008), dispone: “El Catastro Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización deberá constar en el plano.” Así reformado por el artículo 1° del Decreto 34763 de 16 de setiembre de 2008. Como ejemplos de antecedentes normativos tenemos: “El Catastro Nacional no inscribirá planos de propiedades particulares que se encuentren localizadas en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente que la finca se encuentra localizada en una reserva o parque nacional...Esta autorización deberá constar en el plano” (artículo 47, Decreto 13607 de 24 de abril de 1982). “El Catastro no inscribirá planos de propiedades particulares que se encuentren localizadas en reservas o parques nacionales, como por ejemplo: reservas forestales, reservas indígenas, reservas biológicas, bosque [sic] protectores, etc.; excepto cuando exista autorización de la entidad respectiva. En estos casos, se anotará claramente que la finca se encuentra localizada en una reserva o parque nacional...” (numeral 8, Decreto 9682 de 1° de marzo de 1979). Ese visado es un visto bueno o sello oficial para proseguir el procedimiento ante el Catastro. No es un gravamen o limitación. Se trata de un acto reglado: autorización y anotado -el primero de declaración de voluntad, el segundo de conocimiento exteriorizados con el estampado del sello y leyenda al frente o reverso del levantamiento topográfico. Aunque para la autorización pueden concurrir actos instrumentales de algún órgano interno o informes, estos sólo cobran unidad de expresión con la emitida por el órgano competente (Ley 4240, artículo 33; Decreto 34331, numerales 79 y 80; voto constitucional 7751-2002; Tribunal Contencioso Administrativo, sentencias 99-2001-I, 263-2008-II, 791-2002-III, 143-2006-III, 175-2009-III, 176-2009-III, 425-2009, 630-2009-III, 166-2010-III, 1585-2010-III, 2412-2010-III, 3818-2010-III, 124-2011-III, 222-2011-III, 185-2012-III y 47-13-III). La denegatoria del visado imposibilita el catastro de planos y subsiguientes movimientos (Ley 4240, artículos 33, 34 y 58; Decreto 34331, numerales 79 y 81; voto constitucional 3964-2001; Tribunal Contencioso Administrativo, voto 175-2009-II). Ello es así porque el fraccionamiento y edificación se ejerce de acuerdo con la Ley, reglamentos y el plan regulador si lo hubiere. El ordenamiento territorial vincula tanto a los habitantes como a los entes y órganos públicos (Ley de Planificación Urbana, artículos 15, 16, 21, 24, 32; Ley de Construcciones, artículos 15, 87-89 y 96). Otro tanto hace la Ley 7788 de 30 de abril de 1998, que creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas, la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, para dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Lo constituyen unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación, encargadas de aplicar la legislación vigente dentro de su demarcación geográfica, para mantener los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas protegidas utilizando mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento territorial, vedas, permisos, autorizaciones de uso del suelo, flora, fauna, agua, entre otros, así como la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y agrícolas emitidos por el Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, debiendo considerar en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas, para que las actividades humanas se ajusten a las normas científico-técnicas (artículos 22, 28, 49, 50 y 52). En orden a las competencias que otorga la Ley de Biodiversidad, han de interpretarse los criterios de ordenamiento que el 2001 mencionó el Decreto 29393, Plan de Ordenamiento Ambiental, artículo 3.1., a saber: a) aspectos legales: legislación relativa a las actividades a desarrollar en las áreas silvestres protegidas según la categoría de manejo; b) conflicto del uso de tierra: divergencia entre el uso actual de la tierra y su capacidad de uso, para orientar el espacio físico, limitaciones y condicionamientos para el desarrollo o la eliminación de una determinada actividad; c) amenazas naturales: la pérdida de las inversiones, desempleo, deterioro de vías y medios de comunicación, lenta recuperación de los sistemas, quebranto de la salud y pérdida de vidas humanas, como consecuencia que podría evitarse si se consideran las amenazas naturales. Esos tres criterios ser consideran en conjunto pues son complementarios. Además, el artículo 3.1.1 ibídem establece que todas las actividades a realizar en las áreas silvestres protegidas están sujetas a la Ley de Biodiversidad, sin perjuicio de aplicar otra normativa específica como otras leyes, decretos, reglamentos y resoluciones administrativas. Para los indicadores de conflicto de uso y amenazas naturales (artículo 3.1.2), en el caso concreto de la Zona Protectora Río Grande, el inciso k refiere: “Existe en la zona protectora 65,81% sobreuso de la tierra, lo cual se refleja en el grado de deterioro que presenta el río Grande. El 25,15% corresponde a un subuso de la tierra en donde se localizan 60 ha de la Finca Doña Anita del IDA, en este sector debe procurarse el no acercamiento a las márgenes del río Grande, por sus avalanchas e inundaciones, además debe mantenerse la protección de las márgenes del río de acuerdo al artículo 34 de la Ley Forestal. Se presenta un 9% de uso correcto agropecuario y protección. El sector norte de la Z.P. está expuesto a emisiones volcánicas.” “Por ello, no cabría sostener que sólo se prohíben las actividades de minería metálica y rellenos sanitarios. Esa interpretación no se extrae de la norma, que establece la aplicación la Ley de Biodiversidad, decretos, reglamentos y resoluciones administrativas con alcance específico vigentes, como acontece con el numeral 5 del Decreto 13583, reformado por el 25902 de 12 de febrero de 1997” (párrafo corregido en memorial de fecha 1 de diciembre 2020, imagen 308). Lo anterior es concordante con el artículo 25 de la Ley de Planificación Urbana, al considerar que en la zonificación tendrá el carácter de zonas especiales las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como el caso de recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico. Se complementa con los numerales 26 y 28 relativos a delinear la zona en los mapas que componen esa zonificación, uniformar las normas y requisitos para cada clase de uso en una misma zona, y prohibir el aprovechamiento de terrenos, edificios y estructuras, que sea incompatible con la zonificación implantada. Así las cosas, la creación de zonas especiales de protección en un proceso de zonificación, está instituida por una ley ordinaria, y el precepto reglamentario configura una aplicación concreta de la categoría de zonas especiales, cuyas medidas restrictivas no son de carácter absoluto, sino restricciones razonables tendientes a evitar y prevenir efectos negativos de los proyectos de urbanización al ambiente. Por ello la denegatoria de los visados a los levantamientos topográficos con áreas de 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347, 366 m2, es conforme al Derecho de la Constitución, numerales 11 y 50, no tiene vicios de nulidad y es válida por haberse emitido en el ejercicio de una competencia conferida por el ordenamiento jurídico (Nombre33034  , Nombre13370 y Nombre66346, . Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial CIVITAS, S.A., T.II, 1977, p.121; Nombre82566 , Nombre7347 . Derecho Administrativo Especial. Administración Pública y actividad de los particulares. Madrid: Editorial CIVITAS, S.A., 1999, p.82) (imágenes 300 a 308 del expediente judicial).

EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (transcripción): I. HECHOS DE LA DEMANDA PRIMERO: No se admite por lo que se rechaza por inexacto. La solicitud del 2015 no refiere a un trámite de visados para urbanización. Se debe entender que la urbanización se define la habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios públicos: alumbrado público, red telefónica, áreas verdes y facilidades comunales, acueductos y electricidad, recolección y tratamiento de basura, evacuación de aguas negras, y el correspondiente cobro de cánones y tributos: bienes inmuebles, construcción y patentes (Ley de Planificación Urbana, numeral 1). SEGUNDO: No se admite por lo que se rechaza por inexacto. El plano utilizado para reunir el inmueble 2-493886-000 fue el A-1509611-2011. Con el plano A-136721-2013 se disminuyó la cabida de 12 Ha 9104 m2 a 12 Ha 6994 m2. TERCERO: Se acepta. CUARTO: Es cierto. Un plano reunió el inmueble y el otro disminuyó el área. QUINTO: Se admite parcialmente. Agregamos que los levantamientos topográficos tienen áreas de: 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 y 366 m2. Se trata de lotes para segregar como una urbanización. SEXTO: Se acepta que cada levantamiento topográfico tiene una boleta de inspección del SINAC asociada a la minuta de rechazo de presentación ante el Registro. SÉTIMO: Se admite parcialmente. La resolución SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 de 19 de setiembre de 2019, se notificó con su contenido íntegro sustentando en el Decreto 13583, reformado por el 25902 de 12 de febrero de 1997 (Alcance 15 a La Gaceta 66 de 7 de abril de 1997), que establece como "ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN FORESTAL": “Artículo 5°: Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH-OFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós, de junio de mil novecientos ochenta y dos; o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de "carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral. Todas estas zonas quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: 5.1 No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones…” La negrita no es parte del original. Por ende, la denegatoria del visado a los levantamientos topográficos con áreas de 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 y 366 m2 no desatiende el artículo 45 constitucional, y se ajusta a lo previsto en la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998, al disponer que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas, la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, para dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Está constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación, encargadas de aplicar la legislación vigente dentro de su demarcación geográfica, para mantener los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas protegidas utilizando mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento territorial, vedas, permisos, autorizaciones de uso del suelo, flora, fauna, agua, entre otros, así como la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y agrícolas emitidos por el Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, debiendo considerar en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas, para que las actividades humanas se ajusten a las normas científico-técnicas (artículos 22, 28, 49, 50 y 52). OCTAVO: Se reproduce la contestación al hecho anterior. NOVENO: Se admite es cierto. DÉCIMO: Se acepta con rectificaciones. Es cierto que se dictó la resolución INAC-ACC-RESD-V-OG-015-2019 de 30 de setiembre de 2019, pero notificada con su contenido íntegro. Se reitera lo indicado al responder el hecho sétimo. DÉCIMO PRIMERO: Se admite. DÉCIMO SEGUNDO: Se admite parcialmente. El Consejo Nacional de Áreas de Conservación dictó la resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 de 2 de diciembre de 2019, pero notificada con su contenido íntegro. Se reproduce la contestación al hecho sétimo. SOBRE EL FONDO 1. LAS PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA El Sistema Nacional de Áreas de Conservación contesta en forma negativa la demanda. Ello debido a que las manifestaciones de la parte actora y sus pretensiones no se ajustan a derecho, como de seguido se expondrá. 2. RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS Conforme a los alegatos de la por parte actora se debe resaltar que su propiedad privada goza de protección especial ya que la misma se encuentra en su totalidad dentro de la zona protegida de lo cual se debe de ver como una unidad biológica por lo cual se deben considerar las regulaciones y restricciones expresas del ordenamiento jurídico ya que es fundamental entender al ámbito ambiental la importancia de que una zona protegida en este caso Río Grande el interés que resguarda la administración de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos, dicho esto es vital que en ningún momento se puede excluir las restricciones ambientales establecidas para el territorio que se encuentran dentro de una zona protegida y se debe dar un trato integral como una área Nombre54259 protegida creada con la finalidad para la protección del medio ambiente y no con fines urbanísticos, además se debe recordar que el acto impugnado sobre denegatoria de los visados a los levantamientos topográficos es conforme a derecho y no poseen vicios de nulidad y que no constituye un acto privativo de derecho de propiedad ya que las áreas silvestres legalmente soportan limitaciones de uso de derecho de propiedad privada, mismas que no constituyen perdida del derecho de propiedad y vienen impuestas por instrumentos jurídicos, no por el acto administrativo, y en consecuencia no se violentan los derechos constitucionales como lo indica la parte actora en sus alegatos realizados mismos que no son atendibles. Los levantamientos topográficos no son acordes con el uso autorizado por el artículo 5 del Decreto 13583 para la Zona Protectora de Río Grande, creada por el Decreto 6112-A de 23 de junio de 1976 (La Gaceta 136 de 17 de julio de 1976). En la resolución SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 de 19 de setiembre de 2019, se fundamenta en el Decreto 13583, reformado por el 25902 de 12 de febrero de 1997, que establece como "ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN FORESTAL": “Artículo 5°: Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH-OFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós, de junio de mil novecientos ochenta y dos; o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de "carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral. Todas estas zonas quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: 5.1 No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones…” La negrita no es parte del original. La parte actora considera que sólo en la Zonas Protectoras La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, se prohíben las urbanizaciones. Pero ese no es el alcance previsto por la norma recién transcrita, conforme al Decreto 6112-A expresa que está incluida la Zonas Protectora de Río Grande de Naranjo. Esa identificación es necesaria para distinguirlas de otras Zonas Protectoras, a saber: Las Tablas (Ley 6638), Cerro de Turrubares (Ley 6900), Cerro Nara (Ley 6975), El Chayote (Ley 6975), Miravalles y Tenorio (Decreto 5836), Arenal Monteverde (Decreto 6778), Quitirrisi (Decreto 13594), La Selva (Decreto 13495), Río Navarro-Río Sombrero (Decreto 15436), Cuenca del Río Tuis (Decreto 16853), Tivives (Decreto 17023), Acuíferos Guácimo y Pococí (Decreto 17390), Guanacaste (Decreto 17655), Tortuguero (Decreto 19971), Río Banano (Decreto 20043), Las Baulas de Guanacaste (Decreto 20518), Río Toro (Decreto 22838), Monte Alto, Península de Nicoya (Decreto 22968), Montes de Oro (Decreto 23142), Cerro La Cruz (Decreto 23249), Cuenca del Río Abangares (Decreto 24539), Cuenca Río Siquirres (Decreto 24785), Quebrada Rosario (Decreto 26297) y Cerro El Chompipe (Decreto 28196), y tiene lógica que las Zonas Protectoras creadas en el Decreto 6112-A se indicaran para distinguirlas del resto que ostentan esa condición y que acabamos de reseñar. Siendo así, la Zona Protectora Río Grande, creada mediante Decreto N°6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976, también está sujeta a las regulaciones establecidas en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N°25902- MIVAH-MP-MINAE. Lo anterior como unidad de protección ambiental bajo esa categoría de manejo que se le da en dicho Decreto Ejecutivo. Además la parte actora sostiene que el Decreto 38334 “Plan GAM 2013-20302 de la Actualización del Plan Regional del Gran Área Metropolitana”, artículos 1 y 72, no incluye la Zona Protectora de Río Grande, ni la prohibición del artículo 5 que reformó el Decreto 25902, dicha afirmación no trasciende ya que el Decreto 38334, numeral 31, relativo a las Zonas de Control Especial (ZCE), reconociendo su interés público y ambiental, dispuso que mantienen su régimen de protección de acuerdo con el ordenamiento jurídico: zonas especiales de conexión de redes; zonas de protección de cuerpos de agua; Ley 65 del 30 de julio de 1888; Zona Especial de Río Reventado y La Loma Salitral, Decreto 25902 de 12 de febrero de 1997; Zona Especial de Protección Aeroportuaria, Ley General de Aviación Civil 5150 de 14 de mayo de 1973; Zonas de Valor Arqueológico y Zonas Protectoras, como: Cerro de la Carpintera, Cerros de Escazú, Cerro Atenas, El Rodeo, Decreto 6112-A de 23 de junio de 1976; Río Tiribí, Decreto 29393 de 15 de enero de 2001; Reserva Indígena Quitirrisí, Decreto 13569 de 30 de abril de 1982 y Río Navarro - Río Sombrero, Decreto 15436-MAG, de 30 de marzo de 1984. El ordinal 32 ibídem agregó que se mantiene el anillo de contención urbana establecido en el PLAN GAM de 1982 y su modificación, Decreto 25902 de 12 de febrero de 1997. Es importante citar el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Catastro, Decreto 34331 de 29 de noviembre de 2007 (La Gaceta 41 de 27 de febrero de 2008), dispone: "El Catastro Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas en cualquier tipo de reserva o parques nacionales, excepto cuando exista autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque nacional. Esta autorización deberá constar en el plano.” Así reformado por el artículo 1° del Decreto 34763 de 16 de setiembre de 2008. Con lo antes expuesto es relevante resaltar que la finca se encuentra localizada en su totalidad dentro de Área Nombre54259 Protegida y que ese visado es un visto bueno o sello oficial para proseguir el procedimiento ante el Catastro, no corresponde a un gravamen o limitación. Se trata de un acto reglado: autorización y anotado -el primero de declaración de voluntad, el segundo de conocimiento- exteriorizados con el estampado del sello y leyenda al frente o reverso del levantamiento topográfico. Aunque para la autorización pueden concurrir actos instrumentales de algún órgano interno o informes, estos sólo cobran unidad de expresión con la emitida por el órgano competente (Ley 4240, artículo 33; Decreto 34331, numerales 79 y 80; voto constitucional 7751-2002; Tribunal Contencioso Administrativo, sentencias 99-2001-I, 263-2008-II, 791-2002-III, 143-2006-III, 175-2009-III, 176-2009-III, 425-2009, 630-2009-III, 166-2010-III, 1585-2010-III, 2412-2010-III, 3818-2010-III, 124-2011-III, 222-2011-III, 185-2012-III y 47-13-III). Su denegatoria imposibilita el catastro de los planos y subsiguientes movimientos (Ley 4240, artículos 33, 34 y 58; Decreto 34331, numerales 79 y 81; voto constitucional 3964-2001; Tribunal Contencioso Administrativo, voto 175-2009-II), pues el fraccionamiento y edificación se ejerce de acuerdo con la Ley, reglamentos y el plan regulador. El ordenamiento territorial vincula tanto a los habitantes como a los entes y órganos públicos (Ley de Planificación Urbana, artículos 15, 16, 21, 24, 32; Ley de Construcciones, artículos 15, 87-89 y 96). En cuanto a lo indicado en la Ley de Biodiversidad, es que han de interpretarse los criterios de ordenamiento previstos en el año 2001 por el Decreto 29393, Plan de Ordenamiento Ambiental, consistiendo en: artículo 3.1.a) aspectos legales: reseña la legislación relativa a las actividades a desarrollar en las áreas silvestres protegidas según la categoría de manejo analizada; b) conflicto del uso de tierra: cuando es divergente el uso actual de la tierra con su capacidad de uso. Esto permite orientar el espacio físico, limitaciones y condicionamientos para el desarrollo o la eliminación de una determinada actividad; c) amenazas naturales: La pérdida de las inversiones, desempleo, deterioro de vías y medios de comunicación, lenta recuperación de los sistemas, quebranto de la salud y pérdida de vidas humanas, como consecuencia que podría evitarse si se consideran las amenazas naturales. El artículo 3.1.1 del Decreto 29393, establece que todas las actividades a realizarse en cualquiera de las áreas silvestres protegidas están sujetas a la Ley de Biodiversidad, 7788, sin perjuicio de aplicación de otra normativa específica como otras leyes, decretos, reglamentos y resoluciones administrativas. Para los indicadores de conflicto de uso y amenazas naturales (artículo 3.1.2), en el caso concreto de la Zona Protectora Río Grande lo que señala en su inciso k es: “Existe en la zona protectora 65,81% sobreuso de la tierra, lo cual se refleja en el grado de deterioro que presenta el río Grande. El 25,15% corresponde a un subuso de la tierra en donde se localizan 60 ha de la Finca Doña Anita del IDA, en este sector debe procurarse el no acercamiento a las márgenes del río Grande, por sus avalanchas e inundaciones, además debe mantenerse la protección de las márgenes del río de acuerdo al artículo 34 de la Ley Forestal. Se presenta un 9% de uso correcto agropecuario y protección. El sector norte de la Z.P. está expuesto a emisiones volcánicas.” También existe concordancia con el artículo 25 de la Ley de Planificación Urbana, al indicar que en el Reglamento de Zonificación tendrán el carácter de zonas especiales las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como el caso de recursos naturales  conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico. Y se complementa con los numerales 26 y 28 relativos a delinear la zona en los mapas que componen el Reglamento de Zonificación, uniformar las normas y requisitos para cada clase de uso en una misma zona, y prohibir el aprovechamiento de terrenos, edificios y estructuras, que sea incompatible con la zonificación implantada. Por lo tanto, la posibilidad de crear zonas especiales de protección en un proceso de zonificación está instituida por una ley ordinaria, y el precepto reglamentario configura una aplicación concreta de la categoría de zonas especiales, cuyas medidas restrictivas no son de carácter absoluto, sino restricciones razonables tendientes a evitar y prevenir efectos negativos de los proyectos de urbanización al ambiente. Por lo tanto, la denegatoria de los visados a los levantamientos topográficos es conforme a derecho y no poseen vicios de nulidad. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas, la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, para dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Está constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación, encargadas de aplicar la legislación vigente dentro de su demarcación geográfica, para mantener los procesos ecológicos vitales dentro y fuera de las áreas protegidas utilizando mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento territorial, vedas, permisos, autorizaciones de uso del suelo, flora, fauna, agua, entre otros, así como la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y agrícolas emitidos por el Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, debiendo considerar en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas, para que las actividades humanas se ajusten a las normas científico técnicas (artículos 22, 28, 49, 50 y 52) expreso en la Ley 7788 de 30 de abril de 1998... (imágenes 309 a 315 del expediente judicial).

IV. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Solicitó la sociedad accionante, admitir en carácter de prueba para mejor resolver: "a. Oficio SM-CONCEJO-109-2021 del 11 de febrero del 2021 de la Secretaria a.i del Concejo Municipal de Naranjo que transcribe el Acuerdo del Concejo Municipal SO-06-91-2021 dictado en la sesión ordinaria N°6 del 8 de febrero del 2021. b. Oficio SM-CONCEJO-153-2021 del 2 de marzo del 2021 a Secretaria a.i del Concejo Municipal de Naranjo que transcribe el Acuerdo del Concejo Municipal SO-08-112-2021 dictado en la sesión ordinaria N°8 del 22 de febrero del 2021. c. Oficio MN-ALC-1312-2021 del 13 de abril del 2021 del señor Nombre82563 (sic) Nombre82564  , Alcalde de Naranjo. Las pruebas aportadas son documentos emitidos por la Municipalidad de Naranjo, de los cuales tuvo conocimiento nuestra representada hace unos pocos días, que analizan la interpretación del SINAC al artículo 5 del Decreto 25902 que realizó en la resolución SINAC-ACC-RS-DV-OG.014-2019, resolución cuya declaratoria de ilegalidad y nulidad se solicita en el presente proceso, y otros actos administrativos y concluye que la misma resulta incorrecta. Asimismo, detalla la afectación que dicha interpretación causa a la comunidad de Santa Margarita del Distrito de Rosario de Naranjo. Como podrá notarse, la interpretación municipal coincide ampliamente con la teoría del caso defendida por esta representación. Por lo anterior, solicitamos la admisión de la prueba presentada para mejor resolver. Para una mejor garantía del debido proceso, solicitamos se otorgue audiencia a los demandados para que se refieran a los documentos presentados" (escrito  del 28 de abril 2021, visible en imagen 379 del expediente judicial). Mediante memorial de fecha 6 de agosto 2021, solicitó de igual manera, se admita como prueba para mejor resolver el criterio jurídico SINAC-AJ-CJ-023-2021 del 27 de julio del 2021 de la Asesoría Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación: "El criterio jurídico que se aporta, del cual tuvo conocimiento nuestra representada hace unos pocos días, analizó la aplicabilidad o no del decreto 25902 a la zona protectora de Río Grande y concluyó que el decreto 25902 no resulta aplicable a la zona protectora de Río Grande, por lo que el SINAC en dicho criterio jurídico acepta la teoría del caso defendida por esta representación" (imagen 394 del expediente judicial). Conferidas las audiencias de rigor, esta Cámara admite la prueba indicada por estimar que es conducente al objeto del proceso.

V. HECHOS  PROBADOS.

1. De conformidad con la certificación RNPDIGITAL-1516666-2019, el inmueble matrícula de folio real Placa13418 es Terreno de potrero y tacotales con callejones internos. Está situada en el Dirección8912       de la provincia de Alajuela. Linderos: Norte: calle pública; Sur: Peralta Rodríguez Limitada y Rosario Development Corporation S.A., ambos en parte; Este calle pública; Oeste  calle pública, Quebrada Salitral y Rosario  Development Corporation S.A., todos en parte. Mide ciento veintiséis mil doscientos catorce metros cuadrados. Plano A-1636721-2013. Propiedad de Rosario Development Corporation Sociedad Anónima cédula jurídica CED61184, inscrita el 31 de mayo de 2012 (imágenes 40-41 del Tomo I del expediente administrativo).

2. En nota sin fecha, dirigida al Departamento de Visado de planos de topografía del MINAET, el apoderado generalísimo de Rosario Development Sociedad Anónima, solicitó el visado de los documentos presentados al Diario del Registro Nacional Sección Catastro Nacional tomos 2019, asientos 54706, 54708, 54709, 54712, 54713, 54714, 54716, 54717, 54720, 54723, 54725, 54729, 54731, 54732, 54733, 54734, 544735, Placa13419, Placa13420, Placa13421, Placa13422, Placa13423, Placa13424, Placa13425, Placa13426, Placa13427, Placa13428, para la inscripción de los planos en Catastro Nacional (imagen 3 Tomo Primero del expediente administrativo).

3. Mediante formulario PNE-V-3 Boleta de Inspección de Campo para visado de planos, solicitudes: 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327-2019, en el apartado OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES se indicó:

"La propiedad se localiza en un 100% dentro de los límites de la Zona Protectora Río Grande, la cual fue creada mediante el decreto ejecutivo N°6112-A, de fecha del veintitrés junio de mil novecientos setenta y seis, la misma se ubica el Caserío Rosario, Distrito Rosario, Cantón Naranjo; Provincia: Alajuela, de la calle principal para llegar a la propiedad es calle publica (sic) de asfalto, la propiedad presenta pendientes inferiores al 8% y es un sitio con suelo expuesto nivelado. Durante la inspección no se observaron cursos de agua ni nacientes en la propiedad. En la inspección de campo se toman puntos con el GPS, los cuales sirven para corroborar con la digitalización del plano según el derrotero del mismo, y se verifica si la propiedad se localiza dentro del Área Nombre54259 Protegida (Zona Protectora Río Grande). Así mismo, los puntos tomados en campo coinciden con los generados a partir de la digitalización del derrotero. Que el plano presentado por el señor ... cuyo propietario registral es Rosario Development Corporation Sociedad Anónima, dicho plano que pretende visar, se ubica geográficamente dentro del Área Nombre54259 Protegida, denominada Zona Protectora Río Grande, la cual fue creada mediante decreto ejecutivo N°6112-A, de fecha del veintitrés de junio de mil novecientos setenta y seis, y que está área Nombre54259 Protegida, está afectada por el decreto ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, de la Gran Área Metropolitana, y su modificaciones publicado en la Gaceta N°66, del 07 de abril de 1997, en el que se establece en su artículo 5. que en las Zonas Especiales de Protección Forestal, descritas en el presente decreto quedan condicionadas a las siguientes regulaciones: 5.1. No se permiten en ellas nuevas urbanizaciones, y 5.2 no se permitirán fraccionamientos en parcelas menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al Régimen forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote, será el que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Que mediante la MINUTA DE REUNIÓN SINAC-ACC-PNE-V-096-2019 de fecha de 21 de agosto de 2019, firmada por el señor (...) Coordinador de Visados  Certificaciones del ACC, señor Lic. Renato Sánchez González, asesor Legal del Área de Conservación indica los (sic) siguiente: Aplicación del Decreto 25902, específicamente con el artículo 5 de dicho Decreto Ejecutivo, sobre las "ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN FORESTAL", el cual indica: Artículo 5. Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fuera creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "la Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH-OFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos. Todas esas zonas quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones y tampoco se permitirán ejecutar fraccionamientos en parcelas resultantes menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al régimen forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote será el que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Artículo 6- En las zonas especiales de protección forestal solo se permitirán las siguientes construcciones: Una vivienda por finca para uso del propietario o los propietarios y otras construcciones necesarias para el uso o servicios de las fincas existentes. Relacionadas con la actividad agrícola local. Para clubes campestres en terrenos no menores a cinco hectáreas con la cobertura de edificación no mayor del diez por ciento. 3. RESULTANDO. Con base en la información consignada, según la MINUTA DE REUNIÓN SINAC-ACC-PNE-V-096-2019 y de acuerdo a la inspección de campo se concluye que: Se recomienda NO continuar con el trámite de visado del plano ya que el mismo se encuentra afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE..." (imágenes 6 a 10,  46 a 76, 77 a 107, 108 a 137, 138 167, 169 a 199, 200 a 230, 231 a 261, 262 a  292, 293 a 323, 324 a 354, 355 a 385, 386 a 416, 417 a 447,  448 a 476, 477 a 507, 508 a 533 del Tomo I del expediente administrativo y 5 a 35, 36 a 66, 67 a 96, 97 a 127, 128 a 157, 159 a 189, 190 a 220, 221 a 251, 252 a 282, 283 a 310 del Tomo II del expediente administrativo).

4. Mediante Resolución de las once horas de diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Área de Conservación Central Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central Oficina de Grecia emitió RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE VISADOS DE PLANO N°SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-219, en la que "RESUELVE PRIMERO: Rechazar el Visto Bueno de los Visados de los planos asociados a los documentos 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C, solicitado por Nombre82567    (...) cuyo propietario registral es ROSARIO DEVELOPMENT CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED3683. Esto por demostrarse mediante la MINUTA DE REUNIÓN SINAC-ACC-PNE-V-096-2019 e inspección de campo que el inmueble se encuentra geográficamente dentro de los límites de la Zona Protectora Río Grande, por la cual está afectado por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE..." (imágenes 11 a 15 del Tomo I del expediente administrativo).

5. El 25 de setiembre de 2019, la sociedad actora, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la "Resolución Denegatoria de visado de plano N°SINAC-AC-RES-D-V-OG-014-2019, y elevó el recurso ante el Consejo Nacional de Áreas de Conservación CONAC del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC (imágenes 28 a 35 del Tomo I del expediente administrativo).

6. Mediante resolución N°SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 de las diez horas del treinta de setiembre de dos mil diecinueve, Sistema Nacional de Áreas de Conservación  Área de Conservación Central Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central Oficina de Grecia, rechazó por improcedente el recurso de revocatoria contra la Resolución N° SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 (imágenes 311 a 315 del Tomo II del expediente administrativo).

7. Mediante oficio SINAC-AJ-491 del 7 de octubre de 2020, la Asesora Legal del SINAC, solicitó al Director del  Área de Conservación Central, presentar informe técnico jurídico en el que se exponga un análisis del Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE, del Decreto 13583-VAH-OFIPLAN, restricciones ambientales y regulaciones urbanísticas para el territorio Zona Protectora Río Grande, análisis de por qué, si textualmente no se incluye ningún distrito del cantón de Naranjo sí se aplica territorialmente las disposiciones de dichos decretos, y verificar si previamente se otorgó visado de planos A-1848982-2015, A-1840827-2015, A-18414-2015, A-1840826-2015 y A-1840825-2015 con la indicación de que se debían respetar as limitaciones de la Ley Forestal (imagen 364 tomo II del expediente administrativo).

8. En oficio SINAC-ACC-OG-945-2020 del 13 de octubre 2020, la Jefatura de la Oficina Regional de Grecia ACC-SINAC, da respuesta al oficio SINAC-AJ-491: "...En el artículo 5 del Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE, Reforma Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, publicado en el Alcance número 15 de la Gaceta número 66 del 7 de abril de 1997, se establecen las regulaciones de las Zonas Especiales de Protección Forestal, “no se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones y tampoco ejecutar fraccionamientos en parcelas resultantes menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al régimen forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote será el que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería”. Todo lo anterior aplica para la Zona Protectora Río Grande. 2. El artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE también establece: “Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH-OFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós, de junio de mil novecientos ochenta y dos; o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de "carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral”. Siendo así, la Zona Protectora Río Grande, creada mediante Decreto N° 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976, también está sujeta a las regulaciones establecidas en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE, mencionadas en el punto 1 de este informe. Lo anterior como unidad de protección ambiental bajo esa categoría de manejo que se le da en dicho Decreto Ejecutivo. A pesar de que no se incluye en el listado, sí se encuentra dentro de la protección ambiental, situación que se estableció con el fin de proteger los recursos naturales existentes en esos sitios o más bien, dentro de esas áreas ambientalmente frágiles (AAF); ya que con ello no se altera la circunscripción territorial detallada en la normativa y además se permite el crecimiento ordenado y planificado de los centros urbanos, propósito de creación de la norma, indiferentemente que se localicen fuera del anillo de contención del actual GAM y/o de los distritos pertenecientes a los cantones mencionados en el Decreto como incluidos en la denominada Área de Control Urbanístico, tal como lo había indicado el Lic. Renato Sánchez González, Asesor Legal del Área de Conservación Central en su oficio SINAC-ACC-AL-R-061. 3. Las solicitudes de visado de planos se ubican geográficamente dentro de los límites de la Zona Protectora Río Grande, razón por la cual se le aplicó la regulación de no permitir el fraccionamiento menor a cinco hectáreas, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE. 4. Efectivamente, en el mes de junio del año 2015, la oficina Subregional Grecia aprobó la solicitud de visado de nueve planos a nombre de Folio Real 2477682, ubicados en la Zona Protectora Río Grande, en el distrito El Rosario, cantón Naranjo, provincia Alajuela. En esa oportunidad se recomendó continuar con el trámite de visado, aplicando únicamente el hecho de que el cantón de Naranjo no aparece en la lista del Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE. Obviándose en todo momento la aplicación de esta norma dentro de los límites de la Zona Protectora Rio (sic) Grande, como unidad de protección ambiental en sí. En su momento, ese era el criterio que se manejaba en esta Oficina con respecto a los visados de planos en la Zona Protectora Rio (sic) Grande, error que se venía arrastrando desde hacía algún tiempo atrás por parte del personal de este centro operativo. En ese sentido y por un error involuntario se visaron esos planos. Esta situación se corrigió a partir del momento en que se emitió el criterio del Lic. Renato Sánchez González, Asesor Legal del Área de Conservación Central en su oficio SINAC-ACC-AL-R-061, respecto al tema en particular. Sin embargo, y con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, la Administración rectifica el error al aplicar la norma que incluye a la Zona Protectora Río Grande como unidad biológica de manejo, independientemente de que se ubiquen sus distritos o cantones fuera o dentro del Área de Control Urbanístico...." (prueba del SINAC en CD).

9. Mediante oficio MN-ALC-3770-10 del 18 de octubre de 2019, la entonces Vice Alcaldesa de la Municipalidad de Naranjo, solicitó al Ministro de Ambiente y Energía: "... sirva la presente para extender la preocupación de la administración municipal y de Concejo Municipal en el tema referente a la aplicación del Decreto 25902 (Reforma del plan regional urbano Gran Área Metropolitana) el cual se refiere a las zonas protectoras especiales. Vale aclarar que esta Municipalidad y su territorio no se menciona en dicho decreto. De parte de la administración Municipal existe una alta preocupación ya que existe una mala interpretación y aplicación del Decreto que afecta arte del territorio del distrito de Rosario de Naranjo. Es importante mencionar que dicho distrito presenta los índices más bajos de desarrollo social y económico del Cantón. Por lo anterior le solicitamos prontamente una audiencia para analizar el tema y encontrar una pronta solución a la afectación da los vecinos de dicha zona..."(imagen 335 del Tomo II del expediente administrativo). 

10. Mediante resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 de las ocho horas del 2 de diciembre de dos mil diecinueve, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Secretaría Jurídica Asesoría Jurídica, resuelve RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR Nombre82568   CONTRA LA RESOLUCIÓN SINAC-ACC-RES-RV-OG-014-2019 DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL, resolviendo rechazar el recurso: "...en razón de que dicha resolución fue dictada y a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Resolución de Visados y Certificaciones de Planos del Sistema Nacional de Área de Conservación en el cual se dispone que debe acoger el criterio preventivo de una zona protegida...", dando por agotada la vía administrativa (imágenes 344 a 346 del Tomo II del expediente administrativo). (Nota mediante oficio SINAC-AJ-464 del 22 de setiembre del 2020 se hace subsanación de error material en la resolución R-SINAC-CONAC-043-2019, ver imagen 262 del Tomo II del expediente administrativo).

11. El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, en la Sesión Ordinaria N°6 del 08 de febrero de 2021, Acuerdo SO-06-91-2021, Capítulo N°8 sobre Informes y dictámenes de Comisiones, en el artículo 19, conoció el dictamen de la Comisión de asuntos Jurídicos celebrada el 04 de febrero de 2021, se conoció como:"Tema Único: Análisis de la situación planteada por algunos vecinos de la comunidad de Santa Margarita del  distrito El Rosario de Naranjo, quienes señalan que la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de ambiente (sic) y Energía MINAE desde el año 2019 está rechazando el visado de planos en la comunidad de Santa Margarita del Rosario y sectores aledaños, argumentando que este sector se encuentra afectado por una zona especial de protección forestal, por lo que según su interpretación, no es posible autorizar fraccionamientos de terrenos con áreas menores a 5 hectáreas, lo cual está produciendo gran afectación a los vecinos que tienen trámites para bonos de vivienda y otras necesidades (...) "El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, POR UNANIMIDAD  EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ACUERDA: Amparados al Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrada el 26 de enero de 2021, Recomendar al Concejo Municipal, que en condición de máximo órgano superior jerárquico de la Municipalidad de Naranjo, exprese su preocupación por la afectación planteada por algunos vecinos de la comunidad de Santa Margarita del distrito de El Rosario d Naranjo, aquí analizada y que de forma respetuosa e inmediata, le solicite al Señor: Renato Sánchez González, Director de la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Área de Conservación del Ministerio de ambiente y Energía - MINAE y al despacho de la Señora Andrea Mesa Murillo,  Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía, la revisión y cese inmediato de los criterios y argumentos utilizados para rechazar improcedentemente los visados de planos, en el sector de Santa Margarita del distrito de El Rosario de Naranjo, argumentando erróneamente, que dicho sector se encuentra afectado por el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N°259002-MIVAH-MP-MINAE, y las consecuentes restricciones de una Zona Especial de Protección Forestal..." (imágenes 380 a 384 del expediente judicial).

12. En la Sesión Ordinaria N°08 del 22 de febrero de 2021, el Concejo Municipal de la  Municipalidad de Naranjo, Capítulo 3 Lectura, Examen y Tramitación de correspondencia Asuntos Resolutorios, Artículo 07:"Se recibe oficio SINAC-ACC-OG-144-202 suscrito por (...) jefe de la Oficina Grecia Área de Conservación Central SINAC, en el (sic) brindan respuesta al ACUERDO SO-06-91-2021, tomado por este Consejo (sic) Municipal. Comentarios: El señor Presidente comenta que en el oficio presentado por el SINAC, insisten en  algo que está perjudicando a los habitantes de Santa Margarita en el Rosario de Naranjo. El SINAC inicia la respuesta al acuerdo Municipal ACUERDO SO-0691-2021 en el artículo 5 del Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE, Reforma Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana y no se realiza el análisis del artículo 1 donde no se encuentra incluido el cantón de Naranjo en el concepto de las zonas especiales de protección forestal y su regulación. El SINAC de Grecia en el último párrafo de esta nota expresa que a pesar de que El Rosario de Naranjo, no se incluye en el listado, si se encuentra dentro de las restricciones de las zonas especiales de protección forestal, lo cual no es cierto  (...) ACUERDO SO-08-112-2021. El Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, POR UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ACUERDA: Solicitar respetuosamente a (...) que la asesoría legal de su despacho analice la solicitud presentada por la Municipalidad de Naranjo, mediante el ACUERDO SO-06-91-2021 y la respuesta de SINAC, oficina de Grecia, oficio del SINAC-ACC-OG-144-2021 del 17 de febrero del 2021. Adicionalmente, se le solicita una audiencia urgente para fundamentar y aclarar el sector de Santa Margarita del distrito del Rosario de Naranjo, no está incluido dentro de las Zonas Especiales de Protección Forestal, ni las Áreas del Control Urbanístico, por lo tanto debe corregirse de inmediato el actual de la oficina del SINAC Grecia, que está causando un grave perjuicio a este sector de nuestro cantón, con una la (sic) errada interpretación, ya suficientemente fundamentada en el presente y anterior acuerdo de este Concejo" (imágenes 385 a 388 del expediente judicial).

13. Mediante oficio MN-ALC-1312-2021 del 13 de abril 2021, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, solicitó al Director General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía:"... se revise el criterio que se ha venido utilizando durante el último año por parte de Sistema Nacional de Áreas de Conservación para aplicar, sin ningún fundamento y en clara violación del Principio de Legalidad, las limitaciones y restricciones al Derecho Constitucional de la propiedad privada establecidas en el Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE a un distrito que se ubica fuera de los limites territoriales, conforme al propio artículo 1 y el 5 del mismo Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE..." (imágenes 389 a 393 del expediente judicial).

14. La Asesoría Jurídica del MINAE, mediante oficio del 27 de julio de 2021 SINAC-AJ-CJ-023-2021, dirige al Director Ejecutivo del SINAC:"Criterio jurídico con respecto a la aplicación del Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAHMP-MINAE, en relación con el Decreto Ejecutivo N°6112 Crea Zonas Protectoras, con respecto al visado de planos de inmuebles ubicados dentro de la Zona Protectora Río Grande". En lo que resulta de interés señaló:"En atención a la consulta efectuada a partir del oficio DVM-053-2021, para que conforme al acuerdo SO-08-112-2021 del Consejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, se emita criterio que permita aclarar el oficio SINAC-ACC-OG-144-2021, en cuanto a si el sector de Santa Margarita del distrito del Rosario de Naranjo, está o no incluido dentro de las Zonas Especiales de Protección Forestal, o las Áreas del Control Urbanístico (...)  Un elemento adicional que, de la lectura integral de la norma, permite a esta asesoría interpretar el artículo 5 de la forma expuesta, es que, en todo el recuento histórico de la norma reglamentaria, en su parte considerativa, ha incluido las Zonas Especiales de Protección Forestal dentro del “área de control urbanístico” la cual está claramente definida en el artículo 1° del Anexo N°1 del Reglamento 3332, autorizado por el Decreto Ejecutivo N°13583-VAH-OFIPLAN. Ese articulo (sic) 1° establece claramente los cantones y distritos de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia que conforman el área de control urbanístico. Por lo tanto, las Zonas Protectoras reguladas como zonas especiales de protección forestal, son aquellas que necesariamente se encuentran dentro del área determinada en ese artículo. Para una mejor comprensión de la ubicación del poblado del Rosario de Naranjo, se solicitó la colaboración del Departamento de Información y Regulación del Territorio, el cual, mediante el informe SINAC-IRT-093-2021, determina que la Zona Protectora Rio (sic) Grande se encuentra fuera del Límite definido por el INVU como el Gran Área Metropolitana, lo cual da la razón a esta asesoría con respecto a que no está regulada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, por no ubicarse dentro del área de control urbanístico ni estar contemplada como zona especial de protección forestal para los efectos del Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana. Así mismo, el informe SINAC-IRT-101-2021 aclara que el pueblo de Santa Margarita del Distrito de Rosario de Naranjo se encuentra completamente dentro de la Zona Protectora de Rio (sic) Grande, por lo que su regulación está supeditada a los estipulado por la normativa ambiental vigente con respecto a las zonas protectoras en general, especialmente en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Como aspectos específicos, se debe considerar que la Zona Protectora Río Grande sí fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N°6112, publicado en la Gaceta N°136 del 17 de julio de 1976, el cual en su artículo 3° indica lo siguiente: Artículo 3°-Las fincas debidamente inscritas en el Registro Público o amparadas por la posesión decenal dentro de los límites de las zonas protectoras quedan automáticamente sometidas al régimen forestal. Las labores que se fueran a realizar en estas fincas, deben contar con la autorización escrita de la Dirección General Forestal. Así mismo, el artículo 4° de dicho decreto dispuso lo siguiente: Artículo 4°-Los terrenos o fincas no inscritas en el Registro Público, ni amparadas por la posesión decenal, serán adquiridas por el Estado, previo pago a sus ocupantes de las mejoras correspondientes. Por lo tanto, el visado para la inscripción de un plano ante el Catastro Nacional, como aprobación del SINAC, procede únicamente previa comprobación de que la actividad privada se adecua al ordenamiento jurídico, acotada por reglas de legalidad, y valorándola a la luz del interés público que la norma aplicable en cada caso pretende tutelar, especialmente en cuanto al cumplimiento de los objetivos de las zonas protectoras, sean estos “la regulación del régimen hidrológico y la protección del suelo y las cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones”, de acuerdo con el artículo 52 bis de la Ley Orgánica del Ambiente. Además, de conformidad con el artículo 37 de este mismo cuerpo legal, las fincas particulares que se encuentren en zonas protectoras, mientras se efectúa su pago o expropiación, quedan sometidas al plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental, así como el plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos..."(imágenes 395 a 401 del expediente judicial).

15. Mediante oficio SINAC-IRT-093-2021 del 30 de junio del 2016, el Departamento de Información y Regularización del Territorio del SINAC, informó a la Asesoría Jurídica del SINAC:"El día 14 de Junio del presente año por medio de un correo electrónico se envió una consulta al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al correo electrónico ...2847 del funcionario Nombre82569   (sic) para solicitarle la delimitación oficial del Gran Área Metropolitano, esto para contrastarlo con la delimitación oficial de la Zona Protectora Rio (sic) Grande. El día 22 de Junio se recibe la delimitación solicitada por parte del funcionario del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Emiler Segura López por medio del correo electrónico ...2848. Con la información hicimos el análisis respectivo y al final se determina que la Zona Protectora Rio (sic) Grande se encuentra fuera del Límite definido por el INVU como el Gran Área Metropolitana..." (imagen 402 del expediente judicial).

16. Mediante oficio SINAC-IRT-101-2021 el Departamento de Información y Regularización Territorial comunicó a la Asesoría Jurídica -ambas oficinas del SINAC: "En relación con la consulta permito aclarar que efectivamente el pueblo de Santa Margarita del Distrito de Rosario de Naranjo se encuentra dentro de la Zona Protectora de Rio (sic) Grande. Esto de acuerdo con la capa de “Localidades” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos" (imágenes 404 y 405 del expediente judicial).

VI. OBJETO DEL PROCESO. Conforme lo señalado por la parte actora como pretensiones de este proceso y, revisados los motivos en que sustenta los vicios de nulidad de las visitas de inspección, la resolución administrativa que rechaza el visado de los 27 planos y las subsiguientes resoluciones administrativas dictadas con ocasión de conocer y rechazar los recursos de revocatoria y apelación "...en el presente caso no se discuten normas de protección ambiental aplicables a propiedades ubicadas en zonas de protección, sino el rechazo del visado de los 27 planos solicitados por RDC, que es un tema urbanístico, y  por ello, es que el tema medular en el presente proceso consiste en la interpretación del ámbito de aplicación territorial de los decretos urbanísticos en cuestión y no temas ambientales, ya que las propiedades dentro de zonas de protección a las que se le otorguen los visados de planos debe respetar restricciones y normativas ambientales, pero no resulta conforme con el ordenamiento jurídico denegar visados de planos con base en normas urbanísticas inaplicables al inmueble y que no afectan la protección del ambiente que brindan las normas propias de esta materia" (ver imagen 15 del expediente judicial, escrito de demanda y conclusiones imágenes 339 y 364). Esta Cámara, a la luz de la consideración de la parte actora, precisa indicar que, comparte parcialmente lo señalado, pues estima que, el punto a dilucidar es, si la exégesis dada por la oficina del SINAC de Grecia al artículo 5 del DE N°25902-MIVAH-MP-MINAE es ajustada a derecho, y revisar si el fundamento normativo dado en las inspecciones de campo y en los actos administrativos dictados, tiene un error en el motivo que alcanza la motivación de las resoluciones y, determinar así la antijuridicidad de base en las actuaciones formales impugnadas. Sin embargo, es igualmente necesario señalar que, si bien se trata de un tema que puede calificarse como eminentemente urbanístico (el visado de planos); como se verá, las normas y leyes de cita, no permiten deslidar un aspecto del otro, recordando esta Cámara que, el desarrollo urbano tiene incidencia total en el ambiente; tanto que, el visado de los planos por parte de las instancias administrativas correspondientes, llámese SINAC, AYA, MIRENEM o los propios gobiernos locales, es un requisito que prevé el ordenamiento nacional para su inscripción finalmente en el catastro. El objetivo de ello es precisamente que la Administración cumpla con el mandato constitucional (artículo 50) de procurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ejerciendo así las potestades de fiscalización para garantizar que la normativa ambiental que aplica a cada caso, según la calificación de las áreas silvestres protegidas dadas en el territorio nacional -a saber- Reservas Forestales, Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554) sea acatada, respetada y aplicada en su correcta interpretación.

VII. Determinado entonces que, el punto a revisar es la aplicación e interpretación dada por la oficina del SINAC al numeral 5 del DE N°25902-MIVAH-MP-MINAE, estima oportuno este Tribunal revisar lo señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la exégesis normativa: "...es la operación intelectual  por la que se busca establecer el sentido de las expresiones utilizadas por la ley, para decidir los supuestos contenidos en ella y, consecuentemente, su aplicabilidad al supuesto de hecho. Existen diversas clases y métodos de interpretación que podrían ser considerados, a saber: según el sujeto que la realiza (interpretación auténtica, judicial o doctrinal), según el método utilizado (gramatical, lógico sistemático, teleológico, histórico) o bien, de acuerdo al resultado obtenido (interpretación declarativa, restrictiva, extensiva, progresiva). Asimismo, debe tenerse en consideración que la interpretación tiene que responder siempre al momento en que se verifica, pues los diversos elementos de la cultura, costumbres y medio social, comprendidos en la ley o supuestos de ella, evolucionan aún cuando la redacción del precepto permanezca igual" (pueden consultarse los votos N°02002-2009 del 11 de febrero de 2009 y 12771-2016 del 07 de setiembre de 2016). La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en relación al eventual problema de aplicación e interpretación de una norma ha señalado: "IV.- Dentro de los diversos supuestos ante los que el juez puede encontrarse al resolver un litigio están aquellos donde existe una norma clara, la cual, simplemente, aplica, pues su lectura no genera duda alguna, antes bien, desprende su verdadero espíritu y propósito, de modo preciso y diáfano. En otras ocasiones se enfrenta a normas que pueden crear alguna duda en atención a su contenido y alcance. Es aquí donde debe acudir a los distintos métodos interpretativos, procurando congeniarlos para lograr desentrañar el sentido de la norma y hasta quizá, si fuere posible, adaptarla a una determinada situación o realidad social. A tal efecto, el artículo 10 del Título Preliminar del Código Civil, es una importante guía, como también, en materia de interpretación de la normativa procesal, el artículo 3 del Código Procesal Civil. Claro está, no es dable, por vía de una interpretación extensiva, modificar la voluntad del legislador, cuando la disposición es clara y contundente en cuanto a su significado y finalidad, pues no es permisible invadir el ámbito de la potestad legislativa que, constitucionalmente, está reservada a la Asamblea Legislativa. Tampoco es posible extralimitar el sentido normativo, modificando su literalidad, espíritu o los lineamientos teleológicos que incorpora, ampliándolo indebidamente, al punto de llegar a cobijar situaciones no contempladas dentro de su radio de acción.” No. 644 de 16 horas 35 minutos del 21 de agosto de 2002. Asimismo, ha expresado: “La interpretación de las normas legales es un procedimiento racional utilizado por el juez para buscar el espíritu de la norma, en aras de amparar una determinada situación jurídica a la normativa y sus distintas fuentes de derecho. Las interpretaciones pueden ser de distinto carácter. Existe la interpretación extensiva, cuando se encuentra en la norma un contenido más amplio que su letra y, por consiguiente, se utiliza para cobijar situaciones que inicialmente parecen no cubiertas por la misma. Está la interpretación restrictiva, correspondiente a aquellos casos en los que, más bien, el juez estima la necesidad de delimitar lo dicho en el texto de la norma, con el fin de ajustarlo a la regulación de determinadas situaciones jurídicas. También se halla la interpretación correctora y consiste en determinar que el espíritu de la norma implica considerar sus alcances de manera distinta a lo expresado en ella. Por último, se encuentra la interpretación integradora, cuya finalidad es suplir las lagunas normativas. Pero, esa potestad de interpretar debe ser entendida para aquellos casos en los cuáles, a partir de la redacción de la norma positiva en contrapeso con la situación jurídica concreta, surja duda respecto a cómo debe ser regulada esta última.” N° 156 de 11 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2004” (Sentencia N° 1556-2010 de las 9 horas 10 minutos del 23 de diciembre de 2010). A partir de lo señalado, el quid del asunto sometido a revisión es la interpretación judicial que debe realizar esta Cámara del artículo 5 del DE N°25902-MIVAH-MP-MINAE, para ello se hará una revisión de los antecedentes de esa norma.

VIII. REVISIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES AL OBJETO DE ESTUDIO. Una adecuada comprensión del punto a dilucidar, remite a una revisión obligatoria del origen y antecedentes normativos del artículo 5 del DE N°25902-MIVAH-MP-SINAC. Para este análisis se hará una revisión del alcance, reformas y vigencia de los Decretos Ejecutivos N°6112-A del 23 de junio de 1976 (y sus reformas), del Reglamento N°3332 del 26 de abril de 1982 promulgado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), del Decreto Ejecutivo 13583-VAH-OFIPLAN del 3 de mayo de 1982, del Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MNAE del 12 de febrero de 1997, del Decreto Ejecutivo N°29393 del 15 de enero de 2001 y del Decreto Ejecutivo N°38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG del 10 de marzo de 2014. Así como de la Ley N°7554 Ley Orgánica del Ambiente del 04 de octubre de 1995 y la Ley Forestal N°4455 de 25 de noviembre de 1969, en lo que resulta atiente al mérito del objeto de estudio. SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°6112-A del 23 de junio de 1976. Este decreto, fue promulgado por el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería el 23 de junio de 1976, con base en los artículos 1°, 2°, inciso b), 27, 83, 86 y 87 de la Ley Forestal, N°4465 del 25 de noviembre de 1969, considerando que:"1°-Que es deber del Estado orientar el aprovechamiento de los recursos forestales en forma técnica que permita su rendimiento continuo y asegurar que los terrenos de vocación forestal permanezcan siempre con su cobertura de bosque. 2°-Que es de vital importancia para la población del Valle Central Intermontano, la preservación de áreas boscosas para mantener un medio ambiente adecuado". Establece las "zonas protectoras" con una extensión de aproximadamente 14.800 hectáreas. El artículo 2 señala:"La Dirección General Forestal dará el asesoramiento necesario en los trabajos de deslinde, vigilancia y estudios tendientes al aprovechamiento de los recursos naturales". El artículo 3 establece que:"Las fincas debidamente inscritas en el Registro Público o amparadas por la posesión decenal dentro de los límites de las zonas protectoras quedan automáticamente sometidas al régimen forestal. Las labores que se fueran a realizar en estas fincas, deben contar con la autorización escrita de la Dirección General Forestal". En el artículo 4 se indica:"Los terrenos o fincas no inscritas en el Registro Público, ni amparadas por la posesión decenal, serán adquiridas por el Estado, previo pago a sus ocupantes de las mejoras correspondientes" y, el numeral 5 define que "la administración de estas zonas protectoras, estará a cargo de la Dirección General Forestal". En 1981 con la promulgación del Decreto Ejecutivo N°12638, se dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo 6112-A de 23 de junio de 1976, únicamente en cuanto a El Rodeo, Dirección8913   y Río Grande 3345 IV, de la Zona Protectora El Rodeo, sin embargo este Decreto -12638-  fue posteriormente derogado por el artículo 4° del decreto ejecutivo N°12608 del 12 de mayo de 1981, mediante el cual se declaró zona protectora "El Rodeo" los terrenos comprendidos según las hojas cartográficas Río Grande N°3345 IV y Abra 3345 I. El artículo 2 del decreto N°12608 dispone: "Los inmuebles -estatales y privados- comprendidos dentro de los linderos señalados por el artículo anterior quedan obligatoriamente sometidos al régimen forestal. En consecuencia, únicamente se podrán realizar en dichas áreas labores que cuenten de previo con la autorización escrita de la Dirección General Forestal". Por nota de Nombre25599, al respecto se indica: "Se advierte que dicha derogación no se ha aplicado a esta zona, debido a que el decreto de derogación de mayo de 1981 no indica expresamente si, como consecuencia, debe volver aquélla al estado anterior a dicha derogación". El Decreto 6112-A, fue igualmente  modificado el 20 de junio de 1983, por el Decreto N°14672 que amplía la Zona Protectora Cerros de Escazú. El 22 de diciembre de 1992, igualmente mediante decreto ejecutivo N°21837 se modifican los límites de la Zona protectora Cerro de la Carpintera, sin embargo éste fue derogado por el artículo 5 del decreto ejecutivo N°23315 del 12 de mayo de 1994. Por último, mediante decreto ejecutivo N°29278 del 15 de enero de 2001 se hace la última modificación al decreto en estudio -el DE N°6112-A- al modificar los límites de la Zona Protectora Cerro la Carpintera. Del recuento realizado, se observa que el DE N°6112-A y el DE N°12608 declaran Zona Protectora El Rodeo a los terrenos comprendidos en las coordenadas señaladas según hojas cartográficas Río Grande y Abra. La Zona Protectora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N°7554, se clasifica como "Área Nombre54259 Protegida", y las administra el Ministerio del Ambiente y Energía. En el artículo 35 de ese cuerpo legal, definen los objetivos de las áreas protegidas:"a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas. d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación. e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad nacional". De igual forma establece el numeral 38 que, la reducción de las mismas solo podrá autorizarse por Ley de la República. A lo señalado, debe agregarse, que de acuerdo con lo indicado en los hechos probados 15 y 16, la Zona Protectora Río Grande, está excluida del límite definido por el INVU como Gran Área Metropolitana y que, la localidad de Santa Margarita del Distrito de Rosario de Naranjo se encuentra dentro de la Zona Protectora de Río Grande. SOBRE EL REGLAMENTO Placa13416 26 DE ABRIL DE 1982. En el año 1982, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, acordó por medio del Reglamento N°3332 crear lo que denominó el Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana y sus Anexos. Este reglamento a su vez, sirve de base para la promulgación del decreto ejecutivo N°13583 del 03 de mayo de 1982, que acoge el Plan Regional de Desarrollo Urbano modificado en parte por el DE N°25902 de 1997. El Gran Área Metropolitana, se ideó como un instrumento legal para regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de población del Valle Central, el Plan Regional de Desarrollo Urbano preparado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), abarcaba 5 planes: 1) Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana y sus anexos, 2) Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana: Regula Áreas Especiales de No construcción del GAM (ANEXO 2); 3) Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana: Reglamento Parcial de Zonificación de 4 Distritos del Cantos Central de San José (ANEXO 3);  4) Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana: Delimitación del área y reglamento de la primera etapa del Plan, ciudades del Valle Central de Costa Rica (ANEXO 1 del Plan) y, 5) el Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana: Ampliación del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (ANEXO 4). Ahora bien, el Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana y sus anexos, corresponde al Reglamento N°3332 del 26 de abril de 1982 promulgado por el INVU que señala: "Se acuerda adoptar y aprobar el Plan Regional de Desarrollo Urbano "Gran Área Metropolitana", que regirá para la circunscripción que el mismo delimita y establece normas para regular el correcto desarrollo urbano en esa área, así como limitaciones para la contención del crecimiento desproporcionado y realización de obras o cambio de uso del suelo en inmuebles fuera de tal delimitación. A la vez el Instituto establece las siguientes regulaciones aplicables de conformidad con el indicado Plan Regional: I. Delimitación del área y reglamento que regula lo correspondiente a la primera etapa del Plan Regional de Desarrollo Urbano (GAM) para el sistema de ciudades del valle central de Costa Rica (Anexo N° 1). (agregado el énfasis). II. Áreas especiales de no construcción (Anexo N° 2). III. Reglamento parcial de Zonificación (4 distritos centrales de San José) (Anexo N° 3). IV. Ampliación del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Rige para el área delimitada y para las afectadas para este plan lo pertinente al Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, publicado en el Alcance N°9 136 del 20-7-73 y sus reformas, con las siguientes modificaciones que se introducen para que rijan en el área a que se refiere este plan: las cuales se promulgan (Anexo N° 4). V. Zonificación Industrial. Rige para el área a que se refiere este plan el Reglamento de Zonificación Industrial que es reglamento publicado en el Alcance N° 4 a "La Gaceta" N° 29 del 11-2-80 y sus reformas y adición a las disposiciones sobre áreas de aislamiento en zonas industriales publicado en "La Gaceta" Nos. 202 del 22-10-80, 131 del 13-7-81 y 74 del 20-4-82".

En el Anexo N°1 de este Reglamento (3332), el Artículo 1 señala: "Establecer un Área de Control Urbanístico sobre la cual se aplicaría las disposiciones del presente acuerdo y que estará compuesta por los distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago que a continuación se indican (...). El artículo 2 -del Anexo N°1 de comentario, disponía: "Establecer en el área anterior una "Zona Especial de Protección de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Planificación Urbana y una "Zona de Crecimiento Urbano", según plano cuyo original puede ser consultado en el INVU, MIDEPLAN y municipalidades correspondientes. El límite indicado en dichos planos será ajustado por la Dirección de Urbanismo conforme con las características de la zona tomando en consideración, cuando menos, los aspectos geofísicos que incluyan entre otros, potencial y vocación del suelo y urbanísticos (accidentes naturales, pendientes, hidrografía, calle, luz, agua, etc.)". El artículo 5 del Reglamento de comentario disponía:"En la Zona Especial de Protección sólo se permitirán las siguientes construcciones: 1) Viviendas para uso de los propietarios y otras necesarias para uso o servicio de las fincas...".

Ahora, el Anexo 2 del Reglamento N°3332, se regularon las:"Áreas Especiales de No Construcción" y "Considerando: I°-Que dentro del área de control urbanístico existen terrenos que no pueden destinarse a construcción. 2°-Que estos terrenos constituyen un porcentaje considerable de esa área. 3°-Que los mismos pueden destinarse a áreas verdes y pulmones para las ciudades. 4°-Que por sus características especiales, dentro del área de estos terrenos se requieren distintas restricciones; 5°-Que para definir dichos terrenos este instituto analizó las servidumbres de agua, alcantarillado y electricidad, potencial recreativo, problemas ecológicos, sitios con restricciones especiales (zonas protectoras, proyectos de riego, limitaciones por cercanías de aeropuertos) y se identificaron igualmente, propiedades estatales con usos comprometidos (...) Acuerda: Zonas especiales para conducción de redes de agua, alcantarillado, electricidad, oleoducto y similares (servidumbres). Estas áreas especiales quedan sujetas a las siguientes regulaciones: (artículos 1, 2, 3 y 4) Zonas especiales de protección, forestal. Artículo 5°-Se amplían las zonas protectoras de La Carpintera, del Tiribi, cerros de Atenas y cerros de Escazú creadas según decreto No 6112-A de 23 de junio de 1976 y se crean además las siguientes: cerro Las Palomas, loma Salitral y loma San Antonio (Tirrases) todas según planos que pueden ser consultados en el INVU y la Municipalidad. Estas zonas se entienden como una ampliación de la zona de protección decretada en la primera etapa del Plan Regional y quedan sometidas a las siguientes regulaciones: 1) No se permitirá ejecutar en ellas nuevas urbanizaciones; y 2) Tampoco se permitirá ejecutar fraccionamientos en parcelas resultantes menores a 5 Ha, salvo que la propiedad sea sometida al régimen forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote será el que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería" (consulta Reglamento N°3332 en www.pgrweb.go.cr). SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°13583-VAH-OFIPLAN. La promulgación de este decreto, el 03 de mayo de 1982, define el "Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana (GAM) por INVU", (toma como base el Reglamento N°3332). El primer artículo del Decreto delimita el área sobre la cual se aplicarían las disposiciones de la norma, establecía que:"estará compuesta por los distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago que se indican, siempre y cuando los Gobiernos Municipales no hayan promulgado sus propios Reglamentos de Planificación y Desarrollo Urbano ...". En el cuadro siguiente se observa el detalle del área:

PROVINCIA

	

CANTÓN

	

DISTRITOS




SAN JOSÉ

	

SAN JOSÉ

	

Nombre8752, MERCED, HOSPITAL, CATEDRAL, ZAPOTE, SAN FCO., DOS RÍOS, URUCA, MATA REDONDA, PAVAS, HATILLO, SAN SEBASTIAN




 

	

ESCAZÚ

	

ESCAZÚ, SAN ANTONIO, SAN RAFAEL




 

	

DESAMPARADOS

	

DESAMPARADOS, SAN MIGUEL, SAN JUAN DE DIOS,SAN RAFAEL, SAN RAFAEL ABAJO, SAN ANTONIO, PATARRÁ, DAMAS




 

	

ASERRÍ

	

ASERRI




 

	

MORA

	

COLÓN, GUADALUPE, SAN FRANCISCO,




 

	

GOICOECHEA

	

CALLE BLANCOS, MATA DE PLÁTANO, IPÍS,




 

	

SANTA ANA

	

SANTA ANA, SALITRAL, POZOS, URUCA, PIEDADES, BRASIL, Nombre9583, Nombre82571 




 

	

Nombre9583

	

Nombre82572 , Nombre82573, Nombre82574




 

	

 

	

DULCE NOMBRE DE Nombre304, Nombre82575




 

	



	

SAN JUAN, Nombre82576 . Nombre82577




 

	



	

 . Nombre82578 , 




 

	

 

	

 , Nombre4620, Nombre64645, SAN RAFAEL,




 

	

CURRIDABAT

	

GRANADILLA, SANCHEZ, TIRRASES




 

	

 

	

 




Nombre15770

	

Nombre15770

	

Nombre15770, Nombre82571 , Nombre82579, SAN ANTONIO, GUÁCIMA, ISIDRO, SABANILLA, SAN RAFAEL, RÍO SEGUNDO, DESAMPARADOS, TURRUCARES, TAMBOR, GARITA,




 

	

Nombre82580

	

, Nombre304, Nombre64645, Nombre82573,




 

	

Nombre82578

	

 , SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS, SABANA REDONDA




CARTAGO

	

CARTAGO

	

ORIENTAL, OCCIDENTE, CARMEN, SAN NICOLAS, AGUA CALIENTE O SAN FRANCISCO, GUADALUPE, TIERRA BLANCA, Nombre82581 , LLANO GRANDE




 

	

PARAÍSO

	

PARAÍSO, SANTIAGO, OROSÍ, CACHÍ




 

	

LA UNIÓN

	

SAN RAFAEL, CONCEPCIÓN, DULCE NOMBRE, SAN RAMÓN, RÍO AZUL,




 

	

ALVARADO

	

PACAYAS, CERVANTES, CAPELLADES,




 

	

OREAMUNO

	

COT, POTRERO CERRADO, CIPRESES, SANTA ROSA,




 

	

EL GUARCO

	

EL TEJAR, Nombre82582 , Nombre82583






	



	

, Nombre64645, SAN FRANCISCO, Nombre82584




 

	



	

 , Nombre82585 , Nombre82586 , Nombre82587 , Nombre82571   




 

	

 

	

 , Nombre82588, Nombre82589 , Nombre82590 , TURES, Nombre82591




 

	

 

	

 , Nombre82578 , Nombre82592 , Nombre304, SANTO DOMINGO, PURABÁ




 

	

SAN RAFAEL

	

SANTIAGO, Nombre82593 , Nombre82573




 

	

SAN ISIDRO

	

Nombre82594 , Nombre82571 , Nombre82573,




 

	

Nombre82572

	

 , RIVERA, Nombre82595




 

	



	

  , BARRANTES, Nombre82585




 

	

 

	

 

 

Las poblaciones señaladas (actualizadas mediante DE N°25902) se definen como Área de Control Urbanístico" y en ellas se establece una "Zona Especial de Protección" (artículo 2 del reglamento 3332 del 26 de abril de 1982 (consulta www.pgrweb.go.cr/normativa/normas). Como puede observarse, en el Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana (GAM) por INVU", no se incluye expresamente el cantón de Naranjo ni distrito alguno del mismo.  SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°25902 DEL 12 DE FEBRERO DE 1997. Modificó la tercera parte del Plan Regional Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, al modificar el "Área de Control Urbanístico", detallado en el cuadro referido supra y, sobre el cual se define Zona Especial de Protección y mantiene las limitaciones del DE N°13583, entre ellas las del artículo 5, objeto de revisión en la presente litis, en los términos ya indicados. El artículo 1 del Decreto señala:"Modificar la tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano, o Instrumentos Legales, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos y que fuera decretado por medio del Decreto Ejecutivo No13583-VAH-OFIPLAN, del tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos, publicado en "La Gaceta" número 95 del dieciocho de mayo de 1982, para que en lo sucesivo se lean así:" ( y refiere a los artículos 1, 2, 3 y 4 del  Placa13417, recordando que el Artículo 1 del DE N°13583, establece un Área de Control Urbanístico" sobre la cual se aplicarán las disposiciones del Decreto, compuesta por los distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago expresamente señalados, siempre y cuando los Gobiernos Municipales no hayan promulgado sus propios Reglamentos de Planificación y Desarrollo Urbano. Ahora, el artículo 2 del DE N°25903, señala:"Se decreta reformar los artículos 1,2,3,4, 5, 6 y 7 que, regulan las "Arcas (sic) Especiales de no construcción", del Plan Regional de Desarrollo Urbano, o Instrumentos Legales, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos y que fuera decretado por medio del Decreto Ejecutivo N°13583 VAH-OFIPLAN, del tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos, publicado en "La Gaceta" número 95 del dieciocho de mayo de 1982, para que en lo" sucesivo se lean así: ÁREAS ESPECIALES DE NO CONSTRUCCIÓN Estas áreas especiales quedan sujetos a las siguientes regulaciones:"ZONAS ESPECIALES PARA CONDUCCIÓN DE REDES DE AGUA, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD, OLEODUCTOS Y SIMILARES (SERVIDUMBRES)" Artículo 1 (...)"ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN FORESTAL" Artículo 5°-Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran creadas mediante los Decretos número 6112-A de fecha de 23 de junio de 1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH-OFIPLAN, del 03 de mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós, de junio de mil novecientos ochenta y dos; o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de "carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral. Todas estas zonas quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: 5.1 No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones y, 5.2 Tampoco se permitirán ejecutar fraccionamientos en parcelas resultantes menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al régimen forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote será el que establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería" (consulta en www.pgr.web.go.cr/normativa). Que es la norma cuya interpretación y ámbito de aplicación constituye el objeto de este proceso. SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO 29393-MINAE. Promulgado el 15 de enero de 2001, establece para los efectos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente el Plan de Ordenamiento Ambiental, que es una guía para el uso permitido por parte de los propietarios de los inmuebles incluidos en los límites de las Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Refugios de Vida Nombre54259, al considerar que las declaratoria de esas tres categorías no ha tenido un sustento económico necesario para pagar a sus propietarios esas fincas y, evitar la limitación en el uso de esos inmueble.  La Zona Protectora Río Grande, está expresamente delimitada y regulada en ese decreto, entre otras zonas protectoras y refugios de vida Nombre54259  y otras áreas de conservación. SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°38334 DEL 10 DE MARZO DE 2014. Aprueba la "Actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana", cuyo objeto es tutelar e instruir la actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana, conocido como Plan GAM, vigente desde 1982, ajustándose a la jurisprudencia constitucional y a los cambios que han experimentado la legislación urbanística y ambiental en los últimos años, estableciendo las disposiciones de interés regional que guiarán la elaboración de los Planes Reguladores, y la coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales dentro del espacio comprendido por la Gran Área Metropolitana, que hace parte de la Región Central, según Decreto Ejecutivo N°944-PLAN-MP y sus reformas. El artículo 2 define el ámbito de aplicación: "El Plan GAM es de acatamiento obligatorio en la Gran Área Metropolitana, que incluye total o parcialmente los cantones de: San José, Escazú, Desamparados, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Aserrí, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Atenas, Poás, Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo...". Como se Nombre82565 supra, el cantón de Naranjo ni sus distritos, están incluidos en el Plan GAM.

IX. FONDO DEL ASUNTO. ALCANCE DE LA NORMATIVA SEÑALADA AL INMUEBLE 2-00493886-000. LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 del 19 de setiembre de 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019 Y R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre de 2019. El fundamento que dio el  SINAC, para el rechazó del visado de los 27 planos solicitado por la parte actora -de acuerdo con las boletas de inspección de campo PNE-V-3 es que el inmueble que se pretende segregar, está:"Nombre32632.- Afectado por: DECRETO N°25902-MIVAH-MP-MINAE SÍ". Indicando en el acápite de OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:"Nombre82570 plano que se pretende visar, "se ubica geográficamente dentro del Área Nombre54259 Protegida, de nominada Zona Protectora Río Grande, la cual fue creada mediante decreto ejecutivo N°6112-A, de fecha del veintitrés de junio de mil novecientos setenta y seis, y que esta (sic) área Nombre54259 Protegida, está afectada por el decreto ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, de la Gran Área Metropolitana y sus modificaciones (...) en el que se establece en su artículo 5.- que en las Zonas Especiales de Protección Forestal, descritas en el presente decreto queda condicionada a las siguientes regulaciones: 5. No se permiten en ellas nuevas urbanizaciones, y 5.2 No se permiten fraccionamientos en parcelas menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al Régimen Forestal....". Por lo que recomienda "...No continuar con el trámite de visado de plano ya que el mismo se encuentra afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE" (imágenes 71-72 del expediente judicial). Con fundamento en la visita de inspección y la fundamentación dicha, la Oficina de Grecia del SINAC, dictó la RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE VISADOS DE PLANO N°SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 fundamentando el rechazo en: "NOVENO: Que los planos asociados a los documentos (...), que se pretenden visar, se ubican geográficamente dentro del Área Nombre54259 Protegida, denominada Zona Protectora Río Grande, la cual fue creada mediante Decreto Ejecutivo N°6112-A, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y seis, y que ésta (sic) Área Nombre54259 Protegida, está afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, de la Gran Área Metropolitana y sus modificaciones..." (...) DÉCIMO PRIMERO: Que desde el momento que esta oficina tiene conocimiento de que los planos a visar se encuentran afectados por el Decreto Ejecutivo N°25902-VAH-MP-MINAE, al no cumplir con el área mínima a fraccionar según el artículo 5 de dicho Decreto, esta Oficina Subregional, con sede en Grecia no puede dar el visto buen para continuar con dicho visado..." (agregado el énfasis). Mediante resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019, que rechazó el recurso de revocatoria, agregó a la fundamentación dada:"QUINTO: En el punto quinto como bien lo indica la recurrida al mencionar que, en el caso del Cantón de Naranjo, el distrito Rosario, quedó fuera del control urbanístico o sea la expansión habitacional ya que el mismo no es mencionado en el Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE, posiblemente tenga razón sin embargo no es competencia de esta oficina dilucidar este tema. Lo que se es claro para esta instancia es que la razón por la cual se creó la Zona Protectora Río Grande fue en pro de la conservación y protección de la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico y los servicios de los ecosistemas en general para el beneficio común de las personas. Es por esto que en el ámbito ambiental el Distrito Rosario, propiamente dentro del área geográfica que es parte de la Zona Protectora Río Grande la cual fue creada por el Decreto Ejecutivo 6112-A y ratificada por el Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE, tiene limitaciones de uso y como ente rector en materia de ambiente se debe de acoger el criterio preventivo, según lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad N°7788, donde se reconoce que es de vial importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de pérdida de la biodiversidad o sus amenazas y al criterio precautorio  o In dubio Pro natura: cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con esto...". Y, la resolución R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre de 2019, que resuelve la apelación, agregó en su fundamentación que "es vital que en ningún momento se pueden excluir las restricciones ambientales establecidas para el territorio que se encuentra dentro de esta zona protegida y se debe dar un trato integral como una (sic) área Nombre54259 protegida para proteger el ambiente y no con fines urbanísticos" (imagen 277 del expediente judicial). Los actos cuya nulidad se pide declarar en este proceso, se sustentan en el numeral 5 del DE N°25903, porque la autoridad administrativa interpreta que, las disposiciones y limitaciones que establece, alcanza el territorio donde se localiza el inmueble que se pretende segregar. La parte actora, no está conforme con la fundamentación en que se basó el rechazo y denegatoria del visado de planos. Debe revisar este Colegio de jueces, la conducta formal dictada por el SINAC encontrando que, el tema medular es la exégesis que se da al numeral 5 aludido, pues la norma es interpretada de una forma por la Administración y de otra distinta por la sociedad accionante. A la luz de lo señalado en los artículos del 9 al 14 del Código Civil al interpretar una norma, se deben considerar los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social a la que se aplican así como el espíritu y el fin que persiguen, para el caso bajo estudio además lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone que la norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público y respetando los derechos e intereses del administrado al que va dirigida, así como los principios ambientales consagrados en la Ley Orgánica del Ambiente y en la Ley Forestal y desarrollados en diversa normativa y la jurisprudencia nacional. En ese proceso de interpretación judicial, puede acudirse a distintos métodos de interpretación, integración y delimitación del ordenamiento jurídico. Esta Cámara opta por recurrir al método histórico y sistemático del artículo a revisar, intentando así definir la interpretación acorde con el ordenamiento jurídico, sin dejar de lado la interpretación teleológica, buscando evidenciar en el ejercicio que se propone, el fin y espíritu de ese artículo. Es por ello que, se dio en el Considerando VIII, un recuento del origen y antecedentes del artículo 5, que permitió evidenciar en este proceso de interpretación de la norma que, el objetivo del DE N°25903 es modificar la tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano que a su vez, establece un "Área de Control Urbanístico" y que en esa delimitación territorial, el cantón de Naranjo, donde se ubica territorialmente el inmueble que se pretende segregar no está incluido y que, no se ha agregado en las distintas modificaciones y aplicaciones de los territorios que comprenden el Gran Área Metropolitana, sobre los cuales se aplicarán las disposiciones del Decreto. El método lógico sistemático, permite determinar la aplicación y subsunción de la norma al hecho concreto (subsunción, de acuerdo con el diccionario usual del  Poder Judicial es el enlace lógico entre hecho acaecido y la previsión hipotética que hizo la norma, consulta en www.poder-judicial.go.cr/diccionario usual). Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la previsión hipotética base del DE N°25902 y del numeral 5 del mismo, cuya interpretación judicial se pretende? Para atender esta interrogante, debe tenerse claro el antecedente que da sustento a la norma, en los términos desarrollados previo y a partir de los cuales, estima esta Cámara, la interpretación del artículo 5 del decreto debe ser conforme con la integralidad del Decreto -y no en su literalidad o aislado del fin que regula-, y en estrecha relación con los otros decretos estudiados y la Ley Forestal y la Ley Orgánica del Ambiente. Como se indicó, el objetivo del Decreto, es delimitar el Gran Área Metropolitana (provincias, cantones y distritos) y no contempla el cantón de Naranjo o alguno de sus distritos, por lo que, estima esta Cámara ese cantón está excluido del área de control urbanístico que prevé la norma de comentario. Entendiendo con lo señalado que, el SINAC realizó una interpretación extensiva del decreto ejecutivo aludido y en especial del numeral 5 cuando en la "Resolución Denegatoria de Visados de Plano N°SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019, establece como fundamento para el rechazo de los planos que: "NOVENO: Que los planos asociados a los documentos (...), que se pretenden visar, se ubican geográficamente dentro del Área Nombre54259 Protegida, denominada Zona Protectora Río Grande, la cual fue creada mediante Decreto Ejecutivo N°6112-A, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y seis, y que ésta (sic) Área Nombre54259 Protegida, está afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, de la Gran Área Metropolitana y sus modificaciones publicado en la Gaceta N°66, del 07 de abril, en el que se establece en su artículo 5, que en las Zonas Especiales de Protección Forestal...".

X. CONTINUACIÓN. PRECISIÓN NECESARIA. Estima necesario este Colegio aclarar que, en este análisis sistémico, no puede obviarse que el inmueble que se pretende segregar, por su ubicación (cantón de Naranjo) está ubicado en una "zona protectora", DE N°6112-A del 23 de junio de 1976, instrumento calificado como una área Nombre54259 protegida por la Ley N°7554 y, en ese sentido sí es apegado a derecho la afirmación que hace el SINAC y el rechazo fundamentado en que, el territorio que describen los planos cuyo visado se rechazó, están inmersos dentro de una zona protegida ambientalmente, que se denomina Zona Protectora Río Grande, y como tal, está sometida al régimen jurídico y regulaciones ambientales que se definen para esa categoría de protección específica y, que la Administración debe velar por su aplicación y exacto cumplimiento. El yerro está  -en criterio de este Colegio- en afirmar que esa área a su vez está afectada por el Decreto Ejecutivo N°25902-MIVAH-MP-MINAE, esa es la interpretación extensiva que no comparte el Tribunal, por cuanto el fin contenido en el Reglamento N°3332 del INVU y del DE N°13583 es regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de población del Valle Central del país, designado como Gran Área Metropolitana y, la primera acción que se da en esas normas, es la definición en una lista taxativa de los territorios que comprende la misma. Si la norma no incluyó el cantón de Naranjo y ninguno de sus distritos, no puede entenderse que el DE N°25902 abarca o cubre dentro de su ámbito de aplicación territorios que están protegidos por un instrumento distinto, a saber la "Zona protectora de Río Grande". Al realizar esta aplicación extensiva, estima este Colegio se incurre en un vicio en el motivo de las resoluciones dictadas. Debe recordarse que la existencia y validez de todo acto administrativo se encuentra sujeta a la presencia de los elementos esenciales, establecidos expresamente por el ordenamiento jurídico, a saber: materiales, referente a los elementos subjetivos (competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, contenido y motivo -artículos 131, 132 y 133 de la LGAP-) y formales, comprensivos de la forma en que se adopta el acto, sea, el medio de expresión o manifestación (instrumentación), la motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada Ley General) y el procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la LGAP, y 39 y 41 de la Constitución). Corolario de lo expuesto, estima esta Cámara, los actos administrativos cuya nulidad de pide, ciertamente presentan un vicio en el elemento motivo, que es la razón por la cual la Administración emite el acto, el conjunto de antecedentes fácticos y jurídicos, sobre los cuales se sostiene la decisión tomada, estableciendo el artículo 133 de la  LGAP que debe existir y ser legítimo. Por su parte la motivación -si bien ligada con el motivo- se puede definir como la declaración o manera cómo se explican las circunstancias de hecho y derecho que llevo a la Administración a la adopción de ese acto, al sustentar el SINAC la denegatoria del visado de planos en una interpretación extensiva del artículo 5 del DE N°25902, el antecedente jurídico y la exteriorización de la circunstancia de hecho y derecho del acto dictado, presenta un error que vicia el acto desde su formación. En la especie, el vicio no es la ausencia del motivo, sino que, el antecedente fáctico y jurídico que dio sustento al rechazo de los planos, es erróneo al hacer una interpretación extensiva del artículo 5 del DE N°25903, en los términos expuestos y, dada la estrecha vinculación entre motivo y motivación, ésta también presenta el vicio señalado, porque se sustenta en una condición errónea, al aplicar extensivamente -se insiste- una norma que no correspondía. Consecuentemente,  al presentar un vicio en el motivo y motivación las 27 boletas de inspección de campo PNE-V-3 identificadas con los números de oficios de inspección OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019; la resolución SINAC- ACC-RES-D-V-OG-014-2019 del 19 de setiembre de 2019, que denegó el visado de los planos; la resolución SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019 del SINAC que rechazó el recurso de revocatoria y la resolución SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre del 2019, que rechazó el recurso de apelación, debe acogerse le pretensión de nulidad de esos actos administrativos, como en efecto se dispone. Ahora bien, es necesario aclarar que, la declaratoria de nulidad que se acoge como extremos petitorios de la demanda 1, 2, 3 y 4, no conlleva ni significa que esta Cámara esté concediendo el extremo petitorio 5:"Que se ordene al SINAC otorgar el visado de los 27 planos solicitados por Nombre82562 relacionados con las minutas de rechazo de presentación 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C". En primero orden de razones, lo peticionado excede la competencia material de esta Jurisdicción, dada constitucionalmente en el numeral 49; acceder a lo que se pretende sería sustituir a la Administración activa en el ejercicio de sus facultades y potestades. Por otra parte, como se indicó, al determinar un vicio en el motivo y fundamentación y ordenar la nulidad de los actos administrativos, la consecuencia jurídica de lo resuelto hace inexistente el pronunciamiento por el fondo de la administración -SINAC- que deberá emitir una nueva decisión administrativa en relación a la gestión presentada por la sociedad actora. Tome nota la administración recurrida que, el inmueble que se pretende segregar, está ubicado dentro de los límites de una zona protectora, conforme se Nombre82565 en los Hechos Probados números 3, 13,  15 y 16 de esta resolución y, en esa particularidad está sometida a las regulaciones y limitaciones que prevé el decreto ejecutivo N°6112-A. Consecuentemente, al materializarse su aplicación a un caso concreto, deben privar los principios rectores ambientales, como el in dubio pro natura y el principio precautorio en armonía con lo señalado en el decreto aludido; tal y como lo reconoce la parte actora: "Nombre82562 no solicita la desaplicación de las normas ambientales aplicables a las propiedades tales como la Ley Orgánica del Ambiente o la Ley Forestal, ..." (imagen 15 expediente judicial).

XI. Corolario de lo expuesto, la demanda debe ser declarada parcialmente con lugar. En consecuencia se declara la nulidad absoluta -por vicio en el motivo y motivación- de las 27 boletas de inspección de campo PNE-V-3 identificadas con los números de oficios de inspección OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019, emitidas para cada una de las solicitudes de visado de plano, así como la  nulidad absoluta de las resoluciones SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 del 19 de setiembre de 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019 y SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre del 2019 del SINAC. Por improcedente se rechaza el extremo petitorio número cinco de la demanda. Se ordena al SINAC, atender y resolver la solicitud de visado de planos presentados por la parte actora, gestión que como Administración activa le corresponde en el ámbito de su competencia originaria; pronunciamiento que como se indicó, debe observar y respetar las regulaciones y limitaciones que alcanzan al inmueble que se pretende segregar, al estar ubicada dentro de los límites de una zona protectora según prevé el decreto ejecutivo N°6112-A y la normativa que corresponda; consecuentemente la nueva declaración formal de la Administración, no debe considerar la fundamentación dada en los actos administrativos cuya nulidad se declara con esta resolución, basados en el DE N°25902.
XII. SOBRE LAS EXCEPCIONES. La representación del Estado y el SINAC, opusieron la excepción de falta de derecho, la que debe acogerse parcialmente por las razones expuestas.

XIII. SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el pronunciamiento sobre las costas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su reconocimiento. La condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo. Es decir, por perder el litigio. Los extremos petitorios 1,2, 3 y 4 de la demanda deben acogerse por las razones expuestas. La única pretensión que no procede es la de otorgar el visado de los planos, porque exceder lo pedido la competencia de la jurisdicción contenciosa, que debe revisar la legalidad de la conducta de la Administración, pero no puede sustituir la actuación de la misma. En ese sentido, se considera que las partes demandadas resultaron vencidas y por ello, procede condenarlas al pago de ambas costas de esta acción, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado. Las costas generarán intereses una vez que sea determinado y exigible su monto.

 

 

POR TANTO

Se acoge parcialmente la falta de derecho, únicamente respecto de la pretensión número cinco de la demanda. Se acogen los extremos petitorios 1, 2, 3, 4 y 6 de la demanda incoada por Rosario Development Corporation, S.A. En consecuencia se declara la nulidad absoluta de las 27 boletas de inspección de campo PNE-V-3 identificadas con los números de oficios de inspección OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019, se declara la nulidad absoluta de las resoluciones SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 del 19 de setiembre de 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 del 30 de setiembre de 2019 del SINAC y R-SINAC-CONAC-043-2019 del 2 de diciembre del 2019. Tome nota la Administración -SINAC- de lo ordenado en el Considerando XI. Se condena a las partes codemandadas al pago de ambas costas de esta acción, así como los eventuales intereses que pudieren generarse sobre las mismas una vez que sea determinado y exigible su monto. Ronaldo Hernández Hernández. Nombre13370  . Lourdes Vargas Castillo. Notifíquese.

 

 




- Código Verificador -
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LRULTBG43LAY61



 

Documento firmado por:

Nombre13370  , JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-004240-1027-CA

Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0107 (EXT 01-2707) ó 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

 

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:51:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo Sección II

Resolution No. 00013 - 2022

Date of Resolution: February 25, 2022 at 09:00

Expediente: 20-004240-1027-CA

Drafted by: Lourdes Vargas Castillo

Type of matter: Administrative contentious proceeding declared purely a matter of law

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Urban Law

Topic: Urban planning

Subtopics:

Considerations on the total impact of urban development on the environment and plan endorsement (visado de planos) as a requirement for their registration in the cadastre.

"VI. OBJECT OF THE PROCEEDING. As indicated by the plaintiff as claims in this proceeding and, having reviewed the grounds on which it bases the nullity defects of the inspection visits, the administrative resolution rejecting the endorsement of the 27 plans, and the subsequent administrative resolutions issued on the occasion of hearing and rejecting the motions for reconsideration (recursos de revocatoria) and appeal (apelación) '...in the present case, environmental protection rules applicable to properties located in protection zones are not being discussed, but rather the rejection of the endorsement of the 27 plans requested by RDC, which is an urban planning matter, and therefore, the core issue in the present proceeding consists of the interpretation of the territorial scope of application of the urban planning decrees in question and not environmental matters, since properties within protection zones that are granted plan endorsements must respect environmental restrictions and regulations, but it is not in accordance with the legal system to deny plan endorsements based on urban planning rules inapplicable to the property and that do not affect the environmental protection afforded by the rules specific to this matter' (see image 15 of the judicial file, complaint brief and conclusions images 339 and 364). This Chamber, in light of the plaintiff's consideration, must state that it partially shares what was indicated, as it considers that the point to be elucidated is whether the exegesis given by the SINAC office in Grecia to Article 5 of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE is in accordance with law, and to review whether the regulatory basis given in the field inspections and in the administrative acts issued contains an error in the grounds (motivo) that affects the reasoning (motivación) of the resolutions and, thus, determine the underlying unlawfulness in the formal actions challenged. However, it is equally necessary to point out that, although this is a matter that can be classified as eminently urban planning (plan endorsement), as will be seen, the cited rules and laws do not allow one aspect to be separated from the other, this Chamber recalling that urban development has a total impact on the environment; so much so that the endorsement of plans by the corresponding administrative bodies, be it SINAC, AYA, MIRENEM, or the local governments themselves, is a requirement provided for in the national legal system for their final registration in the cadastre. The objective of this is precisely for the Administration to comply with the constitutional mandate (Article 50) of ensuring a healthy and ecologically balanced environment, thus exercising its oversight powers to guarantee that the environmental regulations applicable to each case, according to the classification of the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) given in the national territory—namely, Forest Reserves, Protective Zones, National Parks, Biological Reserves, National Wildlife Refuges, Wetlands, and Natural Monuments (Article 32 of the Organic Environmental Law No. 7554)—are complied with, respected, and applied in their correct interpretation [...]

X. CONTINUATION. NECESSARY CLARIFICATION. This Court considers it necessary to clarify that, in this systemic analysis, it cannot be overlooked that the property intended to be segregated, due to its location (canton of Naranjo), is located in a "protective zone" (zona protectora), Executive Decree No. 6112-A of June 23, 1976, an instrument classified as a protected wilderness area (área silvestre protegida) by Law No. 7554 and, in that sense, the assertion made by SINAC is in accordance with law, as is the rejection based on the fact that the territory described in the plans whose endorsement was rejected is immersed within an environmentally protected area, called the Río Grande Protective Zone (Zona Protectora Río Grande), and as such, is subject to the legal regime and environmental regulations defined for that specific protection category, and that the Administration must ensure their application and exact compliance. The error lies—in the opinion of this Court—in affirming that this area is, in turn, affected by Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE; that is the extensive interpretation that the Tribunal does not share, because the purpose contained in INVU Regulation No. 3332 and Executive Decree No. 13583 is to regulate the urban development of the system of cities and population centers of the country's Central Valley, designated as the Great Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana), and the first action taken in those rules is the definition, in an exhaustive list, of the territories included within it. If the rule did not include the canton of Naranjo or any of its districts, it cannot be understood that Executive Decree No. 25902 encompasses or covers within its scope of application territories that are protected by a different instrument, namely the "Río Grande Protective Zone." In carrying out this extensive application, this Court considers that a defect in the grounds (motivo) of the resolutions issued was incurred [...]

Let the respondent administration take note that the property intended to be segregated is located within the boundaries of a protective zone (zona protectora), as indicated in Proven Facts numbers 3, 13, 15, and 16 of this resolution, and in that particularity, it is subject to the regulations and limitations provided for in Executive Decree No. 6112-A. Consequently, when its application to a specific case materializes, the guiding environmental principles must prevail, such as in dubio pro natura and the precautionary principle (principio precautorio) in harmony with what is stated in the aforementioned decree; as recognized by the plaintiff: "RDC does not request the non-application of environmental rules applicable to properties such as the Organic Environmental Law or the Forestry Law (Ley Forestal), ..." (image 15 judicial file). [...]".

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution

Documento PJEDITOR

 

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Tribunal Contencioso Administrativo,

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

Central 2545-0107 or 2545-0099. Fax 2241-5664 and 2545-0006.

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EXPEDIENTE: 20-004240-1027-CA

PROCEEDING PURELY A MATTER OF LAW

PLAINTIFF: ROSARIO DEVELOPMENT CORPORATION, S.A.

DEFENDANT: EL ESTADO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

 

 

Res. No. 13-2022-II

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND SECTION. SECOND CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, at nine o'clock on February twenty-fifth, two thousand twenty-two.

 

Ordinary proceeding declared purely a matter of law, filed by Rosario Development Corporation S.A., (hereinafter plaintiff or RDC) legal entity ID number CED3683, against: el Estado and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC). The attorneys, Name21135 and Alonso Liao Molina, special judicial representative of the plaintiff company, are participating. Representing the interests of el Estado, the Procurador Mauricio Castro Lizano. Representing the interests of SINAC are Licenciados Ariana Sánchez Gutiérrez and Christian Hugo Barrero Godínez (images 30 to 36, 295, 298, 356 to 358, 415 of the judicial file and audio recording of the preliminary hearing). The legal prescriptions in the substantiation of the proceeding have been observed, and no defects or omissions capable of producing the nullity of what has been acted upon and resolved are observed. Next, the Collegiate Court to which it corresponded by turn to hear this matter, proceeds to issue the judgment with the unanimous vote of its members.

 

Drafted by Judge Vargas Castillo.

 

CONSIDERANDO

I. PROCEDURAL BACKGROUND. 1. The plaintiff filed the complaint on September 18, 2020, so that the judgment declares: (claim clarified by prevention made by the Judge of the proceeding stage in a resolution at nineteen forty-six hours on September twenty-first, two thousand twenty, and defined in the preliminary hearing) "1. The absolute nullity and illegality of the 27 field inspection sheets PNE-V-3 identified with inspection document numbers OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019, issued for each of the plan endorsement requests. 2. The absolute nullity and illegality of resolution SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019. 3. The absolute nullity and illegality of resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, from SINAC. 4. The absolute nullity and illegality of resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, from SINAC. 5. That SINAC be ordered to grant the endorsement of the 27 plans requested by Name82562 related to the presentation rejection minutes 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C. 6. That the respondent parties be ordered to pay both personal and procedural costs" (images 26, 286, 287 and audio recording from minute 00:09:05).

2. By order at fourteen fifteen hours on October fifth, two thousand twenty, the present action was admitted. El Estado answered the complaint negatively, raised the defense of lack of right (falta de derecho), requested that the complaint be dismissed in all its aspects, and that payment of both costs and their respective interest be imposed until their effective payment. SINAC requested that the present proceeding be dismissed, that the defense of LACK OF RIGHT (FALTA DE DERECHO) be accepted, and that the plaintiff be ordered to pay both procedural costs and, should the complaint be granted, it requested that the proceeding be resolved without special condemnation in costs, since the Sistema Nacional de Áreas de Conservación acted with evident good faith (images 300 to 308 and 309 to 315 of the judicial file).

3. A single preliminary hearing was held (virtual modality, as recorded in images 316, 318, 322, 323-324, 353, and 356 to 358 of the judicial file) on March 17, 2021, with the presence of all intervening parties. There were no housekeeping matters to review. The claim was defined in the terms indicated (visible in image 286 of the judicial file), with the respondent parties stating they understood what was claimed. No preliminary defenses were raised. Facts 1, 2, 5, 7, 8, 10, and 12 were defined as disputed. Only documentary evidence was admitted: from the plaintiff company, that indicated in image 27 of the judicial file, and from el Estado and SINAC, the administrative file composed of two Volumes, in digital format, the plan endorsement denial file, and document SINAC-ACC-OG-945-2020; consequently, the proceeding was declared purely a matter of law. A period of three days was granted to the parties to present written conclusions (audio recording of the preliminary hearing and images 356 to 358, 359 to 368, 369 to 372, 373 to 377).

4. Once the present matter was remitted to the Second Section for issuance of the resolution of the proceeding, the plaintiff presented, in briefs visible in images 379 and 394 of the judicial file, the following documents: "a. Document SM-CONCEJO-109-2021 of February 11, 2021, from the Acting Secretary of the Municipal Council of Naranjo transcribing Municipal Council Agreement SO-06-91-2021 issued in ordinary session No. 6 of February 8, 2021. b. Document SM-CONCEJO-153-2021 of March 2, 2021, from the Acting Secretary of the Municipal Council of Naranjo transcribing Municipal Council Agreement SO-08-112-2021 issued in ordinary session No. 8 of February 22, 2021. c. Document MN-ALC-1312-2021 of April 13, 2021, from Mr. Name82563 (sic) Name82564, Mayor of Naranjo"; as well as legal opinion SINAC-AJ-CJ-023-2021 of July 27, 2021, from the Legal Advisory Office of the Executive Secretariat of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Documents that it requests be admitted as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver). By resolutions at nine hours seven minutes on October twenty-first and at nine hours fifty-seven minutes on November eighth, both of two thousand twenty-one, the respondent parties were granted a hearing to pronounce on this matter (images 379 to 405, 408, 417, 422 to 425, 426 to 430 of the judicial file).

5. By resolution at eight hours fifty-three minutes on February eleventh, two thousand twenty-two, this is considered a complex matter, and therefore, in accordance with Article 111 of the CPCA, the judgment will be issued within a period of fifteen business days that begins with the notification of this order (image 431 judicial file).

II. PLAINTIFF'S ARGUMENTS: In what is relevant to the object of this proceeding, Name635 is dedicated to the development of urban projects and, in that context, SINAC granted, on June 15, 2015, endorsement to plans A-1848982-2016, A-1840827-2015, A-1840914-2015, A-1840826-2015, A-184916-2016, A-1840915-2015, A-1848979-2015, A-1840828-2015, and A-21840825-2015, in which Name82565 indicates that the limitations of Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 must be respected and that the endorsement is authorized for cadastral purposes and plan registration. Farm No. 00493886-000 originates from a prior consolidation (reunión) of 27 properties (with the endorsement of plans A-15095-2011 and A-1636721-2013 before SINAC and approved by that body), is located in the district of Rosario, canton of Naranjo, Name15770, and is owned by the plaintiff company. On August 16, 2019, Name82562 submitted to SINAC a request for endorsement of 27 new plans for farm 2-00493886-000: 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C. Issuing, for each of the plan requests, the field inspection sheets PNE-V-3, in which it was recorded that all the indicated plans correspond to the physical reality in terms of geographic location, accesses, easements (servidumbres), protection areas for rivers and springs (nacientes), adjoining properties, existence of boundaries, slopes, and nature of the terrain. SINAC, by resolution SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, notified that same day, denied the endorsement of the 27 plans stating: "That the plan associated with documents 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C, which one seeks to endorse, are geographically located within the protected wilderness area (Área Silvestre Protegida) called the Río Grande Protective Zone (Zona Protectora Río Grande), which was created by Executive Decree No. 6112-A— (...) and that this protected wilderness area (Área Silvestre Protegida) is affected by Executive Decree No. 259002-MIVAH-MP-MINAE of the Great Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana), and its modifications published in Gazette No. 66, of April 7, 1997, in which it is established in its Article 5 that the Special Forest Protection Zones, described in this Decree, are conditioned to the following regulations: 5.1. New urbanizations are not permitted in them, and 5.2 Subdivisions (fraccionamientos) in parcels smaller than five hectares are not permitted, unless the property is submitted to the Forestry Regime (Régimen Forestal), in which case the minimum lot size will be that established by the Ministry of Agriculture and Livestock". For document 2019-54752-C, the same restrictions were established, but with the indication that this plan: "is geographically located 26% within the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida)". It asserted that the resolution denying the endorsement was based on the inspection reports that resolved: "Not to continue with the plan endorsement process since it is affected by Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. Name82562 filed a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) on September 25, 2019. The Subregional Office of Grecia of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC, by resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, rejected the motion [it cited the Third, Fourth, Fifth, and Sixth recitals (considerandos)]. Likewise, it filed an appeal (apelación), which was rejected by resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019 [it cited the Fifth, Sixth, and Seventh recitals (considerandos)]. I. LEGAL REASONS AND GROUNDS. A. ADMINISTRATIVE ACTS ISSUED BY SINAC. It indicated that on August 16, 2019, Name82562 requested the Department of Topographic Plan Endorsement of MINAE the endorsement of the plans submitted to the Diario of the National Registry [it indicated the numbers]. SINAC issued the Technical Reports for the 27 requests and the Plan Endorsement Denial Resolution, which was based on the fact that the properties are located within the Río Grande Protective Zone (Zona Protectora de Río Grande) created by Decree 6112-A, which is affected by Decree 25902, which establishes in Article 5.1 [it cited]. The endorsement of the plans was rejected because they do not comply with the minimum area to subdivide in accordance with the cited numeral 5. Name82562 challenged the decision, and the motions for reconsideration (revocatoria) and appeal (apelación) were rejected. B. ILLEGALITY OF THE SINAC RESOLUTIONS AND TECHNICAL REPORTS. I. Violation of the Principle of Legality and Territorial Scope of Application, Inapplicability of Decree 25902 to the property of Name82562. It pointed out that the 27 field inspection sheets PNE-V-3 issued for each of the plan endorsement requests and the denial, reconsideration (revocatoria), and appeal (apelación) resolutions base the rejection on the fact that the properties are located within the Río Grande Protection Area (Área de Protección de Río Grande), created by Decree 6112-A, a protection area affected by Decree 25902, which according to numeral 5 does not permit segregations of less than 5 hectares. It indicated that resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, refers to the scope of application and points out that although it is true that Decree 25902 does not make an express mention of the Río Grande Protection Zone (Zona de Protección Río Grande) in the list included in numeral 5, it does include it at the beginning of the drafting of the article, by indicating that the protective zones created by Decrees 6112-A and 13583 are maintained and that, therefore, they do not make an extensive interpretation, since the Río Grande Protection Zone must be seen as a biological unit and, for this reason, it has environmental limitations that must adhere to the precautionary criterion or in dubio pro natura in the face of serious dangers or threats to biodiversity, so the environmental protections for the Río Grande Protection Zone (Zona de Protección de Río Grande) are not excluded. Resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, which rejected the appeal (recurso de apelación), Name635 that environmental restrictions for a territory located within a protected zone cannot be excluded and it must be given comprehensive treatment as a protected wilderness area (área silvestre protegida) to protect the environment and not for urban planning purposes. Name82565 the plaintiff that Decree 25902 modifies Decree 13583, the Regional Urban Development Plan for the Great Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana), which also modified Article 1 of Decree 13853 [it cited]. It asserted that the article establishes the territorial scope of application of Decrees 13583 and 25902, so they are only applicable to the provinces and districts that are expressly indicated; and Article 1 of the Annex of Decree 13583 and Article 1 of Decree 25902 do not include any district of the canton of Naranjo, so their provisions are not applicable to properties located within these zones. The property for which Name82562 requested the plan endorsement is located in the Rosario district of the canton of Naranjo, so the regulatory provisions of Decrees 13583 and 25902 are not applicable to it. Resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015 stated: "...In the fifth point, as the appellant rightly indicates, by mentioning that in the case of the Canton of Naranjo, the Rosario district was left out of urban control, that is, housing expansion, since it is not mentioned in Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE—she may be right; however, it is not the competence of this office to elucidate this matter." As can be seen—it pointed out—SINAC in the cited resolution recognizes that the Rosario district of the canton of Naranjo is not mentioned by Decree 25902, so it was left out of urban control, that there is a possibility that Name82562 is right regarding the inapplicability of this decree to the property for which the endorsement of the 27 plans was requested, but it does not analyze or declare that right of Name82562. For the above reasons, it considers that Decrees 13583 and 25902 are not applicable to the property owned by Name82562 because it is located in a district over which they have no territorial competence for their application. By basing the rejection of the 27 plans in the field inspection sheets PNE-V-3 and the resolutions challenged—SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014 of September 19, 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, and R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019—on Article 5 of Decree 25902, they are illegal [it transcribed said article]. It added that from the cited article it follows that the protective zones established by Decrees 6112-A and 13583 are maintained, then, it indicates the phrase "or rather," whose meaning, according to the Dictionary of the Royal Academy, is "That is," so it expressly delimits the protection areas to which its regulations apply, which are the protective areas of La Carpintera Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de las Palomas and Cerros Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, creating a numerus clausus list that cannot be extended, as SINAC illegally did in the 27 field inspection sheets issued for each request for the 27 plans and the resolutions being challenged. Name635, we are within the category of so-called defining norms, which are "those through which the legislator gives a precise and specific legal meaning to some of the terms used in the configuration of the legal system," which is based on the formula "for the purposes of this law, whenever the term X is used, it shall be understood as referring to what is expressly described in its definition" [it cited doctrine]. It explained that, as can be seen, the exhaustive list included in Article 5 of Decree 25902 does not include the Río Grande Protection Zone, but only 4 of the 7 protection zones created by Decree 6112-A, protection zones located within the districts in which its regulations are applicable due to their territorial scope, and according to Article 1 of the Decree, no district of the canton of Naranjo is included, which is consistent with the also limited scope of Article 5. Therefore, this decree, which is a modification of Decree 13583—Regulatory Plan for the GAM—as recognized by resolution SNAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, is not applicable to the property of Name82562 for which plan endorsement was requested, and therefore, on the real estate of Name82562, it is possible to carry out segregations of less than 5 hectares, as that limitation does not apply. It also cited Articles 1 and 72 of Decree 38334 "Plan GAM 2013-2030 Update of the Regional Plan for the Great Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana)" and explained that it updates the regulations of Decree 13583, and that the latter remains in force in what is not renewed or replaced by it. It cited numeral 31 of Decree 38334 and indicated that the rule consists of an update of Decree 13583, and its clauses modify what is provided for in Article 5 of Decree 25902, since the content of both articles consists of indicating special control zones where they are applicable and indicating, as application areas, only 4 of the 7 protection zones created by Decree 6112-A, protection zones located within the districts in which its regulations are applicable by their territory. It can be seen—it continued—that in this update the Río Grande Protective Zone (Zona Protectora de Río Grande) is also not included, but most importantly, it no longer includes the limitation of not permitting subdivisions (fraccionamientos) smaller than 5 hectares established by Article 5 of Decree 25902, replacing this measure with others of a different nature, namely those of the management plans approved by MINAE through SINAC. It concludes that this is why the rejection of the plan endorsement is based on an inapplicable rule, having been tacitly repealed due to the modification made by Article 31 of Decree 38884 to Article 5 of Decree 25902 and Decree 13853. It considers both decrees are inapplicable to property Name82562 because their provisions are not applicable to properties located in the Rosario district, and therefore, they are not covered by the limitation of preventing subdivisions (fraccionamientos) smaller than 5 hectares. This is why SINAC's interpretation of Decree 25902 is illegal, by applying urban planning regulations to the property of Name82562, despite being located in Dirección8910 and within the Río Grande Protection Zone, a geographic location to which the urban planning rules of this decree are not applicable, and even more so, when Article 31 of Decree 38334 eliminated the limitation of preventing subdivisions (fraccionamientos) smaller than 5 hectares. It considers it illegal to use the principle in dubio pro natura to extend the territorial application of an urban planning rule, when granting a plan endorsement has no environmental effect, as proven by the endorsements granted by SINAC to older plans by indicating that the endorsement is granted for cadastral purposes and plan registration. Name635, in the present case, environmental protection rules applicable to properties located in protection zones are not being discussed, but rather the rejection of the endorsement of the 27 plans requested by RDC, which is an urban planning matter. The core issue in the present proceeding consists of the interpretation of the territorial scope of application of the urban planning decrees in question and not in environmental matters, since properties within protection zones that are granted plan endorsements must respect environmental restrictions and regulations, but it is not in accordance with the legal system to deny plan endorsements based on urban planning rules inapplicable to the property and that do not affect the protection of the environment. Name82565, the farm whose segregation is requested comes from a prior consolidation (reunión) of 27 properties, which obtained SINAC's endorsement in 2009. Likewise, SINAC granted endorsement to plans A-1848892-2015, A-1840827-2015, A-1840827-2015, A-1840914-2015, and A-1840825-2015, indicating only that the limitations of Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 must be respected and that the endorsement is granted for cadastral purposes and plan registration. It asserted that Name82562 does not request the non-application of environmental rules; it only challenges the inapplicability of the urban planning restrictions used by SINAC to reject the endorsement of the 27 plans owned by Name82562. It considers that the administrative authorities have attempted to impose limitations on private property for environmental reasons without a prior rule providing for them. Limitations on private property must be clearly stipulated in the regulations, with no possibility of analogical extensions. It denies that for this specific case, the precautionary principle (principio precautorio) or in dubio pro natura applies [it cited], the purpose of which is to anticipate and prevent environmental damage to avoid effects on biodiversity and the environment and becomes relevant when there is scientific uncertainty about whether an activity causes environmental damage or not.

Furthermore, the request for approval (visado) of 27 plans submitted by Nombre82562 does not in itself constitute a danger or serious threat to biodiversity, since it consists of the authorization of a plan for cadastral purposes and its registration. SINAC mentions said principle as grounds to reject the approval requests [partial transcription of resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019]. However, there is no reasoning explaining what the danger or threat of serious or imminent damage to biodiversity consists of, meaning there is an absence of legal basis and technical reasoning, which is necessary when dealing with a discretionary act motivated by the existence of a danger or threat of serious or imminent damage to the environment derived from granting a plan approval. There is no reasoning explaining what that danger consists of; therefore, the resolutions sought to be annulled incur the defect of not substantiating the factual and legal grounds through adequate reasoning. Finally, he added that the principle of legality is also violated because the zones created by Decreto 6112-A have a specific management standard regulated in Decreto 29393 [he cited Article 1]. He affirmed that Decreto 29393 seeks to achieve sustainable development on properties located within protection zones that have not been purchased from their owners, and therefore includes a guide to support applications and balance land use with the requested use. SINAC classified the land use in the PNE-V-3 field inspection forms as exposed soil. According to point 3.2.A.k of Decreto 29393, the majority of the Río Grande protection area is classified as overuse (sobresuelo) 1, which means "two possibilities exist: a) These are areas dedicated to annual agricultural activities on lands with land capability class IV, V, and VI, i.e., where permanent crops should exist. b) areas where permanent crops exist on lands whose capability is for forest management, categories VII." The Basic Guide to Support the Processing of Applications for zones with overuse 1 only prohibits metallic mining and sanitary landfills, so parceling for housing is a conditional use, meaning: "Conditional (a) Means it is conditional upon the Ley Forestal, Articles 1, 19 and 34, as well as the field visit; in cases where required, the land capability, current use, location of aquifer recharge zones, and protection zones according to Art. 34 must be determined. If there is suspicion that the area is an aquifer recharge zone or fragile area, approval (aval) from SETENA for any type of permit must be requested. It may also be subject to a good compensation measure and subject to what is established by current laws." In accordance with the foregoing, he considers that conditional uses entail compliance with Articles 1, 19 and 34 of the Ley Forestal, the field visit, and restrictions that are respected by the plan approval request submitted by RDC, so there is no justification for denying the approval. He points out three reasons why SINAC's action is illegal: 1. The acts were based on Article 5 of Decreto 25902, an inapplicable rule because the property is located in the district of Rosario in the Canton of Naranjo. 2. Article 5 of Decreto 25902 was modified by Article 31 of Decreto 38334, by amending the provisions of Decreto 13858, eliminating the restriction preventing subdivisions (fraccionamientos) of less than 5 hectares. 3. They made an analogous application of Article 5 of Decreto 25902 by using the precautionary principle (principio precautorio) or in dubio pro natura, which is not applicable because it has not been reasoned how the approval of the plans could result in current or potential damage to the environment. C. DEFECTS OF ABSOLUTE NULLITY IN THE SUBSTANTIAL ELEMENTS OF THE 27 FIELD INSPECTION FORMS PNE-V-3 ISSUED FOR EACH OF THE PLAN APPROVAL REQUESTS, RESOLUTION SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 OF SEPTEMBER 19, 2019, RESOLUTION SINAC-ACC-RV-OG-015-2019 OF SEPTEMBER 30, Placa3530 RESOLUTION R-SINAC-CONAC-043-219 OF DECEMBER 2, 2019. He cited Article 158 of the LGAP, to indicate that administrative acts are invalid when they are substantially inconsistent with the legal system. He cited resolution of this Tribunal N°71-2015-IV of 2:00 p.m. on July 14, 2015, regarding the elements of the administrative act [partial transcription]. Based furthermore on numerals 132.1, 133 and 166 of the LGAP, he considers that the PNE-V-3 field inspection forms and the contested resolutions issued by SINAC violate the legal system by basing the rejection on Article 5 of Decreto 25902, as it is a rule inapplicable to the property sought to be segregated, since it is located in Dirección8911, and furthermore modified by Article 31 of Decreto 38334 by amending the provisions of Decreto 13853, eliminating the restriction preventing subdivisions of less than 5 hectares, and by making an analogous application of the cited numeral by using the precautionary principle or in dubio pro natura, as stated above; the contested acts lacking grounds (motivo) and also being flawed in the content element; therefore, based on numerals 58 and 166 of the LGAP, they are invalid due to having defects in their grounds (motivo) and content elements. D. VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY. He cited numerals 11 of the Political Constitution and of the LGAP. (images 2 to 26 of the judicial file).

III. ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTIES. The state representation stated: (transcription) "Facts 1) Rejected as inaccurate. Urbanization (urbanización) is the enablement of land for urban purposes, through the opening of streets and provision of public services: public lighting, telephone network, green areas and community facilities, aqueducts and electricity, garbage collection and treatment, sewage disposal, and the corresponding collection of fees and taxes: real estate, construction, and business licenses (Ley de Planificación Urbana, numeral 1). 2) Rejected as inaccurate. The plan used to assemble property 2-493886-000 was A-1509611-2011. Plan A-136721-2013 reduced the area from 12 Ha 9104 m2 to 12 Ha 6994 m2. 3) Accepted. 4) It is true. One plan assembled the property, and the other reduced the area. 5) Accepted in part. We add that the topographic surveys have areas of: 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 and 366 m2. These are lots to be segregated as an urbanization. 6) It is accepted that each topographic survey has a SINAC field inspection form associated with the rejection memorandum for submission to the Registry. 7) It is true with variants. Resolution SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 was notified with its full content, based on Decreto 13583, reformed by 25902 of February 12, 1997 (Alcance 15 to La Gaceta 66 of April 7, 1997), which establishes as "SPECIAL FOREST PROTECTION ZONES": “Article 5: Those protective zones (zonas protectoras) created by Decrees number 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAH-OFIPLAN, of May 3, 1982, published in "La Gaceta" number 95 of May 18, 1982, and appearing in the Regional Urban Development Plan, published in "La Gaceta" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained as protective zones; that is, those of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, with the portion between the northern limit of the latter and the "intercantonal road" project, with an institutional public use and as a buffer zone and for the protection of Loma Salitral. All these zones shall be subject to the following regulations: 5.1 No new Urbanizations shall be permitted within them…” The highlighting is ours. The denial of approval for the topographic surveys with areas of 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 and 366 m2 conforms to the Ley de Biodiversidad, N°7788 of April 30, 1998, which created the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to integrate competencies in forestry, wildlife, protected areas, and the protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems, to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of natural resources, maintain vital ecological processes within and outside protected areas using mechanisms for their conservation, such as territorial planning (ordenamiento territorial), bans, permits, authorizations for the use of soil, flora, fauna, water, among others, as well as the location of human settlements, industrial and agricultural developments issued by the central Government, autonomous institutions, and municipalities, which must consider, in their preparation, approval, and implementation, the conservation of biodiversity and its sustainable use, especially when dealing with plans or permits that affect the biodiversity of protected wild areas, so that human activities conform to scientific-technical standards (Articles 22, 28, 49, 50 and 52). 8) The response to the previous fact is reproduced. 9) It is true. 10) Accepted with rectifications. It is true that resolution SINACAC-RES-D-V-OG-015-2019 of September 30, 2019, was issued, but it was notified with its full content. What was stated in response to fact seven is reiterated. 11) It is true. 12) Accepted in part. The Consejo Nacional de Áreas de Conservación issued resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, but it was notified with its full content. The response to fact seven is reproduced. Exception of lack of right. The plaintiff claims she develops urban projects; that Decreto 13583, Article 1, Annex 1 (Anexo 1), reformed by numeral 1 of Decreto 25902, does not apply to any district of the canton of Naranjo, nor to her property located in the Rosario district; she classifies the denial of the approvals as illegal because, in her understanding, the prohibition on carrying out new urbanizations applies to La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas, Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral; she considers that numeral 5 of Decreto 13583, reformed by 25902, applies only in those "protection areas" and not to the Río Grande Zone, created by Decreto 6112-A; she estimates that Decreto 38334 "Plan GAM 2013-20302 for the Update of the Regional Plan of the Gran Área Metropolitana", Articles 1 and 72, does not include the Zona Protectora of Río Grande, nor the prohibition of Article 5 that reformed Decreto 25902. She adds that the principle of in dubio pro natura does not govern because the approval is an urban planning measure that does not threaten or cause serious damage to biodiversity or the environment. She alleges injury to the principle of legality (numerals 11 Constitutional and 11 of Ley 6227) because she estimates that the wild areas created by Decreto 6112-A are regulated by Decreto 29393, Plan de Ordenamiento Ambiental, Article 1, regarding activities on private domain farms according to numeral 37 of Ley 7554, and therefore, in Río Grande, point 3.1.2.A.k ibidem applies, which only prohibits metallic mining and sanitary landfills, and parceling for housing is possible conditional upon compliance with numerals 1, 19 and 34 of the Ley Forestal and the field visit, restrictions that she claims her approval request observes, for which reason she points out that the field inspection forms and the contested resolutions have nullity defects according to Articles 133, 136, 158 and 166 of Ley 6227. What was stated is not shared. The submitted topographic surveys are not consistent with the use authorized by Article 5 of Decreto 13583 for the Zona Protectora of Río Grande, created by Decreto 6112-A of June 23, 1976 (La Gaceta 136 of July 17, 1976). Resolution SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, is based on Decreto 13583, reformed by 25902 of February 12, 1997, which establishes as "SPECIAL FOREST PROTECTION ZONES": “Article 5: Those protective zones created by Decrees number 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAHOFIPLAN, of May 3, 1982, published in "La Gaceta" number 95 of May 18, 1982, and appearing in the Regional Urban Development Plan, published in "La Gaceta" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained as protective zones; that is, those of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, with the portion between the northern limit of the latter and the "intercantonal road" project, with an institutional public use and as a buffer zone and for the protection of Loma Salitral. All these zones shall be subject to the following regulations: 5.1 No new Urbanizations shall be permitted within them…”. The highlighting is ours. The plaintiff considers that urbanizations are only prohibited in the Zonas Protectoras: La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral. That reading is not what is contemplated by the scope of the precept just transcribed. If it were so, one would have to ask what purpose was served by including the Zonas Protectoras of Decreto 6112-A, and even more so, by emphasizing that they are maintained. That incorporation is not gratuitous; on the contrary, it is necessary to distinguish them from other Zonas Protectoras such as: Las Tablas (Ley 6638), Cerro de Turrubares (Ley 6900), Cerro Nara (Ley 6975), El Chayote (Ley 6975), Miravalles and Tenorio (Decreto 5836), Arenal Monteverde (Decreto 6778), Quitirrisi (Decreto 13594), La Selva (Decreto 13495), Río Navarro-Río Sombrero (Decreto 15436), Cuenca del Río Tuis (Decreto 16853), Tivives (Decreto 17023), Acuíferos Guácimo and Pococí (Decreto 17390), Guanacaste (Decreto 17655), Tortuguero (Decreto 19971), Río Banano (Decreto 20043), Las Baulas de Guanacaste (Decreto 20518), Río Toro (Decreto 22838), Monte Alto, Península de Nicoya (Decreto 22968), Montes de Oro (Decreto 23142), Cerro La Cruz (Decreto 23249), Cuenca del Río Abangares (Decreto 24539), Cuenca Río Siquirres (Decreto 24785), Quebrada Rosario (Decreto 26297) and Cerro El Chompipe (Decreto 28196). By identifying the Zonas Protectoras created by Decreto 6112-A, the distinction with those listed here is materialized. The plaintiff maintains that Decreto 38334 "Plan GAM 2013-20302 for the Update of the Regional Plan of the Gran Área Metropolitana", Articles 1 and 72, does not include the Zona Protectora of Río Grande, nor the prohibition of Article 5 that reformed Decreto 25902. This assertion does not transcend. Decreto 38334, numeral 31, regarding Special Control Zones (Zonas de Control Especial) (ZCE), recognizing their public and environmental interest, ordered that they maintain their protection regime in accordance with the legal system: special zones for network connection; zones for the protection of bodies of water; Ley 65 of July 30, 1888; Special Zone of Río Reventado and La Loma Salitral, Decreto 25902 of February 12, 1997; Special Airport Protection Zone, Ley General de Aviación Civil 5150 of May 14, 1973; Zones of Archaeological Value and Zonas Protectoras, such as: Cerro de la Carpintera, Cerros de Escazú, Cerro Atenas, El Rodeo, Decreto 6112-A of June 23, 1976; Río Tiribí, Decreto 29393 of January 15, 2001; Reserva Indígena Quitirrisí, Decreto 13569 of April 30, 1982 and Río Navarro - Río Sombrero, Decreto 15436-MAG, of March 30, 1984. Numeral 32 ibidem added that the urban containment ring established in the PLAN GAM of 1982 and its modification, Decreto 25902 of February 12, 1997, is maintained. Not in vain, Decreto 38334, when referring to the regional character of urban development control mechanisms (Urban Containment Ring, ZCE, Urban Quadrants, Macro-zones), requires that their modification be the responsibility of the Urban Planning Department (Dirección de Urbanismo) of INVU, in strict coordination with MIDEPLAN and SETENA, in the exercise of the powers granted to them by the Ley de Planificación Urbana and the environmental legislation in force in the country, and insofar as the proposed amendment meets criteria of objectivity and technical-scientific support to demonstrate that it does not entail an injury to the constitutional right to a healthy, ecologically balanced and safe environment (numerals 33 and 34 ibidem). Thus, to safeguard the principle of legal certainty and non-regression, reforms in matters of urban restrictions must be express and technically supported (Ley 6227, Article 16). On the other hand, Article 80 of the Regulation (Reglamento) to the Ley de Catastro, Decreto 34331 of November 29, 2007 (La Gaceta 41 of February 27, 2008), states: “The National Cadastre (Catastro Nacional) will not register plans for properties located in any type of reserve or national parks, except when there is prior authorization from the corresponding entity. In these cases, it shall be clearly noted that the plan is located in a reserve or national park. This authorization must be recorded on the plan.” Thus reformed by Article 1 of Decreto 34763 of September 16, 2008. Examples of regulatory background include: “The National Cadastre will not register plans for private properties located in any type of reserve or national parks, except when there is authorization from the corresponding entity. In these cases, it shall be clearly noted that the farm is located in a reserve or national park... This authorization must be recorded on the plan” (Article 47, Decreto 13607 of April 24, 1982). “The Cadastre will not register plans for private properties located in reserves or national parks, such as: forest reserves, indigenous reserves, biological reserves, protective forests (bosque protectores), etc.; except when there is authorization from the respective entity. In these cases, it shall be clearly noted that the farm is located in a reserve or national park...” (numeral 8, Decreto 9682 of March 1, 1979). That approval (visado) is an endorsement or official seal to proceed with the procedure before the Cadastre. It is not a lien or limitation. It is a regulated act: authorization and annotation - the first being a declaration of will, the second being of knowledge, externalized by stamping the seal and legend on the front or back of the topographic survey. Although instrumental acts from some internal body or reports may concur for the authorization, these only achieve unity of expression with the one issued by the competent body (Ley 4240, Article 33; Decreto 34331, numerals 79 and 80; constitutional vote 7751-2002; Tribunal Contencioso Administrativo, judgments 99-2001-I, 263-2008-II, 791-2002-III, 143-2006-III, 175-2009-III, 176-2009-III, 425-2009, 630-2009-III, 166-2010-III, 1585-2010-III, 2412-2010-III, 3818-2010-III, 124-2011-III, 222-2011-III, 185-2012-III and 47-13-III). The denial of the approval prevents the cadastral registration of the plans and subsequent transactions (Ley 4240, Articles 33, 34 and 58; Decreto 34331, numerals 79 and 81; constitutional vote 3964-2001; Tribunal Contencioso Administrativo, vote 175-2009-II). This is so because subdivision (fraccionamiento) and construction are exercised in accordance with the Law, regulations, and the regulatory plan if one exists. Territorial planning binds both the inhabitants and public entities and bodies (Ley de Planificación Urbana, Articles 15, 16, 21, 24, 32; Ley de Construcciones, Articles 15, 87-89 and 96). Similarly, Ley 7788 of April 30, 1998, which created the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to integrate competencies in forestry, wildlife, protected areas, and the protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems, to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of natural resources. It is made up of territorial units called Conservation Areas (Áreas de Conservación), charged with applying the legislation in force within their geographical demarcation, to maintain vital ecological processes within and outside the protected areas using mechanisms for their conservation, such as territorial planning, bans, permits, authorizations for the use of soil, flora, fauna, water, among others, as well as the location of human settlements and industrial and agricultural developments issued by the central Government, autonomous institutions, or municipalities, which must consider, in their preparation, approval, and implementation, the conservation of biodiversity and its sustainable use, especially when dealing with plans or permits that affect the biodiversity of protected wild areas, so that human activities conform to scientific-technical standards (Articles 22, 28, 49, 50 and 52). Regarding the powers granted by the Ley de Biodiversidad, the planning criteria mentioned in 2001 by Decreto 29393, Plan de Ordenamiento Ambiental, Article 3.1., must be interpreted, namely: a) legal aspects: legislation relating to the activities to be developed in the protected wild areas according to the management category; b) land-use conflict (conflicto del uso de tierra): divergence between the current land use and its land capability, to guide the physical space, limitations and conditions for the development or elimination of a particular activity; c) natural hazards: loss of investments, unemployment, deterioration of roads and means of communication, slow recovery of systems, damage to health and loss of human lives, as a consequence that could be avoided if natural hazards are considered. These three criteria are considered together as they are complementary. Furthermore, Article 3.1.1 ibidem establishes that all activities to be carried out in the protected wild areas are subject to the Ley de Biodiversidad, without prejudice to applying other specific regulations such as other laws, decrees, regulations and administrative resolutions. For the indicators of land-use conflict and natural hazards (Article 3.1.2), in the specific case of the Zona Protectora Río Grande, subsection k states: "There exists in the protective zone 65.81% overuse (sobreuso) of the land, which is reflected in the degree of deterioration present in the Río Grande. 25.15% corresponds to an underuse (subuso) of the land where 60 ha of Finca Doña Anita of the IDA are located; in this sector, the non-approach to the banks of the Río Grande must be ensured, due to its avalanches and floods, and the protection of the riverbanks must be maintained in accordance with Article 34 of the Ley Forestal. 9% correct agricultural and protection use is present. The northern sector of the Z.P. is exposed to volcanic emissions." "Therefore, one could not maintain that only the activities of metallic mining and sanitary landfills are prohibited. That interpretation is not extracted from the rule, which establishes the application of the Ley de Biodiversidad, decrees, regulations, and administrative resolutions with specific scopes in force, as occurs with numeral 5 of Decreto 13583, reformed by 25902 of February 12, 1997" (paragraph corrected in brief dated December 1, 2020, image 308). The foregoing is consistent with Article 25 of the Ley de Planificación Urbana, by considering that in zoning, the character of special zones (zonas especiales) will be held by those supporting some restriction regarding their use and development, such as the case of conservable natural resources and areas demarcated as floodable, dangerous, or necessary for the purpose of containing peripheral urban growth. It is complemented by numerals 26 and 28 relating to delineating the zone on the maps that make up that zoning, standardizing the rules and requirements for each class of use in the same zone, and prohibiting the use of land, buildings, and structures that is incompatible with the implemented zoning. As such, the creation of special protection zones in a zoning process is instituted by an ordinary law, and the regulatory precept constitutes a specific application of the category of special zones, whose restrictive measures are not absolute in nature, but reasonable restrictions aimed at avoiding and preventing negative effects of urbanization projects on the environment. Therefore, the denial of approvals for the topographic surveys with areas of 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347, 366 m2, is in accordance with the Law of the Constitution, numerals 11 and 50, has no nullity defects, and is valid for having been issued in the exercise of a power conferred by the legal system (Nombre33034, Nombre13370 and Nombre66346. Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial CIVITAS, S.A., T.II, 1977, p.121; Nombre82566, Nombre7347. Derecho Administrativo Especial. Administración Pública y actividad de los particulares. Madrid: Editorial CIVITAS, S.A., 1999, p.82) (images 300 to 308 of the judicial file).

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (transcription): I. FACTS OF THE LAWSUIT FIRST: Not admitted and therefore rejected as inaccurate. The 2015 application does not refer to an approval process for urbanization. It must be understood that urbanization is defined as the enablement of land for urban purposes, through the opening of streets and provision of public services: public lighting, telephone network, green areas and community facilities, aqueducts and electricity, garbage collection and treatment, sewage disposal, and the corresponding collection of fees and taxes: real estate, construction, and business licenses (Ley de Planificación Urbana, numeral 1). SECOND: Not admitted and therefore rejected as inaccurate. The plan used to assemble property 2-493886-000 was A-1509611-2011. Plan A-136721-2013 reduced the area from 12 Ha 9104 m2 to 12 Ha 6994 m2. THIRD: Accepted. FOURTH: It is true. One plan assembled the property, and the other reduced the area. FIFTH: Partially admitted. We add that the topographic surveys have areas of: 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 and 366 m2. These are lots to be segregated as an urbanization. SIXTH: It is accepted that each topographic survey has a SINAC field inspection form associated with the rejection memorandum for submission to the Registry. SEVENTH: Partially admitted. Resolution SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, was notified with its full content, based on Decreto 13583, reformed by 25902 of February 12, 1997 (Alcance 15 to La Gaceta 66 of April 7, 1997), which establishes as "SPECIAL FOREST PROTECTION ZONES": “Article 5: Those protective zones created by Decrees number 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAH-OFIPLAN, of May 3, 1982, published in "La Gaceta" number 95 of May 18, 1982, and appearing in the Regional Urban Development Plan, published in "La Gaceta" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained as protective zones; that is, those of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, with the portion between the northern limit of the latter and the "intercantonal road" project, with an institutional public use and as a buffer zone and for the protection of Loma Salitral. All these zones shall be subject to the following regulations: 5.1 No new Urbanizations shall be permitted within them…” The bold text is not part of the original. Consequently, the denial of approval for the topographic surveys with areas of 277, 644, 409, 347, 318, 282, 276, 325, 303, 335, 349, 355, 353, 339, 337, 341, 350, 360, 370, 373, 372, 367, 362, 357, 343, 347 and 366 m2 does not disregard constitutional Article 45, and conforms to what is established in the Ley de Biodiversidad, No. 7788 of April 30, 1998, by providing that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación integrates the competencies in forestry, wildlife, protected areas, and the protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems, to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of natural resources.

It is constituted by territorial units called Conservation Areas (Áreas de Conservación), responsible for applying the legislation in force within their geographic demarcation, to maintain vital ecological processes within and outside protected areas using mechanisms for their conservation, such as land-use planning (ordenamiento territorial), closures (vedas), permits, authorizations for land use, flora, fauna, water, among others, as well as the location of human settlements and industrial and agricultural developments issued by the central Government, autonomous institutions, or municipalities, and must consider in their preparation, approval, and implementation, the conservation of biodiversity and its sustainable use, especially when dealing with plans or permits that affect the biodiversity of protected wild areas, so that human activities conform to scientific-technical standards (articles 22, 28, 49, 50 and 52). EIGHTH: The response to the foregoing fact is reproduced. NINTH: It is admitted as true. TENTH: It is accepted with corrections. It is true that resolution INAC-ACC-RESD-V-OG-015-2019 of September 30, 2019 was issued, but it was notified with its full content. We reiterate what was stated in response to fact seven. ELEVENTH: It is admitted. TWELFTH: It is partially admitted. The National Council of Conservation Areas issued resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, but it was notified with its full content. The response to fact seven is reproduced. ON THE MERITS 1. THE CLAIMS OF THE PLAINTIFF The National System of Conservation Areas answers the complaint in the negative. This is because the plaintiff's statements and claims are not in accordance with the law, as will be set forth below. 2. LEGAL REASONS AND GROUNDS In accordance with the plaintiff's allegations, it must be emphasized that their private property enjoys special protection since it is located entirely within the protected area, which must be seen as a biological unit, and therefore the express regulations and restrictions of the legal framework must be considered. It is fundamental to understand, regarding the environmental sphere, the importance of a protected area—in this case, Río Grande—the interest that the administration safeguards in accordance with the principle of adequate and sustainable use of resources. That said, it is vital that under no circumstances can the environmental restrictions established for territory located within a protected area be excluded, and it must be given comprehensive treatment as a Nombre54259 protected area created for the purpose of environmental protection and not for urban development purposes. Furthermore, it must be remembered that the challenged act regarding the denial of approvals (visados) for the topographic surveys (levantamientos topográficos) is in accordance with the law, does not possess nullity defects, and does not constitute an act depriving the right of property, since wild areas legally support use limitations on private property rights, which do not constitute a loss of property rights and are imposed by legal instruments, not by the administrative act. Consequently, constitutional rights are not violated as indicated by the plaintiff in their allegations, which are not admissible. The topographic surveys are not consistent with the use authorized by Article 5 of Decree 13583 for the Río Grande Protective Zone (Zona Protectora de Río Grande), created by Decree 6112-A of June 23, 1976 (La Gaceta 136 of July 17, 1976). Resolution SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, is based on Decree 13583, amended by 25902 of February 12, 1997, which establishes as "SPECIAL FOREST PROTECTION ZONES": “Article 5: Those protective zones created by Decree number 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAH-OFIPLAN, of May 3, 1982, published in "La Gaceta" number 95 of May 18, 1982, and which appear in the Plan Regional de Desarrollo Urbano, published in "La Gaceta" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained as protective zones; that is, those of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, with the portion between the northern limit of the latter and the "intercantonal road" project with an institutional public use and as a buffer zone (zona de amortiguamiento) and for the protection of Loma Salitral. All these zones will be subject to the following regulations: 5.1 No new Urbanizations (Urbanizaciones) shall be permitted in them…” The bold text is not part of the original. The plaintiff considers that only in the Protective Zones of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, are urbanizations prohibited. But that is not the scope intended by the provision just transcribed; pursuant to Decree 6112-A, it states that the Río Grande de Naranjo Protective Zone is included. That identification is necessary to distinguish them from other Protective Zones, namely: Las Tablas (Law 6638), Cerro de Turrubares (Law 6900), Cerro Nara (Law 6975), El Chayote (Law 6975), Miravalles and Tenorio (Decree 5836), Arenal Monteverde (Decree 6778), Quitirrisi (Decree 13594), La Selva (Decree 13495), Río Navarro-Río Sombrero (Decree 15436), Cuenca del Río Tuis (Decree 16853), Tivives (Decree 17023), Acuíferos Guácimo and Pococí (Decree 17390), Guanacaste (Decree 17655), Tortuguero (Decree 19971), Río Banano (Decree 20043), Las Baulas de Guanacaste (Decree 20518), Río Toro (Decree 22838), Monte Alto, Península de Nicoya (Decree 22968), Montes de Oro (Decree 23142), Cerro La Cruz (Decree 23249), Cuenca del Río Abangares (Decree 24539), Cuenca Río Siquirres (Decree 24785), Quebrada Rosario (Decree 26297) and Cerro El Chompipe (Decree 28196), and it is logical that the Protective Zones created in Decree 6112-A were indicated to distinguish them from the rest that hold that status and that we have just outlined. This being the case, the Río Grande Protective Zone, created by Decree N°6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, is also subject to the regulations established in Article 5 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) N°25902- MIVAH-MP-MINAE. The foregoing, as an environmental protection unit under that management category given to it in said Executive Decree. Furthermore, the plaintiff maintains that Decree 38334 "Plan GAM 2013-2030 of the Update of the Plan Regional del Gran Área Metropolitana", articles 1 and 72, does not include the Río Grande Protective Zone, nor the prohibition of Article 5 that amended Decree 25902. That statement does not transcend because Decree 38334, numeral 31, regarding Special Control Zones (Zonas de Control Especial, ZCE), recognizing their public and environmental interest, ordered that they maintain their protection regime in accordance with the legal framework: special network connection zones; water body protection zones; Law 65 of July 30, 1888; Special Zone of Río Reventado and La Loma Salitral, Decree 25902 of February 12, 1997; Special Airport Protection Zone, General Civil Aviation Law 5150 of May 14, 1973; Archaeological Value Zones and Protective Zones, such as: Cerro de la Carpintera, Cerros de Escazú, Cerro Atenas, El Rodeo, Decree 6112-A of June 23, 1976; Río Tiribí, Decree 29393 of January 15, 2001; Quitirrisí Indigenous Reserve, Decree 13569 of April 30, 1982 and Río Navarro - Río Sombrero, Decree 15436-MAG, of March 30, 1984. Ordinance 32 ibídem added that the urban containment ring established in PLAN GAM of 1982 and its amendment, Decree 25902 of February 12, 1997, is maintained. It is important to cite Article 80 of the Regulation to the Cadastre Law (Reglamento a la Ley de Catastro), Decree 34331 of November 29, 2007 (La Gaceta 41 of February 27, 2008), which provides: "The National Cadastre (Catastro Nacional) shall not register maps (planos) of properties located in any type of reserve or national parks, except when there is prior authorization from the corresponding entity. In these cases, it shall be clearly noted that the map is located in a reserve or national park. This authorization must be stated on the map.” As amended by Article 1 of Decree 34763 of September 16, 2008. With the foregoing, it is relevant to highlight that the property is located entirely within the Nombre54259 Protected Area and that said approval (visado) is a conformity (visto bueno) or official seal to proceed with the procedure before the Cadastre; it does not correspond to a lien or limitation. It is a regulated act: authorization and notation—the former a declaration of will, the latter one of knowledge—expressed by affixing the seal and legend on the front or back of the topographic survey. Although instrumental acts from some internal body or reports may concur for the authorization, these only achieve unity of expression with that issued by the competent body (Law 4240, Article 33; Decree 34331, numerals 79 and 80; constitutional vote 7751-2002; Administrative Litigation Court, judgments 99-2001-I, 263-2008-II, 791-2002-III, 143-2006-III, 175-2009-III, 176-2009-III, 425-2009, 630-2009-III, 166-2010-III, 1585-2010-III, 2412-2010-III, 3818-2010-III, 124-2011-III, 222-2011-III, 185-2012-III and 47-13-III). Its denial makes the cadastral registration of the maps and subsequent transactions impossible (Law 4240, Articles 33, 34 and 58; Decree 34331, numerals 79 and 81; constitutional vote 3964-2001; Administrative Litigation Court, vote 175-2009-II), since subdivision (fraccionamiento) and construction are exercised in accordance with the Law, regulations, and the regulatory plan (plan regulador). Land-use planning binds both inhabitants and public entities and bodies (Urban Planning Law, Articles 15, 16, 21, 24, 32; Construction Law, Articles 15, 87-89 and 96). Regarding what is indicated in the Biodiversity Law, the land-use planning criteria provided for in 2001 by Decree 29393, Plan de Ordenamiento Ambiental, must be interpreted as consisting of: article 3.1.a) legal aspects: outlines the legislation relating to activities to be developed in protected wild areas according to the management category analyzed; b) land-use conflict: when the current land use diverges from its use capacity. This allows for guiding the physical space, limitations, and conditions for the development or elimination of a specific activity; c) natural threats: Loss of investments, unemployment, deterioration of roads and means of communication, slow recovery of systems, impairment of health, and loss of human lives, as a consequence that could be avoided if natural threats are considered. Article 3.1.1 of Decree 29393 establishes that all activities to be carried out in any of the protected wild areas are subject to the Biodiversity Law, 7788, without prejudice to the application of other specific regulations such as other laws, decrees, regulations, and administrative resolutions. For the use conflict and natural threat indicators (article 3.1.2), in the specific case of the Río Grande Protective Zone, subparagraph k states: “There is 65.81% land overuse in the protective zone, which is reflected in the degree of deterioration that the Río Grande presents. 25.15% corresponds to land underuse, where 60 ha of the Finca Doña Anita of the IDA are located; in this sector, non-encroachment on the banks of the Río Grande must be sought, due to its avalanches and floods, and the protection of the riverbanks must be maintained in accordance with Article 34 of the Forest Law (Ley Forestal). There is 9% correct agricultural and protection use. The northern sector of the Z.P. is exposed to volcanic emissions.” There is also concordance with Article 25 of the Urban Planning Law, stating that in the Zoning Regulation (Reglamento de Zonificación), areas that support any reserve regarding their use and development, such as the case of conservable natural resources and areas demarcated as floodable, dangerous, or necessary for the purpose of containing peripheral urban growth, will have the character of special zones. And it is complemented by numerals 26 and 28 relating to delineating the zone on the maps that make up the Zoning Regulation, standardizing the rules and requirements for each class of use in the same zone, and prohibiting the exploitation of land, buildings, and structures that are incompatible with the implemented zoning. Therefore, the possibility of creating special protection zones in a zoning process is established by ordinary law, and the regulatory precept configures a concrete application of the category of special zones, whose restrictive measures are not of an absolute nature, but reasonable restrictions aimed at avoiding and preventing negative effects of urbanization projects on the environment. Therefore, the denial of approvals for the topographic surveys is in accordance with the law and does not possess nullity defects. The National System of Conservation Areas integrates competencies in forestry, wildlife, protected areas, and the protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems, to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of natural resources. It is constituted by territorial units called Conservation Areas, responsible for applying the legislation in force within their geographic demarcation, to maintain vital ecological processes within and outside protected areas using mechanisms for their conservation, such as land-use planning, closures, permits, authorizations for land use, flora, fauna, water, among others, as well as the location of human settlements and industrial and agricultural developments issued by the central Government, autonomous institutions, or municipalities, and must consider in their preparation, approval, and implementation, the conservation of biodiversity and its sustainable use, especially when dealing with plans or permits that affect the biodiversity of protected wild areas, so that human activities conform to scientific-technical standards (articles 22, 28, 49, 50 and 52) expressed in Law 7788 of April 30, 1998... (images 309 to 315 of the judicial file).

IV. ON THE EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION. The plaintiff company requested the admission, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), of: "a. Official communication SM-CONCEJO-109-2021 of February 11, 2021, from the Acting Secretary of the Municipal Council of Naranjo, transcribing Municipal Council Agreement SO-06-91-2021 issued in ordinary session N°6 of February 8, 2021. b. Official communication SM-CONCEJO-153-2021 of March 2, 2021, from the Acting Secretary of the Municipal Council of Naranjo, transcribing Municipal Council Agreement SO-08-112-2021 issued in ordinary session N°8 of February 22, 2021. c. Official communication MN-ALC-1312-2021 of April 13, 2021, from Mr. Nombre82563 (sic) Nombre82564, Mayor of Naranjo. The evidence provided consists of documents issued by the Municipality of Naranjo, of which our client became aware a few days ago, which analyze SINAC's interpretation of Article 5 of Decree 25902 that was made in resolution SINAC-ACC-RS-DV-OG.014-2019—a resolution whose declaration of illegality and nullity is requested in this proceeding—and other administrative acts, and concludes that said interpretation is incorrect. Likewise, it details the impact that said interpretation causes to the community of Santa Margarita in the District of Rosario de Naranjo. As can be noted, the municipal interpretation widely coincides with the theory of the case defended by this representation. Therefore, we request the admission of the evidence presented for better resolution. For a better guarantee of due process, we request that the defendants be granted an audience to address the documents presented" (brief of April 28, 2021, visible in image 379 of the judicial file). Through a memorial dated August 6, 2021, it likewise requested that the legal opinion SINAC-AJ-CJ-023-2021 of July 27, 2021, from the Legal Advisory Office of the Executive Secretariat of the National System of Conservation Areas, be admitted as evidence for better resolution: "The legal opinion provided, of which our client became aware a few days ago, analyzed the applicability or not of Decree 25902 to the Río Grande Protective Zone and concluded that Decree 25902 is not applicable to the Río Grande Protective Zone; therefore, in said legal opinion, SINAC accepts the theory of the case defended by this representation" (image 394 of the judicial file). Having granted the required audiences, this Chamber admits the indicated evidence, deeming it conducive to the object of the process.

V. PROVEN FACTS.

1. In accordance with certification RNPDIGITAL-1516666-2019, the property under real folio registration Placa13418 is pasture and scrubland (tacotal) land with internal lanes. It is situated at Dirección8912 of the province of Alajuela. Boundaries: North: public street; South: Peralta Rodríguez Limitada and Rosario Development Corporation S.A., both in part; East: public street; West: public street, Quebrada Salitral and Rosario Development Corporation S.A., all in part. It measures one hundred twenty-six thousand two hundred fourteen square meters. Map A-1636721-2013. Owned by Rosario Development Corporation Sociedad Anónima, legal ID CED61184, registered on May 31, 2012 (images 40-41 of Volume I of the administrative file).

2. In an undated note, addressed to the Topography Map Approval (Visado de planos de topografía) Department of MINAET, the general agent (apoderado generalísimo) of Rosario Development Sociedad Anónima requested the approval (visado) of the documents presented to the National Registry Journal, National Cadastre Section, volumes 2019, entries 54706, 54708, 54709, 54712, 54713, 54714, 54716, 54717, 54720, 54723, 54725, 54729, 54731, 54732, 54733, 54734, 544735, Placa13419, Placa13420, Placa13421, Placa13422, Placa13423, Placa13424, Placa13425, Placa13426, Placa13427, Placa13428, for the registration of the maps in the National Cadastre (image 3 First Volume of the administrative file).

3. Through form PNE-V-3 Field Inspection Ticket for Map Approval, applications: 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327-2019, in the OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS section it stated:

"The property is located 100% within the limits of the Río Grande Protective Zone, which was created by executive decree N°6112-A, dated June twenty-third, nineteen seventy-six. It is located in the Hamlet of Rosario (Caserío Rosario), Rosario District, Naranjo Canton; Province: Alajuela. The main road to reach the property is a public asphalt street. The property has slopes of less than 8% and is a site with leveled exposed soil. During the inspection, no watercourses or springs (nacientes) were observed on the property. In the field inspection, points are taken with GPS, which serve to corroborate the digitization of the map according to the survey line (derrotero) thereof, and to verify whether the property is located within the Nombre54259 Protected Area (Río Grande Protective Zone). Likewise, the points taken in the field coincide with those generated from the digitization of the survey line. That the map presented by Mr. ... whose registered owner is Rosario Development Corporation Sociedad Anónima, said map intended for approval, is geographically located within the Nombre54259 Protected Area, called the Río Grande Protective Zone, which was created by executive decree N°6112-A, dated June twenty-third, nineteen seventy-six, and that this Nombre54259 Protected Area is affected by executive decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE, of the Gran Área Metropolitana, and its amendments published in La Gaceta N°66, of April 7, 1997, in which Article 5 establishes that the Special Forest Protection Zones (Zonas Especiales de Protección Forestal), described in this decree, are subject to the following regulations: 5.1. No new urbanizations are permitted in them, and 5.2 subdivisions (fraccionamientos) into parcels smaller than five hectares are not permitted, unless the property is submitted to the Forest Regime (Régimen forestal), in which case the minimum lot size will be that established by the Ministry of Agriculture and Livestock. That through MEETING MINUTE SINAC-ACC-PNE-V-096-2019 dated August 21, 2019, signed by Mr. (...) Coordinator of Approvals and Certifications of the ACC, and Mr. Lic. Renato Sánchez González, Legal Advisor of the Conservation Area, it indicates the following: Application of Decree 25902, specifically Article 5 of said Executive Decree, regarding the "SPECIAL FOREST PROTECTION ZONES", which indicates: Article 5. Those protective zones created by Decree number 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAH-OFIPLAN, of May 3, 1982, published in "La Gaceta" number 95 of May 18, 1982, and which appear in the Plan Regional de Desarrollo Urbano, published in "La Gaceta" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained as protective zones. All these zones will be subject to the following regulations: No new Urbanizations shall be permitted in them nor shall subdivisions into resulting parcels smaller than five hectares be permitted, unless the property is submitted to the forest regime, in which case the minimum lot size will be that established by the Ministry of Agriculture and Livestock. Article 6- In special forest protection zones, only the following constructions are permitted: One dwelling per property for the use of the owner or owners and other constructions necessary for the use or services of existing properties. Related to local agricultural activity. For country clubs on land no smaller than five hectares with building coverage not exceeding ten percent. 3. FINDING. Based on the information recorded, according to MEETING MINUTE SINAC-ACC-PNE-V-096-2019 and based on the field inspection, it is concluded that: It is recommended NOT to continue with the map approval procedure since it is affected by Executive Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE..." (images 6 to 10, 46 to 76, 77 to 107, 108 to 137, 138 to 167, 169 to 199, 200 to 230, 231 to 261, 262 to 292, 293 to 323, 324 to 354, 355 to 385, 386 to 416, 417 to 447, 448 to 476, 477 to 507, 508 to 533 of Volume I of the administrative file and 5 to 35, 36 to 66, 67 to 96, 97 to 127, 128 to 157, 159 to 189, 190 to 220, 221 to 251, 252 to 282, 283 to 310 of Volume II of the administrative file).

4. Through Resolution of eleven o'clock on September nineteenth, two thousand nineteen, the National System of Conservation Areas, Central Conservation Area (Área de Conservación Central), Cordillera Volcánica Central Biosphere Reserve, Grecia Office, issued MAP APPROVAL DENIAL RESOLUTION N°SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-219, in which "IT IS RESOLVED FIRST: To Reject the Conformity (Visto Bueno) of the Approvals (Visados) of the maps associated with documents 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C, requested by Nombre82567 (...) whose registered owner is ROSARIO DEVELOPMENT CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED3683. This because it was demonstrated through MEETING MINUTE SINAC-ACC-PNE-V-096-2019 and field inspection that the property is geographically within the limits of the Río Grande Protective Zone, for which it is affected by Executive Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE..." (images 11 to 15 of Volume I of the administrative file).

5. On September 25, 2019, the plaintiff company filed a motion for revocation (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio) against "Map Approval Denial Resolution N°SINAC-AC-RES-D-V-OG-014-2019", and elevated the appeal to the National Council of Conservation Areas CONAC of the National System of Conservation Areas SINAC (images 28 to 35 of Volume I of the administrative file).

6. Through resolution N°SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of ten o'clock on September thirtieth, two thousand nineteen, the National System of Conservation Areas, Central Conservation Area, Cordillera Volcánica Central Biosphere Reserve, Grecia Office, rejected as inadmissible the motion for revocation against Resolution N° SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 (images 311 to 315 of Volume II of the administrative file).

7. Through official communication SINAC-AJ-491 of October 7, 2020, the Legal Advisor of SINAC requested the Director of the Central Conservation Area to submit a technical-legal report setting forth an analysis of Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, Decree 13583-VAH-OFIPLAN, environmental restrictions and urban planning regulations for the Río Grande Protective Zone territory, an analysis of why, if no district of the canton of Naranjo is textually included, the provisions of said decrees apply territorially, and to verify if map approvals A-1848982-2015, A-1840827-2015, A-18414-2015, A-1840826-2015 and A-1840825-2015 were previously granted with the indication that the limitations of the Forest Law must be respected (image 364 Volume II of the administrative file).

8. In official communication SINAC-ACC-OG-945-2020 of October 13, 2020, the Head of the Grecia Regional Office ACC-SINAC responds to official communication SINAC-AJ-491: "...In Article 5 of Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE, Reform of the Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana, published in Supplement number 15 of La Gaceta number 66 of April 7, 1997, the regulations for Special Forest Protection Zones are established, 'no new Urbanizations shall be permitted in them nor shall subdivisions into resulting parcels smaller than five hectares be permitted, unless the property is submitted to the forest regime, in which case the minimum lot size will be that established by the Ministry of Agriculture and Livestock.' All of the foregoing applies to the Río Grande Protective Zone. 2. Article 5 of Executive Decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE also establishes: 'Those protective zones created by Decree number 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAH-OFIPLAN, of May 3, 1982, published in "La Gaceta" number 95 of May 18, 1982, and which appear in the Plan Regional de Desarrollo Urbano, published in "La Gaceta" number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained as protective zones; that is, those of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases) and Loma Salitral, with the portion between the northern limit of the latter and the "intercantonal road" project with an institutional public use and as a buffer zone and for the protection of Loma Salitral.' This being the case, the Río Grande Protective Zone, created by Decree N° 6112-A dated June 23, 1976, published in "La Gaceta" number 136 of July 17, 1976, is also subject to the regulations established in Article 5 of Executive Decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE, mentioned in point 1 of this report. The foregoing, as an environmental protection unit under that management category given to it in said Executive Decree. Although it is not included in the list, it is indeed under environmental protection, a situation established for the purpose of protecting the natural resources existing in those sites, or rather, within those Environmentally Fragile Areas (Áreas Ambientalmente Frágiles, AAF); since this does not alter the territorial circumscription detailed in the regulation and also allows for the orderly and planned growth of urban centers, the purpose for creating the norm, regardless of whether they are located outside the containment ring of the current GAM and/or the districts belonging to the cantons mentioned in the Decree as included in the so-called Urban Control Area (Área de Control Urbanístico), as previously indicated by Lic. Renato Sánchez González, Legal Advisor of the Central Conservation Area in his official communication SINAC-ACC-AL-R-061. 3. The map approval requests are geographically located within the limits of the Río Grande Protective Zone, which is why the regulation of not permitting subdivision into less than five hectares was applied, as established in Article 5 of Executive Decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE. 4. Indeed, in June 2015, the Grecia Subregional office approved the map approval request for nine maps in the name of Folio Real 2477682, located in the Río Grande Protective Zone, in the district of El Rosario, canton of Naranjo, province of Alajuela."

On that occasion, it was recommended to continue with the visa approval (visado) process, applying solely the fact that the canton of Naranjo does not appear in the list of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. The application of this regulation within the limits of the Rio Grande Protective Zone (Zona Protectora Rio Grande) was disregarded at all times, as an environmental protection unit in itself. At that time, this was the criterion applied in this Office regarding visa approvals for plans (visados de planos) in the Rio Grande Protective Zone, an error that had been perpetuated for some time prior by the personnel of this operational center. In that sense, and due to an involuntary error, those plans were granted visa approval. This situation was corrected from the moment the opinion of Lic. Renato Sánchez González, Legal Advisor of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central), was issued in his official communication SINAC-ACC-AL-R-061, regarding the particular matter. However, and based on Article 157 of the General Law of Public Administration No. 6227 (Ley General de la Administración Pública N°6227), the Administration rectifies the error by applying the regulation that includes the Rio Grande Protective Zone as a biological management unit, regardless of whether its districts or cantons are located outside or inside the Urban Control Area (Área de Control Urbanístico)..." (SINAC evidence on CD).

9. Through official communication MN-ALC-3770-10 of October 18, 2019, the then Deputy Mayor of the Municipality of Naranjo requested the Minister of Environment and Energy: "... let this serve to extend the concern of the municipal administration and the Municipal Council regarding the application of Decree 25902 (Reform of the Gran Área Metropolitana regional urban plan) which refers to special protective zones. It is worth clarifying that this Municipality and its territory are not mentioned in said decree. On the part of the Municipal administration, there is high concern since there is a misinterpretation and application of the Decree that affects part of the territory of the district of Rosario de Naranjo. It is important to mention that said district presents the lowest levels of social and economic development in the Canton. Therefore, we promptly request a hearing to analyze the issue and find a prompt solution to the impact on the residents of said area..." (image 335 of Volume II of the administrative file).

10. By resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 at eight o'clock on December 2, two thousand nineteen, the National System of Conservation Areas, Legal Secretariat, Legal Advisory Office (Sistema Nacional de Áreas de Conservación Secretaría Jurídica Asesoría Jurídica), resolved the SUBSIDIARY APPEAL FILED BY Nombre82568 AGAINST RESOLUTION SINAC-ACC-RES-RV-OG-014-2019 OF THE CENTRAL CONSERVATION AREA (ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL), resolving to reject the appeal: "...on the grounds that said resolution was issued pursuant to what is established in the Manual of Procedures for the Resolution of Visa Approvals and Certifications of Plans (Manual de Procedimientos para la Resolución de Visados y Certificaciones de Planos) of the National System of Conservation Areas, which stipulates that the preventative criterion of a protected zone must be adopted...", thereby exhausting the administrative channel (images 344 to 346 of Volume II of the administrative file). (Note: through official communication SINAC-AJ-464 of September 22, 2020, a correction of a material error in resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 was made, see image 262 of Volume II of the administrative file).

11. The Municipal Council of the Municipality of Naranjo, in Ordinary Session No. 6 of February 8, 2021, Agreement SO-06-91-2021, Chapter No. 8 on Commission Reports and Opinions, in Article 19, considered the opinion of the Commission on Legal Affairs held on February 4, 2021, which was considered as: "Single Topic: Analysis of the situation raised by some residents of the community of Santa Margarita of the district of El Rosario de Naranjo, who indicate that the Grecia Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy MINAE has, since 2019, been rejecting the visa approval of plans (visado de planos) in the community of Santa Margarita del Rosario and surrounding sectors, arguing that this sector is affected by a special forest protection zone (zona especial de protección forestal), and therefore, according to their interpretation, it is not possible to authorize subdivisions (fraccionamientos) of land with areas less than 5 hectares, which is causing great impact to residents who have procedures for housing bonds and other needs (...) "The Municipal Council of the Municipality of Naranjo, UNANIMOUSLY, WITH FINAL AND DEFINITIVE APPROVAL, AGREES: Based on the Opinion of the Commission on Legal Affairs held on January 26, 2021, to Recommend to the Municipal Council, as the highest hierarchical body of the Municipality of Naranjo, to express its concern regarding the impact raised by some residents of the community of Santa Margarita of the district of El Rosario de Naranjo, analyzed herein, and to respectfully and immediately request Mr. Renato Sánchez González, Director of the Grecia Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy - MINAE, and the office of Ms. Andrea Mesa Murillo, Minister of the Ministry of Environment and Energy, the review and immediate cessation of the criteria and arguments used to improperly reject visa approvals of plans (visados de planos) in the sector of Santa Margarita of the district of El Rosario de Naranjo, erroneously arguing that this sector is affected by Article 5 of Executive Decree No. 259002-MIVAH-MP-MINAE, and the consequent restrictions of a Special Forest Protection Zone..." (images 380 to 384 of the judicial file).

12. In Ordinary Session No. 08 of February 22, 2021, the Municipal Council of the Municipality of Naranjo, Chapter 3 Reading, Examination, and Processing of Correspondence, Resolutory Matters, Article 07: "Official communication SINAC-ACC-OG-144-202 is received, signed by (...) head of the Grecia Office Central Conservation Area SINAC, in which they provide a response to AGREEMENT SO-06-91-2021, adopted by this Municipal Council. Comments: The President comments that in the official communication submitted by SINAC, they insist on something that is harming the inhabitants of Santa Margarita in El Rosario de Naranjo. SINAC begins the response to Municipal agreement ACUERDO SO-0691-2021 with Article 5 of Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, Reform of the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan, and the analysis of Article 1 is not carried out, where the canton of Naranjo is not included within the concept of special forest protection zones and their regulation. The SINAC of Grecia, in the last paragraph of this note, expresses that even though El Rosario de Naranjo is not included in the list, it is indeed within the restrictions of the special forest protection zones, which is not true (...) AGREEMENT SO-08-112-2021. The Municipal Council of the Municipality of Naranjo, WITH A PRIOR DECLARATION OF URGENCY AND DISPENSATION OF COMMISSION PROCESSING, UNANIMOUSLY, WITH FINAL AND DEFINITIVE APPROVAL, AGREES: To respectfully request (...) that the legal advisory office of your desk analyze the request submitted by the Municipality of Naranjo, through AGREEMENT SO-06-91-2021, and the response from SINAC, Grecia office, official communication SINAC-ACC-OG-144-2021 of February 17, 2021. Additionally, an urgent hearing is requested to substantiate and clarify that the sector of Santa Margarita of the district of Rosario de Naranjo is not included within the Special Forest Protection Zones, nor the Urban Control Areas, and therefore, the current practice of the SINAC Grecia office must be immediately corrected, as it is causing serious harm to this sector of our canton, with an erroneous interpretation, already sufficiently substantiated in this and the previous agreement of this Council" (images 385 to 388 of the judicial file).

13. Through official communication MN-ALC-1312-2021 of April 13, 2021, the Mayor of the Municipality of Naranjo requested the General Director of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy: "... to review the criterion that has been applied over the last year by the National System of Conservation Areas to impose, without any basis and in clear violation of the Principle of Legality, the limitations and restrictions on the Constitutional Right to private property established in Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE on a district that is located outside the territorial limits, according to Article 1 and Article 5 of the same Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE..." (images 389 to 393 of the judicial file).

14. The Legal Advisory Office of MINAE, through official communication of July 27, 2021, SINAC-AJ-CJ-023-2021, directed to the Executive Director of SINAC: "Legal opinion regarding the application of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, in relation to Executive Decree No. 6112 Creating Protective Zones, with respect to the visa approval of plans (visado de planos) for properties located within the Rio Grande Protective Zone". In what is of interest, it stated: "In response to the query made through official communication DVM-053-2021, so that, in accordance with agreement SO-08-112-2021 of the Municipal Council of the Municipality of Naranjo, an opinion is issued to clarify official communication SINAC-ACC-OG-144-2021, regarding whether the sector of Santa Margarita of the district of Rosario de Naranjo is or is not included within the Special Forest Protection Zones, or the Urban Control Areas (...) An additional element that, from the integral reading of the regulation, allows this advisory office to interpret Article 5 in the manner presented, is that, in the entire historical recount of the regulatory standard, in its recitals section, it has included the Special Forest Protection Zones within the “urban control area” (área de control urbanístico) which is clearly defined in Article 1 of Annex No. 1 of Regulation 3332, authorized by Executive Decree No. 13583-VAH-OFIPLAN. That Article 1 clearly establishes the cantons and districts of the provinces of San José, Alajuela, Cartago, and Heredia that make up the urban control area. Therefore, the Protective Zones regulated as special forest protection zones are those that are necessarily located within the area determined in that article. For a better understanding of the location of the town of Rosario de Naranjo, collaboration was requested from the Department of Territorial Information and Regulation (Departamento de Información y Regulación del Territorio), which, through report SINAC-IRT-093-2021, determines that the Rio Grande Protective Zone is located outside the limit defined by INVU as the Gran Área Metropolitana, which confirms the reasoning of this advisory office that it is not regulated by Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, as it is not located within the urban control area nor is it contemplated as a special forest protection zone for the purposes of the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan. Likewise, report SINAC-IRT-101-2021 clarifies that the town of Santa Margarita of the District of Rosario de Naranjo is located entirely within the Rio Grande Protective Zone, and therefore, its regulation is subject to the provisions of current environmental regulations regarding protective zones in general, especially in Article 37 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). As specific aspects, it must be considered that the Rio Grande Protective Zone was indeed created by Executive Decree No. 6112, published in La Gaceta No. 136 of July 17, 1976, which in its Article 3 indicates the following: Article 3-The farms (fincas) duly registered in the Public Registry or protected by ten-year possession within the limits of the protective zones are automatically subject to the forestry regime (régimen forestal). Any work to be carried out on these farms must have prior written authorization from the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal). Likewise, Article 4 of said decree stipulated the following: Article 4-Lands or farms not registered in the Public Registry, nor protected by ten-year possession, shall be acquired by the State, upon prior payment to their occupants for the corresponding improvements. Therefore, the visa approval (visado) for the registration of a plan (plano) before the National Cadastre (Catastro Nacional), as an approval by SINAC, proceeds only upon prior verification that the private activity conforms to the legal system, bounded by rules of legality, and evaluating it in light of the public interest that the applicable regulation seeks to protect in each case, especially regarding compliance with the objectives of protective zones, these being 'the regulation of the hydrological regime and the protection of soil and watersheds (cuencas hidrográficas), as well as the preservation of aquifer recharge areas and water sources and the need to ensure population water supply for present and future generations', in accordance with Article 52 bis of the Organic Law of the Environment. Furthermore, in accordance with Article 37 of this same legal body, the private farms located within protective zones, while their payment or expropriation is being carried out, are subject to the environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) which includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), as well as the management, recovery, and restoration plan for resources..." (images 395 to 401 of the judicial file).

15. Through official communication SINAC-IRT-093-2021 of June 30, 2016, the Department of Territorial Information and Regularization (Departamento de Información y Regularización del Territorio) of SINAC informed the Legal Advisory Office of SINAC: "On June 14 of this year, via email, a query was sent to the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) at the email address ...2847 of official Nombre82569 (sic) to request the official delimitation of the Gran Área Metropolitana, to contrast it with the official delimitation of the Rio Grande Protective Zone. On June 22, the requested delimitation was received from the official of the National Institute of Housing and Urbanism, Emiler Segura López, via email ...2848. With the information, we carried out the respective analysis, and in the end, it is determined that the Rio Grande Protective Zone is located outside the limit defined by INVU as the Gran Área Metropolitana..." (image 402 of the judicial file).

16. Through official communication SINAC-IRT-101-2021, the Department of Territorial Information and Regularization informed the Legal Advisory Office - both offices of SINAC: "In relation to the query, I clarify that indeed the town of Santa Margarita of the District of Rosario de Naranjo is located within the Rio Grande Protective Zone. This is according to the 'Localities' layer from the National Institute of Statistics and Censuses (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)" (images 404 and 405 of the judicial file).

VI. PURPOSE OF THE PROCEEDINGS. As indicated by the plaintiff as claims in this proceeding, and having reviewed the grounds on which the nullity defects of the inspection visits, the administrative resolution rejecting the visa approval (visado) of the 27 plans, and the subsequent administrative resolutions issued on the occasion of hearing and rejecting the revocation and appeal remedies are based, "... in the present case, what is being disputed are not environmental protection regulations applicable to properties located in protection zones, but rather the rejection of the visa approval of the 27 plans requested by RDC, which is an urban planning matter, and therefore, the core issue in this process consists of the interpretation of the territorial scope of application of the urban planning decrees in question and not environmental issues, since properties within protection zones that are granted visa approvals for plans must respect environmental restrictions and regulations, but it is not in accordance with the legal system to deny visa approvals for plans based on urban planning regulations that are inapplicable to the property and that do not affect the environmental protection afforded by the specific regulations of this area" (see image 15 of the judicial file, lawsuit filing, and conclusions images 339 and 364). This Chamber, in light of the plaintiff's consideration, finds it necessary to indicate that it partially shares what has been stated, as it considers that the point to be clarified is whether the exegesis given by the SINAC office in Grecia to Article 5 of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE is in accordance with the law, and to review whether the regulatory basis given in the field inspections and in the administrative acts issued contains an error in the grounds that affects the reasoning of the resolutions, and thus determine the underlying unlawfulness in the formal actions being challenged. However, it is equally necessary to point out that, although it is a matter that can be classified as eminently urban planning (the visa approval of plans); as will be seen, the cited rules and laws do not allow one aspect to be separated from the other, with this Chamber recalling that urban development has a total impact on the environment; so much so that the visa approval of plans by the corresponding administrative bodies, be it SINAC, AYA, MIRENEM, or the local governments themselves, is a requirement provided for by the national legal system for their final registration in the cadastre. The objective of this is precisely for the Administration to comply with the constitutional mandate (Article 50) to ensure a healthy and ecologically balanced environment, thus exercising its powers of oversight to guarantee that the environmental regulations applicable to each case, according to the classification of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) designated in the national territory - namely Forest Reserves, Protective Zones, National Parks, Biological Reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Article 32 of the Organic Law of the Environment No. 7554) - are observed, respected, and applied in their correct interpretation.

VII. Having determined, then, that the point to review is the application and interpretation given by the SINAC office to Article 5 of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, this Court considers it appropriate to review what was stated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice regarding normative exegesis: "...it is the intellectual operation by which one seeks to establish the meaning of the expressions used by the law, to decide the assumptions contained therein and, consequently, their applicability to the factual situation. There are various classes and methods of interpretation that could be considered, namely: according to the subject performing it (authentic, judicial, or doctrinal interpretation), according to the method used (grammatical, systematic logical, teleological, historical) or, according to the result obtained (declaratory, restrictive, extensive, progressive interpretation). Likewise, it must be taken into consideration that interpretation must always respond to the moment in which it is carried out, as the various elements of culture, customs, and social environment, encompassed by the law or its assumptions, evolve even when the wording of the precept remains the same" (see rulings No. 02002-2009 of February 11, 2009, and 12771-2016 of September 7, 2016). The First Chamber of the Supreme Court of Justice, regarding the potential problem of application and interpretation of a norm, has stated: "IV.- Among the various scenarios that a judge may encounter when resolving a dispute are those where there is a clear norm, which simply applies, as its reading generates no doubt whatsoever, but rather its true spirit and purpose are clearly and transparently derived. On other occasions, the judge faces norms that may create some doubt due to their content and scope. It is here that the judge must resort to different methods of interpretation, seeking to reconcile them in order to unravel the meaning of the norm and perhaps even, if possible, adapt it to a specific situation or social reality. To this effect, Article 10 of the Preliminary Title of the Civil Code is an important guide, as is, regarding the interpretation of procedural rules, Article 3 of the Civil Procedure Code. Of course, it is not permissible, by way of an extensive interpretation, to modify the will of the legislator when the provision is clear and forceful regarding its meaning and purpose, as it is not permissible to invade the sphere of legislative power that, constitutionally, is reserved to the Legislative Assembly. Nor is it possible to exceed the normative meaning, modifying its literalness, spirit, or the teleological guidelines it incorporates, unduly expanding it to the point of covering situations not contemplated within its radius of action." Ruling No. 644 of 4:35 p.m. on August 21, 2002. It has also expressed: "The interpretation of legal norms is a rational procedure used by the judge to seek the spirit of the norm, in order to bring a specific legal situation under the protection of the regulation and its different sources of law. Interpretations can be of different natures. There is extensive interpretation, when a broader content is found in the norm than its letter and, consequently, it is used to cover situations that initially seem not covered by it. There is restrictive interpretation, corresponding to those cases in which, instead, the judge deems it necessary to delimit what is stated in the text of the norm, to adjust it to the regulation of specific legal situations. There is also corrective interpretation, which consists of determining that the spirit of the norm implies considering its scope in a manner different from what is expressed in it. Finally, there is integrative interpretation, whose purpose is to fill normative gaps. But this power to interpret must be understood for those cases in which, from the wording of the positive norm against the specific legal situation, doubt arises as to how the latter should be regulated." Ruling No. 156 of 11:15 a.m. on March 3, 2004" (Judgment No. 1556-2010 of 9:10 a.m. on December 23, 2010). Based on the foregoing, the crux of the matter under review is the judicial interpretation that this Chamber must make of Article 5 of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, for which a review of the background of this norm will be carried out.

VIII. REVIEW OF THE STANDARDS APPLICABLE TO THE SUBJECT OF STUDY. An adequate understanding of the point to be clarified requires a mandatory review of the origin and normative background of Article 5 of Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. For this analysis, a review will be conducted of the scope, amendments, and validity of Executive Decrees No. 6112-A of June 23, 1976 (and its amendments), Regulation No. 3332 of April 26, 1982, promulgated by the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), Executive Decree 13583-VAH-OFIPLAN of May 3, 1982, Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, Executive Decree No. 29393 of January 15, 2001, and Executive Decree No. 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG of March 10, 2014. As well as Law No. 7554 Organic Law of the Environment of October 4, 1995, and Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969 (Ley Forestal N°4465), insofar as they pertain to the merits of the subject of study. ON EXECUTIVE DECREE NO. 6112-A of June 23, 1976. This decree was promulgated by the President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock on June 23, 1976, based on Articles 1, 2(b), 27, 83, 86, and 87 of the Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969, considering that: "1- That it is the duty of the State to guide the utilization of forest resources in a technical manner that allows their sustained yield and ensures that lands with forestry aptitude (terrenos de vocación forestal) permanently retain their forest cover (cobertura boscosa). 2- That the preservation of forested areas is of vital importance for the population of the Intermontane Central Valley to maintain an adequate environment". It establishes "protective zones" (zonas protectoras) with an area of approximately 14,800 hectares. Article 2 states: "The General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) shall provide the necessary advice in the work of demarcation, surveillance, and studies aimed at the utilization of natural resources". Article 3 establishes that: "The farms (fincas) duly registered in the Public Registry or protected by ten-year possession within the limits of the protective zones are automatically subject to the forestry regime (régimen forestal). Any work to be carried out on these farms must have prior written authorization from the General Forestry Directorate". Article 4 indicates: "Lands or farms not registered in the Public Registry, nor protected by ten-year possession, shall be acquired by the State, upon prior payment to their occupants for the corresponding improvements", and Article 5 defines that "the administration of these protective zones shall be the responsibility of the General Forestry Directorate". In 1981, with the promulgation of Executive Decree No. 12638, Executive Decree 6112-A of June 23, 1976, was rendered without effect, solely with respect to El Rodeo, Dirección8913 and Río Grande 3345 IV, of the El Rodeo Protective Zone; however, this Decree -12638- was subsequently repealed by Article 4 of Executive Decree No. 12608 of May 12, 1981, by which the lands included according to cartographic sheets Río Grande No. 3345 IV and Abra 3345 I were declared the "El Rodeo" protective zone. Article 2 of Decree No. 12608 provides: "The properties -state and private- comprised within the boundaries established by the preceding article are mandatorily subject to the forestry regime. Consequently, only works that have prior written authorization from the General Forestry Directorate may be carried out in said areas". By note from Nombre25599, it is indicated in this regard: "It is noted that this repeal has not been applied to this zone, because the repeal decree of May 1981 does not expressly indicate whether, as a consequence, it must return to the state prior to said repeal". Decree 6112-A was likewise amended on June 20, 1983, by Decree No. 14672, which expands the Cerros de Escazú Protective Zone. On December 22, 1992, also by executive decree No. 21837, the boundaries of the Cerro de la Carpintera Protective Zone were amended, however, this was repealed by Article 5 of executive decree No. 23315 of May 12, 1994. Finally, by executive decree No. 29278 of January 15, 2001, the last amendment was made to the decree under study - Executive Decree No. 6112-A - by modifying the boundaries of the Cerro la Carpintera Protective Zone. From the recount performed, it is observed that Executive Decree No. 6112-A and Executive Decree No. 12608 declare El Rodeo Protective Zone to the lands included in the coordinates indicated according to cartographic sheets Río Grande and Abra. The Protective Zone, in accordance with the provisions of Article 34 of Law No. 7554, is classified as "Protected Area Nombre54259 (Área Nombre54259 Protegida)", and they are administered by the Ministry of Environment and Energy. Article 35 of that legal body defines the objectives of the protected areas: "a) To conserve the representative natural environments of the different biogeographic regions and the most fragile ecosystems, to ensure the balance and continuity of evolutionary and ecological processes. b) To safeguard the genetic diversity of wild species on which evolutionary continuity depends, particularly those that are endemic, threatened, or endangered. c) To ensure the sustainable use of ecosystems and their elements, promoting the active participation of neighboring communities. d) To promote scientific research, the study of ecosystems and their balance, as well as the knowledge and technologies that allow the sustainable use of the country's natural resources and their conservation. e) To protect and improve aquifer zones and watersheds (cuencas hidrográficas), to reduce and avoid the negative impact that their poor management can cause. f) To protect the natural and landscape settings of historical and architectural sites and centers, national monuments, archaeological sites, and places of historical and artistic interest, of importance for culture and national identity". Likewise, Article 38 establishes that their reduction may only be authorized by Law of the Republic. To the above, it must be added that, according to what is indicated in proven facts 15 and 16, the Río Grande Protective Zone is excluded from the limit defined by INVU as the Gran Área Metropolitana, and that the locality of Santa Margarita in the District of Rosario de Naranjo is located within the Río Grande Protective Zone. ON REGULATION Placa13416 APRIL 26, 1982. In the year 1982, the National Institute of Housing and Urbanism, through Regulation No. 3332, agreed to create what it called the Gran Área Metropolitana Regional Urban Development Plan and its Annexes. This regulation in turn serves as the basis for the promulgation of executive decree No. 13583 of May 3, 1982, which adopts the Regional Urban Development Plan partially amended by Executive Decree No. 25902 of 1997.

The Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) was conceived as a legal instrument to regulate the urban development of the system of cities and population centers of the Central Valley; the Regional Urban Development Plan prepared by the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) encompassed 5 plans: 1) Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan and its annexes, 2) Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan: Regulates Special Non-Building Areas of the GAM (ANEXO 2); 3) Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan: Partial Zoning Regulations for 4 Districts of the Central Canton of San José (ANEXO 3); 4) Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan: Delimitation of the area and regulations for the first stage of the Plan, cities of the Central Valley of Costa Rica (ANEXO 1 of the Plan) and, 5) the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan: Extension of the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (ANEXO 4). Now, the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan and its annexes correspond to Regulation No. 3332 of April 26, 1982, promulgated by the INVU, which states: "It is agreed to adopt and approve the 'Greater Metropolitan Area' Regional Urban Development Plan, which shall govern the circumscription that it delimits and establishes norms to regulate correct urban development in that area, as well as limitations for the containment of disproportionate growth and the execution of works or land-use change (cambio de uso del suelo) on properties outside such delimitation. At the same time, the Institute establishes the following applicable regulations in accordance with the indicated Regional Plan: I. Delimitation of the area and regulations governing the first stage of the Regional Urban Development Plan (GAM) for the system of cities of the central valley of Costa Rica (Anexo No. 1). (emphasis added). II. Special non-building areas (Anexo No. 2). III. Partial Zoning Regulations (4 central districts of San José) (Anexo No. 3). IV. Extension of the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations. For the delimited area and for those affected by this plan, the provisions of the Regulations for the National Control of Subdivisions and Urbanizations, published in Alcance No. 9 136 of 20-7-73 and its amendments, shall apply, with the following modifications introduced to govern in the area referred to in this plan: which are hereby promulgated (Anexo No. 4). V. Industrial Zoning. The Industrial Zoning Regulations, which are regulations published in Alcance No. 4 to 'La Gaceta' No. 29 of 11-2-80 and its amendments, and the addition to the provisions on isolation areas in industrial zones published in 'La Gaceta' Nos. 202 of 22-10-80, 131 of 13-7-81, and 74 of 20-4-82, shall govern for the area referred to in this plan."

In Anexo No. 1 of this Regulation (3332), Article 1 states: "Establish an Urban Control Area (Área de Control Urbanístico) over which the provisions of this agreement shall apply and which shall be composed of the districts of the provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago indicated below (...). Article 2 – of the Anexo No. 1 under discussion – provided: "Establish within the foregoing area a 'Special Protection Zone' (Zona Especial de Protección) in accordance with Article 25 of the Urban Planning Law and an 'Urban Growth Zone' (Zona de Crecimiento Urbano), according to a plan whose original may be consulted at the INVU, MIDEPLAN, and the corresponding municipalities. The limit indicated in said plans shall be adjusted by the Urbanism Directorate in accordance with the characteristics of the zone, taking into consideration, at a minimum, the geophysical aspects that include, among others, soil potential and vocation, and urbanistic aspects (natural features, slopes, hydrography, roads, electricity, water, etc.)." Article 5 of the Regulation under discussion provided: "In the Special Protection Zone, only the following constructions shall be permitted: 1) Dwellings for the use of the owners and others necessary for the use or service of the farms..."

Now, Anexo 2 of Regulation No. 3332 regulated the "Special Non-Building Areas" and "Considering: I°-That within the urban control area there are lands that cannot be used for construction. 2°-That these lands constitute a considerable percentage of that area. 3°-That they may be used as green areas and lungs for the cities. 4°-That due to their special characteristics, different restrictions are required within the area of these lands; 5°-That to define said lands, this institute analyzed water, sewer, and electricity easements (servidumbres), recreational potential, ecological problems, sites with special restrictions (protected zones, irrigation projects, limitations due to proximity to airports), and state properties with committed uses were also identified (...) Agrees: Special zones for the conveyance of water, sewer, electricity, oil pipeline, and similar networks (easements). These special areas are subject to the following regulations: (articles 1, 2, 3, and 4) Special forest protection zones. Article 5°-The protected zones of La Carpintera, Tiribí, cerros de Atenas, and cerros de Escazú, created by Decree No. 6112-A of June 23, 1976, are extended, and the following are also created: cerro Las Palomas, loma Salitral, and loma San Antonio (Tirrases), all according to plans that may be consulted at the INVU and the Municipality. These zones are understood as an extension of the protection zone decreed in the first stage of the Regional Plan and are subject to the following regulations: 1) The execution of new urbanizations in them shall not be permitted; and 2) Subdivisions (fraccionamientos) resulting in parcels of less than 5 hectares shall also not be permitted, unless the property is subjected to the forest regime, in which case the minimum lot size shall be that established by the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería)" (consult Regulation No. 3332 at www.pgrweb.go.cr). REGARDING EXECUTIVE DECREE No. 13583-VAH-OFIPLAN. The promulgation of this decree, on May 3, 1982, defines the "Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan (GAM) by INVU", (taking Regulation No. 3332 as its basis). The first article of the Decree delimits the area over which the provisions of the rule would apply, establishing that: "it shall be composed of the districts of the provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago that are indicated, provided that the Municipal Governments have not promulgated their own Planning and Urban Development Regulations ...". The following table shows the detail of the area:

PROVINCE

CANTON

DISTRICTS

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

Nombre8752, MERCED, HOSPITAL, CATEDRAL, ZAPOTE, SAN FCO., DOS RÍOS, URUCA, MATA REDONDA, PAVAS, HATILLO, SAN SEBASTIAN

 

ESCAZÚ

ESCAZÚ, SAN ANTONIO, SAN RAFAEL

 

DESAMPARADOS

DESAMPARADOS, SAN MIGUEL, SAN JUAN DE DIOS,SAN RAFAEL, SAN RAFAEL ABAJO, SAN ANTONIO, PATARRÁ, DAMAS

 

ASERRÍ

ASERRI

 

MORA

COLÓN, GUADALUPE, SAN FRANCISCO,

 

GOICOECHEA

CALLE BLANCOS, MATA DE PLÁTANO, IPÍS,

 

SANTA ANA

SANTA ANA, SALITRAL, POZOS, URUCA, PIEDADES, BRASIL, Nombre9583, Nombre82571 

 

Nombre9583

Nombre82572 , Nombre82573, Nombre82574

 

 

DULCE NOMBRE DE Nombre304, Nombre82575

 



SAN JUAN, Nombre82576 . Nombre82577

 



 . Nombre82578 , 

 

 , Nombre4620, Nombre64645, SAN RAFAEL,

 

CURRIDABAT

GRANADILLA, SANCHEZ, TIRRASES

 

 

 

Nombre15770

Nombre15770

Nombre15770, Nombre82571 , Nombre82579, SAN ANTONIO, GUÁCIMA, ISIDRO, SABANILLA, SAN RAFAEL, RÍO SEGUNDO, DESAMPARADOS, TURRUCARES, TAMBOR, GARITA,

 

Nombre82580

, Nombre304, Nombre64645, Nombre82573,

 

Nombre82578

 , SAN JUAN, SAN RAFAEL, CARRILLOS, SABANA REDONDA

CARTAGO

CARTAGO

ORIENTAL, OCCIDENTE, CARMEN, SAN NICOLAS, AGUA CALIENTE O SAN FRANCISCO, GUADALUPE, TIERRA BLANCA, Nombre82581 , LLANO GRANDE

 

PARAÍSO

PARAÍSO, SANTIAGO, OROSÍ, CACHÍ

 

LA UNIÓN

SAN RAFAEL, CONCEPCIÓN, DULCE NOMBRE, SAN RAMÓN, RÍO AZUL,

 

ALVARADO

PACAYAS, CERVANTES, CAPELLADES,

 

OREAMUNO

COT, POTRERO CERRADO, CIPRESES, SANTA ROSA,

 

EL GUARCO

EL TEJAR, Nombre82582 , Nombre82583





, Nombre64645, SAN FRANCISCO, Nombre82584

 



 , Nombre82585 , Nombre82586 , Nombre82587 , Nombre82571   

 

 

 , Nombre82588, Nombre82589 , Nombre82590 , TURES, Nombre82591

 

 

 , Nombre82578 , Nombre82592 , Nombre304, SANTO DOMINGO, PURABÁ

 

SAN RAFAEL

SANTIAGO, Nombre82593 , Nombre82573

 

SAN ISIDRO

Nombre82594 , Nombre82571 , Nombre82573,

 

Nombre82572

 , RIVERA, Nombre82595

 



  , BARRANTES, Nombre82585

 

 

 

The indicated populations (updated by DE No. 25902) are defined as an Urban Control Area, and a "Special Protection Zone" is established within them (Article 2 of Regulation 3332 of April 26, 1982 (consult www.pgrweb.go.cr/normativa/normas). As can be observed, the "Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan (GAM) by INVU" does not expressly include the canton of Naranjo or any district thereof. REGARDING EXECUTIVE DECREE No. 25902 OF FEBRUARY 12, 1997. It modified the third part of the Greater Metropolitan Area Regional Urban Development Plan, by modifying the "Urban Control Area", detailed in the table referred to above and, over which the Special Protection Zone is defined, and maintains the limitations of DE No. 13583, among them those of Article 5, subject to review in the present dispute, in the terms already indicated. Article 1 of the Decree states: "Modify the third part of the Regional Urban Development Plan, or Legal Instruments, published in 'La Gaceta' number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, and which was decreed by means of Executive Decree No. 13583-VAH-OFIPLAN, of May third, nineteen eighty-two, published in 'La Gaceta' number 95 of May eighteen, 1982, so that henceforth they shall read as follows:" (and refers to Articles 1, 2, 3, and 4 of Placa13417, recalling that Article 1 of DE No. 13583 establishes an Urban Control Area over which the provisions of the Decree shall apply, composed of the districts of the provinces of San José, Alajuela, Heredia, and Cartago expressly indicated, provided that the Municipal Governments have not promulgated their own Planning and Urban Development Regulations. Now, Article 2 of DE No. 25903 states: "It is decreed to reform Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 that regulate the 'Special Non-Building Areas (Arcas (sic) Especiales de no construcción)', of the Regional Urban Development Plan, or Legal Instruments, published in 'La Gaceta' number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, and which was decreed by means of Executive Decree No. 13583 VAH-OFIPLAN, of May third, nineteen eighty-two, published in 'La Gaceta' number 95 of May eighteen, 1982, so that henceforth they shall read as follows: SPECIAL NON-BUILDING AREAS These special areas are subject to the following regulations: 'SPECIAL ZONES FOR THE CONVEYANCE OF WATER, SEWER, ELECTRICITY, OIL PIPELINES, AND SIMILAR NETWORKS (EASEMENTS)' Article 1 (...) 'SPECIAL FOREST PROTECTION ZONES' Article 5°-The protected zones (zonas protectoras) that were created by Decrees number 6112-A dated June 23, 1976, published in 'La Gaceta' number 136 of July 17, 1976, and those created by Decree number 13583 VAH-OFIPLAN, of May 3, 1982, published in 'La Gaceta' number 95 of May 18, 1982, and that appear in the Regional Urban Development Plan, published in 'La Gaceta' number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two, are maintained; that is, those of La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas, Cerro de Las Palomas, and Cerros de Escazú, Loma San Antonio (Tirrases), and Loma Salitral, with the portion between the northern limit of the latter and the 'intercantonal road' project for public institutional use and as a buffer zone and for the protection of Loma Salitral. All these zones shall be subject to the following regulations: 5.1 The execution of new Urbanizations in them shall not be permitted and, 5.2 Subdivisions resulting in parcels of less than five hectares shall also not be permitted, unless the property is subjected to the forest regime, in which case the minimum lot size shall be that established by the Ministry of Agriculture and Livestock" (consult at www.pgr.web.go.cr/normativa). Which is the rule whose interpretation and scope of application constitutes the object of this proceeding. REGARDING EXECUTIVE DECREE 29393-MINAE. Promulgated on January 15, 2001, it establishes, for the purposes of Article 37 of the Organic Environmental Law, the Environmental Management Plan (Plan de Ordenamiento Ambiental), which is a guide for the permitted use by the owners of properties included within the limits of Forest Reserves, Protected Zones, and Nombre54259 Refuges, considering that the declaration of those three categories has not had the necessary economic support to pay the owners for those farms and to avoid the limitation on the use of those properties. The Zona Protectora Río Grande is expressly delimited and regulated in that decree, among other protected zones and Nombre54259 refuges and other conservation areas. REGARDING EXECUTIVE DECREE No. 38334 OF MARCH 10, 2014. It approves the "Update of the Greater Metropolitan Area Regional Plan," whose object is to guide and instruct the update of the Greater Metropolitan Area Regional Plan, known as Plan GAM, in force since 1982, adjusting to constitutional jurisprudence and the changes that urban planning and environmental legislation have undergone in recent years, establishing the provisions of regional interest that will guide the preparation of Regulatory Plans, and the coordination of urban and sectoral policies within the space comprised by the Greater Metropolitan Area, which is part of the Central Region, according to Executive Decree No. 944-PLAN-MP and its amendments. Article 2 defines the scope of application: "Plan GAM is of mandatory compliance in the Greater Metropolitan Area, which includes totally or partially the cantons of: San José, Escazú, Desamparados, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Aserrí, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Atenas, Poás, Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, and San Pablo...". As Nombre82565 above, the canton of Naranjo nor its districts are included in Plan GAM.

IX. MERITS OF THE MATTER. SCOPE OF THE REGULATIONS INDICATED FOR PROPERTY 2-00493886-000. LEGALITY OF RESOLUTIONS SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, AND R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019. The basis given by SINAC for the rejection of the approval of the 27 plans requested by the plaintiff -according to field inspection reports PNE-V-3- is that the property intended to be segregated is: "Nombre32632.- Afectado por: DECRETO N°25902-MIVAH-MP-MINAE SÍ" (Affected by: DECREE N°25902-MIVAH-MP-MINAE YES). Indicating in the OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS section: "Nombre82570 plan intended for approval, 'is geographically located within the Nombre54259 Protected Area, designated Zona Protectora Río Grande, which was created by Executive Decree N°6112-A, dated June twenty-third, nineteen seventy-six, and that this (sic) Nombre54259 Protected Area is affected by Executive Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE, of the Greater Metropolitan Area and its modifications (...) which establishes in its Article 5.- that the Special Forest Protection Zones described in this decree are conditioned to the following regulations: 5. No new urbanizations are permitted in them, and 5.2 Subdivisions in parcels less than five hectares are not permitted, unless the property is subjected to the Forest Regime....". Therefore, it recommends "...Not to continue with the plan approval procedure since it is affected by Executive Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE" (images 71-72 of the judicial file). Based on the inspection visit and the stated grounds, the Grecia Office of SINAC issued RESOLUTION DENYING PLAN APPROVALS No. SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019, basing the rejection on: "NINTH: That the plans associated with the documents (...), for which approval is sought, are geographically located within the Nombre54259 Protected Area, called Zona Protectora Río Grande, which was created by Executive Decree N°6112-A, dated June twenty-third, nineteen seventy-six, and that this (sic) Nombre54259 Protected Area is affected by Executive Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE, of the Greater Metropolitan Area and its modifications..." (...) ELEVENTH: That from the moment this office becomes aware that the plans to be approved are affected by Executive Decree N°25902-VAH-MP-MINAE, by not complying with the minimum area for subdivision according to Article 5 of said Decree, this Subregional Office, based in Grecia, cannot give the approval to continue with said approval..." (emphasis added). Through resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, which rejected the appeal for reconsideration, it added to the grounds given: "FIFTH: In the fifth point, as the appealed resolution rightly indicates by mentioning that, in the case of the Canton of Naranjo, the district of Rosario was left outside the urban control, that is, residential expansion, since it is not mentioned in Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, it may possibly be correct; however, it is not within the competence of this office to elucidate this issue. What is clear to this instance is that the reason the Zona Protectora Río Grande was created was for the conservation and protection of biodiversity, soil, water resources, and ecosystem services in general for the common benefit of people. This is why, in the environmental field, the District of Rosario, properly within the geographic area that is part of the Zona Protectora Río Grande, which was created by Executive Decree 6112-A and ratified by Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE, has limitations on use, and as the governing body in environmental matters, the preventive criterion must be adopted, as established in Article 11 of the Biodiversity Law No. 7788, where it is recognized that it is vital to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats, and the precautionary criterion or In dubio Pro natura: when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with it...". And, resolution R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, which resolved the appeal, added in its grounds that "it is vital that at no time can the environmental restrictions established for the territory that is within this protected zone be excluded, and it must be given comprehensive treatment as a (sic) Nombre54259 protected area to protect the environment and not for urban development purposes" (image 277 of the judicial file). The acts whose annulment is requested in this proceeding are based on numeral 5 of DE No. 25903, because the administrative authority interprets that the provisions and limitations it establishes extend to the territory where the property intended to be segregated is located. The plaintiff does not agree with the basis on which the rejection and denial of the plan approvals were founded. This Panel of judges must review the formal conduct issued by SINAC, finding that the core issue is the interpretation given to the aforementioned numeral 5, since the norm is interpreted one way by the Administration and differently by the claimant company. In light of Articles 9 through 14 of the Civil Code, when interpreting a norm, historical and legislative background, the social reality to which they apply, as well as the spirit and purpose they pursue, must be considered. For the case under study, also the provisions of Article 10 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which provides that the administrative norm must be interpreted in the way that best guarantees the realization of the public purpose and respecting the rights and interests of the administered party to whom it is directed, as well as the environmental principles enshrined in the Organic Environmental Law and the Forest Law (Ley Forestal) and developed in various regulations and national jurisprudence. In this process of judicial interpretation, various methods of interpretation, integration, and delimitation of the legal system may be used. This Chamber chooses to resort to the historical and systematic method for the article under review, thus attempting to define the interpretation consistent with the legal system, without neglecting the teleological interpretation, seeking to demonstrate in the proposed exercise the purpose and spirit of that article. That is why, in Considering VIII, an account of the origin and background of Article 5 was given, which allowed the demonstration in this process of interpretation of the norm that the objective of DE No. 25903 is to modify the third part of the Regional Urban Development Plan, which in turn establishes an "Urban Control Area," and that in this territorial delimitation, the canton of Naranjo, where the property intended to be segregated is territorially located, is not included, and that it has not been added in the various modifications and applications of the territories that comprise the Greater Metropolitan Area, over which the provisions of the Decree shall apply. The logical systematic method allows determining the application and subsumption of the norm to the concrete fact (subsumption, according to the usual dictionary of the Judicial Branch, is the logical link between the occurred fact and the hypothetical provision made by the norm, consult at www.poder-judicial.go.cr/diccionario usual). It is therefore pertinent to ask, what is the base hypothetical provision of DE No. 25902 and of its numeral 5, whose judicial interpretation is sought? To address this question, the antecedent that supports the norm must be clear, in the terms previously developed, and from which, this Chamber considers, the interpretation of Article 5 of the decree must be consistent with the entirety of the Decree – and not in its literalness or isolated from the purpose it regulates – and in close relationship with the other decrees studied and the Forest Law and the Organic Environmental Law. As indicated, the objective of the Decree is to delimit the Greater Metropolitan Area (provinces, cantons, and districts) and does not contemplate the canton of Naranjo or any of its districts; therefore, this Chamber considers that canton is excluded from the urban control area provided for in the norm under discussion. Understanding with what has been stated that SINAC performed an extensive interpretation of the aforementioned executive decree, and especially of numeral 5, when in the "Resolution Denying Plan Approvals No. SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019", it establishes as grounds for the rejection of the plans that: "NINTH: That the plans associated with the documents (...), for which approval is sought, are geographically located within the Nombre54259 Protected Area, called Zona Protectora Río Grande, which was created by Executive Decree N°6112-A, dated June twenty-third, nineteen seventy-six, and that this (sic) Nombre54259 Protected Area is affected by Executive Decree N°25902-MIVAH-MP-MINAE, of the Greater Metropolitan Area and its modifications published in Gaceta N°66, of April 7, which establishes in its Article 5, that in the Special Forest Protection Zones...".

X. CONTINUATION. NECESSARY CLARIFICATION. This Panel finds it necessary to clarify that, in this systemic analysis, it cannot be overlooked that the property intended to be segregated, due to its location (canton of Naranjo), is located in a "protected zone," DE No. 6112-A of June 23, 1976, an instrument classified as a Nombre54259 protected area by Law No. 7554, and, in that sense, the affirmation made by SINAC and the rejection based on the fact that the territory described by the plans whose approval was rejected are immersed within an environmentally protected zone, which is called Zona Protectora Río Grande, and as such, is subject to the legal regime and environmental regulations defined for that specific category of protection, and that the Administration must ensure its application and exact compliance, is indeed in accordance with the law. The error lies -in the judgment of this Panel- in affirming that this area is also affected by Executive Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE; that is the extensive interpretation with which the Tribunal does not agree, inasmuch as the purpose contained in Regulation No. 3332 of the INVU and DE No. 13583 is to regulate the urban development of the system of cities and population centers of the Central Valley of the country, designated as the Greater Metropolitan Area, and the first action taken in those norms is the definition in an exhaustive list of the territories it comprises. If the norm did not include the canton of Naranjo and any of its districts, it cannot be understood that DE No. 25902 encompasses or covers, within its scope of application, territories that are protected by a different instrument, namely the "Zona Protectora Río Grande". By performing this extensive application, this Panel considers that a defect is incurred in the grounds of the resolutions issued. It must be remembered that the existence and validity of every administrative act is subject to the presence of essential elements, expressly established by the legal system, namely: material ones, referring to subjective elements (competence, standing, and investiture), objective elements (purpose, content, and grounds - Articles 131, 132, and 133 of the LGAP-), and formal ones, comprising the form in which the act is adopted, that is, the means of expression or manifestation (instrumentation), the reasoning or statement of reasons (Article 136 of the cited General Law), and the procedure followed for its adoption (Articles 214 and 308 of the LGAP, and 39 and 41 of the Constitution). As a corollary of the foregoing, this Chamber holds that the administrative acts whose annulment is requested certainly present a defect in the grounds element, which is the reason why the Administration issues the act, the set of factual and legal antecedents on which the decision taken is sustained, with Article 133 of the LGAP establishing that it must exist and be legitimate. For its part, the reasoning – although linked to the grounds – can be defined as the declaration or way in which the circumstances of fact and law that led the Administration to adopt that act are explained. By SINAC supporting the denial of the plan approvals on an extensive interpretation of Article 5 of DE No. 25902, the legal antecedent and the externalization of the circumstance of fact and law of the issued act present an error that vitiates the act from its formation. In the present case, the defect is not the absence of grounds, but rather that the factual and legal antecedent that supported the rejection of the plans is erroneous by making an extensive interpretation of Article 5 of DE No. 25903, in the terms set forth, and given the close link between grounds and reasoning, the latter also presents the indicated defect, because it is sustained on an erroneous condition, by extensively applying – it is insisted – a norm that was not applicable. Consequently, as the 27 field inspection reports PNE-V-3 identified with inspection order numbers OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019; resolution SINAC- ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, which denied the approval of the plans; resolution SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, of SINAC, which rejected the appeal for reconsideration; and resolution SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, which rejected the appeal, present a defect in the grounds and reasoning, the claim for annulment of those administrative acts must be granted, as is hereby ordered.

Now, it is necessary to clarify that the declaration of nullity upheld as petitionary claims 1, 2, 3, and 4 of the complaint does not entail or mean that this Chamber is granting petitionary claim 5: "That SINAC be ordered to grant approval (visado) of the 27 plans requested by Nombre82562 related to the rejection minutes for submission 2019-54706-C, 2019-54708-C, 2019-54709-C, 2019-54712-C, 2019-54713-C, 2019-54714-C, 2019-54716-C, 2019-54717-C, 2019-54720-C, 2019-54723-C, 2019-54725-C, 2019-54729-C, 2019-54731-C, 2019-54732-C, 2019-54733-C, 2019-54734-C, 2019-54735-C, 2019-54736-C, 2019-54739-C, 2019-54741-C, 2019-54743-C, 2019-54747-C, 2019-54749-C, 2019-54751-C, 2019-54752-C, 2019-55324-C, 2019-55328-C". In the first order of reasons, what is petitioned exceeds the subject-matter competence (competencia material) of this Jurisdiction, constitutionally granted in article 49; granting what is sought would be to substitute the active Administration in the exercise of its faculties and powers. Furthermore, as indicated, upon determining a defect in the grounds and reasoning (vicio en el motivo y fundamentación) and ordering the nullity of the administrative acts, the legal consequence of what is decided renders the ruling on the merits by the administration—SINAC—non-existent, and SINAC must issue a new administrative decision regarding the application presented by the plaintiff corporation. Let the respondent administration take note that the property intended to be subdivided (segregar) is located within the boundaries of a protected zone (zona protectora), as Nombre82565 in Proven Facts numbers 3, 13, 15, and 16 of this resolution, and in that particularity it is subject to the regulations and limitations provided for in Decreto Ejecutivo N°6112-A. Consequently, when its application to a specific case materializes, the guiding environmental principles must prevail, such as in dubio pro natura and the precautionary principle (principio precautorio) in harmony with what is stated in the aforementioned decree; as acknowledged by the plaintiff: "Nombre82562 does not request the non-application of environmental regulations applicable to properties such as the Ley Orgánica del Ambiente or the Ley Forestal, ..." (image 15 judicial file).

XI. As a corollary to the foregoing, the complaint must be declared partially with merit. Consequently, the absolute nullity—for defect in the grounds and reasoning—of the 27 PNE-V-3 field inspection reports (boletas de inspección de campo) identified by inspection official communication numbers OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019, issued for each of the plan approval requests, is declared, as well as the absolute nullity of resolutions SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, and SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, of SINAC. As improper, petitionary claim number five of the complaint is rejected. SINAC is ordered to address and resolve the request for approval of plans presented by the plaintiff, a task that as the active Administration falls within its original competence; a ruling that, as indicated, must observe and respect the regulations and limitations affecting the property intended to be subdivided, as it is located within the boundaries of a protected zone as provided for in Decreto Ejecutivo N°6112-A and the corresponding regulations; consequently, the new formal declaration by the Administration must not consider the reasoning given in the administrative acts whose nullity is declared by this resolution, which were based on DE N°25902.

XII. ON THE OBJECTIONS. The representation of the State and SINAC raised the objection of lack of right (excepción de falta de derecho), which must be partially upheld for the reasons stated.

XIII. ON COSTS. By express provision of article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the ruling on the costs of the proceeding must be made ex officio, condemning the losing party to their payment. The condemnation is imposed on the losing party by the very fact of being so. That is, for losing the litigation. Petitionary claims 1, 2, 3, and 4 of the complaint must be upheld for the reasons stated. The only claim that does not proceed is that of granting approval of the plans, because granting what was requested exceeds the competence of the contentious-administrative jurisdiction, which must review the legality of the Administration's conduct but cannot substitute its action. In that sense, the respondent parties are considered to have been defeated and, therefore, it is appropriate to condemn them to pay both costs of this action, there being no reasons justifying their exoneration pursuant to subsections a) and b) of the cited article 193. The costs shall generate interest once their amount is determined and enforceable.





POR TANTO

The objection of lack of right is partially upheld, only with respect to claim number five of the complaint. Petitionary claims 1, 2, 3, 4, and 6 of the complaint filed by Rosario Development Corporation, S.A. are upheld. Consequently, the absolute nullity of the 27 PNE-V-3 field inspection reports identified by inspection official communication numbers OG-1183-2019, OG-1184-2019, OG-1184-2019, OG-1186-2019, OG-1187-2019, OG-1188-2019, OG-1189-2019, OG-1190-2019, OG-1191-2019, OG-1192-2019, OG-1193-2019, OG-1194-2019, OG-1195-2019, OG-1196-2019, OG-1197-2019, OG-1198-2019, OG-1199-2019, OG-1200-2019, OG-1201-2019, OG-1202-2019, OG-1203-2019, OG-1204-2019, OG-1205-2019, OG-1206-2019, OG-1207-2019, OG-1208-2019, OG-1209-2019, the absolute nullity of resolutions SINAC-ACC-RES-D-V-OG-014-2019 of September 19, 2019, SINAC-ACC-RES-RV-OG-015-2019 of September 30, 2019, of SINAC, and R-SINAC-CONAC-043-2019 of December 2, 2019, is declared. Let the Administration—SINAC—take note of what is ordered in Considerando XI. The co-respondent parties are condemned to pay both costs of this action, as well as any eventual interest that may be generated thereon once the amount is determined and enforceable. Ronaldo Hernández Hernández. Nombre13370 . Lourdes Vargas Castillo. Notifíquese.








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Documento firmado por:

Nombre13370 , JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-004240-1027-CA

Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0107 (EXT 01-2707) ó 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

 

 

 

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