Res. 01188-2022 Tribunal Agrario — Land Titling in Los Santos Forest Reserve via Possessory Information ProceedingTitulación de terreno en Reserva Forestal Los Santos mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01188 - 2022

Fecha de la Resolución: 15 de Diciembre del 2022 a las 14:16

Expediente: 20-000027-0699-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas.
Titulación de área dentro de zona protectora.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 3




PROCESO:

	

INFORMACION POSESORIA




ACTOR/A:

	

[Nombre2]  




 

	

 

 

    VOTO [Nombre1]° 1188-F-2022

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas dieciséis minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre2]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Copey de Dota, cédula de identidad número CED1 -     -    . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por [Nombre3]  , mayor, soltera, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número CED2 -     -  , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -       - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 -     -  , en calidad de  apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como abogada directora del promovente la licenciada Sandra Navarro Marín, carné veinte mil noventa y nueve. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

 Redacta la Jueza Castro García; y,

                                                  CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1.-El gestionante [Nombre2]   , interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: Terreno con una casa y agricultura. Situada en Copey, en el [Dirección1]:  ,    , de la provincia de San José.- COLINDA: NORTE con [Nombre4]  , por el rumbo [Dirección2]  , con un frente a ella de treinta y ocho punto treinta y dos metros lineales, por el rumbo ESTE [Nombre5]    y por el rumbo OESTE [Nombre2]  . MIDE: mil setecientos ochenta y seis metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número uno-dos uno dos nueve dos tres cinco-dos mil diecinueve,"  (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 4).- 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en imágenes 42 a 44; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en imagen 50.-

 II- El juez José Francisco Chacón Acuña, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 2022000095 de las veinte horas quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, resolvió: "POR TANTO: Se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria. Proceda el Registro Inmobiliario a inscribir por primera vez y a nombre de [Nombre2]   , cédula CED5      , la finca sin inscribir que se describe así: Terreno con una casa y agricultura. Situada en Copey, en el [Dirección1]:  ,    , de la provincia de San José.- COLINDA: NORTE con [Nombre4]  , por el rumbo [Dirección2]  , con un frente a ella de treinta y ocho punto treinta y dos metros lineales, por el rumbo ESTE [Nombre5]    y por el rumbo OESTE [Nombre2]  . MIDE: mil setecientos ochenta y seis metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número uno-dos uno dos nueve dos tres cinco-dos mil diecinueve. El inmueble a titular soporta una servidumbre de paso por un plazo indefinido a favor de la finca inscrita al Folio Real San José, matrícula [Placa1]        , de seis metros de ancho por cincuenta y tres metros de largo, con un rumbo de [Dirección3]  . Asimismo queda afectado bajo las reservas legales en cuanto a las cargas reales referidas al derecho de vía en caminos públicos (artículos 1 y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y numeral 4 de la Ley General de Caminos Públicos)," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 96 a 102).

 III- Hechos Probados. Se prohíjan los hechos probados contenidos en la sentencia apelada por ajustarse a los elementos de prueba constantes en autos

 IV- Apelación. El ente procurador recurre la sentencia aprobatoria  (apelación en imagen 165 a 169 modo pdf). Como motivos de reclamo en su recurso expone los que ha continuación se enumeran: 1) Falta de demostración del ejercicio de una posesión ecológica. Señala, discrepa con la afirmación del fallo en cuanto se afirma: “el titulante solo sigue estando obligado a demostrar la posesión  decenal anterior al decreto que declara dicha área como tal.” Argumenta,  para titular terrenos dentro de las áreas  silvestres protegidas, bienes de interés público ambiental, es requisito demostrar el ejercicio de una posesión, lo que en el caso considera no se produjo. Pues, según se hizo ver en la audiencia fina, según el plano y lo expresado en  el escrito inicial, el inmueble está dedicado a  “casa y agricultura”. El estudio de uso de suelos  indica que el uso actual del terreno es “huerto” y en el reconocimiento judicial se constató  que en el inmueble existen chiverres cosecheros, plantas de chayotes y algunos otros árboles frutales. Tiene un galerón o casa en regulares condiciones, todas actividades incompatibles  con los fines de conservación del área silvestre.Transcribe sobre la posesión ecológica extractos de votos de este Tribunal. 2) Aprobación del proceso a pesar de la falta de demostración de posesión decenal anterior a la afectación de dominio público. Reclama, se tuvo como hecho probado sétimo que el titulante ejerció posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Los Santos, considerando la posesión sumada a la posesión trasmitida, y que adquirió el mismo por donación que le hiciera el señor [Nombre4]   ”. Disiente de lo resuelto por cuanto, la escritura por la cual “adquirió” el  terreno el promovente tiene fecha  del 19 de junio de 2019, es decir, fue otorgada 44 años después de que se creó la Reserva Forestal Los Santos. Sobre la presunta  posesión del titulante, el testigo [Nombre5]   afirmó: “[Nombre2] lo tiene desde hace 3 o 4 años”. El deponente [Nombre6]    declaró no saber con exactitud  desde cuándo “posee” el titulante el inmueble y  [Nombre7]   dijo creer  que [Nombre2]  tenía el terreno desde hacía 10 años. Este último testigo es el que más tiempo de “posesión” le atribuyó al promovente. La prueba testimonial se recabó el 22 de febrero de 2022, por lo que, acorde con lo expuesto por los testigos, el titulante habría  ocupado el fundo como máximo desde el año 2012 (37 años posteriores a la declaratoria de  dominio público del área silvestre).  Finalmente, contrario a lo expresado por Juzgado de instancia, la posesión derivada  tampoco quedó demostrada. Los testigos se limitaron a dar una lista de nombres sin precisar ni el tiempo de posesión de cada uno de ellos, ni los años de presunta posesión que habrían ejercido. Incluso la misma sentencia reconoce que los testigos “no precisan sobre los años  de posesión de cada uno de ellos y los actos posesorios ejercidos por ellos”. Extracta segmentos de votos de esta Instancia relacionados con el tema recursivo. Solicita se impruebe el proceso por  incumplimiento de requisitos legales y pretenderse la inscripción a nombre de un particular de  un bien de dominio público, se revoque la decisión (imagen 165 a 169 modo pdf).

 V- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble en Copey, [Dirección4]  , [Dirección5]  Dota, de la provincia de San José, con plano No. SJ- 2129235-2019. Cuya naturaleza es de casa y agricultura. Cabida de  mil setecientos ochenta y seis metros cuadrados. Lo anterior acorde con lo mencionado en el escrito inicial, así como el plano y visado del MINAE aportado (expediente digital escrito inicial en imagen 2 a 5,  plano en imagen 11 a 12  de expediente digital modo pdf, estudio de suelos en imagen 9 a 10, todas en modo pdf y reconocimiento judicial (audio en documentos/fecha 23/02/2022 hora 11:30:24). Dicho bien es parte del área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos creada en el año 1975, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada (imagen 21 misma ubicación y modo anterior). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural según certificación del ente (imagen 51 y 52 igual ubicación precedente). Se verifica, el edicto de ley fue publicado en el Diario Oficial  (imagen 84 modo pdf) y el titulante no ha inscrito bienes al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias (imagen 15 expediente digital modo pdf). En igual orden de verificación del cumplimiento de requisitos legales y vistos los agravios contra la pieza apelada referidos a la insuficiencia de prueba sobre la posesión ejercida, ha de citarse que acorde con las reglas del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se establece en el proceso agrario el sistema de la libre valoración probatoria. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "... la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y  364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De igual forma, se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Aclarado lo anterior y estudiada la sentencia recurrida, encuentra esta instancia medió un análisis adecuado de los elementos probatorios y se concluye los requisitos legales del proceso interpuesto se han cumplido por el titulante, por lo que no existe motivo para revocar, por las razones que se exponen de seguido.

 VI- Sobre el agravio segundo referido a la falta de demostración de posesión decenal anterior a la afectación de dominio público. Cabe mencionarse sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, que independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAE su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAE. Ese conjunto normativo debe interpretarse a la luz de lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."  En este caso, dados los reproches de apelación, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1965 o antes y así que el terreno ha estado sometido al dominio privado desde esas fechas. Sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo Reserva Forestal Los Santos ocurrida en 1975, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, debe serle reconocido. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho."  Lineamiento propio del principio del Desarrollo Sostenible. Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos,  el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los  testimonios vertidos en el subjúdice. Ha de indicarse por esta Cámara que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias se encuentra vigente y la interpretación de esta norma del Tribunal Agrario, fue cuestionado por la Procuraduría General de la República ante la Sala Constitucional. Alto Tribunal que ha rechazado los cuestionamientos de inconstitucionalidad al respecto en votos Nos. 1997-04587 y 2010-01667. Y recientemente en el voto 01142  del 25 de enero del 2017. Que en  su voto de mayoría declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Estado en contra de la interpretación jurisprudencial de este Tribunal del artículo 7°, párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley No. 139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas. Donde se cuestionó que con dicha interpretación y aplicación, se conducía a la desafectación del dominio público de una cantidad indeterminada de bienes, en tanto permite la titulación de terrenos con cobertura forestal ubicados en áreas silvestres protegidas, mediante la acreditación de una ocupación decenal anterior a su respectiva ley o decreto de creación. Por lo que este Tribunal no puede desconocer los efectos de la norma cuestionada, ni inaplicarla. De forma tal, que se rechaza al agravio número uno referido a que se pretende titular un fundo que se ubica en su totalidad dentro de un bien afectado al dominio público.

 VII-  En referencia a los testigos y la demostración de la posesión decenal. Visto lo apelado cabe indicar, la sentencia venida aprueba el proceso de información posesoria al tener por acreditada la cadena de posesión y la antigüedad necesaria de ley. Sea la demostración de la posesión decenal sobre el inmueble a titular con anterioridad al decreto ejecutivo No. 5389-A del 12 de octubre de 1975. Como se citó en el considerando anterior, el inmueble ya descrito que es objeto de este proceso, se ubica dentro de la Reserva Forestal Los Santos, creada por el decreto ejecutivo [Nombre1]. 5389-A del 12 de octubre de 1975, según consigna la certificación emitida por el MINAE-SINAC. Por ello, de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias el titulante debe acreditar el ejercicio de la posesión en condición de dueño en los términos del artículo 856 del Código Civil, con al menos 10 años antes de la afectación del terreno a esa categoría de manejo; sea anterior al año 1965. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos y al pretender aprovechar la posesión de las personas transmitentes, debe el titulante adjuntar el título por el que adquiere la posesión y mejoras, no así los de anteriores transmitentes. Según indica en forma expresa el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Respecto a este último aspecto reclama en su recurso el representante el Estado, en el agravio número dos, no estar conforme con el hecho probado sétimo de la pieza recurrida al no acreditarse la posesión decenal necesaria antes  de la afectación. Al pretender la posesión de los transmitentes y ser la escritura de donación por la que adquiere quien promueve, del 19 de junio del 2019. Sea  44 años después de que se creó la Reserva Forestal Los Santos. Y que los testigos refieren a posesión de hace  3 o 4 años ([Nombre5]  ) y desde hace 10 años ([Nombre6]    y  [Nombre7]  ). Testimonios rendidos el 22 de febrero de 2022. De lo que se concluye que el titulante habría  ocupado el fundo como máximo desde el año 2012 (37 años posteriores a la declaratoria de dominio público del área silvestre).  Sin que tampoco la posesión derivada se probara. Por referirse los testigos a describir una lista de nombres, sin precisar tiempo de posesión de cada uno de ellos y los años de la presunta posesión. Que la misma sentencia cita. Todos esos embates han de ser rechazados. En primer orden resulta de aplicación el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, en cuanto establece que al pretenderse aprovechar la posesión de las personas transmitentes, debe el titulante adjuntar el título por el que adquiere la posesión y mejoras, no así los de anteriores transmitentes. Del estudio de los autos se denota que se presentó con el escrito inicial la escritura de donación mediante la cual adquiere [Nombre2]     de su padre [Nombre4]   del  19 de junio del año 2019. Escritura pública número 202. En la cual se citó que [Nombre2]   había adquirido el fundo de [Nombre4]   que le donó. Acto que es aceptado. Se hace mención en ese instrumento público que la enajenación ocurrió aproximadamente 14 años antes del otorgamiento de la escritura. Que el donante la compra desde el año 1973 a  [Nombre8] . Que estuvo en posesión desde antes del año 1960. Y que traspasan la posesión propia y de los transmitentes de más de 50 años. Ejercida en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a  título de dueño. Dicha escritura fue aportados a los autos según consta en el expediente digital (escritura de traspaso  de imagen 7 a 8). De forma tal que al adjuntarse la escritura por la que adquiere el promovente, según la regla del ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, le es posible aprovechar esa posesión previa. Sin que sea necesario se adjunte el traspaso de las anteriores compras descritas,  por cuanto la ley no exige ese requisito. Por lo que ha de rechazarse el embate contra la pertinencia y utilidad de la escritura de donación por la fecha de constitución y por poderse aprovechar la posesión derivada de anteriores transmitentes. Se rechaza el agravio al respecto. Tal documento ha de confrontarse con lo declarado por los testigos que se ofrecen en procesos de esta naturaleza para acreditar la posesión sobre el fundo.              

 VIII- Respecto a falta de demostración por la prueba testimonial, de la posesión decenal previa a la creación del área silvestre protegida que afectó el terreno al demanio ha de denegarse. Refiere a que de lo indicado por los testigos no se supera la posesión del promovente por un plazo mayor a los diez años previos a las declaraciones del 22 de febrero de 2022.  Por lo que, acorde con lo expuesto por los testigos, el titulante habría ocupado el fundo como máximo desde el año 2012 (37 años posteriores a la declaratoria de  dominio público del área silvestre). Así como la falta de demostración de la posesión derivada al no precisar los testigos de los periodos de posesión de cada poseedor, pues son imprecisos al respecto. Dado el agravio, en este caso concreto, valoradas las tres declaraciones a la luz del canon 54 y 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria de forma integral con la restante prueba recabada, se tiene por demostrada en esta Instancia el ejercicio de una posesión idónea y en respeto a los recursos naturales, mayor a la decenal anterior al año 1965 por parte del titulante,  al aprovechar la posesión ejercida de su transmitente y los anteriores,  para lo cual aportó escritura pública de adquisición a su  favor, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias; según se citó en el considerando anterior. Respecto a la prueba testimonial cuestionada por estimarse por la recurrente, no acredita la posesión que se pretende aprovechar, ni la antigüedad requerida en este caso, dada la afectación del terreno, en autos consta (expediente digital/audio de testimonios en carpeta documentos/ fecha: 23/02/2022 11:32:04) se rindió esa probanza el día 22 de febrero del 2022. Recibiéndose al  testigo [Nombre5]   (minuto 00:16 a 07:20 de audio), que indicó ser vecino del lugar que se llama Santa Rosa de Copey, ser tío del titulante. Ante la pregunta de si conoce el terreno, relata lo conoce desde hacía 50 años, pues ellos fueron "formados" en ese lugar. Expone que al fondo del inmueble, existía una casita pequeña donde ellos habitaban desde antes de ir a la escuela. Al momento de la declaración tiene 77 años cumplidos. Es decir que lo conoce desde el año 1950; época en el que la finca pertenecía a la señora [Nombre9] . Se le pregunta que si recordaba cuánto tiempo lo tuvo ella, contesta que no lo recordaba,  pero si sabe cuando ella vendió  [Nombre10] , sin precisar el tiempo que lo mantuvo en cuanto a fechas, pero le constaba que lo vendió a [Nombre8] ; un yerno de ese  transmitente. Y luego compra su padre, [Nombre11]  . Lo que ocurrió, por lo menos 40 años antes. El terreno, afirma, es unido con otros de los hijos de la familia. Relata que los primeros dueños que mencionó no lo  tuvieron por mucho tiempo, siendo su familia la que lo tuvo por mayor tiempo; salvo doña [Nombre12] que si lo tuvo por más tiempo bajo su posesión. Afirmó que la finca era más grande, familiar y que se dividió. La  porción a titular, le correspondió a su hermano [Nombre4] que  se lo donó a [Nombre2]. Que lo ha tenido desde hace tres a cuatro años. Siempre se dedicó a la agricultura. Nunca habido problemas por ese terreno para el titulante, o los anteriores propietarios. Siempre han estado las colindancias. Colinda con [Dirección6] , con un terreno del testigo declarante y con otro fundó del mismo títulante. Sólo existe el galerón citado que se observa en el sitio. Nunca ha sido abandonado. Siempre se le ha dado el mantenimiento y actualmente por [Nombre2] . En el pueblo lo reconocen como el dueño. Para esta Cámara este testimonio relata el historial posesorio del fundo que se solicita titular desde el año 1950. Se rinde una cadena posesoria antigua donde se cita a [Nombre13]  desde 1950, que le transmite a [Nombre10] , y éste a [Nombre8] . Persona que le traspasa a [Nombre2]  , que le pasa a [Nombre4]   (padre del titulante) y éste a [Nombre2]   . El testigo afirmó que la posesión personal  del promovente lo era desde hacía 3 o 4 años, que dada la fecha de la declaración lo sería desde el año 2018 aproximadamente. Se acredita una cadena posesoria originada en 1950, ininterrumpida y en condición de dueños y dueña. Es decir desde ese año el sector a titular ha estado sometido a dominio privado en las condiciones de posesión idónea según el artículo 853 del Código Civil. Es decir diez años antes de la creación del área silvestre protegida que afectó la finca o inscrita ocurrido en 1975. Si bien el testigo no precisó fechas exactas no entra en contradicción con la escritura de donación, ni la declaración de los otros dos testigos traídos al proceso. Sin que el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias exija que cada testigo deba referir en forma exacta una fecha para cada persona que ejerciera la posesión. [Nombre14] en una cadena posesoria que proviene desde los años 50 y en donde ha sido poseída por diversas personas. El testigo como persona originaria de esa población demostró conocer quienes han estado poseyendo ese fundo, en qué condición hasta la actualidad. Sin que exista motivo alguno para restar valor al testimonio. Y sin que el hecho de que sea tío del promovente sea causa de estimar que lo dicho sea inválido. Ninguna norma legal sanciona la prohibición de que familiares de un titulante sirvan de testigo.  Lo anterior coincide con lo mencionado por el testigo [Nombre6]   , (minuto 07:23 a 12:12) que mencionó ser pariente del promovente, no tener interés en el asunto y vivir en Copey. Citó conoce la parcela y se ubica en el terreno, que mide aproximadamente unos 1000 metros cuadrados. Describe que colinda al sur con [Dirección7] , al norte con su tío [Nombre4] , al este con [Nombre5]   con un terreno del mismo promovente. Conoce en la finca desde edad escolar en el año 1959 o 1960, el actualmente tiene 75 años. Recuerda era de [Nombre8]  y era potrero.  Y luego lo compra don [Nombre2], el abuelo del promovente. Luego él se la da a los hijos. [Nombre2] adquiere por donación  de un tío: [Nombre4] . Indica no recordar cuanto la tuvo [Nombre8], pues fue hace mucho tiempo en los 60. Siempre ha sido la misma finca y se ha sembrado de café y aguacate. Actualmente el promovente tiene aguacate, chiverre, anona, maíz. Existe un galerón antiguo. No hay montaña. No hay quebradas o ríos. Le consta a él y al pueblo, le pertenece al titulante. No sabe de conflictos por la posesión de la finca, pues era del abuelo del promovente. El abuelo le dio a los hijos. Nunca ha sido abandonada, sino trabajada con café y aguacate. Para esta Cámara, este testigo refiere de una posesión  que data desde 1960 y coincide con el dicho del anterior, así como la descripción de la escritura de donación. Al igual que el anterior, no cita en forma expresa las fechas de posesión de cada uno, pero tiene claro que la propiedad ha estado sometida a dominio de personas del mismo núcleo familiar de forma continua e ininterrumpida. Así como pacífica. Y de importancia, que desde 1960 fue potrero y en cual se ha desarrollado cultivo de aguacate y café. El testigo,  [Nombre7]   (minuto  12:15 a 18:37)  refirió  tener 74 años, conocer a [Nombre2]  de toda la vida. No es pariente ni tiene interés. Conoce el fundo, mide 1700 metros cuadrados. Identifica las mismas colindancias que refirió el anterior declarante. Conoce la finca de toda su vida pues creció en el lugar.  Recuerda a [Nombre8]  sin recordar por cuanto tiempo lo tuvo, pero saber que por algún tiempo. [Nombre8] le vende a [Nombre11] , que divide la finca en lotes. Y un familiar que identifica como [Nombre4]  le dona a [Nombre2], hacía más de diez años. Cita que antes de [Nombre8] , era de su  suegro [Nombre12] . Tiene entendido que de forma previa a [Nombre12], era de una señora [Nombre13] a la que no conoció. La finca tiene árboles de anona que s natural, algunas de naranjilla, esa zona de la finca contiene árboles de aguacate. No hay montaña, ni quebradas. No ha sido abandonada, ni conflictos de posesión. Se reconoce que [Nombre2] es el terreno y a todos los anteriores. Explica que fue de [Nombre8] del 65 en adelante y antes era de [Nombre10] , sin precisar cuanto tiempo la tuvo, pero fue bastante. De ello hacía como cerca de 50 años. Observa esta Cámara, que este testigo crece en la comunidad y conoce el fundo desde antes de 1965, pues indicó tener 74 años al momento de declarar en el año 2022. El mismo describe la misma cadena posesoria referida por el anterior deponente. Así como que la propiedad ha estado desde esa fecha bajo dominio posesorio de los que indica han sido sus dueños. Igualmente conoce de la ausencia de conflictos por la posesión del fundo, que ha sido poseída de forma continua, pública y en condición de titulares. A la luz del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción agraria, la prueba testimonial resulta útil para demostrar la antigüedad en la posesión previa a 1965 y la cadena posesoria del terreno,  para probar así la posesión decenal anterior al año 1975, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuando la finca resultó afectada por la declaratoria de área silvestre protegida, mediante el decreto N. SJ-1779828-2014 que creó la Reserva Forestal Los Santos. Con respecto a la precisión de fechas de los poseedores de un fundo sin inscribir, el Tribunal Agrario ha resuelto: " Además, es importante señalar que no es preciso que los testigos sean tan puntuales en cuanto a fechas exactas de posesión de cada uno de los transmitentes, o conozcan a todos éstos, menos aún en casos como el presente en el que el fundo ha tenido tantos dueños, pues lo importante es que exista una referencia a las personas vinculadas con el ejercicio de la posesión durante todos esos años y a la protección que se está haciendo del recurso forestal dadas las exigencias que plantea el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y al uso conforme del suelo de acuerdo a la certificación de folio 179, entre otros requisitos legales que no han sido objetados por la apelante.-" (voto N. 874-F-08). Criterio que se ha sostenido en votos posteriores y que comparte esta Cámara. Lo importante a fin de determinar si procede o no una titulación de un terreno ubicado dentro de áreas silvestres protegidas, es el conocimiento que se logre acreditar por parte de los testigos del fundo, sobre la antigüedad suficiente de la cadena posesoria y los actos ejercidos en el inmueble. Nota esta Sede, lo declarado por todas las personas testigas acreditan hechos que van más allá del año 1965 . Al tenor del sistema de libre valoración probatoria y las reglas de la sana crítica racional, se concluye de su contenido, el conocimiento del fundo y de la cadena posesoria data desde la década de los años 50 y 60, como se citó, pues identificaron a las personas que fueron poseedoras en condición de dueñas de un largo período de tiempo. Por ello, los reproches del ente procurador en la audiencia final y recurso que se conoce , referido a la falta de precisión exacta de los testigos. Los testigos son personas que han vivido toda su vida en el lugar y tienen un conocimiento profundo histórico de lo acontecido en esa comunidad. Sus declaraciones fueron honestas, sin contradicciones, ni prueba que la desvirtúe. Lo que se concluye por esta Cámara del análisis de todas las deposiciones y la valoración integral de la prueba realizada, en cuanto se acredita un conocimiento del terreno en un periodo anterior a la afectación. Por lo que acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se cumple la posesión de particulares, diez años antes al año 1975, fecha en que se creó la Reserva Forestal Los Santos y se afectaron las fincas existentes dentro de sus límites.

 IX- Respecto al reclamo de no ejercerse posesión ecológica ha de rechazarse. No existe prueba de que mediara eliminación de especies de plantas y animales, tampoco procesos de deforestación y degradación de  los recursos por el titulante o los anteriores poseedores del terreno.  Como se cita por los testigos ya mencionados, en el fundo existen árboles de aguacate, anona y naranjilla; son cultivos permanentes. El testigo [Nombre6]    cita que conoció la finca en 1950 y 1960 cuando era de [Nombre8] y era de potrero. En igual sentido refirió Ascensión. Ambos describe existen árboles de aguacate, naranjilla, anonas y ha habido café. Ninguno de los declarantes describen un cambio en el uso de suelos, talas o daños a los recursos naturales.  En el reconocimiento judicial del 22 de febrero del 2022, se consignó encontrar un inmueble de terreno para cultivos con topografía quebrada e irregular Totalmente delimitada con postes y alambre, mojones de apariencia de vieja data. Que estaba asistido con mantenimiento, se encontraron algunos cultivos: Chiverres, frutales, chayotes, En regular o mal estado bodega de madera y zinc. La servidumbre gráficada en el plano aportado, existe en la materialidad del fundo. En el estudio de suelos se mencionó existe huerto de cultivos permanentes de árboles de aguacate, anona y naranjilla Una edificación de galerón, cemento y zinc en mal estado de 42 metros de área. Se recomienda dar prioridad a los cultivos permanentes y plan de fertilización tipo orgánico. Así como vigilar la canalización de aguas (imagen 10 a 11 de expediente pdf). La naturaleza del suelo era de huerto suelo tipo IV con las condiciones citadas y se certificó el uso conforme de suelos en un cien por ciento. De lo afirmado por los testigos en cuanto el uso del fundo, lo consignado en el reconocimiento judicial y el estudio de suelos,  no encuentra esta Sede existan actos contrarios a la naturaleza de la categoría de manejo de Reserva Forestal en que esta inmersa la finca a titular. Pues en tal existen árboles, si que existe lesión al recurso suelo, ni hídrico. Tampoco media prueba de que se hubiera producido alguna denuncia administrativa o judicial, informe técnico o documento de lesión alguna a los recursos naturales. Para esta Sede, la presencia de café, aguacate, anona y chiverre no produce lesión alguna. Actos que según lo citado por los testigos, se han mantenido a lo largo de las décadas. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso y en respeto de los recursos naturales )articulo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). De importancia cabe acotarse por esta Cámara,  según el Decreto Ejecutivo número 29393-MINAE Plan de Ordenamiento Ambiental que regula en términos generales las diversas actividades a ser desarrolladas en Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Refugios de Vida Silvestre se indica que: " CONSIDERANDO 1.- Que el país en los últimos 30 años ha venido declarando Reservas Forestales. Zonas Protectoras y Refugios de Vida Silvestre, lo anterior con el fin de dotar a todas y todos tos costarricenses de un ambiente ecológicamente equilibrado y la vez salvaguardar las riquezas naturales para las presentes y futuras generaciones. 2- Que la declaración de estas tres categorías de manejo no ha tenido el sustento económico necesario con el fin de pagar a sus propietarios las fincas, lo que ha venido a representar una limitación para el uso de los bienes inmuebles incluidos dentro los límites de las Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Refugios de Vida Silvestre Estatales y Mixtos. 3.- Que tal y como ordena el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, para lograr el desarrollo sostenible de estas áreas y permitir de parte de los propietarios el uso sus fincas, se debe contar con Plan de Ordenamiento Ambiental... Definición de criterios A nivel de cada área de conservación: el ordenamiento ayuda a definir cuáles actividades vamos a desarrollar dentro de la misma y en cuáles terrenos, dependiendo de la rentabilidad en forma sostenible del uso del suelo, población, recursos, etc. Así entonces, este concepto está referido al control que se debe tener respecto a las actividades humanas que se dan en determinado sector geográfico. Por lo tanto, en la decisión de autorizar el desarrollo de actividades que se pueden realizar en las áreas de estudio privan los criterios de:... Uso Correcto: Donde el uso de la tierra coincide con la capacidad de uso. Por ejemplo, actividades agrícolas anuales en terrenos de capacidad I, II y  III, así como cultivos permanentes en terrenos de capacidad IV, V y VI. El uso correcto se clasificó en: Agropecuario: Terrenos dedicados a actividades agropecuarias y que se encuentran dentro de la capacidad de uso I, II, III, IV, V y VI..  ". En el estudio de suelos aportados a los autos,  se indica que el tipo de suelo es  IV y en tal predio destaca los cultivos de tipo permanente (imagen 9 y 10 expediente modo pdf). Por lo que se cumple con el uso permitido en esa zona, dado el tipo de suelo mencionado. Por lo tanto no se denota se ejerza un posesión que no sea ecológica, como es exigido por el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias. Aunado a que el ente procurador apelante no menciona en que aspectos o porque motivos la tenencia de los árboles citados como cultivos permanentes, las plantas de chayote y chiverre encontrados transgrede esa norma legal. Si el mismo Plan de ordenamiento ambiental indicado reconoce como correcta esa actividad. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede confirmarse lo resuelto en la sentencia apelada que aprobó  el proceso planteado.

 X - Por los motivos expuestos se concluye, con fundamento en el artículo 1,2, 54 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, por haberse cumplido los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, ha de confirmarse  la decisión apelada. 

POR TANTO:

 En lo apelado, se confirma la Sentencia N° 2022000214 a las dieciséis horas del diez de octubre del dos mil veintidós.-

 

	

	

 




	

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PPQMJG4S3T461

[Nombre15]    - JUEZ/A DECISOR/A

	




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H2ISCOG43BM861

[Nombre16]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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J24FLPZSDBG61

[Nombre17]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección8] ,     , [Dirección9]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:29:16.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

EXP1 - 3

**PROCEEDING:**

POSSESSORY INFORMATION

**PLAINTIFF:**

[Nombre2]

**VOTE [Nombre1]° 1188-F-2022**

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At two sixteen in the afternoon on the fifteenth of December of two thousand twenty-two.-

POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING brought by [Nombre2] , of legal age, married once, farmer, resident of Copey de Dota, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by [Nombre3] , of legal age, single, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED2 - - , in her capacity as deputy attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identification number CED3 - - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED4 - - , in her capacity as unlimited general agent. Acting as directing attorney for the applicant is licensed attorney Sandra Navarro Marín, bar number twenty thousand ninety-nine. Processed before the Agrarian Court of Cartago.-

Drafted by Judge Castro García; and,

**WHEREAS:**

**I.-** DETAIL OF ACTIONS: 1.- The petitioner [Nombre2] , filed these possessory information proceedings so that, through this means, the land described as follows be registered in the Public Property Registry: Land with a house and agriculture. Located in Copey, in the [Dirección1]: , , of the province of San José.- BORDERS: NORTH with [Nombre4] , along the [Dirección2] heading, with a frontage thereto of thirty-eight point thirty-two linear meters, along the EAST heading [Nombre5] and along the WEST heading [Nombre2] . MEASURES: one thousand seven hundred eighty-six square meters, with a survey plan registered in the National Cadastre under number one-two one two nine two three five-two thousand nineteen," (See the case file downloaded in pdf mode, images 1 to 4).- 2.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceeding under the terms set forth in images 42 to 44; in turn, the Institute of Rural Development did so in image 50.-

**II-** Judge José Francisco Chacón Acuña, of the Agrarian Court of Cartago, by means of judgment number 2022000095 at eight fifteen in the evening on the thirty-first of May of two thousand twenty-two, resolved: "THEREFORE: These Possessory Information proceedings are APPROVED. Let the Real Estate Registry proceed to register for the first time and in the name of [Nombre2] , identity card CED5 , the unregistered property described as follows: Land with a house and agriculture. Located in Copey, in the [Dirección1]: , , of the province of San José.- BORDERS: NORTH with [Nombre4] , along the [Dirección2] heading, with a frontage thereto of thirty-eight point thirty-two linear meters, along the EAST heading [Nombre5] and along the WEST heading [Nombre2] . MEASURES: one thousand seven hundred eighty-six square meters, with a survey plan registered in the National Cadastre under number one-two one two nine two three five-two thousand nineteen. The property to be titled supports an easement (servidumbre) of way for an indefinite term in favor of the property registered under the San José Real Folio, registration number [Placa1] , six meters wide by fifty-three meters long, with a heading of [Dirección3] . Likewise, it is affected by the legal reservations regarding real encumbrances related to the right-of-way on public roads (articles 1 and 19 of the Possessory Information Law and numeral 4 of the General Law of Public Roads)," (See the case file downloaded in pdf mode, images 96 to 102).

**III-** Proven Facts. The proven facts contained in the appealed judgment are adopted as they conform to the evidentiary elements documented in the case file.

**IV-** Appeal. The Attorney General's Office appeals the approving judgment (appeal in image 165 to 169 pdf mode). As grounds for its challenge in its appeal, it sets forth the following: 1) Lack of demonstration of the exercise of ecological possession. It states it disagrees with the ruling's affirmation insofar as it states: "the title holder is only still obligated to demonstrate decennial possession prior to the decree declaring said area as such." It argues, to title lands within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), assets of public environmental interest, it is a requirement to demonstrate the exercise of possession, which it considers did not occur in this case. For, as was noted in the final hearing, according to the survey plan and what was stated in the initial pleading, the property is dedicated to "house and agriculture." The land-use study indicates the current land use is "orchard" and during the judicial inspection it was verified that on the property there are chiverre harvest plants, chayote plants, and some other fruit trees. It has a shed or house in fair condition, all activities incompatible with the conservation purposes of the wilderness area. It transcribes excerpts from votes of this Tribunal regarding ecological possession. 2) Approval of the proceeding despite the lack of demonstration of decennial possession prior to the public domain affectation. It claims that proven fact seven was taken as established, namely that the title holder exercised decennial possession prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve, considering the possession added to the transferred possession, and that he acquired the same by donation made to him by Mr. [Nombre4] ". It disagrees with what was resolved because the deed by which the applicant "acquired" the land is dated June 19, 2019, that is, it was granted 44 years after the Los Santos Forest Reserve was created. Regarding the alleged possession of the title holder, witness [Nombre5] stated: "[Nombre2] has had it for 3 or 4 years." Deponent [Nombre6] declared he did not know exactly since when the title holder "possesses" the property and [Nombre7] said he believed [Nombre2] had had the land for 10 years. This last witness is the one who attributed the most time of "possession" to the applicant. The testimonial evidence was gathered on February 22, 2022, therefore, in accordance with what was stated by the witnesses, the title holder would have occupied the land at most since 2012 (37 years after the declaration of public domain of the wilderness area). Finally, contrary to what was stated by the lower court, derived possession was also not demonstrated. The witnesses limited themselves to giving a list of names without specifying either the time of possession of each one, or the years of alleged possession they would have exercised. Even the judgment itself acknowledges that the witnesses "do not specify the years of possession of each one of them and the possessory acts exercised by them." It excerpts segments of votes from this Instance related to the appeal issue. It requests the proceeding be disapproved for non-compliance with legal requirements and for attempting to register a public domain asset in the name of a private individual, and that the decision be overturned (image 165 to 169 pdf mode).

**V-** These proceedings are brought for the purpose of registering in the Public Property Registry a property in Copey, [Dirección4] , [Dirección5] Dota, of the province of San José, with survey plan No. SJ- 2129235-2019. Its nature is house and agriculture. Area of one thousand seven hundred eighty-six square meters. The foregoing in accordance with what is mentioned in the initial pleading, as well as the survey plan and MINAE approval provided (digital file: initial pleading in image 2 to 5, survey plan in image 11 to 12 of digital file pdf mode, land-use study in image 9 to 10, all in pdf mode, and judicial inspection (audio in documents/date 02/23/2022 time 11:30:24)). Said property is part of the protected wilderness area Los Santos Forest Reserve created in 1975, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) provided (image 21 same location and mode as above). The land is located outside of lands or properties administered by the Institute of Rural Development according to a certification from the entity (image 51 and 52 preceding same location). It is verified the legal notice was published in the Official Gazette (image 84 pdf mode) and the title holder has not registered assets under the Protection of the Possessory Information Law (image 15 digital file pdf mode). In the same order of verification of compliance with legal requirements and having seen the grievances against the appealed decision referring to the insufficiency of proof regarding the exercised possession, it must be cited that in accordance with the rules of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, the system of free assessment of evidence is established in the agrarian proceeding. A system that requires the court to study and select the sources of proof obtained, in order to establish their efficacy for resolving the conflict submitted to its consideration, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The court must set forth the principles of equity or law upon which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber has resolved: "... the appreciation of evidence in conscience does not imply resolving arbitrarily, since every judge -as a public official that he is- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adequacy of public action, not only to specific norms on a determined object, but to the entire body of legality; therefore, he cannot rule with disregard for constitutional principles and rights, since he is limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, duly applied, lead to the harmony of jurisdictional appreciation with the Political Constitution, just as this Chamber understood in judgment 3484-94, at twelve o'clock on the eighth of July of nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to appreciate evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to state the grounds for his rulings, a constitutional principle that integrates due process... () it is not unconstitutional to grant the agrarian judge the power to appreciate evidence in conscience and assess it without strict subjection to the rules of common law as provided in the second paragraph of the challenged article 54, provided he issues a reasoned ruling, that is, he analyzes the result of the evidence gathered in the proceeding and expresses the principles of equity or law on which he bases his criterion, thus respecting the minimum content of the right of defense" (vote 3657 of May 7, 2003. See in the same sense votes No. 398 of June 6, 2001 of the First Chamber. In the same sense, see votes No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009 and 364 of May 28, 2009 of the Agrarian Tribunal). Likewise, the obligation is imposed on the adjudicator to issue a comprehensive assessment of the evidence contained in the case file. Having clarified the foregoing and having studied the appealed judgment, this instance finds there was an adequate analysis of the evidentiary elements and it is concluded the legal requirements of the proceeding brought have been met by the title holder, therefore, there is no reason to overturn, for the reasons set forth below.

**VI-** Regarding the second grievance referring to the lack of demonstration of decennial possession prior to the public domain affectation. It is worth mentioning regarding the land tenure regime in protected wilderness areas, that regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAE, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographic zones, comprised of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest in the guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express referral to the Organic Law of the Environment regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively to the Ministry of Environment, Energy, except for Natural Monuments. For its part, the Forestry Law (Ley Forestal) provides that when a state-owned protected wilderness area is declared, it must immediately become part of the natural heritage of the State, regulated by article 13 of the cited norm which expressly states that its administration corresponds to MINAE. This set of norms must be interpreted in light of what is prescribed in article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, rural populations, natural persons, or legal entities, over lands that are declared protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by article 7 of the Possessory Information Law when it states: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category, the title holder must demonstrate being the holder of the legal rights to decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area." In this case, given the objections on appeal, it must be verified if the possessory chain is demonstrated from 1965 or before and thus that the land has been subject to private domain since those dates. That is, for a period greater than the ten years prior to the affectation of the zone through the management category Los Santos Forest Reserve, which occurred in 1975, to understand that the applicant's acquired rights to request the recognition of his property right over the land must be recognized. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in vote 144-96- at 4:51 p.m. on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, the option is given for the owner to conserve his land, since, following the management plan, he can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent him from exploiting his property, therefore, they do not render his right nugatory." Guideline proper to the principle of Sustainable Development. In addition to the above, it must be analyzed in this venue, if the exercise of ecological possession has been complied with, in light of the land-use study, the judicial inspection that the adjudicator held for this purpose, and the testimonies given in the sub judice. It must be indicated by this Chamber that article 7 of the Possessory Information Law is in force and the interpretation of this norm of the Agrarian Tribunal was questioned by the Office of the Attorney General of the Republic before the Constitutional Chamber. A High Tribunal that has rejected the challenges of unconstitutionality in this regard in votes Nos. 1997-04587 and 2010-01667. And recently in vote 01142 of January 25, 2017. Which in its majority vote declared without merit the action of unconstitutionality brought by the State against the jurisprudential interpretation of this Tribunal of article 7, first paragraph of the Possessory Information Law, Law No. 139 of July 14, 1941 and its amendments. Where it was questioned that with said interpretation and application, it led to the disaffectation of the public domain of an undetermined quantity of assets, insofar as it allows the titling of lands with forest cover (cobertura boscosa) located in protected wilderness areas, through the accreditation of a decennial occupation prior to their respective law or creation decree. Therefore, this Tribunal cannot ignore the effects of the questioned norm, nor not apply it. Consequently, grievance number one, referring to the attempt to title a land that is located entirely within an asset affected to the public domain, is rejected.

**VII-** In reference to the witnesses and the demonstration of decennial possession. Having seen what was appealed, it should be noted the appealed judgment approves the possessory information proceeding by considering the chain of possession and the necessary age required by law as accredited. That is, the demonstration of decennial possession over the property to be titled prior to executive decree No. 5389-A of October 12, 1975. As cited in the preceding whereas clause, the already described property that is the object of this proceeding is located within the Los Santos Forest Reserve, created by executive decree [Nombre1]. 5389-A of October 12, 1975, according to what is recorded in the certification issued by MINAE-SINAC. Therefore, in accordance with article 7 of the Possessory Information Law, the title holder must accredit the exercise of possession in the capacity of owner under the terms of article 856 of the Civil Code, for at least 10 years before the affectation of the land to that management category; that is, prior to 1965. To justify the possession, in accordance with article 6 of the Possessory Information Law, three witnesses must be provided, and when seeking to take advantage of the possession of the transferring persons, the title holder must attach the title by which he acquires the possession and improvements, but not those of previous transferors. As expressly stated in article 1 of the Possessory Information Law. Regarding this last aspect, the State's representative claims in its appeal, in grievance number two, not to be in agreement with proven fact seven of the appealed decision as the necessary decennial possession before the affectation was not accredited. That the possession of the transferors is sought and the donation deed by which the applicant acquires is dated June 19, 2019. That is, 44 years after the Los Santos Forest Reserve was created. And that the witnesses refer to possession from 3 or 4 years ago ([Nombre5] ) and from 10 years ago ([Nombre6] and [Nombre7] ). Testimonies rendered on February 22, 2022. From which it is concluded that the title holder would have occupied the land at most since 2012 (37 years after the declaration of public domain of the wilderness area). Nor was derived possession proven. Because the witnesses refer to describing a list of names, without specifying the time of possession of each one of them and the years of the alleged possession. That the judgment itself cites. All these attacks must be rejected. In the first place, article 1 of the Possessory Information Law applies, insofar as it establishes that when seeking to take advantage of the possession of the transferring persons, the title holder must attach the title by which he acquires the possession and improvements, but not those of previous transferors. From the study of the case file, it is evident that the donation deed by which [Nombre2] acquires from his father [Nombre4] on June 19, 2019, was presented with the initial pleading. Public deed number 202. In which it was cited that [Nombre2] had acquired the land from [Nombre4] who donated it to him. An act that is accepted. Mention is made in that public instrument that the transfer occurred approximately 14 years before the granting of the deed. That the donor bought it in 1973 from [Nombre8] . That it was in possession since before 1960. And that they transfer their own possession and that of the transferors of more than 50 years. Exercised in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and in the capacity of owner. Said deed was contributed to the case file as recorded in the digital file (transfer deed from image 7 to 8). In such a way that by attaching the deed by which the applicant acquires, according to the rule of article 1 of the Possessory Information Law, it is possible for him to take advantage of that prior possession. Without it being necessary to attach the transfer of the previous purchases described, since the law does not require that requirement. Therefore, the attack against the pertinence and usefulness of the donation deed based on the date of its execution and on the ability to take advantage of the possession derived from previous transferors must be rejected. The grievance in this regard is rejected. Such document must be compared with what was declared by the witnesses who are offered in proceedings of this nature to accredit possession over the land.

**VIII-** Regarding the lack of demonstration by testimonial evidence of the decennial possession prior to the creation of the protected wilderness area that affected the land to the public domain must be denied. It refers to the fact that from what was stated by the witnesses, the applicant's possession for a period greater than ten years prior to the statements of February 22, 2022, is not surpassed. Therefore, in accordance with what was stated by the witnesses, the title holder would have occupied the land at most since 2012 (37 years after the declaration of public domain of the wilderness area). As well as the lack of demonstration of derived possession as the witnesses did not specify the periods of possession of each possessor, since they are imprecise in this regard. Given the grievance, in this specific case, having assessed the three statements in light of articles 54 and 61 of the Agrarian Jurisdiction Law comprehensively with the remaining evidence gathered, it is considered demonstrated in this Instance the exercise of a suitable possession, respectful of natural resources, greater than the decennial period prior to 1965 by the title holder, by taking advantage of the exercised possession of his transferor and the previous ones, for which he provided a public deed of acquisition in his favor, in accordance with article 1 of the Possessory Information Law; as cited in the preceding whereas clause. Regarding the testimonial evidence questioned because it is considered by the appellant that it does not accredit the possession intended to be taken advantage of, nor the age required in this case, given the affectation of the land, the case file shows (digital file/audio of testimonies in documents folder/ date: 02/23/2022 11:32:04) this evidence was rendered on February 22, 2022. Receiving witness [Nombre5] (minute 00:16 to 07:20 of audio), who stated he is a neighbor of the place called Santa Rosa de Copey, and the title holder's uncle. When asked if he knows the land, he relates he has known it for 50 years, since they were "raised" in that place. He states that at the back of the property, there was a small house where they lived before going to school. At the time of his statement, he is 77 years old. That is, he has known it since 1950; a time when the farm belonged to Mrs. [Nombre9] . He is asked if he remembered how long she had it, he answers he did not remember, but he does know when she sold to [Nombre10] , without specifying the time he kept it in terms of dates, but it was clear to him that he sold it to [Nombre8] ; a son-in-law of that transferor. And later his father, [Nombre11] , bought it. Which occurred at least 40 years before. The land, he affirms, is joined with others belonging to the sons of the family. He relates that the first owners he mentioned did not have it for a long time, his family being the one that had it for the longest time; except Mrs. [Nombre12] who did have it for a longer time under her possession. He affirmed that the farm was larger, familial, and that it was divided. The portion to be titled, was allocated to his brother [Nombre4] who donated it to [Nombre2] . That he has had it for three to four years. It was always dedicated to agriculture. There have never been problems over that land for the title holder, or the previous owners. The boundaries have always been there. It borders [Dirección6] , with a land of the testifying witness and with another land of the same title holder. Only the cited shed exists that is observed on the site. It has never been abandoned. It has always been maintained and currently by [Nombre2] . In the town they recognize him as the owner. For this Chamber, this testimony relates the possessory history of the land sought to be titled since 1950. An ancient possessory chain is rendered where [Nombre13] is cited from 1950, who transfers to [Nombre10] , and he to [Nombre8] . A person who transfers to [Nombre2] , who passes it to [Nombre4] (father of the title holder) and he to [Nombre2] . The witness affirmed that the applicant's personal possession was from 3 or 4 years ago, which, given the date of the declaration, would be from approximately 2018. A possessory chain originating in 1950 is accredited, uninterrupted and in the capacity of owners. That is, since that year the sector to be titled has been subject to private domain under the conditions of suitable possession according to article 853 of the Civil Code. That is, ten years before the creation of the protected wilderness area that affected the unregistered farm, which occurred in 1975. Although the witness did not specify exact dates, he does not contradict the donation deed, nor the declaration of the other two witnesses brought to the proceeding. Without article 6 of the Possessory Information Law requiring that each witness must state exactly a date for each person who exercised possession. [Nombre14] in a possessory chain that comes from the 50s and where it has been possessed by various people. The witness, as a person native to that population, demonstrated he knows who has been possessing that land, in what capacity, up to the present. Without there being any reason whatsoever to detract value from the testimony. And without the fact that he is the applicant's uncle being cause to consider that what was said is invalid. No legal norm sanctions the prohibition of a title holder's relatives serving as witnesses. The foregoing coincides with what was mentioned by witness [Nombre6] , (minute 07:23 to 12:12) who mentioned being a relative of the applicant, having no interest in the matter, and living in Copey. He cited that he knows the parcel and locates it on the land, which measures about 1000 square meters. He describes that it borders to the south with [Dirección7] , to the north with his uncle [Nombre4] , to the east with [Nombre5] with a land of the same applicant. He has known the farm since school age in 1959 or 1960; he is currently 75 years old. He remembers it belonged to [Nombre8] and was pastureland. And later Mr. [Nombre2] , the applicant's grandfather, buys it. Then he gives it to his children. [Nombre2] acquires it by donation from an uncle: [Nombre4] . He indicates he does not remember how long [Nombre8] had it, because it was a long time ago in the 60s. It has always been the same farm and has been planted with coffee and avocado. Currently the applicant has avocado, chiverre, custard apple, corn. There is an old shed. There is no forest (montaña). There are no streams or rivers. It is clear to him and the town, it belongs to the title holder. He does not know of conflicts over the possession of the farm, because it belonged to the applicant's grandfather. The grandfather gave it to his children. It has never been abandoned, but rather worked with coffee and avocado. For this Chamber, this witness refers to a possession dating back to 1960 and coincides with the statement of the previous one, as well as the description in the donation deed. Like the previous one, he does not expressly cite the dates of possession of each one, but he is clear that the property has been subject to the ownership of people from the same family nucleus in a continuous and uninterrupted manner. As well as peaceful. And importantly, since 1960 it was pastureland and in which cultivation of avocado and coffee has been developed. The witness, [Nombre7] (minute 12:15 to 18:37) stated he is 74 years old, has known [Nombre2] all his life. He is not a relative nor has interest. He knows the land, measuring 1700 square meters. He identifies the same boundaries that the previous declarant stated. He has known the farm all his life because he grew up in the place. He remembers [Nombre8] without remembering how long he had it, but knowing it was for some time. [Nombre8] sells to [Nombre11] , who divides the farm into lots. And a relative he identifies as [Nombre4] donates to [Nombre2] , more than ten years ago. He cites that before [Nombre8] , it belonged to his father-in-law [Nombre12] . He understands that prior to [Nombre12] , it belonged to a woman, [Nombre13] whom he did not know. The farm has custard apple trees that are natural, some naranjilla, that area of the farm contains avocado trees.

There is no mountain, nor any streams. It has not been abandoned, nor are there possession conflicts. It is recognized that [Name2] is the land and all the previous ones. He explains that it belonged to [Name8] from ’65 onward and before that it was [Name10]’s, without specifying how long he had it, but it was quite a long time. That was about 50 years ago. This Chamber observes that this witness grew up in the community and has known the property since before 1965, as he indicated he was 74 years old at the time of testifying in the year 2022. He describes the same possessory chain referred to by the previous deponent. As well as that the property has been under the possessory dominion of those he indicates have been its owners since that date. Likewise, he is aware of the absence of conflicts over possession of the property, which has been possessed continuously, publicly, and in the capacity of owners. In light of section 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the testimonial evidence is useful to demonstrate the antiquity of possession prior to 1965 and the possessory chain of the land, in order to prove the ten-year possession prior to the year 1975, in accordance with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, when the property was affected by the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida), by means of decree No. SJ-1779828-2014 that created the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos). Regarding the precision of dates of the possessors of an unregistered property, the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) has held: "Furthermore, it is important to note that it is not necessary for the witnesses to be so precise as to exact dates of possession of each of the transferors, or to know all of them, even less so in cases like the present one where the property has had so many owners, since what is important is that there be a reference to the persons linked to the exercise of possession during all those years and to the protection being given to the forest resource given the requirements set forth in Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias and the compliant use of the soil according to the certification on folio 179, among other legal requirements that have not been objected to by the appellant.—" (voto No. 874-F-08). A criterion that has been sustained in subsequent votes and which this Chamber shares. What is important in order to determine whether or not to proceed with the titling of a land located within protected wilderness areas, is the knowledge that the witnesses of the property can accredit, regarding the sufficient antiquity of the possessory chain and the acts carried out on the property. This Court notes that what was declared by all the testifying persons accredits facts that go back beyond the year 1965. Under the system of free assessment of evidence and the rules of sound rational criticism, it is concluded from their content, that knowledge of the property and of the possessory chain dates back to the 50s and 60s, as cited, since they identified the persons who were possessors in the capacity of owners over a long period of time. Therefore, the reproaches of the prosecutorial entity in the final hearing and the appeal under review, referring to the lack of exact precision of the witnesses. The witnesses are persons who have lived their entire lives in the place and have a deep historical knowledge of what has occurred in that community. Their statements were honest, without contradictions, nor evidence to detract from them. What is concluded by this Chamber from the analysis of all the depositions and the comprehensive assessment of the evidence carried out, in that it accredits knowledge of the land in a period prior to the encumbrance. Therefore, in accordance with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the possession by private individuals, ten years before the year 1975, the date on which the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos) was created and the existing properties within its boundaries were encumbered, is fulfilled.

IX- Regarding the claim that ecological possession was not exercised, it must be rejected. There is no evidence that there was elimination of species of plants and animals, nor processes of deforestation and degradation of resources by the titling applicant or the previous possessors of the land. As cited by the witnesses already mentioned, on the property there are avocado, custard apple, and naranjilla trees; they are permanent crops. Witness [Name6] cites that he knew the property in 1950 and 1960 when it belonged to [Name8] and it was pastureland. Ascensión stated in the same vein. Both describe that there are avocado, naranjilla, custard apple trees and there has been coffee. None of the declarants describe a land-use change (cambio de uso del suelo), clear-cutting, or damages to the natural resources. In the judicial inspection (reconocimiento judicial) of February 22, 2022, it was recorded that a rural property for cultivation was found with broken and irregular topography, completely delimited with posts and wire, boundary markers of an old appearance. That it was assisted with maintenance; some crops were found: chiverres, fruit trees, chayotes. A wood and zinc shed in regular or poor condition. The easement (servidumbre) depicted on the map provided exists in physical form on the property. In the soil study, it was mentioned that there is an orchard of permanent crops of avocado, custard apple, and naranjilla trees. A gallery-type building, cement and zinc, in poor condition, measuring 42 square meters in area. It is recommended to prioritize permanent crops and an organic-type fertilization plan. As well as to monitor the channeling of water (images 10 to 11 of the pdf file). The nature of the soil was orchard soil type IV with the cited conditions and the compliant use of soils was certified at one hundred percent. From what was affirmed by the witnesses regarding the use of the property, what was recorded in the judicial inspection, and the soil study, this Court does not find that there exist acts contrary to the nature of the Forest Reserve (Reserva Forestal) management category in which the property to be titled is immersed. For there exist trees on it, and there is no damage to the soil resource, nor to the water resource. Neither is there evidence that any administrative or judicial complaint, technical report, or document of any damage to natural resources had been produced. For this Court, the presence of coffee, avocado, custard apple, and chiverre causes no damage whatsoever. Acts that, according to what was cited by the witnesses, have been maintained over the decades. All this evidence accredits compliance with the legal requirements in order to prove suitable possession in the capacity of owner of the land subject to this proceeding and in respect of natural resources (Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias). It is of importance to be noted by this Chamber, according to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 29393-MINAE Environmental Management Plan that regulates in general terms the various activities to be developed in Forest Reserves (Reservas Forestales), Protected Zones (Zonas Protectoras), and Wildlife Refuges (Refugios de Vida Silvestre), it is indicated that: "CONSIDERANDO 1.- That the country, over the last 30 years, has been declaring Forest Reserves (Reservas Forestales), Protected Zones (Zonas Protectoras), and Wildlife Refuges (Refugios de Vida Silvestre), the foregoing with the purpose of providing all Costa Ricans with an ecologically balanced environment and at the same time safeguarding the natural wealth for present and future generations. 2- That the declaration of these three management categories has not had the necessary economic support in order to pay their owners for the properties, which has come to represent a limitation on the use of the real estate included within the limits of State and Mixed Forest Reserves (Reservas Forestales), Protected Zones (Zonas Protectoras), and Wildlife Refuges (Refugios de Vida Silvestre). 3- That just as Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente orders, to achieve the sustainable development of these areas and allow the owners the use of their properties, there must be an Environmental Management Plan... Definition of criteria At the level of each conservation area: the management helps to define which activities we will develop within the same and on which lands, depending on the sustainable profitability of the land use, population, resources, etc. So then, this concept is referred to the control that must be had regarding the human activities that occur in a given geographical sector. Therefore, in the decision to authorize the development of activities that can be carried out in the study areas, the following criteria prevail:... Correct Use: Where the land use coincides with the use capacity. For example, annual agricultural activities on capacity I, II, and III lands, as well as permanent crops on capacity IV, V, and VI lands. The correct use was classified into: Agricultural: Lands dedicated to agricultural activities and that are found within use capacity I, II, III, IV, V, and VI..". In the soil study provided to the case file, it is indicated that the soil type is IV and permanent-type crops stand out on said property (images 9 and 10 of the case file pdf format). Therefore, the use permitted in that zone is complied with, given the mentioned soil type. Thus, it is not denoted that a non-ecological possession is exercised, as is required by Article seventh of the Ley de Informaciones Posesorias. In addition to the fact that the prosecutorial appellant entity does not mention in what aspects or for what reasons the tenure of the cited trees as permanent crops, the chayote and chiverre plants found, transgresses that legal norm. When the indicated environmental management plan itself recognizes that activity as correct. Finding no obstacle whatsoever that prevents this Tribunal from considering that it is appropriate to confirm what was decided in the appealed judgment that approved the filed proceeding.

X- For the reasons set forth, it is concluded, based on Articles 1, 2, 54 and 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, given that the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos and its Reglamento, as well as the Ley Forestal, have been fulfilled, the appealed decision must be confirmed.

POR TANTO:

In what was appealed, Judgment No. 2022000214 issued at sixteen hundred hours on October tenth, two thousand twenty-two, is confirmed.-

[Nombre15] - JUEZ/A DECISOR/A

[Nombre16] - JUEZ/A DECISOR/A

[Nombre17] - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección8], , [Dirección9] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:29:16.

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