Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los tribunales de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para este último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario.
Por otro lado, el que un terreno forme parte del Patrimonio Natural del Estado, no imposibilita que cualquier persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de todo tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política).
Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según se reclama en la demanda, se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.
English (translation)Agrarian jurisdiction by subject matter is generically defined in articles 1 and 2(h) of the Agrarian Jurisdiction Law. Those provisions empower agrarian courts to settle disputes related to agricultural, agro-environmental, or connected activities. An agrarian holding is one used or capable of being used for such activities. For the latter, it is important to consider the size, location, and type of production that can be carried out. These criteria must also adapt to modern technologies and scientific advances in agricultural development.
Furthermore, the fact that land forms part of the State Natural Heritage does not prevent any judge from reviewing and applying the rules that protect it; there is no rule specifying that only the Administrative Contentious Jurisdiction may do so. This is because environmental protection and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment fall within the competence of every jurisdictional body, regardless of subject matter, since it is a fundamental right (Articles 50 and 69 of the Constitution).
Thus, in defining material jurisdiction in cases such as this, one must analyze and take into account not only the nature of the goods involved (public or private)—an aspect that must also be resolved when deciding the merits, given that the land, as claimed in the lawsuit, is registered in the name of a private person—but also the other claims, based on the actions filed by the parties. This is pursuant to Article 108 of the Biodiversity Law.
Recusal overturned
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00030 - 2023 Fecha de la Resolución: 24 de Enero del 2023 a las 14:57 Expediente: 13-000329-0507-AG Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez Clase de asunto: Conflicto de competencia Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Competencia agraria por materia Subtemas: Criterios para determinar el fundo agrario y deber de ajustarlos a las necesidades que las tecnologías y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Temas (descriptores): Fundo agrario Subtemas: Criterios para determinarlo y deber de ajustarlos a las necesidades que las tecnologías y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *130003290507AG* EXPEDIENTE: 13-000329-0507-AG - 1 PROCESO: CONFLICTOS DE COMPETENCIA ORDINARIO ACTOR/A: MANANTIALES VERDES DE SARAPIQUI S.A. DEMANDADO/A: FINCA PLASTICO S.A. VOTO N° N° 2023000030 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.- PROCESO ORDINARIO promovido por SELVATICA S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-cero noventa mil cuatrocientos sesenta, representada por Susana Salas Lambert, mayor, casada, vecina de Monteverde, cédula ocho-cero ochenta y cinco-cuatrocientos noventa y tres; contra NF CARIBE S.A., cédula jurídica tres- ciento uno-cero noventa y siete mil cincuenta y ocho, representada por Pedro Solano Cambronero, mayor, cédula seis-cero noventa y tres-quinientos dieciocho, vecino de Moravia; REFORESTACIÓN DE SARAPIQUÍ S.A., cédula jurídica tres- ciento uno- cero cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y siete, representada por Pedro Solano Cambronero, mayor, cédula seis-cero noventa y tres- quinientos dieciocho; MANANTIALES VERDES DE SARAPIQUÍ S.A., cédula jurídica tres- ciento uno - doscientos noventa y dos mil quinientos setenta y tres, representada por Rogelio González Rojas, mayor, divorciado una vez, agricultor, vecino de Orquetas de Sarapiquí, cédula seis-doscientos treinta y cuatro quinientos setenta y uno; VOLVIERON LAS GOLONDRINAS S.A.. cédula jurídica tres - ciento uno - trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos seis, representada por la curadora procesal Nancy Rojo Vargas mayor, colegiada nueve mil trescientos sesenta y cuatro; THORNE SHEERWOOD WINTER, mayor, pasaporte dos dos cero cinco siete cinco dos dos uno; ELEONOR CONSTANCE WINTER, mayor, pasaporte cero cuatro seis ocho cuatro nueve tres ocho cinco; FINCA PLÁSTICO S.A., cédula jurídica tres-ciento uno - ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y ocho, todas representadas por Susana Salas Lambert, mayor, casada, vecina de Monteverde, cédula ocho-cero ochenta y cinco-cuatrocientos noventa y tres; El ESTADO, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la figura de Mauricio Castro Lizano, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula uno-setecientos sesenta y siete-trescientos dos. El ESTADO interpuso RECONVENCIÓN contra SELVA TICA, MANANTIALES VERDES DE SARAPIQUÍ, REFORESTACIÓN DE SARAPIQUÍ; VOLVIERON LAS GOLONDRINAS. Actúan como abogados, de NF Caribe: Danilo Loaiza Bolandi, colegiado ocho mil doscientos sesenta y uno; de Manantiales Verdes: Alfredo Cordero Barquero, colegiado nueve mil ochocientos ochenta y cinco; como apoderado especial judicial de la Selvatica: Roberto Soto Vega, colegiado ocho mil cuarenta y tres. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles. Conoce este Tribunal resolución inhibitoria 516 de 8 de noviembre 2022 Redacta la Jueza Alpízar Rodríguez: y, CONSIDERANDO: I- En auto 516 de 8 de noviembre 2022, el Juzgado, luego de varios años de estarse tramitando este proceso en su Sede, se declaró inhibido para conocer de este asunto por debatirse sobre terrenos inscritos a nombre de personas privadas, que en apariencia están situados en áreas de dominio público como lo es el Parque Nacional Braulio Carrillo y en una finca a nombre del Estado dentro de la Zona Protectora La Selva, todo lo cual forma parte del Patrimonio Natural del Estado. Se reclama en la demanda propiedad sobre un bloque de más de 160 hectáreas que comprende las fincas de Heredia 212275-000 y 212271-000; así como que se declare que las fincas H-118133-000, 96193-000 y 96137-000 se sitúan fuera de ese terreno (a nombre de personas privadas), e igualmente se debate si existe traslape con la finca H-111163-000 (inscrita a favor del Estado). Se describe en general su naturaleza como terrenos boscosos y/o con charral y el cuarto con casa, según las certificaciones registrales aportadas con la contrademanda del Estado. II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los tribunales de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para este último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato "tierra o suelo" no es fundamental. Por otro lado, el que un terreno forme parte del Patrimonio Natural del Estado, no imposibilita que cualquier persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de todo tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política). Además, la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas. Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según se reclama en la demanda, se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad. III.- En la demanda se interpone, como lo desglosa el Juzgado, de manera principal una acción real declarativa de certeza del derecho de propiedad en relación con una finca inscrita a nombre de la parte actora, cancelación de un plano y reclamo accesorio de daños y perjuicios. En la ampliación de demanda del 29 de enero del 2020 se solicitó además una acción de títulos repetidos, al pedirse se cancelasen los asientos registrales de las fincas 105244-000, 200910-000 y 200911-000 de Heredia (folio 527; imagen 244 expediente digital completo, descargado de forma descendente, en adelante EDC). El Estado, en su reconvención, solicita la reducción de la calidad y modificación de los linderos, así como un nuevo plano catastral para la finca de Heredia 212275-000; la cancelación del asiento registral de las fincas H-200911, H-96193-000 y H-106244-000 (imagen 356 EDC). Se destaca no solicitó cambio de competencia jurisdiccional. Se trata de pretensiones y acciones que por la naturaleza de los bienes implicados pueden y deben ser resueltas por tribunales agrarios, quienes además están obligados a aplicar la normativa ambiental en los casos que lo ameriten. Por ende, al ser improcedente lo dispuesto por la persona juzgadora de primera instancia, debe improbarse la inhibitoria decretada. Se declara este asunto compete tramitarlo al Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles, al cual debe devolverse el expediente para su debido trámite, una vez firme esta resolución. Tome nota el Juzgado que el tema de la competencia material debe ser analizado al iniciarse los procesos, no luego de transcurridos varios años de trámite y sin que existan motivos que modifiquen la información con la que se cuenta en el expediente desde su inicio. POR TANTO: Se imprueba la inhibitoria por razón de la materia declarada por el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles, al cual debe devolverse el expediente para su debido trámite, una vez firme esta resolución. Tome nota el Juzgado de lo indicado al final del último considerando. *WOKM17ZLEFW61* WOKM17ZLEFW61 RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A *O3K78CR4IP461* O3K78CR4IP461 ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A *7943Y7WDMCLU61* 7943Y7WDMCLU61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 13-000329-0507-AG II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:06:54. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 13-000329-0507-AG - 1 PROCESO: CONFLICTOS DE COMPETENCIA ORDINARIO ACTOR/A: MANANTIALES VERDES DE SARAPIQUI S.A. DEMANDADO/A: FINCA PLASTICO S.A. VOTO N° N° 2023000030 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At fourteen hours fifty-seven minutes of the twenty-fourth of January of two thousand twenty-three.- PROCESO ORDINARIO filed by SELVATICA S.A., legal identification number three-one zero one-zero ninety thousand four hundred sixty, represented by Susana Salas Lambert, of legal age, married, resident of Monteverde, identification number eight-zero eighty-five-four hundred ninety-three; against NF CARIBE S.A., legal identification number three- one zero one-zero ninety-seven thousand fifty-eight, represented by Pedro Solano Cambronero, of legal age, identification number six-zero ninety-three-five hundred eighteen, resident of Moravia; REFORESTACIÓN DE SARAPIQUÍ S.A., legal identification number three- one zero one- zero forty-two thousand eight hundred eighty-seven, represented by Pedro Solano Cambronero, of legal age, identification number six-zero ninety-three-five hundred eighteen; MANANTIALES VERDES DE SARAPIQUÍ S.A., legal identification number three- one zero one - two hundred ninety-two thousand five hundred seventy-three, represented by Rogelio González Rojas, of legal age, divorced once, farmer, resident of Orquetas de Sarapiquí, identification number six-two hundred thirty-four five hundred seventy-one; VOLVIERON LAS GOLONDRINAS S.A., legal identification number three - one zero one - three hundred forty-three thousand four hundred six, represented by the procedural curator Nancy Rojo Vargas, of legal age, Bar Association number nine thousand three hundred sixty-four; THORNE SHEERWOOD WINTER, of legal age, passport two two zero five seven five two two one; ELEONOR CONSTANCE WINTER, of legal age, passport zero four six eight four nine three eight five; FINCA PLÁSTICO S.A., legal identification number three-one zero one - one hundred nineteen thousand three hundred fifty-eight, all represented by Susana Salas Lambert, of legal age, married, resident of Monteverde, identification number eight-zero eighty-five-four hundred ninety-three; El ESTADO, represented by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, in the person of Mauricio Castro Lizano, of legal age, married, resident of Heredia, identification number one-seven hundred sixty-seven-three hundred two. El ESTADO filed a counterclaim (RECONVENCIÓN) against SELVATICA, MANANTIALES VERDES DE SARAPIQUÍ, REFORESTACIÓN DE SARAPIQUÍ; VOLVIERON LAS GOLONDRINAS. Acting as attorneys: for NF Caribe: Danilo Loaiza Bolandi, Bar Association number eight thousand two hundred sixty-one; for Manantiales Verdes: Alfredo Cordero Barquero, Bar Association number nine thousand eight hundred eighty-five; as special judicial representative of Selvatica: Roberto Soto Vega, Bar Association number eight thousand forty-three. Processed before the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles. This Court hears the declination of jurisdiction resolution (resolución inhibitoria) 516 of November 8, 2022. Drafted by Judge Alpízar Rodríguez: and, CONSIDERANDO: I- In order (auto) 516 of November 8, 2022, the Court, after several years of this proceeding being processed at its Venue, declared itself without jurisdiction (inhibido) to hear this matter because the dispute involves lands registered in the name of private persons, which apparently are located in public domain areas such as the Parque Nacional Braulio Carrillo and on a property registered under the name of the State within the Zona Protectora La Selva, all of which forms part of the Patrimonio Natural del Estado (State Natural Heritage). The lawsuit claims ownership over a block of more than 160 hectares that includes the Heredia properties 212275-000 and 212271-000; as well as requesting a declaration that properties H-118133-000, 96193-000, and 96137-000 are located outside that land (registered in the name of private persons), and it is also debated whether there is an overlap with property H-111163-000 (registered in favor of the State). Their nature is generally described as forested lands and/or with scrubland (charral) and the fourth one with a house, according to the registry certifications provided with the State's counterclaim. II.- Agrarian jurisdiction by reason of subject matter (competencia agraria por razón de la materia) is generically defined in Articles 1 and 2, subsection h) of the Ley de Jurisdicción Agraria. These rules empower the courts of this discipline to settle or resolve disputes related to the exercise of agrarian or agro-environmental activities, or those connected to them. An agrarian productive unit (fundo agrario) is considered to be that which is destined for such activities, or that could be destined for them. For this latter case, it is important to consider the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. The foregoing criteria must also be adjusted to the needs and requirements that modern technologies and scientific advancements pose in terms of agricultural development. For example, lands that previously could not be destined for agrarian activities — due to their size or the prevailing climate in the area — can currently be so, if hydroponic agriculture or other technologies are developed, in which the "earth or soil" substrate is not fundamental. Moreover, the fact that a piece of land forms part of the Patrimonio Natural del Estado does not make it impossible for any adjudicator to be able to and be empowered to review and apply the regulations that protect it, without there being any regulation specifying that only the Jurisdicción contenciosa administrativa can do so. The foregoing, inasmuch as environmental protection and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment is the competence of every court of law, regardless of the subject matter, given that it is a fundamental right (Articles 50 and 69 of the Constitución Política). Furthermore, environmental matters are precisely characterized by their transversality and multidisciplinarity, which implies not only that several disciplines relate to or influence each other to achieve effective environmental protection, but also that it impacts various and diverse legal branches. For that reason, it would be unconstitutional to interpret that only the Jurisdicción Contenciosa Administrativa could apply regulations for environmental protection and the protection of collective interests, as well as to consider that they would be the only ones empowered to protect the goods that comprise the environment. Therefore, to define material jurisdiction in cases such as this one, one must analyze and take into account not only the nature of the goods involved (public or private) — an aspect that must also be resolved or determined upon analyzing the merits of the case, given that the land, as claimed in the lawsuit, is registered in the name of a private person —; the other claims must also be evaluated, based on the actions filed by the parties. The foregoing, based on the provisions of Article 108 of the Ley de Biodiversidad. III.- In the lawsuit, as broken down by the Court, a principal declaratory real action (acción real declarativa) of certainty of the right of property is filed concerning a property registered in the name of the plaintiff, cancellation of a plat (plano) and an ancillary claim for damages (daños y perjuicios). In the amendment to the lawsuit of January 29, 2020, an action for duplicate titles was also requested, seeking the cancellation of the registry entries for properties 105244-000, 200910-000, and 200911-000 of Heredia (folio 527; image 244 complete digital file, downloaded in descending order, hereinafter EDC). The State, in its counterclaim, requests the reduction of the status and modification of the boundaries, as well as a new cadastral plat for the Heredia property 212275-000; the cancellation of the registry entry for properties H-200911, H-96193-000, and H-106244-000 (image 356 EDC). It is highlighted that it did not request a change of jurisdictional competence. These are claims and actions that, due to the nature of the goods involved, can and must be resolved by agrarian courts, which are also obliged to apply environmental regulations in cases that warrant it. Therefore, given that the decision made by the first-instance judge was improper, the decreed declination of jurisdiction must be rejected (improbarse). It is declared that the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, based in Guápiles, has competence to process this matter, to which the case file must be returned for its due processing, once this resolution is final. The Court is to take note that the issue of material jurisdiction must be analyzed at the initiation of proceedings, not after several years of processing have elapsed and without there being reasons that modify the information contained in the case file since its commencement. POR TANTO: The declination of jurisdiction by reason of subject matter decreed by the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, based in Guápiles, is rejected (imprueba), to which the case file must be returned for its due processing, once this resolution is final. The Court is to take note of what is indicated at the end of the last considerando. \t \t \t *WOKM17ZLEFW61* WOKM17ZLEFW61 RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A \t *O3K78CR4IP461* O3K78CR4IP461 ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A \t \t *7943Y7WDMCLU61* 7943Y7WDMCLU61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A \t \t EXP: 13-000329-0507-AG II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea across from the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:06:54. 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