Res. 00143-2023 Tribunal Agrario — Transfer of INDER parcel is void even if limitations have expiredTraspaso de parcela con limitaciones del INDER es nulo aunque las limitaciones estén vencidas

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00143 - 2023

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2023 a las 15:10

Expediente: 10-000070-0815-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Agrario

Tema: Compraventa agraria

Subtemas:

Nulidad de traspaso con limitaciones vigentes a favor del INDER ante proceso de revocatoria de adjudicación pendiente.

Tema: Nulidad de título y revocatoria de adjudicación de parcela

Subtemas:

Nulidad de traspaso con limitaciones vigentes a favor del INDER ante proceso de revocatoria de adjudicación pendiente.

Tema: Función social de la propiedad agraria

Subtemas:

Nulidad de traspaso con limitaciones vigentes a favor del INDER ante proceso de revocatoria de adjudicación pendiente.

"IV.-[...]Conforme a lo aquí expuesto, no lleva razón el recurrente en cuanto a que su derecho de propiedad se había consolidado, pues la pretensión de revocatoria de la adjudicación se ha mantenido pendiente desde el 24 de noviembre del 2008, estando vigentes las limitaciones, por lo que el traspaso realizado a la sociedad codemandada (cuyos personeros son los mismos actores) se realizó estando este proceso en estrados judiciales y anotada la presente demanda." 

Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Agrario

Tema: Contrato de aparcería agraria

Subtemas:

Imposibilidad del adjudicatario de parcela con limitaciones del INDER de celebrar contrato de aparcería rural.

Tema: Función social de la propiedad agraria

Subtemas:

Imposibilidad del adjudicatario de parcela con limitaciones del INDER de celebrar contrato de aparcería rural.

"V.-[...]Por ende, no es constitucionalmente correcto interpretar que el adjudicatario puede pasar por alto dicha limitación para celebrar un contrato de aparcería rural por el hecho de que el mismo también esté en la normativa constitucional, máxime si su celebración constituye un incumplimiento del contrato de asignación de tierras y sea una causal de revocatoria de adjudicación. Se rechaza el primer agravio de fondo."

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

10-000070-0815-AG - 3




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

ANAIS SALAS MESEN




DEMANDADO/A:

	

ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA

 

   

VOTO N°  N° 2023000143

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas diez minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés.-

PROCESO ORDINARIO  promovido por CARLOS MONTERO MONTERO, mayor,  casado, empresario agrario,  vecino de Coyolar, orotina, cédula de identidad número dos - doscientos ocho - setecientos cuarenta y siete; ANAIS SALAS MESÉN, mayor, administradora de hogar, cédula de identidad número dos - ciento noventa y cuatro - cuatrocientos treinta y uno; ambos vecinos de Orotina, contra  ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, mayor, soltero, comerciante, vecino de Orotina, cédula de identidad número seis - trescientos treinta y cinco - cero treinta; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por Carlos Enrique García Anchía, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, cédula de identidad número dos - trescientos cincuenta y cuatro - doscientos sesenta y cinco. Asimismo el último presentó reconvención contra CARLOS MONTERO MONTERO Y ANAIS SALAS MESÉN, de calidades antes mencionadas. Intervienen como LITISCONSORTES:  ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, de calidades y vecindario antes mencionados; LA SOCIEDAD 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por sus apoderados generalísimos sin límite de suma Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, ambos de calidades antes citados; PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, mayor, soltero, empresario, cédula de identidad número dos - cuatrocientos ochenta y siete - quinientos veinte;  GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, mayor, casada una vez, farmacéutica, cédula de identidad número  dos - quinientos seis  - cuatrocientos once; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO,   soltera, arquitecta, cédula de identidad número  uno - mil ciento noventa y nueve - cuatrocientos sesenta y ocho; GUADALUPE ALVARADO FLORES,  administradora del hogar, viuda una vez; cédula de identidad número  uno - trescientos ochenta y cinco - ochocientos setenta.   Actúa como apoderado especial judicial de los actores Carlos Montero Montero, Anais Salas Mesén y de la sociedad  3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, el  licenciado José Luis Ramos Castellón, cédula de identidad  dos trescientos setenta y nueve - setecientos treinta y seis; del demandado  y litisconsorte Álvaro Sandoval Araya,  el letrado Sebastián Calderón Cerdas, colegiado veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis;   del INDER,  el licenciado Adán Gómez Calvo, colegiado siete mil trescientos setenta; y  la licenciada María Isabel Escalante Gutiérrez; como apoderada especial judicial de los Litisconsortes Pablo Solórzano Alvarado, Gabriela Solórzano Alvarado, Roxana Solórzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores, la Licenciada Reina Ester Ramos Madriz, cédula  de identidad seis - trescientos noventa y cuatro - quinientos cincuenta y cuatro, colegiada veintisiete mil quinientos veintisiete.  Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela Alajuela.

RESULTANDO:

 1.- La parte actora presentó demanda ordinaria estimada en la suma de cincuenta millones de colones, para que en sentencia se declare: "a) Que mis representados son los propietarios de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble partido de Alajuela, matrícula DOS OCHO CUATRO CUATRO DOS OCHO - CERO CERO CERO, secuencias CERO CERO UNO y CERO CERO DOS respectivamente; b) Que la totalidad de la finca fue tomada ilegítimamente por parte del demandado desde el día 14 de mayo  del 2009; c) Que debe el demandado restituir a mis representados la finca referida que posee ilegítimamente y de mala fe y abstenerse de perturbar la totalidad de la finca que le corresponde a mis representados los cuales como hemos mencionado mis representados la han poseído y posee en forma legítima y no de mala fe como se lo quiere apropiar el demandado; d) Se condene al demandado al pago de los daños,  costas y perjuicios que le ha ocasionado a mi representada, así como el daño moral que han sufrido los señores CARLOS MONTERO MONTERO Y ANAIS SALAS MESÉN, quienes se han visto afectados en su salud, al sufrir serios trastornos y sometidos a estados depresivos a consecuencia de los hechos dañosos consistentes en el despojo de que han sido objeto, de la finca que les pertenece,así como por la actitud que ha tomado el demandado ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA en la negativa de restituir a mi representados dicha propiedad; e) que son ambas costas a cargo del demandado." (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte I electrónico,  imágenes 38 y 39).

 2.- El licenciado José Luis Ramos Castellón en su condición de apoderado especial judicial de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, renuncia al punto d) de las pretensiones  de la demanda referidos a rubro de daños y perjuicios.  (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal, parte II, imagen 7, incorporado el  09/09/2011 18:18:00).

 3.- El demandado Álvaro Enrique Sandoval Araya debidamente notificado de la presente demanda, contestó de manera negativa, e interpuso las excepciones de litis consorcio necesaria pasiva o activa, falta de derecho, falta de legitimación, sine actione agit y falta de agotamiento de la vía administrativa. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal, parte IV, incorporado el  09/09/2011 18:19:06, imágenes 11 a  20)

 4.- El Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela  en resolución número 01-2011, de las diez horas del doce de enero del dos mil once ordenó integrar la litis consorcio pasiva necesaria contra el Instituto de Desarrollo Agrario y se rechazó la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal, parte V, imágenes del 2 al 6, incorporado el  09/09/2011 18:19:54)

 5.- El demandado Instituto de Desarrollo Rural, contestó  la demanda incoada en su contra de manera negativa e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y sine actione agit. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal parte VIII, incorporada el  09/09/2011 18:22:00,  imágenes 36 a 40 y expediente principal parte IX, incorporada el  09/09/2011 18:22:33, imágenes 1 a 3)

 6.- Asimismo el  Instituto de Desarrollo Rural, contrademanda en la suma de doscientos mil colones a los señores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén y, solicita que en sentencia se declare: "a) Que se acoge en un todo, la presente reconvención o contrademanda en contra de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, por estar ajustada a derecho y por no cumplir los demandados con las obligaciones impuestas, al no estar ellos ni su familia desde hace varios años en posesión la parcela N° 7 del asentamiento sector M en Coyolar de Orotina, por quedar corroborado que la parcela es trabajada, explotada, inducida su producción, limpieza, mantenimiento, recolección de cosecha y comercialización por un tercero ajeno a ellos; b) Sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria de reivindicación, interpuesta por Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen en contra de mi representada; c) Por comprobada, de parte de los actores, las causales de abandono injustificado de la parcela, al ausentarse de la misma física y permanentemente, explotación indirecta y cambio de uso para los fines que se le otorgó la parcela M7 del asentamiento Coyolar, finca matrícula de Alajuela 284428; d) Que los señores Montero Montero y Salas Mesen, incumplieron con las obligaciones impuestas, motivo suficiente que causa la pérdida del derecho sobre la parcela, la cual debe regresar con toda su dotación al patrimonio del Instituto de Desarrollo Agrario, conforme al artículo 66 ibídem, a fin de que se adjudique de nuevo a quien por Ley Corresponda; e) Que se revoque la adjudicación de la parcela 7 del asentamiento Coyolar, sector M hecha a favor de los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen y subsecuentemente se anule su título de propiedad, inscrito en el Registro Inmobiliario, División Registral, bajo la matrícula de la Alajuela N° 284.248-001-002 y sea revertido registralmente a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, con domicilio en la ciudad de Moravia cédula de persona jurídica 4-000-42143 para que se prosiga con su nuevo ciclo de adjudicación; f) Que en cuanto al pago de mejoras, si así lo cree conveniente su Autoridad, sea sobre las mejoras útiles y necesarias para la explotación y desarrollo de las parcelas, conforme al artículo 66 ley 2825, hechas por los adjudicatarios  y de su propio peculio, las cuales se valorarán tomando en cuanta los criterios de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en voto número 13 de las 10 horas del 29 de enero de 1993, advirtiéndose que las necesarias no se cancelarán, aún cuando las hubiera, pues no son susceptibles de tal reconocimiento en el Derecho Agrario; g) Que se condene al pago de ambas costas de la presente demanda a los señores Montero Montero y Salas Mesén y en caso contrario, se exima del pago de ambas   costas en la presente demanda a mi representada, por ser su accionar conforme a derecho." (ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal parte IX, incorporada el  09/09/2011 18:22:33, imágenes 5 a 17).-

 7.- Los actores reconvenidos  Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, contestaron la reconvención planteada en su contra e interpusieron las excepciones de  caducidad, falta de derecho,  falta de legitimación ad causam activa, falta de legitimación ad causam pasiva y genérica actione agit, (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal parte IX, incorporada el  09/09/2011 18:22:3 3, imágenes 21 a 40 y expediente principal pare X, incorporada el   09/09/2011 18:23:07, imágenes del 1 a 24).

 8.- El Tribunal Agrario de Segundo Circuito Judicial de la San José, Goicoechea, mediante el Voto 346-F-113,  las catorce horas y treinta y ocho minutos del nueve de abril de dos mil trece, anuló la sentencia dictada por el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, numero 126-2012 de las quince horas veinte minutos del doce de diciembre de dos mil doce, y ordena al demandado reconventor  INDER integrar la litisconsorcio pasivo necesario. ( ver escritorio  virtual del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, documentos asociados, sentencia de segunda instancia incorporada el  28/06/2018 14:11:49).-

 9.- El Instituto de Desarrollo Rural integró litis consorcio pasivo necesario contra Álvaro Enrique Sandoval Araya, solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: "a) Que se acoge en un todo, la presente demanda en contra el álvaro Sandoval Araya, por estar ajustada a derecho b) Que se declare que la finca partido de la provincia de Alajuela matricula número 284.428-001 y 002, fue adjudicada al amparo de la Ley número 2825, de Tierras y Colonización en virtud de los cual la disposición de la misma y posesión del inmueble se encuentra regulada bajo un régimen especial debiendo cualquier tipo de contratación o posesión estar autorizada por este Instituto. C- Que se declare en sentencia que el aquí demandado Álvaro Sandoval Araya, conocía plenamente  que la parcela7 M del Asentamiento Coyolar, objeto de esta litis fue entregada al amparo de la Ley 2825, y por ende sometida a las regulaciones que dicha  normativa y que su presencia en la parcela lo fue sin autorización de este Instituto, y que constituye la causal de explotación indirecta.  D. Que ante el incumplimiento de la obligaciones establecidas en la Ley Constitutiva de este Instituto numero 2825, por parte de los adjudicatarios como del señor Álvaro Sandoval Araya al estar en la parcela sin autorización de este Instituto, lo procedente es la recuperación por parte de este Instituto de dicho inmueble, de forma tal que el titulo de propiedad otorgado  favor de los actores reconvenidos, señores Montero Montero y Anais Salas Mesen, sea anulado y se Inscriba la finca de la provincia de Alajuela matricula numero 248-428-001-002, a favor de este Instituto. E Que se ordene al desalojo de dicho predio del aquí demandado señor Álvaro Sandoval Araya , y  de cualquier otra persona que se encuentre en posesión de la parcela 7 M del Asentamiento Coyolar y se ponga en posesión a mi representada de dicho predio, por cuanto no les asiste derecho alguno para estar en la parcela. F. Que se declare que se tuvo por comprobado en el presente proceso, que los principios y preceptos legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales. G- Que en cuanto a posibles mejoras de comprobarsela existencia de las mismas sean canceladas de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Tierras y Colonización. H- Que se condene al demandado al pago  las costas de este proceso y en caso contrario, se exima del pago de las costas en la presente demanda a mi representada por ser su accionar conforme a derecho.  ( ver escritorio virtual de Alajuela, escrito incorporado el   23/04/2013 04:09:22).-

 10.- El Litisconsorte y demandado Álvaro Enrique Sandoval Araya debidamente notificado de la presente demanda, contestó de manera negativa y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de agotamiento de la vía administrativa y sine actione agit. ( ver escritorio virtual de Alajuela, escrito  incorporado el 27/05/2013 09:06:30).-

 11.- El Instituto de Desarrollo Rural, en cumplimiento de lo ordenado en resolución dictada las once horas y cinco minutos del veintinueve de junio de dos mil quince, integra la litis consorcio pasivo necesaria contra la sociedad  3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en sentencia se declare: A) Se acoja en un todo la presente demanda, en contra  LA SOCIEDAD 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Señor Carlos Montero Montero , cédula de identidad  número 2-0208-00747, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la indicada sociedad.  B) Que se declare que la finca del Partido de Alajuela, matrícula número 284.428-001 y 002, actualmente derecho 001, fue adjudicada al amparo de la Ley número 2825,  de tierras y Colonización en virtud   de los cual la disposición de la misma y la posesión del inmueble se encuentra regulado bajo régimen especial  debiendo cualquier tipo de contratación o posesión estar autorizada por ese Instituto; C) Que se declare en sentencia que  la sociedad anónima, aquí demandada, denominada con su número de cédula de persona jurídica  3- 101-0689148, adquirió ilegalmente dicha, de parcela en litis, de parte de los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, siendo los mismos los representantes de dicha sociedad, teniendo en tales condiciones, conocimiento del proceso.; D) Que los representantes de la aquí demandada, tienen pleno conocimiento que la parcela 7 M del asentamiento Coyolar, objeto de esta fue entregada al amparo de la Ley 2825, por ende sometida a las regulaciones de dicha normativa y que su adquisición se a realizado de mala fe, en el tanto son conocedores que la titularidad registral de los transmitentes que son los mismos representantes de la sociedad aquí demandada), está siendo cuestionada en el presente proceso; E) Que ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida normativa especial, por parte de los adjudicatarios, aquí actores, Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, así como las actuaciones del litisconsorte del demandado- reconvenido Álvaro y de la sociedad ahora litisconsorte, al estar en posesión el primero y de haber adquirido ilegalmente las segundas la titularidad registral, lo procedente es la recuperación por parte de ese Instituto de ese bien inmueble, de forma tal que el título de propiedad otorgado a favor de los actores reconvenidos, señores Montero Montero y Anais Salas Mesen, sean anulados, de igual forma sea anulado el traspaso realizado por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen a favor de la sociedad 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, así como su inscripción registral y se ordene la inscripción de la finca en litis a favor del Instituto; F) Que se ordene el desalojo de la sociedad litisconsorte de dicho predio y se le ponga en posesión al Instituto de la misma por no asistirle derecho para estar en la parcela; g) Que se declare que se tuvo por probado que los principios y preceptos legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales; H) Que en cuanto a posibles mejoras de comprobarse la existencia de las mismas, sean canceladas conforme al numeral 66 de esa referida Ley; I) Que se condene al demandado al pago de las costas de este proceso, y en caso contrario, se le exima de las costas por ser su accionar conforme a derecho. ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el  09/07/2015 15:26:23).-

 12.- La sociedad litisconsorte demandada 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, contesta negativamente la demanda e interpone las excepciones de Caducidad, Falta de Derecho, Falta de Legitimación Activa, Falta de Legitimación Pasiva. ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 07/09/2015 11:45:28 ).- El Juzgado Agrario de Alajuela en resolución de las   quince horas treinta minutos del veintidós de febrero del dos mil dieciséis   reservó para sentencia la excepción de caducidad opuesta por la sociedad accionada. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 23/02/2016 10:12:09).-

 13.-El Juzgado Agrario del Alajuela en resolución de las diez horas y dieciocho minutos del diez de abril de dos mil dieciocho  ordena al INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL,  integrar en su reconvención la litis consorcio pasiva necesaria contra los beneficiarios de dicho legado, es decir contra PABLO SOLÓRZANO ALVARADO; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO; y GUADALUPE ALVARADO FLORES, ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, resolución incorporada el  10/04/2018 10:18:44).-

 14.- El   Instituto de Desarrollo Rural en cumplimiento de lo ordenado integra la litis consorcio pasivo necesaria contra PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, para que en sentencia se declare: A) Se acoja en un todo la presente demanda en contra los legatarios señores PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, cédula de identidad 2-0478-0520, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, cédula de identidad 2-0506-0411, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, cédula de identidad 1-1199-0468 y GUADALUPE ALVARADO FLORES, cédula de identidad 1-0385-0870; B) Que se declare que la finca del Partido de Alajuela, matrícula número 284.428-001 y 002, actualmente  derecho ,000 fue adjudicada al amparo de la Ley número 2825, debiendo cualquier tipo de contratación o posesión estar autorizada por ese Instituto; C) Que se declare en sentencia, que los legatario demandados, lo son en tal sentido en forma ilegal, por cuanto por parte de los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, no podía disponerse del predio en litis sin autorización del Instituto; D) Que los demandados, tienen pleno conocimiento que la parcela 7 M del asentamiento Coyolar, fue entregada al amparo de la Ley 2825, por ende sometida a las regulaciones de dicha normativa y que la constitución del legado a su favor, se ha realizado de mala fe, en el tanto conocían que la misma no podía ser dispuesta a favor de terceros; E) Que ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida normativa especial, por parte de los adjudicatarios, aquí actores, Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen, así como las actuaciones de los litisconsortes PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, de ser legatarios del bien en litis, lo procedente es la recuperación por parte de ese Instituto de ese bien inmueble, de forma tal que el título de propiedad otorgado a favor de los actores reconvenidos, señores Montero Montero y Anais Salas Mesen, sean anulados, de igual forma sea anulado el legado constituido a favor de PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, realizado por los actores Carlos  Montero Montero y Anais Salas Mesen mediante escritura pública número 34-10 otorgada a las 18 horas del y 6 de junio del dos mil, ante la Notaría de Pía Picado González y se ordene la inscripción de la finca en litis a favor del Instituto; F) Que se ordene el desalojo de los demandados, de dicho predio, a los demandados y de cualquier otra persona que se encuentre en el mismo y se le ponga en posesión al Instituto de la misma; G) Que se declare que se tuvo por probado que los principios y preceptos legales de la Ley de Tierras y Colonización fueron violentados estando en vigencia el período de las limitaciones legales; H) Que en cuanto a posibles mejoras de comprobarse la existencia de las mismas, sean canceladas conforme al numeral 66 de esa referida Ley; I) Que se condene a los demandados al pago de las costas de este proceso, y en caso contrario, se le exima de las costas por ser su accionar conforme a derecho.(ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 19/04/2018 10:46:50).

 15.- Los demandados PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE

ALVARADO FLORES, contestan la demanda en forma negativa e interponen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, excepción de caducidad ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 25/06/2018 02:00:04 .

 16.-  La jueza Zoila Flor Ramírez Arce, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 2021-000227 de las trece horas trece minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió: " POR TANTO:De conformidad con lo expuesto y citas de Ley, EN CUANTO A LAS DOS DEMANDAS POR PARTE DE LOS ACTORES: se acogen las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Legitimación y Sine Actiones Agit opuestas por Álvaro Enrique Sandoval Araya y el Instituto de Desarrollo Rural. Se declara SIN LUGAR LA DEMANDA interpuesta por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén contra Alvaro Enrique Sandoval Araya y el Instituto de Desarrollo Rural. RESPECTO A LA CONTRADEMANDA DEL INDER Y EN CUANTO A LAS TRES DEMANDAS POR INTEGRACIÓN DE LITIS. Se rechazan las excepciones de Caducidad, Falta de Derecho, Falta de Legitimación Ad Causan Activa,Falta de Legitimación Ad Causan  Pasiva y Genérica Sine Actione Agit, interpuestas por los accionantes- reconvenidos Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén en contra de la contrademanda del INDER. Se rechazan las las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Legitimación y Sine Actiones Agit opuestas por Alvaro Enrique Sandoval Araya. Las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, excepción de caducidad, interpuestas por la sociedad litisconsorte demandada 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, y los demandados - litisconsortes legatarios PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, se rechazan. Consecuentemente, se declara CON LUGAR la reconvención en contra los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, así como la demanda de integración de litis, interpuesta por el Instituto de Desarrollo Rural contra ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, LA SOCIEDAD LITISCONSORTE DEMANDADA 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, y los demandados - litisconsortes legatarios PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES. Entiéndase por rechazada en lo que no se indique expresamente. En consecuencia se declara: 1) Que los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén incumplieron con las obligaciones, impuestas por los artículos 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. 2) Que los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, abandonaron la parcela de manera injustificada, se asociaron con un tercero ajeno a su núcleo familiar para trabajar la parcela de nombre Pablo Solórzano Alvarado y, suscribieron una escritura pública, en forma ilegal, legando la parcela a los litisconsortes PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, y traspasaron el bien objeto de este proceso sin contar con el dominio pleno de su derecho registral, a la sociedad demandada quien tenía pleno conocimiento de ello; todo lo anterior, sin permiso del INDER, estando vigentes las limitaciones de la Ley 2825, en cuanto a los tres acontecimientos y respecto al último a sabiendas que no contaban con el dominio pleno de su derecho de propiedad. Asimismo, el litisconsorte Alvaro Enrique Sandoval  Araya, se mantuvo en la parcela en litis en forma ilegítima, por lo que deberá desalojar la misma inmediatamente se encuentre firme la presente resolución. Se autoriza al litisconsorte Alvaro Enrique Sandoval Araya para que retire la construcción tipo bodega que se describe en el hecho probado 13 de la presente resolución, sin que se considere la misma constituye una mejora, sino con el un único fin de evitar un enriquecimiento ilícito por parte del INDER, al recuperar la parcela con esa bodega que no existía al momento de la adjudicación a la parte actora perdidoso. 3) Que en razón del quebranto de los artículos 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización y, al tenor de lo establecido por el artículo 66 de la Ley 2825, se declara la pérdida del derecho de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén sobre la parcela M-7 del Asentamiento Coyolar y, por ende se deberá revocar la adjudicación de la parcela 7 del asentamiento Coyolar, sector M hecha a favor de los mismos y subsecuentemente se ordena la nulidad del título de propiedad que le fuera otorgado en virtud del contrato de dotación de tierras al amparo de la Ley de Tierras y Colonización, así como el consecuente traspaso de la parcela en litis a favor de la sociedad 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA inscrito bajo las citas 2014- 00278499-01, ordenándose la reversión del terreno a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, entiéndase que se deberá inscribir dicho bien inmueble a nombre del INDER. 4) Se ordena la nulidad del legado constituido a favor de PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, realizado por los actores Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesen mediante escritura pública número 34-10 otorgada a las 18 horas del y 6 de junio del dos mil, ante la Notaría de Pía Picado González. 5) Se condena a los actores reconvenidos al pago de las costas personales y procesales de la presente acción. 6) Firme la presente, procédase al desalojo del accionado Alvaro Sandoval Araya y a la efectiva puesta en posesión de la parcela a favor del Instituto de Desarrollo Rural, para lo de su cargo.  ( ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, sentencia de primera instancia incorporada el 30/11/2021 13:13:38)               17.- El licenciado José Luis Ramos Castellón, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora - reconvenido y de la sociedad 3-101-689148 S.A, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 08/12/2021 11:19:28).

 18.- En la substanciación del proceso no se han observado las prescripciones legales, y se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-

 Redacta el juez Picado Vargas, y;

CONSIDERANDO

 I.-  Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados por ser acordes al acervo probatorio.-

 II.-  Se comparte el cúmulo de hechos indemostrados por estar ayunos de medios de prueba que los demuestren.-

 III.-  El licenciado José Luis Ramos Castellón, en su condición de apoderado especial judicial de la parte actora - reconvenido y de la sociedad 3-101-689148 S.A, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, manifestando en lo medular lo siguiente: "AGRAVIOS: 1.- Indica la resolución recurrida que mis representados cometen la primer violación a la normativa especial que regula la parcela en pleito, dado que convienen, verbalmente trabajar “a medias” la arboleda de mangos existente dentro de la parte en litis”, con el señor Pablo Solórzano Alvarado, lo cual no es nada irregular, ni viola tampoco la normativa especial que regula la parcela objeto de este proceso, por cuanto lo que establecieron mis representados y el señor Pablo Solórzano Alvarado, fue un “Contrato de Aparcería Rural” el cual está contemplado en el artículo 69 de La Constitución Política y por ende es norma de rango superior al artículo 67 de La Ley de Tierras y Colonización y dicha ley en general. 2.- Indica la resolución recurrida  como una segunda violación a la normativa especial, que regula la parcela en litis, que mis representados CARLOS MONTERO MONTERO Y ANAIS SALAS MESEN, sin contar con autorización del Inder, mediante escritura pública  numero 34-10, otorgada ante la notaría Pía Picado González a las 18 horas del 06 de junio del 2000, legaron la parcela M-7, del Asentamiento Coyolar a Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado,  Roxana Solorzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores. 3.- Indica la resolución recurrida que mi representado Carlos Montero Montero abandonó la parcela diez años anteriores a la celebración del juicio llevado a cabo el día 05 de marzo de 2021, lo cual no es cierto como contundentemente lo hemos demostrado en el presente proceso y lo aclararemos más adelante.  4.- La resolución recurrida indica que los actores traspasan el inmueble de marras a la sociedad demandada, sin que su título estuviera consolidado, lo cual no es cierto como contudententemente lo refutaremos  en el punto correspondiente.  5.- No es posible revocar la adjudicación de la parcela y su consecuente nulidad de título a mis representados y revertir la parcela en litis al INDER, por cuanto a la fecha de intervención del INDER en el presente proceso, las limitaciones que soportaba dicha parcela ya habían vencido y por lo tanto dicha parcela se había consolidado como una propiedad plena de dominio en favor de mis representados inscrita a nombre de una sociedad mercantil de carácter familiar."  (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, escrito incorporado el 08/12/2021 11:19:28).-

 IV.- SOBRE LOS AGRAVIOS CUARTO Y QUINTO AGRAVIO DE FONDO REFERIDO A LA IMPROCEDENCIA DE LA RECONVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL POR ENCONTRARSE VENCIDAS LAS LIMITACIONES DE INTERES SOCIAL AL MOMENTO DE SU INTERPOSICIÓN: No lleva razón el recurrente en su argumento. Conviene hacer una narración cronológica de cómo se dieron los acontecimientos para resolver este agravio: El Instituto de Desarrollo Rural (en adelante INDER) inició un procedimiento administrativo de revocatoria de título de propiedad y adjudicación de parcela contra los actores el día 24 de agosto del 2008, dos días antes de que vencieran los quince años de plazo de limitaciones de interés social del contrato de asignación de tierras, procedimiento administrativo que se tramitó  tramitado bajo expediente 246-08 por incumplimiento de los artículos 67 y 68 de la Ley 2825. El mismo día que vencían las limitaciones, la finca objeto de este proceso, quedó anotada bajo las citas 0578-00005971-001 "EXHORTO DE NULIDAD DEL IDA", presentado el 26 de noviembre del 2008.  (Ver imagen 35 parte VII del expediente electrónico, escrito incorporado el 04/07/2014 10:50:19). Los aquí actores presentaron la presente demanda el seis de octubre del 2010 y la misma fue anotada al margen de la finca objeto de este proceso, el 30 de junio del 2015 en cumplimiento de resolución dictada el 29 de junio del 2015. ( ver razón de recibo a imagen 78 del expediente convertido a modo de libro en formato en pdf, a imagen 21 parte I del expediente físico escaneado e incorporado a los autos en fecha: 09/09/2011 18:17:23 y referida resolución que ordenó la referida anotación de demanda asociada a los autos el día 29 de junio del 2015).  El INDER fue notificado de la demanda por integración de litis y presentó reconvención en setiembre del 2011 solicitando la revocatoria del título por las mismas causales que había sustentado en el procedimiento administrativo (ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados, expediente principal parte IX, incorporada el  09/09/2011 18:22:33, imágenes 5 a 17). Posteriormente, el órgano director del procedimiento administrativo mediante resolución dictada en esa sede, a las 09:05 horas del 09 de junio del 2014, ordenó el archivo del expediente administrativo sin perjuicio de la decisión que se dicte en el presente proceso (Bandeja de escritos 04/07/2014 10:50:19). Este recuento histórico arroja que el INDER entabló el procedimiento de revocatoria estando vigentes las limitaciones, manteniendo bajo la palestra el mismo con el Exhorto de Nulidad anotando la parcela e incluso presentó la reconvención estando anotada la finca, al punto que del 9 de setiembre del 2011 al 9 de junio del 2014 su pretensión de revocatoria estuvo paralelamente tramitada en sede administrativa y sede judicial, hasta que es esa última fecha dicho ente ordenó el archivo del procedimiento administrativo para terminar de resolverlo en la vía declarativa. Por ende, el agravio no es de recibo, ya que el exhorto citado es un acto interruptor de la prescripción, manteniendo viva la potestad del INDER de perseguir la nulidad del título y la revocatoria de la adjudicación hasta el día de hoy. Al respecto ha dicho este Tribunal: "Independientemente que las limitaciones estén vencidas al momento de incoarse la presente demanda, ello no elimina el vicio de esa contratación, al contener un objeto prohibido por ley, lo que conlleva a la nulidad absoluta. Recientemente, este Tribunal, en caso similar resolvió: " (...) lo que se realizó fue el negocio de la venta, lo cual es un acto prohibido por el numeral 67 de la Ley de Tierras y Colonización, que establece en lo conducente: "Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores", siendo que se requería de la autorización del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lo cual en el caso concreto no ocurrió. Al soportar limitaciones del referido Instituto, el adjudicatario aún no tenía dominio pleno del derecho de propiedad como para enajenarlo libremente, pues aún el Instituto podría recuperarlo para sus fines sociales. Debido a ello, al no tener esa disposición plena del bien, el negocio celebrado denominado opción de compra venta, es nulo al no contarse con la autorización requerida por parte del Instituto dicho, según la norma citada.- Tampoco es factible considerar la tesis del recurrente en cuanto la negociación se da bajo una condición suspensiva, pues de admitir este criterio se estaría ante una flagrante contravención de las normas de orden público como lo es la Ley de Tierras y Colonización, régimen jurídico impuesto sobre el inmueble en cuestión, de manera que la disposición de ese tipo de bienes no opera como en cualquier negocio privado, conforme lo sostiene el apelante en su agravio, sino que ese régimen de limitaciones conforman el marco jurídico que regula ese derecho, y precisamente por ello se publicitan en el Registro Público de la Propiedad. Interpretar lo contrario, es abrir portillos interpretativos de los cuales se puedan servir los beneficiarios del Programa de Asignación de Tierras del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo caso omiso de la limitaciones impuestas, bajo el disfraz de opciones de ventas o ventas con la condición suspensiva del vencimiento temporal de las limitaciones existentes, lo cual como se indicó, va en contravención a la normativa de orden público. Ello implicaría validar negociaciones, en las que se obtendría un beneficio económico del propio sistema social benefactor, que va dirigido a personas de determinado perfil económico y social y que el Estado provee con fondos públicos, cuyos objetivos son plasmados en los artículos 1 y 2 de la Ley de Tierras y Colonización.- V.- Aduce el apelante, no es factible la declaratoria oficiosa de la nulidad del negocio jurídico, pues así no fue solicitado por la contraparte. Sin embargo, para conocer si el actor tenía o no derecho sobre sus pretensiones, es necesario analizar la naturaleza jurídica del negocio y si las condiciones de validez estuvieron presentes al momento de la negociación, y como se dijo faltó un elemento esencial, el cual es la falta de autorización del Instituto referido y al ser omitido ese requisito, deviene la nulidad como un imperativo legal establecido en el artículo 67 ibídem.- Dispone el artículo 835 del Código Civil: ..."Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no la calidad o estado de la persona que en ellas interviene...". Se establece en esta norma la nulidad del negocio al que le falta alguna de las condiciones, y en el caso de marras, al ser un contrato regulado por normas de orden público y no por normas de orden privado, no es de aplicación la nulidad absoluta en los términos del Código Civil que no es declarable de oficio, si no que debe complementarse la norma civil, con lo estipulado en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización (norma de orden público), en la que se establece de manera categórica la nulidad absoluta del contrato que se celebre sin la autorización debida del Instituto referido, por lo cual se impone la nulidad como un imperativo legal.- Arguye el apelante, que se está ante un vacío legal por parte del INDER, para poder evitar este tipo de compromiso entre adjudicados y particulares, solo en el caso de una modificación a la Ley en la que se integre al articulado el mecanismo de opción de compra venta, como instrumento legal que se opone a un negocio privado entre partes. Considera que sin esa modificación, deviene en improcedente el declarar nulo este instrumento legal que tiene efectos jurídicos con efectos a futuro. Respecto a este agravio, nótese se indicó en el considerando anterior las razones por las que se considera que aunque se haya denominado el contrato como indica el recurrente, en realidad lo pactado fue una compra venta, por lo que la nulidad se impone. En todo caso, dispone el citado artículo 67, que es absolutamente nulo cualquier contrato, lo cual comprende el negocio de marras, independientemente de la nominación que se le haya dado.-(TRIBUNAL AGRARIO. VOTO N° 981-F-16 de las quince horas y cuarenta y uno minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis). Bajo esta tesitura, la posesión ejercida por el actor que haya desplegado con posterioridad a ese convenio realizado con la demandada, y deudas que haya cancelado ante el INDER, resulta argumentos irrelevantes para resolver la pretensión deducida en la demanda, pues no es dable derivar efectos jurídicos registrales de un contrato traslativo cuyo objeto sea un bien que estaba fuera del comercio, siendo una causa contraria a la ley. El ejercicio de la función social sobre el inmueble, como argumento para legitimar su derecho, es inatendible, pues la misma ley que cita el apelante, en su artículo 67, es la que establece la prohibición de enajenación, limitación que es precisamente contemplada para regular que los bienes destinados por el Estado para programas de adjudicación con fines sociales y productivos, no sean utilizados por quienes no han calificado como adjudicatarios, toda vez esos programas son financiados con fondos públicos. Permitir lo contrario, bajo la justificación de que se ha puesto a producir el bien, atenta contra la integridad de los objetivos de la Ley de Tierras y Colonización, que es el dotar de tierras a personas bajo cierto perfil socio económico y técnico, para que las pongan a producir, asumiendo toda una relación jurídica con esa entidad. Si la parte actora deseaba suceder a la demandada en la adjudicación del bien, debía de acudir ante dicho Instituto para formalizar la autorización, ya que la ley prevé esa posibilidad en el mencionado artículo 67, lo cual no demostró haber hecho o bien obtenido una autorización." TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 1065-F-16 de las 13:59 horas del 15 de noviembre del 2016.- Conforme a lo aquí expuesto, no lleva razón el recurrente en cuanto a que su derecho de propiedad se había consolidado, pues la pretensión de revocatoria de la adjudicación se ha mantenido pendiente desde el 24 de noviembre del 2008, estando vigentes las limitaciones, por lo que el traspaso realizado a la sociedad codemandada (cuyos personeros son los mismos actores) se realizó estando este proceso en estrados judiciales y anotada la presente demanda (Ver certificación registral a imagen 112 del expediente electrónico). En consecuencia, se rechaza el cuarto y quinto agravio de fondo.-

 V.- SOBRE EL PRIMER AGRAVIO DE FONDO REFERIDO A QUE EL ACUERDO TOMADO POR LOS ACTORES CON EL CODEMANDADO PABLO SOLORZANO CONSTITUYE UN CONTRATO DE APERCERÍA CON RANGO CONSTITUCIONAL SUPERIOR A LAS LIMITACIONES DE INTERES SOCIAL DE LA LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN:  Tampoco lleva razón el recurrente en la interpretación en que funda su agravio. Ciertamente, el “Contrato de Aparcería Rural” está contemplado en el artículo 69 de La Constitución Política; pero las limitaciones de interés social del artículo 67 de La Ley de Tierras y Colonización también tiene su fundamento constitucional en el artículo 45 párrafo segundo de nuestra Carta Magna y ésta, referida al derecho de propiedad y la función social de la propiedad agraria es una norma programática de mayor nivel que el referido artículo 69. Ello por cuanto el derecho de propiedad tiene el rango de derecho fundamental, el cual no es absoluto y permite precisamente que limitaciones como la del artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización limiten el atributo primario del dominio, específicamente el de enajenación bajo la premisa de que la tierra es para quien real y materialmente la trabaje (artículo 4 de la LTC). Asi lo ha interpretado este Tribunal: "De lo esbozado por el tribunal se refuerzan algunas de las ideas que respaldan la declaratoria de nulidad de los contratos celebrados en contravención al ordinal 67 de la Ley de Tierras y Colonización: a) Las limitaciones para la venta de la propiedad son válidas en armonía con la función socio económica de la propiedad agraria que pretende por un lado evitar la acumulación de tierras y riquezas en algunas personas en detrimento del bienestar patrimonial del colectivo. b) Esta legislación intervencionista se refleja en el conjunto sistémico de normas expuesto por la Ley de Tierras y Colonización. c) Por ende, la limitación es de orden público y de ahí que podríamos vincularla razonablemente con la segunda parte del artículo 45 constitucional en el sentido de formular un régimen restrictivo del derecho de propiedad cuando las circunstancias del caso lo ameriten en boga del bienestar común del conjunto social. d) La limitación hubiese quedado sin efecto alguno si el Instituto de Desarrollo Agrario hubiese autorizado expresamente la venta realizada por el adjudicatario, pues ante tal supuesto habría que suponer que la entidad reguladora hubiese considerado que la enajenación resulta congruente con el sistema, principalmente porque el tercero comprador reúne las condiciones que la función social de la propiedad exige para que la tierra sea aprovechada satisfactoria y racionalmente por personas o microempresas con capacidad técnica para la actividad agraria que ameriten el apoyo estatal." TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 014-F-19 de las 11:08 horas del 29 de enero del 2019.- Por ende, no es constitucionalmente correcto interpretar que el adjudicatario puede pasar por alto dicha limitación para celebrar un contrato de aparcería rural por el hecho de que el mismo también esté en la normativa constitucional, máxime si su celebración constituye un incumplimiento del contrato de asignación de tierras y sea una causal de revocatoria de adjudicación. Se rechaza el primer agravio de fondo.-  

 VI.- SOBRE EL SEGUNDO AGRAVIO DE FONDO RELATIVO A QUE NO DEBE TOMARSE COMO VIOLACIÓN A LAS LIMITACIONES DE INTERES SOCIAL EL LEGADO QUE EN ESCRITURA PUBLICA REALIZARON LOS ACTORES A FAVOR DE LOS CODEMANDADOS PABLO SOLORZANO ALVARADO, GABRIELA SOLORZANO ALVARADO,  ROXANA SOLORZANO ALVARADO Y GUADALUPE ALVARADO FLORES: No lleva razón el recurrente. La razón por la cual el INDER pidió que en la sentencia impugnada se revocara la adjudicación de parcela fue otra, de lo cual consta en su petitoria de reconvención: "a) Que se acoge en un todo, la presente reconvención o contrademanda en contra de Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, por estar ajustada a derecho y por no cumplir los demandados con las obligaciones impuestas, al no estar ellos ni su familia desde hace varios años en posesión la parcela N° 7 del asentamiento sector M en Coyolar de Orotina, por quedar corroborado que la parcela es trabajada, explotada, inducida su producción, limpieza, mantenimiento, recolección de cosecha y comercialización por un tercero ajeno a ello" (ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, documentos asociados,  expediente principal parte IX, incorporada el  09/09/2011 18:22:33, imágenes 5 a 17). Es decir, la causal invocada fue la explotación indirecta de la parcela. La nulidad decretada por la a quo (potestad que le confiere de oficio el artículo 868 del Código Civil) sobre la escritura pública  numero 34-10, otorgada ante la notaría Pía Picado González a las 18 horas del 06 de junio del 2000, legaron la parcela M-7, del Asentamiento Coyolar a Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado,  Roxana Solorzano Alvarado y Guadalupe Alvarado Flores es consecuencia del hecho de haberse tenido por demostrada la causal principal de explotación indirecta, cuya valoración de la prueba es objeto del tercer agravio y que será analizado en el próximo considerando. En consecuencia, se rechaza el segundo agravio.-

 VII.- SOBRE EL TERCER Y ÚLTIMO AGRAVIO REFERIDO AL ABANDONO DE LA PARCELA  QUE LE IMPUTA LA SENTENCIA IMPUGNADA: Tampoco lleva razón el recurrente. La sentencia acoge la reconvención en cuanto a la revocatoria de tírulo de propiedad de la parcela adjudicada por la causal de explotación indirecta, al tener por demostrado lo siguiente: "3-) Sin precisar fecha exacta, pero entre los años 2000 y 2001, el actor y reconvenido Carlos Montero Montero convienen, verbalmente, trabajar "a medias" la arboleda de mangos existente dentro de la parte en litis, es decir, acuerdan una explotación parcial de la parcela objeto de este proceso, con el Litisconsorte Pablo Solórzano Alvarado. Ello, sin contar con la respectiva autorización del INDER y por un espacio de tiempo aproximado a los 3 ó 4 años. (confesional de los actores- reconvenidos, Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén, testimonial de Pablo Solórzano Alvarado, en registro de audio incorporado en fecha 06/03/2012 08:32:32, en la pestaña 16 del detalle de actuaciones del Escritorio Virtual y su respaldo incorporado el 30-11-2021 por cuanto el primer registro el sistema no permite escucharlo)."  Cabe indicar que este hecho no es protestado por el recurrente, además de que en su demanda, específicamente en los  hechos sétimo y octavo, los actores admiten que celebraron con el demandado Pablo Solórzano el trabajar "a medias" la parcela, sin mediar autorización del INDER, lo cual constituye confesión espontánea de acuerdo al numeral 341 del Código Procesal Civil de 1990, aplicado supletoriamente a esta materia por ser la norma vigente al interponerse esta demanda. Ya anteriormente, en el Considerando V, se indicó que el hecho de que dicho pacto, que la parte actora califica de Aparcería Rural, no está por encima de las limitaciones de interés social contenidas en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, por lo que la causal de explotación indirecta no solo ha sido acreditada sino también reconocida espontáneamente por el recurrente en los hehcos sétimo y octavo de la demanda; por lo que este último agravio tampoco es de recibo y debe rechazarse el mismo, confirmando la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-

POR TANTO

 Se confirma la sentencia en lo que fue objeto del recurso.-

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

 




	

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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	




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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: 10-000070-0815-AG

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:55:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE NUMBER:**

10-000070-0815-AG - 3

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

ANAIS SALAS MESEN

**DEFENDANT:**

ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA

**VOTE N° 2023000143**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At fifteen hours ten minutes on the twentieth of February, two thousand twenty-three.-

**ORDINARY PROCEEDING** brought by CARLOS MONTERO MONTERO, of legal age, married, agricultural businessman, resident of Coyolar, Orotina, identity card number two - two hundred eight - seven hundred forty-seven; ANAIS SALAS MESÉN, of legal age, homemaker, identity card number two - one hundred ninety-four - four hundred thirty-one; both residents of Orotina, against ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, of legal age, single, merchant, resident of Orotina, identity card number six - three hundred thirty-five - zero thirty; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by Carlos Enrique García Anchía, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number two - three hundred fifty-four - two hundred sixty-five. Likewise, the latter filed a counterclaim against CARLOS MONTERO MONTERO AND ANAIS SALAS MESÉN, of the qualities mentioned above. Appearing as JOINDER PARTIES: ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, of the qualities and residence mentioned above; THE CORPORATION 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its absolute general agents without limit of amount Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, both of the qualities cited above; PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, of legal age, single, businessman, identity card number two - four hundred eighty-seven - five hundred twenty; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, of legal age, married once, pharmacist, identity card number two - five hundred six - four hundred eleven; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, single, architect, identity card number one - one thousand one hundred ninety-nine - four hundred sixty-eight; GUADALUPE ALVARADO FLORES, homemaker, widowed once; identity card number one - three hundred eighty-five - eight hundred seventy. Acting as special judicial attorney for the plaintiffs Carlos Montero Montero, Anais Salas Mesén and the corporation 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, is attorney José Luis Ramos Castellón, identity card two three hundred seventy-nine - seven hundred thirty-six; for the defendant and joinder party Álvaro Sandoval Araya, attorney Sebastián Calderón Cerdas, bar association number twenty thousand four hundred forty-six; for the INDER, attorney Adán Gómez Calvo, bar association number seven thousand three hundred seventy; and attorney María Isabel Escalante Gutiérrez; as special judicial attorney for the Joinder Parties Pablo Solórzano Alvarado, Gabriela Solórzano Alvarado, Roxana Solórzano Alvarado and Guadalupe Alvarado Flores, Attorney Reina Ester Ramos Madriz, identity card six - three hundred ninety-four - five hundred fifty-four, bar association number twenty-seven thousand five hundred twenty-seven. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, Alajuela.

**WHEREAS:**

1.- The plaintiffs filed an ordinary claim valued at fifty million colones, seeking a judgment declaring: "a) That my clients are the owners of the farm registered in the Real Property Registry of the district of Alajuela, registration number TWO EIGHT FOUR FOUR TWO EIGHT - ZERO ZERO ZERO, sequences ZERO ZERO ONE and ZERO ZERO TWO respectively; b) That the entirety of the farm was taken illegitimately by the defendant as of May 14, 2009; c) That the defendant must return to my clients the referenced farm that he possesses illegitimately and in bad faith and refrain from disturbing the entirety of the farm that corresponds to my clients, which, as we have mentioned, my clients have possessed and possess legitimately and not in bad faith as the defendant seeks to appropriate it; d) That the defendant be ordered to pay the damages, costs, and losses caused to my client, as well as the moral damages suffered by Mr. CARLOS MONTERO MONTERO AND ANAIS SALAS MESÉN, who have seen their health affected, suffering serious disorders and subjected to depressive states as a consequence of the harmful acts consisting of the dispossession they have been subjected to, of the farm that belongs to them, as well as the attitude taken by the defendant ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA in refusing to return said property to my clients; e) that both costs are borne by the defendant." (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file part I electronic, images 38 and 39).

2.- Attorney José Luis Ramos Castellón, in his capacity as special judicial attorney for Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén, waives point d) of the claims of the lawsuit referring to damages and losses. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file, part II, image 7, filed on 09/09/2011 18:18:00).

3.- The defendant Álvaro Enrique Sandoval Araya, duly notified of this claim, answered negatively, and raised the defenses of necessary passive or active joinder of parties, lack of right, lack of standing, sine actione agit, and failure to exhaust administrative remedies. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file, part IV, filed on 09/09/2011 18:19:06, images 11 to 20)

4.- The Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, in resolution number 01-2011, at ten hours on January twelfth, two thousand eleven, ordered the integration of necessary passive joinder of parties against the Instituto de Desarrollo Agrario and rejected the defense of failure to exhaust administrative remedies. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file, part V, images 2 to 6, filed on 09/09/2011 18:19:54)

5.- The defendant Instituto de Desarrollo Rural, answered the claim filed against it negatively and raised the defenses of lack of right, lack of standing, and sine actione agit. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file part VIII, filed on 09/09/2011 18:22:00, images 36 to 40 and main file part IX, filed on 09/09/2011 18:22:33, images 1 to 3)

6.- Likewise, the Instituto de Desarrollo Rural counterclaims for the sum of two hundred thousand colones against Mr. Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén and requests that the judgment declare: "a) That this counterclaim against Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén is fully granted, as it is legally sound and because the defendants fail to comply with the imposed obligations, given that neither they nor their family have been in possession of parcel No. 7 of the settlement sector M in Coyolar de Orotina for several years, as it is confirmed that the parcel is worked, exploited, its production induced, cleaned, maintained, harvested, and commercialized by a third party unrelated to them; b) That the ordinary claim for replevin (reivindicación), filed by Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen against my represented party, is dismissed in all its aspects; c) That the grounds for unjustified abandonment of the parcel, by physically and permanently absenting themselves from it, indirect exploitation, and change of use for the purposes for which parcel M7 of the Coyolar settlement, farm registration number of Alajuela 284428, was granted, are proven on the part of the plaintiffs; d) That Mr. Montero Montero and Salas Mesen failed to comply with the imposed obligations, sufficient cause for the loss of the right to the parcel, which must return with all its endowments to the patrimony of the Instituto de Desarrollo Agrario, in accordance with Article 66 ibidem, so that it may be awarded again to whomever the Law deems appropriate; e) That the award (adjudicación) of parcel 7 of the Coyolar settlement, sector M, made in favor of the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen be revoked and subsequently their title of ownership, registered in the Real Property Registry, Registry Division, under Alajuela registration number 284,248-001-002, be annulled and registered reverted to the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, domiciled in the city of Moravia, legal entity identification number 4-000-42143, to continue with its new cycle of award (adjudicación); f) That regarding the payment of improvements, if Your Authority deems it appropriate, be it for useful and necessary improvements for the exploitation and development of the parcels, in accordance with Article 66 of Law 2825, made by the awardees (adjudicatarios) and from their own funds, which will be valued taking into account the criteria of the First Chamber of the Supreme Court of Justice in vote number 13 at 10 hours on January 29, 1993, noting that necessary improvements will not be paid, even if they existed, as they are not eligible for such recognition in Agrarian Law; g) That Mr. Montero Montero and Salas Mesén be ordered to pay both sets of costs of this claim and, otherwise, that my represented party be exempted from the payment of both costs in this claim, as its action is in accordance with law." (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file part IX, filed on 09/09/2011 18:22:33, images 5 to 17).-

7.- The counterclaim defendants Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén answered the counterclaim filed against them and raised the defenses of expiration (caducidad), lack of right, lack of active standing (legitimación ad causam activa), lack of passive standing (legitimación ad causam pasiva) and generic actione agit. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, main file part IX, filed on 09/09/2011 18:22:33, images 21 to 40 and main file part X, filed on 09/09/2011 18:23:07, images 1 to 24).

8.- The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, by means of Vote 346-F-113, at fourteen hours and thirty-eight minutes on April ninth, two thousand thirteen, annulled the judgment issued by the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, number 126-2012 at fifteen hours twenty minutes on December twelfth, two thousand twelve, and orders the defendant counterclaimant INDER to integrate the necessary passive joinder of parties. (see virtual desktop of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, associated documents, second instance judgment filed on 06/28/2018 14:11:49).-

9.- The Instituto de Desarrollo Rural joined the necessary passive joinder of parties against Álvaro Enrique Sandoval Araya, requesting that the judgment declare the following: "a) That this claim against Álvaro Sandoval Araya is fully granted, as it is legally sound; b) That it be declared that the farm in the district of Alajuela Province, registration number 284,428-001 and 002, was awarded under Law number 2825, on Lands and Colonization, by virtue of which the disposition of the same and possession of the property is regulated under a special regime, any type of contracting or possession requiring authorization from this Institute. C- That it be declared in judgment that the defendant herein, Álvaro Sandoval Araya, was fully aware that parcel 7 M of the Coyolar Settlement, the object of this dispute, was granted under Law 2825, and therefore subject to the regulations of said legislation, and that his presence on the parcel was without authorization from this Institute, and that this constitutes grounds for indirect exploitation. D. That given the breach of the obligations established in the Constitutive Law of this Institute number 2825, by both the awardees (adjudicatarios) and Mr. Álvaro Sandoval Araya by being on the parcel without authorization from this Institute, the appropriate course is the recovery by this Institute of said property, such that the title of ownership granted in favor of the plaintiff counterclaim defendants, Mr. Montero Montero and Anais Salas Mesen, be annulled and the farm of the province of Alajuela registration number 248-428-001-002 be registered in favor of this Institute. E That the eviction (desalojo) from said property of the defendant herein, Mr. Álvaro Sandoval Araya, and of any other person in possession of parcel 7 M of the Coyolar Settlement be ordered, and that my represented party be placed in possession of said property, as they have no right whatsoever to be on the parcel. F. That it be declared that it was proven in these proceedings that the principles and legal precepts of the Law of Lands and Colonization were violated while the period of legal limitations was in effect. G- That regarding possible improvements, if their existence is proven, they be paid in accordance with the provisions of Article 66 of the Law of Lands and Colonization. H- That the defendant be ordered to pay the costs of this proceeding, and otherwise, that my represented party be exempted from paying the costs in this claim, as its action is in accordance with law. (see virtual desktop of Alajuela, document filed on 04/23/2013 04:09:22).-

10.- The Joinder Party and defendant Álvaro Enrique Sandoval Araya, duly notified of this claim, answered negatively and opposed the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, failure to exhaust administrative remedies, and sine actione agit. (see virtual desktop of Alajuela, document filed on 05/27/2013 09:06:30).-

11.- The Instituto de Desarrollo Rural, in compliance with what was ordered in the resolution issued at eleven hours and five minutes on June twenty-ninth, two thousand fifteen, joins the necessary passive joinder of parties against the corporation 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, so that the judgment declares: A) That this claim be fully granted, against CORPORATION 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by Mr. Carlos Montero Montero, identity card number 2-0208-00747, in his capacity as president with powers of absolute general agent without limit of amount for said corporation. B) That it be declared that the farm of the District of Alajuela, registration number 284,428-001 and 002, currently right 001, was awarded under Law number 2825, on Lands and Colonization, by virtue of which the disposition of the same and the possession of the property is regulated under a special regime, any type of contracting or possession requiring authorization from that Institute; C) That it be declared in judgment that the corporation, here defendant, designated by its legal entity identification number 3-101-0689148, illegally acquired said parcel in dispute from the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, these being the same representatives of said corporation, thus having, under these conditions, knowledge of the proceeding.; D) That the representatives of the defendant herein, are fully aware that parcel 7 M of the Coyolar settlement, the object of this dispute, was granted under Law 2825, therefore subject to the regulations of said legislation, and that its acquisition has been carried out in bad faith, insofar as they are aware that the registry ownership of the transferors (who are the same representatives of the defendant corporation herein) is being questioned in these proceedings; E) That given the breach of the obligations established in the referenced special legislation, by the awardees (adjudicatarios), plaintiffs herein, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, as well as the actions of the joinder party of the defendant-counterclaim defendant Álvaro and of the corporation now a joinder party, the former being in possession and the latter having illegally acquired registry ownership, the appropriate course is the recovery by that Institute of this real property, such that the title of ownership granted in favor of the plaintiff counterclaim defendants, Mr. Montero Montero and Anais Salas Mesen, be annulled, likewise the transfer made by the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen in favor of the corporation 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA be annulled, as well as its registration entry, and the registration of the farm in dispute in favor of the Institute be ordered; F) That the eviction (desalojo) of the joinder party corporation from said property be ordered and that the Institute be placed in possession of the same, as they have no right to be on the parcel; g) That it be declared that it was proven that the principles and legal precepts of the Law of Lands and Colonization were violated while the period of legal limitations was in effect; H) That regarding possible improvements, if their existence is proven, they be paid in accordance with numeral 66 of that referenced Law; I) That the defendant be ordered to pay the costs of this proceeding, and otherwise, that it be exempted from costs as its action is in accordance with law. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, document filed on 07/09/2015 15:26:23).-

12.- The defendant joinder party corporation 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, answers the claim negatively and raises the defenses of Expiration (Caducidad), Lack of Right, Lack of Active Standing, Lack of Passive Standing. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, document filed on 09/07/2015 11:45:28).- The Agrarian Court of Alajuela, in a resolution at fifteen hours thirty minutes on February twenty-second, two thousand sixteen, reserved for judgment the defense of expiration (caducidad) raised by the sued corporation. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, document filed on 02/23/2016 10:12:09).-

13.- The Agrarian Court of Alajuela, in a resolution at ten hours and eighteen minutes on April tenth, two thousand eighteen, orders the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL to join in its counterclaim the necessary passive joinder of parties against the beneficiaries of said legacy, that is, against PABLO SOLÓRZANO ALVARADO; GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO; ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO; and GUADALUPE ALVARADO FLORES. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, associated documents, resolution filed on 04/10/2018 10:18:44).-

14.- The Instituto de Desarrollo Rural, in compliance with what was ordered, joins the necessary passive joinder of parties against PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES, so that the judgment declares: A) That this claim be fully granted against the legatees PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, identity card 2-0478-0520, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, identity card 2-0506-0411, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, identity card 1-1199-0468 and GUADALUPE ALVARADO FLORES, identity card 1-0385-0870; B) That it be declared that the farm of the District of Alajuela, registration number 284,428-001 and 002, currently right 000, was awarded under Law number 2825, any type of contracting or possession requiring authorization from that Institute; C) That it be declared in judgment that the defendant legatees are so in an illegal manner, in that the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen could not dispose of the property in dispute without authorization from the Institute; D) That the defendants have full knowledge that parcel 7 M of the Coyolar settlement was granted under Law 2825, therefore subject to the regulations of said legislation, and that the constitution of the legacy in their favor has been carried out in bad faith, insofar as they knew that it could not be disposed of in favor of third parties; E) That given the breach of the obligations established in the referenced special legislation, by the awardees (adjudicatarios), plaintiffs herein, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen, as well as the actions of the joinder parties PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES, of being legatees of the property in dispute, the appropriate course is the recovery by that Institute of this real property, such that the title of ownership granted in favor of the plaintiff counterclaim defendants, Mr. Montero Montero and Anais Salas Mesen, be annulled, likewise the legacy constituted in favor of PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES, made by the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen by means of public deed number 34-10 granted at 6 p.m. on June 6, two thousand, before the Notary Public of Pía Picado González, be annulled, and the registration of the farm in dispute in favor of the Institute be ordered; F) That the eviction (desalojo) of the defendants from said property, of the defendants and of any other person found therein, be ordered and that the Institute be placed in possession of the same; G) That it be declared that it was proven that the principles and legal precepts of the Law of Lands and Colonization were violated while the period of legal limitations was in effect; H) That regarding possible improvements, if their existence is proven, they be paid in accordance with numeral 66 of that referenced Law; I) That the defendants be ordered to pay the costs of this proceeding, and otherwise, that they be exempted from costs as their action is in accordance with law. (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, document filed on 04/19/2018 10:46:50).

15.- The defendants PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES, answer the claim negatively and raise the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, defense of expiration (excepción de caducidad) (see virtual desktop of the Agrarian Court of Alajuela, document filed on 06/25/2018 02:00:04).

16.- Judge Zoila Flor Ramírez Arce, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, by means of judgment number 2021-000227 at thirteen hours thirteen minutes on November thirtieth, two thousand twenty-one, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and citations of Law, WITH RESPECT TO THE TWO CLAIMS FILED BY THE PLAINTIFFS: the defenses of Lack of Right, Lack of Standing, and Sine Actiones Agit raised by Álvaro Enrique Sandoval Araya and the Instituto de Desarrollo Rural are granted. The CLAIM FILED by the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén against Alvaro Enrique Sandoval Araya and the Instituto de Desarrollo Rural is declared WITHOUT MERIT. REGARDING THE COUNTERCLAIM OF THE INDER AND WITH RESPECT TO THE THREE CLAIMS FOR JOINDER OF PARTIES. The defenses of Expiration (Caducidad), Lack of Right, Lack of Active Standing (Falta de Legitimación Ad Causan Activa), Lack of Passive Standing (Falta de Legitimación Ad Causan Pasiva), and Generic Sine Actione Agit, raised by the plaintiff-counterclaim defendants Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén against the counterclaim of the INDER, are rejected. The defenses of Lack of Right, Lack of Standing, and Sine Actiones Agit raised by Alvaro Enrique Sandoval Araya are rejected. The defenses of lack of right, lack of active and passive standing, defense of expiration (caducidad), raised by the defendant joinder party corporation 3 - 101 - 689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, and the defendant joinder party legatees PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES, are rejected. Consequently, the counterclaim against the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén is declared WITH MERIT, as well as the claim for joinder of parties filed by the Instituto de Desarrollo Rural against ALVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, THE DEFENDANT JOINDER PARTY CORPORATION 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA, and the defendant joinder party legatees PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES. Any claim not expressly stated shall be understood as rejected. Consequently, it is declared: 1) That the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén breached the obligations imposed by Articles 67 and 68 of the Law of Lands and Colonization number 2825 of October 14, 1961, and its amendments. 2) That the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén abandoned the parcel unjustifiably, associated with a third party outside their family unit named Pablo Solórzano Alvarado to work the parcel, and executed a public deed illegally, bequeathing the parcel to the joinder parties PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO and GUADALUPE ALVARADO FLORES, and transferred the property that is the object of this proceeding without having full ownership (dominio pleno) of their registry right, to the defendant corporation which had full knowledge thereof; all of the foregoing, without permission from the INDER, the limitations of Law 2825 being in effect, with respect to the three events and with respect to the latter knowing that they did not have full ownership (dominio pleno) of their property right. Likewise, the joinder party Alvaro Enrique Sandoval Araya remained on the parcel in dispute illegitimately, and therefore must vacate (desalojar) the same immediately upon this resolution becoming final. The joinder party Alvaro Enrique Sandoval Araya is authorized to remove the warehouse-type construction described in proven fact 13 of this resolution, without it being considered an improvement, but solely for the purpose of preventing unjust enrichment on the part of the INDER, by recovering the parcel with that warehouse which did not exist at the time of the award (adjudicación) to the losing plaintiff. 3) That by reason of the violation of Articles 67 and 68 of the Law of Lands and Colonization and, pursuant to the provisions of Article 66 of Law 2825, the loss of the right of Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén over parcel M-7 of the Coyolar Settlement is declared, and therefore the award (adjudicación) of parcel 7 of the Coyolar settlement, sector M made in their favor must be revoked and subsequently the nullity of the title of ownership that was granted to them by virtue of the land grant contract under the Law of Lands and Colonization is ordered, as well as the consequent transfer of the parcel in dispute in favor of the corporation 3-101-689148 SOCIEDAD ANÓNIMA registered under citations 2014-00278499-01, ordering the reversion of the land to the name of the Instituto de Desarrollo Rural, it being understood that said real property must be registered in the name of the INDER.

4) The nullity is ordered of the legacy constituted in favor of PABLO SOLÓRZANO ALVARADO, GABRIELA SOLÓRZANO ALVARADO, ROXANA SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES, made by the plaintiffs Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesen through public deed number 34-10 executed at 18:00 hours on June 6, two thousand, before Notary Pía Picado González. 5) The plaintiffs-counterdefendants are ordered to pay the personal and procedural costs of this action. 6) Once this judgment is final, proceed with the eviction of the defendant Alvaro Sandoval Araya and the effective placement in possession of the parcel in favor of the Instituto de Desarrollo Rural, for which it is responsible. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, first-instance judgment filed 11/30/2021 13:13:38)               17.- Attorney José Luis Ramos Castellón, in his capacity as special judicial representative of the plaintiff-counterdefendant party and of the corporation 3-101-689148 S.A, filed an appeal expressly stating the grounds relied upon to refute the trial court's thesis. (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, brief filed 12/08/2021 11:19:28).

 18.- In the processing of the case, no legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the judgment is noted.-

 Drafted by Judge Picado Vargas, and;

WHEREAS

 I.- The list of facts deemed proven is adopted as it is consistent with the body of evidence.-

 II.- The set of unproven facts is shared as they lack evidentiary means to prove them.-

 III.- Attorney José Luis Ramos Castellón, in his capacity as special judicial representative of the plaintiff-counterdefendant party and of the corporation 3-101-689148 S.A, filed an appeal against said decision, stating in its core the following: "GRIEVANCES: 1.- The appealed decision indicates that my clients commit the first violation of the special regulations governing the parcel in dispute, given that they verbally agree to work the existing mango grove within the property in litigation 'a medias,' with Mr. Pablo Solórzano Alvarado, which is not irregular at all, nor does it violate the special regulations governing the parcel that is the object of this proceeding, because what my clients and Mr. Pablo Solórzano Alvarado established was a 'Rural Sharecropping Contract' (Contrato de Aparcería Rural) which is provided for in Article 69 of the Political Constitution and is therefore a higher-ranking norm than Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización and said law in general. 2.- The appealed decision indicates as a second violation of the special regulations governing the parcel in litigation, that my clients CARLOS MONTERO MONTERO AND ANAIS SALAS MESEN, without having authorization from Inder, through public deed number 34-10, executed before Notary Pía Picado González at 18:00 hours on June 6, 2000, bequeathed parcel M-7, of the Asentamiento Coyolar to Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores. 3.- The appealed decision indicates that my client Carlos Montero Montero abandoned the parcel ten years prior to the trial held on March 5, 2021, which is not true as we have forcefully demonstrated in the present proceeding and will clarify further below. 4.- The appealed decision indicates that the plaintiffs transferred the property in question to the defendant corporation, without their title being consolidated, which is not true as we will forcefully refute it in the corresponding section. 5.- It is not possible to revoke the adjudication of the parcel and the consequent nullity of title to my clients and revert the parcel in litigation to INDER, because as of the date of INDER's intervention in the present proceeding, the encumbrances borne by said parcel had already expired and therefore said parcel had been consolidated as a full-fledged property in favor of my clients registered in the name of a family-owned commercial corporation." (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, brief filed 12/08/2021 11:19:28).-

 IV.- REGARDING THE FOURTH AND FIFTH GRIEVANCES OF SUBSTANCE PERTAINING TO THE IMPROPRIETY OF THE COUNTERCLAIM BY THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL BECAUSE THE SOCIAL INTEREST ENCUMBRANCES HAD EXPIRED AT THE TIME OF ITS FILING: The appellant's argument is not well-founded. It is appropriate to provide a chronological account of how the events occurred to resolve this grievance: The Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter INDER) initiated an administrative proceeding for revocation of property title and parcel adjudication against the plaintiffs on August 24, 2008, two days before the fifteen-year term of social interest encumbrances (limitaciones de interés social) on the land assignment contract expired, an administrative proceeding that was processed under file 246-08 for non-compliance with Articles 67 and 68 of Law 2825. On the same day the encumbrances expired, the property that is the object of this proceeding was annotated under citations 0578-00005971-001 "EXHORTO DE NULIDAD DEL IDA," filed on November 26, 2008. (See image 35 part VII of the electronic file, brief filed 07/04/2014 10:50:19). The plaintiffs herein filed the present lawsuit on October 6, 2010, and the same was annotated in the margin of the property that is the object of this proceeding, on June 30, 2015, in compliance with a decision issued on June 29, 2015. (see receipt acknowledgment at image 78 of the file converted to book format in pdf, at image 21 part I of the physical file scanned and incorporated into the record on date: 09/09/2011 18:17:23 and said decision that ordered said annotation of lawsuit associated with the record on June 29, 2015). INDER was notified of the lawsuit through joinder of parties (integración de litis) and filed a counterclaim in September 2011 seeking revocation of the title on the same grounds it had supported in the administrative proceeding (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main file part IX, filed on 09/09/2011 18:22:33, images 5 to 17). Subsequently, the directing body of the administrative proceeding, through a decision issued in that venue, at 09:05 hours on June 9, 2014, ordered the closure of the administrative file without prejudice to the decision rendered in the present proceeding (Filing Tray 07/04/2014 10:50:19). This historical account shows that INDER initiated the revocation proceeding while the encumbrances were still in force, keeping the same under scrutiny with the Exhorto de Nulidad annotating the parcel and even filed the counterclaim while the property was annotated, to the point that from September 9, 2011, to June 9, 2014, its claim for revocation was simultaneously processed in the administrative venue and the judicial venue, until on that latter date said entity ordered the closure of the administrative proceeding in order to resolve it definitively through the declaratory process. Therefore, the grievance cannot be accepted, since the cited exhorto is an act that interrupts the statute of limitations, keeping alive INDER's power to pursue the nullity of the title and the revocation of the adjudication to this day. In this regard, this Tribunal has stated: "Irrespective of the encumbrances having expired at the time this lawsuit was filed, this does not eliminate the defect in that contract, as it contains an object prohibited by law, which entails absolute nullity. Recently, this Tribunal, in a similar case, resolved: '(...) what was carried out was the business of sale, which is an act prohibited by numeral 67 of the Ley de Tierras y Colonización, which provides where relevant: "Any contract entered into without complying with the preceding provisions shall be absolutely null," given that authorization from the Instituto de Desarrollo Agrario, now Instituto de Desarrollo Rural (INDER), was required, which in the specific case did not occur. Since it bore encumbrances from the said Institute, the adjudicatee did not yet have full ownership of the property right to freely transfer it, as the Institute could still recover it for its social purposes. Because of this, not having full disposition of the asset, the business entered into called an option to purchase/sale is null because the required authorization from said Institute was not obtained, according to the cited norm.- Nor is it feasible to consider the appellant's thesis that the negotiation took place under a condition precedent, because if this criterion were admitted, it would constitute a flagrant contravention of public order norms such as the Ley de Tierras y Colonización, the legal regime imposed on the property in question, meaning that the disposition of such assets does not operate as in any private business, as the appellant contends in his grievance, but rather that said regime of encumbrances constitutes the legal framework that regulates this right, and precisely for this reason they are publicized in the Public Registry of Property. To interpret otherwise is to open interpretational loopholes that beneficiaries of the IDR's Land Assignment Program could avail themselves of, ignoring the imposed encumbrances under the guise of sale options or sales subject to the condition precedent of the temporal expiration of the existing encumbrances, which, as indicated, contravenes public order norms. This would entail validating negotiations in which an economic benefit would be obtained from the social welfare system itself, which is directed at individuals of a certain economic and social profile and that the State provides with public funds, whose objectives are set forth in Articles 1 and 2 of the Ley de Tierras y Colonización.- V.- The appellant argues that the sua sponte declaration of nullity of the legal transaction is not feasible because it was not requested by the opposing party. However, to determine whether the plaintiff had rights over its claims or not, it is necessary to analyze the legal nature of the transaction and whether the conditions of validity were present at the time of negotiation, and as stated, an essential element was absent, which is the lack of authorization from the said Institute, and since that requirement was omitted, nullity follows as a legal imperative established in Article 67 ibidem.- Article 835 of the Civil Code provides: ..."There is absolute nullity in acts or contracts: 1.- When any of the essential conditions for their formation or existence is lacking. 2. When any requirement or formality that the law requires for the validity of certain acts or contracts is lacking, in consideration of the nature of the act or contract and not the quality or status of the persons involved..." This norm establishes the nullity of a transaction lacking any of the conditions, and in the case at hand, since it is a contract regulated by public order norms and not by private order norms, absolute nullity is not applicable in the terms of the Civil Code that is not declarable sua sponte, rather the civil norm must be complemented with what is stipulated in Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización (a public order norm), which categorically establishes the absolute nullity of any contract entered into without the due authorization of the said Institute, therefore nullity is imposed as a legal imperative.- The appellant argues that there is a legal vacuum on the part of INDER to prevent this type of arrangement between adjudicatees and private parties, and that only a legislative amendment incorporating the legal mechanism of an option to purchase/sale as a legal instrument that opposes a private transaction between parties could avoid it. He considers that without such amendment, declaring this legal instrument that produces future legal effects null and void becomes improper. Regarding this grievance, note was made in the preceding whereas clause of the reasons why, even if the contract was named as the appellant claims, what was actually agreed upon was a purchase/sale, therefore nullity is imposed. In any event, the cited Article 67 provides that any contract is absolutely null, which encompasses the transaction in question, regardless of the name given to it.-(TRIBUNAL AGRARIO. RESOLUTION NO. 981-F-16 of fifteen hours and forty-one minutes of October twenty-first, two thousand sixteen). Under this position, possession exercised by the plaintiff subsequent to that agreement with the defendant, and debts canceled before INDER, are irrelevant arguments to resolve the claim brought in the lawsuit, because it is not permissible to derive registry-based juridical effects from a transfer contract whose object was an asset that was outside of commerce, being a cause contrary to law. The exercise of social function over the property, as an argument to legitimize his right, is not acceptable, because the same law the appellant cites, in its Article 67, establishes the prohibition of transfer, an encumbrance that is precisely intended to regulate that assets destined by the State for adjudication programs with social and productive ends are not used by those who have not qualified as adjudicatees, since those programs are financed with public funds. Allowing the contrary, under the justification that the asset has been made productive, attacks the integrity of the objectives of the Ley de Tierras y Colonización, which is to provide land to individuals of a certain socio-economic and technical profile, so that they may make it productive, assuming an entire legal relationship with that entity. If the plaintiff party wished to succeed the defendant in the adjudication of the asset, it should have approached said Institute to formalize the authorization, since the law provides for this possibility in the mentioned Article 67, which it did not prove it had done or obtained such authorization.' TRIBUNAL AGRARIO, Resolution No. 1065-F-16 of 13:59 hours on November 15, 2016.- In accordance with the above, the appellant is not correct in asserting that his property right had been consolidated, because the claim for revocation of the adjudication has remained pending since November 24, 2008, with the encumbrances still in force, so the transfer made to the co-defendant corporation (whose officers are the plaintiffs themselves) was made while this proceeding was before the courts and this lawsuit was annotated (See registry certification at image 112 of the electronic file). Consequently, the fourth and fifth grievances of substance are rejected.-

 V.- REGARDING THE FIRST GRIEVANCE OF SUBSTANCE PERTAINING TO THE FACT THAT THE AGREEMENT ENTERED INTO BY THE PLAINTIFFS WITH CO-DEFENDANT PABLO SOLORZANO CONSTITUTES A SHARECROPPING CONTRACT WITH CONSTITUTIONAL HIERARCHY SUPERIOR TO THE SOCIAL INTEREST ENCUMBRANCES OF THE LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN: The appellant is also incorrect in the interpretation on which he bases his grievance. Certainly, the "Rural Sharecropping Contract (Contrato de Aparcería Rural)" is provided for in Article 69 of the Political Constitution; but the social interest encumbrances of Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización also have their constitutional basis in Article 45, second paragraph, of our Magna Carta, and this, pertaining to the right of property and the social function of agrarian property, is a programmatic norm of a higher level than the said Article 69. This is because the right of property has the rank of a fundamental right, which is not absolute and precisely allows encumbrances like Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización to limit the primary attribute of ownership, specifically that of transfer under the premise that land belongs to he who actually and materially works it (Article 4 of the LTC). This Tribunal has so interpreted: "The points outlined by the trial court reinforce some of the ideas that support the declaration of nullity of contracts entered into in contravention of ordinal 67 of the Ley de Tierras y Colonización: a) Limitations on the sale of property are valid in harmony with the socio-economic function of agrarian property, which seeks on the one hand to prevent the accumulation of land and wealth in some individuals to the detriment of the collective's patrimonial well-being. b) This interventionist legislation is reflected in the systemic set of norms set forth by the Ley de Tierras y Colonización. c) Therefore, the encumbrance is of public order and hence we could reasonably link it to the second part of Article 45 of the Constitution in the sense of formulating a restrictive regime of the right of property when the circumstances of the case warrant it for the common welfare of the social group. d) The encumbrance would have had no effect if the Instituto de Desarrollo Agrario had expressly authorized the sale carried out by the adjudicatee, because under such a scenario it would have to be assumed that the regulatory entity would have considered that the transfer is congruent with the system, mainly because the third-party buyer meets the conditions that the social function of property requires for the land to be satisfactorily and rationally utilized by individuals or micro-enterprises with technical capacity for the agrarian activity that warrant state support." TRIBUNAL AGRARIO, Resolution No. 014-F-19 of 11:08 hours on January 29, 2019.- Consequently, it is not constitutionally correct to interpret that the adjudicatee can ignore this encumbrance to enter into a rural sharecropping contract simply because the latter is also in the constitutional norms, especially if its execution constitutes a breach of the land assignment contract and is a ground for revocation of adjudication. The first grievance of substance is rejected.-

 VI.- REGARDING THE SECOND GRIEVANCE OF SUBSTANCE CONCERNING THE FACT THAT THE LEGACY MADE BY THE PLAINTIFFS THROUGH PUBLIC DEED IN FAVOR OF THE CO-DEFENDANTS PABLO SOLORZANO ALVARADO, GABRIELA SOLORZANO ALVARADO, ROXANA SOLORZANO ALVARADO, AND GUADALUPE ALVARADO FLORES SHOULD NOT BE CONSIDERED A VIOLATION OF THE SOCIAL INTEREST ENCUMBRANCES: The appellant is incorrect. The reason INDER requested in the appealed judgment that the parcel adjudication be revoked was another, as evident from its counterclaim petition: "a) That this counterclaim or counterdemand against Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén be fully granted, as it is in accordance with the law and because the defendants fail to comply with the imposed obligations, as neither they nor their family have been in poss
ession of parcel No. 7 of the asentamiento sector M in Coyolar de Orotina for several years, it being corroborated that the parcel is worked, exploited, its production induced, cleaned, maintained, harvest collected, and commercialized by a third party unconnected thereto" (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Alajuela, associated documents, main file part IX, filed on 09/09/2011 18:22:33, images 5 to 17). That is, the ground invoked was indirect exploitation of the parcel. The nullity decreed by the a quo (a power conferred sua sponte by Article 868 of the Civil Code) on the public deed number 34-10, executed before Notary Pía Picado González at 18:00 hours on June 6, 2000, bequeathing parcel M-7, of the Asentamiento Coyolar to Pablo Solorzano Alvarado, Gabriela Solorzano Alvarado, Roxana Solorzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores is a consequence of the fact that the main ground of indirect exploitation was deemed proven, the assessment of whose evidence is the object of the third grievance and will be analyzed in the next whereas clause. Consequently, the second grievance is rejected.-

 VII.- REGARDING THE THIRD AND FINAL GRIEVANCE PERTAINING TO THE ABANDONMENT OF THE PARCEL ATTRIBUTED TO HIM BY THE APPEALED JUDGMENT: The appellant is also incorrect. The judgment grants the counterclaim regarding the revocation of the property title of the adjudicated parcel on the ground of indirect exploitation, by deeming the following as proven: "3-) Without specifying the exact date, but between the years 2000 and 2001, the plaintiff and counterdefendant Carlos Montero Montero verbally agrees to work the existing mango grove within the property in litigation 'a medias,' that is, they agree to a partial exploitation of the parcel that is the object of this proceeding, with the Co-litigant Pablo Solórzano Alvarado. This, without the respective authorization from INDER and for a period of approximately 3 or 4 years. (confession of the plaintiffs-counterdefendants, Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén, testimony of Pablo Solórzano Alvarado, in audio recording filed on 03/06/2012 08:32:32, in tab 16 of the detail of proceedings of the Virtual Desktop and its backup filed on 11-30-2021 because the first recording cannot be heard by the system)." It should be noted that this fact is not objected to by the appellant, and further, in their lawsuit, specifically in the seventh and eighth facts, the plaintiffs admit that they agreed with defendant Pablo Solórzano to work the parcel "a medias," without INDER authorization, which constitutes a spontaneous confession in accordance with numeral 341 of the 1990 Code of Civil Procedure, applied supplementarily to this matter as it was the norm in force when this lawsuit was filed. Previously, in Whereas Clause V, it was indicated that the fact that said pact, which the plaintiff party terms Rural Sharecropping, is not above the social interest encumbrances contained in Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización, so the ground of indirect exploitation has not only been proven but also spontaneously acknowledged by the appellant in the seventh and eighth facts of the lawsuit; therefore, this last grievance is also not acceptable and must be rejected, confirming the judgment as far as it was appealed.-

THEOREFORE

 The judgment is confirmed as far as it was subject to appeal.-











 

 








	

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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	



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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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NOSRQXWOQMY61

ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A



 

	

 

	

 

 

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