Res. 00260-2023 Tribunal Agrario — Ecological possession and titling of forested land in national reservesPosesión ecológica y titulación de terrenos con bosque en reservas nacionales

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00260 - 2023

Fecha de la Resolución: 28 de Marzo del 2023 a las 10:57

Expediente: 11-000093-0699-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Actividad judicial no contenciosa

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Conservación de los recursos naturales
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titular mediante información posesoria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

11-000093-0699-AG - 1




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

MARIA DINORAH MORA RAMIREZ

 

   

VOTO N°  N° 2023000260

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovido por MARÍA DINORAH MORA RAMÍREZ, mayor, casada una vez, ama de casa, vecina da Cipreses de Oreamuno, Cartago, cédula de identidad tres - doscientos sesenta y siete - trescientos ochenta y cuatro.    Intervienen en el proceso como partes interesadas el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número cuatro cero cero cero cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres representada por medio de su apoderada general judicial la licenciada Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada, abogada, vecina de San Ramón, cédula de identidad uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno, carné veintiún mil trescientos cuarenta y dos y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, cédula jurídica número dos - mil - cuarenta y dos mil seis, representada por la Procuradora Lydiana Rodríguez Paniagua mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad dos - cuatrocientos sesenta y seis - cero cero sesenta y cinco. Actúa como abogado director de la parte promovente el licenciado Henrich Moya Moya colegiada, colegiado ocho mil ochenta y tres. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.

RESULTANDO:

1.- El titulante plantea el presente proceso de a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: Terreno de Naturaleza: Potrero y Bosques con quebradas internas. Situado en el distrito cuarto CACHÍ, cantón segundo PARAÍSO, de la provincia de CARTAGO.- Linda al: Norte:Calle pública con frente de cuatrocientos setenta y dos metros con noventa y dos centímetros lineales; Sur: Quebrada Las Escaleras y Maria Dinorah Mora Ramírez identificador predial 30204005030800; Este: María Dinorah Mora Ramírez identificador predial 30204005030800; y Oeste: James Adrián Prieto Valladares identificador predial 3020418007300 y Cristina Sáenz Arce identificador predial 30204016894100.- Mide: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS, descrito según plano catastrado número 3-1970863-2017. (Ver en el expediente electrónico digitalizado en fecha 05/10/2015 11:00:57, plano incorporado en fecha 11/03/2021 10:18:00 y escrito de fecha 12/06/2018 10:32:06 del Juzgado Agrario de Cartago).

  2.- Apersonamiento y actas de notificación de los colindantes ver en el expediente electrónico de fecha 16/04/2021 10:51:34, 28/06/2021 08:22:56 y 01/06/2021 09:42:24 08/07/2021 11:31:42, del Juzgado Agrario de Cartago).

 3.- Se tuvo como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Rural, quienes se apersonaron y no ofrecieron oposición a las presentes diligencias ver en el expediente virtual, escrito asociado en fecha 05/10/2015 02:35:07 así como 28/01/2016 11:05:59, 25/08/2016 09:56:42, 12/03/2021 01:30:56, 19/03/2021 02:17:30, 22/04/2021 04:47:05, 23/11/2021 09:37:00, 27/09/2022 09:53:16 del expediente digitalizado fecha 05/10/2015 11:00:57 en imágenes 47-49, 70-76, 79, 85-86 del Juzgado Agrario de Cartago.     

 4.- La    jueza Silvia Elena Sánchez Blanco del Juzgado Agrario de Cartago, en sentencia número  2022000254, de las quince horas cuarenta y dos minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, resolvió: POR TANTO: “Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por MARÍA DINORAH MORA RAMÍREZ, mayor, casada una vez, de oficios del hogar, vecina da Cipreses da Oreamuno, Cartago, cédula tres-doscientos sesenta y siete- trescientos ochenta y cuatro.- Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones de Ley que se dirá, la finca que a continuación se detalla: Terreno de Naturaleza: Potrero y Bosques con quebradas internas. Situado en el distrito cuarto CACHÍ, cantón segundo PARAÍSO, de la provincia de CARTAGO.- Linda al: Norte:Calle pública con frente de cuatrocientos setenta y dos metros con noventa y dos centímetros lineales; Sur: Quebrada Las Escaleras y Maria Dinorah Mora Ramírez identificador predial 30204005030800; Este: María Dinorah Mora Ramírez identificador predial 30204005030800; y Oeste: James Adrián Prieto Valladares identificador predial 3020418007300 y Cristina Sáenz Arce identificador predial 30204016894100.- Mide: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS, descrito según plano catastrado número 3-1970863-2017.- Inmueble que fue estimado igual que estas diligencias en la suma de cuarenta millones de colones, por cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada. Dicha inscripción deberá hacerse advirtiendo a su titulante Que el derecho de vía de la calle pública colindante es de catorce metros de ancho, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso "a" de la Ley de Informaciones Posesorias. También queda afecto a las limitaciones contenidas en los artículos 33, inciso b) y 34 de la Ley Forestal Número 7575, por lo cual el área contigua a las corriente es área de protección, quedando prohibida la corta o eliminación de árboles, y Ley de Aguas, artículos 1 inciso a y b, inciso N, y 3, inciso III, por cuanto el cauce y las aguas de esas corriente son de dominio público, así como las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, las cuales no forman parte de la finca.- Una vez firme esta resolución, expídase la ejecutoria respectiva y archívese el presente asunto.- Deberá la parte gestionante cumplir con las observaciones y recomendaciones otorgadas en el Estudio de Suelos presentado.- Notifíquese". (Ver en documentos asociados sentencia de primera instancia, de fecha 08/11/2022 15:42:02, del escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago).

 5.- La representante de la Procuraduría interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya para refutar la tesis del juzgado de instancia (Ver en la bandeja de escritos asociados de fecha 09/11/2022 10:01:42, del Juzgado Agrario de Cartago).

 6.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.

Redacta le juez Darcia Carranza; y ,

CONSIDERANDO:

 

I.- El Tribunal Agrario comparte lo dispuesto en relación con los hechos probados, por tener buen sustento en los autos.-

II.- La Procuradora Adjunta, Lydiana Rodríguez Paniagua, interpuso recurso de apelación (ver memorial en la bandeja del escritorio en escritos asociados    de fecha 09/11/2022 10:01:42,    del Juzgado Agrario Cartago), aduciendo, que: "... consta en autos y la sentencia lo tiene por acreditado, que la naturaleza del bien a titular es boscoso (montaña), por lo cual forma parte de las reservas nacionales y está afecto al dominio público desde la Ley Forestal 4465 de 1969, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14. Aun cuando la legislación forestal permite titular inmueble fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto; haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado, ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio público forestal antes dicha. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir, en forma lógica, que los terrenos de bosque sólo podrán titularse si la usucapión se había consolidado antes de ingresar, por ley, a Patrimonio Natural del Estado: “…el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público”. SA LA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales tienen una afectación legal inmediata a dominio público (art 13 de la Ley Forestal, Sala Constitucional 2008- 016975). Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente. Dice, a continuación se transcriben algunos precedentes jurisprudenciales, y pronunciamientos emitidos por la Procuraduría, con relación a lo antes citado: I.- SUPERVIVENCIA DEL DERECHO DEROGADO PARA REGULAR LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE NACIERON A SU ABRIGO. Protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Jurisprudencia vinculante erga omnes de la Sala Constitucional. Art. 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional: 1) Necesidad de demostrar una posesión decenal, apta para usucapir, con los requisitos de ley antes de las afectaciones a dominio público de los bosques y terrenos forestales. SALA CONSTITUCIONAL, en el voto 4587-97, cons. IV: "Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. (…). Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho" (…). "… La posesión que cuenta para la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien". (Se añade el subrayado). 2) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 15753-2005: “… el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento en la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución”. 3) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 7989-2005: “La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la que pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia perfeccionadas bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no pueden ser variadas por las nuevas disposiciones…” (Vid también sentencias 2791-1996 y 1998-0336 de la Sala Constitucional. Se incorpora el 4) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 738-2003: “…la derogación de las normas o cambio de criterios legales no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente contra las nuevas normas jurídicas”. (Vid también de la Sala Constitucional las sentencias 2006-012239, 2006-012240 y 2006-012241). “Las situaciones jurídicas consolidadas se originan no sólo por una sentencia (…), sino por el simple imperio de la norma que rige cuando ocurre un acto o hecho jurídico subsumible en ella”. “La Derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley –en que se deroga la anterior- no tiene fuerza retroactiva “en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política. Todo ello da lugar a la doctrina de la supervivencia del derecho abolido. (…) En efecto, si una norma general abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor” (En igual sentido: sentencia de la Corte Plena de las 10:00 horas del 18 de marzo de 1982 y Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pga. 498 y 499). “Del mismo modo, la sentencia N° 1119-90 de las 14:00hrs. del 18 de setiembre de 1990 sostuvo: “…una situación jurídica puede consolidarse –lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución”. (…) Por otra parte, la situación jurídica consolidada representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos…”. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada es que “por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara, definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). (…) “En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia…”. “…es procedente en Derecho considerar que las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aun después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia”. (En el mismo sentido, sentencia de la Sala Primera de Casación números 79 de 1989 y 104 y 105, ambas de 1991. Los subrayados no son del original). II.- IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE TITULAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.    1) Dictamen de la Procuraduría C-321-2003: “La titulación es propia de inmuebles de tráfico jurídico privado. Pero es del todo inaplicable a los de dominio público, en los que no tiene cabida la posesión ad usucapionem. VII.1) IMPEDIMENTO DE LOS PARTICULARES DE EJERCER POSESIÓN CON ANIMO DE DUEÑOS SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Como anotamos en otra ocasión, la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de dominio público "no pueden ser objeto de posesión privada" y que "la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" (o la posesión). Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976- 93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, entre muchas. Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario (SALA DE CASACIÓN sentencia 9:30 hrs. del 6/6/1936). Este criterio lo suscriben varias resoluciones de los Tribunales Superiores, que atribuyen al ente público titular la posesión iuris sobre el demanio, ejercida "per se mientras dure la afectación del bien". "Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, ya que ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad", ni pueden pretender la propiedad. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones números 10019, 10166 y 10418. Del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la resolución 1851 de 1976 y del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera la N° 910 de 1987). Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes las situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de terceros, aptos para usucapir VII.2) IMPROCEDENCIA DE LA USUCAPIÓN Y TITULACIÓN CONTRA EL DOMINIO PÚBLICO De la inalienabilidad e imprescriptibilidad resulta que las cosas públicas "no son susceptibles de ser adquiridas por usucapión, ni nadie puede prevalerse de la posesión irregular que sobre las mismas tuviere" (…). "Correlativamente tampoco el Estado ni sus organismos pueden perderlas por prescripción negativa, ya que la posesión aun cuando no se manifiesta por hechos reales debe estimarse que se produce por imperio de las disposiciones legales que regulan su destino". (Casación, sentencia N° 122 de 16:15 hrs. del 16 de noviembre de 1965, y sentencia de Casación, año 1958, I Semestre de la Colección de Sentencias, pgs. 376 ss., considerando XIV). Y la SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia N° 007-93, considerando IV, insiste en el punto: Los bienes de dominio público "no pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que haya poseído". En el mismo sentido, cfr. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000, considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, voto N° 1662 de 10:15 hrs. 11/12/75 y del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO los números 523 de 1994 y 665 del 2002. "Los trámites de justificación de posesión señalados en las Leyes de Informaciones Posesorias", para obtener un título de dominio inscribible se refieren incuestionablemente a "los terrenos de dominio privado y de comercio de los hombres" (Código Civil, artículo 264), "pero no a aquellos bienes públicos o de dominio público, contemplados en los artículos 261 al 263 del mismo Código". (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, N° 860 de 14 hrs. del 21 de diciembre de 1971). Sobre la imposibilidad jurídica de titular el dominio público cfr: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 de 1994 y 665 del 2002. En bienes de dominio público "la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos; las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas". (SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2988-99, cons. III). Esta tesis se ha seguido para dependencias públicas específicas: Es reiterada la jurisprudencia de que los bienes demaniales "son inalienables y por consiguiente no pueden ser objeto de titulación a efecto de inscribirlos en el Registro Público a nombre de particulares" (SALA DE CASACIÓN N° 19 de 15,30 hrs. del 30 de enero de 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, números 860 de 1971, 493 de 1971, 139 de 1972; 781 de 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, N° 1622 de 1975)”. 2) Dictamen de la Procuraduría C-146-2008: “La titulación de inmuebles integrantes del demanio, al decir de la SALA CONSTITUCIONAL en la sentencia N° 2007-02063, cons XII, desconoce las características esenciales de esos bienes y quebranta lo dispuesto en el artículo 262 del Código Civil, los cuales hacen que sea “absolutamente imposible su posesión, venta o gravación, sin antes haberse desafectado”. “II.3.2) PRINCIPIO DE INALIENABILIDAD. La inalienabilidad de los bienes demaniales los sustrae del comercio o tráfico jurídico privado, con la consiguiente prohibición legal de enajenar el dominio o constituir otros derechos reales por los procedimientos del Derecho Civil. El carácter extra comercial de las dependencias del dominio público las hace inhábiles de apropiación privada para satisfacer intereses individuales. Por ende, no pueden ser objeto de actos jurídicos o contratos que impliquen transferencia de la propiedad a particulares. Atentarían contra su naturaleza y destino público. (Cfr: Dictamen C-128-99). El principio protege contra actuaciones ilícitas de los administrados y los actos desaprensivos de los propios funcionarios de la Administración. II.3.3) INSUSCEPTIBLES DE ADQUIRIRSE POR POSESIÓN. Sobre los terrenos inalienables ningún particular puede alegar derechos de posesión. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653- 97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000 y del TRIBUNAL AGRARIO el voto N° 116-F-06). La demanialidad “…hace que por el transcurso del tiempo no se adquiera ningún derecho sobre este tipo de bienes, ni de propiedad ni siquiera la mera posesión.” (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 2005-012129, cons. IV y X; 2006-10097, cons. III). En el punto concuerda la doctrina dominante. A modo de ejemplo, se citan algunos autores: “El destino de las cosas públicas impide que sobre éstas haya posesión ni tenencia de particulares o personas privadas, que dispondrían de ellas según sus exclusivos intereses (…). “Si el dominio público sirve al uso público no puede caer en posesión privada ni ser objeto de prescripción”. (BIELSA, Rafael. Derecho A dministrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pgs 403 y 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pgs. 127-128). (Vid tesis análoga en el voto 332-2000 del TRIBUNAL AGRARIO). II.3.2) IMPRESCRIPTIBILIDAD. La imprescriptibilidad es consecuencia directa del principio de inalienabilidad. Va implícita en la incomercialidad del demanio. Al no ser objeto de posesión y dominio privados, hay imposibilidad jurídica para usucapirlos. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pgs. 128 y 129, 145 a 147. BIELSA, Ob cit., pgs. 409 y 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984,    pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, entre otros). La imprescriptibilidad de los bienes de dominio público denota “la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de    la usucapión, pues la posesión ejercida por los particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se haya poseído”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia N° 7 de 1993). La prescripción adquisitiva, se sabe, es un medio de adquirir la propiedad de bienes privados ajenos por el transcurso del tiempo y el ejercicio continuo de la posesión, a título –o calidad- de dueño, con las demás condiciones que exige la legislación civil. La posesión así ejercida es requisito imprescindible, sine qua non, para que pueda producir el efecto usucapiente. Al ser inapropiables los inmuebles de dominio público por administrados, la usucapión no podría darse. “Como se trata de bienes que están fuera del comercio, no puede ejercerse sobre ellos posesión útil, que es la base indispensable de la prescripción, por lo que ésta tampoco cabe”. (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Sólo la posesión que se adquiera y disfrute    en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio privado. Un    particular nunca podría ejercer posesión en calidad de propietario y de buena fe sobre una parcela demanial, ni aducir la presunción de legitimidad del título por el cual la posee para fundar una prescripción adquisitiva, que no es legalmente posible. (BIELSA, Ob. Cit., pgs. 409 y 410). Su detentación abusiva y prolongada por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 6758-93 y 6192-95, entre otros)”. Así las cosas, y por pretenderse la titulación de bienes pertenecientes al dominio público como lo es el patrimonio natural del Estado y por no haber cumplido con lo regulado en los artículos 6° y 7° de la Ley de Informaciones Posesorias solicito al señor Juez revocar la sentencia dicha y, en su lugar, proceda a improbar estas diligencias, conforme al artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias y los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal vigente ..."(Ver apelación en la bandeja del escritorio en escritos asociados    de fecha 17/05/2022 04:34:12)..

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.

IV.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113). V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

V.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal.  Dicho criterio, fue ratificado por la Sala Constitucional, en el Voto No. 2015-0098, de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales , y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que:Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal ; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos. De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada "Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales". Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas "reservas nacionales", conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales:"El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrar á el patrimonio.  Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobre ponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales , no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).  En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, los titulantes, aportaron el Plano Catastrado número A-446669-97 , donde se indica que el inmueble está dedicado a montaña una parte y ganadería y se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida, lo que significa que ha cuidado el recurso conservando las partes de bosque y el resto lo tiene dedicado a pastos para la ganadería. Se logró determinar en el reconocimiento judicial practicado al efecto incluso tiene cercas para dividir las áreas de repastos del área de bosque, para que el mismo se conserve. De ahí que la certificación del INTA (estudio de suelos, a imágenes 9 y 10 del expediente digitalizado agregado al escritorio virtual bandeja de Documentos asociados el 15/10/2013 a las 13:47:05), indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido  el uso conforme de suelos, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible sobre el inmueble a titular. En el acta de reconocimiento judicial, agregado a imagenes 78 y 79 del Expediente digitalizado    agregado al escritorio virtual bandeja de Documentos asociados el 15/10/2013 a las 13:47:05, se indica con claridad que se trata de un terreno de aproximadamente 13 hectáreas 8945.84 metros cuadrados    de los cuales apróximadamente dos hectáreas y media son    de montaña, y el resto de repastos (ver certificación de uso conforme de suelos). En el inmueble se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme del suelo (ver expediente descargado en formato pdf,certificación de estudio de suelos a imágenes 12-13). El inmueble que se pretende titular y descrito en el hecho probado anterior se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida    (ver expediente descargado en formato pdf, certificación a imagen 251).. Los testimonios de  Eladio Vega Gómez, Abel Cordonero Salazar y Víctor Manuel Vega Castro, agregados al escritorio virtual bandeja de documentos asociados en fecha 15/10/2013 a las 13:47:05 expediente digitalizado imágenes 74 a 77 dan fe del ejercicio de una posesión agroambiental, por más de 40 años, 45 años el segundo y    35 años el tercero ratificando la cadena de transmisión del terreno. Por otra parte, es importante agregar, que el terreno queda afecto a las restricciones de la Ley Forestal, la Ley de Aguas, la Ley General de Caminos Públicos, tal y como se indica en la parte dispositiva del fallo. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

 

 

 

 

	

	

 




	

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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	




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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: 11-000093-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:41:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Tribunal Agrario**

**Resolution No. 00260 - 2023**

**Resolution Date:** March 28, 2023, at 10:57 a.m.

**Docket:** 11-000093-0699-AG

**Drafted by:** Antonio Darcia Carranza

**Type of Matter:** Non-contentious judicial activity

**Analyzed by:** JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

**Content Type:** Majority Vote
**Subjects (Descriptors):** Agrarian possessory information
**Subtopics:**
Possibility of titling land with forest by demonstrating ten-year possession and the protection of natural resources.
**Subjects (Descriptors):** Conservation of natural resources
**Subtopics:**
Requirement to declare agrarian possessory information over land with forest.
**Subjects (Descriptors):** Ecological possession
**Subtopics:**
Requirement to declare agrarian possessory information over land with forest.
**Subjects (Descriptors):** Forests and forest lands
**Subtopics:**
Possibility of titling by means of possessory information demonstrating ten-year possession and the protection of natural resources.
**Rulings in the same sense**

**Text of the resolution**



**DOCKET:**

11-000093-0699-AG - 1

**PROCEEDING:**

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

**PROMOTER:**

MARIA DINORAH MORA RAMIREZ

**VOTE No. 2023000260**

**TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At ten hours fifty-seven minutes on the twenty-eighth of March of two thousand twenty-three.-

**POSSESSORY INFORMATION** promoted by MARÍA DINORAH MORA RAMÍREZ, of legal age, married once, homemaker, resident of Cipreses de Oreamuno, Cartago, identity card three - two hundred sixty-seven - three hundred eighty-four. Appearing in the proceeding as interested parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identity number four zero zero zero zero forty-two thousand one hundred forty-three, represented by its general judicial attorney-in-fact, licensed attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced, attorney, resident of San Ramón, identity card one - five hundred ninety-eight - one hundred one, bar card number twenty-one thousand three hundred forty-two, and the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, legal identity number two - thousand - forty-two thousand six, represented by Procuradora Lydiana Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, resident of Alajuela, identity card two - four hundred sixty-six - zero zero sixty-five. Acting as lead attorney for the promoting party is licensed attorney Henrich Moya Moya, bar member, bar number eight thousand eighty-three. Processed before the Juzgado Agrario de Cartago.

**WHEREAS:**

1.- The title applicant files this proceeding for the purpose of registering in her name in the Public Property Registry the property described as follows: Land of Nature: Pasture and Forests with internal streams. Situated in the fourth district CACHÍ, second canton PARAÍSO, of the province of CARTAGO.- Bordered on the: North: Public road with a frontage of four hundred seventy-two linear meters and ninety-two centimeters; South: Quebrada Las Escaleras and Maria Dinorah Mora Ramírez property identifier 30204005030800; East: María Dinorah Mora Ramírez property identifier 30204005030800; and West: James Adrián Prieto Valladares property identifier 3020418007300 and Cristina Sáenz Arce property identifier 30204016894100.- Area: TWO HUNDRED THREE THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY-THREE SQUARE METERS, described according to cadastral map number 3-1970863-2017. (See digitized electronic file dated 05/10/2015 11:00:57, map incorporated on 11/03/2021 10:18:00, and brief dated 06/12/2018 10:32:06 from the Juzgado Agrario de Cartago).

2.- Appearance and notification records of the adjoining owners see in the electronic file dated 04/16/2021 10:51:34, 06/28/2021 08:22:56, and 06/01/2021 09:42:24 07/08/2021 11:31:42, from the Juzgado Agrario de Cartago).

3.- The Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural were taken as parties; they appeared and offered no opposition to these proceedings, see in the virtual file, associated brief dated 10/05/2015 02:35:07 as well as 01/28/2016 11:05:59, 08/25/2016 09:56:42, 03/12/2021 01:30:56, 03/19/2021 02:17:30, 04/22/2021 04:47:05, 11/23/2021 09:37:00, 09/27/2022 09:53:16 of the digitized file dated 10/05/2015 11:00:57 in images 47-49, 70-76, 79, 85-86 of the Juzgado Agrario de Cartago.

4.- Judge Silvia Elena Sánchez Blanco of the Juzgado Agrario de Cartago, in judgment number 2022000254, of fifteen hours forty-two minutes on the eighth of November of two thousand twenty-two, resolved: THEREFORE: "Based on the foregoing, in accordance with the LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, these POSSESSORY INFORMATION proceedings promoted by MARÍA DINORAH MORA RAMÍREZ, of legal age, married once, occupied in household duties, resident of Cipreses da Oreamuno, Cartago, identity card three-two hundred sixty-seven- three hundred eighty-four, ARE APPROVED.- Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, proceed to register in her name, without prejudice to third parties with superior rights and with the legal limitations to be stated, the property detailed below: Land of Nature: Pasture and Forests with internal streams. Situated in the fourth district CACHÍ, second canton PARAÍSO, of the province of CARTAGO.- Bordered on the: North: Public road with a frontage of four hundred seventy-two linear meters and ninety-two centimeters; South: Quebrada Las Escaleras and Maria Dinorah Mora Ramírez property identifier 30204005030800; East: María Dinorah Mora Ramírez property identifier 30204005030800; and West: James Adrián Prieto Valladares property identifier 3020418007300 and Cristina Sáenz Arce property identifier 30204016894100.- Area: TWO HUNDRED THREE THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY-THREE SQUARE METERS, described according to cadastral map number 3-1970863-2017.- Property that was valued, like these proceedings, at the sum of forty million colones, as it has met all the requirements established for that purpose by the Ley de Informaciones Posesorias. Let the certification of this judgment serve to register the cited property in the Property Registry. Said registration shall be made by warning the titleholder that the right-of-way of the adjoining public road is fourteen meters wide, fully complying with the provisions of Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19 subsection 'a' of the Ley de Informaciones Posesorias. It is also subject to the limitations contained in Articles 33, subsection b) and 34 of the Ley Forestal Number 7575, for which reason the area bordering the watercourses is a protection area, with the cutting or elimination of trees being prohibited, and Ley de Aguas, Articles 1 subsections a and b, subsection N, and 3, subsection III, as the channel and waters of those watercourses are of public domain, as well as the surface and underground waters existing on the property, which do not form part of the property.- Once this resolution is final, issue the respective execution order and archive this matter.- The acting party must comply with the observations and recommendations granted in the Soil Study presented.- Notify". (See in associated documents first instance judgment, dated 11/08/2022 15:42:02, from the virtual desktop of the Juzgado Agrario de Cartago).

5.- The representative of the Procuraduría filed an appeal with express indication of the reasons on which she relies to refute the thesis of the lower court (See in the associated briefs tray dated 11/09/2022 10:01:42, of the Juzgado Agrario de Cartago).

6.- In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the judgment is not observed.

Drafted by Judge Darcia Carranza; and,

**CONSIDERING:**

I.- The Tribunal Agrario shares what was decided in relation to the proven facts, as they have good support in the records.-

II.- The Deputy Procuradora, Lydiana Rodríguez Paniagua, filed an appeal (see brief in the desktop tray in associated briefs dated 11/09/2022 10:01:42, of the Juzgado Agrario Cartago), arguing that: "... it is recorded in the record and the judgment holds it as accredited, that the nature of the property to be titled is forested (montaña), and therefore forms part of the national reserves and is subject to the public domain since the Ley Forestal 4465 of 1969, amended by Ley Forestal 7174 of 1990 (arts 32 and 33) and demanial character maintained by Ley 7575, arts. 13 and 14. Even though forestry legislation allows titling property outside protected wild areas if the promoter demonstrates their legitimate rights of ten-year possession, with the other conditions required for that purpose; having protected the resource and having the property duly demarcated, the aforementioned declaration of forest public domain must be taken into account. The harmonious application of said provisions leads to the logical conclusion that forest lands may only be titled if the usucapion had been consolidated before entering, by law, into the Natural Heritage of the State: '…the period of possession suitable for usucapion must elapse before the affectation of the thing to the public domain occurs.' SALA CONSTITUCIONAL, vote 4587-97. Forest lands and forests of the national reserves have an immediate legal affectation to the public domain (art 13 of the Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-016975). The testimonies of the witnesses do not demonstrate ten-year possession suitable for usucapion on the part of the promoter. She states, some jurisprudential precedents are transcribed below, and pronouncements issued by the Procuraduría, in relation to the above: I.- SURVIVAL OF REPEALED LAW TO REGULATE LEGAL SITUATIONS THAT AROSE UNDER ITS UMBRELLA. Protection of the forest public domain right established by previous legislation against retroactive applications to its detriment. Binding jurisprudence erga omnes of the Sala Constitucional. Art. 13 of the Ley de Jurisdicción Constitucional: 1) Need to demonstrate ten-year possession, suitable for usucapion, with the legal requirements before the affectation to the public domain of forests and forest lands. SALA CONSTITUCIONAL, in vote 4587-97, cons. IV: 'Given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the affectation of the thing to the public domain occurs. (…). It should be remembered that things affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion, if before the affectation occurred the necessary conditions for the acquisition of the right did not exist' (…). '… The possession that counts for usucapion must be prior to the affectation of the thing.' (Underlining added). 2) SALA CONSTITUCIONAL, judgment 15753-2005: '… the abolished law continues protecting acts and contracts and other rights acquired during the law's validity, which finds its basis in the relationship of Articles 34 and 129 of the Constitution.' 3) SALA CONSTITUCIONAL, judgment 7989-2005: 'The retroactivity referred to in Article 34 of the Political Constitution is that which aims to interfere with acquired rights and consolidated legal situations, born prior to the enactment of the law, that is, those with characteristics of validity and effectiveness perfected under the rule of other regulations, so that their effects and consequences cannot be varied by the new provisions…' (See also judgments 2791-1996 and 1998-0336 of the Sala Constitucional. Incorporated is 4) SALA CONSTITUCIONAL, judgment 738-2003: '…the repeal of norms or change of legal criteria does not produce the effect of also repealing the rights developed at the time those repealed norms were in force. It is the legal phenomenon that doctrine defines as the survival of abolished law, because for acts or contracts in effect, the repealed law continues in force against the new legal norms.' (See also from the Sala Constitucional judgments 2006-012239, 2006-012240 and 2006-012241). 'Consolidated legal situations originate not only from a judgment (…), but from the simple rule of the norm that governs when a legal act or fact subsumable under it occurs.' 'The repeal of a law does not make its normative efficacy completely disappear, because if under its protection rights were acquired or legal situations were consolidated, that law will continue to govern with respect to those rights and situations, since the new law – which repeals the previous one – has no retroactive force 'to the detriment of any person, or their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations,' as provided in Article 34 of the Political Constitution. All of this gives rise to the doctrine of the survival of abolished law. (…) Indeed, if a general norm abrogates another general norm without retroactive effect, the authorities must continue applying the abrogated norm for all acts carried out while it was still in force' (In the same sense: judgment of the Corte Plena at 10:00 hours on March 18, 1982, and Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pp. 498 and 499). 'Similarly, judgment No. 1119-90 at 14:00 hrs. of September 18, 1990, held: '…a legal situation can become consolidated – the Corte Plena has said so before – with a judicial judgment that declares or recognizes a disputed right, and also under the protection of a legal norm that establishes or guarantees certain consequences that a later law cannot ignore without incurring a vice of unconstitutionality due to infringement of Article 34 of the Constitution.' (…) On the other hand, the consolidated legal situation represents not so much a patrimonial gain, but a state of affairs fully defined in terms of its legal characteristics and effects…'. The relevant aspect regarding the consolidated legal situation is that 'by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared, a clear, defined rule has already arisen in legal life, which connects a factual presupposition (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). (…) 'In this case, the constitutional guarantee against the retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of subtracting the property or the right already acquired from the person's patrimony, or of causing that if the factual presupposition had occurred prior to the legal reform, the consequence no longer arises…'. '…it is appropriate in Law to consider that laws and regulations continue to produce legal effects even after being amended or repealed, to regulate those situations born under their validity.' (In the same sense, judgment of the Sala Primera de Casación numbers 79 of 1989 and 104 and 105, both of 1991. The underlinings are not from original). II.- LEGAL IMPOSSIBILITY OF TITLING PUBLIC DOMAIN PROPERTY. 1) Procuraduría Opinion C-321-2003: 'Titling is characteristic of properties of private legal commerce. But it is wholly inapplicable to those of the public domain, where possession ad usucapionem has no place. VII.1) IMPEDIMENT OF INDIVIDUALS TO EXERCISE POSSESSION WITH ANIMUS DOMINI OVER PUBLIC DOMAIN PROPERTY. As we noted on another occasion, the inalienability of demanial property makes its transfer, partial or total, voluntary or forced, and possession in terms of private law impossible. Multiple resolutions of the SALA CONSTITUCIONAL reaffirm that public domain property "cannot be the object of private possession" and that "administrative action substitutes for interdicts to recover possession" (or domain). Votes 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976- 93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, among many. The possession animus domini by individuals, or the power to subject a thing to the power and will of a person to exercise over it exclusive acts of use and enjoyment, as if they were the owner (SALA DE CASACIÓN judgment 9:30 hrs. of 6/6/1936), is incompatible with the purposes that the legislature assigns to the public domain. This criterion is endorsed by several resolutions of the Superios Courts, which attribute iuris possession over the demanio to the public entity holder, exercised "per se as long as the affectation of the property lasts." "Individuals do not exercise possession over those things, since neither in fact, nor in law, do they have them under their power and will", nor can they claim ownership. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resolutions numbers 9282 of 1987, and of 1988 resolutions numbers 10019, 10166 and 10418. From the Tribunal Superior Contencioso Administrativo resolution 1851 of 1976 and from the Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, No. 910 of 1987). This makes possessory titling or judicial discussions related to the tenancy or "possession" of public domain spaces to the detriment of the ownership and possession that the State has by full right unacceptable. Situations that could originate possessory rights in favor of third parties, suitable for usucapion, would be in frank contradiction with the rules of inalienability and imprescriptibility that govern those properties. VII.2) INAPPROPRIATENESS OF USUCAPION AND TITLING AGAINST THE PUBLIC DOMAIN. From inalienability and imprescriptibility, it follows that public things "are not susceptible to being acquired by usucapion, nor can anyone avail themselves of the irregular possession they might have over them" (…). "Correlatively, neither the State nor its agencies can lose them by negative prescription, since possession, even when not manifested by real acts, must be considered to occur by the rule of the legal provisions that regulate their destiny." (Casación, judgment No. 122 of 16:15 hrs. of November 16, 1965, and judgment of Casación, year 1958, I Semester of the Colección de Sentencias, pgs. 376 et seq., considering XIV). And the SALA PRIMERA DE LA CORTE, in judgment No. 007-93, considering IV, insists on the point: Public domain property "cannot be alienated - by any means of private law or public law - it being consubstantial to their legal nature not to be reduced to private domain under any form. Hence, another of their characteristics is their imprescriptibility, that is, their non-susceptibility to being acquired through the passage of time under the legal figure of usucapion, since possession exercised by individuals generates no property right whatsoever, regardless of the time during which they might have possessed." In the same sense, cf. SALA PRIMERA DE LA CORTE, vote 733-F-2000, considering IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, vote No. 1662 of 10:15 hrs. 12/11/75 and from the TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, numbers 523 of 1994 and 665 of 2002. "The procedures for justification of possession indicated in the Ley de Informaciones Posesorias", to obtain a registrable title of ownership, unquestionably refer to "lands of private domain and commerce among men" (Civil Code, article 264), "but not to those public property or public domain property, contemplated in articles 261 to 263 of the same Code." (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, No. 860 of 14 hrs. of December 21, 1971). On the legal impossibility of titling the public domain cf: TRIBUNAL AGRARIO, votes 523 of 1994 and 665 of 2002. Regarding public domain property, "usucapion is also not a means to acquire them; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subjects of possession by individuals, and therefore, are imprescriptible as long as they retain such character or the public utility purpose to which they are affected." (SALA CONSTITUCIONAL, judgment 2988-99, cons. III). This thesis has been followed for specific public dependencies: It is reiterated jurisprudence that demanial property "is inalienable and consequently cannot be the object of titling for the purpose of registering it in the Public Registry in the name of individuals" (SALA DE CASACIÓN No. 19 of 15.30 hrs. of January 30, 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, numbers 860 of 1971, 493 of 1971, 139 of 1972; 781 of 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, No. 1622 of 1975)". 2) Procuraduría Opinion C-146-2008: "The titling of properties forming part of the demanio, according to the SALA CONSTITUCIONAL in judgment No. 2007-02063, cons XII, disregards the essential characteristics of those properties and violates the provisions of Article 262 of the Civil Code, which make it 'absolutely impossible for their possession, sale, or encumbrance, without first having been de-affected.' "II.3.2) PRINCIPLE OF INALIENABILITY. The inalienability of demanial property removes them from private commerce or legal traffic, with the consequent legal prohibition of alienating ownership or constituting other real rights through Civil Law procedures. The extra-commercial character of the dependencies of the public domain makes them incapable of private appropriation to satisfy individual interests. Therefore, they cannot be the object of legal acts or contracts that imply the transfer of ownership to individuals. It would attack against their nature and public purpose. (Cf: Opinion C-128-99). The principle protects against illicit actions by the administered and unscrupulous acts by the Administration's own officials. II.3.3) NOT SUSCEPTIBLE TO ACQUISITION BY POSSESSION. Over inalienable lands, no individual can claim possessory rights. (SALA CONSTITUCIONAL, votes numbers 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653- 97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, vote 733-F-2000 and from the TRIBUNAL AGRARIO vote No. 116-F-06). The demanial status "…means that by the passage of time no right is acquired over this type of property, neither ownership nor even mere possession." (SALA CONSTITUCIONAL, judgments 2005-012129, cons. IV and X; 2006-10097, cons. III). On this point, the dominant doctrine agrees. By way of example, some authors are cited: 'The purpose of public things prevents possession or tenancy by individuals or private persons over them, who would dispose of them according to their exclusive interests (…). If the public domain serves public use, it cannot fall into private possession nor be subject to prescription.' (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. Vol. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pgs 403 and 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Vol. IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pgs. 127-128). (See analogous thesis in vote 332-2000 of the TRIBUNAL AGRARIO). II.3.2) IMPRESCRIPTIBILITY. Imprescriptibility is a direct consequence of the principle of inalienability. It is implicit in the non-comerciality of the demanio. Not being subject to private possession and ownership, there is legal impossibility to usucapt them. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pgs. 128 and 129, 145 to 147. BIELSA, Ob cit., pgs. 409 and 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, among others). The imprescriptibility of public domain property denotes 'the non-susceptibility to being acquired through the passage of time under the legal figure of usucapion, since possession exercised by individuals generates no property right whatsoever, regardless of the time during which it might have been possessed.' (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, judgment No. 7 of 1993). Acquisitive prescription, it is known, is a means of acquiring the ownership of alien private property by the passage of time and the continuous exercise of possession, under title – or quality – of owner, with the other conditions that civil legislation requires. Possession so exercised is an indispensable, sine qua non requirement for it to produce the usucapion effect. Since public domain properties cannot be appropriated by the administered, usucapion could not occur. 'As these are things that are outside commerce, useful possession cannot be exercised over them, which is the indispensable basis of prescription, and therefore it also does not apply.' (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Only possession acquired and enjoyed in the capacity of owner can serve as a title to acquire private ownership. An individual could never exercise possession as owner and in good faith over a demanial plot, nor adduce the presumption of legitimacy of the title by which they possess it to base an acquisitive prescription on, which is not legally possible. (BIELSA, Ob. Cit., pgs. 409 and 410). Its abusive and prolonged detention by individuals produces no acquisitive effects, nor does the tolerance or delay of the Administration in repelling illicit actions grant any right to the occupants. (SALA CONSTITUCIONAL, votes numbers 6758-93 and 6192-95, among others)". Thus, as titling is sought for property belonging to the public domain, such as the natural heritage of the State, and for not having complied with the provisions of Articles 6° and 7° of the Ley de Informaciones Posesorias, I request the Judge to revoke said judgment and, in its place, proceed to reject these proceedings, in accordance with Article 11 of the Ley de Informaciones Posesorias and Articles 13 and 14 of the current Ley Forestal ..." (See appeal in the desktop tray in associated briefs dated 05/17/2022 04:34:12)..

III.- Although it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered with forest, without private occupation, were part of the national reserves, said affectation to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of those of the third generation, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 reformed Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to permit usucapion on lands covered with forest, but demonstrating an ecological possession, through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to take advantage of transmitted possession (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The Tribunal Agrario held the criterion that said possession must be of a personal nature, but the Sala declared that it was unconstitutional.

IV.- On the subject of the interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, and the Natural Heritage of the State, the Tribunal in reiterated resolutions has expressed: "The Ley de Informaciones Posesorias, in its Article 7, as well as the Leyes Forestales have tried to protect forest resources from human action, subjecting them to diverse forms of forest management. Although the titling of said areas has been permitted, which, already declared as conservation areas, become part of the Forest Heritage of the State, compliance with other, more qualified requirements is demanded. That leads us directly to the concept of ecological possession, and the criterion of the ecological function of forest property. In reiterated judgments, both from the Sala Primera de Casación, as well from this same Tribunal Superior Agrario, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situations have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutions of agrarian possession and ecological possession. The same jurisprudence has recognized and developed these institutions, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The same Jurisprudence has sought to distinguish business ownership and possession where an activity aimed at cultivating the forest is exercised, from that where simply an extractive activity or merely conservative activity is carried out. In these latter cases, one would be in the presence of forest ownership or possession (without a business). It is precisely in these cases where the Ley Forestal comes to establish an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner obligatorily to the forest regime, and in other cases voluntarily. Thus, in forest possession, the de facto power is exercised over a thing of forest vocation or for the most part destined to protect forest resources, without aiming at its exploitation or else, dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In both cases, there would not be the development of a plant or animal biological cycle, nor would man assume any risk.

That is why the law does not protect, but rather represses, possession through which the forest resources of protected areas are destroyed. It also denies the possibility of acquiring possession rights over lands of the national reserves when a harmful action has been carried out against forest resources. Today, part of the agrarian legal doctrine affirms the existence of a Forestry Law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or conceived independently, began to take shape from the Fiscal Code of 1885, which establishes an entire chapter on forests whose regulations tend towards their conservation. Subsequently, the Law of Vacant Lands No. 13 of January 6, 1939 incorporated these principles. Then, the Law of Lands and Colonization, in its article 7, expands the national reserves for the protection of such resources.- VII. Special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35, 1969. The second opens through better-conceived regulations via Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the enactment of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7174 of June 28, 1990, recently amended by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in supplement 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). Within them, various regimes of forest property are contained, and the use and exploitation of resources by private individuals are limited. It is not possible to acquire ownership over lands with forest cover (cobertura boscosa) if the protection of the forest resource is not demonstrated. Its constitutional basis is found in the second paragraph of article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institute of forest property and possession is protected. This is not the same as civil or agrarian property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forest Laws. It falls upon a specific good: lands covered with forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such goods has the obligation to conserve forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal resolution of conflicts arising from the exercise of forest possession, this special legal regime and the principles of Forestry Law must be applied. The Forest Law establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources. (Article 1). All lands of forest aptitude and forests of the country, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by usucapion, the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Law of Possessory Informations, amended by the Forest Law, established, before its reform: "Article 7.- When the property to which the information refers is included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the title applicant (titulante) must demonstrate having exercised ten-year possession (posesión decenal) for at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree that created the respective wilderness area. Farms that are outside these areas and have forests may only be titled if the promoter demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or lanes." In other words, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and the possessory acts must be directed towards their protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would become part of the natural heritage of the state (article 13 of the new Forest Law), with an unseizable and inalienable character, and their possession will not give rise to any right in favor of private individuals (article 14 of the new Forest Law).- IX. The Agrarian Tribunal had interpreted article 7 of the Law of Possessory Informations, before being amended by the new Forest Law, in the sense of requiring personal possession, exercised for ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in this regard Rulings (Votos) No. 169 of 9:40 a.m. on March 22, 1991 and No. 251 of 2:00 p.m. on April 17, 1991)...". However, that interpretation of article 7 of the Forest Law was challenged as "unconstitutional" by the title applicant here, and the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Ruling No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 188 dated October 1, 1997) declared, as relevant, the following: "The action is partially granted and, consequently, the interpretation of article 7 of the Law of Possessory Informations No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the amendment produced by the Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, is unconstitutional, according to which, to title lands included in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required for ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wilderness area, and that does not favor, in these cases, possession transmitted by previous possessors. This judgment is declarative and has retroactive effects, without prejudice to rights acquired in good faith...". Thus, current possessors can take advantage of transmitted possession...X. The Forest Law No. 7575 also maintained the restrictions in the Law of Possessory Informations, in order to be able to title lands included in protected areas. In this regard, the current provision states: "Article 7.- When the property to which the information refers is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of legal rights over ten-year possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area." (Emphasis is ours). That is, the legislator's intention is that these areas have been maintained protected and conserved throughout all this time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution of 2:50 p.m. on February 20, 1998, corresponding to Ruling No. 113). V.- In more recent cases, the Tribunal has rejected the arguments that the appellant now reiterates regarding the supposed interpretation or retroactive application of article 7 of the Forest Law. In a case similar to the one at hand, it was stated: V.- Regarding what the appellant alleges, that the trial judge commits an error in applying article 7 of the Law of Possessory Informations, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of the provisions of article 1 of said Law, this Tribunal considers that he is not correct because the cited article 7 was not declared unconstitutional, rather, what was declared unconstitutional was the interpretation that the Tribunal had been making in that the possession exercised by previous transferors was not counted. Hence, as section 7 of the Law of Possessory Informations is in force, the promoter must demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wilderness area as indicated by the Constitutional Chamber in ruling No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year possession period for usucapion is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. In that sense, it is important to point out what was stated by the Constitutional Chamber in this regard in the cited ruling: “…Article 7, first paragraph, of the challenged Law of Possessory Informations, whose text predates the last amendment by Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real estate included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the title applicant must demonstrate having exercised ten-year possession for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area. The questioned provision regulates the case of titling real estate that has been affected to the public domain with the declaration of a protected wilderness area, whatever its specificity. It is now necessary to determine whether, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucapion and the possession necessary for usucapion, set forth above, the questioned norm regulates a special type of possession necessary to acquire property over real estate, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the questioned article does not modify—increases or decreases—the ten-year possession period necessary for usucapion, set in article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one intends to acquire ownership of real estate by positive prescription. The extension of the period that the claimant alleges as an infringer of the right to property does not occur, because given the nature of the good to be titled (public thing), the possession period suitable for usucapion must elapse before the good is affected to the public domain. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and prevents the requirements of usucapion from being met if the right has not been acquired at that time, i.e., the ten years of possession suitable for usucapion have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as a title holder, necessary for possession ad usucapionem. Remember that goods affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion if, before the affectation occurs, the necessary conditions for the acquisition of the right were not met. In that sense, the questioned provision, although it apparently regulates a specific case of usucapion, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year possession period for usucapion is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. That is, the norm does not establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of usucapion. It simply specifies the way in which these rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition as a public domain good of the object to be titled. Hence, it is not considered that the amendment to article 7 of the Law of Possessory Informations, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of usucapion that could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario), No. 173 of 4:29 p.m. on March 31, 2003).

V.- Therefore, the possessor who intends to acquire by usucapion a land covered with forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. This criterion was ratified by the Constitutional Chamber, in Ruling No. 2015-0098, of 9:00 a.m. on January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality related to titling in national reserves: "VI.- TITLING OF LANDS IN NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its consideration, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves, and that of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), formerly called Agricultural Heritage of the State. The Law of Lands and Colonization, No. 2825 of October 14, 1961, in its article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a conception of agrarian property as originating from the Nation. The Agricultural Heritage of the State comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by denouncement or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks (articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in article 11, by indicating that: Until proven otherwise, they belong to the State as national reserves: a) All lands included within the limits of the Republic that are not registered as private property, or property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services. From the foregoing, it follows that lands that form part of the national reserves, such as lands for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private individuals for more than ten years and that do not form part of the Agricultural Heritage of the State, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private individuals through Possessory Information proceedings, or through the instrument created via Multiple Land Titling, subsequently called "Titling of Lands Located in National Reserves". Then, the Forest Law No. 4465 of 1969 introduces the concept of Forest Heritage of the State, conferring the administration of forests, forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the General Forestry Directorate. At that time, the Public Administration realized that within the so-called "national reserves," the two regimes coexisted, so in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the General Forestry Directorate depended), the Institute of Lands and Colonization, and the Costa Rican Tourism Institute signed an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (MAG-ITCO-ICT Agreement), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Law of Lands and Colonization, still in force, entrusts the administration of national reserves with agricultural and livestock aptitude to the Institute of Lands and Colonization, the body responsible for land parceling and colonization. Meanwhile, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wilderness areas, indicating that they form part of the natural heritage of the state and establishing their lifetime tenure (irreductible) character (articles 32 to 38). Subsequently, the current Forest Law No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of Natural Heritage of the State, even clarifying what it comprises from the national reserves: "The natural heritage of the State will be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy will administer the heritage. The foregoing excludes from the natural heritage of the State, for not being forest land, lands of agricultural and livestock aptitude, which continue to be part of the national reserves, and susceptible to usucapion by private individuals. Finally, the same Forest Law of 1996 amended article 37 of the Organic Environmental Law, and article 7 of the Law of Possessory Informations, to authorize usucapion, and thus the registration via possessory information (and the repealed procedure for titling in national reserves), lands that belong to the national reserves, with forest aptitude, and even lands in private possession that were included within some category of protected wilderness area (Natural Heritage of the State), as long as ten-year possession prior to the creation date of the respective area was demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Multiple Land Titling Law (subsequently, the Titling in National Reserves Law) came to expedite the titling procedures for agrarian possessors who had completed a short usucapion (first of three and then of five years), so they could obtain a title of ownership and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understood as those private individuals who could have exercised an action of better right of possession within the areas considered national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be totally consolidated, as the period for negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, later the Institute of Agrarian Development (INDER), overlapped with properties registered in the name of private individuals (as the requirement was that in the delimited geographical area there be at least 20% of lands without a title registered in the public registry). This consequently meant that the title granted by the ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to reclaim, as established by the same norm, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period." (END OF QUOTE). In this particular case, the requirement demanded by the Law of Possessory Informations, in its articles 1, 6, and 7, is considered proven. Indeed, the title applicants provided Cadastral Map number A-446669-97, which indicates that part of the property is dedicated to forest and part to livestock farming, and that it is located outside any protected wilderness area, which means that they have taken care of the resource by conserving the forest parts and keeping the rest dedicated to pastures for livestock. It was determined in the judicial inspection carried out for this purpose that it even has fences to divide the grazing areas from the forest area, so that the forest is conserved. Hence, the certification from the INTA (soil study, at images 9 and 10 of the digitized file added to the virtual desktop associated documents tray on 10/15/2013 at 1:47:05 p.m.), indicates that pursuant to article 58 of the Regulation to the Law of Use, Management, and Soil Conservation, and based on the field visit, it was determined that the proper use of soils has been exercised, which means it is concluded that sustainable possession has been exercised over the property to be titled. In the judicial inspection record, added to images 78 and 79 of the digitized file added to the virtual desktop associated documents tray on 10/15/2013 at 1:47:05 p.m., it is clearly indicated that it is a piece of land of approximately 13 hectares and 8945.84 square meters, of which approximately two and a half hectares are forest, and the rest is pastures (see certification of proper soil use). Possessory acts have been exercised on the property, complying with the proper use of the soil (see file downloaded in pdf format, soil study certification at images 12-13). The property intended to be titled and described in the previously proven fact is located outside any protected wilderness area (see file downloaded in pdf format, certification at image 251). The testimonies of Eladio Vega Gómez, Abel Cordonero Salazar, and Víctor Manuel Vega Castro, added to the virtual desktop associated documents tray on 10/15/2013 at 1:47:05 p.m., digitized file images 74 to 77, attest to the exercise of an agro-environmental possession for more than 40 years, 45 years the second, and 35 years the third, ratifying the chain of transmission of the land. On the other hand, it is important to add that the land is subject to the restrictions of the Forest Law, the Water Law (Ley de Aguas), the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), as indicated in the operative part of the ruling. Hence, the appellant's arguments are unfounded, and the appealed judgment must be confirmed.

THEREFORE (POR TANTO):

The appealed judgment is confirmed, in what was the object of appeal.

 

 

 

 

 

 

	

	

 




	

T8OETIDIBGI61

ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	



2VKW47OUK2CK61

CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

ULZAKAC6LRG61

ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A



 

	

 

	

 

 

EXP: 11-000093-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:41:14.

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