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Español (source)Este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal… considera que lleva razón la licenciada Avellán Ruíz, toda vez que en el fundamento de la decisión de rechazar la acción civil resarcitoria… no se apreció que, efectivamente, existe normativa que define una responsabilidad de tipo objetivo, de reparar los daños causados al medio ambiente, ya sea que se trate de una persona física o jurídica, y sin que sea jurídicamente relevante que se actué con dolo o culpa, por cuanto lo importante es que en todo caso surge la obligación de reparar el daño ambiental causado.
English (translation)This Criminal Sentencing Appeals Chamber… finds that Ms. Avellán Ruíz is correct, since the basis for the decision to dismiss the civil damages claim… failed to consider that there is indeed legislation defining a strict liability regime to repair environmental damages, whether caused by an individual or legal entity, and regardless of whether the action was intentional or negligent; what matters is that the obligation to repair the environmental damage arises in any case.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 00497 - 2023 Fecha de la Resolución: 14 de Abril del 2023 a las 15:10 Expediente: 16-000234-0485-PE Redactado por: Edwin Esteban Jiménez González Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Acción civil resarcitoria Subtemas: Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva. Temas (descriptores): Responsabilidad civil derivada del hecho punible Subtemas: Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva. Temas (descriptores): Responsabilidad civil objetiva Subtemas: Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva. Temas (descriptores): Invasión de área de conservación o protección Subtemas: Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva. Temas (descriptores): Daño ambiental Subtemas: Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva. Temas estratégicos: Ambiental Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Sentencias en igual sentido Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Resolución: 2023-0497 Expediente: 16-000234-0485-PE(12 ) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las quince horas diez minutos, del catorce de abril de dos mil veintitrés.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Limón, el 26 de junio de 1994, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], soltero, de oficio turismo, vecino de Limón, Tortuguero y [Nombre 004], mayor costarricense, cédula de identidad número [Valor 003], nacido en Heredia, el 26 de julio de 1968, hijo de eduardo [Nombre 005] e [Nombre 006], soltero, agricultura, vecino de Limón, Tortuguero; por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN, en perjuicio de PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso el juez Edwin Esteban Jiménez González, las juezas Rosa María Acón Ng y Mercedes Jiménez Rojas. Se apersonaron en esta sede la licenciada Margot Avellan Ruiz como representante del Estado y el licenciado Juan Diego Salón Piedra como defensor público de los encartados. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 51-2023, de las quince horas cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 y 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 18, 30, 45 del Código Penal, artículos 58 inciso a) y 61 de la ley 7575 Ley Forestal, 1 al 15, 142, 143, 180 a 184, 265, 360, 361 a 363, 366 del Código Procesal Penal, artículo 73 y 73.2 del Código Procesal Civil este Tribunal resuelve: Absolver de toda pena y responsabilidad a los encausados [Nombre 001] Y [Nombre 004] de DE UN DELITO DE INVASIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN Y UN DELITO DE CAMBIO DE USO DE SUELO, cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. En razón de la absolutoria dictada se ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar que se encuentre vigente en la presente causa, se ordena la libertad inmediata del encausado [Nombre 004]. Se Declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República. Por existir razón plausible para litigar se exime al actor civil del pago de las costas. Se resuelve sin especial condena en costas. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Firme esta sentencia , procédase con el archivo definitivo del expediente, no existen evidencias dentro de esta causa que ameriten resolución. Por tratarse de una sentencia escrita se señalan las dieciséis horas del día día primero de febrero del año dos mil veintitrés para la lectura integral de la misma. " (sic). II.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Margot Avellan Ruiz como representante del Estado, interpuso recurso de apelación. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Jiménez González; y, CONSIDERANDO: I.- Admisibilidad. a) Mediante escrito remitido por correo electrónico el 20 de febrero de 2023, que consta de folios 341 a 348 del principal, la licenciada Margot Avellán Ruíz, en su calidad de representante de la Procuraduría General de la República, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia N°51-2023 del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, de las 15:48 horas del 24 de enero de 2023, en la que se absolvió de toda pena y responsabilidad a los encartados [Nombre 001] y [Nombre 004], por los delitos de invasión de área de conservación y cambio de uso de suelo, que se acusó y querelló en su contra como cometidos en perjuicio del medio ambiente. Asimismo, se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de los demandados [Nombre 001] y [Nombre 004]. b) En libelo que consta de folios 350 a 352, el licenciado Juan Diego Salon Piedra, en su condición de defensor público de los imputados y accionados civilmente antes mencionados, expone los motivos por los que considera que la sentencia absolutoria dictada en favor de sus representados está debidamente fundamentada, así como la decisión de declarar sin lugar la acción civil planteada en el presente caso por la Procuraduría General de la República. El recurso es admisible. De la lectura de la impugnación y del estudio de los antecedentes del expediente, se determina que la misma se presentó en tiempo conforme al plazo de ley, así como que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. II.- ÚNICO MOTIVO. La licenciada Avellán Ruíz plantea el siguiente reclamo: “[…] Falta de fundamentación de la sentencia por inobservancia de las reglas de la sana critica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo, y por infracción a normas sustantivas en violación de los artículos 45, 46 y 50 y de la Constitución Política; numeral 58 de la Ley Forestal; numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; 41, 42 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y 142 y 365 del Código Procesal Penal en cuanto al rechazo de la acción civil resarcitoria […]” (cfr. folio 342 del principal. La copia es textual). Señala que en la sentencia que fustiga, se absolvió a los encartados y demandados civiles en la presente causa, [Nombre 001] y [Nombre 004], por cuanto el Tribunal Penal consideró que en la especie se dio un error de tipo en razón de que los encausados creían que estaban en una propiedad privada en el momento en que fueron abordados por miembros del SINAC, criterio a partir del cual igualmente se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en contra de aquellos. Aclara que si bien solicitó que se dictara una absolutoria en favor de dichos justiciables por existir, según su criterio, un error de prohibición, lo cierto es que también pidió que se declara con lugar la acción civil resarcitoria y se pagara el daño causado al ambiente, esto, por existir un nexo causal entre el perjuicio causado y la conducta desplegada por [Nombre 001] y [Nombre 004]. Estima que del elenco probatorio se coligen suficientes elementos de convicción para condenarlos civilmente, esto, en primer término, en virtud de lo regulado en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal, cuya regulación debe aplicarse conforme a lo considerado en la resolución N°2016-01131 de la Sala Tercera de la Corte Suprema y lo estipulado en el pronunciamiento N°2004-0904 del Tribunal de Casación Penal, siendo que incluye segmentos de ambos pronunciamientos en su argumentación. Así, aduce que a partir de tal fuente normativa y jurisprudencial, se determina que las conductas realizadas por los encausados encuadran en el delito de invasión, ya que se demostró que realizaron una chapea, la construcción de un rancho y un pozo, en terrenos que pertenecen al Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, acciones que claramente estuvieron encaminadas a dar mantenimiento al sitio detentado por [Nombre 001] y [Nombre 004]. Añade que en la especie Eduardo Segura Fernández funcionario del SINAC, declaró que dichos encartados fueron quienes hicieron dicha construcción y el pozo, pero, además, fue un hecho incontrovertido que ambos realizaban “labores de mantenimiento” al estar cortando sotobosque en el momento en que fueron sorprendidos en flagrancia por los guardaparques de la administración forestal, lo que incluso admitió el propio [Nombre 004], al confesar que realizaba “una chapea” en el sitio en el momento del abordaje. Asimismo, dicho encartado admitió vivir en el lugar y darle mantenimiento al rancho y al pozo, todo lo cual son acciones que constituyen el delito de invasión que, si bien no fueron querelladas en su momento por desconocerse y no son objeto de sanción actual, confirman la voluntad de [Nombre 004] de invadir el refugio según se endilgó en la querella y acción civil resarcitoria incoadas por su representada. Considera que bajo tales supuestos, es incuestionable que el ilícito de referencia fue cometido por los aquí encartados, no obstante que se requirió su absolutoria por la existencia de un error de hecho originado en que ambos creyeron que el sitio afectado le pertenecía a [Nombre 011], quien lo había adquirido del padre del imputado [Nombre 001] y que, por ello, no sabían que los terrenos eran parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. Considera que ya sea que se trate de un error de tipo o de prohibición, no cabe duda alguna que tal aspecto jurídico no implica óbice alguno para acoger la acción civil resarcitoria, ya que tal reclamo prevalece y es independiente de la temática penal. Estima que, en el fallo de marras, se mezclan erróneamente lo civil con lo penal, como si la reparación del daño causado dependiera de la demostración de la comisión de un delito por parte de [Nombre 001] y [Nombre 004], lo que apreció el Tribunal Penal para declarar sin lugar la pretensión resarcitoria de su representada. Aduce que si bien la misma guarda estrecha relación con la persecución penal en virtud del principio de accesoriedad regulado en el artículo 40 del Código Procesal Penal, es innegable que la acción civil debe apreciarse a la luz de sus propios elementos y de la normativa que la rige, independientemente de que se demuestre o no un hecho punible, es decir, debe ser objeto de un análisis autónomo encaminado a la demostración de la conducta y resultado dañoso de las personas encausadas (nexo causal). Señala que el punto en cuestión ha sido ampliamente abordado por la jurisprudencia, siendo que se ha establecido que la reparación económica deberá ser objeto de estudio por el Tribunal Penal, con independencia de la configuración del tipo, análisis que deberá contemplar la existencia del daño, el nexo causal y el eventual resarcimiento del mismo, lo que debe prevalecer a la hora de resolver una pretensión civil, declarando con lugar la acción. Específicamente, hace mención a lo considerado en la resolución N°2020-00332 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramon (ver 343 vuelto), así como a lo estipulado en el pronunciamiento N°2022-00437 de la Sala de Casación Penal, el que indica que se dictó a raíz de un reclamo de la Procuraduría General de la República, originado en el rechazo de una pretensión civil a partir de la apreciación exclusiva de la responsabilidad subjetiva, siendo que estableció la existencia de una premisa de que quien genera un daño al medio ambiente debe hacerse responsable, es decir, tiene una responsabilidad de tipo objetivo. En torno a la resolución antes mencionada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la recurrente explica que “[…] En primer término, se parte de los artículos 45, 46 y 50 y de la Constitución Política que establecen la obligación que tiene el Estado de garantizar al ciudadano un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y por su parte, la Ley Forestal en los ordinales 1, 27, 33, 34,19 y 20 de la Ley Forestal, define como la función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, prohibiéndose la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado, además se establecen las áreas específicas de protección forestal y la prohibición de talar árboles en dichas zonas y la prohibición de cambiar el uso de los suelos, en los terrenes cubiertos de bosque (salvo excepciones de ley). A partir de estos fundamentos, los numerales 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente establecen, en su orden, que el daño y la contaminación ambiental se pueden gestar tanto por acción u omisión, de personas físicas como jurídicas, y la responsabilidad civil y solidaria de los responsables (sean personas físicas o jurídicas) por los daños y perjuicios causados en infracción de esta ley o de las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica; así como la responsabilidad solidaria de los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. De los artículos 41, 42 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos se derivan, asimismo, la responsabilidad de indemnizar en la vía judicial que corresponda y la obligación de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados, por parte de quien contamine o deteriore el recurso del suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación: con lo que se prescinde del elemento subjetivo de la responsabilidad […]” (cfr. folio 334 del principal. La copia es literal). Añade que en el voto N°2022-00437 de la Sala de Casación Penal, se aprecian los “95 principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable”, destacando en su argumento varios de ellos (ver folio 344 vuelto y 345 frente del principal). Luego de lo anterior, la representante de la Procuraduría General de la República transcribe un extenso segmento del pronunciamiento de referencia (cfr. folios 345 frente a 346 vuelto), siendo que a partir de ello, alega que es indiscutible que el resarcimiento en materia ambiental se suple a sí mismo, con su propia normativa, independientemente de aquella que se contempla en materia civil, basándose para tales efectos, en la causación de un “perjuicio ambiental”, del que nace el deber de reparación para quien lo produce, sin que sea relevante que el daño ocurra por dolo o culpa, por lo que en el presente caso lo procedente era determinar la existencia de un daño vinculado o atribuible a las conductas desplegadas por lo encartados y demandados civiles. En este sentido, la recurrente alega que el Tribunal Penal debió apreciar que las acciones de chapea realizadas por [Nombre 001] y [Nombre 004] no son inocuas como lo quiso hacer ver la jueza a quo, sino que, muy por el contrario, corresponden a acciones perniciosas y tendientes a impedir la regeneración del bosque, en virtud de la corta continua de la vegetación y los árboles que impide que su crecimiento prospere, es decir, “[…] lo que se evidencia es que hay una continúa tala rasa de sotobosque, el cual se compone no sólo de arbustos, sino de individuos forestales en grado de plántula (Planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla, según el diccionario de la RAE), a los cuales se erradica con esa simple “corta de maleza” realizada mediante el uso de machetes. En cuanto a ello, en debate oral y público se recibió el testimonio del señor Víctor Hugo Montero Navarro, funcionario del Sistema de Áreas de Conservación SINA, quien refirió, en una declaración coherente y absolutamente libre de contradicción, que se detectó a ambos sujetos en flagrancia mientras realizaban la chapea del sitio, y esta acción es dañina por cuanto “… desde el punto de vista técnico si queremos que una zona afectada se recupere, no debe ser tocado porque si sigue siendo intervenido no se va a recuperar, el simple hecho de cortar la vegetación para la acción de regeneración hasta que se haga bosque maduro…” Por otra parte, para sostener el rechazo de la acción civil resarcitoria, la señora jueza esgrime argumentos referidos a que podían haber existido acciones previas a cortar el sotobosque no atribuibles a los encartados; de lo que no existe prueba, siendo indiscutible que los interesados fueron detectados en flagrante acción de corta vegetativa, conducta delictiva con la que se estaba impidiendo la regeneración boscosa del sitio afectado. Por otra parte, la señora jueza considera que las dimensiones de la chapea son demasiado considerables para estimar que la misma fue hecha con dos machetes y una pala, pero es un hecho comprobado que ese tipo de chapeas que se ejecutan en parques nacionales y en zonas boscosas se suelen realizar en forma manual y no se utiliza más que ese tipo de herramientas en zonas como las que nos ocupa -ya que es no es viable el uso de otro tipo de maquinaria-, y que probablemente los encartados llevaban algún tiempo en esa tarea, hasta que fueron detectados en plena flagrancia ejecutando la corta, ya que así lo refirió el propio imputado [Nombre 004] quien indicó en su declaración, que fue contratado por el señor [Nombre 011] -lo que fue descartado por este señor en su testimonio- para darle mantenimiento al sitio,a través dela chapea o corta del sotobosque, que se quedó viviendo en el lugar donde dio continuidad a esa tarea y cuidado de la estructura habitacional y al pozo ubicados en el sitio; perpetuando con ello la fructificación del bosque en general. Finalmente, es oportuno indicar que se contó también con el testimonio del señor Carlos Calvo Gutiérrez en su calidad de funcionario del SINAC, quien con base en su experiencia, el conocimiento de la afectación producida y en su carácter de perito, emitió informe de Valoración de Daño Ambiental, del que se desprende con absoluta y diáfana contundencia que la causación de un perjuicio ambiental que ocasionó un daño ambiental el cual fue estimado monetariamente en la suma de 5.203.229.10 (cinco millones doscientos tres mil veintinueve colones y diez céntimos), lo que viene confirmado y descrito textualmente en el oficio N° SINAC-ACT-ASP-ESDA-13-2016 de fecha 17 de mayo de 2016 […]” (cfr. folios 346 vuelto a 341 vuelto. La copia es literal). Estima la recurrente que con base en la prueba citada anteriormente, se demostró la ejecución del ilícito y su nexo causal con el daño generado, el que se definió y cuantificó pericialmente, por lo que los encartados y demandados civiles tiene la obligación de resarcirlo. Así las cosas, considera que el Tribunal Penal apreció erróneamente el elenco probatorio, así como ignoró normativa esencial que rige el tema civil en materia ambiental, por lo que el rechazo de la pretensión civil de la Procuraduría General de la República, acusa el vicio de falta fundamentación por inobservancia de las reglas de la sana crítica, respecto de medios o elementos probatorios de valor decisivo, todo lo cual se complementa con la infracción al ordenamiento jurídico, específicamente, de lo estipulado en los numerales 45, 46 y 50 y de la Constitución Política; artículo 58 de la Ley Forestal; artículos 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; numerales 41, 42 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y; artículos 142 y 365 del Código Procesal Penal, por lo que lo procedente es declarar la ineficacia del fallo y revocarse, a efectos de ordenar un reenvío para una nueva y debida sustanciación de los aspectos civiles. Concluye indicando que la situación que fustiga, generó un agravio a los intereses del Estado de resarcir el daño ambiental causado por los aquí encausados, conforme a lo pretendido en la acción civil resarcitoria que ilegalmente se declaró sin lugar. El motivo es de recibo. En primer término, debe precisarse que el reclamo planteado, se dirige única y exclusivamente en contra de los aspectos civiles discutidos en la sentencia de mérito, ergo, la absolutoria dictada en favor de los imputados [Nombre 001] y [Nombre 004], por los delitos de cambio de uso de suelo e invasión a una zona de protección, que se acusaron y se querellaron en su contra como cometidos en daño de los recursos naturales, está en firme, por lo que tal contenido de la resolución impugnada, no es objeto de discusión en esta sede de alzada. En segundo lugar, se tiene que, esencialmente, el reparo de la representación de la Procuraduría General de la República, se afinca en que el Tribunal Penal de instancia declaró sin lugar la acción civil resarcitoria planteada en contra de los justiciables [Nombre 001] y [Nombre 004], solamente, a partir del análisis de la inexistencia de responsabilidad subjetiva de su parte, como resultado del fallo absolutorio que les favoreció. Sin embargo, la licenciada Margot Avellán Ruíz, aduce que, la jueza a quo, dejó de lado y no consideró en modo alguno que, en temas relacionados con la afectación del medio ambiente, en nuestro ordenamiento jurídico se contempla una responsabilidad civil de tipo objetivo por los daños que se le generen, sin importar si quien los produce actúa con dolo o culpa, ya que en todo caso tiene la obligación de reparar el perjuicio causado. Así, estima la recurrente que en la especie, no era suficiente valorar el tema de la responsabilidad civil extracontractual derivada de la comisión de un delito, para rechazar la pretensión civil del Estado costarricense, tal y como se hizo en la resolución que fustiga. Esta Cámara de Apelaciones, a partir del examen integral del fallo de cara a las argumentaciones planteadas, considera que lleva razón la licenciada Avellán Ruíz, toda vez que en el fundamento de la decisión de rechazar la acción civil resarcitoria incoada en contra de [Nombre 001] y [Nombre 004], no se apreció que, efectivamente, existe normativa que define una responsabilidad de tipo objetivo, de reparar los daños causados al medio ambiente, ya sea que se trate de una persona física o jurídica, y sin que sea jurídicamente relevante que se actué con dolo o culpa, por cuanto lo importante es que en todo caso surge la obligación de reparar el daño ambiental causado. Lo anterior, es un aspecto que debió valorarse por el Tribunal Penal, en razón de que si bien tuvo dudas en cuanto a que los imputados hayan construido el rancho y el pozo que se ubican en los terrenos que son parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, se determinó como un hecho prácticamente incontrovertible, que los demandados civiles se encontraban haciendo labores de chapea y mantenimiento en dicho sitio, cuando fueron abordados por los personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, actuación que a criterio de la recurrente provocó un daño ambiental que debió repararse según lo pretendido en la acción civil resarcitoria, en la cual se demandaron los siguiente hechos: “[…] La ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA, atribuyo los siguientes hechos: PRIMERO: El 2 de febrero del 2016, los imputados [Nombre 001], [Nombre 015] y [Nombre 004], con pleno codominio funcional del hecho y repartición de funciones, invadieron el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, propiamente en un terreno ubicado al pie del Cerro Tortuguero, que colinda al norte con Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, oeste con Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, sur [Nombre 016] y [Nombre 019], este: camino público; mediante la corta de la vegetación existente en 3150 metros cuadrados de extensión y la construcción de un rancho de madera 9 zinc de nueve metros cuadrados así como un pozo para la extracción de agua. SEGUNDO: La La invasión desplegada por los imputados [Nombre 001], [Nombre 015] y [Nombre 004] ocasionó un daño ambiental en detrimento del ecosistema del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, ya que el sitio afectado es de clase VIII, sea tierras aptas para la preservación de flora y fauna, reserva genética y belleza escénica, catalogadas y denominadas asimismo como humedal de importancia internacional RAMSAR, especialmente como habitat de especies de aves acuáticas, por lo que una invasión como la cometida por los encartados implica una fuerte alteración a estos elementos, causando impactos negativos de carácter visual, la alteración al equilib Rio natural sobre todo en la avifauna que es la más afectada, el cambio irreversible en los microclimas ecológicos; alteración de nichos y habitat de las especies de flora y fauna acuáticas, perdida de sustrato para las especies nativas, perdida de especies de flora y fauna con altísimo nivel medinal y desequilibrio en el control natural de cuerpos acuáticos; además de la generación de costos para .revertir el daño causado, tales como demolición de la estructura invasora. Dicho daño ambiental se estima en la suma de un millón cuarenta mil seiscientos cuarenta y, cinco colones (1.040.645) […]” (cfr. folio 310 del principal. La copia es literal incluyendo los errores ortográficos y gramaticales). Con base en los eventos que se engloban en la acción civil resarcitoria según lo antes descrito, se determina que sí era relevante definir en el sub judice, si [Nombre 001] y [Nombre 004] tienen objetivamente, la obligación de reparar el daño ambiental provocado a partir de las acciones que se engloban en el requerimiento civil incoado en su contra por la representación del Estado. A pesar de lo anterior, la juzgadora de instancia a efectos de rechazar la acción civil resarcitoria, se limitó a establecer que, en virtud de que [Nombre 001] y [Nombre 004] actuaron bajo un error de tipo, no cometieron los delitos endilgados en su contra, por lo que concluyó que no se les podía imputar la responsabilidad civil subjetiva por los daños cometidos en la zona de conservación de marras. Con fin de acuerpar lo anteriormente afirmado, es pertinente retomar lo que, en torno al punto en cuestión, se consideró en la sentencia de mérito: “[…] SOBRE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA. La procuraduría General de la República presento Acción Civil Resarcitoria dentro de la presente causa; alegando que los encausados habían incurrido en una invasión a zona de protección alegando que el día dos de febrero del dos mil dieciséis, los imputados [Nombre 001], [Nombre 015] y [Nombre 004], con pleno codominio funcional del hecho y repartición de funciones, invadieron el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, propiamente en un terreno ubicado al pie del Cerro Tortuguero, que colinda al norte con Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, oeste con Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, sur [Nombre 016] y [Nombre 019], este: camino público; mediante la corta de la vegetación existente en 3150 metros cuadrados de extensión y la construcción de un rancho de madera 9 zinc de nueve metros cuadrados cuadrados así como un pozo para la extracción de agua La La invasión desplegada por los imputados [Nombre 001], [Nombre 015] y [Nombre 004] ocasionó un daño ambiental en detrimento del ecosistema del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, ya que el sitio afectado es de clase VIII, sea tierras aptas para la preservación de flora y fauna, reserva genética y belleza escénica, catalogadas y denominadas asimismo como humedal de importancia internacional RAMSAR, especialmente como habitat de especies de aves acuáticas, por lo que una invasión como la cometida por los encartados implica una fuerte alteración a estos elementos, causando impactos negativos de carácter visual, la alteración al equilibRio natural sobre todo en la avifauna que es la más afectada, el cambio irreversible en los microclimas ecológicos; alteración de nichos y habitat de las especies de flora y fauna acuáticas, perdida de sustrato para las especies nativas, perdida de especies de flora y fauna con altísimo nivel medinal y desequilibrio en el control natural de cuerpos acuáticos; además de la generación de costos para .revertir el daño causado, tales como demolición de la estructura invasora. Dicho daño ambiental se estima en la suma de cinco millones doscientos tres mil doscientos veintinueve colones con diez céntimos. Claramente la acción civil resarcitoria fue presentanda en tiempo y en forma, por lo que fue conocida en este debate; ahora bien, el resultado del proceso que nos ocupa en lo penal fue una absolutoria a favor de los encausados, ello por haberse acreditado la existencia de un error de tipo, por lo que la acción deviene en atípica y por ello no se ha configurado el delito que se le atribuyó al encausado; si bien en las conclusiones del debate la procuraduría solicitó una condena civil al indicar que la acción si bien fue típica y antijurídica, no era culpable y que ello configuraba el injusto penal, y que al haberse producido un daño ambiental, debía el mismo de repararse por ello solicitó la condena civil en contra de los encausados. este es el punto medular que debe de analizar este Tribunal; puesto que las reglas de la indemnización y reparación civil exigen que se logre acreditar la existencia de un daño; en este caso para la parte actora fue la corta de tres mil ciento cincuenta metros cuadrados de extensión de terreno, la construcción de un rancho de madera y zinc viejo de nueve metros cuadrados, así como un pozo para la extracción de agua, acciones en perjuicio del ambiente sano y ecológicamente sostenible, indicando la actora civil que este daño e dio en razón de haber invadido el refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. Ahora bien no existe duda alguna para esta juzgadora en cuanto a que las modernas orientaciones del derecho al resarcimiento, se inclinan por mirar la existencia del daño como elemento determinante, junto a la circunstancia de que la persona afectada, no tenga la obligación jurídica de soportarlo, de la cual surge la obligación de indemnizar, que le asiste a todo aquél que haya infringido el deber de no causar daño, contemplado en el numeral 1045 del Código Civil. Esto supone desde luego, la existencia de bases normativas que permitan afincar la obligación del que debe indemnizar ese daño y que exista un criterio de imputación de ese daño, más la relación de causalidad que haga posible la atribución del deber de indemnizar a cargo del responsable. Consecuencia de lo dicho, el daño debe ser reclamado en su correcta dimensión, para permitir un pronunciamiento jurisdiccional válido que obligue al responsable a reparar los daños y perjuicios e indemnizarlos. No se trata de una operación automática, de indemnizar por indemnizar, ya que realmente debe de existir un daño, un nexo causal además que determine que esa conducta que realizó determinado sujeto fue el hecho generador que produjo ese daño y que a consecuencia de ello se produjo dicho resultado, propiamente en este caso sería esa invasión al área de protección, la corta de la vegetación por la chapea que se dice realizaron los encausados, la construcción de esa galera o bodega de nueve metros cuadrados y la construcción de un pozo para obtener agua, son las acciones que reclama la actora civil como generadoras de ese daño ambiental que se estimo en mas de cinco millones de colones; atendiendo a la estimación del daño ambiental realizada por el SINAC visible a folios 22 a 25 de los autos, entratándose del reclamo civil ejercido dentro del proceso penal, no se excluye la posibilidad de que ante una absolutoria, por circunstancias propias de la ley penal, sea aun así posible condenar al acusado a indemnizar los daños, por la existencia de otra fuente normativa distinta, que se desprenda de los hechos acusados y que, distinta del delito como fuente, permita encuadrar el criterio de imputación en otra fuente normativa, siempre y cuando tal base normativa se ajuste al contenido del reclamo o demanda, es decir, que la propia demanda lo permita y que sea posible establecer otra fuente de responsabilidad subjetiva distinta del delito (u objetiva, si la hubiere), que sería la reclamada. Ignorar ello sería simplemente desconocer el debido proceso que exige que a toda persona se le permita defenderse antes de soportar una consecuencia sobre su sobre su patrimonio (caso del demandado civil), dado que el derecho de defensa es inherente a cualquier proceso,ello por cuanto a pesar de pedir absolutoria en el debate, y acreditar la existencia de un error de tipo; de forma errónea indica que este incide solo en la culpabilidad por lo cual si nace a la vida jurídica el injusto penal que da la posibilidad de atribuir el daño a los encausados y su respectiva obligación de repararlo, para la actora civil la acción de los encartados produjo un daño y se realizó de forma dolosa por [Nombre 001] y [Nombre 004] y que a pesar de que se les absuelve en sede penal, subsiste la obligación de indemnizar, posición que respeta este Tribunal, más no la comparte por las razones que se expóndran que son propiamente ese error de tipo invencible que hace que la acción no sea típica y no se configure el injusto penal y además lo que fue la duda que se indicó en la parte penal de la absolutoria pues no se logró tampoco acreditar o tener por demostrado que los encausados invadieran el área, realizaran ese cambió de uso de suelo, ni que construyeran la bodega ni el pozo; máxime que ya había previó a ello una persona de nombre [Nombre 010] a quién se le abrieron causas penales por delitos en contra de la ley forestal en esa misma propiedad; por lo que únicamente se logró determinar que los encontraron en el terreno y se les decomiso un machete a dos de ellos y una pala, lo que deja ese margen de duda por el que no podríamos tener acreditado ese nexo causal ni esa acción dañosa indicada. Si se repasa el contenido de la demanda de acción civil resarcitoria, se tiene claro que se apoyó en la conducta dolosa (es decir, delictiva) delos acusados, pero por las razones de las que se absuelve ni siquiera se logró tener por demostrado que ellos dos hubiesen causado ese daño al ambiente, Este marco fáctico no permite otra fuente normativa de responsabilidad civil que no sea la conducta típica y antijurídica, al menos, del acusado, es decir, el juicio de antijuridicidad penal, sin que permita analizar la antijuridicidad en otra fuente normativa distinta. Por ende, todos los alegatos que se dirigen a ilustrar sobre la posibilidad de condenar civilmente al acusado pese a la absolutoria, -lo cual incluso, es claro, que tiene respaldo normativo, precisamente en el artículo 40 in fine del Cpp-, no resultan útiles para resolver el caso concreto, dado que convenientemente se deja de lado el contenido de la demanda, de la pretensión de resarcimiento, que, conforme se indicó, únicamente se sustenta en la comisión de un hecho delictivo. No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado; en el presente caso, el error que opero fue un error de tipo invencible, por lo cual elimina la tipicidad de la conducta. El error de tipo opera sobre las circunstancias necesarias para que el delito exista, que no es otra cosa que su descripción en el tipo penal, en la doctrina para que se esté en presencia de un delito, es necesario que el sujeto sepa o pueda saber que su conducta se halla prohibida en la ley, pero en este caso los encausados en todo momento tuvieron esa falsa creencia y no sabían que ese terreno era área protegida, para todos los efectos le pertenecía a [Nombre 011] por la cesión de derecho de posesión que le realizó [Nombre 010] y ese aspecto era uno de los elementos de la norma penal aplicable, por lo que la acción fue atípica. Es decir que no basta que quien actúa típicamente, conozca los elementos del tipo penal o de la conducta tipificada lo que algún sector de la doctrina denomina la tipicidad positiva, sino que es preciso saber o poder saber que esa situación se halla prohibida. Incluso puede decirse que hay acuerdo en que las situaciones de error invencible conducen a la atipicidad, por ende son impunes. quien se encuentra en error de tipo desconoce los hechos que configuran el tipo penal y al desconocer los hechos no puede conocer tampoco la desvalorización que hizo de ellos el legislador, pero el tipo penal manifiesta por sí mismo una escala independiente de valoración, que significa una señal preventiva de que esos hechos podrían estar sancionados penalmente. Esto es lo que se denomina función de llamada o prevención del tipo (Appelfunktion des Tatbestandes) que es mayor cuanto más grave sea un delito […]” Castillo González, El error de prohibición, op.cit. p. 31. Sobre este punto debe de tenerse claro que podemos concluir que el error sobre los elementos de hecho del tipo penal implica la atipicidad de la conducta como conducta dolosa, y el error sobre los elementos del hecho del tipo penal como en el presente caso excluye la tipicidad de la conducta. A contrario sensu, podemos establecer que la existencia de una conducta dolosa implica el conocimiento de los elementos de hecho descritos en el tipo penal, por lo que se excluye el dolo de dicha acción no permitiendo ejercer ese deber de indemnizar por parte de ambos encausados. Y a pesar del principio de que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia , causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios´ establecido en el art. 1045 del Código Civil, De manera que, salvo los casos expresamente establecidos por la ley, para que exista obligación de reparar un daño, éste deberá hacer sido producido por dolo, falta, negligencia o imprudencia; Y en el presente caso no existió dolo o imprudencia, razón por la cual no puede condenarse a los demandados civilmente, en la presente resolución, se estima que el encartado actuó bajo error respecto a la descripción del elemento típico, no produciéndose la configuración del injusto penal en este caso, lo que no permite proceder con la reparación civil solicitada por la Procuraduría, esto en primer orden; y el segundo motivo por el que se declara sin lugar la acción civil, se da por cuanto, a pesar de que no se tiene por acreditada alguna conducta delictiva de los encausados; se debe de valorar si existió o no un daño; pero en este caso, según se desprende de los ifnormes y las fotografías tomadas en el sitio por los funcionarios del SINAC-MINAET, donde primero que todo se acredita el estado de la galera, que claramente no se encontraba en construcción a diferencia de como se indicó en los hechos acusados, se adjunta además la fotografía del frente del terreno denunciado, donde se consiga que "las cercas no tienen alambre de púas y es de postes de poro y madero negro básicamente. Nótese el camino público y después de la cerca hacía el fondo el ecosistema es bosque". así como una cuarta fotografía que en su descripción indica que: "Sección de la propiedad donde se aprecia que ha sido plantada con plátano y banano sustituyendo el bosque" y en dicha fotografía se denotan matas de banano ya de altura considerable y de tiempo de sembradas, un aliciente más de que no fueron los encausados, los que realizaron ese cambio de uso de suelo, sino que se acredita que otras personas que había poseído u usurpado la propiedad habían realizado tal acción; pues en tan poco tiempo no estaría el terreno en las condiciones en que se encontró, máxime que la llamada que reciben los personero del SINAC fue realizada el día antes en horas de la tarde y fue hasta el día siguiente el dos de febrero en horas del día que se apersonaron a dicha propiedad, donde ubicaron a ambos encausados y la plantación de plátano y banano, coincide con la versión del encausado que narró que los frutales que se encontraban ahí los había sembrado el señor [Nombre 002]; no el encausado y eso se puede corroborar con la prueba que consta en autos, lo que hace que claramente se de además una duda razonable en favor de los encausados en cuanto a ese cambio de uso de suelo, duda que no puede ser superada de ninguna forma con el análisis y la valoración de la prueba y que además se complementa con la existencia del error en los presupuestos del tipo penal, que si bien los encausados hubiesen realizado la chapea de los alrededores de la galera o de una mínima parte del terreno, en todo momento la realizaron bajo el supuesto y al representación de que esa propiedad era una propiedad privada que el pertenecía al señor [Nombre 011] por la cesión de los derechos de posesión que le realizó [Nombre 010] quién estuvo en esa propiedad tiempo atrás y que era además conocido por los funcionarios del SINAC de vieja data; indistintamente de que no estuviese amparado de buen derecho y se le hubiesen abierto causas penales por delitos a la ley forestal y al ambiente; era algo que no tenían porque saber los imputados, pues para sus efectos esta propiedad le pertenecía a dicho señor; tanto así que el encausado en su declaración habla de que [Nombre 010] interpuso una serie de demandas para escriturarse la propiedad, claro está que hay duda de que efectivamente los encausados, chapearan ese sitió y cambiaran el uso del sueño, deforestando el sitio como se les acusó; y el que se les ubicara ahí no quiere decir que fueron ellos los que hicieron tales acciones, pues ya en el pasado en esa misma propiedad, han habido otras personas a las que se les imputan estos hechos como el de tala ilegal y otros; asi también la carga de la prueba le corresponde a quien pretende demostrar su dicho, y la actora civil, no logro tener por demostrado que fueron los encausados los que realzaron ese daño a esa propiedad que es parte del área protegida y en esas condiciones no se podría acoger la acción indemnizatoria solicitada. Por las razones expuestas se declara sin ligar la presente acción civil incoada por la Procuraduría General de la República en contra de los encausados [Nombre 001] Y [Nombre 004]. Ahora bien, en materia civil, cuando se trata de acciones o pretensiones civiles, la parte que se dice vencida deberá de soportar y correr con lo que son las costas de dicho proceso, siendo que además si se declarase sin lugar la acción ello lleva aparejado lo que es la respectiva condenatoria en costas; pero si bien el artículo 73 del Código procesal Civil y el367 del Código Procesal Penal establece la obligación en toda resolución que ponga fin al proceso, sea la sentencia, de pronunciarse sobre lo que son las costas; si bien se indica que se condenará al vencido, la norma del artículo 73.2 del Código Procesal Civil establece lo que es la exoneración a la parte que haya ajustado su conducta a la buena fé, la probidad y al uso racional del sistema procesal, analizando además que si existió razón plausible para litigar por parte de la actora civil y querellante; pues la investigación desde el inicio dio un grado de probabilidad de alguna conducta delictiva y dañosa en contra del ambiente, y de la zona que es protegida por el Estado al ser un bien demanial; pero fue hasta la etapa del contradictorio que con la declaración del encartado [Nombre 004] y con la documentación ofrecida por él que vario en un todo la situación en el fondo del caso, es por ello que esta juzgadora procede a exonerar en costas a la Actora Civil y Querellante de ambas piezas presentadas en este proceso en contra de los encausados, por tal La Procuraduría General de la República, no deberán de pagar las costas del proceso en razón de haberse declarado sin lugar la acción civil resarcitoria y la querella […]” (cfr. folios 329 frente a 332 vuelto del principal. La transcripción es literal incluyendo los errores ortográficos y gramaticales). De lo antes expuesto, se determina como bien lo aduce la recurrente, que el Tribunal Penal omitió valorar de cara a la acción civil planteada por el Estado en esta causa, una serie de disposiciones que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, de las cuales se deriva un tipo de responsabilidad objetiva respecto de los daños y perjuicios causados al medio ambiente, omisión que claramente determina el vicio de falta de fundamentación que se reclama. En concreto, se tiene que en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N°7554), se regula lo siguiente: “[…] Imputación por daño al ambiente. El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen […]”. En relación con la norma antes citada, se tiene que en el numeral 101 de la ley de referencia, se dispone: “[…] Responsabilidad de los infractores. Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica […]”. La legislación antes expuesta, determina que, en el caso de los delitos cometidos contra el medio ambiente, no basta la norma establecida en el artículo 1045 del Código Civil, a efectos de establecer la obligación de reparar los daños ambientales causados ya sea por acción u omisión. En relación con la normativa de referencia, debe apreciarse lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos: “[…] Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados […]”. El análisis objetivo y comprensivo de lo regulado en la normativa antes apuntada, en relación con los hechos que son parte de la acción civil resarcitoria, determina que las actuaciones endilgadas a [Nombre 001] y [Nombre 004], como por ejemplo, la chapea del sotobosque del terreno que es parte del Refugio Nacional de Visa Silvestre Barra del Colorado, conducta que según lo demandado en su contra, estaban realizando en el momento en que fueron abordados por personeros del SINAC, constituye una fuente de afectación tanto de los suelos como de las condiciones ambientales en general del área ubicada en la zona protegida supra citada, de ahí que independientemente de que hayan cometido algún delito o no, lo jurídicamente relevante es que su actuar según lo establecido en la acción civil resarcitoria, causó un daño al medio ambiente, y por ello, [Nombre 001] y [Nombre 004] tendrían la responsabilidad de repararlo, sobre todo porque lo hicieron -con independencia del dolo o culpa-, con la intención de buscar un provecho patrimonial, sea el incremento de la plusvalía a través de limpiezas del terreno que estimaban que poseían legítimamente. En relación con el tema que se somete a discusión en esta sede de alzada, por parte de la representación de la Procuraduría General de la República, es muy importante apreciar lo estipulado en tal sentido, en el precedente jurisprudencial N°2022-00437, de las 16:46 horas del 22 de abril de 2022 de la Sala de Casación Penal, resolución en la cual se hace un amplio y detallado análisis en torno al daño ambiental y el tipo de responsabilidad que determina la obligación de repararlo a quien lo produce. Así, es importante resaltar, que en dicho pronunciamiento la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, hace referencia y aprecia los “95 principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable”, aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2018, los que a su vez fueron reconocidos por la Corte Plena en la sesión N°28-2020 del veinticinco de mayo de 2020. Esta Cámara de Apelaciones estima que, para la solución del presente caso en lo relativo a los aspectos civiles reclamados por la representación del Estado, es muy importante retomar lo considerado en la resolución de referencia, en cuanto a tales principios medioambientales: “[…] En cuanto a los principios que se derivan de las diferentes convenciones y tratados internacionales, se tiene la existencia de al menos noventa cinco máximas ambientales (ver los “95 principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable” aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana -2018, reconocidos por Corte Plena, en la sesión N° 28-2020, del veinticinco de mayo del dos mil veinte (25/05/2020), artículo XIX), de los que se citaran solamente los que resulten pertinentes al óbice del asunto y que sirvan de parámetro de interpretación, los cuales son: 1) Principio de corrección, preferiblemente en la fuente: lo que conlleva a que las decisiones en materia ambiental, que se adopten frente a actividades o conductas lesivas para el medio ambiente, han de ir dirigidas precisamente a restaurar el ambiente dañado y a corregir los efectos que en el mismo se han producido o se pudieran producir (Principios 7 y 22 de la Declaración de Río; Artículo 16 de la Declaración de Estocolmo; y Artículo 32 de la Comisión de Expertos, Observación general sobre el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo). 2) Principio de responsabilidad: el que contamina paga, lo que significa que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición (Principio 22 de la Declaración de Estocolmo; y Punto 2.4 de la Directiva N° 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales). 3) Principio de asunción de los efectos legales de la contaminación, lo que quiere decir, que el que contamina debe asumir las consecuencias dispuestas por la normativa nacional e internacional, entre ellas las sanciones administrativas, penales y civiles, procurando una restauración integral, además de las medidas de mitigación, indemnización o reparación que sean pertinentes (Principio 22 de la Declaración de Estocolmo; Preámbulo de la Convención sobre la protección y el uso de los cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; y, Artículo N° 4 del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación). 4) Principio de responsabilidad civil objetiva o de riesgo y solidaria en materia ambiental. Esto implica que en caso de daños ambientales, existe la obligación de reparar aun cuando no ha existido culpa y ello es debido a que quien crea los riesgos para su propio provecho, debe también sufrir sus consecuencias perjudiciales. Asimismo, en esta materia debe presumirse la responsabilidad del agente porque objetivamente se le hace responsable del daño, se requiere únicamente que se indique el daño y el nexo causal por parte de la víctima, pero la prueba de la falta de culpa y de la inexistencia de causa y efecto le corresponden al demandado (Principio 22 de la Declaración de Estocolmo; Preámbulo del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; y Artículo 57 de la Declaración de Buenos Aires) y, 5) El equilibrio del entorno, impone que quien contamina limpia, quien destruye repone y quien afecta derechos ambientales asume su transgresión, sin limitaciones. De esta forma, la descontaminación, reposición, reparación integral y sanción deben ser los aspectos que toda legislación contemple (Principio 16 de la Declaración de Río; Artículo 2 Letra b) del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste; Artículo 5 Convenio Marco para la Protección de la Medio Marino del Mar Caspio; y Preámbulo del Convenio internacional sobre Cooperación, Preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos) […]”. De lo antes expuesto, se colige claramente el valor que se ha reconocido a los principios medioambientales antes señalados, para la interpretación y aplicación de las normas que regulan el tema del daño ambiental y el tipo de responsabilidad civil que corresponde aplicar para su reparación o resarcimiento. Cabe agregar, como bien lo apunta la representante de la Procuraduría General de la República, que en el voto N°2022-004737 de cita, la Sala de Casación aborda un caso similar al que nos ocupa, siendo que concluye que el tipo de responsabilidad que rige en el derecho ambiental es de índole objetivo, y no subjetivo conforme se consideró en el fallo de mérito para declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en contra de [Nombre 001] y [Nombre 004]. Así las cosas, es importante retomar los principales aspectos que justifican el criterio jurisprudencial de la Sala Tercera en tal sentido, el que se comparte plenamente por esta Autoridad Judicial y se aplica para sustentar la decisión de acoger el reclamo planteado por la licenciada Margot Avellán Ruíz: “[…] De la normativa referida, así como de los principios que gobiernan la materia ambiental, se deriva – en principio – que la responsabilidad que rige en el derecho ambiental es de índole objetivo, de ahí la necesidad de estudiar este eje, del que vale la pena subrayar que en el mismo, se prescinde de probar la culpa del agente (falta al deber de cuidado, lo que antiguamente, se entendía como imprudencia, negligencia e impericia) sino que, basta para su configuración, que con su acción u omisión cause un daño (nexo de causalidad). Sobre este aspecto, resulta de interés plasmar lo instituido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo N° 607-F-02, de las 16:15 horas, del siete de agosto del dos mil dos (07/08/2002), en el que indicaron lo siguiente: “(…) Recapitulando, el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la autorice y siguiendo los parámetros que ella misma dispone(…)”. Del anterior extracto jurisprudencial, se puede concluir que la responsabilidad objetiva es admisible, siempre y cuando la legislación expresamente lo prevea, de lo contrario la regla a aplicar es la responsabilidad subjetiva. Vale la pena destacar, que si bien en este tipo de responsabilidad, se prescinde de la exigencia de la culpa, a fin de que nazca la obligación de indemnizar o reparar el daño, debe de existir algún factor de atribución de responsabilidad objetiva entre la acción u omisión y la causación del daño. Vemos entonces que existen tres condiciones para su aplicación: 1. El factor de imputación de la conducta. 2. La existencia de un daño y, 3. La relación de causalidad entre ambos. El autor Federico Torrealba Navas, en su libro “Responsabilidad Civil” Ahora bien, corresponde enfocarnos en el tema de responsabilidad ambiental propiamente dicha, para lo cual, iniciaremos con el término de daño ambiental, el cual se conceptualiza como: (2011) analiza los siguientes factores de atribución de la responsabilidad objetiva: a) El riesgo creado; b) La garantía de la víctima; c) El incumplimiento de las obligaciones de resultado; d) El incumplimiento de la obligación de seguridad; e) El incumplimiento de la obligación de información; f) La igualdad ante la carga pública; g) La responsabilidad por el hecho de las cosas; h) Las garantías edilicias: los vicios de la cosa; i) Las perturbaciones anormales de vecindad y; j) El ejercicio de los derechos de revocación y resiliación. “toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas” Mario Peña Chacón, Daño Ambiental y Prescripción. Revista Judicial N° 109, San José (setiembre 2013): 118. Se divisa entonces, que el daño ambiental jurídicamente relevante nace de una conducta, la cual puede ser activa como omisiva, que puede provenir de un sujeto físico como de una persona jurídica, pública o privada. Por su parte, la responsabilidad por daño ambiental, la podemos definir de la siguiente manera: “la obligación de resarcir, indemnizar, reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/o omisión que ha menoscabado, deteriorado o destruido o que al menos pone en riesgo de manera relevante y significativa, alguno(s) de los elementos constitutivos del ambiente, rompiendo con ello el equilibrio propio de los ecosistemas” Mario Peña y Rafael González, El Proceso Ambiental en Costa Rica (San José: ISOLMA S.A, 2015), 110. En relación al tipo de responsabilidad que opera en esta materia, como se adelantó líneas atrás, la misma escapa del típico régimen de responsabilidad subjetiva del derecho civil y, por el contrario, opera la responsabilidad objetiva, dado que ha sido el propio ordenamiento jurídico que así lo ha consolidado. Lo anterior, significa que no es necesario probar la culpa del sujeto, sino solamente el hecho de que con su acción u omisión causó el daño. Tal es la postura que ha tomado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como se puede observar en la siguiente cita jurisprudencial: “(…) La responsabilidad derivada de daños causados a la naturaleza, sea ésta proveniente de una actividad agraria o de cualquier otro tipo, universalmente siempre se ha considerado como una responsabilidad de carácter objetiva. Este principio general de derecho ha sido admitido ampliamente en las últimas reformas a la Constitución donde se introdujo el derecho a un ambiente sano y ecológico equilibrado, y el legislador lo ha asumido aún antes de esas reformas, reiterándolo ampliamente después, para encontrarse en todo el sector ambiental del ordenamiento jurídico (…). Naturalmente esta tesis hoy se reclama como un principio general del derecho para la protección del medio ambiente, y resulta correcto afirmarlo así (…). El fundamento de esta tesis es muy simple. No se trata de la responsabilidad subjetiva prevista en el numeral 1045 del Código Civil, porque en tal hipótesis el damnificado debe probar el nexo causal entre la acción del agente dañino y los perjuicios sufridos. En la objetiva la simple existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y perjuicios causados con su conducta. Esto no deriva de un acto arbitrario sino de pura lógica, pues quien, incluso en una conducta lícita, asume un riesgo donde exista peligrosidad, debe responder por todo cuanto daño pueda causar esa peligrosidad. Existen muchos ejemplos al respecto. Si una persona manipula pólvora, o cualquier tipo de material inflamable, sea en una fábrica, en una actividad comercial, o por su propia diversión, en caso de ocurrir un siniestro con efectos en cualquier vecino, no ha de ser el damnificado el llamado a probar el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño causado, más bien el ordenamiento jurídico parte de la culpabilidad de quien asumió el riesgo y la peligrosidad, y solo para eximirlo de la responsabilidad podría probar no ser el responsable directo del daño causado, así la carga de la prueba se invierte, y los eximentes, como por analogía podría aplicarse para el ámbito ambiental, serían los previstos en la Ley General de la Administración Pública donde también se prevé la responsabilidad objetiva del Estado, siendo ellos “fuerza mayor”, “culpa de la víctima” o “hecho de un tercero” (artículo 190) (…)” (Voto N° 398-F-01, de las 16:00 horas, del seis de junio del dos mil uno (06/06/2001), cuya integración estuvo a cargo de los Magistrados y Magistradas Feoli, Montenegro, Zeledón, Solís y Rivas). En igual sentido, la Sala Constitucional, se ha decantado por la tesis de que en el derecho ambiental opera la responsabilidad objetiva y en la resolución N° 1669-2000, de las 14:51 horas, del dieciocho de febrero del dos mil (18/02/2000), instauró: “La responsabilidad por daño ambiental, se asimila entonces a la responsabilidad por riesgo, lo que permite una mayor cobertura para establecer responsabilidades contra sujetos concretos, con el fin de remediar los daños ocasionados por sus explotaciones industriales o de otra clase. Esta responsabilidad objetiva, no toma en consideración la conducta del sujeto, pues lo que importa es el daño producido y, por ende, siempre será responsable el individuo, con independencia de cualquiera que haya sido su participación volitiva en el hecho. El punto radica más que todo en la creación de un riesgo, de donde se colige que el que con su actividad o su inactividad produce un daño o pone en riesgo la integridad de la ecología y del medio ambiente, ha de responder de él” (fallo en el que confluyeron los Magistrados Piza, Mora, Solano, Arguedas, Calzada, Vargas y Batalla). Criterio que se ha mantenido a lo largo del tiempo, como se visualiza en el siguiente extracto de sentencia: “(…) al tema de la responsabilidad por daño ambiental, se le ha dado un trato diferente, tomando en consideración las características propias de la materia de que se trata. El Estado, para asegurarse de alguna manera el resarcimiento por los daños ocasionados al ambiente, ha creado una serie de normas en las que se regula lo referente a la responsabilidad ambiental, sin perder de vista, eso sí, el necesario equilibrio que ha de existir entre la protección del ambiente y el desarrollo de las actividades de los particulares. En el Derecho Ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor, si la actividad desempeñada se estima riesgosa y, asume ese riesgo, con una posible consecuencia dañosa para el ambiente. Se trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad. En muchas ocasiones no es posible determinar, ni al culpable, ni la norma legal infringida, pues en la mayoría de los casos el daño es producto de una omisión, pero ciertamente perjudica, lo que necesariamente debe ser objeto de indemnización. Es en ese contexto que debe entenderse el contenido del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y el de la norma que ahora se cuestiona, el numeral 126 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que establece un régimen de responsabilidad para las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esa Ley, indicando que serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente, con la consecuente obligación de repararlos en forma integral, contemplando además la responsabilidad solidaria de las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora. El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal. Así expresamente lo indica al señalar que la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente en general le cabe a las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos comprendidos en la Ley de Conservación de Vida Silvestre “independientemente de la responsabilidad personal, civil o penal que pueda caber sobre los socios, personeros o representantes”, de manera que en cuanto a este extremo tampoco lleva razón el accionante en sus alegatos. El hecho de que se extienda este tipo de responsabilidad a las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico tampoco lesiona el principio de inocencia, pues se trata igualmente de la posibilidad de que empresas relacionadas con la persona jurídica infractora, respondan por los daños ambientales causados(…)”(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 9966-2010, de las 15:38 horas, del nueve de junio del dos mil diez (09/06/2010), en la que integraron: Calzada, Mora, Armijo, Cruz, Jinesta, Castillo y Pacheco). Así las cosas, se recalca que a partir de un análisis armonioso de la normativa ambiental referida (nacional e internacional) como de la doctrina y jurisprudencia que se ha citado, nuestros legisladores se han decantado por implementar en materia ambiental el principio “el que contamina paga” con independencia de la existencia de un vínculo subjetivo; con lo que nos encontramos frente a un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente la responsabilidad ha sido fundada en la teoría de la culpa (art. 1045 del Código Civil), mientras que la responsabilidad objetiva se ha visualizado de aplicación indispensable en esta rama del derecho, lo que presupone una ventaja a favor del lesionado, por cuanto se da una inversión de la carga de la prueba, dado que queda exonerado de probar la culpa o dolo del causante del daño y este último, solo se verá exonerado de responsabilidad, si prueba la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima y el hecho de un tercero; a diferencia de los casos de responsabilidad subjetiva; lo que se constituye en un beneficio para el medio ambiente, en el tanto se busca lograr que en el menor tiempo posible, este pueda ser restaurado y vuelva a su estado originario. En el caso concreto, es claro que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, al conocer y declarar sin lugar el primer motivo del recurso de apelación incoado en su oportunidad por la Procuraduría General de la República, aplica erróneamente la normativa ambiental supra referida, en el tanto derivan de esta, que la misma se rige por el principio de responsabilidad subjetiva, en la que se debe probar la culpa o el dolo de la persona que causa el daño ambiental a fin que prospere la acción civil resarcitoria entablada en su contra […]” (La transcripción es literal salvo lo resaltado en negrita). Por último, es pertinente agregar, que un segundo aspecto por el que la juzgadora de mérito declaró sin lugar la acción civil resarcitoria, fue porque consideró que existían dudas en cuanto a que los encartados y demandados civiles, fueron quienes llevaron a cabo las conductas que afectaron el uso del suelo de la zona protegida de marras. En este sentido, se estima que tal criterio es contradictorio, pues si la a quo estimó que hubo un error de tipo que excluyó la responsabilidad penal de los endilgados por las acciones que ejecutaban en los terrenos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, cuando fueron sorprendidos por funcionarios del SINAC, es incoherente valorar la existencia de una duda en torno a la afectación ambiental eventualmente producida por los encartados, precisamente, por realizar acciones en los terrenos en cuestión, bajo el error de que lo hacían legítimamente en una zona no protegida, defecto que determina también, el vicio de falta de fundamentación que se reclama. En virtud de todo lo expuesto, esta Cámara de Apelaciones estima que la decisión del Tribunal de mérito, de declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de [Nombre 001] y [Nombre 004], no se fundamentó debidamente, en cuanto al tipo de responsabilidad objetiva que conforme a nuestro ordenamiento debe aplicarse en el caso de reclamarse la reparación o indemnización del daño ambiental. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Margot Avellán Ruíz, en representación de la Procuraduría General de la República, por lo que se anula parcialmente la sentencia impugnada, únicamente, en los aspectos civiles que en la misma se resolvieron, por lo que se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que legalmente corresponde en tal sentido. En todo lo demás el fallo permanece incólume. POR TANTO Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Margot Avellán Ruíz, en representación de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia impugnada, únicamente, en los aspectos civiles que en la misma se resolvieron, por lo que se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que legalmente corresponde en tal sentido. En todo lo demás el fallo permanece incólume. NOTIFÍQUESE. - Edwin Esteban Jiménez González Rosa María Acón Ng Mercedes Jiménez Rojas Juez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Expediente: 16-000234-0485-PE(12) Imputado: [Nombre 001] y Otro Ofendido: Procuraduría General de la República Delito: Invasión a un Área de Conservación o Protección SLEPIZM Exp.: 16-000234-0485-PE(12) - VOTO 2023-0497- pág.: 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:45:05. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**RESULTANDO:** **I.-** That by judgment number 51-2023, of fifteen hours forty-eight minutes of the twenty-fourth of January of two thousand twenty-three, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of San José, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8.2 of the American Convention on Human Rights, 11 of the Universal Declaration of Human Rights, 14 and 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1, 2, 18, 30, 45 of the Criminal Code, Articles 58 subsection a) and 61 of Ley 7575 Ley Forestal, 1 to 15, 142, 143, 180 to 184, 265, 360, 361 to 363, 366 of the Criminal Procedure Code, Article 73 and 73.2 of the Civil Procedure Code, this Court resolves: To acquit the defendants [Name 001] AND [Name 004] of all penalty and responsibility for A CRIME OF INVASION OF A PROTECTED AREA AND A CRIME OF LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DEL SUELO), committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. By reason of the acquittal ordered, the lifting of any precautionary measure that is in force in this case is ordered, and the immediate release of defendant [Name 004] is ordered. The Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought by the Procuraduría General de la República is declared without merit. Given the existence of plausible grounds to litigate, the civil plaintiff is exempted from the payment of costs. It is resolved without special condemnation in costs. The costs of the proceedings shall be borne by the State. Once this judgment becomes final, proceed with the definitive archiving of the case file; there is no evidence within this case that merits a ruling. As this is a written judgment, the hour of sixteen hours on the first day of February of the year two thousand twenty-three is set for its full reading." (sic). **II.-** That against the preceding pronouncement, licensed attorney Margot Avellan Ruiz, as representative of the State, filed an appeal. **III.-** That having carried out the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal. **IV.-** That in the proceedings, the relevant legal prescriptions have been observed. Drafted by the Criminal Sentencing Appeal Judge Jiménez González; and, **CONSIDERANDO:** **I.- Admissibility.** a) By means of a brief sent by electronic mail on February 20, 2023, appearing on folios 341 to 348 of the principal file, licensed attorney Margot Avellán Ruíz, in her capacity as representative of the Procuraduría General de la República, files an appeal against judgment No. 51-2023 of the Criminal Trial Court of the II Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue, of 15:48 hours on January 24, 2023, in which the defendants [Name 001] and [Name 004] were acquitted of all penalty and responsibility for the crimes of invasion of a conservation area and land-use change (cambio de uso del suelo), which were charged and privately prosecuted against them as committed to the detriment of the environment. Likewise, the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) brought by the Procuraduría General de la República against the defendants [Name 001] and [Name 004] was declared without merit. b) In a libel appearing on folios 350 to 352, licensed attorney Juan Diego Salon Piedra, in his capacity as public defender of the aforementioned accused and civil defendants, sets forth the reasons why he considers that the acquittal judgment issued in favor of his represented parties is duly substantiated, as well as the decision to declare without merit the civil action brought in this case by the Procuraduría General de la República. The appeal is admissible. From a reading of the challenge and the study of the case file's background, it is determined that it was filed in a timely manner according to the statutory deadline, and that it meets the necessary requirements for its proper examination in order to conduct a comprehensive review of the judgment, as required by Article 8.2h of the American Convention on Human Rights. **II.- SOLE GROUND.** Licensed attorney Avellán Ruíz raises the following complaint: “[…] Lack of substantiation of the judgment due to disregard of the rules of sound criticism with respect to evidentiary means or elements of decisive value, and due to infringement of substantive norms in violation of Articles 45, 46 and 50 of the Political Constitution; Article 58 of the Ley Forestal; Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; 41, 42 and 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, and 142 and 365 of the Criminal Procedure Code regarding the rejection of the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) […]” (cfr. folio 342 of the principal file. The copy is verbatim). She points out that in the judgment she challenges, the defendants and civil defendants in this case, [Name 001] and [Name 004], were acquitted because the Criminal Trial Court considered that in this instance a mistake of fact (error de tipo) occurred, in that the defendants believed they were on a private property at the moment they were approached by members of SINAC, a criterion from which the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) brought against them was likewise declared without merit. She clarifies that although she requested that an acquittal be issued in favor of those justiciable parties due to what was, in her view, a mistake of law (error de prohibición), the fact is that she also requested that the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) be granted and that the damage caused to the environment be compensated, this being due to the existence of a causal link between the harm caused and the conduct engaged in by [Name 001] and [Name 004]. She considers that from the body of evidence, sufficient elements of conviction are gathered to find them civilly liable, this, in the first instance, by virtue of what is regulated in Article 58 subsection a) of the Ley Forestal, whose regulation must be applied in accordance with what was considered in Ruling No. 2016-01131 of the Third Chamber of the Supreme Court and the stipulations in Pronouncement No. 2004-0904 of the Court of Criminal Cassation, including segments of both pronouncements in her argument. Thus, she argues that based on that normative and jurisprudential source, it is determined that the acts carried out by the defendants fit the crime of invasion, since it was demonstrated that they carried out a clearing (chapea), the construction of a ranch-style hut (rancho) and a well, on lands belonging to the Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, actions that were clearly aimed at maintaining the site possessed by [Name 001] and [Name 004]. She adds that in this instance, Eduardo Segura Fernández, an official of SINAC, declared that these defendants were the ones who carried out said construction and the well, but, moreover, it was an uncontroverted fact that both were performing "maintenance work" by cutting undergrowth (sotobosque) at the moment they were caught in flagrante delicto by the park rangers of the forestry administration, which even [Name 004] himself admitted, by confessing that he was performing a "clearing (chapea)" on the site at the time of the approach. Likewise, said defendant admitted to living on the site and maintaining the ranch-style hut (rancho) and the well, all of which are actions that constitute the crime of invasion which, although not privately prosecuted at the time because they were unknown and are not subject to current sanction, confirm the will of [Name 004] to invade the refuge as alleged in the private prosecution and Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) brought by her represented party. She considers that under such assumptions, it is unquestionable that the referenced unlawful act was committed by the defendants here, even though their acquittal was requested due to the existence of a mistake of fact (error de hecho) arising from both believing that the affected site belonged to [Name 011], who had acquired it from the father of the accused [Name 001] and that, therefore, they did not know that the lands were part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. She considers that regardless of whether it is a mistake of fact (error de tipo) or of law (de prohibición), there is no doubt whatsoever that such a legal aspect implies no obstacle to granting the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria), since such a claim prevails and is independent of the criminal matter. She estimates that, in the judgment under consideration, civil and criminal matters are erroneously mixed, as if the reparation of the damage caused depended on the demonstration of the commission of a crime by [Name 001] and [Name 004], which the Criminal Trial Court considered in order to declare the reparation claim of her represented party without merit. She argues that although the same is closely related to the criminal prosecution by virtue of the principle of accessoriness regulated in Article 40 of the Criminal Procedure Code, it is undeniable that the civil action must be assessed in light of its own elements and the regulations governing it, independently of whether or not a punishable act is proved, that is, it must be subject to an autonomous analysis aimed at demonstrating the harmful conduct and result of the persons charged (causal link). She points out that the point in question has been amply addressed by jurisprudence, it having been established that the economic reparation must be the subject of study by the Criminal Trial Court, independently of the configuration of the criminal type, an analysis that must contemplate the existence of the damage, the causal link, and the eventual compensation thereof, which must prevail when resolving a civil claim, granting the action. Specifically, she mentions what was considered in Ruling No. 2020-00332 of the Criminal Sentencing Appeal Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramon venue (see folio 343 verso), as well as the stipulations in Pronouncement No. 2022-00437 of the Criminal Cassation Chamber, which she indicates was issued as a result of a claim by the Procuraduría General de la República, originating from the rejection of a civil claim based on the exclusive appreciation of subjective liability, it having been established that there exists a premise that whoever generates damage to the environment must take responsibility, that is, they have objective liability (responsabilidad de tipo objetivo). Regarding the aforementioned ruling of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, the appellant explains that “[…] In the first instance, it bases itself on Articles 45, 46 and 50 of the Political Constitution, which establish the State's obligation to guarantee the citizen a healthy and ecologically balanced environment; and for its part, the Ley Forestal in Articles 1, 27, 33, 34, 19 and 20 of the Ley Forestal, defines as the essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection and administration of natural forests and the production, utilization, industrialization and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, prohibiting the cutting or utilization of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones (zonas protectoras), wildlife refuges and forest reserves owned by the State, in addition, specific forest protection areas are established and the prohibition of felling trees in such zones and the prohibition of land-use change (cambio de uso de los suelos), on lands covered with forest (except for legal exceptions). Based on these foundations, Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente establish, respectively, that environmental damage and pollution can be generated both by action or omission, by natural or legal persons, and the civil and joint and several liability (responsabilidad civil y solidaria) of those responsible (be they natural or legal persons) for the damages and losses caused in violation of this law or those regulating environmental protection and biological diversity; as well as the joint and several liability of the owners of the companies or activities where the damages are caused, whether by action or omission. From Articles 41, 42 and 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, there also derive the liability to indemnify in the corresponding judicial venue and the obligation to repair the damages caused to the environment and affected third parties, by whoever pollutes or degrades the soil resource, independently of the existence of fault or intent or the degree of participation: thus dispensing with the subjective element of liability […]” (cfr. folio 334 of the principal file. The copy is literal). She adds that in Ruling No. 2022-00437 of the Criminal Cassation Chamber, the "95 environmental legal principles for ecologically sustainable development" are considered, highlighting in her argument several of them (see folio 344 verso and 345 front of the principal file). Following the foregoing, the representative of the Procuraduría General de la República transcribes an extensive segment of the referenced pronouncement (cfr. folios 345 front to 346 verso), it being that from this, she alleges that it is indisputable that compensation in environmental matters is self-sufficient, with its own regulations, independently of that which is contemplated in civil matters, basing itself for such purposes on the causation of an "environmental harm" (perjuicio ambiental), from which the duty of reparation arises for whoever produces it, without it being relevant whether the damage occurs by intent or fault, such that in the present case the appropriate course was to determine the existence of a damage linked or attributable to the conduct deployed by the defendants and civil defendants. In this sense, the appellant alleges that the Criminal Trial Court should have appreciated that the clearing (chapea) actions carried out by [Name 001] and [Name 004] are not innocuous as the judge a quo attempted to make them appear, but rather, quite to the contrary, they correspond to pernicious actions aimed at preventing forest regeneration, by virtue of the continuous cutting of vegetation and trees that prevents their growth from prospering, that is, “[…] what is evidenced is that there is a continuous clearcutting of undergrowth (sotobosque), which is composed not only of bushes, but of forest individuals in seedling stage (Planta joven, al poco tiempo de brotar de la semilla, according to the RAE dictionary), which are eradicated with that simple 'weed cutting' carried out using machetes. In this regard, in an oral and public hearing, the testimony of Mr. Víctor Hugo Montero Navarro, an official of the National System of Conservation Areas (SINAC), was received, who stated, in a coherent declaration absolutely free of contradiction, that both subjects were detected in flagrante delicto while performing the clearing (chapea) of the site, and this action is harmful because '... from a technical point of view, if we want an affected area to recover, it must not be touched because if it continues to be intervened it will not recover, the simple fact of cutting the vegetation hinders the regeneration process until it becomes a mature forest...' On the other hand, to support the rejection of the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria), the lady judge argues reasons referring to the fact that there could have been actions prior to cutting the undergrowth (sotobosque) not attributable to the defendants; for which there is no proof, it being indisputable that the interested parties were detected in a flagrant action of cutting vegetation, a criminal conduct with which the forest regeneration of the affected site was being prevented. On the other hand, the lady judge considers that the dimensions of the clearing (chapea) are too considerable to estimate that it was done with two machetes and a shovel, but it is a proven fact that such clearings (chapeas) carried out in national parks and forested areas are usually done manually and no more than such tools are used in areas such as the one that concerns us - since the use of other types of machinery is not viable -, and that the defendants had probably been at that task for some time, until they were detected in full flagrante delicto carrying out the cutting, just as defendant [Name 004] himself stated in his declaration, indicating that he was hired by Mr. [Name 011] - which was ruled out by that gentleman in his testimony - to give maintenance to the site, through the clearing (chapea) or cutting of the undergrowth (sotobosque), that he stayed living in the place where he gave continuity to that task and care of the housing structure and the well located on the site; thereby perpetuating the impairment of the forest's fruition in general. Finally, it is opportune to indicate that we also had the testimony of Mr. Carlos Calvo Gutiérrez in his capacity as an official of SINAC, who, based on his experience, knowledge of the impact caused and in his capacity as an expert, issued a report on the Environmental Damage Assessment, from which it is evident with absolute and diaphanous conclusiveness that causation of environmental harm (perjuicio ambiental) occurred, causing environmental damage which was estimated monetarily in the sum of 5,203,229.10 (five million two hundred three thousand two hundred twenty-nine colones and ten céntimos), which is confirmed and described literally in official communication No. SINAC-ACT-ASP-ESDA-13-2016 dated May 17, 2016 […]” (cfr. folios 346 verso to 341 verso. The copy is literal). The appellant considers that based on the evidence cited above, the execution of the unlawful act and its causal link with the damage generated were demonstrated, which was defined and quantified by expert examination, such that the defendants and civil defendants have the obligation to compensate it. Thus, she considers that the Criminal Trial Court erroneously assessed the body of evidence, as well as ignored essential regulations governing the civil aspect in environmental matters, such that the rejection of the civil claim of the Procuraduría General de la República suffers from the defect of lack of substantiation due to disregard of the rules of sound criticism, with respect to evidentiary means or elements of decisive value, all of which is complemented by the infringement of the legal system, specifically, of the stipulations in Articles 45, 46 and 50 of the Political Constitution; Article 58 of the Ley Forestal; Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; Articles 41, 42 and 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; and Articles 142 and 365 of the Criminal Procedure Code, such that the appropriate course is to declare the judgment void and to revoke it, for the purpose of ordering a remand for a new and due substantiation of the civil aspects. She concludes by indicating that the situation she challenges generated an injury to the State's interests in obtaining compensation for the environmental damage caused by the defendants here, in accordance with what was sought in the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) that was illegally declared without merit. The ground is receivable. In the first instance, it must be specified that the raised complaint is directed solely and exclusively against the civil aspects discussed in the judgment on the merits, ergo, the acquittal issued in favor of the accused [Name 001] and [Name 004], for the crimes of land-use change (cambio de uso del suelo) and invasion of a protection zone, which were publicly and privately prosecuted against them as committed against natural resources, is final, such that this content of the challenged ruling is not the subject of discussion in this appellate venue. In the second place, it is held that, essentially, the objection of the representation of the Procuraduría General de la República is based on the fact that the Criminal Trial Court of the instance declared without merit the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) brought against the justiciable parties [Name 001] and [Name 004], solely, based on the analysis of the non-existence of subjective liability on their part, as a result of the acquittal judgment that favored them. However, licensed attorney Margot Avellán Ruíz argues that the judge a quo set aside and did not consider in any way that, in matters related to environmental impact, our legal system contemplates objective civil liability (responsabilidad civil de tipo objetivo) for the damages caused to it, regardless of whether whoever produces them acts with intent or fault, since in any case there is an obligation to repair the harm caused. Thus, the appellant considers that in this instance, it was not sufficient to assess the issue of non-contractual civil liability derived from the commission of a crime, in order to reject the civil claim of the Costa Rican State, as was done in the ruling she challenges. This Court of Appeals, based on the comprehensive review of the judgment in light of the arguments presented, considers that licensed attorney Avellán Ruíz is correct, given that in the reasoning of the decision to reject the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) brought against [Name 001] and [Name 004], it was not appreciated that, effectively, regulations exist that define an objective liability (responsabilidad de tipo objetivo), to repair the damages caused to the environment, whether it concerns a natural or legal person, and without it being legally relevant whether one acts with intent or fault, inasmuch as what matters is that in any case, the obligation arises to repair the environmental damage caused. The foregoing is an aspect that should have been assessed by the Criminal Trial Court, because even though it had doubts as to whether the accused built the ranch-style hut (rancho) and the well that are located on the lands that are part of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, it was determined as a practically uncontroverted fact, that the civil defendants were performing clearing (chapea) and maintenance work on said site, when they were approached by the personnel of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), an action that in the appellant's view caused environmental damage that should have been repaired in accordance with what was sought in the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria), in which the following facts were claimed: “[…] In the CIVIL ACTION FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA), I attribute the following facts: FIRST: On February 2, 2016, the accused [Name 001], [Name 015] and [Name 004], with full functional co-dominance of the act and division of functions, invaded the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, specifically on a piece of land located at the foot of Cerro Tortuguero, which borders to the north Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, west Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, south [Name 016] and [Name 019], east: public road; by means of cutting the existing vegetation over an area of 3,150 square meters and the construction of a wooden ranch-style hut (rancho) with a zinc roof of nine square meters, as well as a well for water extraction. SECOND: The invasion deployed by the accused [Name 001], [Name 015] and [Name 004] caused environmental damage to the detriment of the ecosystem of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, since the affected site is Class VIII, that is, lands suitable for the preservation of flora and fauna, genetic reserve and scenic beauty, also cataloged and designated as an internationally important RAMSAR wetland, especially as a habitat for waterfowl species, such that an invasion like the one committed by the defendants implies a strong alteration to these elements, causing negative visual impacts, alteration of the natural balance especially in the birdlife which is the most affected, irreversible change in ecological microclimates; alteration of niches and habitat of aquatic flora and fauna species, loss of substrate for native species, loss of flora and fauna species of very high medicinal level and imbalance in the natural control of aquatic bodies; in addition to the generation of costs to reverse the damage caused, such as demolition of the invading structure. Said environmental damage is estimated at the sum of one million forty thousand six hundred forty-five colones (1,040,645) […]” (cfr. folio 310 of the principal file. The copy is literal including spelling and grammatical errors). Based on the events encompassed in the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria) as described above, it is determined that it was indeed relevant to define in the sub judice, whether [Name 001] and [Name 004] objectively have the obligation to repair the environmental damage caused by the actions encompassed in the civil claim brought against them by the representation of the State. Despite the foregoing, the judge of the instance, for the purpose of rejecting the Civil Action for Damages (acción civil resarcitoria), limited herself to establishing that, by virtue of the fact that [Name 001] and [Name 004] acted under a mistake of fact (error de tipo), they did not commit the crimes with which they were charged, concluding therefore that subjective civil liability for the damages committed in the aforementioned conservation area could not be attributed to them. In order to support the previously stated, it is pertinent to revisit what, regarding the point in question, was considered in the judgment on the merits: “[…] REGARDING THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA). The Procuraduría General de la República filed a Civil Action for Damages within this case; alleging that the defendants had incurred in an invasion of a protection zone, alleging that on the second day of February of two thousand sixteen, the accused [Name 001], [Name 015] and [Name 004], with full functional co-dominance of the act and division of functions, invaded the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, specifically on a piece of land located at the foot of Cerro Tortuguero, which borders to the north Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, west Bosque-Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, south [Name 016] and [Name 019], east: public road; by means of cutting the existing vegetation over an area of 3,150 square meters and the construction of a wooden ranch-style hut (rancho) with a zinc roof of nine square meters, as well as a well for water extraction. The invasion deployed by the accused [Name 001], [Name 015] and [Name 004] caused environmental damage to the detriment of the ecosystem of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, since the affected site is Class VIII, that is, lands suitable for the preservation of flora and fauna, genetic reserve and scenic beauty, also cataloged and designated as an internationally important RAMSAR wetland, especially as a habitat for waterfowl species, such that an invasion like the one committed by the defendants implies a strong alteration to these elements, causing negative visual impacts, alteration of the natural balance especially in the birdlife which is the most affected, irreversible change in ecological microclimates; alteration of niches and habitat of aquatic flora and fauna species, loss of substrate for native species, loss of flora and fauna species of very high medicinal level and imbalance in the natural control of aquatic bodies; in addition to the generation of costs to reverse the damage caused, such as demolition of the invading structure. Said environmental damage is estimated at the sum of five million two hundred three thousand two hundred twenty-nine colones and ten céntimos. Clearly, the civil action for damages was filed in a timely and proper manner, and was therefore heard in this debate; however, the outcome of the criminal proceedings before us was an acquittal in favor of the defendants, because the existence of a mistake of fact (error de tipo) was proven, rendering the act atypical (atípica) and, consequently, the crime attributed to the defendant was not configured; although in the closing arguments of the debate, the Attorney General's Office requested a civil judgment, arguing that while the act was typical (típica) and unlawful (antijurídica), it was not culpable, and that this constituted a criminal wrong (injusto penal), and that since environmental damage had occurred, it had to be repaired, therefore it requested a civil judgment against the defendants. This is the core point that this Court must analyze; since the rules of civil indemnification and reparation require that the existence of damage be proven; in this case, for the plaintiff, this consisted of the clearing of three thousand one hundred fifty square meters of land, the construction of a nine-square-meter wooden and old zinc shed (rancho), and a well for extracting water, actions detrimental to a healthy and ecologically sustainable environment, with the civil plaintiff asserting that this damage occurred because the Barra del Colorado National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado) was invaded. Now, there is no doubt for this judge that modern orientations of the law of compensation lean toward viewing the existence of damage as a determining element, along with the circumstance that the affected person is not legally obligated to bear it, from which arises the obligation to indemnify incumbent upon anyone who has breached the duty not to cause harm, contemplated in article 1045 of the Civil Code. This presupposes, of course, the existence of normative bases that allow the obligation of the one who must compensate for that damage to be grounded, and that there exists a criterion for attributing that damage, plus the causal relationship that makes it possible to assign the duty to indemnify to the responsible party. As a consequence of the foregoing, the damage must be claimed in its correct dimension, to allow a valid jurisdictional pronouncement that obliges the responsible party to repair the damages and losses and indemnify them. It is not an automatic operation, of compensating for the sake of compensating, since there must truly exist damage, a causal nexus (nexo causal) that also determines that the conduct performed by a specific subject was the generating event that produced that damage, and that as a consequence, that result occurred; specifically, in this case, it would be that invasion of the protected area, the clearing of vegetation through the brush clearing (chapea) that the defendants are said to have performed, the construction of that nine-square-meter rustic structure (galera) or shed, and the construction of a well to obtain water, are the actions that the civil plaintiff claims as generating that environmental damage, which was estimated at more than five million colones; given the environmental damage estimate prepared by SINAC, visible at folios 22 to 25 of the record, dealing with the civil claim brought within the criminal process, the possibility is not excluded that, in the face of an acquittal due to circumstances specific to criminal law, it may still be possible to condemn the accused to compensate for the damages, due to the existence of a different normative source, arising from the facts charged, which, distinct from the crime as a source, allows the attribution criterion to be framed within another normative source, provided that such normative basis conforms to the content of the claim or complaint, that is, that the complaint itself allows it and that it is possible to establish another source of subjective liability distinct from the crime (or objective liability, if any), which would be the one claimed. To ignore this would simply be to disregard due process, which requires that every person be allowed to defend themselves before bearing a consequence upon their assets (as in the case of the civil defendant), given that the right of defense is inherent to any process, because despite requesting acquittal in the debate and proving the existence of a mistake of fact, it erroneously indicates that this only affects culpability, thereby bringing into legal existence the criminal wrong that gives the possibility of attributing the damage to the defendants and their respective obligation to repair it; for the civil plaintiff, the defendants' action produced damage and was carried out willfully (dolosa) by [Name 001] and [Name 004], and that despite their acquittal in the criminal venue, the obligation to indemnify subsists, a position this Court respects, but does not share, for the reasons that will be explained, which are precisely that invincible mistake of fact (error de tipo invencible) that makes the act not typical (típica) and does not configure the criminal wrong, and furthermore, the doubt that was indicated in the criminal part of the acquittal, because it was also not possible to prove or consider it demonstrated that the defendants invaded the area, carried out that land-use change (cambio de uso del suelo), or built the shed or the well; especially since prior to this, there was a person named [Name 010] against whom criminal proceedings were initiated for crimes against the Forest Law (Ley Forestal) on that same property; therefore, it could only be determined that they were found on the land and a machete was confiscated from two of them, along with a shovel, which leaves that margin of doubt for which we could not have that causal nexus or that indicated harmful action proven. If the content of the civil action for damages complaint is reviewed, it is clear that it relied on the willful (that is, criminal) conduct of the accused, but for the reasons for which they are acquitted, it could not even be considered demonstrated that the two of them caused that damage to the environment. This factual framework does not permit another normative source of civil liability other than the typical and unlawful conduct, at least, of the accused, that is, the judgment of criminal unlawfulness, without allowing an analysis of unlawfulness under another distinct normative source. Therefore, all the arguments directed at illustrating the possibility of civilly condemning the accused despite the acquittal—which, even, it is clear, has normative support, precisely in Article 40 in fine of the CPP—are not useful for resolving the specific case, since the content of the complaint, of the claim for damages, is conveniently set aside, which, as indicated, is solely based on the commission of a criminal act. He who, upon committing the act, incurs in error regarding some of the requirements necessary for the crime to exist, according to its description, is not culpable. However, if the error stems from fault, the act will be punished only when the law prescribes a penalty for its commission under such title. The same rules will apply regarding whoever erroneously assumes the concurrence of circumstances that would justify the act committed; in the present case, the error that operated was an invincible mistake of fact, which therefore eliminates the typicality (tipicidad) of the conduct. The mistake of fact operates on the circumstances necessary for the crime to exist, which is nothing other than its description in the criminal definition (tipo penal); in doctrine, for a crime to be present, it is necessary for the subject to know or be able to know that their conduct is prohibited by law, but in this case, the defendants at all times had that false belief and did not know that the land was a protected area; for all intents and purposes, it belonged to [Name 011] by the assignment of possession rights made to him by [Name 010], and that aspect was one of the elements of the applicable criminal norm, so the act was atypical. That is to say, it is not enough that the person acting typically knows the elements of the criminal definition or the typified conduct—what some sector of the doctrine calls positive typicality—but rather it is necessary to know or be able to know that the situation is prohibited. It can even be said that there is agreement that situations of invincible error lead to atypicality, and are therefore unpunishable. He who is in a mistake of fact is unaware of the facts that configure the criminal definition, and by being unaware of the facts, he also cannot know the devaluation that the legislator made of them, but the criminal definition itself manifests an independent scale of valuation, which signifies a preventive warning that those facts could be criminally sanctioned. This is what is called the function of warning or prevention of the criminal definition (Appelfunktion des Tatbestandes), which is greater the more serious the crime […]” Castillo González, The Prohibition Error, op.cit. p. 31. On this point, it must be clear that we can conclude that error regarding the factual elements of the criminal definition implies the atypicality of the conduct as willful conduct, and error regarding the factual elements of the criminal definition, as in the present case, excludes the typicality of the conduct. A contrario sensu, we can establish that the existence of willful conduct implies knowledge of the factual elements described in the criminal definition, so dolus (dolo) of said action is excluded, not allowing this duty to indemnify to be exercised against both defendants. And despite the principle that “whoever by dolus, fault, negligence, or imprudence causes harm to another, is obliged to repair it together with the losses,” established in Article 1045 of the Civil Code; so that, except in cases expressly established by law, for an obligation to repair damage to exist, it must have been produced by dolus, fault, negligence, or imprudence; and in the present case, there was no dolus or imprudence, which is why the civil defendants cannot be condemned; in the present resolution, it is considered that the accused acted under error regarding the description of the typical element, not producing the configuration of the criminal wrong in this case, which does not allow proceeding with the civil reparation requested by the Attorney General’s Office, this in the first order; and the second reason for which the civil action is dismissed is because, despite no criminal conduct of the defendants having been proven, it must be assessed whether or not damage existed; but in this case, as evident from the reports and photographs taken at the site by officials of SINAC-MINAET, where, first of all, the state of the rustic structure (galera) is proven, which was clearly not under construction, unlike what was indicated in the facts charged; also attached is the photograph of the front of the denounced land, where it is recorded that “the fences do not have barbed wire and are basically of poro and blackwood posts. Note the public road and beyond the fence towards the back, the ecosystem is forest,” as well as a fourth photograph whose description indicates: “Section of the property where it is appreciated that it has been planted with plantain and banana replacing the forest,” and in said photograph, banana plants of considerable height and time since planting are denoted, another incentive that it was not the defendants who carried out that land-use change, but rather it is proven that other people who had possessed or usurped the property had performed such action; for in so little time, the land would not be in the conditions in which it was found, especially since the call that the SINAC representatives received was made the day before in the afternoon hours, and it was not until the following day, the second of February during the daytime, that they appeared at said property, where they located both defendants, and the plantain and banana plantation coincides with the defendant's version, who stated that the fruit trees found there had been planted by Mr. [Name 002], not the defendant, and this can be corroborated with the evidence in the record, which clearly also gives rise to reasonable doubt in favor of the defendants regarding that land-use change, a doubt that cannot be overcome in any way with the analysis and assessment of the evidence, and which is further complemented by the existence of error in the premises of the criminal definition; since even if the defendants had performed brush clearing around the rustic structure (galera) or a minimal part of the land, at all times they did so under the assumption and representation that this property was private property belonging to Mr. [Name 011] by the assignment of possession rights made to him by [Name 010], who had been on that property some time ago and who was also known by SINAC officials from long ago; regardless of whether it was not lawfully protected and that criminal proceedings had been opened against him for crimes against the Forest Law and the environment, this was not something the defendants had to know, because for their purposes, this property belonged to that gentleman; so much so that the defendant in his statement speaks of [Name 010] filing a series of lawsuits to title the property; clearly, there is doubt that the defendants actually cleared that site and changed the land use, deforesting the site as they were accused; and the fact that they were located there does not mean they were the ones who performed such actions, since in the past, on that same property, there have been other people to whom these acts, such as illegal logging and others, are attributed; likewise, the burden of proof falls on whoever seeks to prove their claim, and the civil plaintiff did not manage to demonstrate that it was the defendants who caused that damage to that property, which is part of the protected area, and under those conditions, the requested indemnification action could not be granted. For the reasons stated, the present civil action brought by the Attorney General's Office against defendants [Name 001] AND [Name 004] is dismissed. Now, in civil matters, when dealing with civil actions or claims, the losing party must bear and cover the costs (costas) of said process, and furthermore, if the action is dismissed, that entails the corresponding ruling on costs; but although Article 73 of the Civil Procedure Code and Article 367 of the Criminal Procedure Code establish the obligation, in any resolution that concludes the process, i.e., the judgment, to rule on costs; while it is indicated that the losing party will be condemned, the norm of Article 73.2 of the Civil Procedure Code establishes exemption for the party that has adjusted its conduct to good faith, probity, and the rational use of the procedural system, also analyzing whether there was plausible reason to litigate on the part of the civil plaintiff and complainant; because the investigation from the beginning gave a degree of probability of some criminal and harmful conduct against the environment and the area that is protected by the State as a public domain asset; but it was only at the adversarial stage that, with the statement of defendant [Name 004] and the documentation offered by him, the situation at the heart of the case completely changed; that is why this judge proceeds to exempt the Civil Plaintiff and Complainant from costs for both complaints filed in this process against the defendants; therefore, the Attorney General’s Office shall not have to pay the costs of the process because the civil damages action and the complaint were dismissed […]” (cfr. folios 329 front to 332 back of the principal file. The transcription is literal, including orthographic and grammatical errors). From the foregoing, it is determined, as the appellant rightly argues, that the Criminal Court omitted to assess, in light of the civil action brought by the State in this cause, a series of provisions that are part of our legal system, from which a type of strict liability (responsabilidad objetiva) is derived regarding damages to the environment, an omission that clearly determines the defect of lack of reasoning (falta de fundamentación) that is claimed. Specifically, it is held that Article 98 of the Organic Environmental Law (Ley N°7554) regulates the following: “[…] Attribution for environmental damage. Damage or contamination to the environment can be produced by acts of commission or omission and are attributable to all physical or legal persons who carry them out […]”. In relation to the aforementioned norm, Article 101 of the referenced law provides: “[…] Liability of offenders. Without prejudice to liabilities of another nature that may result to them as participants in any of their forms, the causers of infractions of this law or of those regulating the protection of the environment and biological diversity, whether physical or legal persons, shall be civilly and jointly and severally responsible for the damages caused. Jointly and severally, the owners of the enterprises or activities where the damage is caused, whether by action or omission, shall also be liable. Equal liability shall correspond to professionals and public officials who sign an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) contrary to legal provisions or prevailing technical standards, or fail to duly follow up on the process, causing damage to the environment or biological diversity […]”. The legislation set forth above determines that, in the case of crimes committed against the environment, the norm established in Article 1045 of the Civil Code is not sufficient for establishing the obligation to repair environmental damage caused by action or omission. In relation to the referenced regulations, what is stipulated in Article 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils must be considered: “[…] Whoever contaminates or deteriorates the soil resource, regardless of the existence of fault or dolus (dolo) or the degree of participation, shall be responsible for indemnifying, through the corresponding judicial channel, and for repairing the damage caused to the environment and affected third parties […]”. The objective and comprehensive analysis of what is regulated in the aforementioned regulations, in relation to the facts that are part of the civil damages action, determines that the actions attributed to [Name 001] and [Name 004], such as, for example, the clearing of the undergrowth (chapea del sotobosque) of the land that is part of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado), conduct that, according to what was claimed against them, they were performing at the moment they were approached by SINAC representatives, constitutes a source of impact both on the soils and on the general environmental conditions of the area located in the aforementioned protected zone; hence, regardless of whether or not they committed any crime, what is legally relevant is that their action, as established in the civil damages action, caused damage to the environment, and therefore, [Name 001] and [Name 004] would have the responsibility to repair it, especially because they did so—independently of dolus or fault—with the intention of seeking a pecuniary benefit, that is, the increase of surplus value through clearing of the land they believed they legitimately possessed. Regarding the issue submitted for discussion in this appellate venue by the representatives of the Attorney General’s Office, it is very important to consider what is stipulated in this regard in the jurisprudential precedent No. 2022-00437, of 4:46 p.m. on April 22, 2022, of the Court of Criminal Appeals, a resolution in which a broad and detailed analysis is made of environmental damage and the type of liability that determines the obligation to repair it for whoever produces it. Thus, it is important to highlight that in said pronouncement, the Third Chamber of the Supreme Court of Justice references and considers the “95 legal environmental principles for ecologically sustainable development,” approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit of 2018, which in turn were recognized by the Full Court in session No. 28-2020 of May twenty-fifth, two thousand twenty. This Court of Appeals considers that, for the resolution of the present case regarding the civil aspects claimed by the State's representatives, it is very important to take up what was considered in the referenced resolution concerning such environmental principles: “[…] Regarding the principles derived from the different international conventions and treaties, there exists at least ninety-five environmental maxims (see the “95 legal environmental principles for ecologically sustainable development” approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit -2018, recognized by the Full Court, in session No. 28-2020, of May twenty-fifth, two thousand twenty (05/25/2020), article XIX), of which only those pertinent to the obstacle of the matter and that serve as parameters for interpretation will be cited, which are: 1) Principle of correction, preferably at the source: which entails that decisions in environmental matters, adopted in the face of activities or conduct harmful to the environment, must be directed precisely at restoring the damaged environment and correcting the effects that have been produced or could be produced therein (Principles 7 and 22 of the Rio Declaration; Article 16 of the Stockholm Declaration; and Article 32 of the Committee of Experts, General Observation on Convention No. 169 of the International Labour Organization). 2) Principle of responsibility: the polluter pays, meaning that the generator of degrading effects on the environment, current or future, is responsible for the costs of preventive and corrective recomposition actions (Principle 22 of the Stockholm Declaration; and Point 2.4 of Directive No. 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council, on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage). 3) Principle of assuming the legal effects of contamination, which means that the polluter must assume the consequences provided for by national and international regulations, including administrative, criminal, and civil sanctions, seeking integral restoration, in addition to the mitigation, indemnification, or reparation measures that are pertinent (Principle 22 of the Stockholm Declaration; Preamble of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes; and, Article No. 4 of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal). 4) Principle of strict civil liability or risk and joint and several liability in environmental matters. This implies that in case of environmental damage, there is an obligation to repair even when there has been no fault, and this is because he who creates risks for his own benefit must also suffer their harmful consequences. Likewise, in this matter, the agent's liability must be presumed because objectively he is held responsible for the damage; it is only required that the victim indicates the damage and the causal nexus, but the proof of lack of fault and of the nonexistence of cause and effect corresponds to the defendant (Principle 22 of the Stockholm Declaration; Preamble of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal; and Article 57 of the Buenos Aires Declaration) and, 5) The balance of the environment imposes that whoever pollutes cleans, whoever destroys restores, and whoever affects environmental rights assumes their transgression, without limitations. Thus, decontamination, restitution, integral reparation, and sanction must be the aspects that every legislation contemplates (Principle 16 of the Rio Declaration; Article 2 Letter b) of the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic; Article 5 of the Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea; and Preamble of the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation) […]”. From the foregoing, the value that has been recognized to the aforementioned environmental principles for the interpretation and application of the norms regulating the issue of environmental damage and the type of civil liability applicable for its reparation or compensation is clearly inferred. It should be added, as the representative of the Attorney General’s Office rightly points out, that in the cited ruling No. 2022-004737, the Court of Appeals addresses a case similar to the one before us, concluding that the type of liability governing environmental law is of an objective nature, and not subjective as was considered in the judgment on the merits to dismiss the civil damages action brought against [Name 001] and [Name 004]. Thus, it is important to retake the main aspects that justify the jurisprudential criterion of the Third Chamber in this regard, which is fully shared by this Judicial Authority and applied to support the decision to grant the claim raised by Licentiate Margot Avellán Ruíz: “[…] From the referenced regulations, as well as the principles governing environmental matters, it is derived – in principle – that the liability governing environmental law is of an objective nature, hence the need to study this axis, from which it is worth underlining that, in it, proving the agent's fault (lack of duty of care, which formerly was understood as imprudence, negligence, and lack of skill) is dispensed with; rather, it is sufficient for its configuration that with their action or omission they cause damage (causal nexus). On this aspect, it is of interest to capture what was instituted by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling No. 607-F-02, of 4:15 p.m., on August seventh, two thousand two (08/07/2002), in which they indicated the following: “(…) Recapitulating, the compensation of damages is regulated, in Costa Rican law, by a general rule, that of liability for fault, but it also admits strict liability in cases where legislation expressly authorizes it and following the parameters that it itself provides (…)”. From the prior jurisprudential extract, it can be concluded that strict liability is admissible, provided that legislation expressly foresees it; otherwise, the rule to apply is subjective liability. It is worth noting that, although in this type of liability, the requirement of fault is dispensed with in order for the obligation to indemnify or repair the damage to arise, there must exist some factor of attribution of strict liability between the action or omission and the causation of the damage. We see, then, that there are three conditions for its application: 1. The factor for attributing the conduct. 2. The existence of damage, and 3. The causal relationship between the two. Author Federico Torrealba Navas, in his book “Civil Liability,” Now, it is appropriate to focus on the topic of environmental liability proper, for which we will begin with the term environmental damage, which is conceptualized as: (2011) analyzes the following factors for attributing strict liability: a) The created risk; b) The victim's guarantee; c) Breach of obligations of result; d) Breach of the obligation of safety; e) Breach of the obligation of information; f) Equality before public burdens; g) Liability for the act of things; h) Aedilitian guarantees: defects of the thing; i) Abnormal disturbances of neighborhood, and; j) The exercise of rights of revocation and termination. “any action, omission, behavior, or act exercised by a physical or legal, public or private subject, that alters, impairs, disrupts, diminishes, or puts in imminent and significant danger any constitutive element of the concept of environment, thereby breaking the natural and proper balance of ecosystems” Mario Peña Chacón, Environmental Damage and Prescription. Judicial Magazine No. 109, San José (September 2013): 118. It can be discerned, then, that legally relevant environmental damage arises from conduct, which can be active or by omission, which can come from a physical subject as well as a legal person, public or private. In turn, liability for environmental damage can be defined as follows: “the obligation to compensate, indemnify, repair, and recompose the damage caused as a result of an action and/or omission that has impaired, deteriorated, or destroyed, or at least puts at risk in a relevant and significant manner, some of the constitutive elements of the environment, thereby breaking the proper balance of ecosystems” Mario Peña and Rafael González, The Environmental Process in Costa Rica (San José: ISOLMA S.A, 2015), 110. Regarding the type of liability that operates in this matter, as was anticipated in previous lines, it escapes the typical regime of subjective liability of civil law and, on the contrary, strict liability operates, given that it is the legal system itself that has consolidated it thus. The foregoing means that it is not necessary to prove the subject's fault, but only the fact that with their action or omission they caused the damage. Such is the position taken by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as can be observed in the following jurisprudential citation: “(…) The liability derived from damages caused to nature, whether originating from an agricultural activity or any other type, has universally always been considered as strict liability (responsabilidad de carácter objetiva). This general principle of law has been widely admitted in the latest reforms to the Constitution where the right to a healthy and ecologically balanced environment was introduced, and the legislator assumed it even before those reforms, reiterating it broadly afterward, to be found throughout the environmental sector of the legal system (…). Naturally, this thesis is now claimed as a general principle of law for environmental protection, and it is correct to state it so (…). The basis of this thesis is very simple. It does not concern the fault-based liability (responsabilidad subjetiva) provided for in numeral 1045 of the Civil Code, because in such a hypothesis the injured party must prove the causal link between the action of the harmful agent and the damages suffered. In strict liability (objetiva), the mere existence of the damage presumes liability on the part of the harmful agent for having been the cause of that damage, and therefore, they must compensate for the damages and losses caused by their conduct. This does not derive from an arbitrary act but from pure logic, since whoever, even in a lawful conduct, assumes a risk where danger exists, must answer for all damage that danger may cause. Many examples exist in this regard. If a person handles gunpowder, or any type of flammable material, whether in a factory, in a commercial activity, or for their own amusement, in the event of an accident affecting any neighbor, the injured party is not called upon to prove the causal link between the conduct exercised and the damage caused; rather, the legal system starts from the culpability of the one who assumed the risk and the danger, and only to exempt them from liability could they prove not to be the direct person responsible for the damage caused, thus the burden of proof is reversed, and the exemptions, as could be applied by analogy to the environmental sphere, would be those provided for in the General Law of Public Administration where the strict liability (responsabilidad objetiva) of the State is also provided for, these being “force majeure (fuerza mayor)”, “fault of the victim (culpa de la víctima)” or “act of a third party (hecho de un tercero)” (Article 190) (…)” (Voto N° 398-F-01, of 4:00 p.m., on June sixth, two thousand one (06/06/2001), whose composition was in charge of Judges Feoli, Montenegro, Zeledón, Solís, and Rivas). In the same sense, the Constitutional Chamber has opted for the thesis that strict liability (responsabilidad objetiva) operates in environmental law, and in resolution N° 1669-2000, of 2:51 p.m., on February eighteenth, two thousand (18/02/2000), established: “Liability for environmental damage is thus assimilated to liability for risk, which allows greater coverage to establish liabilities against specific subjects, in order to remedy the damages caused by their industrial or other types of exploitations. This strict liability does not take into consideration the conduct of the subject, since what matters is the damage produced and, therefore, the individual will always be liable, regardless of whatever their volitional participation in the act may have been. The point lies, more than anything, in the creation of a risk, from which it is inferred that whoever with their activity or inactivity produces damage or puts at risk the integrity of the ecology and the environment, must answer for it” (ruling in which Judges Piza, Mora, Solano, Arguedas, Calzada, Vargas, and Batalla concurred). A criterion that has been maintained over time, as seen in the following excerpt from a judgment: “(…) the issue of liability for environmental damage has been given different treatment, taking into consideration the specific characteristics of the matter at hand. The State, to ensure in some way the compensation for damages caused to the environment, has created a series of norms regulating matters relating to environmental liability, without losing sight, of course, of the necessary balance that must exist between environmental protection and the development of private individuals' activities. In Environmental Law, a different approach to liability has been taken, such that there has been an evolution from a fault-based liability (responsabilidad por culpa) system to a risk-based liability (responsabilidad por riesgo) system, which means greater coverage, since said liability would arise even when there is no fault on the part of the transgressor, if the activity performed is deemed risky and they assume that risk, with a possible harmful consequence for the environment. It is a new concept of liability, where the objective criterion prevails over the subjective one, since for its emergence, it is irrelevant whether one acted with fault or not; it is enough that the damage was effectively caused for the consequent liability to arise immediately. On many occasions, it is not possible to determine either the guilty party or the infringed legal norm, since in the majority of cases the damage is the product of an omission, but it certainly causes harm, which must necessarily be subject to compensation. It is in this context that the content of Article 101 of the Environmental Organic Law and that of the norm now questioned, numeral 126 of the Wildlife Conservation Law, must be understood, which establishes a liability regime for legal persons that have participated in the commission of the illicit acts included in that Law, indicating that they will be jointly and severally liable (solidariamente responsables) for the damages and losses caused to wildlife and the environment, with the consequent obligation to repair them integrally, also contemplating the joint and several liability (responsabilidad solidaria) of the natural or legal persons that form part of the same economic interest group as the infringing legal person. The main argument of the claimant is that the norm violates the principle of innocence; however, such principle is not infringed because the questioned provision does not refer to criminal liability. This is expressly indicated when stating that the joint and several liability for damages and losses caused to wildlife and the environment in general falls upon the legal persons that have participated in the commission of illicit acts included in the Wildlife Conservation Law “independently of the personal, civil, or criminal liability that may fall upon the partners, officers, or representatives”, so that in regard to this point the claimant is also not correct in their allegations. The fact that this type of liability extends to the natural or legal persons that form part of the same economic interest group also does not injure the principle of innocence, since it equally concerns the possibility that companies related to the infringing legal person answer for the environmental damages caused (…)” (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution N° 9966-2010, of 3:38 p.m., on June ninth, two thousand ten (09/06/2010), in which the panel consisted of: Calzada, Mora, Armijo, Cruz, Jinesta, Castillo, and Pacheco). Thus, it is emphasized that from a harmonious analysis of the referenced environmental regulations (national and international) as well as the doctrine and jurisprudence cited, our legislators have opted to implement in environmental matters the principle “the polluter pays” (el que contamina paga) independently of the existence of a subjective link; consequently, we are facing a paradigm shift, since traditionally liability has been founded on the theory of fault (Article 1045 of the Civil Code), while strict liability is seen as indispensable in this branch of law, which presupposes an advantage in favor of the injured party, as there is a reversal of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba), given that they are exonerated from proving the fault or willful misconduct (dolo) of the party causing the damage, and the latter will only be exonerated from liability if they prove the existence of force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), or the act of a third party (hecho de un tercero); unlike cases of fault-based liability; which constitutes a benefit for the environment, insofar as the aim is to ensure that, in the shortest possible time, it can be restored and returned to its original state. In the specific case, it is clear that the Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago, upon hearing and declaring without merit the first ground of the appeal (recurso de apelación) filed in due course by the Procuraduría General de la República, erroneously applied the aforementioned environmental regulations, insofar as they derived from these that they are governed by the principle of fault-based liability, in which the fault or willful misconduct of the person causing the environmental damage must be proven in order for the civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought against them to succeed […]” (The transcription is literal except for what is highlighted in bold). Finally, it is pertinent to add that a second aspect for which the trial judge declared the civil action for damages without merit was because she considered that there were doubts as to whether the defendants and civil defendants were those who carried out the conduct that affected the land-use (uso del suelo) of the protected area in question. In this regard, it is considered that such criterion is contradictory, because if the trial judge (a quo) considered that there was a mistake of fact (error de tipo) that excluded the criminal liability of those accused for the actions they were carrying out on the lands of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, when they were surprised by officials of SINAC, it is incoherent to assess the existence of a doubt regarding the environmental impact eventually produced by the accused, precisely for carrying out actions on the lands in question, under the mistaken belief that they were doing so legitimately in an unprotected area, a defect that also determines the defect of lack of reasoning (falta de fundamentación) that is claimed. By virtue of all the foregoing, this Appeals Chamber considers that the decision of the Trial Court to declare without merit the civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República against [Name 001] and [Name 004], was not duly reasoned, regarding the type of strict liability that, according to our legal system, must be applied in cases claiming reparation or compensation for environmental damage. Consequently, it is appropriate to declare with merit the appeal filed by attorney Margot Avellán Ruíz, on behalf of the Procuraduría General de la República, and therefore the challenged judgment is partially annulled, solely regarding the civil aspects resolved therein, and the case is ordered remanded to the Criminal Trial Court of origin, so that, with a different panel, it may proceed to resolve what legally corresponds in that regard. In all other respects, the judgment remains unaltered. POR TANTO The appeal filed by attorney Margot Avellán Ruíz, on behalf of the Procuraduría General de la República, is declared with merit. Consequently, the challenged judgment is partially annulled, solely regarding the civil aspects resolved therein, and the case is ordered remanded to the Criminal Trial Court of origin, so that, with a different panel, it may proceed to resolve what legally corresponds in that regard. In all other respects, the judgment remains unaltered. NOTIFY. Edwin Esteban Jiménez González Rosa María Acón Ng Mercedes Jiménez Rojas Judge and Judges of the Criminal Sentencing Appeals Court Expediente: 16-000234-0485-PE(12) Defendant: [Name 001] and Another Victim: Procuraduría General de la República Offense: Invasion of a Conservation or Protection Area SLEPIZM Exp.: 16-000234-0485-PE(12) - VOTO 2023-0497- pág.: 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:45:05. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República