Res. 00538-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Forest restitution to original state is proper even if defendant is acquittedRestitución del bosque a su estado original procede aunque se absuelva penalmente al imputado

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00538 - 2023

Fecha de la Resolución: 24 de Abril del 2023 a las 15:30

Expediente: 12-001958-0472-PE

Redactado por: Francini Quesada Salas

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal

Tema: Recurso de apelación de sentencia penal

Subtemas:

Inadmisibilidad del motivo de impugnación ante inexistencia de agravio a imputado absuelto por duda quien no sufrió medida cautelar privativa o restrictiva de libertad.

Tema: Absolutoria penal

Subtemas:

Inadmisibilidad del motivo de impugnación ante inexistencia de agravio a imputado absuelto por duda quien no sufrió medida cautelar privativa o restrictiva de libertad.

"II. [...] Esta Cámara considera que el recurrente no demostró que el imputado [Nombre 012] sufrirera algún perjuicio con el hecho de que se le haya absuelto por duda y no por certeza, ya que la absolutoria, no impide que los imputados puedan presentar los procesos legales que consideren oportunos, ni interponer una denuncia por el delito de denuncia calumniosa o el proceso agrario. El motivo debe de cumplir con una serie de requisitos formales a efectos de evaluar en una primera etapa su pertinencia. [...]"

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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Restitución del bosque a su estado original

Subtemas:

Restitución del bien a su estado original con independencia del dictado de absolutoria penal.

Tema: Infracción a la ley forestal

Subtemas:

Restitución del bien a su estado original con independencia del dictado de absolutoria penal.

Tema: Principio de irreductibilidad del bosque

Subtemas:

Restitución del bien a su estado original con independencia del dictado de absolutoria penal.

"III. [...] El Tribunal de Casación Penal abordó desde larga data este tema sin que en la actualidad haya existido un cambio de criterio. ?En la resolución número 964-2007 de las 10:00 horas del 30 de agosto de 2007, se sostuvo en primer lugar la necesidad de restituir el bien a su estado original, independientemente de si se absolvía a los imputados por el delito investigado, ya que bastaba que se ubiese acreditado la existencia del delito en detrimento de los derechos de propiedad del titular. Adicionalmente se analizó el deber del Estado de restituir el bien inmueble a su estado natural ante un justo equilibrio ecológico, aún cuando no se haya planteado alguna acción civil resarcitoria, desarrollando textualmente lo siguiente: "El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003. En el último fallo se dispuso sobre el particular: "Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. [...]"

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Texto de la resolución

 

Resolución: 2023-0538  

Expediente: 12-001958-0472-Pe

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas treinta minutos del veinticuatro de abril veintitrés.-

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número  [Valor 001], nacido en Limón, el 8 de noviembre de 1951, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], divorciado, pensionado, vecino de Limón; [Nombre 004] mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 002], nacido en Alajuela, el 7 de diciembre de 1963, hijo de [Nombre 005] y [Nombre 006], soltero, agricultor, vecino de Limón; [Nombre 012] mayor, costarricense, cédula de identidad [Valor 003], nacido en Limón, el 21 de marzo de 1968, hijo de [Nombre 008] y [Nombre 009], casado, agricultor, vecino de Limón, por el delito de USURPACIÓN E INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de [Nombre 014]. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Francini Quesada Salas, Marianela Corrales Pampillo y el co-juez Gustavo Gillen Bermúdez. Se apersonó en esta sede el licenciado Rodolfo Price Chinchilla defensor particular, el licenciado José Ramírez Torres defensor público, el licenciado Randall Alban Aguirre Mena en representación de la Procuraduría General de la República y el licenciado Alan Elizondo Medina como querellante y.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 045-2023, de las ocho horas del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1 a 6, 9, 31, 33, 34, 140, 142, 182, 184, 265, 341 a 366 del Código Procesal Penal; artículo 1, 140, del Código Penal, SE RESUELVE: absolver de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001], [Nombre 004] Y [Nombre 012], de los delitos de Usurpación, Tala de Árboles y Cambio de Uso de Suelo, que se les venía atribuyendo como cometido en perjuicio de [Nombre 014], [Nombre 020] y la Ley Forestal. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, siendo los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se ordena levantar toda medida cautelar que pese sobre los imputado. Se ordena la restitución de las cosas a su estado anterior, en consecuencia se ordena el desalojo de los aquí imputados y el derribo de las obras, para lo cual se autoriza la ejecución por medio de las autoridades policiales que correspondan, de los actos necesarios para la destrucción de las edificaciones que se encuentren ubicados en la propiedad que representa el plano [Valor 004], terreno del partido de Limón, folio real matricula [Valor 005]. Por Lectura Notifíquese.- " (sic).

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento, licenciado Rodolfo Price Chinchilla y el licenciado José Ramírez Torres, interpusieron recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Quesada Salas ; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Admisibilidad por presentación dentro del plazo. La sentencia apelada es la número 045-2023, dictada a las 08:00 horas del 23 de enero de 2023, por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en la que se absolvió de toda pena y responsabilidad a los imputados [Nombre 001], [Nombre 004] y [Nombre 012], por los delitos de usurpación, tala ilegal de árboles y el cambio de uso de suelo. También se ordenó la restitución de las cosas a su estado anterior, ordenándose el desalojo de los imputados y el derribo de las obras. Mediante libelo presentado el 20 de febrero de 2023, el licenciado Rodolfo Price Chinchilla, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 012] y por medio de escrito presentado el 20 de febrero de 2023, el licenciado José Ramírez Torres, defensor público de [Nombre 001] y [Nombre 004], interpusieron recursos de apelación en contra de la sentencia ya citada. De la revisión de los recursos se evidenció que fueron interpuestos dentro de los 15 días hábiles después de la notificación de la sentencia, según lo dispone el artículo 459 del Código Procesal Penal, y  cumplen con los presupuestos de admisibilidad establecidos por los artículos 458 y 460 de dicho cuerpo normativo, lo cual permite su conocimiento en los términos del artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se admiten para su estudio y resolución de fondo.

II.Inadmisibilidad por falta de agravio, en cuanto cuanto al primer motivo del recurso del licenciado Price Chinchilla. El recurrente objetó que no se le absolvió por certeza, sino por duda, indicando que la absolutoria por duda generó que no pueda denunciar a los ofendidos por denuncia calumniosa, además de que en criterio del recurrente le afectó la posibilidad de iniciar procesos legales de usucapión mediante posesión agraria.  Que desde la propia descripción de los hechos en la acusación, no quedó claro la participación del sindicado, además, de la falta de prueba que acreditara de alguna forma que el encartado cometió el delito acusado de usurpación. Que en las denuncias no se mencionó con detalle actos concretos realizados por [Nombre 012]. Aunque se citó en este motivo lo improcedente de ordenar el desalojo, ese es propiamente el contenido del segundo motivo de apelación. Se reiteró que de la prueba en debate no se acreditó acción alguna que hubiese realizado el imputado del los eventos contenidos en la acusación. Se declara inadmisible. El motivo no cumple con los requisitos formales para su interposición, ante la falta de descripción del agravio causado a la parte quejosa, tal y como lo dispone el numeral 460 párrafo 2, del Código Procesal Penal el cual indica: “(…) La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su inconformidad, el agravio que le causa y su pretensión. En el mismo acto ofrecerá la prueba en respaldo de sus alegatos. (…)” (el resaltado es suplido) La impugnación, en el acápite de “agravio provocado”, indicó textualmente: “Al tomar en cuenta el tribunal acontecimientos no acusados para sustentar una sentencia absolutoria por duda, se causó un agravio directo a mi defendido, pues se le suprimió su derecho de ser beneficiado con una sentencia absolutoria por certeza, al haberse probado que nunca existió el núcleo de la imputación contenido en la acusación”. Esta Cámara considera que el recurrente no demostró que el imputado [Nombre 012] sufrirera algún perjuicio con el hecho de que se le haya absuelto por duda y no por certeza, ya que la absolutoria, no impide que los imputados puedan presentar los procesos legales que consideren oportunos, ni interponer una denuncia por el delito de denuncia calumniosa o el proceso agrario. El motivo debe de cumplir con una serie de requisitos formales a efectos de evaluar en una primera etapa su pertinencia. Si bien es cierto, el recurso fue fundamentado por el recurrente y se incluyó su pretensión de que se absuelva al imputado por tener certeza de su inocencia y que así sea dispuesto por esta instancia, no se logró verificar ni en el apartado de “agravio” a folio 27, del legajo de apelación, ni de la integralidad del recurso, cuál fue el agravio que arguyó el recurrente que sufrió por la decisión tomada por el tribunal de mérito. Es decir, el perjuicio que le generó haber sido absuelto aplicando el principio de indubio pro reo y no por certeza. En varias ocasiones, incluyendo el apartado titulado como “agravio”, se alegó que en la sentencia recurrida, al imputado se le absolvió por duda, lo que implicó que le afectaba poder interponer otros procesos penales y agrarios, lo que no es cierto, ya que no existe impedimento alguno para que [Nombre 012] pueda presentar los procesos que considere convenientes. Además, según consta en autos, [Nombre 012], a lo largo del proceso penal seguido en su contra, nunca sufrió medida cautelar de prisión preventiva u otra que coartara su libertad. Así, el artículo 271 del Código Procesal Penal, prevé este supuesto fáctico en el que a manera de ilustración sería admisible el recurso planteado por el imputado absuelto: “Deber de indemnización. El Estado deberá indemnizar a la persona que haya sido sometida, indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario público que actuó arbitrariamente o con culpa grave, en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. En este caso, el funcionario será solidariamente responsable con el Estado. También procederá la indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena demostración de inocencia”. Lo anterior cobra relevancia al ser ponderado de conformidad con las reglas de impugnabilidad objetiva ya que los numerales 439, 459 y 462 del Código Procesal Penal, establecen como una de las reglas generales, que podrá recurrir quien haya sufrido, o pueda sufrir, un agravio con la decisión emitida; debiendo entenderse “agravio” como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución le causa a un litigante (https://dpej.rae.es/lema/agravio). En caso de no existir agravio, la impugnación deviene en inadmisible. Es decir, para que tenga el derecho de interponer el recurso, debe de acreditar su legitimación, éste debe estar facultado para interponer algún medio impugnativo, debe tener algún interés en que se revise la resolución por impugnar. Este interés se adquiere por verse agraviado o perjudicado con la resolución, es decir, que se indique cuál fue la lesión que sufrió a sus derechos e intereses. La parte agraviada generalmente será la parte para la cual la resolución causará un efecto negativo, de manera que el agravio determina la legitimación para impugnar, sin perjuicio de que no haya interés para recurrir y por ende, no se requiere del recurso. En realidad, el impugnante se desgastó demostrando el vicio alegado, pero nunca llegó a determinar de qué forma en concreto, se le generó la afectación al encartado. Resulta claro que el sindicado fue absuelto, es decir, que penalmente fue liberado de toda pena y responsabilidad por los delitos que se le venían atribuyendo. Tanto del apartado denominado como “agravio” como del estudio integral del recurso, no se logró rescatar cuál fue el perjuicio que la sentencia le generó al sindicado. El artículo 439 del Código Procesal Penal, establece que sólo puede recurrir quien ha sufrido algún agravio y el deberá sustentarse en el reproche de los defectos que causan la afectación. Es evidente que si no existe un interés, tal cual lo aprecia la ley, la actividad impugnaticia del sujeto carecería de un motivo que justifique la utilidad procesal, es decir, debe de explicarse la ventaja para el recurrente desde el punto de vista procesal y en el presente caso ello no fue así. La Sala de Casación Penal ha establecido que en el recurso de apelación debe de explicarse claramente además del vicio alegado, el perjuicio que el mismo le causa a la parte impugnante. En la resolución 987 de las 11:44 horas, del 7 de agosto del 2020, se indicó literalmente: “Bajo este sistema recursivo, se reconoce el derecho de las partes de impugnar ante el Tribunal de Alzada, la sentencia de primera instancia que cause un agravio, así como también el derecho de recurrir en casación, las resoluciones del ad quem que generen un agravio, siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley. Es decir, el derecho de recurrir ante un tribunal superior se encuentra garantizado a través de la creación de mecanismos procesales que permiten a las partes impugnar ante un órgano superior aquellas resoluciones que generen agravio, siempre que sean observados los requisitos de admisibilidad que exige la ley.[...].” Como se ha explicado, el estado de inocencia que cobija a todo ciudadano, y en este caso al endilgado, tampoco sufrió demérito alguno. Así como en la resolución 816 del 30 de agosto del 2017, de la Sala de Casación Penal, dispuso: “Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, indicará cuál es el agravio y la pretensión. Deberá indicarse por separado cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”. Tomando como punto de partida estos parámetros legales, en primer lugar, se estima que la impugnación presentada si bien es cierto se sustenta en la supuesta inobservancia o errónea aplicación de una norma procesal, omite por completo la invocación del precepto legal que legitima su pretensión, a saber, el inciso b) del artículo 468 del Código Procesal Penal, y resulta insuficiente por la formalidad que reviste el recurso de casación la enunciación general de artículos sin hacer precisión concreta de la norma que autoriza la interposición del motivo. Sumado a ello, como parte de los requisitos esenciales en la formulación del recurso de casación, el legislador contempló la necesaria e ineludible obligación de exponer con claridad el agravio, entendido como la afectación directa a los derechos e intereses del sentenciado que viene aparejado al vicio que se reclama. En este sentido, conviene recordar la delimitación que ha hecho esta Sala respecto del concepto de agravio, a efectos de la interposición del recurso de casación, de la siguiente forma: “Nótese que el mandato de la norma, conforme a la forma verbal y la sintaxis empleados, contempla de forma imperativa la insoslayable individualización del daño que el actuar jurisdiccional ha provocado, por parte de quien reclama el vicio. No se trata de mencionar cualquier agravio, sino, con exactitud, de cuál se trata, es decir, cuál es la incidencia que el erróneo proceder de los operadores jurídicos ostenta sobre el dispositivo y la forma en que el resultado final pudo haber sido distinto de haber procedido correctamente”. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1638-2012 de las 09:33 horas del 02 de noviembre de 2012). En la presente impugnación la recurrente no alude a un agravio concreto, sino que reitera el vicio que pretende acreditar, bajo una argumentación circular, sin plantear puntualmente de qué manera el yerro que señala pudo haber perjudicado los intereses y derechos del sentenciado, y su incidencia concreta en la resolución final del asunto.(…)." Conforme a lo expuesto, queda claro que el encartado se encuentra inconforme porque la absolutoria dictada a su favor fue ante la aplicación del in dubio pro reo y no por certeza; sin embargo, la finalidad obtenida fue la misma, y las consecuencias penales del resultado también, habiéndose liberado de toda pena y responsabilidad a [Nombre 012]. Con base en lo anterior, no encuentra esta instancia el perjuicio causado al sindicado por medio de la sentencia impugnada, presupuesto necesario para proceder al conocimiento del presente recurso de apelación. De forma que el recurso resulta inatendible.

II. Recurso presentado por el licenciado Price Chinchilla. Segundo motivo. Inconformidad con la determinación de la orden de restituir el bien a su estado original. Se reclamó que se violentó el derecho de defensa y el debido proceso, que el tribunal de juicio ordenó la restitución de la cosa al estado original, lo que se alegó no fue objeto del proceso. Se afirmó que según la valoración que realizó el órgano decisor, [Nombre 012] no se introdujo en la propiedad del ofendido de manera clandestina, ni con fuerza. Aseguró que se poseyó en forma pública, pacífica y permanente, y será en la vía agraria, mediante un interdicto de amparo de posesión agraria, donde se procederá a determinar la posesión agraria del terreno. Por lo que, ordenar el desalojo, se tildó de una acción desarcertada, infringiendo las reglas de competencia material ya que se alegó que no le correspondía al juez penal determinar si la invasión resulta una posesión agraria. El numeral 140 del Código Procesal Penal que dispone la acción de restablecimiento de las cosas a su estado original, en su criterio, es una medida provisional y no en forma definitiva como lo dispuso el tribunal de juicio. Alegó que se violaron los derechos de posesión del sindicado y el ciclo agrario de la posesión agraria, puesto que de mantenerse la medida de restitución adoptada, se estaría interrumpiendo la posesión, cercenando con ello el derecho a acudir a la vía judicial agraria. Insistió que el endilgado no estafa usurpando sino poseyendo. Rechazó que el acriminado hubiese invadido el terreno en discusión, se reclamó que la medida de restitución de la cosa, le causó un agravio al acusado, interrunpiéndole su derecho de posesión. Solicita se declare la ineficacia de la sentencia en cuanto a la disposición de restitución de la cosa a su estado original. Recurso presentado por el defensor público José Ramírez Torres. Único motivo. Sentencia contradictoria y falta de competencia en razón de la materia. Se explicó que pese a haberse absuelto a los imputados [Nombre 001] y [Nombre 004], por el delito de usurpación, el fallo dispuso en el considerando IV titulado "sobre la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior", el desalojo de los endilgados del lugar y la demolición de las construcciones que hayan en la finca, así como eliminar los cultivos que se encuentran en el lugar y cuya permanencia impide la restitución de la finca, a su estado original de bosque, para lo que se requiere eliminar toda intervención humana. Objetó que el juez se extralimitó en sus funciones arrogándose atribuciones que no le correspondían, que además en su criterio no tenía competencia. Explicó que el numeral 140 del Código Procesal Penal es una medida provisional y no definitiva. Discutió la violación al derecho de posesión regulado a partir del artículo 277 del Código Civil, siendo que el mismo puede adquirirse por usucapión después de 10 años de conservar el bien en forma tranquila y pacífica. Se fustiga que la finca tiene todas las condiciones de un fundo agrario, conforme lo conformaron los testigos en debate, quienes declararon que antes de que se diera el ingreso de los sindicados al predio, este había sido invadido por otras personas, lo que generó la interposición de varios interdictos agrarios. Se objetó que los endilgados habían poseído en forma pacífica, ya que en ningún momento se había constatado que hubieran ejercido actos de violencia en contra de los ofendidos. Insistió, que los encartados han realizado actos públicos de posesión, siendo la calidad la que esperan discutir en los tribunales agrarios, ya que han ejercido actos pacíficos de posesión por 8 años, propiamente desde 2014, cuestionándose que durante todo ese tiempo no se había ordenado el desalojo. Alegó que el asunto en el despacho agrario, todavía no se encuentra resuelto, mas al ordenar el desalojo afecto del derecho de posesión que en forma pacifica han venido ejerciendo. Indicó que existen los expedientes ordinarios agrarios 19-000090-0465 AG y 19-000096-465-AG interpuestos por [Nombre 004] y [Nombre 001], siendo que de este último, el juicio se encuentra señalado el 25 de abril de 2024, mediante los cuales se pretende consolidar el derecho de posesión de los señores [Nombre 004] y [Nombre 001]. Se solicita se declare la ineficacia de la disposición de restitución de la cosa a su estado original, ordenada por el tribunal de juicio en sentencia. Contestación de la Procuraduría General de la República. A folio 54 del expediente consta la reposición del plazo de cinco días que realizó este instancia, así como el envío del contenido de ambos recursos, sin que se haya realizado algún pronunciamiento. Contestación del licenciado Alan Elizondo Medina, apoderado especial judicial de [Nombre 014] y [Nombre 020]. Solicita se rechacen ambos recurso de apelación. 1. Reclama la Inadmisibilidad de los recursos de apelación. La restitución de las cosas a su estado original fue establecida en función del carácter de irreductibilidad del bosque, principio consagrado en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política. Se indicó que no es posible ponderar un supuesto e inexistente derecho de posesión amparado en actividades declaradas ilícitas por haberse así demostrado en el contradictorio. Alegó que reconocer la tesis de la defensa, supone reconocer un "derecho" derivado del ejercicio de una actividad ilegítima amparada en la lesión del ecosistema protegido. El fundo en el que desarrollaron las conductas se encontraba protegido desde hace muchos años atrás bajo el régimen especial de conservación del bosque, según los lineamientos dispuestos por el MINAET. Se añadió que el régimen especial de protección y conservación del bosque (pago por servicios de protección ambiental) al que se encontraba sometido el inmueble [Valor 005], resguarda el mantenimiento del entorno natural y; por otro, refuerza el dominio en los términos del artículos 264 del Código Civil que los ofendidos han ejercido sobre dicho inmueble. 2. Oposición a los alegatos planteados en el recurso. Considera que la restitución del bosque, es una manera indirecta de resguardar el dominio del fundo a favor de sus legítimos propietarios. Dicha obligación no es una consecuencia directa de las actividades de usurpación que se han desarrollado en el fundo, sino que es una repercusión de los daños medio ambientales ocasionados. Aseguró que era una obligación de orden constitucional de la persona juzgadora restituir la cosa a su estado original, según el artículo 50 constitucional. Aseguró que los daños ambientales fueron acreditados en el juicio, lo que generó que se ordenara la restitución del bien a su estado anterior conforme al artículo 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, artículos 2, 6, 10 c, 19 y 38 f de la Ley Forestal parágrafo 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente y los numerales 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, disposiciones que considera restan discrecionalidad al juzgador en su aplicación, que resulta de acatamiento obligatorio. Explicó que jurisprudencialmente, el Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón en la resolución 686-2020, dispuso que la restitución del bien no debe ser vista como una especie de indemnización en favor del ofendido, sino como una reacción estatal por la reparación del daño causado. El Tribunal de Casación Penal en la resolución número 396-2003, señaló que la restitución debe originarse del daño ambiental demostrado en el contradictorio. Solicitó se rechacen los recursos planteados. Contestación del Ministerio Público. Esta cámara, procedió a emplazar al Ministerio Público, en cuanto a la interposición del recurso de apelación planteado por la defensa de los imputados, conforme se verificó a folio 15, sin que se haya presentado algún pronunciamiento.

III. Por tratarse del mismo tema, se procederá a resolver los motivos en forma conjunta. El motivo no puede prosperar. Una vez verificabas las argumentaciones del tribunal de juicio se tiene que en el considerando IV. titulado sobre la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior", indicó esencialmente lo siguiente: 1) No quedó duda sobre que las parcelas que estuvieron ocupando los acusados, se encuentran dentro de la propiedad de los ofendidos [Nombre 014] y su esposa [Nombre 020], ya que así lo constataron todos los testigos recibidos en el debate. 2) A los imputados se les absolvió por la comisión de 3 delitos, ya que no se demostró con certeza en qué momento ingresaron a ocupar dicha finca, lo que generó que no se pudo corroborar los elementos propios de la tipicidad de la usurpación, como lo es la clandestinidad, la violencia, además de que no se pudo demostrar que los acusados ejecutaran los verbos o las acciones que concretamente les fueron imputadas, como haber construido un rancho, haber talado árboles o haber cultivado productos que no son propios del bosque protegido que en su momento hubo en esa propiedad. 3) Se determinó que las parcelas que ocupaban los acusados están dentro de la propiedad matrícula [Valor 005], con el plano catastrado [Valor 008], por lo que en resguardo de la propiedad privada, la cual es inviolable por imperativo constitucional, se ordenó el desalojo de dicha propiedad, además de restaurar o regresar la finca a su estado previo a la invasión, lo cual es, constituido como bosque. Se especificó que el ofendido recibía pago por servicios ambientales, por la conservación del bosque, lo que fue acreditado incluso, por el testigo [Nombre 024] quien declaró a folio 6 vuelto del legajo de apelación, quien manifestó que ayudó a colocar rótulos en los árboles que indicaban que era bosque y que dicho terreno estaba protegido, aspecto que también lo refirió el oficial Gerardo Dover Cortés (declaración a folio 9 del legajo de apelación), quien manifestó que conocía que la propiedad era de los ofendidos desde hacía 25 años, y que las invasiones se dieron después de que la finca estuvo afectada con el régimen de protección y pago por servicios ambientales. Señaló, que también el testigo Carlos Varela Jiménez, quien trabajaba para el MINAE cuando se efectuaron inspecciones junto con el Tribunal Ambiental, explicó que se le dio un cambio al uso del suelo, que es cuando se realizó la corta de bosques para dedicarlos a otro uso que no son bosque, como fue introducir especies agrícolas como cítricos que se encontraron en el lugar, por lo que, se afectó el uso del suelo destinado inicialmente a bosque protegido  a parcelas con cultivos, generando el daño ambiental del cambio de uso de suelo explicado por Carlos Varela, quien también explicó lo difícil que es recuperar el estado original de bosque, ya que se tardará mas de 30 años. 4) Se explicó en el fallo que ello se ordenó conforme lo dispone el numeral 140 del Código Procesal Penal, así como el artículo 36 de la Ley Forestal que textualmente establece: "Las autoridades de policía deberán desalojar a quienes invadan inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, a solicitud del titular del inmueble o su representante y, previa prueba del sometimiento voluntario del inmueble al régimen forestal", por lo que la medida ordenada resulta imperante en aras de la restitución y equilibrio del ambiente. 5) Se aseveró que jurisprudencialmente se ha establecido la necesidad en casos como el que nos ocupa, de procurar la restauración en aras de no quebrantar el principio pro natura que se deriva del mandado constitucional del Estado de procurar un ambiente sano y equilibrado, de manera que ante la constatación de cualquier daño ambiental, deba en sentencia y aún de oficio el tribunal, ordenar la reversión de sus efectos, aún a pesar de que penalmente se absuelva por el motivo que sea. Se citó la resolución número 227-2008 del Tribunal de Casación Penal de San José, quien indicó que ordenar la restitución de la cosa, es una exigencia que se deriva de un efecto legal necesario del fallo, ya que se debe restituir la posesión del inmueble. 6) Se sostuvo que aunque en este caso no haya existido acción civil resarcitoria, el querellante solicitó el derribo, además sería absurdo no ordenar el derribo de dichas estructuras teniéndose por demostrado que las mismas se encuentran en un territorio que pertenece exclusivamente a los ofendidos y que además, previo a su invasión se encontraba protegido por el régimen forestal, al punto de recibir un cannon por servicios ambientales, dada la protección del bosque. Del anterior resumen de los argumentos esgrimidos en el fallo, considera esta cámara que llevó razón el tribunal de juicio no solo con ordenar las restitución del bien inmueble a su estado original, sino con base en las argumentaciones desarrolladas en la resolución impugnada. Debe tenerse claro que la norma estipulada en el artículo 140 del Código Procesal Penal, es una norma con efectos definitivos que pretende retornar el equilibro de las cosas, ante la restitución del bien a su estado original. Al ser dictada en sentencia, se pretende con ello que sus efectos sean de aplicación inmediata, y jamás podrían ser considerados como de carácter provisional, ya que por medio de sentencia es que se resolvió en definitiva el conflicto penal. Aunque en este caso se acreditó la existencia del delito y del daño en la propiedad de las víctimas, no se pudo corroborar el autor de los mismos, de forma que, aún cuando se haya absuelto a los encartados, el ofendido tenía derecho a que se ordenara la restitución de la cosa. El régimen de propiedad sobre bienes inmuebles tiene una serie de restricciones que devienen, justamente, de la regulación que ha hecho la Constitución Política, en su artículo 50, del Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En tutela de ese Derecho Fundamental, el Estado costarricense ha impuesto restricciones al derecho de propiedad, así como a algunos de aquellos derechos derivados o relacionados con el mismo, como lo son los artículos 50 de la Constitución Política, y de los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal. Con distinta intensidad, pero también derivadas del derecho fundamental que tutela el artículo 50 de la Ley Fundamental de la República de Costa Rica, se pueden tener como otro ejemplo las limitaciones que se imponen al régimen de la propiedad privada en terrenos con cobertura boscosa, para el cual son bien conocidas, entre otras: (1) las prohibiciones para el cambio en el uso de suelos, (2) la obligatoria solicitud y concesión de permisos para cortar el bosque, y la restricción de esa acción mediante criterios de proporcionalidad, (3) la necesaria conformación de planes de manejo, de obligatoria aprobación previa por la Administración Forestal del Estado, si lo que se pretende un particular es aprovechar un bosque ubicado en una propiedad inmueble (artículo 19 de la Ley Forestal). Con fundamento en esas mismas consideraciones, no puede ningún tercero alegar un derecho legítimo para impedir u obstaculizar que dichas áreas sean restauradas, en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad. Así las cosas, aunque en el presente asunto no se pudo determinar quién fue el infractor, ello no es óbice para ordenar la restitución del bien a su estado original y partiendo del deber que tiene el Estado costarricense de dar tutela efectiva del Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente equilibrado, tal restauración en la zona afectada resulta procedente. El Tribunal de Casación Penal abordó desde larga data este tema sin que en la actualidad haya existido un cambio de criterio. En la resolución número 964-2007 de las 10:00 horas del 30 de agosto de 2007, se sostuvo en primer lugar la necesidad de restituir el bien a su estado original, independientemente de si se absolvía a los imputados por el delito investigado, ya que bastaba que se ubiese acreditado la existencia del delito en detrimento de los derechos de propiedad del titular. Adicionalmente se analizó el deber del Estado de restituir el bien inmueble a su estado natural ante un justo equilibrio ecológico, aún cuando no se haya planteado alguna acción civil resarcitoria, desarrollando textualmente lo siguiente: "El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003. En el último fallo se dispuso sobre el particular: "Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).  El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primeros párrafos establece que: "Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este."; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo, esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito. Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto." (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto número 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en  Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado. Tratándose de un delito de Infracción a la Ley de Uso y Conservación de Suelos (No. 7779 de 309 abril de 1998) el artículo 52 de dicha ley establece que: "Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente.", de donde se deriva una regulación específica que obliga al infractor a indemnizar los daños y perjuicios o a reparar los daños causados. Desde la perspectiva procesal, el artículo 140 y 466 del Código Procesal Penal obligan al Juez a disponer la restitución de las cosas al estado anterior al delito, lo cual omite el fallo recurrido como bien lo apunta la Procuraduría en su gestión, por lo que establecido en la sentencia la autoría del hecho por parte del imputado y la lesión al medio ambiente por la apertura de un camino en el bosque hasta el río, es procedente ordenar la restitución del área afectada al estado anterior al hecho, a fin de que el infractor no derive provecho de la ilicitud realizada y se logre restaurar el medio ambiente alterado con su acción en pro de la tutela de los intereses de la colectividad. En sentido similar ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "En cuanto a la condición impuesta en sí, esta corte de casación la encuentra racional y proporcionada a los hechos generadores de la condena penal. Obsérvese que el precepto número 28 de la Constitución Política establece la imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en algunos años se alcanzará. Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques consagrada en los artículos 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) el bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al Estado mayor agresividad en la recuperación y conservación del bosque. Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la promoción de actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible por esas vías (principio de irreductibilidad del bosque). De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por el juzgador.  Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma el valor normativo de la Constitución Política, que en sus artículos 50 y 74 garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Amén de lo anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la disposición legislativa adoptada en numeral 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…" (Sentencia 2003-0366, de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 con redacción del Juez Dall'anese Ruiz. Este criterio fue reiterado en sentencia 2003-396) ...  Referido al caso que nos ocupa, la sentencia no contempló la restitución de las cosas al estado anterior como ordena la normativa citada, no obstante, por provenir el fallo de un procedimiento abreviado y por ser la restitución una consecuencia directa de la comisión del delito y no requerir acción civil, lo propio es acoger el recurso de casación planteado y resolver en esta sede disponiendo la restitución del área de bosque afectada a su estado anterior a los hechos. (...)  por lo que la restitución en este caso debe orientarse hacia la conservación del área de  bosque y en atención a ello se dispone el cierre del camino y se prohíbe el uso en cualquiera de las formas posibles y se ordena la restitución del bosque mediante la siembra de especies propias para tal fin, cuyo cumplimiento podrá vigilarse por las autoridades administrativas o de ejecución". En el caso en estudio quedó demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal. En esta causa se acreditó la existencia del injusto, pues la acción de ordenar las construcciones, cuyo derribo ahora se acuerda, resultaban violatorias de la Ley Forestal. Además, no había una norma que autorizara dichas acciones, con lo cual la acción también resultaba antijurídica. De tal forma que era obligación del juzgador ordenar el derribo o destrucción de la serie de obras que se mencionan en el fallo, pues estas fueron construidas en un área de protección. Consecuentemente, no es atendible el reproche formulado.” Criterio que ha sido reiterado por este tribunal, como se desprende de la resolución número 686-2020 del 21 de julio de 2020, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón y la resolución número 291-2015, del 15 de mayo de 2015 del Tribunal de Apelación de SentenciaPenal del II Circuito Judicial de San José. Ello implica que, cuando se acereditó la invasión del terreno, y la afectación de los derechos del propietario del bien inmueble, se ordenara la restitución del bien inmueble, independientemente de que se absuelva a los encartados, ya que basta la existencia de un hecho punible para que proceda la medida cuestionada. En este caso en particular, no podrían los imputados alegar que se les coartó un derecho que no han adquirido, que no ha sido declarado y mucho menos, alegar que su ocupación en el bien inmueble ha sido pacífica cuando desde la interposición de la denuncia penal, en el año 2014, ya el bien inmueble se volvió litigioso y a partir de ese momento, su ocupación no podría ser considerada como pacífica ni de buena fe. Con base en lo anterior, se rechaza el vicio alegado y se confirma la sentencia venida en alzada.

POR TANTO 

Se declara inadmisible el primer motivo y sin lugar el segundo motivo del recurso presentado por el defensor particular Rodolfo Price Chinchilla en representación de [Nombre 012] y el recurso de apelación interpuesto por el defensor público José Ramírez Torres, en representación de los encartados [Nombre 001] y [Nombre 004]. Notifíquese

 

 

Francini Quesada Salas

 

Marianela Corrales Pampillo                                   Gustavo Gillen Bermúdez

 

Juez y Juezas de Apelación de Sentencia Penal

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-02-2026 12:31:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESULTANDO:

I.- That by judgment number 045-2023, issued at eight o'clock on the twenty-third of January two thousand twenty-three, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1 to 6, 9, 31, 33, 34, 140, 142, 182, 184, 265, 341 to 366 of the Code of Criminal Procedure; article 1, 140, of the Criminal Code, IT IS RESOLVED: to acquit [Nombre 001], [Nombre 004] AND [Nombre 012] of all penalty and liability, for the crimes of Usurpation, Tree Felling and Land-Use Change (Cambio de Uso de Suelo), which were attributed to them as committed to the detriment of [Nombre 014], [Nombre 020] and the Forestry Law (Ley Forestal). It is resolved without special condemnation in costs, with the expenses of the criminal proceedings borne by the State. It is ordered to lift any precautionary measure weighing upon the accused. The restoration of things to their prior state is ordered, consequently, the eviction of the accused herein and the demolition of the works are ordered, for which purpose execution is authorized through the corresponding police authorities, of the acts necessary for the destruction of the buildings located on the property represented by plan [Valor 004], land of the district of Limón, real estate folio registration [Valor 005]. By Reading Notify.- " (sic).

II.- That against the preceding pronouncement, attorney Rodolfo Price Chinchilla and attorney José Ramírez Torres, filed an appeal.

III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the appeal.

IV.- That in the proceedings the pertinent legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge of Criminal Sentence Appeal Quesada Salas; and,

CONSIDERANDO:

I.- Admissibility due to filing within the time limit. The appealed judgment is number 045-2023, issued at 08:00 hours on January 23, 2023, by the Criminal Trial Court of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone, in which the accused [Nombre 001], [Nombre 004] and [Nombre 012] were acquitted of all penalty and liability, for the crimes of usurpation, illegal tree felling and land-use change (cambio de uso de suelo). The restoration of things to their prior state was also ordered, ordering the eviction of the accused and the demolition of the works. By means of a brief filed on February 20, 2023, attorney Rodolfo Price Chinchilla, in his capacity as private defender of the accused [Nombre 012] and through a writing filed on February 20, 2023, attorney José Ramírez Torres, public defender of [Nombre 001] and [Nombre 004], filed appeals against the aforementioned judgment. From the review of the appeals, it was evident that they were filed within the 15 business days following notification of the judgment, as provided by article 459 of the Code of Criminal Procedure, and they comply with the admissibility requirements established by articles 458 and 460 of said normative body, which allows their cognizance under the terms of article 8.2 h of the American Convention on Human Rights, therefore they are admitted for study and resolution on the merits.

II.Inadmissibility due to lack of grievance, regarding the first ground of the appeal of attorney Price Chinchilla. The appellant objected that he was not acquitted due to certainty, but due to doubt, indicating that the acquittal based on doubt meant that he cannot denounce the offended parties for slanderous denunciation, in addition to the fact that, in the appellant's opinion, it affected the possibility of initiating legal processes of acquisitive prescription through agrarian possession. That from the very description of the facts in the accusation, the participation of the accused was not clear, in addition to the lack of evidence that would somehow prove that the defendant committed the accused crime of usurpation. That in the complaints, specific acts carried out by [Nombre 012] were not mentioned in detail. Although the inadmissibility of ordering the eviction was cited in this ground, that is properly the content of the second ground of appeal. It was reiterated that from the evidence at trial, no action whatsoever that the accused might have carried out from the events contained in the accusation was proven. It is declared inadmissible. The ground does not meet the formal requirements for its filing, given the lack of description of the grievance caused to the complaining party, as provided in numeral 460 paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure which states: "(…) The appellant must express the grounds for their disagreement, the grievance it causes them and their claim. In the same act they shall offer evidence in support of their allegations. (…)" (the highlighting is supplied). The challenge, in the section "grievance caused", stated textually: "By taking into account events not charged in order to support an acquittal on grounds of doubt, a direct grievance was caused to my client, as his right to benefit from an acquittal on grounds of certainty was suppressed, having proven that the core of the imputation contained in the accusation never existed". This Chamber considers that the appellant did not demonstrate that the accused [Nombre 012] suffered any injury from the fact that he was acquitted due to doubt and not due to certainty, since the acquittal does not prevent the accused from filing whatever legal processes they deem appropriate, nor from filing a complaint for the crime of slanderous denunciation or the agrarian proceeding. The ground must comply with a series of formal requirements in order to evaluate its pertinence at a first stage. While it is true that the appeal was grounded by the appellant and included his claim that the accused be acquitted for having certainty of his innocence and that it be so ordered by this instance, it was not possible to verify, neither in the "grievance" section at folio 27 of the appeal file, nor in the entirety of the appeal, what the grievance was that the appellant argued he suffered due to the decision made by the trial court. That is, the injury that being acquitted by applying the principle of in dubio pro reo and not by certainty caused him. On several occasions, including the section titled "grievance", it was alleged that in the appealed judgment, the accused was acquitted due to doubt, which implied that it affected his ability to file other criminal and agrarian proceedings, which is not true, since there is no impediment whatsoever for [Nombre 012] to file the proceedings he considers convenient. Furthermore, according to the case record, [Nombre 012], throughout the criminal proceedings brought against him, never suffered a precautionary measure of pretrial detention or any other that restricted his freedom. Thus, article 271 of the Code of Criminal Procedure provides for this factual scenario in which, by way of illustration, the appeal filed by the acquitted accused would be admissible: "Duty of indemnification. The State must indemnify a person who has been unduly subjected to a precautionary measure by a public official who acted arbitrarily or with gross negligence, in the terms of article 199 of the General Law of Public Administration. In this case, the official shall be jointly and severally liable with the State. Indemnification shall also proceed, only at the expense of the State, when a person has been subjected to pretrial detention and is later dismissed or acquitted, with full demonstration of innocence". The foregoing takes on relevance when weighed in accordance with the rules of objective challengeability since numerals 439, 459 and 462 of the Code of Criminal Procedure establish as one of the general rules that anyone who has suffered, or may suffer, a grievance from the issued decision may appeal; "grievance" being understood as the injury or burden, material or moral, that a resolution causes a litigant (https://dpej.rae.es/lema/agravio). In the absence of a grievance, the challenge becomes inadmissible. That is, in order to have the right to file the appeal, they must prove their standing, they must be empowered to file some means of challenge, they must have some interest in having the resolution reviewed that is being challenged. This interest is acquired by being aggrieved or injured by the resolution, that is, by indicating what the harm was that they suffered to their rights and interests. The aggrieved party will generally be the party for whom the resolution will cause a negative effect, so that the grievance determines standing to challenge, without prejudice to there being no interest in appealing and therefore, the appeal is not required. In reality, the challenger wore himself out demonstrating the alleged defect, but never came to determine in what specific way the effect on the accused was generated. It is clear that the accused was acquitted, that is, that criminally he was freed from all penalty and responsibility for the crimes attributed to him. Both from the section called "grievance" and from the integral study of the appeal, it was not possible to identify what the injury was that the judgment caused the accused. Article 439 of the Code of Criminal Procedure establishes that only one who has suffered some grievance may appeal and it must be supported by reproach of the defects that cause the effect. It is evident that if there is no interest, as the law requires, the challenge activity of the subject would lack a reason that justifies procedural utility, that is, the advantage for the appellant from a procedural point of view must be explained and in the present case this was not so. The Criminal Cassation Chamber has established that in the appeal, in addition to the alleged defect, the injury that it causes the challenging party must be clearly explained. In resolution 987 at 11:44 hours, on August 7, 2020, it stated literally: "Under this system of remedies, the right of the parties to challenge the first-instance judgment that causes a grievance before the Court of Appeals is recognized, as well as the right to file a cassation appeal against the resolutions of the ad quem that generate a grievance, provided that the admissibility requirements established by law are met. That is, the right to appeal before a higher court is guaranteed through the creation of procedural mechanisms that allow the parties to challenge before a superior body those resolutions that generate grievance, provided that the admissibility requirements required by law are observed.[...]." As has been explained, the state of innocence that covers every citizen, and in this case the accused, also suffered no demerit whatsoever. Just as in resolution 816 of August 30, 2017, of the Criminal Cassation Chamber, it provided: "It must be duly founded and shall cite, with clarity, the legal provisions considered unobserved or erroneously applied, or else, the mention and content of the precedents considered contradictory; in any case, it shall indicate the grievance and the claim. Each ground must be indicated separately with its basis. Outside of this opportunity no other ground may be adduced". Taking these legal parameters as a starting point, in the first place, it is deemed that while the challenge presented does rely on the supposed non-observance or erroneous application of a procedural norm, it completely omits invocation of the legal precept that legitimizes its claim, namely, subsection b) of article 468 of the Code of Criminal Procedure, and the general enunciation of articles without making concrete specification of the norm that authorizes the filing of the ground is insufficient due to the formality that characterizes the cassation appeal. Added to this, as part of the essential requirements in formulating the cassation appeal, the legislator contemplated the necessary and unavoidable obligation to clearly set forth the grievance, understood as the direct effect on the rights and interests of the sentenced person that is linked to the defect being claimed. In this regard, it is worth recalling the delimitation that this Chamber has made regarding the concept of grievance, for purposes of filing the cassation appeal, as follows: "Note that the mandate of the norm, according to the verbal form and syntax used, imperatively contemplates the unavoidable individualization of the harm that the jurisdictional action has caused, by the one claiming the defect. It is not a matter of mentioning any grievance, but, with exactness, which one it is, that is, what the incidence of the erroneous proceeding of the legal operators has on the decision and how the final result could have been different had they proceeded correctly". (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution number 1638-2012 at 09:33 hours on November 2, 2012). In the present challenge the appellant does not allude to a concrete grievance, but rather reiterates the defect he seeks to prove, under circular argumentation, without specifically raising how the error he indicates could have injured the interests and rights of the sentenced person, and its concrete impact on the final resolution of the matter.(…)." Pursuant to the foregoing, it is clear that the defendant is dissatisfied because the acquittal issued in his favor was upon application of in dubio pro reo and not by certainty; however, the outcome obtained was the same, and the criminal consequences of the result also, [Nombre 012] having been freed from all penalty and liability. Based on the above, this instance does not find the injury caused to the accused by means of the appealed judgment, a necessary prerequisite to proceed with the cognizance of this appeal. Thus, the appeal is unavailing.

II. Appeal filed by attorney Price Chinchilla. Second ground. Disagreement with the determination of the order to restore the property to its original state. It was claimed that the right of defense and due process were violated, that the trial court ordered the restoration of the thing to its original state, which was alleged was not the object of the proceeding. It was asserted that according to the assessment made by the deciding body, [Nombre 012] did not enter the offended party's property clandestinely or with force. He assured that possession was exercised publicly, peacefully and permanently, and it will be in the agrarian courts, through an agrarian possessory interdict, where the agrarian possession of the land will be determined. Therefore, ordering the eviction was branded as a misguided action, infringing the rules of subject-matter jurisdiction since it was alleged that it was not for the criminal judge to determine whether the invasion constitutes agrarian possession. Numeral 140 of the Code of Criminal Procedure which provides for the action of restoring things to their original state, in his opinion, is a provisional measure and not in definitive form as ordered by the trial court. He alleged that the accused's rights of possession and the agrarian cycle of agrarian possession were violated, since if the adopted restoration measure is maintained, possession would be interrupted, thereby curtailing the right to resort to the agrarian judicial system. He insisted that the accused was not usurping but possessing. He rejected that the accused had invaded the land in dispute, it was claimed that the measure of restoration of the thing caused a grievance to the accused, interrupting his right of possession. He requests that the judgment be declared ineffective regarding the provision for restoration of the thing to its original state. Appeal filed by public defender José Ramírez Torres. Single ground. Contradictory judgment and lack of subject-matter jurisdiction. It was explained that despite the accused [Nombre 001] and [Nombre 004] having been acquitted of the crime of usurpation, the ruling ordered in considerando IV titled "on the request for restoration of things to their prior state", the eviction of the accused from the place and the demolition of constructions existing on the farm (finca), as well as eliminating the crops found in the place and whose permanence prevents the restoration of the farm to its original state of forest, for which it is necessary to eliminate all human intervention. He objected that the judge overstepped his functions by arrogating attributions that did not correspond to him, which furthermore, in his opinion, he lacked jurisdiction. He explained that numeral 140 of the Code of Criminal Procedure is a provisional measure and not a definitive one. He discussed the violation of the right of possession regulated from article 277 of the Civil Code, given that it can be acquired by usucapion after 10 years of conserving the property quietly and peacefully. It is censured that the farm has all the conditions of an agrarian estate (fundo agrario), as confirmed by the witnesses at trial, who declared that before the accused entered the property, it had been invaded by other persons, which led to the filing of several agrarian interdicts. It was objected that the accused had possessed peacefully, since it had never been verified that they had exercised acts of violence against the offended parties. He insisted that the defendants have carried out public acts of possession, the quality of which they hope to discuss in the agrarian courts, since they have exercised peaceful acts of possession for 8 years, specifically since 2014, questioning that during all that time the eviction had not been ordered. He alleged that the matter in the agrarian court is still not resolved, yet ordering the eviction affects the right of possession that they have been peacefully exercising. He indicated that ordinary agrarian case files 19-000090-0465 AG and 19-000096-465-AG exist, filed by [Nombre 004] and [Nombre 001], the latter having its trial set for April 25, 2024, through which it is sought to consolidate the right of possession of Messrs. [Nombre 004] and [Nombre 001]. It is requested that the provision for restoration of the thing to its original state, ordered by the trial court in the judgment, be declared ineffective. Response of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República). At folio 54 of the case file, the reinstatement of the five-day period carried out by this instance is recorded, as well as the sending of the content of both appeals, without any pronouncement having been made. Response of attorney Alan Elizondo Medina, special judicial attorney-in-fact for [Nombre 014] and [Nombre 020]. He requests that both appeals be rejected. 1. Claims the Inadmissibility of the appeals. The restoration of things to their original state was established based on the characteristic of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, a principle enshrined in articles 50 and 74 of the Political Constitution. It was indicated that it is not possible to weigh a supposed and non-existent right of possession based on activities declared illicit, as was demonstrated in the adversarial hearing. He alleged that recognizing the defense's thesis would mean recognizing a "right" derived from the exercise of an illegitimate activity based on the harm to the protected ecosystem. The rural property (fundo) on which the conducts were carried out had been protected for many years under the special forest conservation regime, according to the guidelines issued by MINAET. It was added that the special forest protection and conservation regime (payment for environmental protection services) to which the property [Valor 005] was subject, safeguards the maintenance of the natural environment and, on the other hand, reinforces the ownership under the terms of article 264 of the Civil Code that the offended parties have exercised over said property. 2. Opposition to the arguments raised in the appeal. He considers that the restoration of the forest is an indirect way of safeguarding the ownership of the rural property in favor of its legitimate owners. Said obligation is not a direct consequence of the usurpation activities that have been carried out on the rural property, but rather a repercussion of the environmental damages caused. He assured that it was a constitutional obligation of the judging person to restore the thing to its original state, according to article 50 of the Constitution. He assured that the environmental damages were accredited at trial, which led to ordering the restoration of the property to its prior state pursuant to article 52 of the Law of Use, Management and Soil Conservation, articles 2, 6, 10 c, 19 and 38 f of the Forestry Law (Ley Forestal) paragraph 53, 54 and 55 of the Organic Environmental Law and numerals 53 and 54 of the Biodiversity Law, provisions that he considers remove discretion from the judge in their application, which results from mandatory compliance. He explained that jurisprudentially, the Sentence Appeals Court of San Ramón in resolution 686-2020, ruled that the restitution of the property should not be seen as a kind of indemnification in favor of the offended party, but as a state reaction for the repair of the damage caused. The Criminal Cassation Chamber in resolution number 396-2003, indicated that the restitution must originate from the environmental damage proven in the adversarial hearing. He requested that the appeals filed be rejected. Response of the Public Ministry (Ministerio Público). This chamber proceeded to summon the Public Ministry regarding the filing of the appeal by the defense of the accused, as verified at folio 15, without any pronouncement having been made.

III. As the subject matter is the same, the grounds shall be resolved jointly. The ground cannot prosper. Having verified the arguments of the trial court, it is found that in considerando IV, titled "on the request for restoration of things to their prior state", it essentially indicated the following: 1) There was no doubt that the parcels the accused were occupying are within the property of the offended parties [Nombre 014] and his wife [Nombre 020], as confirmed by all the witnesses heard at trial. 2) The accused were acquitted of committing 3 crimes, because it was not proven with certainty at what moment they entered to occupy said farm, which meant that the typical elements of the crime of usurpation could not be corroborated, such as clandestinity, violence, besides the fact that it could not be proven that the accused carried out the verbs or actions specifically attributed to them, such as having built a hut, having felled trees or having cultivated products that are not typical of the protected forest that at one time existed on that property. 3) It was determined that the parcels occupied by the accused are within the property registration [Valor 005], with cadastral plan [Valor 008], therefore, in protection of private property, which is inviolable by constitutional imperative, the eviction from said property was ordered, as well as restoring or returning the farm to its state prior to the invasion, which is, constituted as forest. It was specified that the offended party received payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales, PSA), for forest conservation, which was accredited even by witness [Nombre 024] who declared at folio 6 verso of the appeal file, who stated that he helped place signs on the trees indicating that it was forest and that said land was protected, an aspect also mentioned by officer Gerardo Dover Cortés (statement at folio 9 of the appeal file), who stated that he knew the property belonged to the offended parties for 25 years, and that the invasions occurred after the farm was affected by the protection and payment for environmental services (PSA) regime.

He indicated that also the witness Carlos Varela Jiménez, who worked for MINAE when inspections were carried out together with the Environmental Tribunal, explained that a land-use change (cambio de uso del suelo) was made, which is when the clearing of forests was carried out to dedicate them to another use that is not forest, such as introducing agricultural species like citrus that were found at the site, so that the land use initially destined for protected forest was affected, converting it to parcels with crops, generating the environmental damage of the land-use change explained by Carlos Varela, who also explained how difficult it is to recover the original forest state, since it will take more than 30 years. 4) The judgment explained that this was ordered in accordance with the provisions of article 140 of the Code of Criminal Procedure, as well as article 36 of the Forestry Law (Ley Forestal) which textually establishes: “Police authorities shall evict those who invade properties voluntarily submitted to the forestry regime or dedicated to forestry activity, at the request of the property owner or their representative and, upon prior proof of the voluntary submission of the property to the forestry regime,” so that the ordered measure is imperative in the interest of restitution and environmental balance. 5) It was asserted that jurisprudentially the necessity has been established in cases such as the one at hand, to seek restoration in order not to violate the pro natura principle derived from the constitutional mandate of the State to ensure a healthy and balanced environment, such that upon verification of any environmental damage, the court must in judgment, and even ex officio, order the reversal of its effects, even if the accused is acquitted for whatever reason. Resolution number 227-2008 of the Criminal Cassation Tribunal of San José was cited, which indicated that ordering the restitution of the thing is a requirement deriving from a necessary legal effect of the judgment, since possession of the property must be restored. 6) It was held that although in this case no civil compensation action (acción civil resarcitoria) was brought, the complainant requested the demolition, and furthermore it would be absurd not to order the demolition of said structures when it has been proven that they are located on territory that belongs exclusively to the victims and that, moreover, prior to the invasion was protected by the forestry regime, to the point of receiving payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales), given the forest’s protection. From the foregoing summary of the arguments advanced in the judgment, this chamber considers that the trial court was correct not only in ordering the restitution of the real property to its original state, but also based on the reasoning developed in the challenged resolution. It must be clear that the rule stipulated in article 140 of the Code of Criminal Procedure is a rule with definitive effects that seeks to restore the balance of things, through restitution of the property to its original state. Having been ordered in the judgment, its effects are intended to be of immediate application, and could never be considered as provisional in nature, since it is by means of judgment that the criminal conflict was definitively resolved. Although in this case the existence of the crime and the damage to the victims’ property was established, the perpetrator could not be corroborated, so that, even when the accused were acquitted, the offended party had the right to have the restitution of the thing ordered. The property regime for real estate has a series of restrictions that derive, precisely, from the regulation that the Political Constitution, in its article 50, has made of the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. In protection of that Fundamental Right, the Costa Rican State has imposed restrictions on property rights, as well as on some of those rights derived from or related to the same, such as articles 50 of the Political Constitution, and articles 13 and 14 of the Forestry Law. With varying intensity, but also derived from the fundamental right protected by article 50 of the Fundamental Law of the Republic of Costa Rica, another example can be found in the limitations imposed on the private property regime on lands with forest cover (cobertura boscosa), for which the following are well-known, among others: (1) the prohibitions on land-use change, (2) the mandatory application for and granting of permits to cut the forest, and the restriction of that action by proportionality criteria, (3) the necessary formation of management plans, requiring mandatory prior approval by the State Forestry Administration, if a private party intends to exploit a forest located on a real property (article 19 of the Forestry Law). Based on those same considerations, no third party can assert a legitimate right to impede or obstruct the restoration of said areas, by reason of the legal restriction regime on property rights. Thus, although in this matter it could not be determined who the offender was, that is no obstacle to ordering the restitution of the property to its original state and, based on the duty of the Costa Rican State to provide effective protection of the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment, such restoration in the affected area is appropriate. The Criminal Cassation Tribunal has addressed this topic since long ago without any change of criterion to date. In resolution number 964-2007 of 10:00 hours on August 30, 2007, it was first held that there is a necessity to restore the property to its original state, regardless of whether the defendants were acquitted of the investigated crime, since it was sufficient that the existence of the crime had been established to the detriment of the property rights of the owner. Additionally, the duty of the State to restore the real property to its natural state in the face of a just ecological balance was analyzed, even when no civil compensation action had been filed, textually developing the following: “The matter at issue has already been the subject of pronouncements by this Chamber, among others in judgments No. 193-02, of 9:00 hours, on March 8, 2002 and No. 450-03, of 8:48 hours, on May 22, 2003. In the latter judgment it was ordered regarding the matter: ‘Independently of the principal or accessory penalty that each criminal offense establishes for the criminal conduct, the commission of the crime carries a series of civil consequences, as established in articles 103 of the Penal Code, 123 and 124 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Penal Code, among them the restitution of the material object of the crime. Precisely, one of the scopes of the criminal judgment is to order restitution to the offended party in the full exercise of their injured right, which has the nature of a fundamental right due to its regulation in article 41 of the Political Constitution, which establishes that “By recourse to the laws, all must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests…” (Judgment 346-98 of 9:30 hrs of 04-03-98, Third Chamber of the Supreme Court of Justice), which includes among other aspects the restitution of the material object of the crime (Judgment 511-2000 of 9:20 hrs. of 5-19-00 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice). Article 123 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Penal Code, in its first two paragraphs establishes that: “The convicted person must restore to the offended party, with allowance for all deterioration or impairment, the thing that is the object of the punishable act, and if unable to do so, shall be obliged to satisfy its value according to expert estimation referring to the date of the offense. If such estimation is not possible because the thing has been destroyed or has disappeared, the judges shall set the respective value, adhering to the trial data. Restitution shall be ordered even when the thing is in the possession of a third party, without prejudice to the rights that civil law confers upon the latter,” all of which may be ordered ex officio because the regulation of articles 103, 123 and 124 cited above is imperative, and does not require that a civil compensation action has been instituted, as jurisprudence has well established in the sense that “… the claim for damages arising from the crime must be made through a civil compensation action, because procedural regulations so condition it; however, that same condition does not exist when dealing with the restitution of the material object of the crime. This is so, as this same Chamber has previously interpreted, because restitution does not constitute a form of compensation in the strict sense.” (Judgment No. 52-F 10:35 hrs. January 31, 1990 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, reiterated in Vote number 604-F-91, of 9:25 hours on November 7, 1991 and in Judgment 511-2000 of 9:20 hrs of 5-19-2000). The right to the environment, qualified as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, since article 50 of the Political Constitution provides that: “Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment” and grants individuals and the State the right and duty to guarantee and defend that right on behalf of all inhabitants, so that the commission of the crime turns the community into a victim or offended party by the act and from that perspective acquires the right to reparation of the damage caused. In the case of a crime of Violation of the Law on Use and Conservation of Soils (No. 7779 of April 30, 1998), article 52 of said law establishes that: “Whoever contaminates or deteriorates the soil resource, independently of the existence of fault or intent or degree of participation, shall be responsible for compensating, through the appropriate judicial means, and for repairing the damages caused to the environment,” from which a specific regulation derives that obliges the offender to compensate for the damages or to repair the damages caused. From the procedural perspective, articles 140 and 466 of the Code of Criminal Procedure oblige the Judge to order the restitution of things to the state prior to the crime, which the appealed judgment omits as the Procuraduría well points out in its petition, so that once the defendant’s authorship of the act and the injury to the environment through the opening of a road in the forest down to the river are established in the judgment, it is appropriate to order the restitution of the affected area to the state prior to the act, so that the offender does not derive benefit from the illegal act carried out and the environment altered by his action is restored in protection of the community’s interests. In a similar sense this Tribunal has resolved the following: “As for the condition imposed per se, this cassation court finds it rational and proportional to the events generating the criminal conviction. Note that precept number 28 of the Political Constitution establishes the impossibility of legal intervention against private actions that cause no harm, from which it derives that the limit of state reaction is marked by the magnitude or seriousness of the harm or danger caused. In the present case, in which the harm is the land-use change from forest to agriculture, the state reaction has its limit in the repair of the harm, which in any case will not be completed in the three years of conditional execution of the sentence, since the forest is the product of years and years of birth, development and death of many plant and animal beings; however, the exclusion of crops and of every element with which the forest has been replaced, as well as the reestablishment of plant species in the measure adequate to regenerate what was destroyed, are a beginning for reparation that in some years will be achieved. It must be clear that the protection of forest soils enshrined in articles 2, 6, 10.c, 19 and 38.f of the Forestry Law, 52 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils, 53, 54 and 55 of the Organic Environmental Law, 53 and 54 of the Biodiversity Law, does not end or is suspended when by acts of human beings (provoked fires, illegal logging, etc.) or by facts of nature (floods, earthquakes, fires, etc.) the forest diminishes; on the contrary, in the face of those situations the State is compelled to greater aggressiveness in the recovery and conservation of the forest. To think that the duty to protect forest land and other forest elements ends by any of the indicated events would result in the promotion of illegal activities harmful to the environment, to substitute ecology with agricultural or other exploitations, with which there would be no true protection; that is, the space occupied by forests is irreducible by those means (principle of lifetime tenure of the forest). In this way, anyone who harms the forest by logging or fire with the purpose of changing the destination of the land, or anyone who attempts to obtain benefit from natural disasters that damage forest land, must understand that there is no possible way to change the destination of the land, and that the State will do whatever is necessary to recover the forest. That is, in the case at bar the agricultural activity must disappear from the place where the forest must be regenerated, whether the convicted person does so in compliance with the clause by which the benefit of conditional execution of the sentence is granted to him almost as an incentive, or whether it is done by state action; the officials responsible for execution shall see to the efficacy of the judgment on the merits. There is no disproportionality or abuse in the condition imposed by the court. This manner of resolving by the trial judge reaffirms the normative value of the Political Constitution, which in its articles 50 and 74 guarantee to all humanity, with an inalienable character, the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition to the above, the judicial provision in this case is identical to the legislative provision adopted in article 52 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998…’ (Judgment 2003-0366, of 11:54 hrs. on May 5, 2003 with drafting by Judge Dall’Anese Ruiz. This criterion was reiterated in judgment 2003-396) … Referring to the case at hand, the judgment did not contemplate the restitution of things to the prior state as the cited regulations order, however, because the judgment comes from an abbreviated proceeding and because restitution is a direct consequence of the commission of the crime and does not require a civil action, it is proper to accept the cassation appeal filed and to resolve in this venue ordering the restitution of the affected forest area to its state prior to the events. (…) so restitution in this case must be oriented toward the conservation of the forest area and in consideration thereof the closure of the road is ordered and its use in any possible form is prohibited, and the restitution of the forest is ordered through the planting of species suitable for that purpose, the fulfillment of which may be monitored by the administrative or enforcement authorities.” In the case under study it was demonstrated that a protected area was invaded, through the construction of a series of works, which must be demolished or destroyed in the interest of maintaining the balance of nature. The commission of a criminal act is not required for the courts, even ex officio, to decree the restitution of things to the state prior to their modification. Note that article 103 of the Penal Code itself only requires a punishable act, the scope of which is limited to a criminal wrong. In this case the existence of the wrong was established, since the action of ordering the constructions, whose demolition is now agreed upon, was violative of the Forestry Law. Furthermore, there was no regulation that authorized said actions, so the action was also unlawful. Thus, it was the obligation of the court to order the demolition or destruction of the series of works mentioned in the judgment, since these were constructed in a protected area. Consequently, the reproach formulated is not tenable.” This criterion has been reiterated by this tribunal, as emerges from resolution number 686-2020 of July 21, 2020, issued by the Criminal Sentencing Appeals Tribunal of the Third Judicial Circuit of Alajuela San Ramón and resolution number 291-2015, of May 15, 2015 of the Criminal Sentencing Appeals Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José. This implies that, when the invasion of the land and the affectation of the rights of the property owner were proven, the restitution of the real property was ordered, independently of whether the accused were acquitted, since the existence of a punishable act is sufficient for the challenged measure to proceed. In this particular case, the defendants could not assert that a right that they have not acquired, that has not been declared, has been curtailed, and much less assert that their occupation of the real property has been peaceful when, since the filing of the criminal complaint in 2014, the real property became litigious and from that moment, their occupation could not be considered peaceful or in good faith. Based on the foregoing, the alleged defect is rejected and the judgment brought on appeal is confirmed.

THEREFORE

The first ground is declared inadmissible and the second ground of the appeal filed by the private defense attorney Rodolfo Price Chinchilla on behalf of [Name 012] and the appeal filed by the public defender José Ramírez Torres, on behalf of the accused [Name 001] and [Name 004], are denied. Notify.

Francini Quesada Salas

Marianela Corrales Pampillo Gustavo Gillen Bermúdez

Judge and Judges of Criminal Sentencing Appeals

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