Res. 00004-2023 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Dismissal of Compensation Claim for Environmental Viability Denial over Pochotal Lagoon WetlandImprocedencia de indemnización por archivo de viabilidad ambiental sobre humedal Laguna Pochotal

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00004 - 2023

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2023 a las 14:15

Expediente: 16-002987-1027-CA

Redactado por: Lindsay Rodríguez Cubero

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Responsabilidad civil de la Administración
Subtemas:
Naturaleza del régimen de responsabilidad patrimonial de la administración pública.
Temas (descriptores): Responsabilidad objetiva de la Administración
Subtemas:
Naturaleza del régimen de responsabilidad patrimonial de la administración pública.

Sentencia con nota separada

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Texto de la resolución

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico

 [email protected]

Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo Edificio Motorola)

 

EXPEDIENTE:

	

16-002987-1027-CA




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTORA:

	

LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A.




DEMANDADOS:

	

EL ESTADO  Y EL SISTEMA NACIONAL  DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

 

No. 004-2023-VI

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, Calle Blancos, a las catorce horas quince minutos del treinta de enero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del proceso ordinario contencioso administrativo, declarado con trámite de puro derecho de conformidad con el artículo 98.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establecido por YAMILETH CASTILBLANCO VARGAS, cédula de identidad número 2-311-070, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A., cédula jurídica número 3-101-618911; en contra del ESTADO, representado por el procurador apersonado, el licenciado LUIS DIEGO FLORES ZÚÑIGA, portador de la cédula de identidad número 4-138-023, y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Interviene el licenciado JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA ALFARO, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-601-436, en condición de abogado director de la actora.

CONSIDERANDO

I.- ASPECTOS PRELIMINARES.- A) Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley N° 9342, Código Procesal Civil (CPC), y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial (REJEPJ), aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013; B) El fallo se adopta por unanimidad, una vez realizada la respectiva deliberación, con la redacción de la resolución a cargo del informante, juzgadora Rodríguez Cubero, con el voto y opinión concurrente de las personas juzgadoras Abarca Gómez y Aguilar Méndez; C.) El expediente respectivo fue remitido a la Sección Sexta para el dictado del fallo pertinente, según consta en el Sistema Escritorio Virtual turnado originalmente a la casilla que corresponde al Juez Aguilar Méndez. De conformidad con el Plan Remedial autorizado por Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Coordinación del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, llevado a cabo en aras de priorizar los asuntos con mayor tiempo de espera de resolución, el 09 de mayo del 2022, este expediente se asignó a la casilla de la Jueza Lindsay Rodríguez Cubero, para que procediera con el dictado de la sentencia (ver imágenes 378 y 379 del expediente judicial); D.) Mediante auto de las diecisiete horas seis minutos del trece de enero de dos mil veintitrés este Tribunal previno al SINAC aportar el poder especial judicial de la Licenciada Licda. Maureen Solís Retana que no constaba en el expediente judicial en un plazo de tres días, no obstante a la fecha dicho poder no ha sido remitido a este Despacho, por lo que no se tendrán como realizadas las manifestaciones realizadas por dicha profesional en derecho en la audiencia preliminar, como se advirtió en la prevención efectuada ya que para esta Cámara no es posible acreditar que a esa fecha ostentara la calidad de representante judicial de ese órgano persona (ver imágenes 380 y 384 del expediente judicial);

II.- ANTECEDENTES PROCESALES.- Se procede hacer un recuento del iter procesal: 1.- La pretensión de la parte actora, según el escrito presentado el 22 de abril del 2016 y ajustadas en la audiencia preliminar llevada a cabo el veintiocho de junio del 2018 es para que en sentencia se declare: "...PRINCIPALES: 1- Que el Estado y el SINAC deben indemnizar el monto del daño económico por DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DÓLARES, por la decisión del SETENA de impedir el desarrollo inmobiliario VILLAS VILLA BELLA, al argumentar que el 78% de nuestra propiedad es zona de protección del Humedal Laguna Pochotal. Así como los perjuicios que son las ganancias que no se obtuvieron y que se determinarán en ejecución de sentencia. 2. Que en virtud de esos pagos indemnizatorios, el inmueble de nuestra propiedad pasará a ser propiedad del Estado, para que se destine plenamente a la protección del Humedal Laguna Pochotal. SUBSIDIARIAS: 1) Que el 22% restante de la nuestra propiedad pueda ser inscrito como un resto no afectado por el Humedal Laguna Pochotal, el Estado deberá indemnizarnos por la decisión de la SETENA de impedir nuestro desarrollo inmobiliario VILLAS VILLA BELLA, al argumentar que el 78% de nuestra propiedad es zona de protección del Humedal Laguna Pochotal. Que en virtud de esos pagos indemnizatorios, el 78% del inmueble de nuestra propiedad pasará a ser propiedad del Estado, para que se destine plenamente a la Protección del Humedal Laguna Pochotal. 2) Que el Estado deberá levantar el plano catastrado del terreno correspondiente al 78% de la zona de protección y confeccionar la escritura de segregación y traspaso de ese inmueble para que se formalice la petición anterior..."(ver imágenes 195 a 196 y 372 del expediente judicial y respaldo digital de la audiencia preliminar).

2.- Mediante auto de las dieciséis horas veinticuatro minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis procedió a dar el respectivo traslado de la demanda al Estado (ver imágenes 197 a 199 del expediente judicial)

3.- Con escrito recibido el 14 de julio del 2016, el representante del Estado contestó negativamente la demanda, solicitó que sea declarada sin lugar e interpuso las excepciones de prescripción, litis consorcio pasivo necesario, falta de legitimación activa y pasiva y  falta de derecho (ver imágenes 221 a 237 del expediente judicial).

4.- Con resolución número 2772-2016-T de las siete horas treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciséis este Tribunal integró al presente proceso al SINAC y  procedió a darle el respectivo traslado de la demanda mediante auto de las diez horas y cincuenta y dos minutos del treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete (ver imágenes 257 a 259 y 305 a 307 del expediente judicial).

5.- Con escrito recibido el 17 de julio del 2017, el representante del SINAC contestó negativamente la demanda, solicitó que sea declarada sin lugar e interpuso la excepción de falta de derecho (ver imágenes 315 a 333 del expediente judicial).

6.- Se celebró la audiencia preliminar a las trece horas treinta y siete  minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho, en modalidad presencial, en la que se realizaron las diferentes etapas de la misma. Donde se aclararon las pretensiones, se dictó la resolución número 1082-2018 de las quince horas veinte minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho que rechazó las defensas interpuestas de prescripción, prejudicialidad y demanda defectuosa. Se declararon todos los hechos como controvertidos con excepción del 12 y 29 y se admitió la prueba documental ofrecida por las partes. Se rechazó el peritaje ofrecido por la parte actora y la prueba testimonial ofrecida por las partes. Se declaró el proceso con trámite de puro derecho y se recibieron las conclusiones de las partes de inmediato y de manera oral, diligencias que fueron grabadas en el sistema electrónico correspondiente y constan en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual (ver imágenes 371 a 376 del expediente judicial y respaldo digital de la audiencia preliminar).

7.- En los procedimientos ante este Tribunal no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión.

III.-HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:

1.) Mediante oficio número SG-959-2002-SETENA de fecha 20 de junio del 2002 se otorgó a la sociedad LYNX VEINTE VEINTE, S.A. por parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental la viabilidad ambiental al Proyecto Urbanización Hermosa Paradise, proyecto que se iba a desarrollar en el terreno descrito en los planos P-152030-2001, P-756846-2001  y P-761079-2001 (ver folio 819 del expediente administrativo no. 172-2002, proyecto denominado Hermosa Paradise, certificación suscrita por el licenciado Marcos Arroyo Flores, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las ocho horas y diez minutos del seis de junio del dos mil dieciséis);

2.) En escritura número 24-2 del notario público Esteban Esquivel Zúñiga otorgada a las ocho horas del 30 de enero del 2009 se segregó un lote de la finca número 6-157758-000 con una superficie de once mil metros con cincuenta y tres decímetros cuadrados, según plano catastrado número P-1282975-2008, que dio origen a la finca número 6-164796-000, la cual fue traspasada de la sociedad Sol Naciente de Mar 0. P. D. S. A. a la sociedad Playa Dorada O.N.R.E.N. S.A. por un monto de cien mil colones exactos (ver certificación registral del 30 de mayo del 2006 de la finca número 6-164796-000)

3.) Mediante escritura ciento seis de la notaria pública Ivonne Patricia Redondo Vega, otorgada a las ocho horas del dieciocho de mayo del año dos mil nueve la sociedad Playa Dorada O.N.R.E.N. S.A. traspasó a la sociedad Hermosa Ocean Wave Corporation, S.A.la finca número 6-164796-000 con una medida de once mil metros con cincuenta y tres decímetros cuadrados, con los siguientes gravámenes: Reservas Ley Aguas, al tomo trescientos veintidós, asiento dieciséis mil cuatrocientos noventa y tres- subsecuencia noventa y dos; reservas y restricciones, al tomo trescientos veintiséis, asiento dos mil novecientos dieciocho, subsecuencia novecientos dos; servidumbre de acueducto y de paso del Instituto de Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al tomo quinientos sesenta y nueve, asiento once mil ochocientos setenta y taco, subsecuencia cero cero cero uno por un monto de diez mil colones (ver certificación registral del 30 de mayo del 2006 de la finca número 6-164796-000)

4.) Mediante escritura número trescientos noventa de la notaria pública Ligia Rodríguez Pacheco otorgada a las veinte horas del ocho de diciembre del dos mil diez la sociedad Hermosa Ocean Wave Corporation, S.A dona la finca número 6-164796-000 a la señora Adriana Melissa Sánchez Duarte por la suma de mil colones (ver certificación registral del 30 de mayo del 2006 de la finca número 6-164796-000)

5.) En escritura número cincuenta y cuatro-veinticuatro del notario público Sergio Sánchez Bagnarello otorgada a las once horas del diez de enero del dos mil once la señora Adriana Melissa Sánchez Duarte vende la finca número 6-164796-000 al señor Andrew Dalbo por la suma cien mil colones (ver certificación registral del 30 de mayo del 2006 de la finca número 6-164796-000)

6.) Con escritura número dieciséis del notario público Marvin Gerardo Quesada Castro otorgada a las once horas del nueve de abril de dos mil once, el señor Andrew Dalbo vende la finca número 6-164796-000 a la sociedad actora LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. por la suma cien mil colones (ver certificación registral del 30 de mayo del 2006 de la finca número 6-164796-000)

7.) Mediante escritura número ochenta y seis de las once horas del diez de agosto del dos mil once otorgada ante los notarios públicos Marvin Gerardo Quesada Castro y Manuel Porras Vargas, el señor Andrew Dalbo en representación de la sociedad LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. vende al señor AUGUSTO ARCE MARDI, los derechos de posesión por el monto de noventa y siete mil seiscientos cuarenta y cinco dólares, moneda de los Estados Unidos los derechos de posesión libre de gravámenes y anotaciones de una parte de la finca finca número 6-164796-000, con una medida de ciento cincuenta y tres metros cuadrados (ver certificación registral del 30 de mayo del 2006 de la finca número 6-164796-000)

8.) Mediante oficio número 11-0172 del 24 de marzo del 2011 el Instituto Geográfico Nacional contesta solicitud presentada por la señora Sara Murillo Madrigal referido a la localización cartográfica de la Laguna Pochotal ubicada en playa Hermosa de Jaco, Garabito, en el cual se indicó en lo que interesa: "...En la figura N° 6 y conforme al artículo 3 del decreto 34507-MINAE, se adiciona una franja de 50 m. representada en verde y con línea de mayor grosor, conforme a lo indicado"...De conformidad con el artículo 33 de la Ley Forestal la Laguna tendrá una zona de protección de cincuenta metros..."con lo cual el área pasa a ser de 51 913 m2. No obstante habrá que tener en cuenta que ésta (sic) área se topa con la carretera costanera la cual le resta en su superficie de rodamiento y derecho de vía..." (ver folios 110 a 119 de la certificación suscrita por el Lic. José Eddie Aguilar Coto, Jefe Oficina Subregional Esparza Orotina, Área de Conservación Pacifico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación de las catorce horas con cincuenta minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

9.) En fecha 09 de setiembre del 2011 la sociedad LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. presentó ante el SETENA solicitud de Evaluación Ambiental del proyecto Villas Villa Bella, el cual consistiría en el desarrollo de 4 módulos de 12 villas cada uno para un total de 48 unidades en la finca número 6-164796-000, cuyo plano catastrado es el número 6-1282975. Que dicha solicitud fue resuelta mediante resolución número 0952-2012-SETENA de las 10 horas 25 minutos del 29 de marzo del 2012, en la cual se estableció: "...En Sesión Ordinaria N° 038-2012 de esta Secretaría, realizada el 28 de MARZO del 2012, en el Artículo No. 068 acuerda: PRIMERO: Por recomendación emanada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacifico Central, en virtud del criterio técnico solicitado, y de conformidad con la normativa vigente, se ordena el archivo del expediente número D1-6006-2011-SETENA. SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETANA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguiente de la Ley General de la Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto..."(ver folios 188 a 196 y 347 a 350 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

10.) En fechas 17 y 23 de abril del 2012 la representación de la sociedad actora presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución número 0952-2012-SETENA de las 10 horas 25 minutos del 29 de marzo del 2012 (ver folios 351 a 364 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

11.) Mediante resolución número 3121-2012-SETENA de las 10 horas del 06 de diciembre del 2012, se resolvió el recurso de revocatoria de la siguiente manera: "...En Sesión Ordinaria N° 0126-2012 de esta Secretaría, realizada el 05 de DICIEMBRE del 2012, en el Artículo No. 26 acuerda: PRIMERO: De conformidad a las razones de hecho y de derecho expuestas, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA contra la resolución N° 952-2012-SETENA del 29 de marzo del 2012, y se levanta es este acto el archivo del expediente. SEGUNDO: Se ordena a la Sra. Sara Murillo Madrigal, en su condición de representante legal de la empresa La Residencia Soñada en Costa Rica Tres S.A., cédula jurídica número 3-101-618911, cumplir con lo señalado en el considerando quinto, punto 4 y 5; el cual deberá ser presentado ante esta Secretaría en un plazo de 3 meses contados a partir de la notificación de esta resolución administrativa. TERCERO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental continuar con los trámites de evaluación del expediente, conforme al procedimiento que corresponde; así mismo se solicita que una vez presentado el estudio por parte del desarrollador ante esta Secretaría; sea ello de conocimiento al Área de Conservación Pacífico Central y Programa Nacional de Humedales, ante clara petición en el informe SINAC-SE-GASP-255-12. CUARTO:  Al haberse declarado parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, se eleva el Recurso de Apelación ante el señor Ministro de Ambiente y Energía junto con el respectivo expediente, a fin de conocer su pronunciamiento con respecto a la pretensión del recurrente..." (ver folios 410 a 420 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

12.) Mediante resolución número 35-2013-MINAET de las 9 horas y 45 minutos del 28 de enero del 2013, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: "...Que al amparo de todas las consideraciones de hecho y de Derecho que anteceden en los considerandos de esta resolución se rechaza el Recurso de Apelación presentado por el (sic) la señora Sara Murillo Madrigal en su condición de representante legal de la empresa La Residencia Soñada en Costa Rica Tres S.A., cédula jurídica número 3-101-3-101 (sic) -618911 contra la resolución N° 952-2012-SETENA, al no existir motivos ni vicios o violación al Debido Proceso que justifiquen su revocatoria, por lo que al tenor del numeral 168 y demás citados de la Ley General de la Administración Pública, debe mantenerse incólume en todos sus extremos..." (ver folios 426 a 430 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

13.) En fecha 06 de febrero del 2013 la representación de la sociedad actora presenta estudio de suelos requerido en resolución número 3121-2012-SETENA de las 10 horas del 06 de diciembre del 2012 (ver folios 432 a 435 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

14.) Con resolución número 01019-2013-SETENA de las 13 horas 35 minutos del 17 de abril del 2013, se resolvió en lo que interesa lo siguiente: "...Desde el punto de la Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras (Decreto N° 23214-MAG-MIRENEM), los suelos de Humedal deberán contar con al menos uno de los parámetros arriba mencionados definido como de Clase VIII. En tal sentido y como este mismo decreto lo enuncia: "Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria o forestal alguna. Las tierras de esta clase tienen utilidad sólo como zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica" CUARTO. Debido a lo anterior, lo procedente es, en vista de los resultados arrojados por el Informe Final del Estudio de Suelos y Capacidad de Uso de las Tierras presentado por el desarrollador, en concordancia con el oficio SINAC-SE-GASP-255-2012 que considera que las características edafológicas, geomorfológicas que contiene la zona de consulta y el área de influencia, la realización del proyecto no es viable ambiental y jurídicamente. Al mismo tiempo el oficio ACOPAC-D-163-2012 del 20 de marzo del 2012 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central, donde dice que no es recomendable autorizar viabilidades ambientales para la ejecución de proyectos que puedan eventualmente afectarse por una nueva delimitación del humedal, lo procedente es NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL y proceder al archivo del expediente No. D1-6006-2011-SETENA. POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En Sesión Ordinaria N° 029-2013 de esta Secretaría, realizada el 16 de ABRIL del 2013, en el Artículo No. 57 acuerda: PRIMERO: Por recomendación emanada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacifico Central, en virtud del criterio técnico solicitado, y de conformidad con la normativa vigente, se ordena el ARCHIVO del expediente número D1-6006-2011-SETENA. SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETANA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguiente de la Ley General de la Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto..." (ver folios 444 a 449 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

15.) En fecha 23 de abril del 2013 la representación de la sociedad actora presenta recurso de apelación en contra de la resolución número 01019-2013-SETENA de las 13 horas 35 minutos del 17 de abril del 2013 (ver folios 450 a 453 del expediente administrativo no. D1-6006-11-SETENA, certificación suscrita por el ingeniero Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General Secretaria Técnica Nacional Ambiental de las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de julio del dos mil catorce);

16.) Con oficio de la Dirección Regional del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC número SINAC-ACOPAC-D-72-14 del 30 de enero del 2014, su director el MAG.Alfonso Duarte Marín, indicó a la sociedad actora lo siguiente: "...Para atender la consulta planteada por ustedes con respecto al criterio del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) sobre los límites del humedal Laguna Pochotal, adjunto copia de los oficios ACOPAC-DASP- que el  002-2014 y ACOPAC-OT-TOP-10-2013. Según se desprende de ambos documentos y a partir del análisis técnico realizado, la propiedad P-128975-2008 se ubica un 78% dentro de los límites de la Laguna Pochotal y su área de protección..." (ver imágenes 146 a 149 del expediente judicial)

17.) Mediante resolución número R-233-2015-MINAE de las 14 horas del 30 de julio del 2015, el Ministro de Ambiente y Energía resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: "...PRIMERO: Que al amparo de todas las consideraciones de hecho y de Derecho que anteceden se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la: sociedad La Residencia Soñada en Costa Rica Tres, S.A. cédula jurídica 3-101-618911, representada por la señora Sara Murillo Madrigal cédula de identidad 204910054. SEGUNDO: Que al no existir motivos ni vicios en este procedimiento que justifiquen la revocatoria de la resolución N°01019-2013-SETENA de las trece horas y treinta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece, se mantiene incólume en todos sus extremos. TERCERO: Se da por agotada la vía administrativa en cuanto a lo que aquí se conoce..." (ver imágenes 157 a 167 del expediente judicial)  

18.) En fecha 06 de abril del 2016 la representación de la sociedad La Residencia Soñada de Costa Rica Tres S.A. interpuso la presente demanda (ver imagen 02 del expediente judicial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IV.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- Ninguno de utilidad para el presente fallo.

V.- OBJETO DEL PROCESO. Las pretensiones establecidas por la parte actora en el presente proceso en lo fundamental, son para que se paguen los daños y perjuicios ocasionados al establecerse que el 78% de su propiedad es zona de protección del Humedal Laguna Pochotal. Entendidas de la siguiente manera: el daño material que consiste en un monto de un millón cuatrocientos treinta mil dólares, valor que se canceló por la propiedad  y un millón de dólares por los gastos que se tuvieron que asumir por los trámites para realizar el proyecto Villas Villa Bella. Además de los perjuicios que según lo peticionado en la demanda se van a determinar en ejecución de sentencia. Por último, en caso de indemnizarse a la sociedad actora por no poder utilizar su propiedad para los fines establecidos se proceda a traspasar la finca objeto de este proceso a propiedad el Estado para protección del humedal Laguna Pochotal. La representación del Estado se opuso a la acción e interpuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho y la representación del SINAC igualmente se opuso a la demanda e interpuso la excepción de falta de derecho. Corresponde, entonces, ingresar a examinar si le asiste o no el derecho a la parte accionante en relación con lo peticionado.

VI- DE LA PRESCRIPCIÓN. La representación del Estado en su demanda interpuso las  defensas de prejudicialidad, demanda defectuosa y prescripción, las cuales fueron conocidas en la audiencia preliminar por el juez tramitador y rechazadas mediante resolución número 1082-2018 de las quince horas veinte minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho. No obstante, el procurador apersonado al proceso, en sus conclusiones, reitera dichas defensas, de las cuales, de conformidad con el artículo 67 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la que puede ser reiterada en esta instancia procesal es únicamente la de prescripción, por lo cual es la que va este Tribunal a conocer nuevamente. Se argumenta dicha defensa de prescripción señalando que la presente demanda le fue notificada el día 20 de mayo del 2016, en la cual se solicita la responsabilidad de su representada por impedir el desarrollo del proyecto Villas Villa Bella en la finca número 6-164796 (plano número P-1282975-2008) al delimitar en el humedal Laguna Pochotal. No obstante, dicha laguna fue delimitada por Decreto Ejecutivo número 34507-MINAE de fecha 25 de abril del 2008, publicado en la Gaceta 104 del 30 de mayo de 2008, donde se incluía la zona de protección de 50 metros, según levantamiento del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del año 2003 y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) del 2005. A su vez el perímetro de ambas áreas consta en el sistema cartográfico oficial del IGN desde junio del 2007 y fue comunicado a la actora en el oficio 11-172 del 24 de marzo del 2011, el cual aporta como anexo cuando solicita que sea otorgada la viabilidad ambiental por parte de SETENA, por lo que el archivo de la misma se fundamentó en esa limitación del humedal Laguna Pochotal, por lo que sería esta conducta el origen de la responsabilidad solicitada por la sociedad actora, por lo que se encontraría prescrita al haber transcurrido los 4 años, de conformidad con el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. Por su parte la representación de la sociedad actora señala que debe ser rechazada, debido a que su derecho a reclamar la indemnización deriva de la resolución número 01019-2013-SETENA de las 13:35 horas del 17 de abril del 2013, en la cual se estableció el archivo del expediente número D1-6006-2011-SETENA, por encontrarse su propiedad impactada por el humedal Laguna Pochotal, por lo que a la fecha de esa resolución a la notificación de la demanda no han transcurrido los 4 años. Además, señala que el oficio SINAC-ACOPAC-D-72-14 del 20 de enero del 2014, que se fundamenta en los oficios ACOPAC-DASP-002-2014 y ACOPAC-OT-TOP-10-2013, determinó que el 78% del terreno descrito en el plano catastrado P-128975, correspondiente a su finca, se ubica dentro de los límites de la laguna Pochotal y su área de protección, oficios que también se encuentran dentro de los 4 años establecidos. Adicionalmente, argumenta que el oficio 11-0172 del 24 de marzo del 2011 nunca fue notificado legalmente a su representada, la señora Sara Murillo, era apoderada especial para un determinado trámite y que no cumple con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Y por último, argumentan que independientemente de las fechas indicadas se está ante un hecho continuado, debido que a la fecha se mantienen los impedimentos para desarrollar en su propiedad. Para resolver esta excepción se debe señalar que el presente proceso es "civil de hacienda", por cuanto se está solicitando la acción indemnizatoria por parte del Estado y del SINAC, por lo que la efectivamente la presente acción se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años, al tenor del ordinal 198 de la Ley General de la Administración Pública. Dicha norma regula un campo especial del Derecho, y que por tanto, constituye un ordenamiento especial que precisa las normas atinentes a las actividades y funcionamiento de los centros de poder público, como corresponde aplicar a las instituciones demandadas. En concreto, en lo que atañe a la prescripción de esa responsabilidad, el numeral 198 de ese cuerpo legal señala: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad./ El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso.(...)”. Como se observa, por regla expresa del legislador, cuando se pretende ejercitar la acción indemnizatoria contra la Administración Pública por un daño producido en el ámbito extracontractual (como el caso que nos ocupa), ha de irse a las reglas que fija esta norma y no a otras, salvo norma especial que imponga tratamiento diverso, que aunque contengan disposiciones más favorables, ceden ante la especialidad de la regulación objeto de comentario. En este orden, es claro que, en esta materia, el plazo de prescriptibilidad no es otro que el cuatrienal que estatuye el mandato 198 referido. En ese tanto, el derecho de reparación integral del daño que el Ordenamiento Jurídico confiere al particular no es irrestricto. Por cuestiones de certeza y seguridad jurídica está expuesto a su fenecimiento por el curso del tiempo, si no lo ha ejercitado. En esta línea, y acudiéndose al precepto 865 del Código Civil, se indica que por la prescripción negativa o liberatoria se pierde un derecho y para ello basta el transcurso del tiempo. De ahí que el artículo 866 ídem estatuya que la acción para hacer efectivo un derecho se extingue por la prescripción del mismo derecho. Como complemento, del análisis del citado canon 198, se desprende que el plazo de referencia (4 años) se computa desde el momento en que la víctima se encuentre en posibilidad objetiva de conocer la fuente de la lesión, de manera que pueda emprender las sendas reclamatorias que pone a su disposición el conjunto normativo interno. Así en cada caso, el juzgador ha de determinar el punto de partida del plazo prescriptivo, lo que solo es desprendible del examen de los autos sobre las cuestiones fácticas de los hechos ocurridos en el tiempo y de la ponderación objetiva y minuciosa de cada caso en particular, siendo que como ocurre en los autos, la sociedad actora señala que el hecho por el que reclama la indemnización es el archivo de la solicitud de viabilidad ambiental del proyecto Villas Villa Bella y haberse establecido que el 78% de su propiedad, finca número 6-164796 (plano número P-1282975-2008), donde se iba a realizar el proyecto, se encuentra ubicado el humedal Laguna Pochotal y su zona de protección. Dicha determinación se da por parte de la Administración mediante la resolución número 01019-2013-SETENA (ver hecho probado 15 de esta sentencia) en el que se ordenó el archivo del expediente número D1-6006-2011-SETENA, que es el procedimiento donde se conocía la viabilidad ambiental del proyecto Villas Villa Bella, y cuyo archivo fue confirmada por el señor Ministro de Ambiente y Energía con resolución número R-233-2015-MINAE (ver hecho probado 17 de esta sentencia). Asimismo, es mediante oficio de la Dirección Regional del Área de Conservación Pacifico Central del SINAC, número SINAC-ACOPAC-D-72-14 del 30 de enero del 2014 (ver hecho probado 16 de esta sentencia), en el cual se estableció que el 78% de la propiedad de la actora se ubica dentro de los límites del humedal y su área de protección, por lo que es hasta este momento que se determinó que no era procedente realizar alguna obra en la propiedad, razón por la que solicita la indemnización en la presente acción. Desde ese plano, atendiendo al conjunto de daños que reclama la accionante debido a las consecuencias de no poder desarrollar el proyecto Villas Villa Bella estima este Tribunal que la totalidad de las partidas pretendidas se asocian de manera directa e innegable, a una causa instantánea que, según se alega, los ha producido el hecho que se determinará que el 78% de la propiedad se encuentra en los límites del humedal y en su área de protección. Por ende, el punto de partida de ese cómputo (dies a quo), inicia desde el 30 de enero del 2014, y no como lo indica la representación del Estado, que es desde que se hizo la limitación del humedal, mediante el oficio del Instituto Geográfico Nacional número 11-0172 del 24 de marzo del 2011 (ver hecho probado 08 de esta sentencia), ello según criterio de este Tribunal, debido que es hasta que se ordena archivar el expediente que conocía la viabilidad ambiental del proyecto Villas Villa Bella y el oficio SINAC-ACOPAC-D-72-14 de cita y se confirrma el archivo del expediente que solicita la viabilidad ambiental, mediante resolución número R-233-2015-MINAE de las 14 horas del 30 de julio del 2015 (ver hecho probado 17 de esta sentencia) que la parte actora tiene la certeza que en el 78% de su propiedad que no se pueda realizar el proyecto denominado Villas Villa Bella, que según la teoría del caso de la parte actora, es la fundamentación para solicitar la respectiva indemnización a la Administración. En ese sentido, aplicando el plazo cuatrienal mencionado, el plazo máximo para ejercer ese derecho de reclamo, según lo manda el artículo 41.1 del CPCA, sería hasta el 29 de enero del 2018. Ahora bien, del análisis de los autos se tiene que la demanda fue presentada el 06 de abril del 2016 (ver hecho probado 18 de esta sentencia), por lo cual fue interpuesta en tiempo, al no haber transcurrido los cuatro años que poseía la parte para poder ejercer su reclamo y solicitar el pago de daños y perjuicios ocasionados, que impone el precepto 198 de la LGAP. Así las cosas, respecto de esta parte, lo debido es rechazar la defensa de prescripción y continuar con el conocimiento de la demanda por el fondo.

VII- DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Por ser de interés para la resolución de este asunto, se hace necesario referirse brevemente a los regímenes de responsabilidad que el ordenamiento jurídico nacional establece con ocasión del ejercicio de la función materialmente administrativa. Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva, respecto del cual, no hay discusión alguna ni en la doctrina ni en la jurisprudencia nacional; que tiene su sustento en los numerales 1, 9, 11 y 41 de la Constitución Política y se regula en la Ley General de la Administración Pública (LGAP), propiamente en los artículos 170.1 y 190 a 213. Asimismo, encuentra desarrollo y complemento en el principio de legalidad (artículo 11 constitucional), equidad en la distribución de las cargas públicas (ordinales 18 y 33 de la Carta Fundamental), tutela de las situaciones jurídicas y derechos consolidados (precepto 34 del mismo cuerpo normativo), reparación integral del daño (artículo 41 ibídem), indemnidad patrimonial (canon 45), tutela judicial efectiva (mandato 49), máxima de solidaridad social (74 constitucional), responsabilidad del cargo presidencial (148 del cuerpo normativo de referencia), responsabilidad del Poder Judicial (154 y 166 ibídem) y responsabilidad de las instituciones autónomas (numeral 188 ibídem). Estas normas fundamentales constituyen las bases del referido sistema, que reconocen y establecen la reparación económica de las lesiones patrimoniales o extrapatrimoniales ocurridas como derivación de conductas u omisiones públicas, que la víctima no tenga el deber de soportar. Así, al tenor de lo dispuesto en las citadas disposiciones constitucionales, el legislador desarrolló un régimen de responsabilidad objetivo de la Administración que se sustenta en tres elementos esenciales o presupuestos indispensables, sin los cuales no se genera responsabilidad para la Administración: a) No se centra en el elemento subjetivo (quién causa el daño) en el sentido de si existe dolo o culpa; sino en la existencia de un daño injusto que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar. Este criterio finalista produce a su vez una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). Esto ocasiona, sin duda, un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya que habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. Ahora bien, es la LGAP la que en su artículo 196 define las características del daño indemnizable, debiendo ser éste “efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo. Por "efectivo ” debemos entender un daño que sea cierto y demostrable; por “evaluable” que pueda valorarse en términos económicos y por “individualizable” que sea posible conectarlo en relación directa con una persona o grupo, su patrimonio o sus valores; de manera que no alcance la generalidad de los habitantes o amplios sectores de la población. Ello supone que no son posibles de reparación los daños inexistentes o las meras expectativas de lucro. La lesión debe ser acreditada para poder ser reparada, aspecto que ciertamente corresponde acreditar a quien reclama la reparación. Esto viene determinado por el numeral 58 inciso c), en relación con el 82, ambos del CPCA y el 35 del Código Procesal Civil (CPC). Pese a la amplitud del régimen objetivo, incumbe a quien reclama el daño la demostración de la existencia de un daño efectivo, evaluable e individualizable, así como la de un nexo de causalidad entre ese efecto lesivo y un proceder público. Por otra parte, resulta determinante establecer que el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su esfera vital. Desde este plano, solo la víctima se encuentra legitimada para reclamar la indemnización. Asimismo, es condición indispensable, que el daño sea antijurídico, esto es, que implique menoscabo o pérdida en la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, sin que exista un deber jurídico de soportarlo. Existe antijuricidad de base siempre que en un mandato legal se establezca la obligación de reparar una lesión contraria a derecho que la víctima no deba soportar, al margen del parámetro de imputación. b) La Administración responde por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a los actos administrativos, esto es, a la conducta formal, relativa a la adopción de actos administrativos (tanto del acto final –en atención a la no necesidad de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa– como del definitivo) o de actos de carácter general y normativo (reglamentos); sino que trasciende a las diferentes formas del funcionamiento administrativo, sea a la material, consistente en la prestación de servicios públicos, ejecución de actos, coacción anómala (actuaciones en situaciones de emergencia y urgencia declarada) y vías de hecho; y finalmente, a la denominada disfunción administrativa o conducta omisiva, tanto formal (relativa a la omisión de resolución en tiempo de los recursos y que ha generado la formulación en doctrina del instituto del acto presunto por el que se configuran el silencio positivo o negativo) como la material. Con ello se procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base. Desde este plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el ordenamiento jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la Ley General de referencia). Por su parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria. c) Con todo, ante esos criterios de imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u omisiones, a efectos de establecer el nexo causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad pública, o dicho de otra manera, el hecho dañoso debe ser generado por conducta de la Administración Pública de manera adecuada y eficiente (necesario nexo causal entre el daño alegado y una conducta de la Administración Pública). Si no hay ese nexo de causalidad, no resulta atendible el reclamo indemnizatorio que se hace (sobre este tema, puede consultarse la sentencia número 584-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Finalmente, debe también considerarse que al tenor de lo dispuesto en el artículo 190.1 de la LGAP, se rompe el nexo causal y, con ello, la responsabilidad de la Administración, frente a los siguientes supuestos: "fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero"

VIII. SOBRE EL CASO CONCRETO.  Analizados los autos, encuentra esta Cámara que la demanda incoada resulta improcedente y debe ser desestimada, al no poder acreditar la actora los presupuestos indicados en el considerando anterior, en particular, la conducta constitutiva del criterio de imputación por los cuales se peticiona la indemnización. Conforme fue planteada la demanda y las conclusiones realizadas en la audiencia preliminar, las argumentaciones de la parte actora se centran en la responsabilidad de la Administración Pública, al fundamentarse en los artículos 190, 191 y 198 de la Ley General de la Administración Pública, específicamente por el Estado y el SINAC, por un funcionamiento ilícito y anormal, al establecer que el 78% de su propiedad,  finca número 6-164796 (plano número P-1282975-2008), se encuentra afectada por el humedal Laguna Pochotal y su zona de protección, y no otorgarse la viabilidad ambiental para realizar el proyecto Villas Villa Bella. Conforme fueron definidas las pretensiones en la demanda y durante la audiencia preliminar y por tanto, el objeto del proceso, no encuentra este Tribunal extremo alguno dirigido a combatir y declarar la ilegitimidad o anormalidad de conducta alguna de la Administración, a pesar de que los alegatos esgrimidos por la representación de la accionante dejan entrever con claridad manifiesta, que efectivamente está imputando la lesión aducida a conductas de carácter formal del SINAC, como lo argumenta cuando presenta sus alegatos para el rechazo de la defensa de prescripción presentada por el Estado, donde hace referencia a las resoluciones del SETENA, donde se dispone archivar el expediente que solicita la viabilidad ambiental para el proyecto Villas Villa Bella (ver hechos probados 9, 11, 12, 14 y 17 de esta sentencia) y los oficios que determinaron que el 78% de su propiedad estaba afectada por el humedal Laguna Pochotal y su zona de protección (ver hecho probado 16 de esta sentencia). En este sentido, se debe señalar que la pretensión resulta de vital importancia para el juez, porque junto con los hechos relativos a la causa y los alegatos de los interviniventes, constituyen los límites dentro de los cuales debe dictarse la sentencia. De esta forma, de conformidad con el artículo 119 del CPCA por regla general y salvo los pronunciamientos oficiosos que el ordenamiento jurídico expresamente establezca, el juez no puede así conceder más, ni cosa distinta a lo pedido como pretensión material, ni fundamentar su fallo en argumentos o hechos que no hayan sido alegados y probados por las partes. En ese sentido, pueden consultarse, entre otras, las sentencias No. 826-F-S1-2000 de las 16 horas 15 minutos del primero de noviembre del 2000 y la No. 280-F-S1-2017 dictada a las 10 horas del 16 de marzo del 2017, ambas dictadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. A partir de lo expuesto, estimamos que en este caso, la demanda contiene una defectuosa formulación de lo peticionado y argumentado en este proceso, que impide al Tribunal acogerlo, según se procede analizar. La parte accionante establece como pretensión principal en su escrito de demanda lo siguiente:“…1- Que el Estado y el SINAC debe indemnizar el monto del daño económico por DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DÓLARES, por la decisión del SETENA de impedir el desarrollo inmobiliario VILLAS VILLA BELLA, al argumentar que el 78% de nuestra propiedad es zona de protección del Humedal Laguna Pochotal. Así como los perjuicios que son las ganancias que no se obtuvieron y que se determinarán en ejecución de sentencia....". De dicha pretensión y de las subsidiarias se desprende que la responsabilidad peticionada por la parte actora es por las conductas de la administración que considera ilegitimas y que provocaron los daños y perjuicios a su representada, pero únicamente hace referencia a que son consecuencia de que no pueda utilizar el 78% de su propiedad para el proyecto Villas Villa Bella, sin requerir la nulidad de ningún de los actos administrativos que determinaron la zona que se encontraba el humedal y su zona de protección. Esto nos lleva a concluir fehacientemente que no hay deducido en los autos ningún extremo petitorio relacionado con la impugnación de las conductas administrativas, es decir, -desde el punto de vista de este Tribunal- se presenta una situación irregular en la que la parte actora al tiempo que no muestra inconformidad con lo resuelto por parte de las diferentes instancias del SINAC (porque, reiteramos, no cuestionó la legalidad de ninguno de esos actos emitidos), simplemente hace referencia que los daños son ocasionados por el archivo del expediente de la viabilidad ambiental por encontrarse en su propiedad un humedal y su zona de protección. Y como se argumentó en el punto anterior, para pretender la responsabilidad objetiva de la Administración es necesario que se logre acreditar que los daños se derivan del ejercicio o manifestaciones de función de la Administración para lo cual el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de que sea resarcido, pero para la cual tienen los actores haberlo argumentado y probado, al ser una obligación de éstos. En este sentido, lo expuesto en la sentencia de esta Sección número 157-2020–VI de las las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veinte resulta de aplicación al subjudice al señalar: "...Como hemos explicado anteriormente, para pretender la responsabilidad objetiva de la Administración es necesario acreditar que la causa estriba en una conducta administrativa que constituya un criterio de imputación, esto es, que dé lugar a un régimen jurídico resarcitorio específico, para lo cual y a manera de conditio sine qua non, la parte interesada posee la carga procesal de alegar y comprobar ese presupuesto material. Sin embargo, en la especie, no se aprecia tal criterio de imputación que, en principio, hubiera podido fundamentar esa responsabilidad, toda vez que la representación judicial de la accionante no ha logrado satisfacer adecuadamente dicha carga procesal. De los alegatos formulados por escrito y durante las conclusiones, pareciera que el reclamo de la parte se circunscribe a una supuesta falta de servicio relacionada con diversas conductas formales y materiales que la parte considera contrarias a Derecho, no obstante, para que estas pudieran sustentar una eventual condenatoria al pago de daños y perjuicios, la representación de la actora debió formular con la acción algún extremo encaminado al combate de esa conducta, lo cual se echa de menos en el caso sub examine y que, por ende, convierte en fútil cualquier intento por imputar responsabilidad al ente demandado. Asimismo, aún y cuando conforme al numeral 194 de Ley General de la Administración Pública, el Colegio Profesional podría responder por conductas legítimas o funcionamiento normal que hubiera generado un detrimento especial en los ciudadanos, lo cierto es que tampoco se aduce, menos aún se demuestra esa especialidad ni anormalidad del daño. Cabe señalar en este punto que como derivación de la carga dinámica de la prueba, (numerales 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 41.1 del Código Procesal Civil) corresponde a la víctima demostrar la existencia y cuantía de los daños que recrimine. Este deber resulta impostergable y constituye un presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación. En virtud de estas falencias, el reclamo planteado deviene en improcedente y dado que es el único extremo sustantivo de la demanda, lo ajustado a Derecho es la desestimación de la acción civil de hacienda incoada, por cuanto no se cumple con los presupuestos que permitan acreditar la responsabilidad patrimonial del Colegio accionado en el caso concreto..."  (el resaltado no es del original). Tal y como se indicó en la sentencia transcrita para que proceda la condena de daños y perjuicios como lo pretenden los accionantes debió de existir una impugnación en contra de los actos dictados por el SETENA y la Dirección Regional del Área de Conservación Pacifico Central del SINAC, señalando las nulidades que poseían dichas conductas y la prueba pertinente, para fundamentar la eventual condenatoria por los daños ocasionados, lo cual no se realiza en la presente acción, por lo cual no es procedente imputar alguna responsabilidad a los demandados. E igualmente, tampoco se señala algún tipo de argumentación ni prueba que demostrará que las actuaciones del ente demandado respondieran a una conducta legítima o funcionamiento normal de éste que le generará los daños reclamados a la sociedad actora, de conformidad con el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual es obligación de la parte que los reclama, como derivación de su deber de argumentar y la carga dinámica de la prueba, como lo establecen los artículos 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 41.1 del Código Procesal Civil). En esta línea, lo que se pretende es garantizar la seguridad jurídica a través de la recta aplicación del debido proceso y el derecho de defensa, regulados en la Constitución Política, Código Procesal Civil y Código Procesal Contencioso Administrativo; para que las partes demandadas puedan ejercer una adecuada defensa, según las argumentaciones que presenten las partes, por lo que al no existir ninguna argumentación ni fundamentación legal que refiera a que la demanda se deriva de una conducta legítima, las partes demandas no se refirieron a la responsabilidad derivada de ello, por lo que este Tribunal no puede entrar a conocer el asunto desde este razonamiento. Por lo anterior, no queda más para este Tribunal que proceder a rechazar la presente acción, en virtud de las omisiones que presenta el reclamo presentado, que no permiten que se pueda entrar a conocer si existió responsabilidad patrimonial del Estado y del SINAC, en su defecto la procedencia de los daños y perjuicios peticionados, al no solicitarse la nulidad de los actos administrativos dictados y no efectuarse ninguna fundamentación por una actuación normal de la Administración

IX. LAS OTRAS PRETENSIONES. En cuanto a la pretensión segunda en la que solicita que la finca de la parte actora pase a ser propiedad del Estado la misma debe declararse sin lugar. Al haberse desestimado la pretensión número uno y no determinarse que deba indemnizarse a la sociedad accionante, no sería procedente el traslado de la propiedad de la sociedad actora al Estado. En relación a las pretensiones subsidiarias, tampoco son procedentes al considerarse que al no solicitarse la nulidad de las conductas de la administración o argumentar que la responsabilidad es por una conducta legítima o normal de la Administración, como se fundamentó en el Considerando anterior, tampoco sería procedente la indemnización por el 78% de la propiedad de la parte actora y que se traspase ese porcentaje de la finca al Estado, luego de realizar el respectivo plano.

X. SOBRE LAS EXCEPCIONES. En atención a los motivos expuestos en la sentencia, lo que corresponde es acoger la excepción de falta de Derecho opuesta por el Estado y el SINAC. No así respecto de la excepción de prescripción interpuesta por el Estado, la cual debe rechazarse, de conformidad con lo resuelto por este  Tribunal en el considerando VI de esta sentencia. En igual sentido la  falta de legitimación activa y pasiva, pues la actora, en tanto es usuaria del sistema de justicia y es la propietaria registral de la finca donde se iba a desarrollar el proyecto Villas Villa Bella y donde se encuentra ubicado el humedal Laguna Pochotal, por lo cual se solicita la indemnización en el presente proceso (hechos probados 06 y 09 de esta sentencia), por lo que está en posición de reclamar al Estado y al SINAC,  los presuntos daños causados por dichas instituciones, según su teoría del caso, de conformidad con el artículo 10 y 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo Así las cosas, lo que corresponde es rechazar las defensas de prescripción y falta de legitimación activa y pasiva;  y acoger la excepción de falta de Derecho y en consecuencia, desestimar la presente demanda por improcedente.

XI.- SOBRE LAS COSTAS: Conforme a lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas a la sociedad LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. , las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento. Sobre este extremo, el juez Aguilar Méndez pone nota.

POR TANTO

Se rechazan las excepciones de prescripción y falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por la representación del Estado. Se acoge la defensa de falta de derecho interpuesta por los demandados. En consecuencia, se DECLARA SIN LUGAR la demanda interpuesta por YAMILETH CASTILBLANCO VARGAS, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. en contra del ESTADO y el SINAC. Se condena a la accionante al pago de las costas del proceso, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento. Sobre este último extremo, el juez Aguilar Méndez pone nota separada. ES TODO. Notifíquese.- Lindsay Rodríguez Cubero, Daniel Aguilar Méndez y Cynthia Abarca Gómez, Jueces.-

 

NOTA DEL JUEZ AGUILAR MÉNDEZ.- Específicamente en relación a la condenatoria al pago de costas, si bien resulta unánime el criterio de que efectivamente debe imponerse la misma al perdidoso por el sólo hecho de serlo, con todo respeto difiero de mis compañeras en cuanto al carácter abstracto o líquido de este pronunciamiento. Dada la escasa regulación que sobre este punto han tenido los diferentes cuerpos normativos procesales en esta materia, como lo fue en su momento la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en la actualidad, el Código Procesal Contencioso Administrativo, se dio lugar a una extendida aplicación por supletoriedad de las normas del Código Procesal Civil, justamente conforme lo autorizan los numerales 220 ídem y los artículos 9 y 13 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia y según la vigente redacción del artículo 62.1 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342), constituye un deber ineludible del Tribunal, el establecer en el fallo de “…una vez el monto exacto de las cantidades otorgadas, sus adecuaciones hasta la sentencia, incluidos los intereses y las costas…” (Resaltado no es del original). Por consiguiente y dado que se carece de norma administrativa en contrario, lo procedente sería incluir en el acápite de costas de esta sentencia, la determinación de estos últimos rubros, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico y no reservar su pronunciamiento para la etapa de ejecución de sentencia.- Daniel Aguilar Méndez, Juez.-

 

 



 

 




- Código Verificador -
*9YNC6EUA843C61*
9YNC6EUA843C61



 

Documento firmado por:

LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO, JUEZ/A DECISOR/A
DANIEL AGUILAR MENDEZ, JUEZ/A DECISOR/A
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 17:34:55.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Email

 [email protected]

Second Judicial Circuit of San José, Annex A (Former Motorola Building)

 

FILE:

 

16-002987-1027-CA




PROCEEDING:

 

ORDINARY PROCEEDINGS




PLAINTIFF:

 

LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A.




DEFENDANTS:

 

THE STATE AND THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

 

No. 004-2023-VI

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECTION SIX, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A, Calle Blancos, at fourteen hours fifteen minutes on the thirtieth of January, two thousand twenty-three.

This Tribunal hears the ordinary administrative contentious proceeding, declared to be conducted as a pure legal proceeding (trámite de puro derecho) in accordance with Article 98.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, brought by YAMILETH CASTILBLANCO VARGAS, identity card number 2-311-070, in her capacity as unlimited general proxy (apoderada generalísima sin límite de suma) of the corporation LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A., legal identification number 3-101-618911; against the ESTADO, represented by the appearing State attorney (procurador), Licenciado LUIS DIEGO FLORES ZÚÑIGA, holder of identity card number 4-138-023, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Licenciado JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA ALFARO, attorney, holder of identity card number 1-601-436, appears as lead counsel for the plaintiff.

CONSIDERING

I.- PRELIMINARY ASPECTS.- A) This judgment is issued according to the formalities established in Law No. 9342, Código Procesal Civil (CPC), and the Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial (REJEPJ), approved by the Corte Plena in Article XXXI of session No. 22-13, held on May 20, 2013; B) The ruling is adopted unanimously, after the respective deliberation, with the drafting of the judgment assigned to the reporting judge, Judge Rodríguez Cubero, with the concurring vote and opinion of judges Abarca Gómez and Aguilar Méndez; C.) The respective case file was remitted to Section Six for the issuance of the pertinent ruling, as recorded in the Virtual Desktop System originally assigned to the inbox of Judge Aguilar Méndez. In accordance with the Remedial Plan authorized by the Commission of the Jurisdicción Contencioso Administrativo and the Coordination of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, carried out in order to prioritize matters with the longest waiting time for resolution, on May 9, 2022, this file was assigned to the inbox of Judge Lindsay Rodríguez Cubero, so that she could proceed with the issuance of the judgment (see images 378 and 379 of the court file); D.) By order issued at seventeen hours six minutes on January thirteen, two thousand twenty-three, this Tribunal ordered SINAC to provide the special judicial power of attorney of Licenciada Maureen Solís Retana, which was not in the court file, within a period of three days; however, to date said power of attorney has not been remitted to this Court, and therefore the statements made by said legal professional at the preliminary hearing will not be deemed to have been made, as warned in the order issued, since for this Chamber it is not possible to verify that on that date she held the status of judicial representative of that personified body (see images 380 and 384 of the court file);

II.- PROCEDURAL BACKGROUND.- A recount is made of the procedural history (iter procesal): 1.- The plaintiff's claim, according to the brief filed on April 22, 2016, and adjusted at the preliminary hearing held on June twenty-eighth, two thousand eighteen, is for the judgment to declare: "...MAIN CLAIMS: 1- That the Estado and SINAC must compensate the amount of the economic damage of TWO MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND DOLLARS, for the decision of SETENA to prevent the VILLAS VILLA BELLA real estate development, by arguing that 78% of our property is a protection zone of the Humedal Laguna Pochotal. As well as the consequential damages (perjuicios) consisting of the profits not obtained and that will be determined in the execution of judgment. 2. That by virtue of those indemnity payments, the real property of our ownership will become the property of the Estado, so that it may be fully destined for the protection of the Humedal Laguna Pochotal. SUBSIDIARY CLAIMS: 1) That the remaining 22% of our property may be registered as a remainder unaffected by the Humedal Laguna Pochotal, the Estado must compensate us for the decision of SETENA to prevent our VILLAS VILLA BELLA real estate development, by arguing that 78% of our property is a protection zone of the Humedal Laguna Pochotal. That by virtue of those indemnity payments, the 78% of the real property of our ownership will become the property of the Estado, so that it may be fully destined for the Protection of the Humedal Laguna Pochotal. 2) That the Estado must prepare the cadastral plan of the land corresponding to 78% of the protection zone and draft the segregation and transfer deed for that real property so that the previous request may be formalized..." (see images 195 to 196 and 372 of the court file and digital backup of the preliminary hearing).

2.- By order issued at sixteen hours twenty-four minutes on May eighteenth, two thousand sixteen, the respective transfer of the complaint was made to the Estado (see images 197 to 199 of the court file)

3.- By brief received on July 14, 2016, the representative of the Estado answered the complaint negatively, requested that it be dismissed, and raised the defenses (excepciones) of statute of limitations (prescripción), necessary joinder of passive parties (litis consorcio pasivo necesario), lack of standing (legitimación) on the part of the plaintiff and the defendant, and lack of legal basis (falta de derecho) (see images 221 to 237 of the court file).

4.- By resolution number 2772-2016-T at seven hours thirty minutes on November thirtieth, two thousand sixteen, this Tribunal joined SINAC to this proceeding and proceeded to give the respective transfer of the complaint by order at ten hours fifty-two minutes on May thirty-first, two thousand seventeen (see images 257 to 259 and 305 to 307 of the court file).

5.- By brief received on July 17, 2017, the representative of SINAC answered the complaint negatively, requested that it be dismissed, and raised the defense of lack of legal basis (ver imágenes 315 a 333 del expediente judicial).

6.- The preliminary hearing was held at thirteen hours thirty-seven minutes on June twenty-eighth, two thousand eighteen, in person, at which the different stages thereof were carried out. The claims were clarified, and resolution number 1082-2018 at fifteen hours twenty minutes on June twenty-eighth, two thousand eighteen, was issued, which rejected the defenses raised of statute of limitations, prejudiciality, and defective complaint. All facts were declared controverted except for facts 12 and 29, and the documentary evidence offered by the parties was admitted. The expert opinion offered by the plaintiff and the testimonial evidence offered by the parties were rejected. The proceeding was declared to be a pure legal proceeding, and the closing arguments (conclusiones) of the parties were received immediately and orally, proceedings that were recorded in the corresponding electronic system and appear in the associated documents folder of the virtual file (see images 371 to 376 of the court file and digital backup of the preliminary hearing).

7.- In the proceedings before this Tribunal, no procedural nullities requiring correction or causing helplessness are observed.

III.- PROVEN FACTS: The following facts relevant to this proceeding are deemed duly accredited:

1.) By official letter number SG-959-2002-SETENA dated June 20, 2002, the environmental viability (viabilidad ambiental) was granted by the Secretaria Técnica Nacional Ambiental to the corporation LYNX VEINTE VEINTE, S.A. for the Project Urbanización Hermosa Paradise, a project to be developed on the land described in plans P-152030-2001, P-756846-2001, and P-761079-2001 (see folio 819 of administrative file no. 172-2002, project named Hermosa Paradise, certification signed by Licenciado Marcos Arroyo Flores, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at eight hours ten minutes on June sixth, two thousand sixteen);

2.) In deed number 24-2 of notary public Esteban Esquivel Zúñiga, granted at eight hours on January 30, 2009, a lot was segregated from farm number 6-157758-000 with an area of eleven thousand meters and fifty-three square decimeters, according to cadastral plan number P-1282975-2008, which gave origin to farm number 6-164796-000, which was transferred from the corporation Sol Naciente de Mar 0. P. D. S. A. to the corporation Playa Dorada O.N.R.E.N. S.A. for an amount of one hundred thousand exact colones (see registry certification of May 30, 2006, of farm number 6-164796-000)

3.) By deed one hundred six of notary public Ivonne Patricia Redondo Vega, granted at eight hours on May eighteenth, two thousand nine, the corporation Playa Dorada O.N.R.E.N. S.A. transferred to the corporation Hermosa Ocean Wave Corporation, S.A. farm number 6-164796-000 with a measurement of eleven thousand meters and fifty-three square decimeters, with the following encumbrances (gravámenes): Reservations under the Water Law, in volume three hundred twenty-two, entry sixteen thousand four hundred ninety-three, subsequence ninety-two; reservations and restrictions, in volume three hundred twenty-six, entry two thousand nine hundred eighteen, subsequence nine hundred two; aqueduct and right-of-way easement (servidumbre) of the Instituto de Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in volume five hundred sixty-nine, entry eleven thousand eight hundred seventy-something, subsequence zero zero zero one, for an amount of ten thousand colones (see registry certification of May 30, 2006, of farm number 6-164796-000)

4.) By deed number three hundred ninety of notary public Ligia Rodríguez Pacheco, granted at twenty hours on December eighth, two thousand ten, the corporation Hermosa Ocean Wave Corporation, S.A. donated farm number 6-164796-000 to Mrs. Adriana Melissa Sánchez Duarte for the sum of one thousand colones (see registry certification of May 30, 2006, of farm number 6-164796-000)

5.) In deed number fifty-four-twenty-four of notary public Sergio Sánchez Bagnarello, granted at eleven hours on January tenth, two thousand eleven, Mrs. Adriana Melissa Sánchez Duarte sold farm number 6-164796-000 to Mr. Andrew Dalbo for the sum of one hundred thousand colones (see registry certification of May 30, 2006, of farm number 6-164796-000)

6.) By deed number sixteen of notary public Marvin Gerardo Quesada Castro, granted at eleven hours on April ninth, two thousand eleven, Mr. Andrew Dalbo sold farm number 6-164796-000 to the plaintiff corporation LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. for the sum of one hundred thousand colones (see registry certification of May 30, 2006, of farm number 6-164796-000)

7.) By deed number eighty-six at eleven hours on August tenth, two thousand eleven, granted before notaries public Marvin Gerardo Quesada Castro and Manuel Porras Vargas, Mr. Andrew Dalbo, representing the corporation LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A., sold to Mr. AUGUSTO ARCE MARDI the possessory rights for the amount of ninety-seven thousand six hundred forty-five dollars, currency of the United States, the possessory rights free of encumbrances and annotations to a part of farm number 6-164796-000, with a measurement of one hundred fifty-three square meters (see registry certification of May 30, 2006, of farm number 6-164796-000)

8.) By official letter number 11-0172 of March 24, 2011, the Instituto Geográfico Nacional responded to a request submitted by Mrs. Sara Murillo Madrigal regarding the cartographic location of Laguna Pochotal located in Playa Hermosa de Jaco, Garabito, in which it was indicated, insofar as relevant: "...In Figure No. 6 and pursuant to Article 3 of decree 34507-MINAE, a strip of 50 m. is added, represented in green and with a thicker line, as indicated... In accordance with Article 33 of the Ley Forestal, the Lagoon shall have a protection zone of fifty meters... whereby the area becomes 51,913 m2. However, it must be taken into account that this area borders the coastal highway, which reduces it in its road surface and right-of-way..." (see folios 110 to 119 of the certification signed by Lic. José Eddie Aguilar Coto, Head of the Esparza Orotina Subregional Office, Área de Conservación Pacifico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, at fourteen hours fifty minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

9.) On September 9, 2011, the corporation LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. submitted to SETENA a request for Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) of the project Villas Villa Bella, which would consist of the development of 4 modules of 12 villas each for a total of 48 units on farm number 6-164796-000, whose cadastral plan is number 6-1282975. That said request was resolved by resolution number 0952-2012-SETENA at 10 hours 25 minutes on March 29, 2012, in which it was established: "...In Ordinary Session No. 038-2012 of this Secretariat, held on March 28, 2012, in Article No. 068, it is agreed: FIRST: Based on the recommendation emanating from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacifico Central, by virtue of the technical criterion requested, and in accordance with current regulations, the archiving of file number D1-6006-2011-SETENA is ordered. SECOND: Against this resolution, the ordinary remedies (recursos) of revocation before SETENA, and appeal before the Ministro de Ambiente y Energía, may be filed within a period of three days from the day following notification, in accordance with Articles 342 et seq. of the Ley General de la Administración Pública and 87 of the Ley Orgánica del Ambiente. THIRD: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project..." (see folios 188 to 196 and 347 to 350 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

10.) On April 17 and 23, 2012, the representative of the plaintiff corporation filed a remedy of revocation with a subsidiary appeal against resolution number 0952-2012-SETENA at 10 hours 25 minutes on March 29, 2012 (see folios 351 to 364 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

11.) By resolution number 3121-2012-SETENA at 10 hours on December 6, 2012, the revocation remedy was resolved as follows: "...In Ordinary Session No. 0126-2012 of this Secretariat, held on December 5, 2012, in Article No. 26, it is agreed: FIRST: In accordance with the reasons of fact and law set forth, the REMEDY OF REVOCATION against resolution No. 952-2012-SETENA of March 29, 2012, is declared PARTIALLY GRANTED, and the archiving of the file is lifted by this act. SECOND: Mrs. Sara Murillo Madrigal, in her capacity as legal representative of the company La Residencia Soñada en Costa Rica Tres S.A., legal identification number 3-101-618911, is ordered to comply with what is indicated in considering clause five, points 4 and 5; which must be presented before this Secretariat within a period of 3 months from the notification of this administrative resolution. THIRD: The Department of Environmental Assessment is ordered to continue with the evaluation procedures of the file, according to the corresponding procedure; likewise, it is requested that once the study is presented by the developer before this Secretariat, the Área de Conservación Pacífico Central and Programa Nacional de Humedales be informed thereof, given the clear request in report SINAC-SE-GASP-255-12. FOURTH: Having declared the revocation remedy partially granted, the Appeal Remedy is elevated to the Señor Ministro de Ambiente y Energía together with the respective file, in order to hear its ruling regarding the appellant's claim..." (see folios 410 to 420 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

12.) By resolution number 35-2013-MINAET at 9 hours 45 minutes on January 28, 2013, the Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones resolved the appeal remedy as follows: "...That under the protection of all the considerations of fact and law that precede in the considering clauses of this resolution, the Appeal Remedy filed by Mrs. Sara Murillo Madrigal in her capacity as legal representative of the company La Residencia Soñada en Costa Rica Tres S.A., legal identification number 3-101-3-101 (sic) -618911, against resolution No. 952-2012-SETENA is rejected, as there are no grounds, defects, or violation of Due Process that justify its revocation, and therefore, in accordance with numeral 168 and others cited of the Ley General de la Administración Pública, it must remain unaltered in all its aspects..." (see folios 426 to 430 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

13.) On February 6, 2013, the representative of the plaintiff corporation submitted the soil study required in resolution number 3121-2012-SETENA at 10 hours on December 6, 2012 (see folios 432 to 435 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

14.) By resolution number 01019-2013-SETENA at 13 hours 35 minutes on April 17, 2013, the following was resolved insofar as relevant: "...From the standpoint of Land Use Capacity Classification (Decreto N° 23214-MAG-MIRENEM), wetland soils must have at least one of the above-mentioned parameters defined as Class VIII. In that regard, and as this same decree states: 'These lands do not meet the minimum conditions for any agricultural or forestry production activity. The lands of this class are useful only as zones for preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty' FOURTH. Due to the foregoing, the appropriate course, in view of the results yielded by the Final Report of the Soil Study and Land Use Capacity presented by the developer, in concordance with official letter SINAC-SE-GASP-255-2012 which considers that, given the edaphological and geomorphological characteristics contained in the consultation zone and the area of influence, the execution of the project is not environmentally and legally viable. At the same time, official letter ACOPAC-D-163-2012 of March 20, 2012, from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central, where it states that it is not advisable to authorize environmental viability for the execution of projects that could eventually be affected by a new delimitation of the wetland, the appropriate course is TO NOT CONTINUE WITH THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT PROCESS and to proceed with the archiving of file No. D1-6006-2011-SETENA. THEREFORE THE FULL COMMISSION (COMISIÓN PLENARIA) RESOLVES In Ordinary Session No. 029-2013 of this Secretariat, held on April 16, 2013, in Article No. 57, it is agreed: FIRST: Based on the recommendation emanating from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacifico Central, by virtue of the technical criterion requested, and in accordance with current regulations, the ARCHIVING of file number D1-6006-2011-SETENA is ordered. SECOND: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Ministro de Ambiente y Energía, may be filed within a period of three days from the day following notification, in accordance with Articles 342 et seq. of the Ley General de la Administración Pública and 87 of the Ley Orgánica del Ambiente. THIRD: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project..." (see folios 444 to 449 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

15.) On April 23, 2013, the representative of the plaintiff corporation filed an appeal remedy against resolution number 01019-2013-SETENA at 13 hours 35 minutes on April 17, 2013 (see folios 450 to 453 of administrative file no. D1-6006-11-SETENA, certification signed by engineer Freddy Bolaños Céspedes, Secretary General Secretaria Técnica Nacional Ambiental, at ten hours and twenty-five minutes on July twenty-second, two thousand fourteen);

16.) By official letter from the Regional Directorate of the Área de Conservación Pacífico Central of SINAC, number SINAC-ACOPAC-D-72-14 of January 30, 2014, its director, MAG. Alfonso Duarte Marín, indicated to the plaintiff corporation the following: "...To address the consultation raised by you regarding the criterion of the Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) on the limits of the wetland Laguna Pochotal, I attach a copy of official letters ACOPAC-DASP-002-2014 and ACOPAC-OT-TOP-10-2013. As can be inferred from both documents and from the technical analysis carried out, property P-128975-2008 is located 78% within the limits of Laguna Pochotal and its protection area..." (see images 146 to 149 of the court file)

17.) By resolution number R-233-2015-MINAE at 14 hours on July 30, 2015, the Ministro de Ambiente y Energía resolved the appeal remedy as follows: "...FIRST: That under the protection of all the preceding considerations of fact and law, the appeal remedy filed by: the company La Residencia Soñada en Costa Rica Tres, S.A., legal identification number 3-101-618911, represented by Mrs. Sara Murillo Madrigal, identity card number 204910054, is rejected. SECOND: That as there are no grounds or defects in this procedure that justify the revocation of resolution No. 01019-2013-SETENA at thirteen hours and thirty-five minutes on April seventeenth, two thousand thirteen, it remains unaltered in all its aspects. THIRD: The administrative route is deemed exhausted as to what is heard herein..." (see images 157 to 167 of the court file)

18.) On April 6, 2016, the representative of the company La Residencia Soñada de Costa Rica Tres S.A. filed the present complaint (see image 02 of the court file)

IV.- OF THE UNPROVEN FACTS.- None of utility for the present judgment.

V.- OBJECT OF THE PROCEEDING. The claims established by the plaintiff in this proceeding, fundamentally, seek payment for the damages (daños y perjuicios) caused by the determination that 78% of its property is a protection zone of the Humedal Laguna Pochotal. Understood as follows: the material damage consisting of an amount of one million four hundred thirty thousand dollars, the value paid for the property, and one million dollars for the expenses incurred in the procedures to execute the Villas Villa Bella project. In addition to the consequential damages which, as requested in the complaint, will be determined in the execution of judgment. Finally, should the plaintiff corporation be compensated for not being able to use its property for the established purposes, the farm subject to this proceeding should be transferred to the ownership of the Estado for the protection of the wetland Laguna Pochotal. The representative of the Estado opposed the action and raised the defenses of statute of limitations, lack of standing on the part of the plaintiff and the defendant, and lack of legal basis, and the representative of SINAC likewise opposed the complaint and raised the defense of lack of legal basis. It then falls to examine whether or not the plaintiff is entitled to what was requested.

VI- OF THE STATUTE OF LIMITATIONS. The representative of the Estado, in its answer, raised the defenses of prejudiciality, defective complaint, and statute of limitations, which were heard at the preliminary hearing by the overseeing judge and rejected by resolution number 1082-2018 at fifteen hours twenty minutes on June twenty-eighth, two thousand eighteen. However, the State attorney appearing in the proceeding, in his closing arguments, reiterated said defenses, of which, in accordance with Article 67 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the only one that may be reiterated at this procedural stage is the statute of limitations, and therefore it is the one this Tribunal will hear again. Said defense of statute of limitations is argued by indicating that the present complaint was notified on May 20, 2016, and therein requests the liability of its represented party for preventing the development of the Villas Villa Bella project on farm number 6-164796 (plan number P-1282975-2008) by delimiting it within the wetland Laguna Pochotal. However, said lagoon was delimited by Decreto Ejecutivo number 34507-MINAE dated April 25, 2008, published in Gaceta 104 of May 30, 2008, which included the 50-meter protection zone, according to a survey by the Instituto Geográfico Nacional (IGN) from 2003 and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) from 2005. In turn, the perimeter of both areas has been recorded in the official cartographic system of the IGN since June 2007 and was communicated to the plaintiff in official letter 11-172 of March 24, 2011, which it attached as an exhibit when requesting that environmental viability be granted by SETENA, and therefore the archiving thereof was based on that limitation of the wetland Laguna Pochotal, so it would be this conduct that is the origin of the liability claimed by the plaintiff corporation, and thus it would be time-barred, as the 4-year period had elapsed, in accordance with Article 198 of the Ley General de la Administración Pública.

For its part, the representation of the plaintiff company argues that it must be rejected, because its right to claim compensation derives from resolution number 01019-2013-SETENA of 1:35 p.m. on April 17, 2013, in which the archiving of file number D1-6006-2011-SETENA was ordered, given that its property was impacted by the Laguna Pochotal wetland, and therefore as of the date of that resolution until the notification of the lawsuit, 4 years have not elapsed. In addition, it argues that official communication SINAC-ACOPAC-D-72-14 of January 20, 2014, which is based on official communications ACOPAC-DASP-002-2014 and ACOPAC-OT-TOP-10-2013, determined that 78% of the land described in cadastral plan P-128975, corresponding to its farm, is located within the boundaries of the Pochotal Lagoon and its protection area, official communications that also fall within the established 4 years. Additionally, it argues that official communication 11-0172 of March 24, 2011 was never legally notified to its represented party, Mrs. Sara Murillo, who was a special attorney-in-fact for a specific proceeding and that it does not comply with the provisions of Article 240 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública, LGAP). And finally, they argue that regardless of the dates indicated, this is a continuing fact, because to date the impediments to developing its property remain. To resolve this exception, it must be noted that the present proceeding is a "civil treasury" (civil de hacienda) matter, inasmuch as an indemnification action is being sought against the State and SINAC, and therefore this action is indeed subject to a four-year statute of limitations, pursuant to Article 198 of the General Public Administration Law. This norm regulates a special field of law, and therefore constitutes a special legal framework that specifies the norms pertaining to the activities and functioning of the centers of public power, as applicable to the defendant institutions. Specifically, regarding the statute of limitations for that liability, Article 198 of that legal body states: “The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event giving rise to the liability./ The right to claim compensation against public servants shall prescribe in four years from the time knowledge of the harmful event is obtained. (...)”. As can be observed, by express rule of the legislator, when one seeks to exercise an indemnification action against the Public Administration for damage produced in the extracontractual sphere (as in the case before us), one must apply the rules established by this norm and not others, unless a special norm imposes different treatment, which, even if containing more favorable provisions, yields to the specialty of the regulation under discussion. In this regard, it is clear that, in this matter, the prescriptibility period is none other than the four-year period established by the aforementioned mandate 198. To that extent, the right to integral reparation of the damage that the Legal System confers upon the individual is not unrestricted. For reasons of certainty and legal certainty, it is subject to expiration by the passage of time, if it has not been exercised. Along these lines, and resorting to precept 865 of the Civil Code, it is indicated that by negative or liberatory prescription a right is lost, and for this, the mere passage of time suffices. Hence, Article 866 of the same code establishes that the action to enforce a right is extinguished by the prescription of that same right. As a complement, from the analysis of the aforementioned canon 198, it follows that the reference period (4 years) is computed from the moment in which the victim is in an objective position to know the source of the injury, so that they can undertake the remedial avenues that the domestic normative set makes available to them. Thus, in each case, the adjudicator must determine the starting point of the prescriptive period, which can only be derived from the examination of the case records regarding the factual issues of the events occurring over time and from the objective and thorough weighing of each particular case, given that, as occurs in the case records, the plaintiff company states that the event for which it claims compensation is the archiving of the environmental feasibility (viabilidad ambiental) application for the Villas Villa Bella project and the determination that 78% of its property, farm number 6-164796 (plan number P-1282975-2008), where the project was to be carried out, is located within the Laguna Pochotal wetland and its protection zone. Said determination is made by the Administration through resolution number 01019-2013-SETENA (see proven fact 15 of this judgment) in which the archiving of file number D1-6006-2011-SETENA was ordered, which is the proceeding in which the environmental feasibility of the Villas Villa Bella project was being considered, and whose archiving was confirmed by the Minister of Environment and Energy with resolution number R-233-2015-MINAE (see proven fact 17 of this judgment). Likewise, it is through an official communication from the Regional Directorate of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, number SINAC-ACOPAC-D-72-14 of January 30, 2014 (see proven fact 16 of this judgment), in which it was established that 78% of the plaintiff's property is located within the boundaries of the wetland and its protection area, and therefore it is at this point that it was determined that it was not feasible to carry out any work on the property, which is the reason compensation is sought in the present action. From this perspective, considering the set of damages claimed by the plaintiff due to the consequences of not being able to develop the Villas Villa Bella project, this Court considers that all of the items sought are directly and undeniably associated with an instantaneous cause that, as alleged, arose from the determination that 78% of the property lies within the wetland boundaries and its protection area. Consequently, the starting point of that calculation (dies a quo) begins on January 30, 2014, and not, as the State's representation indicates, on the date the wetland limitation was made, through official communication from the National Geographic Institute number 11-0172 of March 24, 2011 (see proven fact 08 of this judgment). This is according to this Court's criterion, because it is only when the archiving of the file considering the environmental feasibility of the Villas Villa Bella project is ordered, along with the cited official communication SINAC-ACOPAC-D-72-14, and the archiving of the file seeking environmental feasibility is confirmed, through resolution number R-233-2015-MINAE of 2:00 p.m. on July 30, 2015 (see proven fact 17 of this judgment), that the plaintiff party has certainty that on 78% of its property the project called Villas Villa Bella cannot be carried out. According to the plaintiff party's theory of the case, this is the basis for seeking the respective compensation from the Administration. In that sense, applying the mentioned four-year period, the maximum period to exercise that right of claim, as mandated by Article 41.1 of the CPCA, would be until January 29, 2018. Now then, from the analysis of the case records, it is evident that the lawsuit was filed on April 6, 2016 (see proven fact 18 of this judgment), and therefore it was filed in a timely manner, as the four years the party had to exercise its claim and seek payment of the damages caused, as imposed by precept 198 of the LGAP, had not elapsed. Thus, regarding this matter, the proper course is to reject the statute of limitations defense and proceed with the consideration of the lawsuit on its merits.

VII- THE REGIME OF PATRIMONIAL LIABILITY OF THE ADMINISTRATION. As it is of interest for the resolution of this matter, it is necessary to briefly refer to the liability regimes that the national legal system establishes on the occasion of the exercise of materially administrative functions. This is an objective liability regime, regarding which there is no discussion whatsoever in national doctrine or jurisprudence; it is grounded in Articles 1, 9, 11, and 41 of the Political Constitution and is regulated in the General Public Administration Law (LGAP), specifically in Articles 170.1 and 190 to 213. Likewise, it finds development and complement in the principle of legality (Article 11 of the Constitution), equity in the distribution of public burdens (Articles 18 and 33 of the Fundamental Charter), protection of legal situations and consolidated rights (precept 34 of the same normative body), integral reparation of damage (Article 41 ibid.), patrimonial indemnity (canon 45), effective judicial protection (mandate 49), maxim of social solidarity (74 of the Constitution), liability of the presidential office (148 of the referenced normative body), liability of the Judicial Branch (154 and 166 ibid.), and liability of autonomous institutions (Article 188 ibid.). These fundamental norms constitute the bases of the referred-to system, which recognize and establish the economic reparation of patrimonial or extra-patrimonial injuries occurring as a derivation of public conduct or omissions, which the victim has no duty to bear. Thus, pursuant to the cited constitutional provisions, the legislator developed an objective liability regime for the Administration that is based on three essential elements or indispensable prerequisites, without which no liability is generated for the Administration: a) It does not focus on the subjective element (who causes the damage) in the sense of whether there is intent (dolo) or fault (culpa); rather, it focuses on the existence of an unjust damage that the victim has no legal duty to bear. This finalistic criterion in turn produces a full transformation in the central axis of the liability itself, as it abandons the analytical observation of the subject producing the damage and the qualification of their conduct, to place itself in the position of the victim, who, diminished in their legal situation, is exempted from proving any subjective parameter of the acting public agent (except as regards their personal liability). This undeniably causes a shift in the very focus of its foundation, since there will be liability of the Administration whenever its functioning causes damage, whether patrimonial or extra-patrimonial, that the victim has no duty to bear, regardless of their subjective legal situation and the ownership or condition of power they hold, provided, of course, that the indispensable prerequisite of causal nexus is met. Now, it is the LGAP that in its Article 196 defines the characteristics of compensable damages, which must be "effective, evaluable, and individualizable in relation to a person or group." By "effective" we must understand damage that is certain and demonstrable; by "evaluable" that it can be valued in economic terms; and by "individualizable" that it is possible to connect it in direct relation to a person or group, their patrimony, or their values; such that it does not reach the generality of inhabitants or broad sectors of the population. This means that non-existent damages or mere expectations of profit are not compensable. The injury must be proven in order to be compensated, an aspect that certainly falls to the party seeking compensation to prove. This is determined by Article 58 subsection c), in relation to Article 82, both of the CPCA, and Article 35 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil, CPC). Despite the breadth of the objective regime, it is incumbent upon the party claiming the damage to demonstrate the existence of an effective, evaluable, and individualizable damage, as well as a causal nexus between that harmful effect and public conduct. Furthermore, it is decisive to establish that the damage may only be claimed by the person who has truly suffered it, i.e., the person who is in the position of victim for having directly received the damage in their vital sphere. From this standpoint, only the victim is legally authorized (legitimada) to claim compensation. Likewise, it is an indispensable condition that the damage be unlawful (antijurídico), that is, that it implies a detriment or loss in the patrimonial or extra-patrimonial legal sphere of the victim, without there being a legal duty to bear it. There is underlying unlawfulness (antijuricidad) whenever a legal mandate establishes the obligation to repair an injury contrary to law that the victim should not bear, regardless of the standard of imputation. b) The Administration is liable for its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning. It should be noted that the legislator's reference is not simply to administrative acts, that is, to formal conduct, relating to the adoption of administrative acts (both the final act—in consideration of the lack of necessity to require exhaustion of the administrative route—and the definitive one) or acts of a general and normative nature (regulations); rather, it transcends to the different forms of administrative functioning, i.e., the material, consisting of the provision of public services, execution of acts, anomalous coercion (actions in situations of declared emergency and urgency), and de facto pathways; and finally, the so-called administrative dysfunction or omissive conduct, both formal (relating to the omission of timely resolution of appeals, which has generated the formulation in doctrine of the concept of the presumed act by which positive or negative silence is configured) and material. The fundamental purpose of this is the compensatory reparation for someone who has experienced an injury attributable to the public organization as a center of authority that proves to be unlawful at its base. From this standpoint, the legislation imposes as criteria of imputation illicit or licit conduct, as well as normal or abnormal functioning. In the case of licit conduct and normal functioning, the legal system establishes premises and requirements that determine its admissibility, among them, the damage must be special or abnormal, which presupposes that it must fall upon a small proportion of affected individuals, or, in the second case, it must have an exceptional intensity. In these hypotheses, liability covers only the damage, but not the lost profits (perjuicios) (Articles 194 and 195 of the General Law referred to). On the other hand, for illicit conduct and abnormal functioning, liability is plenary. c) In any case, given these criteria of imputability, it must be proven that the injury is a consequence of those actions or omissions, for the purpose of establishing the causal nexus that allows the attribution of liability to the center of public authority, or in other words, the harmful event must be generated by the conduct of the Public Administration in an adequate and efficient manner (a necessary causal nexus between the alleged damage and conduct of the Public Administration). If there is no such causal nexus, the compensatory claim made is not admissible (on this subject, see judgment number 584-2005 of 10:40 a.m. on August 11, 2005 from the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Finally, it must also be considered that pursuant to Article 190.1 of the LGAP, the causal nexus, and thus the liability of the Administration, is broken in the following circumstances: "force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), or act of a third party (hecho de un tercero)"

VIII. REGARDING THE SPECIFIC CASE. Having analyzed the case records, this Chamber finds that the filed lawsuit is inadmissible and must be dismissed, as the plaintiff cannot prove the prerequisites indicated in the preceding recital, in particular, the conduct constituting the criterion of imputation for which compensation is sought. As the lawsuit was framed and the conclusions drawn in the preliminary hearing, the plaintiff party's arguments center on the liability of the Public Administration, grounded in Articles 190, 191, and 198 of the General Public Administration Law, specifically against the State and SINAC, for illicit and abnormal functioning, by establishing that 78% of its property, farm number 6-164796 (plan number P-1282975-2008), is affected by the Laguna Pochotal wetland and its protection zone, and for not granting environmental feasibility to carry out the Villas Villa Bella project. As the claims were defined in the lawsuit and during the preliminary hearing, and therefore the subject matter of the proceeding, this Court finds no element whatsoever aimed at challenging and declaring the illegitimacy or abnormality of any conduct of the Administration, despite the fact that the arguments put forth by the plaintiff's representation clearly suggest that it is indeed attributing the alleged injury to formal conduct of SINAC, as it argues when presenting its arguments for the rejection of the statute of limitations defense raised by the State, where it refers to SETENA's resolutions ordering the archiving of the file seeking environmental feasibility for the Villas Villa Bella project (see proven facts 9, 11, 12, 14, and 17 of this judgment) and the official communications that determined that 78% of its property was affected by the Laguna Pochotal wetland and its protection zone (see proven fact 16 of this judgment). In this sense, it must be noted that the claim is of vital importance for the judge, because together with the facts relating to the cause and the arguments of the intervening parties, it constitutes the limits within which the judgment must be rendered. Thus, in accordance with Article 119 of the CPCA, as a general rule and save for the sua sponte pronouncements that the legal system expressly establishes, the judge may not grant more, nor anything different from what is requested as material claim, nor base their ruling on arguments or facts that have not been alleged and proven by the parties. In that regard, one may consult, among others, Judgments No. 826-F-S1-2000 of 4:15 p.m. on November 1, 2000 and No. 280-F-S1-2017 issued at 10:00 a.m. on March 16, 2017, both rendered by the First Chamber of the Supreme Court of Justice. Based on the foregoing, we consider that in this case, the lawsuit contains a defective formulation of what is requested and argued in this proceeding, which prevents the Court from granting it, as will be analyzed next. The plaintiff party establishes as its main claim in its complaint the following: "...1- That the State and SINAC must compensate the amount of economic damage of TWO MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND DOLLARS, due to SETENA's decision to prevent the real estate development VILLAS VILLA BELLA, by arguing that 78% of our property is the protection zone of the Laguna Pochotal Wetland. As well as the lost profits (perjuicios), which are the gains not obtained and which will be determined in the execution of judgment phase...." It follows from that claim and the subsidiary ones that the liability sought by the plaintiff party is for the conduct of the administration that it considers illegitimate and that caused the damages and lost profits to its represented party, but it only makes reference to them being a consequence of not being able to use 78% of its property for the Villas Villa Bella project, without requesting the nullity of any of the administrative acts that determined the zone where the wetland and its protection zone were located. This leads us to conclusively conclude that there is no claim asserted in the case records related to the challenge of the administrative conduct, that is—from the viewpoint of this Court—an irregular situation exists in which the plaintiff party, while not showing disagreement with what was resolved by the various instances of SINAC (because, we reiterate, it did not question the legality of any of those issued acts), simply states that the damages are caused by the archiving of the environmental feasibility file because a wetland and its protection zone are located on its property. And as argued in the preceding point, in order to seek the objective liability of the Administration, it is necessary to sufficiently prove that the damages derive from the exercise or manifestations of the Administration's function, for which the legal system establishes the possibility of compensation, but for which the plaintiffs must have argued and proven it, as it is their obligation. In this sense, what is stated in the judgment of this Section number 157-2020–VI of nine fifty-five a.m. on November twenty-sixth, two thousand twenty, is applicable to the sub judice matter, stating: "...As we have previously explained, in order to seek the objective liability of the Administration, it is necessary to prove that the cause stems from administrative conduct that constitutes a criterion of imputation, that is, that gives rise to a specific legal regime of compensation, for which, and as a conditio sine qua non, the interested party bears the procedural burden of alleging and proving that material premise. However, in the instant case, no such criterion of imputation is observed that, in principle, could have grounded that liability, given that the judicial representation of the plaintiff has not been able to adequately satisfy said procedural burden. From the arguments formulated in writing and during the conclusions, it would seem that the party's claim is limited to an alleged lack of service related to various formal and material conduct that the party considers contrary to law; however, in order for these to support an eventual order to pay damages and lost profits, the plaintiff's representation should have formulated with the action some element aimed at challenging that conduct, which is lacking in the sub examine case, and which therefore renders futile any attempt to impute liability to the defendant entity. Likewise, even though pursuant to Article 194 of the General Public Administration Law, the Professional Association could be liable for legitimate conduct or normal functioning that generated a special detriment to the citizens, the truth is that such specialness or abnormality of the damage is also not alleged, much less demonstrated. It should be noted at this point that as a derivation of the dynamic burden of proof (Articles 58, 82, 85 of the Contentious Administrative Procedure Code, 41.1 of the Civil Procedure Code), it is the victim's responsibility to demonstrate the existence and amount of the damages they allege. This duty is non-deferrable and constitutes an insurmountable prerequisite for the admissibility of reparation. By virtue of these deficiencies, the claim raised becomes inadmissible, and given that it is the sole substantive element of the lawsuit, the proper legal course is the dismissal of the civil treasury action filed, since the prerequisites that would allow the patrimonial liability of the sued Association in the specific case to be proven are not met..." (the emphasis is not in the original). As indicated in the transcribed judgment, for an award of damages and lost profits to proceed as the plaintiffs seek, there should have been a challenge against the acts issued by SETENA and the Regional Directorate of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, pointing out the nullities that said conduct contained and the pertinent evidence, to ground the eventual award for the damages caused, which is not done in the present action, and therefore it is not appropriate to impute any liability to the defendants. And equally, no kind of argumentation or evidence is presented to demonstrate that the actions of the defendant entity responded to legitimate conduct or normal functioning by it that caused the damages claimed by the plaintiff company, in accordance with Article 194 of the General Public Administration Law, which is the obligation of the party claiming them, as a derivation of its duty to argue and the dynamic burden of proof, as established in Articles 58, 82, 85 of the Contentious Administrative Procedure Code, 41.1 of the Civil Procedure Code). In this line, the intent is to guarantee legal certainty through the proper application of due process and the right of defense, regulated in the Political Constitution, the Civil Procedure Code, and the Contentious Administrative Procedure Code; so that the defendant parties can exercise an adequate defense, according to the arguments presented by the parties, and therefore, since there is no argument or legal basis referring to the lawsuit deriving from legitimate conduct, the defendant parties did not address the liability derived from it, and therefore this Court cannot address the matter from this reasoning. For the foregoing reasons, this Court has no alternative but to dismiss the present action, by virtue of the omissions in the claim presented, which do not allow for a consideration of whether there existed patrimonial liability of the State and SINAC, or, failing that, the admissibility of the damages and lost profits sought, given that the nullity of the administrative acts issued is not requested and no argumentation is made for normal functioning of the Administration.

IX. THE OTHER CLAIMS. As for the second claim, in which it requests that the plaintiff party's farm become the property of the State, it must be declared without merit. Given that claim number one has been dismissed and it has not been determined that the plaintiff company should be compensated, the transfer of the plaintiff company's property to the State would not be appropriate. Regarding the subsidiary claims, they are also inadmissible given that, since the nullity of the administration's conduct is not requested, nor is it argued that the liability arises from legitimate or normal conduct of the Administration, as reasoned in the preceding Considerando, compensation for 78% of the plaintiff party's property and the transfer of that percentage of the farm to the State, after the respective plan is drawn up, would also not be appropriate.

X. REGARDING THE EXCEPTIONS. In view of the grounds set forth in the judgment, the appropriate course is to uphold the exception of lack of right (falta de Derecho) raised by the State and SINAC. Not so regarding the exception of statute of limitations (prescripción) raised by the State, which must be rejected, in accordance with what was resolved by this Court in Considerando VI of this judgment. Similarly, regarding the lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva), since the plaintiff, inasmuch as she is a user of the justice system and is the registered owner of the farm where the Villas Villa Bella project was to be developed and where the Laguna Pochotal wetland is located, for which compensation is sought in the present proceeding (proven facts 06 and 09 of this judgment), is therefore in a position to claim from the State and SINAC the alleged damages caused by said institutions, according to her theory of the case, in accordance with Articles 10 and 12 of the Contentious Administrative Procedure Code. Thus, the proper course is to reject the defenses of statute of limitations and lack of active and passive standing; and uphold the exception of lack of right and, consequently, dismiss the present lawsuit as inadmissible.

XI.- REGARDING COSTS: Pursuant to Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so, and their waiver only proceeds when, in the Court's judgment, there is sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the case under study, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and to break the principle of condemning the losing party to costs. Therefore, both costs are imposed on the company LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A., which shall be liquidated in the judgment execution phase, once this ruling becomes final. On this matter, Judge Aguilar Méndez files a separate note.

POR TANTO

The exceptions of statute of limitations and lack of active and passive standing raised by the State's representation are rejected. The defense of lack of right raised by the defendants is upheld. Consequently, the lawsuit filed by YAMILETH CASTILBLANCO VARGAS, in her capacity as unlimited general attorney-in-fact of the company LA RESIDENCIA SOÑADA DE COSTA RICA TRES S.A. against the STATE and SINAC is DECLARED WITHOUT MERIT. The plaintiff is ordered to pay the costs of the proceeding, which shall be liquidated in the judgment execution phase, once this ruling becomes final. On this last matter, Judge Aguilar Méndez files a separate note. THIS IS ALL. Let it be notified.- Lindsay Rodríguez Cubero, Daniel Aguilar Méndez, and Cynthia Abarca Gómez, Judges.-

NOTE BY JUDGE AGUILAR MÉNDEZ.- Specifically regarding the order to pay costs, while the criterion is unanimous that indeed it must be imposed on the losing party by the mere fact of being so, with all due respect, I differ from my colleagues as to the abstract or liquidated nature of this pronouncement.

Given the scant regulation that the various procedural normative bodies in this matter have had on this point, as was the case in its time with the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) and, at present, the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), a widespread application by suppletion of the norms of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) arose, precisely as authorized by numerals 220 of the same and Articles 9 and 13 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública). Consequently, and according to the current wording of Article 62.1 of the Civil Procedure Code (Law N° 9342), it constitutes an unavoidable duty of the Court to establish in the judgment “…at once the exact amount of the sums awarded, their adjustments up to the judgment, including interest and costs…” (Emphasis not in original). Therefore, and given that there is no administrative norm to the contrary, the proper course would be to include in the costs section of this judgment the determination of these latter items, as provided by the legal system, and not to reserve its pronouncement for the judgment enforcement stage.- Daniel Aguilar Méndez, Judge.-

 

 

 

 

 

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Document signed by:

LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO, DECIDING JUDGE
DANIEL AGUILAR MENDEZ, DECIDING JUDGE
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, DECIDING JUDGE

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-02-2026 17:34:55.

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