Res. 00021-2023 Tribunal Contencioso Administrativo — Domain third-party claim excludes Crucitas project properties from enforcementTercería de dominio excluye fincas del proyecto Crucitas de ejecución

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 00021 - 2023

Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2023 a las 09:10

Expediente: 08-001282-1027-CA

Redactado por: Karen Cristina Calderón Chacón

Clase de asunto: Proceso de ejecución de sentencia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Ejecución de sentencia contencioso administrativa

Subtemas:

Consideraciones sobre la tercería de dominio como mecanismo procesal donde un tercero alega tener el dominio y titularidad de los bienes embargados..

Tema: Tercería de dominio

Subtemas:

Consideraciones sobre la tercería de dominio como mecanismo procesal donde un tercero alega tener el dominio y titularidad de los bienes embargados..

"III.- SOBRE LA FIGURA DE LA TERCERÍA DE DOMINIO.

Tal y como la define la normativa costarricense, corresponde a un mecanismo procesal donde un tercero (persona no parte del proceso) alega tener el dominio y la titularidad de los bienes embargados. Ello se desprende así del antiguo artículo 490 del CPC y del actual, numeral 172 del CPC vigente, que por su orden establecen: "Artículo 490.- Clases.- Las tercerías son de dominio, de mejor derecho y de distribución.  Son de dominio cuando el tercero alegare tenerlo sobre los bienes embargados, y  de mejor derecho cuando pretendiere tener preferencia para ser pagado con el producto  de ellos, por estar afectados a su crédito, en virtud de un derecho de garantía o de  retención. Son de distribución, en los demás casos en que el tercero no alegare propiedad en  los bienes objeto del embargo, ni preferencia para ser pagado con el precio de ellos.   La tercería que presenten los demás acreedores privilegiados será admisible sólo  como de distribución, sin que esto modifique el derecho que pudieren alegar, en el caso  de que declarare al deudor en estado de concurso." y "Artículo 172.- Clases de tercerías. Las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de distribución. Son de dominio cuando el tercero alegue tenerlo sobre los bienes embargados; de mejor derecho, cuando se pretenda tener preferencia para el pago con el producto de ellos, y de distribución, cuando el tercero pretendiera participar del producto del embargo, de forma proporcional o a prorrata, alegando tener un crédito basado en un título de fecha cierta anterior a la práctica del embargo o de la anotación en el caso de bienes registrados." Ahora bien, íntimamente relacionado con el tema de la tercería de dominio, debe partirse de lo establecido por los numerales 455 y 456 del Código Civil, que en su texto, establecen: "ARTÍCULO 455- Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se concederá como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro. Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, éstas prevalecerán sobre aquélla, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978. Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u ocurso, o de resolución que así lo declare, y el Registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones, razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos respectivos, en virtud de lo dispuesto en este artículo." y "ARTÍCULO 456.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro." Dichos artículos disponen las reglas básicas del derecho registral, sean los principios de publicidad y de prioridad registral, que se traducen en la práctica a que los actos jurídicos que requieran de su inscripción ante el Registro Público, no surten efectos a terceros sino desde el momento de su presentación ante dicho órgano y a que, en caso de existir varios negocios jurídicos en conflicto, tiene prioridad el que haya sido presentado primero (temporalmente hablando) ante el Registro dicho, salvo las excepciones legales dichas en los anteriores numerales [...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

 

EXPEDIENTE:

	

08-001282-1027-CA




PROCESO:

	

EJECUCIÓN DE SENTENCIA (TERCERÍA)




PROMOVENTE:

	

REFORESTACIÓN INDUSTRIAL LOS NACIENTES S.A.




DEMANDADO:

	

APREFLOFAS, JORGE LOBO SEGURA, EL ESTADO, SINAC Y OTRO

 

N° 021-2023

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, EJECUCIÓN DE SENTENCIA, a las nueve  horas y diez minutos del día diecinueve de enero del año dos mil veintitrés.-

 

TERCERÍA DE DOMINIO, incoada por REFORESTACIÓN INDUSTRIAL LOS NACIENTES S.A., cédula de persona jurídica 3-101-77522, representada por Luis Salazar Rodríguez, cédula de identidad número 2-0322-0171, dentro de proceso de ejecución de sentencia interpuesto por La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS) y Jorge Lobo Segura, en contra del Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación e Industrias Infinito S.A. Participa como coadyuvante, la Asociación Norte por la Vida.-

CONSIDERANDO

I.- ACTUACIONES PROCESALES: Se tienen como tales:

a) En fecha 23 de diciembre del 2016, la sociedad Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. presenta tercería excluyente de domino respecto de las fincas de la Provincia de Alajuela número 394051-000, 184259-000, 303718-000, 177560-000 y 175767-000, en su momento propiedad de Industrias Infinito S.A. (imágenes 2 a 5 del legajo de tercería).

b) Mediante auto de las quince horas dos minutos del 18 de setiembre del 2020,se ordenó tramitar la presente gestión en legajo aparte y mediante auto de las quince horas treinta y un minutos del 25 de setiembre del 2020, se concedió audiencia a las partes. (imágenes 42 a 44 y 46 del legajo de tercería).

c) La representación del Estado hizo referencia a la gestión. (imágenes 51 y 52 del legajo de tercería).

d) Que la representación del señor Jorge Lobo hizo referencia a la gestión planteada. (imagen 160 del legajo de tercería).

e) Que la representación de la Asociación se refirió a la gestión de tercería. (imágenes 161 a 164 del legajo de tercería).

d) La coadyuvante Asociación Norte por la Vida, hizo referencia a la tercería planteada. (imágenes 165 y 167 del legajo de tercería).

e) La representación del SINAC se manifestó sobre la tercería planteada. (imagen 175 del legajo de tercería).  

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de la tercería de interés, se tienen por probados los siguientes hechos:

1) Que con la interposición de la demanda ordinaria en fecha 11 de noviembre del 2008, no se pidió anotación de la demanda ordinaria al margen de las fincas afectadas por el proyecto minero Crucitas. (imágenes 163 a 187 y 202 a 226 del expediente principal, escaneado).

2) Con la interposición de la demanda de ejecución de sentencia, planteada el 12 de abril del 2012, la parte actora solicitó que se decretara embargo sobre las fincas del Partido de Alajuela números 184259-000, 175767-000, 394051-000, 177577-002, 175783-002, 184445-002, 184445-008, 262865-004, 303718-000, 173125-002, 173127-002, 175399-002, 175419-001, 175769-000, 240277-002 y 293866-003, así como varios bienes inmuebles, propiedad de Industrias Infinito S.A. En quince horas y dieciocho minutos del 17 de abril del 2012, únicamente se citó a las parte a audiencia oral para conocer de la solicitud de ejecución de sentencia.  (imágenes 110 a 127, 130 y 131 del legajo de ejecución de sentencia).

3) En audiencia de ejecución de sentencia celebrada el 30 de abril del 2012, la Asociación actora mantuvo amplió su petición de medida cautelar de embargo, no obstante, no se hizo pronunciamiento sobre el tema, dado que únicamente se dispuso lo referido a la prueba por evacuar. (imágenes 295 a 306 del legajo de ejecución).

4) Que mediante escrito presentado en fecha 06 de noviembre del 2012, la Asociación actora pidió anotación de demanda y reiteró su solicitud de embargo en contra de los bienes inmuebles y muebles de Industrias Infinito S.A.(imágenes 701 y 702 del legajo de ejecución).

5) Que por medio de escrito presentado el 09 de diciembre del 2014, la Asociación accionante, solicitó nuevamente embargo en contra de los bienes de Industrias Infinito S.A. (imágenes 831 a 833 del legajo de ejecución).

6) En fecha 04 de agosto del 2015, la representación del señor Jorge Lobo, solicitó la anotación y embargo de los bienes de Industrias Infinito S.A. (imagen 1030 del legajo de ejecución).

7) Que mediante auto de las catorce horas y cincuenta y un minutos del 06 de agosto del 2015, se previno a la representación dicha que especificara los bienes sobre los cuales solicitaba embargo y que aportara las certificaciones correspondientes. (imagen 1031 del legajo de ejecución).

8) Que mediante escritura pública N° 45 de las dieciséis horas del 10 de agosto del 2015, emitida por el Notario Público Juan Carlos Morera Fernández, las representaciones de Industrias Infinito S.A. y Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., pactaron la compra-venta libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales de las Fincas de la Provincia de Alajuela números 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 y 175769-000, por la suma de $445.000,00, que fue pagada y recibida a conformidad. El testimonio correspondiente fue presentado ante el Registro Nacional a las 11:41 horas del 11 de agosto del 2015. (imágenes 8 a 10 del legajo de tercería y 1049 a 1053 del legajo de ejecución).

9) Que en fecha 12 de agosto del 2015, la Asociación actora presentó la información y la documentación requerida por el Despacho. (imágenes 1033 y 1034 del legajo de ejecución).

10) En fecha 12 de agosto del 2015, la Asociación coadyuvante, solicitó como medida cautelar que se ordenara al Registro Nacional detener el proceso de inscripción de las compra ventas efectuadas respecto de los bienes inmueble de Industrias Infinito. (imagen 1035 del legajo de ejecución).

11) Mediante auto de las siete horas y cincuenta y ocho minutos del 13 de agosto del 2015, se dispuso la anotación de las fincas de la Provincia de Alajuela números 394051-00, 184259-000, 303718-000, 175769-000 y 175776-000, quedando a disposición de la parte interesada los mandamientos para su diligenciamiento. Adicionalmente, se denegó por prematuro el embargo pedido, concediendo audiencia de la medida a la contraparte. (imágenes 1057 y 1058 del legajo de ejecución).

12) Que el mandamiento correspondiente, emitido a las ocho horas y veinticinco minutos del 13 de agosto del 2015, fue presentado ante el Registro Nacional a las 12:04 horas del 13 de agosto del 2015. (imagen 20 del legajo de tercería, 1065 y 1066 del legajo de ejecución).

13) Que en fecha 14 de agosto del 2015, la Asociación actora indicó al Despacho que siendo que la sociedad Industrias Infinito S.A. había procedido a traspasar los bienes sobre los que se pidió el embargo y anotación, solicita que se ordenara al Registro Nacional detener el proceso de inscripción de la compraventa citada y la inmovilización de las fincas. (imágenes 1067 a 1069 del legajo de ejecución).

14) Dicha solicitud fue reiterada por la representación del señor Jorge Lobo en fecha 14 de agosto del 2015. (imagen 1071 del legajo de ejecución).

15) Mediante auto de las diez horas y cuarenta minutos del 17 de agosto del 2015, y atendiendo a la forma y fundamentación con la que fueron planteadas las solicitudes de medida cautelar de detener la inscripción de las compraventas efectuadas por la empresa ejecutada y de inmovilización, se concedió audiencia por 24 horas a las partes de previo a resolver y se ordenó la integración de Reforestación Los Nacientes S.A., por ser la nueva dueña de las fincas de interés. (imágenes 1073 y 1074 del legajo de ejecución).

16) Que la gestión cautelar de detener el proceso de inscripción de las fincas planteada en fecha 18 de agosto del 2015 por la Asociación coadyuvante activa, fue atendida en auto de las catorce horas y cinco minutos del 18 de agosto del 2015. (imágenes 1081 y 1084 del legajo de ejecución).

17) En lo que es de interés, mediante auto de las siete horas y dos minutos del 28 de agosto del 2015, se anuló la decisión de integrar a Reforestación Los Nacientes S.A. (imágenes 124 a 126 del legajo de ejecución).

18) Mediante Auto N° 1031-15 de las ocho horas del 25 de agosto del 2015, se denegaron las peticiones cautelares de detención de proceso de inscripción y de inmovilización de fincas. (imágenes 1135 a 1140 del legajo de ejecución).

19) En Voto N° 494-2015-II de las quince horas cincuenta y nueve minutos del 8 de octubre del 2015, la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones confirmó lo resuelto en Auto N° 1031-15. (imagen 1263 del expediente judicial).

20) Que las fincas de la Provincia de Alajuela números 394051-00, 184259-000, 303718-000, 175769-000 y 175776-000, actualmente, se encuentran inscritas ante el Registro Nacional a nombre de Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., mismas sobre las cuales existe anotación de demanda dictada en este proceso, el día 13 de agosto del 2015. (imágenes 24 a 30 del legajo de tercería y consulta en base de datos del Registro Nacional).

III.- SOBRE LA FIGURA DE LA TERCERÍA DE DOMINIO. Tal y como la define la normativa costarricense, corresponde a un mecanismo procesal donde un tercero (persona no parte del proceso) alega tener el dominio y la titularidad de los bienes embargados. Ello se desprende así del antiguo artículo 490 del CPC y del actual, numeral 172 del CPC vigente, que por su orden establecen: "Artículo 490.- Clases.- Las tercerías son de dominio, de mejor derecho y de distribución.  Son de dominio cuando el tercero alegare tenerlo sobre los bienes embargados, y  de mejor derecho cuando pretendiere tener preferencia para ser pagado con el producto  de ellos, por estar afectados a su crédito, en virtud de un derecho de garantía o de  retención. Son de distribución, en los demás casos en que el tercero no alegare propiedad en  los bienes objeto del embargo, ni preferencia para ser pagado con el precio de ellos.   La tercería que presenten los demás acreedores privilegiados será admisible sólo  como de distribución, sin que esto modifique el derecho que pudieren alegar, en el caso  de que declarare al deudor en estado de concurso." y "Artículo 172.- Clases de tercerías. Las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de distribución. Son de dominio cuando el tercero alegue tenerlo sobre los bienes embargados; de mejor derecho, cuando se pretenda tener preferencia para el pago con el producto de ellos, y de distribución, cuando el tercero pretendiera participar del producto del embargo, de forma proporcional o a prorrata, alegando tener un crédito basado en un título de fecha cierta anterior a la práctica del embargo o de la anotación en el caso de bienes registrados." Ahora bien, íntimamente relacionado con el tema de la tercería de dominio, debe partirse de lo establecido por los numerales 455 y 456 del Código Civil, que en su texto, establecen: "ARTÍCULO 455- Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se concederá como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro. Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, éstas prevalecerán sobre aquélla, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978. Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u ocurso, o de resolución que así lo declare, y el Registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones, razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos respectivos, en virtud de lo dispuesto en este artículo." y "ARTÍCULO 456.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro." Dichos artículos disponen las reglas básicas del derecho registral, sean los principios de publicidad y de prioridad registral, que se traducen en la práctica a que los actos jurídicos que requieran de su inscripción ante el Registro Público, no surten efectos a terceros sino desde el momento de su presentación ante dicho órgano y a que, en caso de existir varios negocios jurídicos en conflicto, tiene prioridad el que haya sido presentado primero (temporalmente hablando) ante el Registro dicho, salvo las excepciones legales dichas en los anteriores numerales.  Sobre este tema, nuestros tribunales de justicia en diversas materias y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  han indicado:

 

"VI.-  La tesis del casacionista se centra en la aplicación del principio "prior in tempore potior in iure" (primero en tiempo, primero en derecho), utilizado en derechos reales para determinar la eficacia de los actos traslativos de éstos, en relación con terceros. Al respecto, conviene transcribir los criterios jurisprudenciales seguido por esta Sala, recogidos en la sentencia Nº 84, de las 14:30 horas del 22 de mayo de 1992, la cual dice: "V.- ... Nuestro ordenamiento jurídico establece una dicotomía entre derechos reales y personales o de crédito, los artículos 455, 456 y 457 del Código Civil son fiel reflejo de esa distinción, pues establecen las reglas para resolver los casos de colisión entre derechos reales y personales. El artículo 455 regula, preponderantemente, las situaciones de conflicto entre un derecho real y uno personal. Cuando se trata de la confrontación de dos derechos reales rige la regla "primero en tiempo, primero en derecho", que al tratarse de derechos reales registrables la regla debe entenderse en cuanto al primero que se presenta al Registro. Así el primer párrafo de ese numeral establece como los títulos sujetos a inscripción, no producen efectos respecto de terceros sino a partir de su presentación al Registro. (...) Lo anterior significa que la inscripción de un título que implique la mutación de una relación jurídico-real, le impide su entrada al Registro a cualquier otro de igual índole pero incompatible, aun cuando sea de fecha anterior. Debe advertirse que los efectos de la inscripción del título se retrotraen a la fecha de su presentación. Los títulos opuestos nacen cuando son otorgados por el mismo titular registral, y su incompatibilidad surge de la imposibilidad de reconocerle a dos sujetos diferentes facultades o poderes idénticos sobre un mismo bien inmueble. La doctrina española ha denominado a lo anterior como "cierre registral" por cuanto imposibilita el acceso al Registro de nuevos asientos contradictorios o de derechos anteriores inconciliables con el presentado para su inscripción. VI.- Acerca de la colisión entre derechos reales y personales, esta Sala en su reciente sentencia número 60 de las 15 horas del 24 de abril de 1991 expresó lo siguiente: "III.- El Registro Público de la Propiedad tiene como fin fundamental la inscripción, seguridad y publicidad de los derechos reales. En este sentido todo lo relativo al nacimiento, vicisitudes y extinción de éstos además de ser trascendente para su titular, adquiere gran relevancia en cuanto a los terceros, quienes sólo por la publicidad registral tienen acceso al conocimiento de la situación exacta de esos derechos, tanto en cuanto puedan confluir con otros derechos reales como respecto de la incidencia de los derechos personales sobre ellos. Los problemas surgidos entre diferentes derechos reales, o de derechos personales sobre éstos encuentran su regulación en el Código Civil en los numerales 455, 456 y 457, señalando la jurisprudencia lineamientos muy claros respecto de estas normas, sobre todo luego de la reforma al artículo 455 operada en virtud de la Ley Nº 2928 del 5 de diciembre de 1961 (Sentencia de Casación Nº 95 de las 15 horas 45 minutos del 7 de agosto de 1968). Esto es así porque la jurisprudencia antes de la reforma señalada (entre la sentencia de las 15 horas y 30 minutos del 30 de abril de 1904 hasta la de las 10 horas y 30 minutos del 26 de agosto de 1947) le dio el carácter de tercero no solo al nuevo adquirente del derecho real sino también al acreedor personal o quirografario, señalándose luego de la reforma criterios más claros según los cuales el anotante de un embargo por crédito personal no debe tenerse como tercero, además de que el traspaso de un derecho real no presentado al Registro antes de la anotación de un embargo por crédito personal contra el traspasante mantiene su validez sin perjuicio para el adquirente, si éste dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento de la escritura del traspaso la presenta al Registro, y, finalmente, si la escritura de un traspaso de un derecho real, en que se haya anotado un embargo por crédito personal, se presenta pasados tres meses desde su otorgamiento, sólo prevalecerá contra dicha anotación, si en juicio ordinario el adquirente del derecho real demuestra que el traspaso fue cierto y no simulado, juicio que deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la presentación de la escritura (Sentencia de Casación Nº 95 de las 15 horas 45 minutos del 7 de agosto de 1968). Por su parte en la confluencia de derechos reales y derechos personales naturalmente ha de imperar el principio de primero en tiempo primero en derecho, de donde aún cuando una escritura pública hubiere sido otorgada mucho antes de una posterior, presentada al Registro, tendrá prioridad aquélla presentada primero, ésto se desprende de la misma norma inalterada del primer párrafo del artículo 455 del Código Civil, sobre el cual no hubo reforma legislativa, y es la regla admitida en forma reiterada por la jurisprudencia. No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico no pretende darle mayor validez al Registro respecto de cualquier acto nulo o anulable presentado con anterioridad para su inscripción en el Registro, y mucho menos convalidarlo, de donde la parte tiene abierto el camino para que se declare uno u otro de los vicios señalados, sólo que cuando los actos o contratos fueren ejecutados por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán respecto de tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro (Artículo 456 del Código Civil). Y se indica que el ordenamiento jurídico no pretende darle mayor validez al Registro respecto de cualquier acto pues si bien impera la regla de que las acciones de rescisión o resolución no se aplicarán al tercero que haya inscrito su derecho, esta regla tiene dos excepciones: la primera tiene un origen consensual, pues si las partes lo han estipulado y consta en el Registro la acción de rescisión o resolución perjudica al tercero, y, la otra, cuando las partes han impulsado la creación de actos o contratos en fraude de acreedores, en este caso opera la rescisión o resolución cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo, o cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude (Artículo 457 del mismo Código)". (El resaltado no es del original, Voto N° 80-1994, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro.)

 

"IV.- Precisa aclarar que el artículo 455, en su párrafo cuarto, según el cual la anotación de embargo o de secuestro prevalecerá sobre la adquisición de un derecho real: “…a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura…”, contempla un plazo de caducidad. Esta norma da solución al choque que se presenta entre un derecho real y un derecho de crédito personal o quirografario. La tónica imperante en el precepto legal es dar preferencia a la adquisición del primero sobre un eventual embargo o remate del bien. Si el derecho real nació en escritura pública con anterioridad a que un acreedor quirografario anotara el embargo en el Registro Público, prevalecerá aquél aunque todavía no se haya presentado el título para su inscripción, lo que excepciona la regla del párrafo primero que se acuña en el principio “primero en tiempo primero en derecho” (prior tempore potior iure). Con todo, si el adquirente real presenta el testimonio público dentro de los tres meses del otorgamiento de la escritura y existen anotaciones de embargo o de secuestro, se prescindirá de ellas, reafirmándose la prelación del derecho real sobre el personal.... A todo ello, debe agregarse, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el punto se gobierna a la luz de las reglas de la caducidad, como lo expuso en el voto no. 2809 de las 15 horas 06 minutos del 11 de junio de 1996, que el Ad- quem cita en su apoyo." (El resaltado no es del original, Sala Primera, Resolución 362-F-2007, de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de mayo del dos mil siete).

 

“III.-   El Código Procesal Civil, dentro de los procesos especiales, regula propiamente lo referente a las denominadas tercerías, el cual es un tipo de procedimiento incidental que se presenta en hipótesis concretas y definidas, lo cual implica que en esta vía se discuten aspectos predeterminados y prefijados por el legislador mediante procedimientos cortos.  Son tres las figuras procesales que comprenden esta otra forma de intervención de los terceros en el proceso: la tercería de dominio, la tercería de mejor derecho y la tercería de distribución. El término "tercero" alude precisamente a que una persona que no forma parte en la relación procesal, se vea afectada en su patrimonio, por lo que debe presentar una tercería con el fin de que el reclamo sobre el bien o sobre algún dinero se le restituya, o inclusive pueda participar en algunas sumas de dinero. Precisamente para que el curso normal del proceso no se vea entorpecido con intervenciones improcedentes y cuya resolución en ese sentido hubiera significado una pérdida de tiempo y de dinero, el Código Procesal Civil dispone en qué supuestos son admisibles las tercerías. Sin embargo, el Código Procesal Civil  no da una definición exacta de éste, pero las ubica en la sección de los procesos especiales y se pueden encontrar a partir del artículo 490 del mismo. Por su parte, la doctrina procesalista moderna lo define como “la acción que compete a quien no es parte de un proceso, para defender sus derechos frente a quienes están dirimiendo los suyos y pueden oponerse a ambas partes o solo a una de ellas” DE SANTO (Víctor). Diccionario de Derecho Procesal, Buenos Aires, Edit. Universidad, 2000, voz: "tercería", pág. 407. Dentro de los tipos especiales de tercería, tenemos la que nos ocupa en el presente caso: la tercería de dominio; la cual es admisible cuando los bienes embargados al deudor se pretende que son propiedad de un tercero, llamado, por su actuación, tercerista. Por lo general, la tercería de dominio se presenta en procesos ejecutivos o de ejecución, sin embargo, se ha admitido la tercería de dominio en procesos de conocimiento pleno, como lo es el ordinario, y en casos en que lo que se ataca es la anotación de demanda como medida cautelar típica.  La finalidad de esta figura es procurarle a un tercero ajeno a la litis el poder reclamar el levantamiento de un embargo o de una anotación de demanda sobre un bien que no pertenece a las partes, que no es objeto de la litis de la cual el tercero no es demandado, en tanto este embargo o anotación le provoque un perjuicio. Este  perjuicio puede aquejar al tercero, tanto en una ejecución sobre pago de sumas de dinero como en un proceso ordinario donde se reclame la titularidad de un bien, por el hecho de que aprehendan por vía de embargo o anotación de demanda bienes que no son propiedad del demandado o el actor, sino de dicho tercero. Ello es posible por causa de apariencia, que hace figurar o suponer tales bienes como propios del sujeto pasivo de la ejecución, contra la realidad que el tercero se ve entonces en la necesidad de probar, a saber, que es el actual propietario del bien que reclama y que adquirió antes de que el embargo o anotación recayera sobre éste. La tercería de dominio es en realidad una incidencia, mediante la cual un tercero, que afirma ser titular de un bien o de bienes embargados, pretende el alzamiento del embargo o anotación que indebidamente se trabó o recayó sobre ellos. El objeto procesal (thema decidendum) de la demanda de tercería de dominio es, revertir la situación registral, y el objeto material es la exclusión del embargo o anotación de los bienes del tercerista, la declaración de libertad de los mismos y su reintegración a él. Por ello, bajo esta tesitura, los sujetos procesales que participan en una tercería son: a) El tercerista; que en la tercería de dominio es la persona que ve afectados sus bienes ya sea en una ejecución forzosa o en un proceso ordinario por una responsabilidad ajena, constituyéndose en un interviniente voluntario principal en la ejecución. El tercerista ha de ostentar una personalidad distinta de las del ejecutante y ejecutado, y de tal condición carecen quienes hayan tenido este carácter en la litis donde la tercería se promueve y los que estén unidos con los litigantes por la relación jurídica que constituya el objeto de la ejecutoria. Dos son los requisitos exigidos: primero, que tenga el carácter de tercero, ajeno por tanto al proceso, y segundo, que presente el título en que se funde (Legitimación Ad Causam Activa). La legitimación del tercerista de dominio es un requisito de suma importancia (segundo requisito), puesto que él actúa interfiriéndose en el proceso ajeno para lograr la revocación de los actos procesales de embargo o anotación de demanda llevados a cabo por el órgano jurisdiccional, y que, por tener tal carácter, únicamente en casos excepcionales son revocables. El tercerista de dominio ha de demostrar su legitimación mediante la presentación de un título, que, sin perjuicio de ulteriores pruebas, acredite la propiedad que alega de los bienes, requisito que lleva consigo la prueba de la identidad de dichos bienes, esto es, que los embargados son precisamente los que afirma ser de su propiedad, que sin ese requisito no se le dará curso (inciso 1 del artículo 491 ibídem), para evitar incidencias dilatorias en la ejecución que sean manifiestamente infundadas. Claro es, sin perjuicio de que una vez cumplido este requisito para dar curso a la demanda, pueda la parte actora esgrimir los medios de prueba adecuados para acreditar su derecho, cuya carga le incumbe.  b) Como sujetos en la posición de parte pasiva aparecen el ejecutante y el ejecutado, en litisconsorcio pasivo. Ello se justifica por una razón distinta en cada caso; el ejecutante o actor del proceso principal,  quien ha de ser llamado al proceso porque tiene interés en oponerse, dado que si se estima la demanda de tercería, se va a sustraer de la ejecución el bien a que se refiera y que el acreedor pretendía realizar para el cobro de su crédito, con lo que se verá en la necesidad de buscar otros bienes para afectarlos a la ejecución. El ejecutado o demandado del proceso principal, también tiene cierto interés en el incidente de tercería y por ello se le concede legitimación pasiva; porque la estimación de la pretensión del tercerista –que supone el reconocimiento de su titularidad sobre el bien embargado- implica, al mismo tiempo, la negación de la titularidad del ejecutado y, en tal caso, el embargo o la anotación de demanda recaerá sobre otros bienes que se encuentren en su patrimonio.  Por conexidad, la competencia de la tercería le corresponde al Juez del proceso principal (Principio Kompetenz-kompetenz); El procedimiento de la tercería se sustancia en pieza separada... Esto implica que la tercería, como proceso especial, tiene delimitado el objeto de discusión (thema decidendum), es decir, el conocimiento activo y pasivo, ya que el tercerista sólo puede discutir su titularidad sobre el bien embargado o anotado en la litis de la cual no es parte y los incidentados sólo pueden discutir la no titularidad del tercerista o si el tercerista adquirió el bien luego de que la anotación o el embargo hayan recaído con anterioridad al traspaso real (artículo 455 y 456 del Código Civil).  Aspectos sobre la invalidez del título por el que adquirió el tercerista están reservados para el conocimiento de un proceso declarativo ordinario, ya que las pretensiones de nulidad de actos jurídicos no tienen tramitación especial (sumarios, abreviados o procesos especiales) en nuestra legislación procesal.-” (El resaltado no es del original, Voto Nº 0488-F-07 de las diez horas quince minutos del diecinueve de junio del dos mil siete, TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ).

 

Partiendo del anterior marco legal y jurisprudencial, se realiza el análisis del caso concreto.

 

IV.-SOBRE EL FONDO. Analizado el particular de forma detallada, así como el expediente principal (actualmente escaneado) y el legajo de ejecución de sentencia, y los argumentos de las partes involucradas, es criterio de esta Juzgadora que la gestión de tercería de dominio planteada (desde el año 2016) por la sociedad Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. es procedente, por los siguientes motivos. Como se indicó con anterioridad, el conflicto entre derechos reales y personales debe ser resuelto de acuerdo con lo que dispone el artículo 455 del Código Civil (y procesalmente, por el Código Procesal Civil, supletorio para este caso en virtud del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo), del cual se extrae la regla de primero en tiempo primero en derecho (sea el principio de prioridad registral), situación reiterada por la jurisprudencia antes transcrita. Ahora bien, del estudio del expediente judicial se extrae que con la presentación de la demanda ordinaria y durante todo trámite del proceso de conocimiento y la fase de casación, no se pidió, por parte de los actores, la anotación de la demanda al margen de las fincas, que para ese momento, eran propiedad de Industrial Infinito S.A. y que, eventualmente, eran de interés para los efectos de la reparación del daño ambiental pedida. Las gestiones de anotación de demanda y de embargo de dichos bienes se dieron hasta la presentación de la demanda de ejecución de sentencia, en el mes de abril del 2012 (imagen 120 del legajo de ejecución), posteriormente, en fechas 5 de noviembre del 2012 (imagen 702 del legajo citado) y 9 de diciembre del 2014 (imagen 831 del legajo citado). Por razones que desconoce esta Juzgadora, no consta dentro de los legajos estudiados que dichas gestiones hayan sido atendidas. Para el mes de agosto del año 2015, y ante la noticia de la situación financiera de la casa matriz canadiense de Industrias Infinito S.A., los actores y uno de los coadyuvantes del proceso, pidieron el embargo y la anotación de los bienes muebles e inmuebles de dicha sociedad, ante lo cual se efectuó una prevención sobre la especificación de los bienes sobre los que se pedía el embargo y la presentación de sus certificaciones. Al respecto, debe recordarse que las medidas cautelares típicas o atípicas no escapan al cumplimiento de las formalidades y requerimientos procesales ni a la aplicación de las normas establecidas en el CPCA y otros cuerpos ordenatorios, es decir, no se trata de gestiones que se otorgan de forma automática, sino que requieren de un trámite específico y del estudio de la procedencia o no de las pretensiones cautelares. Atendida dicha prevención, mediante auto de las siete horas y cincuenta y ocho minutos del 13 de agosto del 2015, se ordenó la anotación de las fincas del Partido de Alajuela N° 394051-000, 184259-000, 303718-000, 175769-000 y 175767-000, rechazando la gestión de embargo, por considerarse prematuro. Se confeccionó el mandamiento respectivo, que fue retirado por los interesados (imagen 1066 del legajo de ejecución) y presentado al Registro Nacional ese mismo día (cerca del medio día), momento para el cual, las fincas citadas ya soportaban una compraventa entre Industrias Infinito S.A. y la sociedad tercerista. Como se expuso en los hechos probados de este auto, mediante escritura pública N° 45 de las dieciséis horas del 10 de agosto del 2015, emitida por el Notario Público Juan Carlos Morera Fernández, las representaciones de Industrias Infinito S.A. y Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., pactaron la compra-venta libre de gravámenes hipotecarios y anotaciones judiciales de las Fincas de la Provincia de Alajuela números 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 y 175769-000, por la suma de $445.000,00, que fue pagada y recibida a conformidad. El testimonio correspondiente fue presentado ante el Registro Nacional a las 11:41 horas del 11 de agosto del 2015. (imágenes 8 a 10 del legajo de tercería y 1049 a 1053 del legajo de ejecución). De forma que es claro para esta Juzgadora, con independencia de si existe o no una situación dudosa sobre el fin último de ese negocio jurídico y si fue o no simulado, lo que en todo caso no es objeto de este proceso de ejecución de sentencia ni es dirimible en esta jurisdicción, que la compraventa de las propiedades fue presentada a las 11:41 horas del día 11 de agosto del 2015 y que la anotación ordenada por este Tribunal, en contra de las mismas, se dio a las 12:04 horas del 13 de agosto del 2015, (imagen 20 del legajo de tercería, 1065 y 1066 del legajo de ejecución), de forma que al tratarse de un conflicto entre un derecho real (compraventa) y uno personal (anotación), debe aplicarse la regla dispuesta en el artículo 455 del CC y las normas procesales (existentes al momento de presentación de la gestión en 2016, que casi en su totalidad coinciden con las actuales) correspondientes a la tercería de dominio, dando prevalencia al negocio jurídico inscrito ante el Registro Nacional por medio del cual la sociedad interesante adquirió las fincas de interés, sobre la anotación de la demanda de ejecución de sentencia que se tramite ante este Tribunal, debido a que la primera ingresó antes que la segunda al Registro Nacional, adquiriendo con ello, prioridad. Al respecto es necesario acotar, que de la prueba allegada al expediente judicial, se desprende que formalmente, las fincas no contaban con anotaciones o gravámenes relativos a este proceso de ejecución de sentencia, lo cual fue consignado en la escritura pública mencionada y que de esa forma fueron inscritos los traspasos ante el Registro Nacional. Adicionalmente, tengan presente las partes involucradas, que mediante Auto N° 1031-15 de las ocho horas del 25 de agosto del 2015, se denegaron las peticiones cautelares de detención de proceso de inscripción y de inmovilización de las fincas, (imágenes 1135 a 1140 del legajo de ejecución), decisión que fue confirmada por el Voto N° 494-2015-II de las quince horas cincuenta y nueve minutos del 8 de octubre del 2015 de la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones. (imagen 1263 del expediente judicial). Se reitera que, con independencia de la discusión que pueda darse posteriormente sobre el motivo de las compraventas indicadas entre las partes en la sede que estimen procedente, analizados los argumentos y las pruebas aportadas por todas las partes involucradas en esta tercería, la conclusión a la que llega esta Juzgadora es que procede declarar la exclusión de los bienes adquiridos por Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., ello en aplicación de los principios de publicidad y prioridad registral, dado que al momento de la enajenación de los bienes los mismos no soportaban gravámenes o anotaciones ordenadas en este proceso de ejecución, debido a que el testimonio correspondiente ingresó antes que el mandamiento de anotación de demanda, y por ser precisamente, uno de los efectos de la tercería de dominio, legalmente establecida y autorizada en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, como se dijo, la figura de la tercería permite la exclusión de bienes sujetos a un proceso contra un tercero que no es parte en el mismo, supuesto que se verifica en el particular. Acerca de los argumentos de las partes, debe indicarse lo siguiente. En cuanto a lo expuesto por el Estado, es necesario acotar que el tema de la ubicación concreta de la tala rasa en las propiedades que en su momento comprendían el proyecto minero anulado, es uno no definido y además fundamental que debe ser establecido en la sentencia de ejecución a dictar, atendiendo a lo indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución N° 1567-F-S1-2017. En cuanto a que no se demuestra el perjuicio de las anotaciones, es claro que dicha circunstancia no es un requisito establecido procesalmente para el análisis de fondo de la tercería planteada, pues lo que se discute es si el bien afectado por la anotación puede o no ser excluido de proceso, según los parámetros del artículo 455 del CC. No se trata de una situación cautelar, por ejemplo, donde se requiere demostrar el daño o perjuicio causado. Sobre lo alegado por la representación del señor Jorge Lobo, debe aclararse que lo discutido en esta tercería no se trata de un tema de integración de litis y que no pretende reabrir etapas procesales ya precluidas. De la lectura del legajo de ejecución de sentencia, claramente se desprende que las partes del proceso de ejecución ya se encuentran definidas, y que la participación de la sociedad tercerista (que en su momento fue ordenada y posteriormente anulada) fue denegada por el área de ejecución y confirmada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, discusión que no puede reabrir de oficio esta autoridad, dado que el Tribunal de alzada ya definió el asunto, de forma que se trata de un tema precluido. Es decir, ésa persona jurídica no es parte del proceso de ejecución de sentencia, condición, que de forma evidente, la legitima para presentar la tercería que se conoce en este auto. Situación diferente se hubiera producido de haberse mantenido la decisión de su participación dentro del proceso de ejecución de sentencia. Por otro lado, tome en cuenta la representación dicha que el mecanismo procesal de tercería de dominio existe en nuestro ordenamiento y que es una obligación de esta autoridad jurisdiccional hacer el pronunciamiento sobre lo peticionado. En cuanto a los argumentos expuestos por la representación de APREFLOFAS, se reitera lo indicado anteriormente sobre el asunto de la integración de litis, además tómese en cuenta, que la tercería de dominio no es una modalidad o forma de integración, se trata de figuras procesales diversas con normativa de fondo y forma diferentes. Se omite pronunciamiento sobre lo referido sobre la sentencia de ejecución que debe ser nuevamente dictada, por no ser de interés en esta tercería. Respecto de lo indicado por la representación de la Asociación coadyuvante, se reitera lo ya dicho sobre la integración de litis. Sobre la interpretación que realiza acerca el objeto de la reparación del daño ambiental, se omite pronunciamiento por innecesario, al ser un aspecto referido al fondo de la ejecución de sentencia, y no de esta tercería. Finalmente, en cuanto a los alegatos de la representación del SINAC, se reitera lo indicado sobre la integración de litis y que en este caso, no existe un requisito legal o procesal, para la procedencia de la gestión que se conoce, en cuanto a la demostración de un daño o perjuicio, pues ya se apuntó el objeto y supuesto de la tercería de dominio. En consecuencia, alcanzada la firmeza de esta decisión, se ordena el levantamiento de las anotaciones de demanda efectuadas sobre las fincas de la Provincia de Alajuela números números 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 y 175769-000, todas propiedad de la tercerista. Se falla sin especial condena en costas.

                   POR  TANTO   

Se declara CON LUGAR la tercería de dominio planteada por REFORESTACIÓN INDUSTRIAL LOS NACIENTES S.A. En consecuencia, alcanzada la firmeza de esta decisión, se ordena el levantamiento de las anotaciones de demanda efectuadas sobre las fincas de la Provincia de Alajuela números números 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 y 175769-000, todas propiedad de la tercerista. Se falla sin especial condena en costas.- NOTIFÍQUESE. Karen Calderón Chacón. Jueza Ejecutora.-

 

 




- Código Verificador -
*P7WHKA5FCCY61*
P7WHKA5FCCY61



 

Documento firmado por:

KAREN CALDERÓN CHACON, JUEZ/A DECISOR/A

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:06:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

b) By order issued at three hours and two minutes in the afternoon of September 18, 2020, it was ordered that this proceeding be processed in a separate file, and by order issued at three hours and thirty-one minutes in the afternoon of September 25, 2020, a hearing was granted to the parties. (images 42 to 44 and 46 of the third-party claim file).

c) The representation of the State responded to the proceeding. (images 51 and 52 of the third-party claim file).

d) The representation of Mr. Jorge Lobo responded to the proceeding filed. (image 160 of the third-party claim file).

e) The representation of the Association responded to the third-party claim proceeding. (images 161 to 164 of the third-party claim file).

d) The co-adjuvant Asociación Norte por la Vida responded to the third-party claim filed. (images 165 and 167 of the third-party claim file).

e) The representation of SINAC responded to the third-party claim filed. (image 175 of the third-party claim file).

II.- PROVEN FACTS: Of importance for the resolution of the third-party claim (tercería) of interest, the following facts are deemed proven:

1) That with the filing of the ordinary lawsuit on November 11, 2008, no annotation of the ordinary lawsuit (anotación de la demanda ordinaria) was requested on the margin of the properties affected by the Crucitas mining project. (images 163 to 187 and 202 to 226 of the main file, scanned).

2) With the filing of the sentence enforcement (ejecución de sentencia) lawsuit, filed on April 12, 2012, the plaintiff requested that attachment (embargo) be decreed on the properties of the Partido de Alajuela numbers 184259-000, 175767-000, 394051-000, 177577-002, 175783-002, 184445-002, 184445-008, 262865-004, 303718-000, 173125-002, 173127-002, 175399-002, 175419-001, 175769-000, 240277-002 and 293866-003, as well as various real properties, owned by Industrias Infinito S.A. At three hours and eighteen minutes in the afternoon of April 17, 2012, the parties were merely summoned to an oral hearing to hear the request for sentence enforcement (ejecución de sentencia). (images 110 to 127, 130 and 131 of the sentence enforcement file).

3) At the sentence enforcement (ejecución de sentencia) hearing held on April 30, 2012, the plaintiff Association maintained and expanded its request for the precautionary measure (medida cautelar) of attachment (embargo); however, no ruling was made on the matter, given that only matters related to the evidence to be taken were ordered. (images 295 to 306 of the enforcement file).

4) That by means of a brief filed on November 6, 2012, the plaintiff Association requested an annotation of lawsuit (anotación de demanda) and reiterated its request for attachment (embargo) against the real and movable properties of Industrias Infinito S.A. (images 701 and 702 of the enforcement file).

5) That by means of a brief filed on December 9, 2014, the plaintiff Association again requested attachment (embargo) against the properties of Industrias Infinito S.A. (images 831 to 833 of the enforcement file).

6) On August 4, 2015, the representation of Mr. Jorge Lobo requested the annotation (anotación) and attachment (embargo) of the properties of Industrias Infinito S.A. (image 1030 of the enforcement file).

7) That by order issued at two hours and fifty-one minutes in the afternoon of August 6, 2015, said representation was instructed to specify the properties on which it requested attachment (embargo) and to provide the corresponding certifications. (image 1031 of the enforcement file).

8) That by means of public deed (escritura pública) No. 45 executed at sixteen hours on August 10, 2015, issued by Notary Public Juan Carlos Morera Fernández, the representations of Industrias Infinito S.A. and Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. agreed to the purchase and sale, free of mortgage liens and judicial annotations, of Properties of the Province of Alajuela numbers 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 and 175769-000, for the sum of $445,000.00, which was paid and received in conformity. The corresponding certified copy (testimonio) was submitted to the National Registry (Registro Nacional) at 11:41 a.m. on August 11, 2015. (images 8 to 10 of the third-party claim file and 1049 to 1053 of the enforcement file).

9) That on August 12, 2015, the plaintiff Association submitted the information and documentation required by the Court. (images 1033 and 1034 of the enforcement file).

10) On August 12, 2015, the co-adjuvant Association requested as a precautionary measure (medida cautelar) that the National Registry (Registro Nacional) be ordered to halt the registration process for the purchase and sale transactions carried out regarding the real properties of Industrias Infinito. (image 1035 of the enforcement file).

11) By order issued at seven hours and fifty-eight minutes on August 13, 2015, the annotation (anotación) of the properties of the Province of Alajuela numbers 394051-00, 184259-000, 303718-000, 175769-000 and 175776-000 was ordered, with the orders (mandamientos) for their processing left available to the interested party. Additionally, the requested attachment (embargo) was denied as premature, granting a hearing on the measure to the opposing party. (images 1057 and 1058 of the enforcement file).

12) That the corresponding order (mandamiento), issued at eight hours and twenty-five minutes on August 13, 2015, was submitted to the National Registry (Registro Nacional) at 12:04 p.m. on August 13, 2015. (image 20 of the third-party claim file, 1065 and 1066 of the enforcement file).

13) That on August 14, 2015, the plaintiff Association informed the Court that, since the company Industrias Infinito S.A. had proceeded to transfer the properties on which the attachment (embargo) and annotation (anotación) were requested, it requested that the National Registry (Registro Nacional) be ordered to halt the registration process for the cited purchase and sale and the immobilization of the properties. (images 1067 to 1069 of the enforcement file).

14) Said request was reiterated by the representation of Mr. Jorge Lobo on August 14, 2015. (image 1071 of the enforcement file).

15) By order issued at ten hours and forty minutes on August 17, 2015, and in response to the form and grounds on which the requests for the precautionary measure (medida cautelar) to halt the registration of the purchase and sale transactions carried out by the judgment debtor company and for immobilization were filed, a hearing was granted to the parties for 24 hours prior to ruling, and the joinder of Reforestación Los Nacientes S.A. was ordered, as it is the new owner of the properties of interest. (images 1073 and 1074 of the enforcement file).

16) That the precautionary request (gestión cautelar) to halt the registration process of the properties, filed on August 18, 2015, by the active co-adjuvant Association, was addressed in the order issued at two hours and five minutes in the afternoon of August 18, 2015. (images 1081 and 1084 of the enforcement file).

17) In what is of interest, by order issued at seven hours and two minutes on August 28, 2015, the decision to join Reforestación Los Nacientes S.A. was annulled. (images 124 to 126 of the enforcement file).

18) By Order No. 1031-15 issued at eight hours on August 25, 2015, the precautionary requests to halt the registration process and to immobilize properties were denied. (images 1135 to 1140 of the enforcement file).

19) In Ruling No. 494-2015-II issued at three hours and fifty-nine minutes in the afternoon of October 8, 2015, the Second Section of the Appeals Tribunal confirmed the decision in Order No. 1031-15. (image 1263 of the judicial file).

20) That the properties of the Province of Alajuela numbers 394051-00, 184259-000, 303718-000, 175769-000 and 175776-000 are currently registered before the National Registry (Registro Nacional) in the name of Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., the same properties on which there exists an annotation of lawsuit (anotación de demanda) ordered in this proceeding on August 13, 2015. (images 24 to 30 of the third-party claim file and search in the National Registry database).

III.- REGARDING THE FIGURE OF THE THIRD-PARTY CLAIM OF OWNERSHIP (TERCERÍA DE DOMINIO). As defined by Costa Rican law, it corresponds to a procedural mechanism where a third party (a person not a party to the proceedings) claims ownership (dominio) and title to the attached goods. This is derived from former Article 490 of the CPC and current Article 172 of the current CPC, which respectively state: "Article 490.- Classes.- Third-party claims are for ownership (dominio), for better right, and for distribution. They are for ownership when the third party claims ownership over the attached goods, and for better right when they claim to have preference for payment from the proceeds thereof, by being charged to their credit, by virtue of a security right or a right of retention. They are for distribution, in other cases where the third party does not claim ownership of the goods subject to attachment, nor preference for payment from the price thereof. The third-party claim filed by other privileged creditors shall be admissible only as for distribution, without this modifying the right they might claim, in the event that the debtor is declared in a state of insolvency." and "Article 172.- Classes of third-party claims. Third-party claims can be for ownership (dominio), for better right, and for distribution. They are for ownership when the third party claims ownership over the attached goods; for better right, when preference for payment from their proceeds is claimed, and for distribution, when the third party intends to participate in the proceeds of the attachment, proportionally or pro rata, claiming to have a credit based on a document of certain date prior to the execution (práctica) of the attachment or the annotation in the case of registered goods." Now then, intimately related to the issue of the third-party claim (tercería) of ownership (dominio), we must start from the provisions of Articles 455 and 456 of the Civil Code, which, in their text, establish: "ARTICLE 455- Titles subject to registration that are not registered do not harm a third party, except from the date of their submission to the Registry. A person who has not been a party to the act or contract to which the registration refers shall be considered a third party. The annotator by personal credit shall not have the status of a third party with respect to rights in rem born in a public deed prior to the annotation of the attachment (embargo) or sequestration (secuestro) decree. However, if the public deed is submitted to the Registry more than three months after its execution and an annotation of attachment (embargo) or sequestration (secuestro) already exists, the latter shall prevail over the former, unless the person deriving their right from the deed can prove in an ordinary proceeding against the annotator that their right is true and not simulated, a proceeding that must be filed within three months following the date of submission of the deed and to which the provisions of Article 978 shall apply. Upon registration of deeds for rights in rem submitted within three months following their execution, the attachment (embargo) annotations or registrations mentioned shall be disregarded without the need for any proceeding or appeal, or for a resolution so declaring, and the Registrar shall note in the margin of the entries of said annotations or registrations that they have become null and void with respect to the respective goods or rights, by virtue of the provisions of this article." and "ARTICLE 456.- Registration does not validate registered acts or contracts that are null or voidable under the law. However, acts or contracts executed or granted by a person who appears in the Registry with the right to do so, once registered, shall not be invalidated with respect to a third party, even if the right of the grantor is subsequently annulled or resolved by virtue of an unregistered title, or implicit causes, or causes which, although explicit, do not appear in the Registry." These articles set forth the basic rules of registry law, namely the principles of publicity and registry priority, which in practice mean that legal acts requiring their registration before the Public Registry (Registro Público) do not have effect against third parties except from the moment of their submission to said body, and that, in the event of several conflicting legal transactions, the one submitted first (temporally speaking) to said Registry has priority, save for the legal exceptions stated in the preceding articles. On this subject, our courts of justice in various areas and the First Chamber of the Supreme Court of Justice have indicated:

"VI.- The appellant's thesis focuses on the application of the principle "prior in tempore potior in iure" (first in time, first in right), used in rights in rem to determine the effectiveness of acts transferring them, in relation to third parties. In this regard, it is appropriate to transcribe the jurisprudential criteria followed by this Chamber, collected in judgment No. 84, issued at 14:30 hours on May 22, 1992, which states: "V.- ... Our legal system establishes a dichotomy between rights in rem and personal or credit rights; Articles 455, 456 and 457 of the Civil Code are a faithful reflection of this distinction, as they establish the rules for resolving cases of collision between rights in rem and personal rights. Article 455 predominantly regulates conflict situations between a right in rem and a personal right. When it comes to the confrontation of two rights in rem, the rule 'first in time, first in right' governs, which, in the case of registrable rights in rem, the rule must be understood as to the first one submitted to the Registry. Thus, the first paragraph of that provision establishes that titles subject to registration do not produce effects with respect to third parties except from their submission to the Registry. (...) The foregoing means that the registration of a title that implies the mutation of a legal-real relationship prevents the entry into the Registry of any other of the same nature but incompatible, even if it is of an earlier date. It should be noted that the effects of the registration of the title are retroactive to the date of its submission. Opposing titles are born when they are granted by the same registered titleholder, and their incompatibility arises from the impossibility of recognizing identical faculties or powers to two different subjects over the same immovable property. Spanish doctrine has termed the foregoing as 'registry closure' as it makes it impossible for the Registry to accept new contradictory entries or earlier rights irreconcilable with the one submitted for registration. VI.- Regarding the collision between rights in rem and personal rights, this Chamber in its recent judgment number 60 issued at 15:00 hours on April 24, 1991, stated the following: 'III.- The Public Property Registry's fundamental purpose is the registration, security, and publicity of rights in rem. In this sense, everything related to their creation, vicissitudes, and extinction, besides being transcendent for its holder, acquires great relevance with respect to third parties, who only through registry publicity have access to knowledge of the exact situation of those rights, both in terms of how they may converge with other rights in rem and regarding the incidence of personal rights upon them. The problems arising between different rights in rem, or from personal rights over them, find their regulation in the Civil Code in articles 455, 456 and 457, with case law providing very clear guidelines regarding these rules, especially after the reform to article 455 enacted by Law No. 2928 of December 5, 1961 (Cassation Judgment No. 95 issued at 15:45 hours on August 7, 1968). This is so because the case law before the indicated reform (between the judgment issued at 15:30 hours on April 30, 1904, and the one issued at 10:30 hours on August 26, 1947) gave the status of third party not only to the new acquirer of the right in rem but also to the personal or unsecured creditor, with clearer criteria being established after the reform, according to which the annotator of an attachment (embargo) for personal credit should not be considered a third party, in addition to the fact that the transfer of a right in rem not submitted to the Registry before the annotation of an attachment (embargo) for personal credit against the transferor maintains its validity without prejudice to the acquirer, if the latter submits it to the Registry within three months following the execution of the deed of transfer, and, finally, if the deed of a transfer of a right in rem, on which an attachment (embargo) for personal credit has been annotated, is submitted more than three months after its execution, it shall only prevail against said annotation if, in ordinary proceedings, the acquirer of the right in rem proves that the transfer was true and not simulated, a proceeding that must be filed within three months following the date of submission of the deed (Cassation Judgment No. 95 issued at 15:45 hours on August 7, 1968). On the other hand, in the confluence of rights in rem and personal rights, the principle of first in time, first in right must naturally prevail, whereby even if a public deed was executed long before a later one submitted to the Registry, the one submitted first shall have priority; this is derived from the unaltered rule of the first paragraph of Article 455 of the Civil Code, on which there was no legislative reform, and it is the rule repeatedly admitted by case law. Notwithstanding the foregoing, the legal system does not intend to give greater validity to the Registry with respect to any null or voidable act submitted earlier for registration in the Registry, much less to validate it, whereby the party is left open the path to have one or another of the indicated defects declared, only that when the acts or contracts are executed by a person who appears in the Registry with the right to do so, once registered, they shall not be invalidated with respect to a third party, even if the grantor's right is subsequently annulled or resolved by virtue of an unregistered title or implicit causes or causes which, although explicit, do not appear in the Registry (Article 456 of the Civil Code). And it is indicated that the legal system does not intend to give greater validity to the Registry with respect to any act because, although the rule prevails that actions for rescission or resolution shall not be applied against the third party who has registered their right, this rule has two exceptions: the first has a consensual origin, because if the parties have so stipulated and it appears in the Registry, the action for rescission or resolution harms the third party, and, the other, when the parties have promoted the creation of acts or contracts in fraud of creditors, in this case the rescission or resolution operates when the second alienation has been made for a gratuitous title, or when the third party had knowledge of the fraud (Article 457 of the same Code)." (The highlighting is not from the original, Ruling No. 80-1994, issued at fourteen hours and forty-five minutes on September 7, nineteen ninety-four.)

"IV.- It is necessary to clarify that article 455, in its fourth paragraph, according to which the annotation of attachment (embargo) or sequestration (secuestro) shall prevail over the acquisition of a right in rem: '...unless the person deriving their right from the deed can prove in an ordinary proceeding against the annotator that their right is true and not simulated, a proceeding that must be filed within three months following the date of submission of the deed...', contemplates a statute of repose (plazo de caducidad). This rule provides a solution to the clash arising between a right in rem and a personal or unsecured credit right. The prevailing approach in the legal precept is to give preference to the acquisition of the former over a possible attachment (embargo) or auction of the property. If the right in rem was created in a public deed prior to an unsecured creditor annotating the attachment (embargo) in the Public Registry, the former shall prevail even if the title has not yet been submitted for registration, which excepts the rule of the first paragraph that is coined in the principle 'first in time, first in right' (prior tempore potior iure). That said, if the real acquirer submits the public certified copy (testimonio) within three months of the execution of the deed and there exist annotations of attachment (embargo) or sequestration (secuestro), they will be disregarded, reaffirming the priority of the right in rem over the personal right.... To all this, it must be added that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has considered that the point is governed in light of the rules of statute of repose (caducidad), as it stated in ruling no. 2809 issued at 15:06 hours on June 11, 1996, which the lower court cites in its support." (The highlighting is not from the original, First Chamber, Resolution 362-F-2007, issued at nine hours and twenty minutes on May 18, two thousand seven.)

"III.- The Civil Procedure Code, within the special proceedings, properly regulates matters concerning so-called third-party claims (tercerías), which is a type of incidental procedure presented in specific and defined scenarios, which implies that predetermined and pre-established aspects are discussed through this avenue by the legislator through short procedures. There are three procedural figures that comprise this other form of intervention by third parties in the process: the third-party claim of ownership (tercería de dominio), the third-party claim for better right (tercería de mejor derecho), and the third-party claim for distribution (tercería de distribución). The term 'third party' refers precisely to the fact that a person who is not part of the procedural relationship, sees their assets affected, for which they must file a third-party claim (tercería) so that the claim on the property or on some money is restored to them, or they may even participate in some sums of money. Precisely so that the normal course of the proceedings is not hindered by improper interventions, whose resolution in that sense would have meant a waste of time and money, the Civil Procedure Code provides in which circumstances third-party claims (tercerías) are admissible. However, the Civil Procedure Code does not give an exact definition of it, but locates them in the section on special proceedings and they can be found starting from Article 490 thereof. For its part, modern procedural doctrine defines it as 'the action available to a person who is not a party to a proceeding, to defend their rights against those who are resolving their own and may oppose both parties or only one of them' DE SANTO (Víctor). Dictionary of Procedural Law, Buenos Aires, Edit. Universidad, 2000, term: 'tercería', p. 407. Within the special types of third-party claims, we have the one that concerns us in the present case: the third-party claim of ownership (tercería de dominio); which is admissible when the goods attached (embargados) to the debtor are allegedly the property of a third party, called, for their action, the third-party claimant (tercerista).

Generally, a third-party claim of ownership (tercería de dominio) is filed in executive or enforcement proceedings; however, it has been admitted in plenary proceedings, such as the ordinary proceeding, and in cases where what is challenged is the annotation of the complaint (anotación de demanda) as a typical precautionary measure. The purpose of this mechanism is to enable a third party, who is not a party to the dispute, to request the lifting of an attachment (embargo) or an annotation of a complaint on property that does not belong to the parties, which is not the subject of the dispute in which the third party is not a defendant, insofar as this attachment or annotation causes them prejudice. This prejudice may affect the third party, both in an enforcement action for payment of sums of money and in an ordinary proceeding where ownership of property is claimed, because property that is not the property of the defendant or the plaintiff, but of that third party, is seized by way of attachment or annotation of the complaint. This is possible because of the appearance, which makes such property appear or be assumed to belong to the passive subject of the enforcement, contrary to the reality that the third party is then forced to prove, namely, that they are the current owner of the property claimed and that they acquired it before the attachment or annotation fell upon it. A third-party claim of ownership is in reality an incidental proceeding, through which a third party, who claims to be the owner of attached property or properties, seeks the lifting of the attachment or annotation that was wrongly imposed on or fell upon them. The procedural object (thema decidendum) of the third-party claim of ownership complaint is to reverse the registry situation, and the material object is the exclusion of the attachment or annotation from the third-party claimant's properties, the declaration of their freedom, and their return to the claimant. Therefore, under this framework, the procedural subjects participating in a third-party claim are: a) The third-party claimant (tercerista); who, in the third-party claim of ownership, is the person whose property is affected, whether in a forced execution or in an ordinary proceeding, by another's liability, becoming a principal voluntary intervenor in the enforcement. The third-party claimant must possess a legal personality distinct from that of the executing creditor and the executed debtor, and those who have held this status in the dispute where the third-party claim is filed, and those united with the litigants by the legal relationship constituting the object of the enforcement, lack such status. Two requirements are demanded: first, that they have the status of a third party, therefore alien to the proceeding, and second, that they present the title on which they base their claim (Active Standing to Sue - Legitimación Ad Causam Activa). The standing of the third-party ownership claimant is a requirement of utmost importance (second requirement), since they act by intervening in another's proceeding to achieve the reversal of the procedural acts of attachment or annotation of the complaint carried out by the jurisdictional body, and which, having such character, are only revocable in exceptional cases. The third-party ownership claimant must demonstrate their standing by presenting a title, which, without prejudice to further evidence, proves the ownership they claim over the property, a requirement that entails proof of the identity of said property, that is, that the attached property is precisely that which they claim to be their property, without which requirement the claim will not be processed (subsection 1 of Article 491 ibidem), to avoid dilatory incidental proceedings in the enforcement that are manifestly unfounded. This is, of course, without prejudice to the fact that once this requirement for admitting the complaint is met, the plaintiff may wield the appropriate means of evidence to prove their right, the burden of which falls upon them. b) As subjects in the position of the passive party appear the executing creditor and the executed debtor, in a passive joinder of parties (litisconsorcio pasivo). This is justified by a different reason in each case; the executing creditor or plaintiff in the principal proceeding, who must be called to the proceeding because they have an interest in opposing it, given that if the third-party complaint is upheld, the property referred to will be removed from the enforcement, which the creditor intended to liquidate for the collection of their credit, thus finding themselves needing to seek other property to subject to the enforcement. The executed debtor or defendant in the principal proceeding also has a certain interest in the third-party incident and therefore is granted passive standing; because the upholding of the third-party claimant's claim – which entails recognition of their ownership over the attached property – implies, at the same time, the denial of the executed debtor's ownership and, in such a case, the attachment or annotation of the complaint will fall upon other property found in their estate. By connection, jurisdiction over the third-party claim corresponds to the Judge of the principal proceeding (Kompetenz-kompetenz Principle); The procedure of the third-party claim is processed in a separate file... This implies that the third-party claim, as a special proceeding, has a delimited subject matter of discussion (thema decidendum), that is, active and passive knowledge, since the third-party claimant can only discuss their ownership over the property attached or annotated in the dispute of which they are not a part, and the parties to the incident can only discuss the non-ownership of the third-party claimant or whether the third-party claimant acquired the property after the annotation or attachment had fallen upon it prior to the actual transfer (Articles 455 and 456 of the Civil Code). Aspects regarding the invalidity of the title by which the third-party claimant acquired are reserved for the cognizance of an ordinary declaratory proceeding, since claims for nullity of legal acts do not have special processing (summary, abbreviated, or special proceedings) in our procedural legislation.” (The highlighting is not from the original, Ruling No. 0488-F-07 of ten hours and fifteen minutes on June nineteenth, two thousand seven, AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ).

Based on the foregoing legal and jurisprudential framework, the analysis of the specific case is carried out.

IV.- ON THE MERITS. Having analyzed the matter in detail, as well as the principal file (currently scanned) and the sentence enforcement file, and the arguments of the involved parties, it is this Judge's opinion that the third-party claim of ownership (tercería de dominio) filed (since 2016) by the corporation Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. is admissible, for the following reasons. As previously indicated, the conflict between real rights and personal rights must be resolved in accordance with the provisions of Article 455 of the Civil Code (and procedurally, by the Civil Procedure Code, supplementary for this case by virtue of Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code), from which the rule of first in time, first in right is extracted (i.e., the principle of registry priority), a situation reiterated by the jurisprudence transcribed above. Now, from the study of the judicial file, it is extracted that with the filing of the ordinary complaint and throughout the entire proceeding of the plenary proceeding and the cassation phase, the plaintiffs did not request the annotation of the complaint (anotación de la demanda) on the margin of the properties, which at that time were the property of Industrial Infinito S.A. and which, eventually, were of interest for the purposes of the remediation of environmental damage sought. The requests for annotation of the complaint and attachment (embargo) of said properties only occurred upon the filing of the sentence enforcement complaint, in the month of April 2012 (image 120 of the enforcement file), subsequently, on November 5, 2012 (image 702 of the cited file) and December 9, 2014 (image 831 of the cited file). For reasons unknown to this Judge, it is not recorded in the files studied that said requests were addressed. By the month of August 2015, and upon news of the financial situation of the Canadian parent company of Industrias Infinito S.A., the plaintiffs and one of the coadjuvants in the proceeding requested the attachment and annotation of the movable and immovable property of said corporation, before which a preliminary order was issued regarding the specification of the property over which the attachment was requested and the presentation of their certifications. In this regard, it must be remembered that typical or atypical precautionary measures do not escape compliance with procedural formalities and requirements, nor the application of the rules established in the CPCA and other regulatory bodies; that is, they are not requests granted automatically, but rather require a specific procedure and a study of the admissibility or not of the precautionary claims. Having addressed said preliminary order, by ruling of seven hours and fifty-eight minutes on August 13, 2015, the annotation of the properties of the Alajuela Registry Section N° 394051-000, 184259-000, 303718-000, 175769-000 and 175767-000 was ordered, rejecting the attachment request for being considered premature. The respective court order was prepared, which was withdrawn by the interested parties (image 1066 of the enforcement file) and submitted to the National Registry that same day (around midday), at which time the cited properties already bore a sale between Industrias Infinito S.A. and the third-party claimant corporation. As stated in the proven facts of this ruling, through public deed N° 45 of sixteen hours on August 10, 2015, issued by Notary Public Juan Carlos Morera Fernández, the representatives of Industrias Infinito S.A. and Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., agreed on the sale, free of mortgage liens and judicial annotations, of the Properties of the Province of Alajuela numbers 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 and 175769-000, for the sum of $445,000.00, which was paid and received in conformity. The corresponding certified copy was presented to the National Registry at 11:41 hours on August 11, 2015. (images 8 to 10 of the third-party claim file and 1049 to 1053 of the enforcement file). Thus, it is clear to this Judge, regardless of whether or not a dubious situation exists regarding the ultimate purpose of that legal transaction and whether or not it was simulated, which in any case is not the subject matter of this sentence enforcement proceeding nor is it resolvable in this jurisdiction, that the sale of the properties was presented at 11:41 hours on August 11, 2015, and that the annotation ordered by this Tribunal against the same, occurred at 12:04 hours on August 13, 2015, (image 20 of the third-party claim file, 1065 and 1066 of the enforcement file), so that, being a conflict between a real right (sale) and a personal right (annotation), the rule provided in Article 455 of the CC and the procedural rules (existing at the time of filing the claim in 2016, which almost entirely coincide with the current ones) corresponding to the third-party claim of ownership (tercería de dominio) must be applied, giving prevalence to the legal transaction registered before the National Registry through which the interested corporation acquired the properties of interest, over the annotation of the sentence enforcement complaint processed before this Tribunal, because the former entered the National Registry before the latter, thereby acquiring priority. In this regard, it is necessary to note that from the evidence provided to the judicial file, it is deduced that formally, the properties did not have annotations or liens related to this sentence enforcement proceeding, which was recorded in the mentioned public deed and that the transfers were registered in this manner before the National Registry. Additionally, let the involved parties bear in mind that by Ruling No. 1031-15 of eight hours on August 25, 2015, the precautionary requests for halting the registration process and immobilizing the properties were denied, (images 1135 to 1140 of the enforcement file), a decision that was confirmed by Ruling No. 494-2015-II of fifteen hours and fifty-nine minutes on October 8, 2015, of the Second Section of the Court of Appeals. (image 1263 of the judicial file). It is reiterated that, regardless of the discussion that may subsequently take place regarding the reason for the indicated sales between the parties in the venue they deem appropriate, having analyzed the arguments and the evidence provided by all the parties involved in this third-party claim, the conclusion reached by this Judge is that it is appropriate to declare the exclusion of the property acquired by Reforestación Industrial Los Nacientes S.A., in application of the principles of publicity and registry priority, given that at the time of the alienation of the property, the same did not bear liens or annotations ordered in this enforcement proceeding, because the corresponding certified copy entered before the court order for annotation of the complaint, and precisely because this is one of the effects of the third-party claim of ownership, legally established and authorized in our legal system. That is, as stated, the mechanism of the third-party claim allows the exclusion of property subject to a proceeding against a third party who is not a party to the same, a circumstance verified in this case. Regarding the parties' arguments, the following must be indicated. As for what was argued by the State, it is necessary to note that the issue of the specific location of the clearcutting (tala rasa) on the properties that at the time comprised the annulled mining project is one that is undefined and, furthermore, fundamental, and must be established in the enforcement judgment to be issued, in accordance with what was indicated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in resolution No. 1567-F-S1-2017. Regarding the failure to demonstrate prejudice from the annotations, it is clear that this circumstance is not a procedurally established requirement for the analysis of the merits of the third-party claim filed, since what is discussed is whether the property affected by the annotation can or cannot be excluded from the proceeding, according to the parameters of Article 455 of the CC. It is not a precautionary situation, for example, where the damage or prejudice caused must be demonstrated. Regarding the allegations of the representative of Mr. Jorge Lobo, it must be clarified that what is discussed in this third-party claim is not a matter of joinder of parties (integración de litis) and does not seek to reopen procedural stages that are already precluded. From the reading of the sentence enforcement file, it is clearly deduced that the parties to the enforcement proceeding are already defined, and that the participation of the third-party claimant corporation (which at the time was ordered and subsequently annulled) was denied by the enforcement area and confirmed by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of Appeals, a discussion that this authority cannot reopen ex officio, given that the appellate court has already decided the matter, so it is a precluded issue. That is, that legal entity is not a party to the sentence enforcement proceeding, a condition that evidently legitimizes it to file the third-party claim that is being heard in this ruling. A different situation would have arisen had the decision for its participation within the sentence enforcement proceeding been maintained. On the other hand, let said representation take into account that the procedural mechanism of third-party claim of ownership exists in our legal system and that it is an obligation of this jurisdictional authority to rule on what is requested. Regarding the arguments put forth by the representation of APREFLOFAS, what was previously indicated about the matter of joinder of parties is reiterated; furthermore, take into account that the third-party claim of ownership is not a modality or form of joinder; they are different procedural mechanisms with different substantive and procedural rules. Ruling is omitted on what was stated regarding the enforcement judgment that must be issued again, as it is not of interest in this third-party claim. Regarding what was indicated by the representation of the coadjuvant Association, what was already said about joinder of parties is reiterated. Regarding the interpretation it makes about the object of the environmental damage remediation, ruling is omitted as unnecessary, as it is an aspect related to the merits of the sentence enforcement, and not of this third-party claim. Finally, regarding the arguments of the representation of SINAC, what was indicated about joinder of parties is reiterated, and that in this case, there is no legal or procedural requirement for the admissibility of the claim being heard, regarding the demonstration of damage or prejudice, since the object and purpose of the third-party claim of ownership have already been pointed out. Consequently, once this decision becomes final, the lifting is ordered of the annotations of the complaint placed on the properties of the Province of Alajuela numbers 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 and 175769-000, all property of the third-party claimant. Judgment is entered without a special award of costs.

THEREFORE

The third-party claim of ownership filed by REFORESTACIÓN INDUSTRIAL LOS NACIENTES S.A. is declared WITH MERIT. Consequently, once this decision becomes final, the lifting is ordered of the annotations of the complaint placed on the properties of the Province of Alajuela numbers 184250-000, 394051-000, 175767-000, 303718-000 and 175769-000, all property of the third-party claimant. Judgment is entered without a special award of costs.- NOTIFY. Karen Calderón Chacón. Enforcement Judge.-

- Verification Code -
*P7WHKA5FCCY61*
P7WHKA5FCCY61

Document signed by:

KAREN CALDERÓN CHACON, DECISION-MAKING JUDGE

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