Res. 00269-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Absolution revoked for erroneous evidence assessment in illegal forest harvestingAbsolución revocada por errónea valoración de prueba en aprovechamiento forestal ilegal

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00269 - 2023

Fecha de la Resolución: 02 de Junio del 2023 a las 14:40

Expediente: 17-200590-0413-PE

Redactado por: Tatiana López Monge

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL

 

 

Resolución  : 2023-0269

Expediente  : 17-200590-0413-PE (6)

 

  

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. SECCIÓN PRIMERA. Segundo Circuito Judicial de San José. (En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede  Santa Cruz) Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos, del dos  de junio de dos mil veintitrés.-

 

 RECURSO interpuesto en la presente causa seguida contra MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ, mayor, soltera, costarricense, cédula de identidad 6-304-184, de 43 años de edad, nacida el 09 de marzo del año 1980,  hija de Ayder Acosta Granados y Margarita Gutiérrez , vecina de Guanacaste; por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL (APROVECHAMIENTO), en perjuicio de LOS RECUSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, la Tatiana López Monge, así como los cojueces Gustavo A. Jiménez Madrigal y Esteban Amador Garita. Se apersonaron en esta sede el licenciado José Humberto Fernandez Gónzalez, en calidad de procurador como representante del Estado y en representación del Ministerio Público el licenciado Jorge Araya Chavarría.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 198-2022, de las dieciséis horas con quince minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal Penal de Cañas, Guanacaste, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 41 de la ConstituciónPolítica; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 30, 31, 45 del Código Penal; 1, 37 a 41, 75 a 80, 142, 175, 182, 184, 270, 265, 266, 267, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal; 61 de la Ley 7575; 73.2 del Código Procesal Civil, 1045 del Código Civil. En aplicaci ón del Principio Universal In Dubio Pro Reo se absuelve de toda pena y responsabilidad a MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ. por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL (APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES) que se le atribuyó en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. De oficio se decreta falta de derecho y falta de legitimaci ón y se declara sin lugar la ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA incoada contra la demandada civil MARÍA WILMAN COSTA GUTIÉRREZ. Se falla la acción civil resarcitoria y la querella sin especial condenatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Corren los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se ordena la devolución de una motosierra marca STIHL MS660 color blanco y tapas anaranjadas con una hoja de 28 pulgadas al oncejo Municipal de Colorado de Abangares según acta de decomiso 0052 de folio 6; se ordena el comiso a favor del Estado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación Arenal Tempisque de una troza de Cocobolo de 50 centímetros de diámetro por 3.36 metros de largo y una troza de Guanacaste de 70 centímetros de diámetro por 4.66 metros de largo según acta de decomiso 0053. Se ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar en este proceso contra ACOSTA GUTIÉRREZ si otra causa no lo impide. Firme esta sentencia, se expedirán las comunicaciones respectivas. Notifíquese.".  (sic)

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpusieron recurso de apelación en calidad de procurador como representante del Estado y en representación del Ministerio Público el licenciado Jorge Araya Chavarría..

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la Jueza de Apelación  López Monge; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Sobre la competencia de este Tribunal para resolver este recurso de apelación de sentencia: Conforme el acuerdo de Corte Plena en sesión 22-2022,  del 16 de mayo de 2022, artículo XXXIV y acuerdo de Corte Plena en sesión 75-2022 del 19 de noviembre de 2022, artículo XVII, este Tribunal tiene competencia para conocer de las solicitudes de prórroga de prisión preventiva que corresponda conocerlas al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, sede Santa Cruz, así como de los recursos de apelación de sentencia, conforme los criterios en ambas sesiones definidos y por el plazo allí acordado, que alcanza el primer semestre de este año 2023. En razón de ello, entra a conocer esta Cámara del recurso de apelación en este caso.

 II.- Admisibilidad: Contra la sentencia número 198-2022, dictada a las 16:15 horas del 4 de noviembre de 2022, por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Cañas, el licenciado José Humberto Fernández González, en su condición de Procurador Penal de la Procuraduría General de la República interpuso recurso de apelación de sentencia (folios 277 a 288 del expediente). De igual forma, el licenciado Jorge Araya Chavarría, Fiscal Coordinador de la Fiscalía de Cañas, recurrió la sentencia antes citada (folios 291 a 309 del expediente). De la revisión de ambos recursos se evidencian que fueron interpuestos dentro de los quince días hábiles después de la notificación de la sentencia, según lo dispone el artículo 459 del Código Procesal Penal, y cumplen con los presupuestos de admisibilidad establecidos por los artículos 458 y 460 de dicho cuerpo normativo, lo cual permite su conocimiento en los términos del artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se admite para su estudio y resolución de fondo.

 III.- Al tener conexidad el motivo primero del recurso de apelación interpuesto por el representante de la Procuraduría General de la República y el único motivo sustentado por el representante del Ministerio Público, se resuelven de manera conjunta de la siguiente manera:

   A- De acuerdo con el primer motivo del recurso interpuesto por el licenciado José Humberto Fernández González Procurador Penal alegó la existencia de: Error in procedendo, indebida y errónea fundamentación intelectiva en el fallo, por omisión en la valoración de la prueba de valor decisivo. Errónea aplicación de las reglas de la derivación y de la sana crítica racional, que incidió en la búsqueda de la verdad real de lo sucedido. Señala que la prueba se debe valorar de forma integral, no aisladamente, por cuanto se debió analizar la prueba indiciaria. Fundamentó en ese sentido sus argumentos de la siguiente forma:

 i.- Que el Tribunal de juicio basó la sentencia absolutoria en que ninguno de los testigos de cargo observó al testigo Jimmy Vega Rodríguez cortando, aprovechando, ni troceando las trozas de madera en otras más pequeñas, para que éstas se pudieran movilizar, o desramando las trozas que ya estaban en el suelo con el fin de limpiar el lugar y así poder realizar un parque como al final sucedió. Por lo que para el recurrente se debió analizar dos puntos importantes:

 a.- Si fue el testigo Jimmy Vega Rodríguez, trabajador de la intendencia Municipal, quien seccionó los árboles caídos en trozas más pequeñas, realizando un aprovechamiento maderable y,

 b.- Si el testigo Jimmy Vega Rodríguez fue mandado por la imputada María Wilman Acosta Gutiérrez, intendente municipal y jefa máxima, o si fue como el señor Jimmy Vega Rodríguez, que fue por su jefe inmediato el señor Steven Morales, como el testigo Vega Rodríguez lo relató durante el juicio.

 De seguido, el recurrente cita parte del fundamento dado en sentencia, en relación con las cuatro posiciones o premisas a las que arribó el Tribunal de juicio, para determinar que no se acreditaban los hechos acusados, las cuales citó en apoyo de su tesis y en relación con la tercera posición o premisa, en la cual el Tribunal fundamentó que el testigo y “sierrista” Jimmy Vega Rodríguez lo habían enviado a limpiar el lugar. Argumento de la sentencia en el que, a criterio del apelante, el Tribunal a quo debió utilizar un razonamiento intelectivo, no solo considerando lo expresado por el testigo Vega Rodríguez en juicio, sino también consider que al ir el testigo Vega Rodríguez al lugar donde estaban los árboles derrumbados por medios mecánicos, éste lo hizo portando machete, una motosierra, junto con el equipamiento de varios galones de gasolina lo cual, para el apelante, refleja no sólo que iba a cortar unas ramas, sino para desramar los árboles tumbados, cortando o procesando estos en trozos más pequeños y así poderlos movilizar más fácilmente, por lo que, en aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia el limpiar el lugar, como lo sustentó el testigo, sería a través de utilizar tanto el machete y la motosierra y así poder realizar de esta manera la acción acusada en este caso. En relación con la cuarta posición que indicó el Tribunal, sobre no poder determinar la participación de la imputada María Wilman Acosta Gutiérrez en los hechos acusados, bajo el razonamiento que ella había llegado al lugar y haber firmado las actas, como el haber sustentado el testigo Jimmy Vega Rodríguez quien manifestó que fue su jefe inmediato quien lo había enviado a realizar las labores al lugar, y no fue la encartada María Wilma Acosta Gutiérrez. El apelante rebatió esta motivación del Tribunal señalando que resultaba lógico que el testigo Vega Rodríguez, al ser empleado de la Intendencia Municipal y al ser la encartada María Wilman Acosta la jefa máxima en dicho puesto, el señor Vega Rodríguez no buscaría perjudicarla. A la vez, que el apelante en apoyo de su tesis, agregó que, de acuerdo con las preguntas hechas por su representación al testigo Vega Rodríguez, éste aportó que habían llegado al juicio en el mismo vehículo de la imputada, indicando el lugar donde lo habían parqueado al frente de los Tribunales. Por lo que para el apelante existen suficientes elementos de prueba para poder afirmar que el testigo Jimmy Vega Rodríguez fue enviado a limpiar el lugar, para desramar y procesar las trozas convirtiéndolas en más pequeñas, para poder llevárselas del lugar, siendo el beneficio no solo el obtener madera, sino también para dejar limpio el lugar de cualquier árbol o ramas y poder construir un parque, el cual existe actualmente en el sitio. A la vez, el recurrente hizo hincapié en su recurso que hasta se llevaron las trozas procesadas del lugar que se encontraban decomisadas;

  ii.- Sobre la valoración del árbol saíno en la sentencia: Además, el apelante alegó que de acuerdo con el razonamiento del Tribunal, en la sentencia absolutoria, en la cual fundamentó que no se consignó la existencia del árbol saíno en la prueba documental, ni fue manifestado por el testigo Jorge Pineda Gómez, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), quien no observó aserrín cerca de ese árbol saíno, y solo se observó aserrín en la ropa del testigo Jimmy Vega Rodríguez, en la motosierra y cerca de la trozas de madera, por lo que, en criterio del apelante, resulta lógico y razonable que no se consignara por dos motivos: el primero que este árbol no existió,  y el segundo que el árbol fuese tan pequeño que no produjo aserrín para poderse notar en el sitio, no obstante, alegó que “la jueza ad quo basa su argumento de incertidumbre en esa corta de zaino (sic) y el aserrín que produce, no sabemos si produjo algún tipo de aserrín en una rama tan pequeña que obstruía el paso como se pretende en la sentencia para justificar el indubio (sic).” (folio 284 del expediente);

iii.- Sobre la inexistencia de incertidumbre para no condenar que el Tribunal desarrolló en su fallo: El impugnante señala que el testigo Jorge Pineda Gómez, funcionario del SINAC, siendo Ingeniero Forestal y experto en la materia, expresó que al lado de los árboles troceados se encontraba el aserrín que sueltan al realizar los cortes con motosierra no siendo por ello, para el recurrente, necesario la realización de una pericia, por cuanto nadie sostuvo que el aserrín lo habían colocado en el lugar y, lo cierto es que al cortar las trozas de madera con una motosierra se produce aserrín, que estaban cerca de las trozas cortadas y en las ropas de la persona que lo aserró. Además, para el Procurador Penal en su recurso, el testigo Jorge Pineda Gómez indicó que los cortes que se encontraban en las trozas fueron realizados de forma reciente, y que en el lugar se encontraba la motosierra caliente y con residuos de la corta, y la persona que la utilizó en el sitio, por lo que cuestiona la utilidad y pertenencia de realizar una pericia, por cuanto en aplicación de las reglas de la lógica y la razón, y de acuerdo con los indicios, el sierrero fue la persona que realizó la corta o el aprovechamiento. Conforme a lo anterior, reprocha que el Tribunal de juicio hubiera absuelto a la encartada bajo el argumento de que no se comprobó que el testigo Jimmy Vega Rodríguez estaba procesando las trozas, contrario a lo sustentado por su representación en juicio. Para el apelante dicha madera se cortó y procesó ilegalmente, sin ningún permiso de la Administración Forestal del Estado, y el beneficio no sólo fue la obtención de la madera, por ser las trozas maderables, sino también el limpiar el lugar para construir un parque como al final quedó establecido en juicio. Por otra parte, agregó en su recurso que en la mayoría de los casos es necesario descubrir la verdad procesal a través de procesos de inferencia en la valoración de indicios, siendo esa una de las falencias en las sentencias en lo que se refiere a la valoración de la prueba indiciaria. En cuanto a la sentencia recurrida, considera que se hizo una mala valoración de la prueba de cargo admitida, por cuanto no se analizó de manera conjunta aquella que resultaba decisiva para determinar el grado de participación de la imputada, así como para acreditar el grado responsabilidad penal y civil de la encartada. 

B.- El licenciado Jorge Araya Chavarría Fiscal Coordinador alegó como único motivo: La inconformidad con la fundamentación analítica e intelectiva en el fallo por preterición de prueba y ante la omisión del análisis integral del elenco probatorio: Sostiene que en la sentencia se incurrió en discriminación arbitraria e ilegítima de los elementos de prueba, al no haberse analizado de forma conjunta y armónica, porque sólo se valoraron ciertas probanzas, dejándose de analizar otras, o escogiendo ciertas pruebas que al final determinaron lo resuelto, sin brindar un razonamiento para ello. Alegó que se desatendió los artículos 142, 184, 363 y 459 del Código Procesal Penal, se incurrió en el fallo en una insuficiente fundamentación analítica e intelectiva, ignorando parte esencial de los elementos probatorios, al punto que producto de estas omisiones entre líneas, de los testimonios y del examen de forma superficial de los elementos de prueba recabados, dio como resultado otro panorama distinto, producto del indebido análisis que el mismo Tribunal efectuó. El apelante señala que el Tribunal de juicio para el dictado de la sentencia absolutoria a favor de la imputada, en su argumentación intelectiva, señala varias posiciones que desde su óptica no tenían respuesta definitiva, y a través de la prueba no era posible salir del estado de duda. Por lo que, para el apelante, el Tribunal a quo la fundamentación incurrió en los siguientes vicios:

  i.- En relación con la aplicación de la ley fundamental de derivación y su principio lógico de razón suficiente, cita parte de un fragmento del fallo en el cual el Tribunal a quo sustentó que los árboles fueron desraizados con maquinaria pesada, y que el testigo Jorge Pineda indicó en juicio que no podía establecer si el aserrín era fresco o no, y que dicho testigo no tenía seguridad y no pudo indicar si el aserrín correspondía a las especies seccionadas. De seguido, el recurrente alega que el Tribunal a quo se equivocó porque ignoró, lo que se deriva del sumario de prueba con respecto a la declaración del testigo Jorge Pineda Gómez, funcionario de la Autoridad Forestal del Estado, quien mencionó que el día que se dieron los hechos él escuchó una motosierra y observó varios árboles talados, y que al llegar al lugar aún estaba la motosierra caliente y junto a los árboles caídos que estaban siendo seccionados o procesados, y la única persona en el sitio junto a ellos, con restos de aserrín en sus ropas, era el señor Jimmy Vega Rodríguez. Por lo que el recurrente agregó los estudios del testigo Pineda Gómez, los años de experiencia, el ser Ingeniero Forestal, y laborar para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para aportar un fragmento de su declaración en juicio, y luego sustentar que aunque el testigo Pineda Gómez mencionó que no observó al testigo Jimmy Vega Rodríguez seccionando los árboles caídos en fragmentos más pequeños, en su criterio el resto de indicios señalados por el testigo apuntaban a que era la persona que estaba seccionando y procesando los árboles, es decir, llevando a cabo el aprovechamiento ilegal de la madera bajo las órdenes de la Intendente quien lo había enviado a realizar la limpieza del sitio que sería destinado como plaza de futbol;

ii.- Defecto de derivación y violación a las reglas de la lógica y experiencia, por parte del Tribunal de juicio, al sustentar que no se podía descartar que el aserrín en las ropas del testigo Jimmy Vega fuera de una rama de saíno, para lo que el recurrente transcribió parte del razonamiento de la juzgadora en su fallo y de seguido reprochó que tanto su representación como el Procurador Penal sustentaron aspectos para superar la duda al aplicar las reglas de la lógica y la experiencia. Ello, si se examinaba los siguientes elementos de prueba:  a. - La derivación del Tribunal de juicio en sus afirmaciones, para lo que el recurrente cita un fragmento de la segunda posición o premisa de la juzgadora en su fallo en relación con esta duda, cuando señaló que no se podía descartar que el aserrín en la ropa del testigo Jimmy Vargas fuera de la rama de saíno que él había mencionado había cortado minutos antes de la llegada del testigo  Jorge Pineda Gómez, lo que respondería a que la motosierra estuviera caliente, por lo que para el Tribunal de juicio señaló que no se podía desechar esa versión con decir que en el acta de inspección ocular confeccionada en el sitio, en la cual para la juzgadora no constaba la existencia de un recorrido en el sitio, ni la mención de linderos. A la vez, el fiscal en relación con el anterior argumento del Tribunal, lo rebatió, al sustentar que el Tribunal de juicio debió analizar con detenimiento la declaración del testigo Pineda Gómez, propiamente aportó que: “Desde el interrogatorio, y las conclusiones tanto el Procurador como el suscrito, expusimos una serie de aspectos que le hubiesen permitido a la juzgadora, precisamente salir de esa duda que no resulta razonable, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia común. Bastaba, entonces examinar con detenimiento la deposición del testigo Jorge Pineda Gómez, cuando señaló que: “hicimos acta de inspección ocular, reconoce firmas de folios 4, 5, 6, 7 y 8 el nombre de la propiedad es esa, tal vez aquí las trozas es un área abierta sin cercas” (folios 298 del expediente),  b.- Sobre la existencia de la rama o troza de saíno y la visibilidad existente en el lugar donde se dieron los hechos: El recurrente alega la falta de análisis por parte del Tribunal a quo de la propia declaración del testigo Jimmy Vega Rodríguez, quien en su relato sobre la existencia de la troza o rama de saíno, la cual, de acuerdo con su deposición tapaba la entrada del predio, si se hubiera analizado su relato, dicho testigo en juicio efectúo un dibujo del lote dónde se dieron los hechos y señaló que la patrulla del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) había ingresado por el mismo sitio en donde se encontraba la troza o rama de saíno, para lo que el fiscal alega desde su posición que de haber examinado la prueba, bajo la tesis condenatoria, se hubiera desacreditado y despejado cualquier duda, por cuanto la versión de que el sonido de la motosierra y el aserrín provenían de la rama del árbol de saíno, ubicado en la entrada del predio, de haberse aplicado las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia común, no se hubiera podido alienar, porque bastaba con examinar el plano de la propiedad de folios 9 y 10 del expediente, y sus dimensiones las cuales cita, para determinar si el testigo Jorge Pineda Gómez, funcionario del SINAC, tenía o no visibilidad, en un sitio abierto que iba a ser destinado para una plaza de fútbol. Y de igual forma, para el recurrente se hubiera contestado la interrogante del Tribunal de juicio sobre la ausencia de un recorrido en todo el sitio y la falta de mención de los linderos. Para el apelante, de la valoración de las dimensiones del lote, las cuales cita de acuerdo con el plano de la propiedad, y la deposición del testigo Jorge Pineda en juicio, se tendría que el testigo Pineda Gómez tenía plena visibilidad, y se desacreditaría la tesis de la parte de descargo, toda vez que al ingresar por donde la rama estaba y que ameritó hasta la utilización de la motosierra con las dimensiones que él previamente aportó, difícilmente el guarda forestal no se habría percatado de la existencia de la rama seccionada, y hasta debía incluirla en el informe y en las actas siendo un producto forestal más de los procesados, c.- Sobre el argumento de falta de prueba idónea y la conclusión del a quo sobre la necesidad de una inspección ocular realizada por el Organismo de Investigación Judicial, para el apelante se trataba de un argumento jurídicamente inviable, porque a pesar que sustentó que no se trataba de prueba legal tasada, fue al final lo que se aplicó y con fundamento en lo que se le restó valor a la prueba según los artículos 182 y 184 del Código Procesal Penal, restándole importancia a la confeccionada por la policía especializada en delitos ambientales y con estudios de post grado, asumiendo el Tribunal que el testigo no vio la rama de dimensiones importantes en la entrada de la propiedad. d.- Reclama el recurrente que el Tribunal de juicio continúo en un vicio en la valoración de la prueba y de las reglas de la lógica y experiencia, al sustentar su segunda premisa o posición en la sentencia -la cual cita-, según la cual el testigo Jimmy Vega Rodríguez no podía determinar con plena certeza si éste había cortado los árboles en trozas. Por lo que el recurrente reclama que el Tribunal en su razonamiento le otorgó plena credibilidad al testigo Jimmy Vega Rodríguez, quien manifestó que la dimensión de la espada de la motosierra era corta, y quien continúa laborando para la encartada, cuando de la declaración del testigo Jorge Pineda Gómez (funcionario Forestal), y del acta de decomiso, para el apelante se acreditaba que la motosierra utilizada era grande, de 28 pulgadas, lo que al realizar la conversión da una hoja de 71.12 centímetros, por lo que desde su posición el recurrente concluye que llevaba la razón “… el funcionario del MINAE, que era una motosierra de dichas dimensiones que permitiría sacar más provecho y en menor tiempo a la labor de procesar árboles como los encontrados en el sitio del hecho y para corta de ramas, es más común utilizar motosierras más pequeñas, que son más fáciles de maniobrar…” (folios 302 del expediente). Además, que se debió tomar en cuenta los galones de gasolina decomisados acorde con la labor de seccionamiento o procesamiento que realizaba el testigo Jimmy Vega Rodríguez, pues es incongruente con base a la regla de la lógica, la idea de llevar consigo varios galones de combustible “por si se encuentran varias ramas tapando las entradas”, cuando en realidad se envió al testigo Vega Rodríguez a limpiar una plaza en la que habían varios árboles desraizados (aprovechamiento de árboles caídos, según su definición en el artículo 3.1. de la Ley Forestal) (folios 303 del expediente) e.- El recurrente sostiene que tanto la imputada María Acosta como el testigo Jimmy Vega Rodríguez cambiaron su relato en relación con la persona que ordenó la limpieza del terreno y que, a su vez, Jorge Pineda Gómez, funcionario del SINAC, declaró que el señor Vega Rodríguez le había indicado que a él lo había enviado la Intendente municipal María Acosta a limpiar el terreno. Mientras la encartada en su ampliación de la declaración en fase de investigación, de la cual cita un fragmentó el fiscal, y en la que se hizo constar que ella había enviado al chofer Steven Gutiérrez Noguera con las herramientas necesarias para realizar la limpieza manual, pero nunca el aprovechamiento de la madera. Asimismo, durante el debate la imputada Acosta Gutiérrez mencionó que no dio la orden para la limpieza, declaración que para el fiscal debe prevalecer, pero que el juzgador no valoró el cambio de su versión durante el proceso. En igual sentido, en relación con el testigo Jimmy Vega quien varió su relató, por cuanto en debate señaló que la orden de limpieza fue su superior inmediato Steven Noguera, chofer de la misma imputada, y que no dijo a lo largo de la tramitación del expediente y fue hasta el debate que hizo mención de otra persona cuando la acción penal estaba prescrita en relación con ésta, y para salir fácilmente del paso de este caso. Conforme a lo anterior, para el apelante se debe apreciar que tanto de la deposición del testigo Pineda Gómez, como del testigo Vega Rodríguez, la única persona que se comunicó con los funcionarios del SINAC fue la encartada María Acosta Gutiérrez, quien firmó la documentación de interés, sin negar ser la máxima autoridad en el gobierno local en el que labora. Motivo de ello, para el fiscal el cambio de versión, tanto de la imputada como del testigo Vega Rodríguez, afectan en su credibilidad, aspecto que no fue valorado por el Tribunal de juicio quien en lugar de ello, le dio plena credibilidad a “tan evidentes versiones acomodadas y complacientes” (folio 305 del expediente), f.- El fiscal sostuvo que al efectuar un ejercicio intelectual, examinando de manera integral la totalidad de la prueba, y aplicando las reglas de la experiencia común, en asuntos similares, al utilizarse el término “limpieza” de predio es para el mantenimiento del sitio en su totalidad, incluidos los troncos, trozas o ramas caídas, con dimensiones compatibles con la motosierra decomisada, por lo que reprocha el raciocinio de la juzgadora al considerar que la limpieza que mencionó el testigo Jimmy Vega no incluía la tala y/o el procesamiento de árboles caídos, obviando que este testigo se hizo acompañar de un instrumento idóneo, como lo fue una motosierra de grandes dimensiones y con varios galones de gasolina. Aunado a lo anterior, aporta que, realizando un razonamiento lógico, no tendría sentido que para realizar una limpieza del sitio, se llevaran herramientas idóneas que, además de servir para la limpieza de todo, no se utilizara para las trozas ubicadas en el lugar donde se iba a preparar una plaza de fútbol. Estando el testigo Jimmy Vega Rodríguez, ubicado cerca de las trozas con una motosierra caliente y con aserrín que a criterio del Ingeniero Forestal era fresco, a pesar de que no se hizo una pericia que de acuerdo con el razonamiento del Tribunal de juicio se debió realizar para establecer con certeza de qué producto forestal provenía el aserrín, lo cual para el fiscal, a pesar que el representante de la Procuraduría General de la República, en aplicación del principio de libertad probatoria, le efectuó una pregunta aclaratoria al testigo Jorge Pineda Gómez con el fin de aclarar si el aserrín que suelta el árbol de Guanacaste y el árbol de Cocobolo tienen alguna una característica. Sin embargo, esta pregunta, ante la oposición de la defensa técnica, no fue aceptada por el Tribunal de juicio, lo que de acuerdo con el recurrente fue en detrimento de la búsqueda de la verdad real, obviando que el testigo Pineda Gómez es Ingeniero Forestal con 6 años de experiencia en atención a este tipo de casos. Conforme a los anteriores argumentos para el fiscal y aquí apelante, si el Tribunal de juicio hubiera analizado todos los elementos de prueba de cargo y descargo, junto con los alegatos de la fiscalía y la Procuraduría General de la República, hubiera dado una respuesta integral y objetiva del por qué de su decisión, sin que existiera apariencia de favorecer a una parte del proceso o, al menos, se hubieran brindado razones acerca de los motivos por los cuales no le otorgó valor probatorio a las manifestaciones de los testigos en armonía con la prueba recabada. Motivo de lo anterior, solicita declarar con lugar el recurso, se anule la sentencia y se ordene el reenvió para una nueva sustanciación.

 IV.- Sobre el fondo:  Se declara con lugar ambos reproches. Al contraponer los reclamos de los recurrentes con los fundamentos dados en la sentencia recurrida, se  debe acoger sus reclamos por cuanto: Primero: Esta Cámara de Apelación colige que en la fundamentación empleada por el Tribunal de juicio se omitió aplicar las reglas de la sana crítica, realizando una valoración conjunta y armónica de los elementos de prueba traídos al proceso, según lo previsto por el Legislador en el artículo 184 del Código Procesal Penal que establece: “El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales le otorga determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial…”. Por lo que se torna necesario el tener en cuenta los hechos que fueron acusados por las partes, tanto penales como civiles. La fiscalía acusó que el 2 de mayo de 2017 la imputada María Wilman Acosta Gutiérrez, intendente Municipal de Guanacaste de Colorado de Abangares, y en localidad de Colorado, Barbudal 800 metros al este de la Escuela, dentro de la finca del partido de Guanacaste, matrícula de folio real 5-008113-000, ordenó y aprovechó de 7 árboles de la especie de Cocobolo (Dalbergia Retusa) y 6 árboles de la especie Guanacaste (EnterolobiumCyclocarpum), los cuales fueron procesados mediante la utilización de sierras; convirtiéndolos en 15 trozas de madera, esto sin contar con plan de manejo ni algún otro permiso expedido por la autoridad forestal competente y con el ánimo de sacar un beneficio o ventaja, mediante la corta de dichos árboles, los cuales pretendían utilizar para satisfacer sus necesidades, además de no incurrir en gastos administrativos, para el trámite de permiso alguno, ni desembolsar monto de dinero por dicha gestión. Además, la Procuraduría General de la República como parte querellante y actora civil, también imputó en la pieza acusatoria que la querellada MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ aprovechándose de su condición, había ordenado al señor Jimmy Vega García, el procesamiento de los árboles y los conformara en trozas de diferentes dimensiones, mediante la utilización de la motosierra marca STIHL MS 660, patrimonio 0554-003280 C.N.E. Ocasionando un daño valorado en la suma de ₡4.960.849,00 (cuatro millones novecientos sesenta mil ochocientos cuarenta y mueve colones). A la vez, que, a diferencia de la fiscalía, la querella señaló que era sólo 1 árbol de la especie conocida como Cocobolo que fue aprovechado por la encartada y no 6 como la fiscalía lo imputó (folios 241 a 243 del expediente).  Asimismo, esta Cámara de apelación colige que el Tribunal de juicio en la sentencia sólo tuvo por acreditado que de la acusación realizada por la fiscalía, la encartada María Wilman Acosta Gutiérrez para la fecha de los hechos era y es la intendente Municipal de Colorado de Abangares (folio 244 del expediente), Segundo: Esta Cámara de apelación colige que el Tribunal de juicio dictó la sentencia absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo, bajo las siguientes fundamentos: i.2- Inicialmente el tribunal hizo una valoración de los testimonios de los testigos de  cargo: En el fallo el Tribunal a quo señaló que el testigo Jimmy Vega Rodríguez, funcionario de la Municipalidad y del testigo Jorge Pineda Gómez funcionario del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, de los cuales el a quo derivó que no se podía acreditar los hechos acusados. Propiamente, ante los alegatos que el testigo Jimmy Vega Rodríguez, sustentado por la fiscalía y la Procuraduría General de la República, por laborar en el Consejo Municipal, sitio en el cual la imputada María Wilman Acosta Gutiérrez todavía es Intendente Municipal. El Tribunal de juicio derivó en su fundamentación que el relato del testigo Vega Rodríguez no fue contradictorio con el testigo Jorge Pineda, aunque para la a quo tuvo matices serviciales. Propiamente en el fallo se mencionó que el testigo Vega Rodríguez en: “…su declaración tuvo matices serviciales en algunas respuestas, no se puede considerar que miente o sea complaciente en un todo, por lo que debe ser valorado su testimonio y es creíble, ello en virtud de ser consonante con el otro testigo de cargo en lo que sí es fundamental y decisivo para este caso…” (lo resaltado no es del original folio 254 del expediente). Por lo que esta Cámara de Apelación coteja que el Tribunal de juicio no explicó por qué esta parte del relato del testigo Jimmy Vega Rodríguez era servil, y si incidía en los hechos que se investigaban en contra de la encartada María Acosta Gutiérrez, sino que de seguido se avocó a referir parte de la declaración del señor Vega Rodríguez en juicio en el cual se ubicó en el mes de mayo de 2017 en la comunidad de Barbudal de Colorado haciendo labores de limpieza en el lote que sería un proyecto comunal de plaza de fútbol y un parque. Testigo que de acuerdo con la sentencia mencionó que al llegar al sitio encontró varios árboles destroncados de raíz y picados. Llegando al sitio un funcionario del MINAE, junto con un particular, y ante preguntas que le formuló el funcionario forestal a él, contestó que se encontraba limpiando el lote, que trabajaba para el Consejo Municipal y quien lo envió había sido su jefe inmediato Steven Morera, y que posteriormente su jefe llegó junto con la señora María Wilman, quienes se encargaron en delante de los demás trámites, e incluso aportó las herramientas de trabajo que él llevaba, que eran una pala, machete y sierra porque iba a hacer limpieza, y que la motosierra se llevaba era porque con ella se podía cortar ramas, e incluso él había cortado una rama de un árbol de saíno a la entrada del lugar, con el fin de liberar el acceso al sitio. La a quo también señaló que dicho testigo agregó que el funcionario del MINAE no lo observó utilizar la motosierra, y que fue unos 5 a 10 minutos después de la corta que él hizo de la rama del árbol saíno cuando llegó el testigo Jorge Pineda al lugar. Sobre los árboles de Cocobolo y Guanacaste mencionó que los observó, pero que no eran aprovechables por ser “jóvenes”, y que los trozos estaban llenos de maleza (folio 253 a 254 del expediente).

     De seguido la Jueza analizó el testimonio del testigo Jorge Arturo Pineda Gómez, quien mencionó que el 2 de mayo de 2017, junto con el voluntario Ricardo Fallas, ante una denuncia sobre una tala de árboles, llegaron a una quebrada de la escuela de Barbudal 800 metros al este, y observaron unos árboles caídos y encontraron en el sitio al testigo Jimmy Vega, funcionario del Consejo Municipal de Colorado, a quién le consultaron que si tenía permisos de aprovechamiento, y éste mencionó que no sabía que había y que fue enviado por la Intendente Municipal a limpiar el sitio, porque se iba hacer una plaza. Motivo por el cual, el testigo Pineda Gómez consultó a la Oficial de Cañas sobre la existencia de aprovechamiento y le externaron que no existía, por lo que coordinó con el fiscal y se procedió al comiso de la motosierra, realizándose un acta de inspección en el área. Para la juzgadora el testigo señaló que había árboles desraizados por medio de posible maquinaria, y 2 árboles estaban siendo seccionados en pequeñas trozas, uno de Guanacaste y otro Cocobolo, y las actas de decomiso y de entrega las firmó la señora María Wilman Acosta. El Tribunal de juicio transcribió parte de la declaración del testigo Pineda Gómez, en la cual hizo alusión a que el testigo Jimmy Vega estaba seccionando las trozas, mientras la motosierra la tenía en su mano y aserrín en su pantalón, y que había fotografías aportadas en el informe. Pero para el Tribunal de juicio el testigo Jorge Pineda Gómez posteriormente dijo que el señor Jimmy Vega no tenía la motosierra encendida, y ante preguntas en el debate, no supo si el aserrín que había era fresco o no, y quien dijo que era a través de un peritaje del Organismo de Investigación Judicial que se podría determinar si ese aserrín era fresco. Además que el testigo Pineda Gómez no manifestó que observara al señor Jimmy Vega cortar los árboles o trozarlos, ni que el testigo Jimmy Vega mencionó el nombre de la Intendente municipal como el jefe inmediato, y que esta fuera la persona que giró la orden de realizar la limpieza en la propiedad, y que para este momento era María Wilman Acosta (folios 255 a 256 del expediente). Argumento que de acuerdo con el Tribunal de juicio no se acreditó, porque el testigo Jorge Pineda aclaró que el señor Jimmy Vega Rodríguez no mencionó dicho nombre.

  Luego de citar parte de los relatos de la prueba testimonial, como antes se expuso, el Tribunal de juicio señaló que ambos testigos se  ubicaban en el tiempo, lugar, las horas de la mañana, y la motosierra en el sitio, pero en su fundamentación señaló que el testigo Jimmy Vega Rodríguez había mencionado que 5 o 10 minutos después de que se cortó la rama de saíno de la entrada a la propiedad, fue cuando llegó el testigo Jorge Pineda Gómez, derivando la juzgadora que de la declaración del señor Pineda Gómez existió una suposición que el testigo Jimmy Vega cortaba árboles de Guanacaste o Cocobolo, ya que el testigo Pineda Gómez no aportó que lo observara cortarlos, ni que supiera el tipo de aserrín que existía en el sitio, ni el aserrín que tenía entre sus ropas el señor Jimmy Vega, propiamente así lo indicó en su fallo “…ambos describen estar en el lugar en horas de la mañana y señalan al unísono la motosierra en el sitio, sin embargo, primeramente Jorge refiere que Jimmy estaba seccionando las trozas de madera y posteriormente indica que él no lo observó y que cuando llegó la motosierra estaba apagada, pero que sí previo la escuchó encendida y ello es consonante con el dicho de Jimmy al decir que unos 5 -10 minutos después de que el cortó la rama de Zaino (sic) de la entrada, fue que llegó Jorge Pineda, lo que nos da un espacio temporal lógico entre que Jorge escucha la Motosierra y del porqué la encuentra apagada, no considera el tribunal que Jorge miente o entra en contracción al decir primero una cosa y luego referir que no observó a Jimmy cortar los árboles, sino que pareciera más bien una apreciación subjetiva, es decir una suposición al llegar y observar los árboles cortados, porque fue claro en que lo que buscaba era una tala, pero esta se llevó a cabo con maquinaria y no se sabe cuándo, ni tampoco se observó maquinaria en el lugar, ahora, tanto Jorge manifestó que Jimmy dijo que fue enviado a limpiar el lote y Jimmy también así lo refirió, es decir son claros los dos testigos en que lo que Jimmy hacía en el lugar eran labores de limpieza, en lo discrepan es en quien dio la orden de dicha limpieza, porque de manera honesta Jorge Pineda declaró no haber visto a Jimmy Vega cortar los árboles, es decir, aprovechar, de ahí que supone que fue Jimmy quien los cortó pero eso no lo puede establecer con certeza, al punto de que él mismo así lo señaló en juicio cuando se le consultó: “¿Por qué en el informe atribuye de forma genérica que fueron realizados por Jimmy? Yo no puse en mi informe que él lo hizo, sino que estaban desraizados y que él estaba ahí en el lugar” es ante lo anterior que se hace indispensable acudir a la prueba documental, específicamente el informe ACATPCP-IP-025-2017 de folio 1 al 4, y es que, en este se observa una serie de hechos que …” (folio 256 del expediente).     

   De conformidad con el raciocinio del Tribunal de juicio antes citado, no se logró acreditar con certeza que el testigo Jimmy Vega Rodríguez fuera la persona que cortara los árboles de la especie de Guanacaste y Cocobolo, por lo que dentro de su razonamiento el testigo Jorge Pineda Gómez, funcionario del Servicio Nacional de Áreas de Conservación SINAC, ante las preguntas que se le hicieron, no contestó haberlo visto al señor Jimmy realizando esta acción, ni tampoco aportó que el aserrín que existía en el lugar y tenía el testigo Jimmy Vega Rodríguez en su ropas se podía determinar a cuál árbol pertenecía, requiriendo para el Tribunal de juicio la realización de una pericia, por lo que su razonamiento fue el siguiente: “….nuevamente se pregunta esta juzgadora, cómo asegura en el Informe Pineda que el funcionario municipal seccionó la madera, si en juicio fue claro en señalar que no lo observó hacerlo, responde lo anterior a una suposición que en un principio podría parecer lógica, pero es entonces donde debe existir una investigación adecuada para esclarecer los hechos y pericias científicas para determinar a qué tipo de madera pertenece el aserrín y si es fresco o no, tal cual lo señala el mismo Jorge Pineda al indicar que eso solo lo hace ciencias forenses y le corresponde al Ministerio Público, aspecto que comparte esa juzgadora, es decir otros y varios indicios serían los que nos determinen una única conclusión y resulten entonces de una derivación lógica, pero no se puede a simple vista determinar aspectos concluyentes que solo se puede establecer mediante la ciencia..” (folio 257 a 258 de expediente),

   De los anteriores argumentos, esta Cámara de Apelación colige que el Tribunal de juicio no confrontó la versión de los testigos Jimmy Vega Rodríguez y Jorge Pineda Gómez con el resto de la prueba documental traída al proceso. Lo anterior, por cuanto como bien lo sustenta las partes recurrentes, no se analizó que el testigo Jimmy Vega Rodríguez fue persona que fue encontrada el 2 de mayo de 2017 en el sitio con un equipo en el que se incluía la motosierra, y como bien lo sustentó el fiscal en su recurso, del acta de decomiso No. 0052 de las 11:25 horas del 2 de mayo de 2017, la misma tenía una hoja de 28 pulgadas (folio 6 del expediente), dimensiones que en aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia, corresponde a equipo que no se limitaba a realizar una corta de ramas, y que la juzgadora no ponderó en su fallo si era o no factible su utilización para trozar madera, examen que no se ahondó en su fallo.

   También esta Cámara de Apelación colige que el Tribunal de juicio en su fallo sustentó que la prueba documental existente no era idónea, al punto que echó de menos que el informe ACAT-PCP-IP-025-2017 de folio 1 a 4 no tenía fecha ni hora de confección, ni sello de recibido para establecer una fecha límite. Al respecto sustentó: “…-pero en el caso de marras, no se observa investigación alguna, sino prueba documental que si bien es legal y válida, es confeccionada en su mayoría por el propio funcionario del MINAE, que no por ello es ilegítima, pero no resulta en la idónea, más si se denota que el informe ACAT- PCP-IP-025-2017 de folio 1 al 4 no tiene fecha ni hora de confección, tampoco un sello de recibido para establecer al menos una data límite, por lo que no sabe el tribunal si lo en él plasmado es justamente lo que pasó en día y fecha acusado o lo que recuerda el funcionario cuando lo elaboró pasado algún tiempo, de ahí que la versión que prevalece siempre es la del juicio bajo la inmediación y la oralidad, y en el contradictorio Jorge Pineda refirió que no observó a Jimmy Vega seccionar los árboles, no observó la motosierra encendida y no puede decir si el aserrín es fresco o no, es por eso que resulta fundamental la idoneidad de la prueba, no es un asunto de tasar la prueba, sistema valorativo no utilizado en nuestro sistema procesal, pero la libertad probatoria, no es sinónimo de idoneidad probatoria, más si se establece en ella aspectos que solo podría ser certeros mediante una pericia científica…” (folio 258 del expediente). El anterior raciocinio evidencia que el Tribunal de juicio no se impuso del contenido de dicho informe en el cual se indicó la fecha en que ocurrieron los hechos fue el 2 de mayo de 2017, la hora, el encontrar el testigo Jorge Pineda Gómez, al testigo Jimmy Vega Rodríguez, en el sitio, las herramientas que se encontraron y decomisaron, la manifestación de dicho testigo que había sido enviado por el intendente Municipal. Como se detalla en el informe, los elementos de prueba documental que se aportaban de manera conjunta con éste eran el acta de inspección ocular número 005, las actas de decomiso y secuestro número 0052 y 0053, el acta de depositario Provisional número 0015, el plano de la finca 5-1866-13-2015, el CD en donde constaba las fotografías y, por último, la certificación de la subregión Cañas Monteverde, en donde no se cuenta con el permiso de aprovechamiento (folio 3 del expediente). Por consiguiente, esta Cámara colige que en la parte adversa de la certificación de las 15:30 horas del 2 de mayo de 2017, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de la Subregión Cañas de Monteverde, antes citado, consta el sello de recibido del Ministerio Público en la Fiscalía de Cañas de fecha 18 de mayo de 2017, de las 14:55 horas (en el folio 41 vuelto del expediente). Arrojando de esta manera que el Tribunal de juicio incurrió en un erróneo análisis de los elementos de prueba, efectuando apreciaciones ilógicas sobre aspectos que no eran medulares en la búsqueda de la verdad real de los hechos, al demeritar de acuerdo con su análisis que la fecha que brindó el testigo Jorge Pineda Gómez, en relación con el día que se dieron los hechos, lo ponía en duda, al no contar el recibido del informe, derivando que la prueba era inidónea, y con dicho raciocinio el Tribunal de juicio también omitió la aplicación también del principio de libertad probatoria, contemplado en el artículo 182 del Código Procesal Penal, por cuanto no hizo una valoración integral de la misma prueba documental, omitiendo la fecha de recibido de los documentos antes referidos.

      De manera consecuente, esta Cámara de Apelación concluye que el error en el razonamiento del Tribunal de juicio al examinar el elenco probatorio consistió en que se dejó de valorar los elementos de la prueba indiciaria que se recabaron durante el debate, a fin de determinar si el testigo Jimmy Vega Rodríguez estaba cortando o trozando los árboles de Cocobolo y Guanacaste con la motosierra cuando llegó al lugar el testigo Jorge Pineda Gómez en su condición de oficial del Servicio Nacional de Áreas de Conservación. Incluso omitió en su valoración que la motosierra le fue decomisada minutos después que el testigo Jorge Pineda Gómez llegó al sitio en donde él se encontraba, omitiendo el Tribunal a quo poner en práctica que los elementos probatorios deben de ser valorados no sólo tomando en consideración las reglas de la sana crítica, experiencia común, de forma armónica y conjunta, sino también tomando en consideración que su valoración se debe de llevar a cabo a través de una operación de razonamiento, es decir “….la construcción misma del razonamiento judicial o proceso de definición del hecho probado – o no probado-, nos remite simultáneamente a un movimiento lógico – racional en sentido inverso, esto es, de lo particular (determinación y valoración de pruebas e indicios particulares) a lo general (establecimiento de la plataforma fáctica tendida por comprobada) Este es el razonamiento inductivo y es el que corresponde desplegar principalmente en el análisis o valoración de los elementos probatorios tendientes a establecer el marco fáctico de una sentencia…” (Arroyo Gutiérrez, José  Manuel y otro. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental, San José, 2002, pág. 68). Consecuentemente a ello, esta Cámara de Apelación determina que el razonamiento del Tribunal de juicio al valorar la inspección ocular que realizó el testigo Jorge Pineda en la que hizo constar la presencia del testigo Jimmy Vega Rodríguez y la existencia de los árboles de Cocobolo y Guanacaste, pero que el Tribunal de juicio en su fallo echó de menos que no se indicó que el señor Vega Rodríguez seccionó los árboles, y que ello concordaba con el relato del testigo Jorge Pineda quien ante preguntas no indicó que haya observado al señor Vega Rodríguez seccionar los árboles, no observó que la motosierra estuviera encendida, ni que el aserrín fuera fesco o no,  y menos bajo la orden de limpieza fuera dada por la encartada María Vilman (folio 258 a 259 del expediente). Razonamiento anterior, que para esta Cámara de Apelación evidencia que el Tribunal de juicio incurrió en una errónea valoración de la prueba, por cuanto no concatenó los elementos de prueba que fueron traídos al proceso, y que el propio testigo Jorge Pineda Gómez siempre refirió que encontró al señor Jimmy Vega Rodríguez en el sitio en donde se encontraba los dos árboles de Cocobolo y Guanacaste troceados y la maquinaria que éste portaba en el sitio, así como las manifestaciones que el señor Vega Rodríguez le brindó el día de los hechos, y la alusión de haber sido enviado por la Intendente Municipal. El Tribunal de juicio omitió en su análisis que a pesar de que durante el debate el señor Jimmy Vega Rodríguez señaló que había sido enviado por su jefe inmediato de nombre Steven, debió ponderar si era factible que el testigo Vega Rodríguez variara o no su versión de los hechos tiempo después que se dieron aquellos, y si podía o no incidir en la averiguación real de los hechos, y aun así, mediante la declaración de Jorge Pineda en juicio, el informe que éste confeccionó y la inspección ocular en donde consignó las manifestaciones del testigo Jimmy Vega Rodríguez, en las que refería que había sido enviado por la Intendente Municipal, era posible o no tener por acreditado la persona que realizó los hechos acusados.

    Asimismo, tampoco se examinó que el delito acusado era de aprovechamiento de bienes maderables previsto en el artículo 61 de la ley Forestal, en el cual se sanciona con penas de un mes a tres años a quien “…a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado...”, debiéndose entender por aprovechamiento maderable de acuerdo con el artículo 3 inciso a de la ley Forestal como la “...Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta represente …”, y que se necesita de permisos para la corta de los árboles, tanto si fuera para terrenos privados como pertenecientes al Estado, por lo que debió valorar los elementos de prueba recabados para poder determinar si en aplicación de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, era factible que el testigo Jimmy Vega Rodríguez, haya utilizado la motosierra para cortar una rama de un árbol de saíno 5 o 10 minutos antes de que llegara el testigo Jorge Pineda al lugar, y en su lugar, más bien, el Tribunal de juicio debió valorar y ponderar si era posible que la motosierra haya sido utilizada por el señor Vega Rodríguez para trozar el árbol de Guanacaste y Cocobolo, que encontró el funcionario Forestal Pineda Gómez al llegar al sitio, y que fuera la encartada María Wilman Acosta Gutiérrez la persona que ordenó el realizar la corta y aprovechamiento ilegal de un árbol de cocobolo y seis árboles de la especie de Guanacaste.

     Esta Cámara de Apelación concluye que el Tribunal de juicio no tomó en consideración que el testigo Jorge Pineda Gómez, funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, en su relato a lo largo del proceso siempre fue el mismo en relación con el hecho de que llegó al sitio y observó al señor Jimmy Vega Rodríguez, con una sierra en mano, y haber escuchado minutos antes los sonidos de una sierra, así como observar que se estaba seccionando en trozas un árbol de Cocobolo y otro de Guanacaste, contando en el acta de decomiso o secuestro No. 0053 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, del MINAE del 2 de mayo de 2017, a las 12:15 horas, en donde consta que se decomisó a la encartada María Wilman Acosta Gutiérrez una troza de cocobolo de 50 cm de diámetro y 3.36 metros de largo, una troza de Guanacaste de 70 cm de diámetro y 4.66 metros de largo, (a folio 7 del expediente). Así como la certificación de las 15:30 horas del 2 de mayo de 2017, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, MINAE, la encartada María Wilman Acosta Gutiérrez, a nombre del Consejo de Distrito de Colorado de Abangares, no se había realizado trámite alguno para corta y aprovechamiento forestal en la propiedad a nombre de Barbudal de Colorado de Abangares, no contando con los permisos respectivos remitidos por esa oficina para la corta y aprovechamiento (folio 11 del expediente).

   Incluso el Tribunal de juicio omitió el principio de libertad probatoria, y de acuerdo con el testimonio del oficial Jorge Pineda Gómez manifestó que él llegó al lugar, por la denuncia de una tala de árboles, siendo coincidente con el informe policial ACAT-PCP-IP-025-2017, se consignó que se había dado una denuncia en el sistema SITADA 7709-2017 en la cual se hacía mención a una tala en la orilla de la quebrada Barbudal, 800 metros al este de la Escuela de Bardudal, en el distrito de Colorado de Abangares, y de acuerdo con este informe a las 10:35 al llegar al sitio y realizar el recorrido de la quebrada a 80 metros, observó árboles cortados en el suelo. Instante en el cual el señor Vega Rodríguez le dijo que había sido enviado por la Intendenta Municipal para realizar una limpieza, siendo así referido por el testigo Pineda Gómez en juicio, mientras en su relato en juicio ante preguntas de la fiscalía aclaró que en la inspección ocular había consignado que el señor Jimmy Vega le había mencionado que había sido enviado por la Intendenta Municipal (contador 37:10 del registro audiovisual 172005900413PE -21102022085402-2 Multi-0), lo cual se colige del informe que confeccionó y antes se citó.

   Sobre los argumentos del Tribunal de juicio en relación con la necesidad de una pericia para determinar si el aserrín que existía en la ropa del testigo Jimmy Vega Rodríguez correspondía a las trozas de los árboles, así como, la existencia del árbol saíno en el ingreso a la propiedad, y haberse girado o no la orden de limpieza por parte del encartada María Vilman Acosta Gutiérrez, como las dudas que el Tribunal de juicio sustentó para no tener por acreditado los hechos acusados, propiamente “…-en cuanto a: 1- fue Jimmy Vega quien el 02 de mayo de 2017 en Barbudal de Colorado de Abangares, 800 metros este de la Escuela aprovechó árboles de Cocobolo y Guanacaste bajo la orden de María Wilman Acosta, o 2- fueron cortadas dichas trozas por quien desraizó esos árboles con maquinaria pesada, o 3- fue Jimmy Vega quien cortó los árboles por orden tomada por el Concejo Distrital de Colorado o por el dueño del terreno donde se pretendía hacer un parque, o 4- Efectivamente fue Jimmy Vega quien seccionó la madera y, no se puede valorar la declaración indagatoria de la encartada como se solicitó en conclusiones de ambas partes acusadoras para esclarecer los hechos porque no fue prueba admitida, pero de todos modos fue clara la querellada e imputada que ella no dio la orden de aprovechar ningún árbol, sin mencionar si ordenó o no la limpieza del lote que es una situación distinta,…” (folios 264 a 265 del expediente), omitiendo el Tribunal de juicio que en los hechos se pueden acreditar con prueba indiciaria, y no solo directa, siendo así desarrollado en el voto 2020-0916 de las 7:30 horas del 9 de junio de 2020 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en lo que interesa: “…Tanto los reclamos de la defensa técnica como de la imputada se centran en señalar que la misma no es responsable de los delitos que se le acusaron por cuanto no fue observada en el momento que los cometía, sin embargo, esta tesis en insostenible, ya que las conductas pueden ser acreditadas a través de prueba directa o de manera inferencial a través de la prueba indiciaria. Si bien en algunos casos no se cuenta con prueba directa de un hecho, ante su carencia –como puede resultar un testigo–, la suficiencia probatoria podría tener un carácter indiciario, circunstancial o indirecto. En esos casos, se requiere la existencia de indicios fuertes y concatenados que permitan la acreditación de la responsabilidad a partir de prueba indiciaria, aspectos sobre los cuales la sentencia debe pronunciarse. La prueba indiciaria puede definirse como la conclusión valedera en la cual el Tribunal, luego de apreciar todos los elementos en su conjunto, acude a la certeza de responsabilidad producto de los indicios. Es decir, al no existir prueba directa del evento, a través de la probanza de ciertos hechos periféricos y de un razonamiento lógico, se llega a la conclusión de que el hecho sí se llevó a cabo, y bajo esa consideración, el hecho generador de responsabilidad civil se encuentra presente. Dentro de los requisitos de validez, eficacia y existencia de prueba indiciaria se encuentran: a. Que el hecho base (indicante o indicador) ha de estar plenamente probado, lo contario (sic) sería una mera sospecha sin sustento real alguno; b. Los indicios deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa; c. Los indicios deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar. Además de ser obtenidos legalmente y por medios lícitos; d. Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia; e. Cuando se trate de indicios contingentes estos deben ser plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. De este modo, la valoración judicial de la prueba indiciaria debe pasar por los siguientes estándares: 1. La valoración de los indicios no debe efectuarse de manera aislada, es decir uno a uno. Éstos deben ser valorados en su conjunto, y a partir de ellos debe sustentarse la inferencia; 2. La atendibilidad de la máxima de experiencia, debe estar asentada en conocimientos generales o en conocimientos científicos; no deben existir máximas de experiencia aplicables igualmente fundadas, esto es, que no sea posible alcanzar conclusiones alternativas que gocen de un mismo grado de probabilidad; y, la conclusión del razonamiento indiciario no debe entrar en contradicción con otros hechos declarados probados. 3. En cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace previo y directo, según las reglas del criterio humano. De esta manera, para arribar a una sentencia condenatoria a través de prueba indiciaria, el análisis del caso debe estar precedido de una discusión y contradicción en torno a la configuración o no de los presupuestos materiales de la prueba, esto para destruir la presunción de inocencia…”.

   En razón de lo anterior, al determinar esta Cámara de Apelación que existen los vicios de fundamentación sustentados por las partes, se declara con lugar el recurso interpuesto por el representante de la Procuraduría General de la República y por el representante de la Fiscalía de Cañas, se declara la ineficacia de la sentencia en su totalidad y se ordena el reenvió para que con otra integración se lleve a cabo el debate.

 V.- Sobre el segundo motivo del recurso de apelación planteado por el representante de la Procuraduría General de la República: El apelante sustentó la existencia de un error in iudicando. Violación de la ley sustantiva. Inobservancia de los artículos 61 inciso a y 3 de la Ley Forestal, al analizar la responsabilidad penal y la acción civil resarcitoria, por no ser aplicada por el tribunal de juicio en su fallo, al decretarse el rechazo de la acción civil. Alega que se incurrió en el vicio de insuficiente fundamentación, por no haberse pronunciado sobre la ley sustantiva antes citada, ni el daño civil alegado, motivo por el cual, el recurrente solicita que se declare con lugar el recurso, se revoque y remita la causa para una nueva sustanciación. Sobre el fondo: Esta Cámara de apelación al tener que los reclamos civiles derivan de la existencia o no del hecho penal, y por la forma como se resolvió declarando la ineficacia de la sentencia absolutoria en su totalidad, ordenándose el juicio de reenvió, para que con una nueva integración se resuelva lo que a Derecho corresponda. Asimismo, en virtud del carácter accesorio de este extremo civil de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Procesal Penal, conlleva que tanto la ineficacia de la sentencia absolutoria decretada por esta Cámara de apelación en relación con la acción penal incide en la ineficacia del fallo en lo que respecta a la totalidad del reclamo civil, en todos sus extremos. De manera consecuente, se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Procuraduría General de la República y por la Fiscalía de Cañas. Se declara la ineficacia de la sentencia absolutoria en su totalidad, tanto del extremo penal como civil en todos sus extremos. Se ordena el juicio de reenvió, para que con una nueva integración se resuelva lo que a derecho corresponda.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la Procuraduría General de la República y por la Fiscalía de Cañas. Se declara la ineficacia de la sentencia absolutoria en su totalidad, tanto en el aspecto penal como en el civil. Se ordena el juicio de reenvió, para que con una nueva integración se resuelva lo que a derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.-             

 

 

 

 

 Tatiana López Monge

 

Gustavo A. Jiménez Madrigal                                                  Esteban Amador Garita                                                                                                                                                          

 

Jueza y Jueces de Apelación de Sentencia Penal Juvenil

(En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede  Santa Cruz)

 

EXPEDIENTE: 17-200590-0413-PE(6)

CONTRA: MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ.

OFENDIDO/A: LOS RECURSOS NATURALES

DELITO: APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA

SIN EL PERMISO DE LA AFE O EN EXCEDIENDO EL PERMISO ART. 61 INC A)

 

MAVILLALOBOS

 



Observaciones de CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Funcionarios públicos en el ejercicio del cargo.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:39:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PODER JUDICIAL

JUVENILE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT

 
Resolution : 2023-0269

Case File : 17-200590-0413-PE (6)

 
 JUVENILE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. SECTION ONE. Second Judicial Circuit of San José. (Acting on behalf of the T.A.S.P of Guanacaste, Santa Cruz venue) Goicoechea, at fourteen hours forty minutes, on the second of June two thousand twenty-three.-

 
 APPEAL filed in the present case brought against MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ, adult, single, Costa Rican, identity card 6-304-184, 43 years old, born on March 9, 1980, daughter of Ayder Acosta Granados and Margarita Gutiérrez, resident of Guanacaste; for the crime of VIOLATION OF THE FOREST LAW (Forestry Law, Ley Forestal) (HARVESTING, Aprovechamiento), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Participating in the decision on the appeal are Tatiana López Monge, as well as co-judges Gustavo A. Jiménez Madrigal and Esteban Amador Garita. Appearing before this court were licensed attorney José Humberto Fernández González, in his capacity as legal representative (procurador) of the State, and on behalf of the Public Prosecutor's Office, licensed attorney Jorge Araya Chavarría.

CONSIDERING:

 I.- On the jurisdiction of this Court to resolve this appeal of the sentence: Pursuant to the Full Court agreement in session 22-2022, of May 16, 2022, article XXXIV and the Full Court agreement in session 75-2022 of November 19, 2022, article XVII, this Court has jurisdiction to hear requests for extension of pre-trial detention corresponding to the Criminal Sentence Appeals Court of Guanacaste, Santa Cruz venue, as well as appeals of the sentence, in accordance with the criteria defined in both sessions and for the period agreed therein, which covers the first semester of this year 2023. By reason of this, this Chamber proceeds to hear the appeal in this case.

 II.- Admissibility: Against sentence number 198-2022, issued at 16:15 hours on November 4, 2022, by the Criminal Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Cañas Venue, licensed attorney José Humberto Fernández González, in his capacity as Criminal Legal Representative (Procurador Penal) of the Office of the Attorney General of the Republic, filed an appeal of the sentence (folios 277 to 288 of the case file). Similarly, licensed attorney Jorge Araya Chavarría, Coordinating Prosecutor of the Cañas Prosecutor's Office, appealed the aforementioned sentence (folios 291 to 309 of the case file). A review of both appeals shows that they were filed within fifteen business days after the notification of the sentence, as provided by article 459 of the Code of Criminal Procedure, and comply with the admissibility requirements established by articles 458 and 460 of said legal body, which allows their hearing under the terms of article 8.2 h of the American Convention on Human Rights, and they are therefore admitted for study and a ruling on the merits.

 III.- As the first ground of the appeal filed by the representative of the Office of the Attorney General of the Republic and the sole ground argued by the representative of the Public Prosecutor's Office are connected, they are resolved jointly as follows:

   A- According to the first ground of the appeal filed by licensed attorney José Humberto Fernández González, Criminal Legal Representative (Procurador Penal), he alleged the existence of: Error in procedendo, improper and erroneous intellectual reasoning in the ruling, due to omission in the assessment of evidence of decisive value. Erroneous application of the rules of inference and sound rational criticism, which affected the search for the real truth of what happened. He points out that the evidence must be assessed comprehensively, not in isolation, as the circumstantial evidence should have been analyzed. In this sense, he based his arguments as follows:

  i.- That the Trial Court based the acquittal on the fact that none of the prosecution witnesses observed the witness Jimmy Vega Rodríguez cutting, harvesting (aprovechando), or sectioning the logs into smaller pieces, so that they could be moved, or de-branching the logs that were already on the ground in order to clean the place and thus be able to create a park as ultimately happened. Therefore, for the appellant, two important points should have been analyzed:

  a.- Whether it was the witness Jimmy Vega Rodríguez, an employee of the Municipal Intendancy, who sectioned the fallen trees into smaller logs, carrying out a timber harvest (aprovechamiento maderable), and

  b.- Whether the witness Jimmy Vega Rodríguez was sent by the defendant María Wilman Acosta Gutiérrez, municipal intendant and top boss, or whether it was, as Mr. Jimmy Vega Rodríguez stated, by his immediate boss Mr. Steven Morales, as the witness Vega Rodríguez recounted during the trial.

  Next, the appellant cites part of the reasoning given in the sentence, in relation to the four positions or premises reached by the Trial Court to determine that the accused acts were not proven, which he cited in support of his thesis. In relation to the third position or premise, in which the Court reasoned that the witness and sawyer (sierrista) Jimmy Vega Rodríguez had been sent to clean the place—an argument in the sentence which, in the appellant's view, the lower court (Tribunal a quo) should have used intellectual reasoning, not only considering what was expressed by witness Vega Rodríguez at trial, but also considering that when witness Vega Rodríguez went to the place where the trees were downed by mechanical means, he did so carrying a machete, a chainsaw (motosierra), together with the equipment of several gallons of gasoline, which, for the appellant, reflects not only that he was going to cut some branches, but to de-branch the felled trees, cutting or processing these into smaller pieces and thus being able to move them more easily. Therefore, in application of the rules of logic and experience, cleaning the place, as the witness maintained, would be through using both the machete and the chainsaw and thus being able to carry out the action accused in this case. In relation to the fourth position indicated by the Court, about not being able to determine the participation of the defendant María Wilman Acosta Gutiérrez in the accused acts, under the reasoning that she had arrived at the place and signed the official reports (actas), and that witness Jimmy Vega Rodríguez had stated that it was his immediate boss who had sent him to carry out the work at the place, and it was not the accused María Wilman Acosta Gutiérrez. The appellant refuted this reasoning of the Court, pointing out that it was logical that witness Vega Rodríguez, being an employee of the Municipal Intendancy and with the accused María Wilman Acosta being the top boss in said position, Mr. Vega Rodríguez would not seek to harm her. At the same time, the appellant, in support of his thesis, added that, according to the questions asked by his representation to witness Vega Rodríguez, he stated that they had arrived at the trial in the same vehicle as the defendant, indicating the place where they had parked it in front of the Courts. Therefore, for the appellant, there are sufficient elements of evidence to be able to affirm that witness Jimmy Vega Rodríguez was sent to clean the place, to de-branch and process the logs, turning them into smaller ones, in order to be able to take them away from the place. The benefit was not only obtaining wood, but also leaving the place clean of any tree or branches and being able to build a park, which currently exists at the site. At the same time, the appellant emphasized in his appeal that the processed logs that were seized were even taken from the place;

  ii.- On the assessment of the saíno tree in the sentence: Furthermore, the appellant alleged that according to the Court's reasoning in the acquittal, in which it reasoned that the existence of the saíno tree was not recorded in the documentary evidence, nor was it mentioned by witness Jorge Pineda Gómez, an official of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC), who did not observe sawdust near that saíno tree, and sawdust was only observed on the clothing of witness Jimmy Vega Rodríguez, on the chainsaw, and near the wood logs (trozas de madera). Therefore, in the appellant's view, it is logical and reasonable that it was not recorded for two reasons: the first, that this tree did not exist, and the second, that the tree was so small that it did not produce sawdust to be noticeable at the site. Nevertheless, he alleged that "the judge ad quo bases her uncertainty argument on that cutting of saíno (zaino) (sic) and the sawdust it produces; we do not know if it produced any type of sawdust from a branch so small that it obstructed the passage as the sentence intends to justify the doubt (indubio) (sic)." (folio 284 of the case file);

iii.- On the inexistence of uncertainty for not convicting that the Court developed in its ruling: The challenger points out that witness Jorge Pineda Gómez, an official of SINAC, being a Forestry Engineer (Ingeniero Forestal) and an expert in the field, stated that next to the sectioned trees was the sawdust they release when making cuts with a chainsaw, and therefore, for the appellant, a forensic examination (pericia) was not necessary, as no one claimed that the sawdust had been placed at the location. The fact is that when cutting wood logs with a chainsaw, sawdust is produced, which was near the cut logs and on the clothing of the person who sawed it. Furthermore, for the Criminal Legal Representative (Procurador Penal) in his appeal, witness Jorge Pineda Gómez indicated that the cuts found on the logs were made recently, and that at the place was the chainsaw, still hot (caliente) and with cutting residues, and the person who used it at the site. Therefore, he questions the utility and relevance of conducting a forensic examination, since in application of the rules of logic and reason, and according to the circumstantial evidence (indicios), the sawyer (sierrero) was the person who carried out the cutting or harvesting (aprovechamiento). Based on the above, he reproaches that the Trial Court acquitted the defendant on the argument that it was not proven that witness Jimmy Vega Rodríguez was processing the logs, contrary to what was argued by his representation at trial. For the appellant, said wood was cut and processed illegally, without any permit from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), and the benefit was not only obtaining the wood, as the logs were timber-yielding, but also cleaning the place to build a park, as was finally established at trial. On the other hand, he added in his appeal that in most cases it is necessary to discover the procedural truth through inferential processes in the assessment of circumstantial evidence (indicios), this being one of the shortcomings in the sentences concerning the assessment of circumstantial evidence. Regarding the appealed sentence, he considers that a poor assessment was made of the admitted prosecution evidence, as that which was decisive in determining the degree of participation of the defendant was not analyzed jointly, nor to establish the degree of criminal and civil liability of the accused.

B.- Licensed attorney Jorge Araya Chavarría, Coordinating Prosecutor, alleged as his sole ground: Disagreement with the analytical and intellectual reasoning in the ruling due to pretermission of evidence and the omission of the comprehensive analysis of the body of evidence: He argues that the sentence incurred in arbitrary and illegitimate discrimination of the elements of evidence, by not having been analyzed jointly and harmoniously, because only certain evidence was assessed, leaving other evidence unanalyzed, or selecting certain evidence that ultimately determined the outcome, without providing a reasoning for it. He alleged that articles 142, 184, 363, and 459 of the Code of Criminal Procedure were disregarded. The ruling incurred in insufficient analytical and intellectual reasoning, ignoring an essential part of the evidentiary elements, to the point that as a result of these omissions between the lines, of the testimonies, and the superficial examination of the evidence gathered, another different landscape emerged, the result of the improper analysis that the Court itself carried out. The appellant indicates that for the issuance of the acquittal in favor of the defendant, the Trial Court, in its intellectual argument, points out several positions that from its perspective had no definitive answer, and through the evidence it was not possible to escape the state of doubt. Therefore, for the appellant, the lower court's reasoning incurred in the following flaws:

  i.- Regarding the application of the fundamental law of inference and its logical principle of sufficient reason, he cites part of a fragment of the ruling in which the lower court maintained that the trees were uprooted with heavy machinery, and that witness Jorge Pineda stated at trial that he could not establish whether the sawdust was fresh or not, and that said witness was not sure and could not indicate if the sawdust corresponded to the sectioned species. Consequently, the appellant argues that the lower court erred because it ignored what derived from the summary of evidence regarding the statement of witness Jorge Pineda Gómez, an official of the State Forest Authority (Autoridad Forestal del Estado), who mentioned that on the day the events occurred he heard a chainsaw and observed several felled trees, and that upon arriving at the place the chainsaw was still hot and next to the fallen trees that were being sectioned or processed, and the only person at the site next to them, with sawdust residues on his clothes, was Mr. Jimmy Vega Rodríguez. Therefore, the appellant added the studies of witness Pineda Gómez, his years of experience, being a Forestry Engineer (Ingeniero Forestal), and working for the National System of Conservation Areas, to provide a fragment of his statement at trial, and then argue that although witness Pineda Gómez mentioned that he did not observe witness Jimmy Vega Rodríguez sectioning the fallen trees into smaller fragments, in his view the rest of the circumstantial evidence (indicios) pointed out by the witness indicated that he was the person who was sectioning and processing the trees, that is, carrying out the illegal harvesting (aprovechamiento ilegal) of the wood under the orders of the Intendant who had sent him to carry out the cleaning of the site that would be destined as a football field;

ii.- Defect of inference and violation of the rules of logic and experience, by the Trial Court, in maintaining that it could not be ruled out that the sawdust on the clothing of witness Jimmy Vega was from a saíno branch, for which the appellant transcribed part of the judge's reasoning in her ruling and immediately reproached that both his representation and the Criminal Legal Representative argued aspects to overcome the doubt by applying the rules of logic and experience. This, if the following elements of evidence were examined: a. - The Trial Court's inference from its statements, for which the appellant cites a fragment of the judge's second position or premise in her ruling regarding this doubt, when she pointed out that it could not be ruled out that the sawdust on the clothing of witness Jimmy Vargas was from the saíno branch that he had mentioned he had cut minutes before the arrival of witness Jorge Pineda Gómez, which would explain why the chainsaw was hot. Therefore, for the Trial Court, it stated that this version could not be dismissed by saying that in the ocular inspection record (acta de inspección ocular) prepared at the site, in which, for the judge, the existence of a walk-through of the site was not recorded, nor the mention of boundaries (linderos). At the same time, the prosecutor, in relation to the Court's previous argument, refuted it, by arguing that the Trial Court should have analyzed carefully the statement of witness Pineda Gómez, who specifically provided that: "From the interrogation and the conclusions, both the Legal Representative (Procurador) and the undersigned, presented a series of aspects that would have allowed the judge precisely to escape that doubt that is not reasonable, applying the rules of logic and common experience. It was enough, then, to carefully examine the testimony of witness Jorge Pineda Gómez, when he stated that: 'we made an ocular inspection record, he recognizes signatures on folios 4, 5, 6, 7 and 8, the name of the property is that, perhaps here the logs (trozas) are in an open area without fences' (folios 298 of the case file), b.- On the existence of the saíno branch or log (troza) and the visibility existing at the place where the events occurred: The appellant alleges the Court's lack of analysis of the very statement of witness Jimmy Vega Rodríguez, who in his account about the existence of the saíno log or branch, which, according to his testimony, blocked the entrance to the property. If his account had been analyzed, said witness at trial made a drawing of the lot where the events occurred and indicated that the National System of Conservation Areas (SINAC) patrol had entered through the same site where the saíno log or branch was located. For this, the prosecutor argues from his position that if the evidence had been examined under the conviction thesis, any doubt would have been discredited and cleared, as the version that the sound of the chainsaw and the sawdust came from the branch of the saíno tree, located at the entrance of the property, if the rules of sound criticism, logic, and common experience had been applied, could not have been upheld, because it was enough to examine the property plan at folios 9 and 10 of the case file, and its dimensions which he cites, to determine whether witness Jorge Pineda Gómez, a SINAC official, had visibility or not, in an open site that was going to be destined for a football field. And likewise, for the appellant, the Trial Court's question regarding the absence of a walk-through of the entire site and the lack of mention of the boundaries would have been answered. For the appellant, from the assessment of the lot's dimensions, which he cites according to the property plan, and the testimony of witness Jorge Pineda at trial, it would be concluded that witness Pineda Gómez had full visibility, and the defense's thesis would be discredited, since upon entering where the branch was and which even required the use of the chainsaw with the dimensions that he previously provided, the forest guard could hardly have failed to notice the existence of the sectioned branch, and should even have included it in the report and the records as one more processed forest product, c.- Regarding the argument of lack of suitable evidence and the lower court's conclusion about the need for an ocular inspection carried out by the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), for the appellant, this was a legally unviable argument, because despite arguing that it was not a matter of legally predetermined evidence (prueba legal tasada), this was ultimately what was applied, and based on this, value was subtracted from the evidence according to articles 182 and 184 of the Code of Criminal Procedure, downplaying the importance of the one prepared by the police specialized in environmental crimes with postgraduate studies, the Court assuming that the witness did not see the branch of significant dimensions at the property entrance. d.- The appellant claims that the Trial Court continued in a flaw in the assessment of the evidence and of the rules of logic and experience, by supporting its second premise or position in the sentence—which he cites—according to which witness Jimmy Vega Rodríguez could not determine with full certainty whether he had cut the trees into logs. Therefore, the appellant claims that the Court in its reasoning gave full credibility to witness Jimmy Vega Rodríguez, who stated that the dimension of the chainsaw bar was short, and who continues to work for the accused, when from the statement of witness Jorge Pineda Gómez (Forestry official), and the seizure report (acta de decomiso), for the appellant it was proven that the chainsaw used was large, 28 inches, which when converted gives a bar of 71.12 centimeters. Therefore, from his position the appellant concludes that “… the MINAE official was right, that it was a chainsaw of such dimensions that would allow more profit and in less time to the work of processing trees like those found at the site of the event, and for cutting branches, it is more common to use smaller chainsaws, which are easier to handle…” (folios 302 of the case file). Furthermore, the gallons of gasoline seized should have been taken into account in accordance with the sectioning or processing work that witness Jimmy Vega Rodríguez was doing, as it is incongruent, based on the rule of logic, the idea of carrying several gallons of fuel “in case several branches are blocking the entrances,” when in reality witness Vega Rodríguez was sent to clean an area (plaza) where there were several uprooted trees (harvesting of fallen trees (aprovechamiento de árboles caídos), according to its definition in article 3.1. of the Forest Law) (folios 303 of the case file). e.- The appellant argues that both the defendant María Acosta and witness Jimmy Vega Rodríguez changed their account regarding the person who ordered the cleaning of the land and that, in turn, Jorge Pineda Gómez, a SINAC official, declared that Mr. Vega Rodríguez had told him that the municipal Intendant María Acosta had sent him to clean the land. Meanwhile, the accused, in her expanded statement during the investigation phase, a fragment of which the prosecutor cites, and in which it was recorded that she had sent the driver Steven Gutiérrez Noguera with the necessary tools to carry out manual cleaning, but never the harvesting (aprovechamiento) of the wood. Likewise, during the trial, the defendant Acosta Gutiérrez mentioned that she did not give the order for the cleaning, a statement that for the prosecutor must prevail, but that the judge did not assess the change in her version during the process. Similarly, in relation to witness Jimmy Vega, who varied his account, since at trial he stated that the cleaning order was from his immediate superior Steven Noguera, driver for the same defendant, and that he had not said so throughout the case file processing, and it was only at trial that he mentioned another person when the criminal action was time-barred (prescrita) in relation to that person, and to easily get out of the way in this case. According to the above, for the appellant, it must be appreciated that from both the testimony of witness Pineda Gómez and witness Vega Rodríguez, the only person who communicated with SINAC officials was the accused María Acosta Gutiérrez, who signed the relevant documentation, without denying being the highest authority in the local government where she works. For this reason, for the prosecutor, the change in version of both the defendant and witness Vega Rodríguez affects their credibility, an aspect that was not assessed by the Trial Court which instead gave full credibility to “such evidently accommodated and complacent versions” (folio 305 of the case file). f.- The prosecutor argued that by performing an intellectual exercise, examining the entirety of the evidence comprehensively, and applying the rules of common experience in similar matters, when using the term “cleaning” of a property, it means maintenance of the entire site, including felled trunks, logs (trozas), or branches, with dimensions compatible with the seized chainsaw. Therefore, he reproaches the judge's reasoning in considering that the cleaning mentioned by witness Jimmy Vega did not include the felling and/or processing of fallen trees, ignoring that this witness accompanied himself with a suitable instrument, such as a large chainsaw and several gallons of gasoline. In addition to the above, he states that, through logical reasoning, it would not make sense that to carry out a cleaning of the site, suitable tools were brought that, in addition to serving for the cleaning of everything, would not be used for the logs located in the place where a football field was going to be prepared. Witness Jimmy Vega Rodríguez was located near the logs with a hot chainsaw and with sawdust that in the opinion of the Forestry Engineer (Ingeniero Forestal) was fresh. Despite the fact that a forensic examination (pericia) was not carried out, which according to the Trial Court's reasoning should have been done to establish with certainty which forest product the sawdust came from, for the prosecutor, despite the fact that the representative of the Office of the Attorney General of the Republic, in application of the principle of freedom of evidence (principio de libertad probatoria), asked a clarifying question to witness Jorge Pineda Gómez in order to clarify if the sawdust released by the Guanacaste tree and the Cocobolo tree have any characteristic—however, this question, given the opposition of the technical defense, was not accepted by the Trial Court, which according to the appellant was to the detriment of the search for the real truth, ignoring that witness Pineda Gómez is a Forestry Engineer with 6 years of experience in handling this type of case. According to the previous arguments, for the prosecutor and appellant here, if the Trial Court had analyzed all the elements of prosecution and defense evidence, together with the arguments of the prosecutor's office and the Office of the Attorney General of the Republic, it would have provided a comprehensive and objective response as to why it made its decision, without there appearing to be favoritism toward a party in the process or, at least, reasons would have been provided regarding the motives for which it did not grant probative value to the statements of the witnesses in harmony with the evidence gathered. For the above reason, he requests that the appeal be granted, the sentence annulled, and a remand ordered for a new proceeding (sustanciación).

 IV.- On the merits: Both reproaches are granted.

Upon weighing the appellants’ claims against the grounds given in the appealed judgment, their claims must be upheld because: First: This Appellate Chamber gathers that the reasoning employed by the trial Court omitted to apply the rules of sound criticism (sana crítica), by failing to carry out a joint and harmonious assessment of the evidentiary elements brought into the proceedings, as provided by the Legislature in Article 184 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), which states: “The court shall assign the appropriate value to each evidentiary element, strictly applying the rules of sound criticism. It must properly justify and ground the reasons for which it assigns a specific value, based on the joint and harmonious appreciation of all essential evidence…”. It therefore becomes necessary to take into account the facts that were charged by the parties, both criminal and civil. The prosecution charged that on 2 May 2017 the accused María Wilman Acosta Gutiérrez, Municipal Intendente (Intendente Municipal) of Guanacaste de Colorado de Abangares, in the locality of Colorado, Barbudal 800 meters east of the School, within the property of the Guanacaste party, real folio registration 5-008113-000, ordered and took advantage of 7 trees of the Cocobolo species (Dalbergia Retusa) and 6 trees of the Guanacaste species (Enterolobium Cyclocarpum), which were processed using saws, converting them into 15 logs (trozas) of wood, this without a management plan (plan de manejo) or any other permit issued by the competent forestry authority and with the intent to derive a benefit or advantage, through the felling of said trees, which they intended to use to satisfy their needs, in addition to avoiding administrative expenses, for the processing of any permit, and without disbursing any sum of money for such procedure. Furthermore, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) as complainant and civil plaintiff also charged in the accusatory instrument that the defendant MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ, taking advantage of her position, had ordered Mr. Jimmy Vega García to process the trees and shape them into logs of different dimensions, using the chainsaw (motosierra) brand STIHL MS 660, asset 0554-003280 C.N.E. This caused damage valued at the sum of ₡4,960,849.00 (four million nine hundred sixty thousand eight hundred forty-nine colones). At the same time, unlike the prosecution, the complaint stated that it was only 1 tree of the species known as Cocobolo that was taken advantage of by the accused and not 6 as the prosecution charged (folios 241 to 243 of the case file). Likewise, this Appellate Chamber gathers that the trial Court in the judgment only held as proven that from the accusation made by the prosecution, the accused María Wilman Acosta Gutiérrez on the date of the facts was and is the Municipal Intendente of Colorado de Abangares (folio 244 of the case file).

Second: This Appellate Chamber gathers that the trial Court issued the acquittal judgment applying the in dubio pro reo principle, on the following grounds: i.2- Initially the court assessed the testimonies of the prosecution witnesses: In the ruling the Court a quo stated that witness Jimmy Vega Rodríguez, an official of the Municipality, and witness Jorge Pineda Gómez, an official of the National System of Conservation Areas (SINAC) of MINAE, from which the a quo derived that the charged facts could not be proven. Specifically, regarding the assertions that witness Jimmy Vega Rodríguez, supported by the prosecution and the Office of the Attorney General, because he works at the Municipal Council, a place where the accused María Wilman Acosta Gutiérrez is still Municipal Intendente. The trial Court derived in its reasoning that the account of witness Vega Rodríguez was not contradictory to that of witness Jorge Pineda, although for the a quo it had servile nuances. Specifically, the ruling mentioned that witness Vega Rodríguez in: “…his statement had servile nuances in some answers, it cannot be considered that he lies or is wholly complacent, therefore his testimony must be assessed and is credible, this by virtue of being consonant with the other prosecution witness in what is fundamental and decisive for this case…” (the emphasis is not from the original, folio 254 of the case file). Therefore, this Appellate Chamber verifies that the trial Court did not explain why this part of witness Jimmy Vega Rodríguez’s account was servile, and whether it impacted the facts being investigated against the accused María Acosta Gutiérrez, but rather it immediately proceeded to refer to part of Mr. Vega Rodríguez’s statement at trial in which he placed himself in the month of May 2017 in the community of Barbudal de Colorado performing cleaning work on the lot that was to be a community project for a football field and a park. A witness who, according to the judgment, mentioned that upon arriving at the site he found several trees uprooted from the root and cut into pieces. An official from MINAE arrived at the site, together with a private individual, and in response to questions that the forestry official asked him, he answered that he was cleaning the lot, that he worked for the Municipal Council and that he had been sent by his immediate boss Steven Morera, and that subsequently his boss arrived together with Mrs. María Wilman, who thereafter took charge of the remaining procedures, and he even provided the work tools he was carrying, which were a shovel, machete and saw because he was going to do cleaning, and that the chainsaw was taken because with it he could cut branches, and he had even cut a branch of a saíno tree at the entrance to the place, in order to clear the access to the site. The a quo also pointed out that said witness added that the MINAE official did not observe him using the chainsaw, and that it was about 5 to 10 minutes after he cut the branch of the saíno tree that witness Jorge Pineda arrived at the place. Regarding the Cocobolo and Guanacaste trees, he mentioned that he observed them, but that they were not usable (aprovechables) because they were “young,” and that the pieces were full of weeds (folio 253 to 254 of the case file).

Next, the Judge analyzed the testimony of witness Jorge Arturo Pineda Gómez, who mentioned that on 2 May 2017, together with volunteer Ricardo Fallas, in response to a report about a tree felling (tala de árboles), they arrived at a creek (quebrada) near the Barbudal school 800 meters to the east, and they observed some fallen trees and found at the site witness Jimmy Vega, an official of the Municipal Council of Colorado, whom they asked if he had harvesting permits (permisos de aprovechamiento), and he mentioned that he did not know whether there were any and that he had been sent by the Municipal Intendente to clean the site, because a plaza was going to be built. For this reason, witness Pineda Gómez consulted the Cañas Office about the existence of a permit and they informed him that none existed, so he coordinated with the prosecutor and proceeded to seize (comiso) the chainsaw, conducting an inspection report (acta de inspección) of the area. For the judge, the witness indicated that there were trees uprooted (desraizados) by possible machinery, and 2 trees were being sectioned into small logs (trozas), one Guanacaste and the other Cocobolo, and the seizure and delivery reports were signed by Mrs. María Wilman Acosta. The trial Court transcribed part of witness Pineda Gómez’s statement, in which he alluded to the fact that witness Jimmy Vega was sectioning the logs, while holding the chainsaw in his hand and sawdust on his pants, and that there were photographs provided in the report. But for the trial Court, witness Jorge Pineda Gómez later said that Mr. Jimmy Vega did not have the chainsaw turned on, and in response to questions at trial, he did not know whether the sawdust present was fresh or not, and who said that it was through an expert examination (peritaje) by the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) that it could be determined if that sawdust was fresh. In addition, witness Pineda Gómez did not state that he observed Mr. Jimmy Vega cut the trees or saw them into logs, nor that witness Jimmy Vega mentioned the name of the Municipal Intendente as the immediate boss, nor that she was the person who gave the order to carry out the cleaning on the property, and that at that time it was María Wilman Acosta (folios 255 to 256 of the case file). An argument that, according to the trial Court, was not proven, because witness Jorge Pineda clarified that Mr. Jimmy Vega Rodríguez did not mention said name.

After citing part of the accounts from the testimonial evidence, as previously set forth, the trial Court indicated that both witnesses placed themselves in time, place, the morning hours, and the chainsaw at the site, but in its reasoning it pointed out that witness Jimmy Vega Rodríguez had mentioned that 5 or 10 minutes after the branch of the saíno tree at the entrance to the property was cut, witness Jorge Pineda Gómez arrived, with the judge deriving from Mr. Pineda Gómez’s statement that there was an assumption that witness Jimmy Vega was cutting Guanacaste or Cocobolo trees, since witness Pineda Gómez did not state that he observed him cutting them, nor that he knew the type of sawdust that was at the site, nor the sawdust that Mr. Jimmy Vega had on his clothes, and specifically the ruling stated: “…both describe being at the place in the morning hours and unanimously point to the chainsaw at the site, however, firstly Jorge states that Jimmy was sectioning the wood logs and later indicates that he did not observe him and that when he arrived the chainsaw was off, but that he did previously hear it running and this is consonant with Jimmy’s statement when he says that about 5-10 minutes after he cut the Zaino branch (sic) at the entrance, Jorge Pineda arrived, which gives us a logical time gap between Jorge hearing the Chainsaw and why he finds it off, the court does not consider that Jorge lies or falls into contradiction by saying one thing first and then stating that he did not observe Jimmy cut the trees, but rather it seems more like a subjective assessment, that is, an assumption upon arriving and observing the cut trees, because he was clear that what he was looking for was a felling, but this was carried out with machinery and it is not known when, nor was machinery observed at the place, now, both Jorge stated that Jimmy said he was sent to clean the lot and Jimmy also stated so, that is, both witnesses are clear that what Jimmy was doing at the place was cleaning work, where they differ is in who gave the order for said cleaning, because honestly Jorge Pineda declared that he had not seen Jimmy Vega cut the trees, that is, take advantage (aprovechar), hence he assumes that it was Jimmy who cut them but he cannot establish that with certainty, to the point that he himself so indicated at trial when he was asked: ‘Why in the report do you attribute generically that they were done by Jimmy? I did not put in my report that he did it, but rather that they were uprooted and that he was there at the place’ it is in light of the foregoing that it becomes essential to turn to the documentary evidence, specifically report ACATPCP-IP-025-2017 from folio 1 to 4, and it is that, in this report a series of facts is observed that …” (folio 256 of the case file).

In accordance with the trial Court’s reasoning cited above, it could not be proven with certainty that witness Jimmy Vega Rodríguez was the person who cut the trees of the Guanacaste and Cocobolo species, since within its reasoning witness Jorge Pineda Gómez, an official of the National System of Conservation Areas SINAC, in response to the questions put to him, did not answer having seen Mr. Jimmy carrying out this action, nor did he state that the sawdust present at the place and that witness Jimmy Vega Rodríguez had on his clothes could be determined to which tree it belonged, requiring for the trial Court the performance of an expert examination (pericia), so its reasoning was as follows: “….this judge asks again, how does Pineda assure in the Report that the municipal official sectioned the wood, if at trial he was clear in stating that he did not observe him doing it, the foregoing responds to an assumption that at first might seem logical, but that is precisely where an adequate investigation must exist to clarify the facts and scientific expert examinations (pericias) to determine what type of wood the sawdust belongs to and whether it is fresh or not, just as Jorge Pineda himself indicates by stating that only forensic sciences do that and it is the responsibility of the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público), an aspect that this judge shares, that is, other and various indicia (indicios) would be those that determine a single conclusion and then result from a logical derivation, but conclusive aspects that can only be established through science cannot be determined by simple sight…” (folio 257 to 258 of the case file).

From the foregoing arguments, this Appellate Chamber gathers that the trial Court did not confront the version of witnesses Jimmy Vega Rodríguez and Jorge Pineda Gómez with the rest of the documentary evidence brought into the proceedings. The foregoing, because as the appellant parties rightly assert, it was not analyzed that witness Jimmy Vega Rodríguez was the person found on 2 May 2017 at the site with equipment that included the chainsaw, and as the prosecutor rightly asserted in his appeal, from seizure report No. 0052 of 11:25 hours on 2 May 2017, it had a 28-inch blade (folio 6 of the case file), dimensions that, applying the rules of logic and experience, correspond to equipment that was not limited to performing branch cutting, and which the judge did not weigh in her ruling as to whether or not its use for sawing wood was feasible, an examination that was not delved into in her ruling.

This Appellate Chamber also gathers that the trial Court in its ruling held that the existing documentary evidence was not suitable, to the point that it deplored that report ACAT-PCP-IP-025-2017 from folio 1 to 4 had no date or time of preparation, nor a received stamp to establish a deadline date. In this regard it held: “…-but in the case at hand, no investigation is observed, but rather documentary evidence that while legal and valid, is mostly prepared by the MINAE official himself, which does not make it illegitimate, but it is not the suitable one, especially if it is noted that report ACAT- PCP-IP-025-2017 from folio 1 to 4 has no date or time of preparation, nor a received stamp to establish at least a deadline date, so the court does not know if what is set forth therein is exactly what happened on the day and date charged or what the official remembers when he prepared it after some time, hence the version that always prevails is that of the trial under immediacy and orality, and in the adversarial proceeding Jorge Pineda stated that he did not observe Jimmy Vega section the trees, did not observe the chainsaw turned on and cannot say whether the sawdust is fresh or not, that is why the suitability of the evidence is fundamental, it is not a matter of weighting evidence, an assessment system not used in our procedural system, but freedom of proof (libertad probatoria) is not synonymous with evidentiary suitability, especially if it establishes aspects that could only be certain through a scientific expert examination…” (folio 258 of the case file). The foregoing reasoning shows that the trial Court did not inform itself of the content of said report in which the date the facts occurred was indicated as 2 May 2017, the time, witness Jorge Pineda Gómez finding witness Jimmy Vega Rodríguez at the site, the tools that were found and seized, the statement of said witness that he had been sent by the Municipal Intendente. As detailed in the report, the documentary evidentiary elements that were provided together with it were the ocular inspection report (acta de inspección ocular) number 005, the seizure and confiscation reports (actas de decomiso y secuestro) number 0052 and 0053, the provisional depositary report (acta de depositario Provisional) number 0015, the map of property 5-1866-13-2015, the CD containing the photographs and, finally, the certification from the Cañas Monteverde subregion, confirming that no harvesting permit exists for the area (folio 3 of the case file). Consequently, this Chamber gathers that on the reverse side of the certification of 15:30 hours on 2 May 2017, from the National System of Conservation Areas, Cañas de Monteverde Subregion, cited above, the received stamp of the Public Prosecutor’s Office at the Cañas Prosecutor’s Office dated 18 May 2017, at 14:55 hours appears (on folio 41 verso of the case file). Thus showing that the trial Court incurred in an erroneous analysis of the evidentiary elements, making illogical assessments about aspects that were not central to the search for the real truth of the facts, by detracting according to its analysis that the date provided by witness Jorge Pineda Gómez, in relation to the day the facts occurred, cast it into doubt, because there was no receipt date for the report, deriving that the evidence was unsuitable, and with said reasoning the trial Court also omitted the application also of the principle of freedom of proof (principio de libertad probatoria), contemplated in Article 182 of the Criminal Procedure Code, because it did not make an integral assessment of the same documentary evidence, omitting the receipt date of the previously referenced documents.

Consequently, this Appellate Chamber concludes that the error in the trial Court’s reasoning when examining the evidentiary array consisted of failing to assess the elements of the circumstantial evidence (prueba indiciaria) that were gathered during the trial, in order to determine whether witness Jimmy Vega Rodríguez was cutting or sawing into logs the Cocobolo and Guanacaste trees with the chainsaw when witness Jorge Pineda Gómez arrived at the place in his capacity as an official of the National System of Conservation Areas. It even omitted in its assessment that the chainsaw was seized from him minutes after witness Jorge Pineda Gómez arrived at the site where he was, omitting the Court a quo from putting into practice that evidentiary elements must be assessed not only taking into consideration the rules of sound criticism (sana crítica), common experience, in a harmonious and joint manner, but also taking into consideration that their assessment must be carried out through a reasoning operation, that is, “…the very construction of judicial reasoning or the process of defining the proven – or unproven – fact, simultaneously refers us to a logical – rational movement in the reverse direction, that is, from the particular (determination and assessment of particular evidence and indicia (indicios)) to the general (establishment of the factual platform held as proven) This is inductive reasoning and it is what must be deployed principally in the analysis or assessment of the evidentiary elements tending to establish the factual framework of a judgment…” (Arroyo Gutiérrez, José Manuel and another. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental, San José, 2002, pág. 68). Consequently, this Appellate Chamber determines that the trial Court’s reasoning when assessing the ocular inspection carried out by witness Jorge Pineda in which he recorded the presence of witness Jimmy Vega Rodríguez and the existence of the Cocobolo and Guanacaste trees, but that the trial Court in its ruling deplored that it was not indicated that Mr. Vega Rodríguez sectioned the trees, and that this was consistent with witness Jorge Pineda’s account who, when asked, did not indicate that he observed Mr. Vega Rodríguez section the trees, did not observe that the chainsaw was turned on, nor whether the sawdust was fresh or not, and even less that the cleaning order was given by the accused María Vilman (folio 258 to 259 of the case file). The foregoing reasoning, which for this Appellate Chamber shows that the trial Court incurred in an erroneous assessment of the evidence, because it did not link together the evidentiary elements that were brought into the proceedings, and that witness Jorge Pineda Gómez himself always stated that he found Mr. Jimmy Vega Rodríguez at the site where the two Cocobolo and Guanacaste trees were sawed into logs and the machinery he was carrying at the site, as well as the statements that Mr. Vega Rodríguez gave him on the day of the facts, and the allusion to having been sent by the Municipal Intendente. The trial Court omitted in its analysis that even though during the trial Mr. Jimmy Vega Rodríguez indicated that he had been sent by his immediate boss named Steven, it should have weighed whether it was feasible that witness Vega Rodríguez would or would not change his version of the facts some time after those events occurred, and whether this could or could not affect the real investigation of the facts, and even so, through Jorge Pineda’s statement at trial, the report he prepared and the ocular inspection in which he recorded witness Jimmy Vega Rodríguez’s statements, in which he stated that he had been sent by the Municipal Intendente, it was possible or not to hold as proven the person who carried out the charged facts.

Likewise, it was not examined that the crime charged was the taking advantage of timber products (aprovechamiento de bienes maderables) provided for in Article 61 of the Forestry Law (Ley Forestal), which punishes with penalties of one month to three years anyone who “…a) Takes advantage of one or more forest products on private property, without the permit from the State Forest Administration, or anyone who, even if they have the permit, does not conform to what was authorized...”, and it must be understood by timber harvesting (aprovechamiento maderable) in accordance with Article 3, subsection a, of the Forestry Law as the “...Action of felling, elimination of standing timber trees or utilization of fallen trees, carried out on private land, not included in Article 1 of this law, that generates or may generate some profit, benefit, advantage, utility or gain for the person who performs it or for whom this person represents…”, and that permits are needed for the felling of trees, whether on private land or land belonging to the State, so it should have assessed the evidentiary elements gathered to be able to determine whether, applying the rules of logic, experience and sound criticism, it was feasible that witness Jimmy Vega Rodríguez used the chainsaw to cut a branch of a saíno tree 5 or 10 minutes before witness Jorge Pineda arrived at the place, and instead, the trial Court should rather have assessed and weighed whether it was possible that the chainsaw was used by Mr. Vega Rodríguez to saw into logs the Guanacaste and Cocobolo tree, which the Forest official Pineda Gómez found upon arriving at the site, and that it was the accused María Wilman Acosta Gutiérrez who ordered the illegal felling and harvesting of one cocobolo tree and six trees of the Guanacaste species.

This Appellate Chamber concludes that the trial Court did not take into account that witness Jorge Pineda Gómez, an official of the National System of Conservation Areas (SINAC) of MINAE, in his account throughout the proceedings was always the same regarding the fact that he arrived at the site and observed Mr. Jimmy Vega Rodríguez, with a saw in hand, and having heard minutes before the sounds of a saw, as well as observing that a Cocobolo tree and another Guanacaste tree were being sectioned into logs, with seizure or confiscation report No. 0053 of the National System of Conservation Areas SINAC, of MINAE, dated 2 May 2017, at 12:15 hours, in which it is recorded that a cocobolo log (troza) of 50 cm in diameter and 3.36 meters long, and a Guanacaste log of 70 cm in diameter and 4.66 meters long were seized from the accused María Wilman Acosta Gutiérrez (at folio 7 of the case file). As well as the certification of 15:30 hours on 2 May 2017, from the National System of Conservation Areas, SINAC, MINAE, the accused María Wilman Acosta Gutiérrez, in the name of the District Council of Colorado de Abangares, had not carried out any procedure for felling and forestry harvesting on the property in the name of Barbudal de Colorado de Abangares, not having the respective permits forwarded by that office for felling and harvesting (folio 11 of the case file).

The trial Court even omitted the principle of freedom of proof (principio de libertad probatoria), and according to the testimony of official Jorge Pineda Gómez, he stated that he arrived at the place because of a report of a tree felling (tala de árboles), which is consistent with police report ACAT-PCP-IP-025-2017, which recorded that a report had been filed in the SITADA 7709-2017 system in which mention was made of a felling on the bank of the Barbudal creek, 800 meters east of the Bardudal School, in the district of Colorado de Abangares, and according to this report at 10:35 upon arriving at the site and walking along the creek for 80 meters, he observed cut trees on the ground. An instant in which Mr. Vega Rodríguez told him that he had been sent by the Municipal Intendente to carry out cleaning, being thus stated by witness Pineda Gómez at trial, while in his account at trial when asked by the prosecution he clarified that in the ocular inspection he had recorded that Mr. Jimmy Vega had mentioned to him that he had been sent by the Municipal Intendente (counter 37:10 of the audiovisual record 172005900413PE -21102022085402-2 Multi-0), which is gathered from the report he prepared and previously cited.

Regarding the trial Court’s arguments concerning the need for an expert examination to determine whether the sawdust that was on witness Jimmy Vega Rodríguez’s clothing corresponded to the tree logs, as well as the existence of the saíno tree at the entrance to the property, and whether or not the cleaning order was issued by the accused María Vilman Acosta Gutiérrez, such as the doubts the trial Court held for not holding the charged facts as proven, specifically “…-as to: 1- it was Jimmy Vega who on 02 May 2017 in Barbudal de Colorado de Abangares, 800 meters east of the School took advantage of Cocobolo and Guanacaste trees under the order of María Wilman Acosta, or 2- said logs were cut by whoever uprooted (desraizó) those trees with heavy machinery, or 3- it was Jimmy Vega who cut the trees under an order taken by the District Council of Colorado or by the owner of the land where a park was intended to be built, or 4- Indeed it was Jimmy Vega who sectioned the wood and, the investigative statement (declaración indagatoria) of the accused cannot be assessed as was requested in the closing arguments of both accusing parties to clarify the facts because it was not admitted evidence, but in any event the defendant and accused was clear that she did not give the order to take advantage of any tree, without mentioning whether or not she ordered the cleaning of the lot which is a different situation,…” (folios 264 to 265 of the case file), the trial Court omitted that the facts can be proven with circumstantial evidence (prueba indiciaria), and not only direct evidence, being thus developed in vote 2020-0916 of 7:30 hours on 9 June 2020 of the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José in what is relevant: “…Both the claims of the technical defense and of the accused focus on pointing out that she is not responsible for the crimes she was charged with because she was not observed at the moment she committed them, however, this thesis is untenable, since conducts can be proven through direct evidence or inferentially through circumstantial evidence. Although in some cases there is no direct evidence of a fact, in its absence –such as a witness–, evidentiary sufficiency could have a circumstantial, indirect nature. In those cases, the existence of strong and linked indicia (indicios) is required that allow the proof of liability through circumstantial evidence, aspects on which the judgment must pronounce. Circumstantial evidence can be defined as the valid conclusion in which the Court, after appreciating all elements as a whole, arrives at the certainty of liability resulting from the indicia. That is, in the absence of direct evidence of the event, through the proof of certain peripheral facts and logical reasoning, the conclusion is reached that the fact did take place, and under that consideration, the fact generating civil liability is present. Among the requirements for validity, effectiveness and existence of circumstantial evidence are: a. The base fact (indicating or indicator) must be fully proven, otherwise it would be a mere suspicion without any real support; b. The indicia must be plural, or exceptionally singular but with a singular probative force; c. The indicia must be concomitant to the fact being tried to be proven and must be peripheral with respect to the factual data to be proven. In addition to being legally obtained and through licit means; d. They must be interrelated, when there are several, so that they reinforce each other and do not exclude the consequential fact; e. In the case of contingent indicia, these must be plural, concordant and convergent, as well as no consistent counter-indicia being present. Thus, the judicial assessment of circumstantial evidence must pass the following standards: 1. The assessment of the indicia must not be carried out in isolation, that is, one by one.

These must be assessed as a whole, and from them the inference must be supported; 2. The suitability of the maxim of experience must be based on general knowledge or on scientific knowledge; there must not exist equally well-founded applicable maxims of experience, that is, it must not be possible to reach alternative conclusions that enjoy the same degree of probability; and the conclusion of the circumstantial reasoning must not conflict with other facts declared proven. 3. As for the induction or inference, it must be reasonable, meaning that it must not only be non-arbitrary, absurd, and unfounded, but must fully comply with the rules of logic and experience, such that from the accredited base facts the specific fact needing accreditation flows as a natural conclusion, with a prior and direct link existing between them, according to the rules of human judgment. In this way, in order to arrive at a conviction through circumstantial evidence (prueba indiciaria), the analysis of the case must be preceded by a discussion and contradictory debate regarding whether the material prerequisites of the evidence are configured or not, in order to destroy the presumption of innocence…".

   By reason of the foregoing, upon this Appellate Chamber (Cámara de Apelación) determining that the defects in reasoning (vicios de fundamentación) asserted by the parties exist, the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República and by the representative of the Fiscalía de Cañas is granted, the judgment is declared void in its entirety, and remanded (reenvió) for a new hearing to be held with a different panel.

  V.- Regarding the second ground of the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República: The appellant argued the existence of an error in iudicando. Violation of substantive law. Failure to observe Articles 61 subsection a and 3 of the Ley Forestal, when analyzing criminal liability and the civil action for damages, due to their not being applied by the trial court in its ruling when it decreed the dismissal of the civil action. He alleges that the defect of insufficient reasoning was incurred by not ruling on the aforementioned substantive law or the alleged civil damage, for which reason the appellant requests that the appeal be granted, the judgment revoked, and the cause remitted for a new proceeding. On the merits: This Appellate Chamber, given that the civil claims derive from the existence or not of the criminal act, and due to the manner in which it was resolved by declaring the acquittal judgment void in its entirety, ordering the remanded trial (reenvío) so that a new panel may decide as a matter of law. Likewise, by virtue of the accessory nature of this civil aspect of the criminal action, in accordance with the provisions of Article 37 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), it follows that the voidness of the acquittal judgment decreed by this Appellate Chamber in relation to the criminal action affects the voidness of the ruling with respect to the entirety of the civil claim, in all its aspects. Consequently, the appeal of the judgment filed by the Procuraduría General de la República and by the Fiscalía de Cañas is granted. The acquittal judgment is declared void in its entirety, both in its criminal and civil aspects in all their scope. The remanded trial (reenvío) is ordered so that a new panel may decide as a matter of law.

THEREFORE:

  The appeal of the judgment filed by the Procuraduría General de la República and by the Fiscalía de Cañas is granted. The acquittal judgment is declared void in its entirety, both in its criminal and civil aspects. The remanded trial (reenvío) is ordered so that a new panel may decide as a matter of law. NOTIFY.-

Tatiana López Monge

Gustavo A. Jiménez Madrigal                                                                 Esteban Amador Garita

Juvenile Criminal Sentencing Appellate Judge and Judges
(In function of the T.A.S.P de Guanacaste, Santa Cruz seat)

EXPEDIENTE: 17-200590-0413-PE(6)
AGAINST: MARÍA WILMAN ACOSTA GUTIÉRREZ.
INJURED PARTY: LOS RECURSOS NATURALES
OFFENSE: APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA
SIN EL PERMISO DE LA AFE O EN EXCEDIENDO EL PERMISO ART. 61 INC A)

MAVILLALOBOS

Observations of CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL
Public officials in the exercise of their duties.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:39:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República