Res. 00519-2023 Tribunal Agrario — Titling land with forest through possessory information and ecological possessionTitulación de terreno con bosque mediante información posesoria y posesión ecológica

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00519 - 2023

Fecha de la Resolución: 26 de Junio del 2023 a las 14:07

Expediente: 18-000152-0507-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Conservación de los recursos naturales
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titular mediante información posesoria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

18-000152-0507-AG - 0




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

DENIA MARIA PRENDAS SEGURA

 

   

VOTO N°  N° 2023000519

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas siete minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés.-

INFORMACIÓN POSESORIA establecida por DENIA MARÍA PRENDAS SEGURA, mayor, casada dos veces, ama de casa, con cédula de identidad número 4-142-928, vecina de Barva de Heredia. Intervienen como partes: el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL por medio de su apoderada general judicial Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, divorciada, abogada, cédula uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno, vecina de Alajuela; y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad dos - cuatrocientos sesenta y seis - cero sesenta y cinco. Actúa como apoderado especial judicial de la promovente el licenciado Giovanni Salas Camacho, colegiado doce mil ochocientos cincuenta y tres. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.

 RESULTANDOS:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1.La titulante plantean las presentes diligencias a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: Terreno de potrero con bosque. UBICADO en Horquetas en el DISTRITO tercero HORQUETAS, CANTÓN décimo SARAPIQUÍ, de la provincia de HEREDIA, COLINDA: al NORTE: Mario Ulate Ulate; al SUR: Denia Prendas Prendas, al ESTE: Hermes Monge Zúñiga y al OESTE: Denia Prendas Prendas. MIDE: nueve mil sesenta y ocho metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número cuatro - un millón ochocientos setenta mil cincuenta y cinco - dos mil quince (4-1870055-2015). Inmueble que fue ESTIMADO: en la suma de CINCO MILLONES DE COLONES (¢5.000.000,00). Lo anterior por cuanto considera que ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. (Ver expediente descargado Juzgado Agrario de Guápiles, escrito inicial, plano catastrado imágenes 1 a 20, aclaraciones folio 22 a 23, 33 a 34, 50, 57, 61, 72,79). 2. Se tuvo como partes al Estado, al Instituto de Desarrollo Rural y a la Municipalidad del Cantón de Sarapiquí, quienes se apersonaron al proceso. (Ver expediente descargado Juzgado Agrario de Guápiles imágenes 95-97 y 122 respectivamente. 3.- El edicto se publicó debidamente según se aprecia en las imágenes 87, 184 y 186 de expediente descargado. 4.- El juez Ronald Rodríguez Cubillo, juez del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica en sentencia 2023000235 de las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, resolvió: “POR TANTO:  Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencia de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por DENIA MARÍA PRENDAS SEGURA quien es mayor, casada dos veces, ama de casa, vecina de Barva de Heredia 600 metros oeste de la terminal de buses de Barva, cédula de identidad número cuatro - cero uno cuatro dos - cero nueve dos ocho. Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre y sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones que se dirán, la finca que ha continuación se detalla: Terreno de potrero con bosque. UBICADO en Horquetas en el DISTRITO tercero HORQUETAS, CANTÓN décimo SARAPIQUÍ, de la provincia de HEREDIA. COLINDA: al NORTE: Mario Ulate Ulate; al SUR: Denia Prendas Prendas, al ESTE: Hermes Monge Zúñiga y al OESTE: Denia Prendas Prendas. MIDE: nueve mil sesenta y ocho metros cuadrados, tal como lo indica el plano catastrado número cuatro - un millón ochocientos setenta mil cincuenta y cinco - dos mil quince (4-1870055-2015). Inmueble que fue ESTIMADO: en la suma de CINCO MILLONES DE COLONES (¢5.000.000,00). Lo anterior por cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada, advirtiendo a su titulante que el área contiguo a la quebrada sin nombre que atraviesa la propiedad o demás corrientes de agua que existan o puedan existir en las colindancias o en el inmueble de la señora DENIA MARÍA PRENDAS SEGURA y que señala el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575, constituyen áreas de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. De igual forma se hace constar que el cauce y las aguas de establece la Ley de Aguas, artículo 1, inciso IV, y 3, inciso III. Además la presente inscripción debe de realizarse sujeta a lo que establecen los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y 1, 2, 7 y 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria. La inscripción queda sujeta a las restricciones que contempla la Ley Forestal, Ley de Conservación de Vida Silvestre y la Ley Orgánica del Ambiente. Una vez firme esta resolución, deberá expedirse la ejecutoria respectiva y archivarse el presente asunto.» (Ver expediente descargado Juzgado Agrario de Guápiles imágenes 247 a 253). 5.- La representante del Estado la licenciada Lydiana Rodríguez, interpuso recurso de apelación con indicación de expresa de las razones para refutar la sentencia de instancia de oficio. (Ver expediente descargado Juzgado Agrario de Guápiles expediente descargado imágenes 255 a 262).

 Redacta el juez Darcía Carranza; y,

CONSIDERANDO:

I.- El Tribunal Agrario comparte lo dispuesto en relación con los hechos probados, por tener buen sustento en los autos.-

II.- La Procuradora Adjunta, Licda. Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, apela la sentencia dictada con base en lo siguiente: I. Señala que según el certificado de  suelos del INTA, indica la presencia de BOSQUE dentro el inmueble plano H-1870055-2015 es decir que estamos ante Patrimonio Natural del Estado, el cual no es susceptible de apropiación. Arguye, constan en autos estudios técnicos y hasta por acreditado lo tiene el auto sentencia que se impugna que la naturaleza del inmueble a titular es boscosa. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos a dominio público, patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14. Aun cuando la legislación forestal permite titular inmueble fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto; haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado, ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio público forestal antes dicha. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir, en forma lógica, que los terrenos de bosque sólo podrán titularse si la usucapión se había consolidado antes de ingresar, por ley, a Patrimonio Natural del Estado: “…el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público”. SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales tienen una afectación legal inmediata a dominio público (art 13 de la Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-016975). Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente. A continuación se transcriben algunos precedentes jurisprudenciales, y pronunciamientos emitidos por la Procuraduría, con relación a lo antes citado: I.- SUPERVIVENCIA DEL DERECHO DEROGADO PARA REGULAR LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE NACIERON A SU ABRIGO. Protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Jurisprudencia vinculante erga omnes de la Sala Constitucional. Art. 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional: 1) Necesidad de demostrar una posesión decenal, apta para usucapir, con los requisitos de ley antes de las afectaciones a dominio público de los bosques y terrenos forestales. SALA CONSTITUCIONAL, en el voto 4587-97, cons. IV: "Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. (…). Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho" (…). "… La posesión que cuenta para la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien". (Se añade el subrayado). 2) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 15753-2005: “… el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento en la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución”. 3) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 7989-2005: “La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la que pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia perfeccionadas bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y  consecuencias no pueden ser variadas por las nuevas disposiciones…” (Vid también sentencias 2791-1996 y 1998-0336 de la Sala Constitucional. Se incorpora el subrayado). 4) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 738-2003: “…la derogación de las normas o cambio de criterios legales no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente contra las nuevas normas jurídicas”. (Vid también de la Sala Constitucional las sentencias 2006-012239, 2006-012240 y 2006-012241). “Las situaciones jurídicas consolidadas se originan no sólo por una sentencia (…), sino por el simple imperio de la norma que rige cuando ocurre un acto o hecho jurídico subsumible en ella”. “La Derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley –en que se deroga la anterior- no tiene fuerza retroactiva “en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política. Todo ello da lugar a la doctrina de la supervivencia del derecho abolido. (…) En efecto, si una norma general abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor” (En igual sentido: sentencia de la Corte Plena de las 10:00 horas del 18 de marzo de 1982 y Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pga. 498 y 499). “Del mismo modo, la sentencia N° 1119-90 de las 14:00hrs. del 18 de setiembre de 1990 sostuvo: “…una situación jurídica puede consolidarse –lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución”. (…) Por otra parte, la situación jurídica consolidada representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos…”. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada es que “por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara, definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). (…) “En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia…” . “…es procedente en Derecho considerar que las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aun después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia”. (En el mismo sentido, sentencia de la Sala Primera de Casación números 79 de 1989 y 104 y 105, ambas de 1991. Los subrayados no son del original). II.- IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE TITULAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 1) Dictamen de la Procuraduría C-321-2003: “La titulación es propia de inmuebles de tráfico jurídico privado. Pero es del todo inaplicable a los de dominio público, en los que no tiene cabida la posesión ad usucapionem. VII.1) IMPEDIMENTO DE LOS PARTICULARES DE EJERCER POSESIÓN CON ANIMO DE DUEÑOS SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. Como anotamos en otra ocasión, la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita  su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de dominio público "no pueden ser objeto de posesión privada" y que "la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" (o la posesión). Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, entre muchas. Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario (SALA DE CASACIÓN sentencia 9:30 hrs. del 6/6/1936). Este criterio lo suscriben varias resoluciones de los Tribunales Superiores, que atribuyen al ente público titular la posesión iuris sobre el demanio, ejercida "per se mientras dure la afectación del bien". "Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, ya que ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad", ni pueden pretender la propiedad. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones números 10019, 10166 y 10418. Del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la resolución 1851 de 1976 y del  Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera la N° 910 de 1987). Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes las situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de terceros, aptos para usucapir VII.2) IMPROCEDENCIA DE LA USUCAPIÓN Y TITULACIÓN CONTRA EL DOMINIO PÚBLICO. De la inalienabilidad e imprescriptibilidad resulta que las cosas públicas "no son susceptibles de ser adquiridas por usucapión, ni nadie puede prevalerse de la posesión irregular que sobre las mismas tuviere" (…). "Correlativamente tampoco el Estado ni sus organismos pueden perderlas por prescripción negativa, ya que la posesión aun cuando no se manifiesta por hechos reales debe estimarse que se produce por imperio de las disposiciones legales que regulan su destino". (Casación, sentencia N° 122 de 16:15 hrs. del 16 de noviembre de 1965, y sentencia de Casación, año 1958, I Semestre de la Colección de Sentencias, pgs. 376 ss., considerando XIV). Y la SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia N° 007-93, considerando IV, insiste en el punto: Los bienes de dominio público "no pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que haya poseído". En el mismo sentido, cfr. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000, considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, voto N° 1662 de 10:15 hrs. 11/12/75 y del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO los números 523 de 1994 y 665 del 2002. "Los trámites de justificación de posesión señalados en las Leyes de Informaciones Posesorias", para obtener un título de dominio inscribible se refieren incuestionablemente a "los terrenos de dominio privado y de comercio de los hombres" (Código Civil, artículo 264), "pero no a aquellos bienes públicos o de dominio público, contemplados en los artículos 261 al 263 del mismo Código". (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, N° 860 de 14 hrs. del 21 de diciembre de 1971). Sobre la imposibilidad jurídica de titular el dominio público cfr: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 de 1994 y 665 del 2002. En bienes de dominio público "la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos; las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas". (SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2988-99, cons. III). Esta tesis se ha seguido para dependencias públicas específicas: Es reiterada la jurisprudencia de que los bienes demaniales "son inalienables y por consiguiente no pueden ser objeto de titulación a efecto de inscribirlos en el Registro Público a nombre de particulares" (SALA DE CASACIÓN N° 19 de 15,30 hrs. del 30 de enero de 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, números 860 de 1971, 493 de 1971, 139 de 1972; 781 de 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, N° 1622 de 1975)”. 2) Dictamen de la Procuraduría C-146-2008: “La titulación de inmuebles integrantes del demanio, al decir de la SALA CONSTITUCIONAL en la sentencia N° 2007-02063, cons XII, desconoce las características esenciales de esos bienes y quebranta lo dispuesto en el artículo 262 del Código Civil, los cuales hacen que sea “absolutamente imposible su posesión, venta o gravación, sin antes haberse desafectado”. “II.3.2) PRINCIPIO DE INALIENABILIDAD. La inalienabilidad de los bienes demaniales los sustrae del comercio o tráfico jurídico privado, con la consiguiente prohibición legal de enajenar el dominio o constituir otros derechos reales por los procedimientos del Derecho Civil. El carácter extracomercial de las dependencias del dominio público las hace inhábiles  de apropiación privada para satisfacer intereses individuales. Por ende, no pueden ser objeto de actos jurídicos o contratos que impliquen transferencia de la propiedad a particulares. Atentarían contra su naturaleza y destino público. (Cfr: Dictamen C-128-99). El principio protege contra actuaciones ilícitas de los administrados y los actos desaprensivos de los propios funcionarios de la Administración. II.3.3) INSUSCEPTIBLES DE ADQUIRIRSE POR POSESIÓN Sobre los terrenos inalienables ningún particular puede alegar derechos de posesión. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653-97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000 y del TRIBUNAL AGRARIO el voto N° 116-F-06). La demanialidad “…hace que por el transcurso del tiempo no se adquiera ningún derecho sobre este tipo de bienes, ni de propiedad ni siquiera la mera posesión.” (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 2005-012129, cons. IV y X; 2006-10097, cons. III).En el punto concuerda la doctrina dominante. A modo de ejemplo, se citan algunos autores: “El destino de las cosas públicas impide que sobre éstas haya posesión ni tenencia de particulares o personas privadas, que dispondrían de ellas según sus exclusivos intereses (…). “Si el dominio público sirve al uso público no puede caer en posesión privada ni ser objeto de prescripción”. (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pgs 403 y 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pgs. 127-128). (Vid tesis análoga en el voto 332-2000 del TRIBUNAL AGRARIO) II.3.2) IMPRESCRIPTIBILIDAD. La imprescriptibilidad es consecuencia directa del principio de inalienabilidad. Va implícita en la incomercialidad del demanio. Al no ser objeto de posesión y dominio privados, hay imposibilidad jurídica para usucapirlos. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pgs. 128 y 129, 145 a 147. BIELSA, Ob cit., pgs. 409 y 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, entre otros). La imprescriptibilidad de los bienes de dominio público denota “la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por los particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se haya poseído”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia N° 7 de 1993). La prescripción adquisitiva, se sabe, es un medio de adquirir la propiedad de bienes privados ajenos por el transcurso del tiempo y el ejercicio continuo de la posesión, a título –o calidad- de dueño, con las demás condiciones que exige la legislación civil. La posesión así ejercida es requisito imprescindible, sine qua non, para que pueda producir el efecto usucapiente. Al ser inapropiables los inmuebles de dominio público por administrados, la usucapión no podría darse. “Como se trata de bienes que están fuera del comercio, no puede ejercerse sobre ellos posesión útil, que es la base indispensable de la prescripción, por lo que ésta tampoco cabe”. (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Sólo la posesión que se adquiera y disfrute en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio privado. Un particular nunca podría ejercer posesión en calidad de propietario y de buena fe sobre una parcela demanial, ni aducir la presunción de legitimidad del título por el cual la posee para fundar una prescripción adquisitiva, que no es legalmente posible. (BIELSA, Ob. Cit., pgs. 409 y 410). Su detentación abusiva y prolongada por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 6758-93 y 6192-95, entre otros)”. Así las cosas, y por pretenderse la titulación de bienes pertenecientes al dominio público como lo es el patrimonio natural del Estado y por no haber cumplido con lo regulado en los artículos 6° y 7° de la Ley de Informaciones Posesorias solicito al señor Juez revocar la  sentencia dicha y, en su lugar, proceda a improbar estas diligencias, conforme al artículo 11  de la Ley de Informaciones Posesorias y los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal vigente.(ver escritorio virtual bandeja de escritos agregado el 24/05/2023).

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.

IV.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113).

V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: "...V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público..." (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

VI.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal.  Dicho criterio, fue ratificado por la Sala Constitucional, en el Voto No. 2015-0098, de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales , y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que:Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal ; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos. De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada "Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales". Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas "reservas nacionales", conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales:"El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrar á el patrimonio.  Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobre ponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales , no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).  En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, los titulantes, aportaron el Plano Catastrado número 4-1870055-2015, donde se indica que el inmueble está dedicado a montaña una parte y ganadería y se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida, lo que significa que ha cuidado el recurso conservando las partes de bosque y el resto lo tiene dedicado a pastos para la ganadería. Se logró determinar en el reconocimiento judicial practicado al efecto incluso tiene cercas para dividir las áreas de repastos del área de bosque, para que el mismo se conserve. De ahí que la certificación del INTA (estudio de suelos, a imágenes 35 a 37 del expediente electrónico descarga de manera ascendente), indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido  el uso conforme de suelos, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible sobre el inmueble a titular. El terreno tiene una  medida de 9068 metros cuadrados . En el inmueble se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme del suelo (ver expediente descargado en formato pdf,certificación de estudio de suelos a imágenes 35 a 37). El inmueble que se pretende titular y descrito en el hecho probado anterior se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida    (ver expediente electrónico imagen 7 descarga de manera ascendiente del expediente). Los testimonios de Emiliano Esquivel Fernández, María de los Ángeles Ferreto Artavia y Salvador Barrantes Rojas, quienes declaran que efectivamente la promovente ha cumplido con la posesión que se requiere a fin de que se inscriba a su nombre la propiedad (ver constancia de recepción de prueba  imágenes 112 y 219 descargas en orden ascendente del expediente electrónico).  Por otra parte, es importante agregar, que el terreno queda afecto a las restricciones de la Ley Forestal, la Ley de Aguas, la Ley General de Caminos Públicos, tal y como se indica en la parte dispositiva del fallo. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 18-000152-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:41:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE No. 2023000519

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.– At fourteen hours and seven minutes on the twenty-sixth of June, two thousand twenty-three.–

POSSESSORY INFORMATION proceeding initiated by DENIA MARÍA PRENDAS SEGURA, of legal age, married twice, homemaker, with identity card number 4-142-928, resident of Barva de Heredia. Appearing as parties: the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL through its general judicial attorney Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, divorced, attorney, identity card one - five hundred ninety-eight - one hundred one, resident of Alajuela; and the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, resident of Alajuela, identity card two - four hundred sixty-six - zero sixty-five. Acting as special judicial attorney for the petitioner is Giovanni Salas Camacho, bar number twelve thousand eight hundred fifty-three. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles.

WHEREAS:

I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: 1. The title applicant brings these proceedings so that the property she describes as follows may be registered in her name in the Public Property Registry: Pastureland with forest (Terreno de potrero con bosque). LOCATED in Horquetas in the third DISTRICT of HORQUETAS, tenth CANTON of SARAPIQUÍ, in the province of HEREDIA, BOUNDED: on the NORTH: Mario Ulate Ulate; on the SOUTH: Denia Prendas Prendas; on the EAST: Hermes Monge Zúñiga; and on the WEST: Denia Prendas Prendas. MEASURING: nine thousand sixty-eight square meters, as indicated on cadastral plan number four - one million eight hundred seventy thousand fifty-five - two thousand fifteen (4-1870055-2015). Property that was VALUED: at the sum of FIVE MILLION COLONES (¢5,000,000.00). The foregoing because she considers she has fulfilled all the requirements established for this purpose by the Law of Possessory Informations. (See downloaded file from the Agrarian Court of Guápiles, initial brief, cadastral plan images 1 to 20, clarifications folios 22 to 23, 33 to 34, 50, 57, 61, 72, 79). 2. The State, the Instituto de Desarrollo Rural, and the Municipality of the Canton of Sarapiquí were recognized as parties, and they appeared in the proceeding. (See downloaded file from the Agrarian Court of Guápiles images 95-97 and 122 respectively). 3.- The edict was duly published as seen in images 87, 184, and 186 of the downloaded file. 4.- Judge Ronald Rodríguez Cubillo, judge of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, in judgment 2023000235 at eight hours forty-three minutes on the twenty-third of May, two thousand twenty-three, resolved: "THEREFORE: Based on the foregoing, and in accordance with the LAW OF POSSESSORY INFORMATIONS No. 139 of July 14, 1941, and its reforms, these POSSESSORY INFORMATION proceedings promoted by DENIA MARÍA PRENDAS SEGURA, who is of legal age, married twice, homemaker, resident of Barva de Heredia 600 meters west of the Barva bus terminal, identity card number four - zero one four two - zero nine two eight, ARE APPROVED. Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, proceed to register in her name, without prejudice to third parties with better rights and with the limitations to be stated, the property detailed below: Pastureland with forest (Terreno de potrero con bosque). LOCATED in Horquetas in the third DISTRICT of HORQUETAS, tenth CANTON of SARAPIQUÍ, in the province of HEREDIA. BOUNDED: on the NORTH: Mario Ulate Ulate; on the SOUTH: Denia Prendas Prendas; on the EAST: Hermes Monge Zúñiga; and on the WEST: Denia Prendas Prendas. MEASURING: nine thousand sixty-eight square meters, as indicated on cadastral plan number four - one million eight hundred seventy thousand fifty-five - two thousand fifteen (4-1870055-2015). Property that was VALUED: at the sum of FIVE MILLION COLONES (¢5,000,000.00). The foregoing because she has fulfilled all the requirements established for this purpose by the Law of Possessory Informations. Let the certification of this judgment serve to register the cited property in the Property Registry, advising its title holder that the area adjacent to the unnamed stream (quebrada) that crosses the property or any other watercourses that exist or may exist along the boundaries or on the property of Mrs. DENIA MARÍA PRENDAS SEGURA, and which is indicated by Article 33 of the Ley Forestal No. 7575, constitutes protection areas, and the cutting or elimination of trees is prohibited. Likewise, it is recorded that the watercourse and waters are governed by the Water Law, Article 1, subsection IV, and Article 3, subsection III. Furthermore, this registration must be carried out subject to the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the Law of Possessory Informations and Articles 1, 2, 7, and 25 of the Agrarian Jurisdiction Law. The registration is subject to the restrictions contemplated in the Ley Forestal, the Wildlife Conservation Law, and the Organic Environmental Law. Once this resolution becomes final, the respective writ of execution must be issued and this matter archived." (See downloaded file from the Agrarian Court of Guápiles images 247 to 253). 5.- The State's representative, Lydiana Rodríguez, filed an appeal, expressly indicating the reasons to refute the lower court's judgment on its own motion. (See downloaded file from the Agrarian Court of Guápiles images 255 to 262).

Drafted by Judge Darcía Carranza; and,

WHEREAS:

I.- The Agrarian Tribunal agrees with the findings regarding the proven facts, as they are well supported in the record.-

II.- The Deputy Procuradora, Licda. Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, appeals the judgment rendered based on the following: I. She points out that according to the soil certificate from the INTA, it indicates the presence of FOREST (BOSQUE) within the property on plan H-1870055-2015, meaning we are dealing with State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), which is not susceptible to appropriation. She argues that the record contains technical studies, and the judgment being challenged even acknowledges that the nature of the property to be titled is forested. Forest lands (terrenos forestales) and forests in national reserves are subject to the public domain, the State's natural heritage, at least since the Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, as amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), a public domain status maintained by Law 7575, Articles 13 and 14. Even though forestry legislation allows the titling of properties outside protected wild areas if the petitioner demonstrates their legitimate right to decennial possession, along with the other conditions required for that purpose, has protected the resource, and has the property duly demarcated, the previously mentioned declaration of public domain forest must be considered. The harmonious application of these provisions leads to the logical conclusion that forest lands can only be titled if the usucapion had been consolidated before they entered, by law, into State Natural Heritage: "…the period of possession suitable for usucapion must elapse before the property is affected by the public domain." SALA CONSTITUCIONAL, Vote 4587-97. Forest lands and forests in national reserves have an immediate legal affectation to the public domain (Article 13 of the Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-016975). The witness statements do not demonstrate the decennial possession suitable for usucapion on the part of the petitioner. Below are transcribed several jurisprudential precedents and pronouncements issued by the Procuraduría regarding the above: I.- SURVIVAL OF ABOLISHED LAW TO GOVERN LEGAL SITUATIONS THAT AROSE UNDER ITS PROTECTION. Protection of the public domain forest right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment. Binding erga omnes jurisprudence of the Sala Constitucional. Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law: 1) Necessity of demonstrating decennial possession, suitable for usucapion, with the legal requirements before the public domain affectation of forests and forest lands. SALA CONSTITUCIONAL, in Vote 4587-97, Considerando IV: "Given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the property is affected by the public domain. (…). It must be remembered that properties affected by the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion if, before the affectation occurred, the necessary conditions for the acquisition of the right were not met" (…). "… The possession that counts for usucapion must be prior to the affectation of the property". (Underlining added). 2) SALA CONSTITUCIONAL, Judgment 15753-2005: “…the abolished right continues to protect acts and contracts and other rights acquired during the term of the law, which finds its basis in the relationship between Articles 34 and 129 of the Constitution.” 3) SALA CONSTITUCIONAL, Judgment 7989-2005: “The retroactivity referred to in Article 34 of the Political Constitution is that which seeks to interfere with acquired rights and consolidated legal situations, born prior to the enactment of the law, that is, those with characteristics of validity and efficacy perfected under the rule of other regulations, so that their effects and consequences cannot be altered by the new provisions…” (See also Judgments 2791-1996 and 1998-0336 of the Sala Constitucional. Underlining added). 4) SALA CONSTITUCIONAL, Judgment 738-2003: “…the repeal of norms or change in legal criteria do not produce the effect of also abrogating the rights developed at the time those repealed norms were in force. It is the legal phenomenon that doctrine defines as the survival of abolished law, because for acts or contracts in effect, the repealed law remains in force against the new legal norms.” (See also from the Sala Constitucional judgments 2006-012239, 2006-012240, and 2006-012241). “Consolidated legal situations originate not only from a judgment (…), but from the simple rule of the norm governing when an act or legal fact subsumable under it occurs.” “The repeal of a law does not entirely extinguish its normative effect, for if rights were acquired or legal situations consolidated under its protection, that law will continue to govern with respect to those rights and situations, since the new law – which repeals the former one – has no retroactive force ‘to the detriment of any person, or their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations,’ as provided in Article 34 of the Political Constitution. All of this gives rise to the doctrine of the survival of abolished law. (…) In effect, if a general norm abrogates another general norm without retroactive effect, the authorities must continue to apply the abrogated norm for all acts performed while it was still in force” (In the same sense: Judgment of the Corte Plena at 10:00 hours on March 18, 1982, and Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pp. 498 and 499). “Likewise, Judgment No. 1119-90 at 14:00 hrs. on September 18, 1990, held: ‘…a legal situation can be consolidated – the Corte Plena has said so before – with a judicial judgment that declares or recognizes a disputed right, and also under the protection of a legal norm that establishes or guarantees certain consequences that a later law cannot disregard without incurring a defect of unconstitutionality for violation of Article 34 of the Constitution.’ (…) Moreover, the consolidated legal situation represents not so much a patrimonial addition, but a state of things fully defined in terms of its legal characteristics and effects…” What is relevant concerning the consolidated legal situation is that “by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared it, a clear, defined rule has already arisen in legal life connecting a factual premise (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). (…) “In this case, the constitutional guarantee of non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of withdrawing the already acquired property or right from the person's estate, or of causing that, if the factual premise had occurred prior to the legal reform, the consequence no longer arises…” “…it is procedurally correct in Law to consider that laws and regulations continue to produce legal effects even after being amended or repealed, to regulate those situations born under their term.” (In the same sense, judgments of the Sala Primera de Casación numbers 79 of 1989 and 104 and 105, both of 1991. Underlining is not original). II.- LEGAL IMPOSSIBILITY OF TITLING PUBLIC DOMAIN PROPERTY. 1) Opinion of the Procuraduría C-321-2003: “Titling is proper to real estate in private legal commerce. But it is entirely inapplicable to public domain property, in which possession for usucapion has no place. VII.1) IMPEDIMENT OF PRIVATE PERSONS TO EXERCISE POSSESSION WITH OWNERSHIP INTENT OVER PUBLIC DOMAIN PROPERTY. As we noted on another occasion, the inalienability of public domain property prevents its transfer, partial or total, voluntary or forced, and possession in terms of Private Law. Multiple resolutions of the SALA CONSTITUCIONAL reaffirm that public domain property ‘cannot be the object of private possession’ and that ‘administrative action substitutes possessory interdicts to recover the domain’ (or possession).” Votes 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, among many. The possession animus domini by private persons, or the faculty of subjecting a thing to the power and will of a person to exercise over it exclusive acts of use and enjoyment, as if they were the owner, is incompatible with the purposes that the legislator attributes to the public domain (SALA DE CASACIÓN judgment 9:30 hrs. on 6/6/1936). This criterion is endorsed by several resolutions of the Superior Tribunals, which attribute legal possession (posesión iuris) over the public domain to the titular public entity, exercised ‘per se for as long as the property's affectation lasts.’ ‘Private persons do not exercise possession over those things, since neither in fact nor in law do they have them under their power and will,’ nor can they claim ownership. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resolutions numbers 9282 of 1987, and from 1988 resolutions numbers 10019, 10166 and 10418. From the Tribunal Superior Contencioso Administrativo resolution 1851 of 1976 and from the Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera resolution No. 910 of 1987). This makes possessory titlings or judicial discussions related to the tenancy or ‘possession’ of public domain spaces to the detriment of the State's ownership and legal possession unacceptable. Situations that could originate possessory rights in favor of third parties suitable for usucapion would be in open contradiction with the rules of inalienability and imprescriptibility that govern those properties. VII.2) IMPROPRIETY OF USUCAPION AND TITLING AGAINST THE PUBLIC DOMAIN. From inalienability and imprescriptibility it follows that public things ‘are not susceptible to being acquired by usucapion, nor can anyone avail themselves of irregular possession they may have had over them’ (…). ‘Correlatively, neither the State nor its bodies can lose them through negative prescription, since possession, even when not manifested by actual acts, must be considered to occur by the rule of the legal provisions governing their purpose.’ (Casación, Judgment No. 122 at 16:15 hrs. on November 16, 1965, and Judgment of Casación, year 1958, I Semester of the Sentence Collection, pp. 376 et seq., Considerando XIV). And the SALA PRIMERA DE LA CORTE, in Judgment No. 007-93, Considerando IV, insists on the point: Public domain property ‘cannot be alienated – by any means of Private Law or Public Law – it being consubstantial to its legal nature that it cannot be reduced to private domain under any form. Hence, another of its characteristics is its imprescriptibility, that is, non-susceptibility to being acquired through the passage of time under the legal figure of usucapion, because the possession exercised by private persons does not generate any property right, regardless of the time during which it has been possessed.’ In the same sense, cf. SALA PRIMERA DE LA CORTE, Vote 733-F-2000, Considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Vote No. 1662 at 10:15 hrs. 11/12/75 and from the TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO numbers 523 of 1994 and 665 of 2002. ‘The possessory justification proceedings indicated in the Laws of Possessory Informations,’ to obtain a registrable title of ownership, unquestionably refer to ‘privately owned lands and those in the commerce of men’ (Civil Code, Article 264), ‘but not to those public or public domain property contemplated in Articles 261 to 263 of the same Code.’ (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, No. 860 at 14 hrs. on December 21, 1971). On the legal impossibility of titling the public domain cf: TRIBUNAL AGRARIO, Votes 523 of 1994 and 665 of 2002. For public domain property ‘usucapion is also not a means to acquire them; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subject to possession by private persons, and therefore, are imprescriptible as long as they retain such character or the purpose of public utility to which they are affected.’ (SALA CONSTITUCIONAL, Judgment 2988-99, Cons. III). This thesis has been followed for specific public dependencies: There is repeated jurisprudence that public domain property ‘is inalienable and consequently cannot be the object of titling for the purpose of registering them in the Public Registry in the name of private persons’ (SALA DE CASACIÓN No. 19 at 15:30 hrs. on January 30, 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, numbers 860 of 1971, 493 of 1971, 139 of 1972; 781 of 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, No. 1622 of 1975).” 2) Opinion of the Procuraduría C-146-2008: “The titling of real estate that is part of the public domain, as stated by the SALA CONSTITUCIONAL in Judgment No. 2007-02063, Cons. XII, disregards the essential characteristics of those properties and violates the provisions of Article 262 of the Civil Code, which make it ‘absolutely impossible for them to be possessed, sold, or encumbered without first having been disaffected.’ ‘II.3.2) PRINCIPLE OF INALIENABILITY. The inalienability of public domain property removes them from private commerce or legal traffic, with the consequent legal prohibition against alienating ownership or constituting other real rights through Civil Law procedures. The extra-commercial character of public domain dependencies renders them incapable of private appropriation to satisfy individual interests. Therefore, they cannot be the object of legal acts or contracts that imply the transfer of property to private persons. They would violate their nature and public purpose. (Cf: Opinion C-128-99). The principle protects against illicit actions by those administered and against reckless acts by the Administration's own officials. II.3.3) NOT SUSCEPTIBLE TO BEING ACQUIRED BY POSSESSION Over inalienable lands, no private individual can allege possessory rights. (SALA CONSTITUCIONAL, Votes numbers 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653-97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, Vote 733-F-2000 and from the TRIBUNAL AGRARIO Vote No. 116-F-06). The public domain status “…means that the passage of time does not confer any right over this type of property, neither ownership nor even mere possession.” (SALA CONSTITUCIONAL, Judgments 2005-012129, Cons. IV and X; 2006-10097, Cons. III). The dominant doctrine agrees on this point. By way of example, some authors are cited: ‘The purpose of public things prevents private persons or private entities from having possession or tenancy over them, since they would dispose of them according to their exclusive interests (…). ‘If the public domain serves public use, it cannot fall into private possession nor be subject to prescription.’ (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pp 403 and 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pp. 127-128). (See analogous thesis in Vote 332-2000 of the TRIBUNAL AGRARIO) II.3.2) IMPRESCRIPTIBILITY. Imprescriptibility is a direct consequence of the principle of inalienability. It is implicit in the non-commerciality of the public domain. Since they cannot be the object of private possession and ownership, there is a legal impossibility of usucaping them. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pp. 128 and 129, 145 to 147. BIELSA, Ob cit., pp. 409 and 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, among others). The imprescriptibility of public domain property denotes ‘the non-susceptibility to being acquired through the passage of time under the legal figure of usucapion, because the possession exercised by private persons does not generate any property right, regardless of the time during which it has been possessed.’ (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Judgment No. 7 of 1993). Acquisitive prescription, as is known, is a means of acquiring ownership of foreign private property over the passage of time and the continuous exercise of possession, under the title – or quality – of owner, with the other conditions required by civil legislation. Possession exercised in this manner is an indispensable requirement, sine qua non, for it to produce the usucapient effect. Since public domain real estate cannot be appropriated by those administered, usucapion could not occur. ‘As these are properties outside of commerce, useful possession, which is the indispensable basis for prescription, cannot be exercised over them, and therefore prescription is also not possible.’ (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Only possession acquired and enjoyed in the capacity of owner can serve as title to acquire private ownership. A private individual could never exercise possession as an owner and in good faith over a public domain parcel, nor adduce the presumption of legitimacy of the title by which they possess it to base an acquisitive prescription, which is not legally possible. (BIELSA, Ob. Cit., pp. 409 and 410). Its abusive and prolonged detention by private persons does not produce acquisitive effects, nor does the tolerance or delay of the Administration in repelling illicit actions grant any right to the occupants. (SALA CONSTITUCIONAL, Votes numbers 6758-93 and 6192-95, among others). This being the case, and since titling is sought for property belonging to the public domain, such as the State's Natural Heritage, and for not having complied with the provisions of Articles 6 and 7 of the Law of Possessory Informations, I request the Judge to revoke said judgment and, in its place, proceed to disapprove these proceedings, pursuant to Article 11 of the Law of Possessory Informations and Articles 13 and 14 of the current Ley Forestal. (see virtual desktop, briefs folder, added 24/05/2023).

III.- While it is true that the Land and Colonization Law of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered with forest (bosque), without private occupation, were part of the national reserves, this affectation to the public domain has been changing with the evolution of Human Rights, specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 amended Article 7 of the Law of Possessory Informations to allow usucapion on lands covered with forest, but by demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource for more than ten years, with transferred possession being usable (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The Agrarian Tribunal held the criterion that said possession must be personal, but the Sala declared that criterion unconstitutional.

IV.- On the subject of the interpretation of Article 7 of the Law of Possessory Informations and the State Natural Heritage, the Tribunal has expressed in repeated resolutions: “The Law of Possessory Informations, in its Article 7, as well as the Forest Laws, have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of such areas has been permitted, which once declared as conservation areas become part of the State's Forest Heritage, compliance with other more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession and the criterion of the ecological function of forest property. In repeated judgments, both by the Sala Primera de Casación and this Tribunal Superior Agrario, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situations have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession and ecological possession. The jurisprudence itself has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The jurisprudence itself has sought to distinguish business property and possession, where an activity directed at cultivating the forest is exercised, from that where simply an extractive or, alternatively, merely conservationist activity is carried out. In these latter cases, one would be in the presence of a forest property or possession (without a business). Precisely in these cases, the Ley Forestal establishes an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner obligatorily to the forest regime, and in other cases voluntarily. Thus, in forest possession, the de facto power is exercised over a property of forest vocation or mostly destined to protect forest resources, without a view to its exploitation or, rather, dedicating it to the simple extraction of timber species through management plans to achieve natural forest regeneration. In either case, there would be no development of a biological plant or animal cycle, nor would the man assume any risk. That is why the law does not protect, but rather represses, possession through which forest resources in protected areas are destroyed. Furthermore, it denies the possibility of acquiring possessory rights over lands in national reserves when damaging action has been exercised against forest resources. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forestry Law, with particular systemic and complete features, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or conceived independently, began to take shape from the Fiscal Code of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests with regulations tending toward their conservation. Subsequently, the Baldíos Lands Law No. 13 of January 6, 1939 incorporated these principles. Later, the Land and Colonization Law, in its Article 7, expanded the national reserves for the protection of such resources.-

The special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35, 1969. The second opens through better-conceived regulations via Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the enactment of Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, recently amended by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in supplement 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). These contain various regimes of forest property, and they limit the use and exploitation of resources by private individuals. It is not possible to acquire ownership over lands with forest cover (cobertura boscosa) if one does not demonstrate having protected the forest resource. Its constitutional basis is found in the second paragraph of Article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institute of forest property and possession is protected. This is not the same as civil or agrarian property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forest Laws. It falls upon a specific good: lands covered by forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such goods has the obligation to conserve the forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal resolution of conflicts that arise from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. The Forest Law establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources. (Article 1). All lands of forest aptitude and the forests of the country, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other rules, which regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by usucapion, the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Law of Possessory Informations, amended by the Forest Law, established, before its reform: "Article 7.- When the property to which the information refers is included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titleholder must demonstrate having exercised decennial possession for at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wild area. Farms that are outside these areas and that have forests may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or lanes." In other terms, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and the possessory acts must be aimed at its protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would become part of the national natural heritage (Artículo 13 of the new Forest Law), with an unattachable and inalienable character, and their possession will not cause any right in favor of private individuals (Article 14 of the new Forest Law).- IX. The Agrarian Tribunal had interpreted Article 7 of the Law of Possessory Informations, before being amended by the new Forest Law, in the sense of requiring personal possession, exercised for ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in this regard Votos No. 169 of 9 hours 40 minutes of March 22, 1991 and No. 251 of 14 hours of April 17, 1991)...". However, that interpretation of Article 7 of the Forest Law was challenged as "unconstitutional" by the titleholder here, and the Constitutional Chamber, in Voto No. 4587-97 (published in Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997) declared, in what is relevant, the following: "The action is partially granted and, consequently, the interpretation of Article 7 of the Law of Possessory Informations No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the amendment produced by the Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, is unconstitutional, according to which, to title lands included in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required with ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wild area, and which does not favor, in these cases, possession transmitted by previous possessors. This judgment is declarative and its effects retroactive, without prejudice to rights acquired in good faith...". In such a way that current possessors can take advantage of transmitted possession...X. Forest Law No. 7575 also maintained the restrictions in the Law of Possessory Informations for being able to title lands included in protected areas. In this regard, the current numeral provides: "Article 7.- When the property to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the titleholder must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area." (The bold is ours). That is, the legislator's intention is that these areas have been kept protected, conserved during all this time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution of 14:50 hours of February 20, 1998 corresponding to Voto No. 113).

V.- In more recent cases, the Tribunal has rejected the allegations that the appellant now reiterates, regarding the supposed interpretation or retroactive application of Article 7 of the Forest Law. In a case similar to the one at hand, it was said: "...V.- Regarding what the appellant alleged that the lower court judge commits an error by applying Article 7 of the Law of Possessory Informations, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of what is provided by Article 1 of said Law, this Tribunal considers that he is not correct because cited Article 7 was not declared unconstitutional, but rather the interpretation that the Tribunal had been making was, insofar as the possession exercised by the previous transferors was not counted. Hence, since Article 7 of the Law of Possessory Informations is in force, the petitioner must demonstrate decennial possession prior to the declaration of the protected wild area as indicated by the Constitutional Chamber in vote No. 4587-97 (published in Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would also not be applied retroactively as the appellant indicates, because the ten-year term of possession for usucapion is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements of usucapion that are also defined in general regulations, such as: the object of the possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. In that sense, it is important to point out what the Constitutional Chamber stated in this regard in the cited vote '... The first paragraph of Article 7 of the Law of Possessory Informations challenged, whose text is prior to the last amendment by Forest Law No.7575 of February 13, 1996, regulates the case of the titling of real property included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. This article states that the titleholder must demonstrate having exercised decennial possession for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling a real property that has been affected to the public domain with the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now appropriate to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucapion and the possession necessary for usucapion, set out previously, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire property over real estate, which imposes specific requirements that may infringe the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be pointed out that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year term of possession necessary for usucapion, set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one intends to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the term that the petitioner alleges as an infraction of the right to property does not occur, because given the nature of the good being titled (public thing), the term of possession suitable for usucapion must elapse before the affectation of the good to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and impedes the concretization of the requirements for usucapion if at that moment the right has not been acquired, that is, the ten years of possession suitable for usucapion have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is solely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as titleholder, necessary for possession ad usucapionem. It should be recalled that goods affected to the public domain, whatever their specifications may be, are not susceptible to acquisition by usucapion if, before the affectation occurred, the necessary conditions for the acquisition of the right were not present. In that sense, the challenged provision, despite apparently regulating a specific case of usucapion, does not create a regime with different requirements than those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm also does not occur, because the ten-year term of possession for usucapion is established in the Civil Code and the challenged provision simply highlights certain elements proper to usucapion that are also defined in general regulations, such as: the object of the possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of usucapion. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of the object to be titled as a public domain asset. Hence, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Law of Possessory Informations, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of usucapion, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest...' (Agrarian Tribunal, No. 173 of 16:29 hours of March 31, 2003).

VI.- So that the possessor who intends to acquire by usucapion a land covered in forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate decennial possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. This criterion was ratified by the Constitutional Chamber, in Voto No. 2015-0098, of 9 hours of January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality, related to titling in the national reserves: "VI.- THE TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves, and that of the Natural Heritage of the State, formerly called the Agricultural Heritage of the State. The Land and Colonization Law, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a conception of agrarian property as originally belonging to the Nation. The Agricultural Heritage of the State comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by denunciation or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks (Articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in Article 11, by indicating that: As long as the contrary is not proven, they belong to the State in the character of national reserves: a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities, or of the Autonomous Institutions; b) Those that are not covered by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being of private property, are not occupied in public services. From the foregoing, it is inferred that the lands that form part of the national reserves, as lands of agricultural, livestock, or forest vocation, possessed by private individuals for more than ten years and that do not form part of the Agricultural Heritage of the State, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private individuals, through the processes of Possessory Information, or else, through the instrument that was created through the Multiple Land Titling, later called "Titling of Lands Located in the National Reserves". Then, Forest Law No. 4465 of 1969 introduces the concept of the State's Forest Heritage, conferring the forest administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that moment, the Public Administration realizes that within the so-called "national reserves", the two regimes coexist, for which in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización, and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement, which precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Land and Colonization Law, still in force, entrusts the administration of the national reserves, with agricultural vocation, to the Instituto de Tierras y Colonización, the body in charge of parceling and colonization. For its part, the Organic Law of the Environment No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas, indicating that they form part of the natural heritage of the State and establishing their lifetime tenure (irreductible) character (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Forest Law No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, a single chapter, the concept of Natural Heritage of the State, clarifying even, what is comprised from the national reserves: "The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real property that guarantees credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. The foregoing excludes, as part of the natural heritage of the State, for not being forestal, the lands of agricultural aptitude, which continue to be part of the national reserves, and susceptible to usucapion by private individuals. Finally, the same Forest Law of 1996, amended Article 37 of the Organic Law of the Environment, and Article 7 of the Law of Possessory Informations, to authorize usucapion, and therefore registration by means of possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), lands that belong to the national reserves, with forest vocation and, even, lands in private possession, that were included within some category of protected wild area (Natural Heritage of the State), provided that decennial possession prior to the date of creation of the respective area is demonstrated, and the agrarian possessory acts consist of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (subsequently, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to allow streamlining the titling procedures for agrarian possessors, who had completed a short usucapion (first three and then five years), so that they could obtain a property title, and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understood as such, those private individuals who could have exercised an action for a better right of possession, within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it, otherwise the title would become fully consolidated, since the term of negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that upon creating a Programa de Titulación Múltiple, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later the Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone, there be at least 20% of lands without a title registered in the public registry). This consequently assumed that the title granted by the ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to reivindicate, as established by the same norm, but not within the three-year term, applicable to third parties with better right, but within the ten-year term." (END OF QUOTE). In this particular case, the requirement demanded by the Law of Possessory Informations, in its Articles 1, 6, and 7, is taken as demonstrated. Indeed, the titleholders provided the Cadastral Map number 4-1870055-2015, where it is indicated that the property is dedicated partly to mountain and partly to livestock and is located outside any protected wild area, which means that the resource has been cared for by conserving the forest parts and the rest is dedicated to pastures for livestock. It was determined in the judicial inspection carried out for this purpose that it even has fences to divide the grazing areas from the forest area, so that the latter is conserved. Hence, the certification of the INTA (soil study, at images 35 to 37 of the electronic file downloaded in ascending order), indicates that in accordance with Article 58 of the Regulation to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, and based on the field visit, it was determined that the proper soil use has been exercised, for which it is concluded that sustainable possession has been exercised over the property to be titled. The land has a measurement of 9068 square meters. On the property, possessory acts have been exercised complying with the proper soil use (see file downloaded in pdf format, soil study certification at images 35 to 37). The property intended to be titled and described in the proven fact above is located outside any protected wild area (see electronic file image 7 downloaded in ascending order from the file). The testimonies of Emiliano Esquivel Fernández, María de los Ángeles Ferreto Artavia, and Salvador Barrantes Rojas, who declare that indeed the petitioner has complied with the possession required so that the property is registered in her name (see proof of receipt of evidence images 112 and 219 downloaded in ascending order from the electronic file). On the other hand, it is important to add that the land is subject to the restrictions of the Forest Law, the Water Law, the Ley General de Caminos Públicos, as indicated in the operative part of the judgment. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

POR TANTO:

The appealed judgment is confirmed, in what was the object of the appeal.




 
 

 
	
 


AX4WFIMIG8S61
ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISION-MAKING JUDGE

	
 






RZR1RJWH1MI61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISION-MAKING JUDGE

	
 

	
 


ZOQXPCNANTS61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISION-MAKING JUDGE

 

EXP: 18-000152-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4th Floor, Tribunales de Justicia Building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Phones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. E-mail: [email protected]

 

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