Res. 00558-2023 Tribunal Agrario — Titling land in a protected area requires ten-year possession prior to the creation decreeTitulación de terreno en área protegida requiere posesión decenal anterior al decreto de creación

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00558 - 2023

Fecha de la Resolución: 05 de Julio del 2023 a las 07:49

Expediente: 21-000067-0699-AG

Redactado por: Enrique Ulate Chacón

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posesión decenal debe ser anterior a decreto de afectación tratándose de área silvestre protegida.
Apreciación de la prueba en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Valoración de la prueba en materia agraria
Subtemas:
Apreciación en conciencia acorde a principios de derecho y equidad.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

21-000067-0699-AG - 7




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




ACTOR/A:

	

RANDAL ALEXANDER GOMEZ  MARIN




DEMANDADO/A:

	

RANDAL ALEXANDER GOMEZ  MARIN

 

   

VOTO N°  N° 2023000558

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las siete horas cuarenta y nueve minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por RANDALL ALEXANDER GÓMEZ MARÍN, mayor , soltero, agricultor, vecino de La Cima de Copey de Dota, cédula de identidad  tres - cuatrocientos setenta y siete - doscientos cuarenta y cinco. Se tuvo como parte al INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica número  cuatro - cero cero cero - cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres  - once, representado por su apoderada general judicial Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, vecina de San Ramon, cédula de identidad uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno, colegiada veintiún mil trescientos cuarenta y dos; PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, abogada, vecina de San Ramón, cédula de identidad número  dos - quinientos cuarenta y cinco - seiscientos uno, colegiada diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco, en su condición de procuradora adjunta. Actúa  como apoderado especial judicial de la promovente, el licenciado Lenin Mendiola Varela, cédula de identidad  seis - ciento noventa y cuatro - cuatrocientos sesenta y siete, colegiado tres mil setecientos noventa y seis. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.

 Redacta la jueza Ulate Chacón; y ,

CONSIDERANDO:

 I.  DETALLE  DE ACTUACIONES: 1.- El promovente Randall Alexander Gómez Marín, solicita se aprueben estas diligencias de información posesoria sobre el inmueble que se describe así: Terreno de naturaleza solar con estaques, sito en Paso Macho del Distrito Segundo San isidro, Cantón Octavo El Guarco, de la Provincia de Cartago, Linda al Norte: La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima, Sur: camino público, Este: en parte con La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima y Carlos Orlando Romero Navarro; Oeste: en parte con La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima y camino público, Mide: Seis Mil Quinientos Veintinueve Metros Cuadrados, descrito según plano catastrado C- 2109391-2019.-. (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, escrito incorporado el 02/06/2021 07:33:25; 30/07/2021 11:52:56 y sentencia de primera instancia incorporada el 25/01/2023 13:35:01, respectivamente). 2.- La Procuraduría General de la República y el  Instituto de Desarrollo Rural se apersonaron al proceso, sin manifestar oposición.  (Ver escritorio virtual  del Juzgado Agrario de Cartago, escritos incorporados el 20/08/2021 12:23:42  y  08/09/2021 03:32:16 ).  3.-  La  jueza  Silvia Elena Sánchez Blanco, del Juzgado Agrario de Cartago, en sentencia número 2023000008, de las  trece horas treinta y cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés, resolvió: “POR TANTO: Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por RANDALL ALEXANDER GÓMEZ MARÍN, mayor de edad, soltero, agricultor, titular de la cédula de identidad número tres- cuatrocientos setenta y siete- doscientos cuarenta y cinco, vecino de La Cima de Copey de Dota, un kilómetro quinientos metros al noreste de la Iglesia Católica.- Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre, sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones de Ley que se dirá, la finca que a continuación se detalla: Terreno de naturaleza solar con estaques, sito en Paso Macho del Distrito Segundo San isidro, Cantón Octavo El Guarco, de la Provincia de Cartago, Linda al Norte: La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima, Sur: camino público, Este: en parte con La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima y Carlos Orlando Romero Navarro; Oeste: en parte con La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima y camino público, Mide: Seis Mil Quinientos Veintinueve Metros Cuadrados, descrito según plano catastrado C- 2109391-2019.- Inmueble que fue estimado igual que estas diligencias en la suma de diez millones de colones, por cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada. Dicha inscripción deberá hacerse advirtiendo a su titulante que el derecho de vía de la calle pública colindante es de catorce metros de ancho, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso "a" de la Ley de Informaciones Posesorias, por lo que la inscripción deberá hacerse soportando las limitaciones contenidas en los artículos artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos, 19 inciso "a" de la Ley de Informaciones Posesorias, y las contenidas en el numeral 33, inciso b) de la Ley Forestal número 7575, queda prohibida la corta o eliminación de árboles.- Una vez firme esta resolución, expídase la ejecutoria respectiva y archívese el presente asunto.- Deberá la parte gestionante cumplir con las observaciones y recomendaciones otorgadas en el Estudio de Suelos presentado.- Notifíquese.- (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, sentencia de primera instancia incorporada el 30/11/2022 19:32:2). 5.- La licenciada Yamileth Monestel Vargas,  en su condición de Procuradora, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya  para refutar la tesis del juzgado de instancia  (ver  escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, escrito incorporado el  02/02/2023 11:57:13 )

 II.- El Tribunal prohija la relación de hechos tenidos por acreditados por tener buen sustento probatorio.

 III.- La representante del Estado, Yamileth Monestel Vargas, se muestra inconforme con la sentencia de aprobación de la información posesoria, al considerar que el inmueble está en la franja de dos kilómetros contigua a la carretera interamericana, cuya afectación considera previa a la Reserva Forestal Río Macho. 1) A su juicio, la testimonial resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la vigencia de Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 del 10 de enero de 1939, que estableció en su artículo seis que no pueden enajenarse baldíos situados en una zona de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la carretera panamericana (Informe SINAC-ACC-OF-238-2022), y luego en 1945, incluyó el resto del trazado que contuvieran robles. Si bien es cierto, la norma fue derogada el 9 de noviembre de 1973, mediante Ley No. 5385 del 30 de octubre de 1973, años antes de esa derogatoria había sido creada la Reserva Forestal Río Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964). Subraya que la Sala Constitucional en votos 98-2015, considerando VI y 18836-2014, ha indicado una afectación al dominio público a partir de la Ley No. 2528. Lo cual, además considera ha sido el criterio el Tribunal Agrario en algunos votos, entre otros el No. 533-F.-13, 623-F-11 y 649-F-12. Además considera que el Derecho derogado supervive para hechos o situaciones acontecidos bajo su vigencia (Sala Constitucional No. 18840-2014, entre otras). La sentencia reconoce una posesión decenal previa a dicha Reserva desde los años 1948, 1949 y 1950-1953, período para el cual el terreno con cobertura de robledales, ya estaba afecto como Parque Nacional entre 1945 y 1973. Además, considera que los deponentes no  podrían haberse referido a una posesión anterior a esa fecha por su edad, que para esa fecha tenían entre 5 y 1 año de edad. Considera que no se refirieron con claridad al tiempo de posesión de cada uno de los propietarios. Además, agrega que no se ha cumplido con una posesión ecológica, por cuanto existen criaderos de trucha sin concesión, y la cobertura boscosa se encuentra reducida y el terreno fue nivelado según estudio de suelos, siendo además una área de alta fragilidad hídrica. Solicita se revoque el fallo y se rechace la titulación.

 IV.-  En primer lugar, debe recordarse a la recurrente que en materia agraria rige el principio de libre apreciación probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), lo que permite a los juzgadores dar las razones de lógica, experiencia y sentido común, en lo referente a la apreciación de la prueba testimonial.  Sobre dicho sistema de valoración, este Tribunal ha indicado reiteradamente:    El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida.  La libre apreciación judicial de la prueba responde al principio oficioso, que le otorga amplia iniciativa al juzgador en materia de pruebas.  Tanto en el proceso laboral, como en el “agrario”, inspirado en aquél, nuestro legislador previó el sistema de libre valoración probatoria.  No se trata de valoración arbitraria, y tampoco valoración “en conciencia”. Es un sistema completamente apegado a las reglas del ordenamiento jurídico, que garantizan la posibilidad al juzgador de fundamentar sus sentencias en principios de derecho y de equidad. El Juez agrario no está sujeto o constreñido al valor pre-determinado que le confiere la ley procesal común (CPC) a determinado tipo de prueba. Por ejemplo la confesión es plena prueba contra quien la dice; o la demostración de contratos verbales hasta cierto límite económico.   Esos criterios, propios del proceso civil, vendrían a limitar las facultades del juez agrario, e impedirían, notablemente, una correcta administración de justicia agraria. La facultad de libre apreciación probatoria, está expresamente concedida por la Ley de Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, al indicar en su segundo párrafo:  “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.”               Es una facultad que desarrolla el Juez Agrario al momento de dictar la sentencia (Tribunal Agrario No. 31 de las 9:40 horas del 21 de enero de 1999 y No. 1018 de las 13 horas del 7 de diciembre del 2005). Por su importancia, se transcribe una sentencia reciente de la Sala Constitucional sobre este principio, pilar del derecho procesal agrario costarricense:  “I.- En relación con la valoración “a conciencia” de la prueba. El accionante cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en el tanto permite al juez valorar la prueba en conciencia y sin sujeción estricta a normas del derecho común, lo que considera violatorio de los principios de legalidad, igualdad, debido proceso, justicia pronta (arts. 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política ) y el art. 154 de la Constitución Política. …De esta manera, lejos de afectar un derecho constitucional, establece un presupuesto procesal formal para garantizar precisamente el debido proceso: el de fundamentar la apreciación de la prueba que permitirá al eventual agraviado su defensa en relación con lo que es objeto de su perjuicio y al órgano superior hacer un examen justo de los autos que sean elevados a su conocimiento. Asimismo, cabe señalar que este principio es una manifestación de la aplicación del principio protector que rige la jurisdicción laboral, y que se concreta en el principio “in dubio pro operario”, que se justifica en virtud de la desigualdad básica que se da entre las partes -patrono/trabajador-, no sólo por la relación de subordinación en que se halla el trabajador, sino, fundamentalmente por las natural disponibilidad de los medios de prueba que tiene el empleador, la cual contrasta sensiblemente con la dificultad del empleado en este aspecto. Debe hacerse la advertencia que lo que sí resulta contrario al orden constitucional es el fallar en conciencia y con total prescindencia de los demás elementos de convicción, tal y como lo señaló esta Sala en sentencia de constitucionalidad número 5546-95, de las quince horas seis minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las regias de la sana crítica y razonabilidad. Por tanto: Se declara sin lugar la acción".:. (sentencia No. 4448-96 de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996).  Consecuente con la jurisprudencia transcrita, no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa . De ahí que procede rechazar por el fondo la acción en cuanto a este extremo…."El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la igualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva." (Sentencia número 1770-94, y en igual sentido, la número 1045-94.)” Consecuente con la jurisprudencia constitucional transcrita y dadas las características propias del derecho procesal agrario, resulta plenamente válido la implementación del método de valoración de la prueba en conciencia para los casos que regula el artículo 54 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Agraria cuestionado, por lo que no se evidencia violación alguna al principio de igualdad. Cada clase de proceso judicial –civil, penal, laboral, agrario, etc.- tiene, en razón de su naturaleza específica, características diferentes que obligan al legislador a crear normas y procedimientos que se ajusten a esa especial naturaleza y que al mismo tiempo, garanticen y protejan los derechos fundamentales de las distintas partes procesales. De ahí que aspectos como la valoración de la prueba, pueden variar de uno a otro proceso, sin que ello resulte lesivo a los principios del debido proceso. En razón de lo anterior debe desestimarse la acción en este sentido, y esta Sala no encuentra motivos para variar de criterio, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, por lo que la acción debe ser rechazada por el fondo.”(Sala Constitucional, Voto No. 3657 del 7 de mayo del 2003)  

 V.- Por otra parte, en relación a los criterios de valoración de la prueba testimonial, el mismo sistema de libre apreciación probatoria de la jurisdicción agraria, implica que debe analizarse cada caso concreto de acuerdo a las circunstancias. Por ende, no puede aplicarse una misma regla o solución a todos los casos, como lo pretende la representante de la Procuraduría General de la República. En este caso concreto, el Tribunal en pleno considera que la prueba testimonial, en cuanto al tiempo de la posesión del titulante y su anterior transmitente, ha sido bien apreciada, y así se plasma en el razonamiento vertido por la a-quo en el considerando sexto, donde analiza, uno a uno los testigos propuestos para demostrar la posesión decenal anterior a la creación de la reserva de Río Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964), pues los testigos  José Eduvino Camacho Flores, Luis Guillermo Calvo Navarro y Ronulfo Mora Fonseca, declararon una posesión anterior a 1954 (sea 10 años antes de la creación de la REserva). En la especie, es importante considerar no solamente la declaración de los testigos, sino también verificar otras circunstancias para determinar si el inmueble acusa o no una larga posesión. 

 VI.- En cuanto al agravio, relacionado con los robledales, este Tribunal ha indicado en forma reiterada lo siguiente:  El agravio relativo a la afectación de los 2 kilómetros de la Carretera Interamericana, tampoco es de recibo porque pretende la Procuradora aplicar una Ley o norma derogada desde 1973. La apelante no considera, como bien lo hacer ver la a-quo, que la Ley Forestal de 1996, permite la titulación de las áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se demuestre una posesión decenal anterior a su respectiva Ley o Decreto de creación. En este caso, en consecuencia, debe prevalecer el criterio de la posesión decenal anterior  a la creación de la Reserva Forestal de Río Macho creada por Decreto en 1964 y si está demostrada esa posesión desde 1950, ello es suficiente para autorizar la titulación, el primer poseedor fue José Segura, luego la pasó a su hijo Alexis Segura, luego de José Luis, quien ha reforestado, (escuchar declaraciones testimoniales documento incorporado el 11/08/2016 a las 08:12:25 a.m., en particular), Adalberto Víquez Gómez quienes dan fe de una actividad agroambiental sostenible y manifestó conocer la finca desde 1948 y los sucesivos poseedores. El testigo José Rafael Torres Camacho, dice conocer la finca hacía 50 años, nació en 1941 y la conoció como en el año 54 (aclara que desde que tenía 9 años la conoce y actualmente tiene 73 años), cuando era de José Segura, luego de Alexis Segura, quien era el hijo, luego se la vendió a don José Luis, indicó que trabaja en trucha, algunas vaquitas "para el gasto", y ha conservado el bosque.  El testigo Luis Guillermo Calvo, quien manifestó tener 69 años de edad y conocer la finca toda la vida, le pertenecía a José Segura, luego se la pasó a Alexis Segura y éste a José Luis. Como puede verse, todos los testimonios son coincidentes con el tracto sucesivo respecto al inmueble, desde aproximadamente el año 1950. Además, dan fe de la conservación del bosque, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias.

 Así lo ha resuelto el Tribunal en reiteradas ocasiones:  "...En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega  la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de dos mil metros  a ambos lados del trazado de la Carretera Panamericana, tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que  al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000  metros de ancho a cada lado del cazado de la carretera panamericana."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­  (Tribunal Agrario, No. 306-F-10 de las 8:40 del 13 de abril del 2010, entre otros. Además, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13). 

 En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en otro antecedente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la Carretera Panamericana, tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la carretera panamericana."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­" (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010).  

 En otro voto, se señaló lo siguiente: "V.- En este proceso, de igual manera, los testigos María Mena Torres (folio 189), Isidoro Abarca Hernández (folio 190) e Hilario Meliso Abarca Romero (folio 192), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1964, incluso los testigos se refieren a que conocen la finca desde los años 1950 y 1951, respectivamente. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Río Macho, y haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá confirmarse el fallo". (Tribunal Agrario, No. 1054-F-10 de las 13:46 del 3 de noviembre del 2010).

 VII.- Aunado a lo anterior, debe indicarse por parte de este Tribunal, que la Procuraduría General de la República, impugnó mediante acción de inconstitucionalidad (Expediente No. 16-011502-0007-co), la linea jurisprudencial de este Tribunal que interpreta que con la prueba de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias), es posible autorizar la titulación del bien. Dicha acción fue declarada SIN LUGAR, por voto de mayoría, número 001142/2017 de las once horas veinte minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete. Por otra parte, la representante del Estado, Procuradora Adjunta, tenía la posibilidad de oponerse en este proceso de jurisdicción no contenciosa, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley (dentro del mes siguiente a la fecha de notificación), sin embargo, al no oponerse le abre la posibilidad al titulante el hecho de poder demostrar la posesión decenal (anterior a la creación del área protegida), en la vía no contenciosa. Por el contrario, si se hubiera opuesto en tiempo, sería la parte interesada la que deba demandar al Estado, en la vía correspondiente, en defensa de su derecho. 

 VIII.- En cuanto a la aludida falta de posesión ecológica, este Tribunal también comparte el razonamiento del a-quo en ese sentido, a saber:  "En este punto, conviene resaltar que dicha posesión además ha sido ejercida protegiendo los recursos forestales e hídricos existentes en el inmueble, pues incluso el titulante se preocupó por tener una concesión de agua precisamente al dedicarse en  los últimos años a la producción de trucha. Amén de que no hay elementos probatorios suficientes que permitan considerar que la cobertura forestal fue afectada directamente  por el titulante, pues incluso los árboles pueden perderse no sólo por una acción directa del ser humano sino por cuestiones propias de la naturaleza, máxime en un área tan pequeña como lo es el terreno que aquí se pretende titular.- Véase que en este caso si bien en el estudio foto interpretativo del Registro Nacional referente al inmueble, evidencia que sufrió reducción la cobertura forestal, ello no implica por sí solo que, fuere realizado por el titulante. Cabe resaltar que es criterio de esta autoridad, que diferente resulta cuando, abiertamente una persona titulante realiza actos en contra de  los recursos naturales y que constan elementos probatorios, como peritajes o testigos, que así lo demuestran..." (sentencia de primera instancia, página 7). Véase que el titulante aportó la Certificación de uso conforme del suelo (ver estudio de suelos incorporado el 02/06/2021) y además por la propia manifestación de la Procuradora el mismo se puso en regla con el tema de la concesión de agua para el manejo sostenible de la crianza de trucha, así como deberá seguir las recomendaciones del INTA, conforme se dispuso en la sentencia estimatoria.

  IX.- En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar, en lo apelado, la sentencia recurrida.

POR TANTO:

En lo apelado, se confirma la sentencia recurrida.

 

 

 

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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UO3SPUFAMRY61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-000067-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:28:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENT:

21-000067-0699-AG - 7

PROCEEDING:

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

PETITIONER:

RANDAL ALEXANDER GOMEZ  MARIN

RESPONDENT:

RANDAL ALEXANDER GOMEZ  MARIN

 

VOTE No. 2023000558

 

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At seven hours forty-nine minutes on the fifth of July two thousand twenty-three.-

POSSESSORY INFORMATION promoted by RANDALL ALEXANDER GÓMEZ MARÍN, of legal age, single, farmer, resident of La Cima de Copey de Dota, identity card number three - four hundred seventy-seven - two hundred forty-five. The INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal entity identification number four - zero zero zero - forty-two thousand one hundred forty-three - eleven, represented by its general judicial attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, twice divorced, attorney, resident of San Ramon, identity card one - five hundred ninety-eight - one hundred one, bar association number twenty-one thousand three hundred forty-two; PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, attorney, resident of San Ramón, identity card number two - five hundred forty-five - six hundred one, bar association number nineteen thousand four hundred ninety-five, in her capacity as deputy procurator. The special judicial attorney for the petitioner is Lic. Lenin Mendiola Varela, identity card six - one hundred ninety-four - four hundred sixty-seven, bar association number three thousand seven hundred ninety-six. Processed before the Agrarian Court of Cartago.

Judge Ulate Chacón writes; and,

CONSIDERING:

I. DETAIL OF PROCEEDINGS: 1.- The petitioner Randall Alexander Gómez Marín, requests the approval of these possessory information proceedings over the property described as follows: Land of solar nature with ponds, located in Paso Macho of the Second District San Isidro, Eighth Canton El Guarco, of the Province of Cartago, Bordered on the North: La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima, South: public road, East: in part with La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima and Carlos Orlando Romero Navarro; West: in part with La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima and public road, Area: Six Thousand Five Hundred Twenty-Nine Square Meters, described according to cadastral plan C- 2109391-2019.- (see virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, filing incorporated on 06/02/2021 07:33:25; 07/30/2021 11:52:56 and first instance judgment incorporated on 01/25/2023 13:35:01, respectively). 2.- The Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding, without expressing opposition. (See virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, filings incorporated on 08/20/2021 12:23:42 and 09/08/2021 03:32:16). 3.- Judge Silvia Elena Sánchez Blanco, of the Agrarian Court of Cartago, in judgment number 2023000008, at thirteen hours thirty-five minutes on the twenty-fifth of January two thousand twenty-three, resolved: "POR TANTO: Based on the foregoing, in accordance with the POSSESSORY INFORMATION LAW No. 139 of July 14, 1941 and its amendments, THESE PROCEEDINGS OF POSSESSORY INFORMATION ARE APPROVED, promoted by RANDALL ALEXANDER GÓMEZ MARÍN, of legal age, single, farmer, holder of identity card number three-four hundred seventy-seven-two hundred forty-five, resident of La Cima de Copey de Dota, one kilometer five hundred meters northeast of the Catholic Church.- The PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, is to proceed to register in his name, without prejudice to third parties with better right and with the legal limitations stated below, the property detailed as follows: Land of solar nature with ponds, located in Paso Macho of the Second District San Isidro, Eighth Canton El Guarco, of the Province of Cartago, Bordered on the North: La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima, South: public road, East: in part with La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima and Carlos Orlando Romero Navarro; West: in part with La Puerta de Osaka V R Sociedad Anónima and public road, Area: Six Thousand Five Hundred Twenty-Nine Square Meters, described according to cadastral plan C- 2109391-2019.- Property that was valued, like these proceedings, at the sum of ten million colones, as all requirements established for this purpose by the Possessory Information Law have been fulfilled. The certification of this judgment shall serve to register the cited property in the Property Registry. Said registration must be made warning the titleholder that the right-of-way of the adjoining public street is fourteen meters wide, fully complying with the provisions of article 4 of the General Law of Public Roads and 19 subsection \"a\" of the Possessory Information Law, therefore the registration must be made subject to the limitations contained in articles article 4 of the General Law of Public Roads, 19 subsection \"a\" of the Possessory Information Law, and those contained in numeral 33, subsection b) of the Ley Forestal number 7575, the cutting or elimination of trees is prohibited.- Once this resolution becomes final, issue the respective enforceable order and archive this matter.- The petitioner must comply with the observations and recommendations made in the Soil Study presented.- Notify.- (see virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, first instance judgment incorporated on 11/30/2022 19:32:2). 5.- Lic. Yamileth Monestel Vargas, in her capacity as Procurator, filed an appeal with express indication of the reasons on which it is based to refute the thesis of the trial court (see virtual desktop of the Agrarian Court of Cartago, filing incorporated on 02/02/2023 11:57:13)

II.- The Tribunal endorses the statement of facts deemed accredited as having good evidentiary support.

III.- The representative of the State, Yamileth Monestel Vargas, disagrees with the judgment approving the possessory information, considering that the property is within the strip of two kilometers adjacent to the inter-American highway, an encumbrance (afectación) which she considers prior to the Reserva Forestal Río Macho. 1) In her opinion, the testimonial evidence is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession (posesión decenal) prior to the effective date of the Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, which established in its article six that public lands (baldíos) located within a zone of 2000 meters in width on each side of the Pan-American highway route cannot be transferred (Informe SINAC-ACC-OF-238-2022), and then in 1945, included the rest of the route that contained oak trees (robles). While it is true the regulation was repealed on November 9, 1973, by Law No. 5385 of October 30, 1973, years before that repeal the Reserva Forestal Río Macho had been created (Decreto No. 1-A of January 23, 1964, effective as of February 4, 1964). She highlights that the Constitutional Chamber in votes 98-2015, Considerando VI and 18836-2014, has indicated a public domain encumbrance starting from Law No. 2528. Which, she also considers has been the criterion of the Agrarian Tribunal in some votes, among others No. 533-F.-13, 623-F-11 and 649-F-12. She also considers that repealed Law survives for facts or situations that occurred under its validity (Constitutional Chamber No. 18840-2014, among others). The judgment recognizes ten-year possession prior to said Reserve from the years 1948, 1949 and 1950-1953, a period for which the land with oak forest cover (cobertura de robledales), was already encumbered as a National Park between 1945 and 1973. Furthermore, she considers that the deponents could not have referred to a possession prior to that date due to their age, as at that time they were between 5 and 1 year old. She considers they did not clearly refer to the time of possession of each of the owners. Additionally, she adds that ecological possession (posesión ecológica) has not been fulfilled, as there exist trout hatcheries without a concession, and the forest cover (cobertura boscosa) is reduced and the land was leveled according to the soil study, also being an area of high hydrological fragility. She requests that the ruling be revoked and the titling be rejected.

IV.- Firstly, the appellant must be reminded that in agrarian matters, the principle of free assessment of evidence (libre apreciación probatoria) governs (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), which allows judges to give reasons of logic, experience, and common sense, regarding the assessment of testimonial evidence. Regarding this assessment system, this Tribunal has repeatedly indicated: The Judge must have broad powers to appraise and evaluate the evidence received. The free judicial assessment of evidence responds to the ex officio principle, which grants broad initiative to the judge in matters of evidence. Both in the labor process, and in the \"agrarian\" one, inspired by the former, our legislator provided for the system of free assessment of evidence. It does not involve arbitrary assessment, nor assessment \"in conscience\" (en conciencia). It is a system completely attached to the rules of the legal system, which guarantee the possibility for the judge to base their judgments on principles of law and equity. The Agrarian Judge is not subject to or constrained by the pre-determined value that common procedural law (CPC) confers on a certain type of evidence. For example, confession is full proof against the one who makes it; or the demonstration of verbal contracts up to a certain economic limit. Those criteria, typical of the civil process, would limit the powers of the agrarian judge, and would notably impede correct administration of agrarian justice. The power of free assessment of evidence is expressly granted by the Ley de Jurisdicción Agraria, in its article 54, when indicating in its second paragraph: \"When resolving on the merits of the matter, the judge shall assess the evidence in conscience and without strict subjection to the rules of common law, but, in any case, when analyzing the result of the evidence gathered in the process, must express the principles of equity or law on which they base their criterion.\" It is a power that the Agrarian Judge develops at the time of issuing judgment (Agrarian Tribunal No. 31 at 9:40 a.m. on January 21, 1999 and No. 1018 at 1:00 p.m. on December 7, 2005). Due to its importance, a recent judgment of the Constitutional Chamber on this principle, a pillar of Costa Rican agrarian procedural law, is transcribed: \"I.- In relation to the assessment \"in conscience\" (a conciencia) of the evidence. The claimant questions the constitutionality of the second paragraph of article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria, insofar as it allows the judge to assess evidence in conscience and without strict subjection to rules of common law, which they consider a violation of the principles of legality, equality, due process, prompt justice (arts. 11, 33, 39 and 41 of the Political Constitution) and art. 154 of the Political Constitution. …In this way, far from affecting a constitutional right, it establishes a formal procedural prerequisite to precisely guarantee due process: that of substantiating the assessment of the evidence that will allow the eventual aggrieved party their defense in relation to what is the object of their harm and the superior body to make a fair examination of the proceedings that are brought to their knowledge. Likewise, it should be noted that this principle is a manifestation of the application of the protective principle that governs labor jurisdiction, and which is concretized in the principle \"in dubio pro operario\", which is justified by virtue of the basic inequality that exists between the parties - employer/worker -, not only due to the subordination relationship in which the worker finds themselves, but, fundamentally due to the natural availability of the means of proof that the employer has, which contrasts sharply with the employee's difficulty in this regard. The warning must be made that what is contrary to the constitutional order is deciding in conscience and with total disregard of the other elements of conviction, as this Chamber pointed out in constitutional judgment number 5546-95, at fifteen hours six minutes on October eleventh, nineteen hundred ninety-four. Based on the foregoing, it is appropriate to interpret the norm in question such that the power of labor judges to assess the evidence in conscience is not unconstitutional, provided that a substantiated ruling is issued, applying the rules of sound judgment (sana crítica) and reasonability. Therefore: The action is declared without merit\".:. (judgment No. 4448-96 at 9:00 a.m. on August 30, 1996). Consistent with the transcribed jurisprudence, the power granted to the agrarian judge to assess the evidence in conscience and evaluate it without strict subjection to the rules of common law as provided in the second paragraph of the challenged article 54 is not unconstitutional, provided they issue a substantiated ruling, that is, analyze the result of the evidence gathered in the process and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thereby respecting the minimum contents of the right to defense. Hence, it is appropriate to dismiss the action on the merits in this regard… \"The principle of equality, contained in Article 33 of the Political Constitution, implies that in all cases, equal treatment must be given regardless of possible differentiating elements of legal relevance that may exist; or what is the same, not all inequality necessarily constitutes discrimination. Equality, as this Chamber has said, is only violated when the inequality is devoid of an objective and reasonable justification. But in addition, the cause of justification for the act considered unequal must be evaluated in relation to its purpose and effects, in such a way that a reasonable relationship of proportionality must necessarily exist between the means employed and the purpose itself. That is, equality must be understood in terms of the circumstances that occur in each specific case in which it is invoked, such that universal application does not prohibit contemplating different solutions to different situations, with diverse treatment. All of the above means that equality before the law cannot imply material equality or real and effective economic equality.\" (Judgment number 1770-94, and in the same sense, number 1045-94.)\" Consistent with the transcribed constitutional jurisprudence and given the specific characteristics of agrarian procedural law, the implementation of the method of assessment of evidence in conscience for the cases governed by the second paragraph of article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria under scrutiny is fully valid, and therefore no violation of the principle of equality is evident. Each type of judicial process -civil, criminal, labor, agrarian, etc.- has, by reason of its specific nature, different characteristics that oblige the legislator to create norms and procedures that adjust to that special nature and that, at the same time, guarantee and protect the fundamental rights of the different procedural parties. Hence, aspects such as the assessment of evidence can vary from one process to another, without this being harmful to the principles of due process. By reason of the foregoing, the action must be dismissed in this sense, and this Chamber finds no grounds to vary its criterion, nor reasons of public interest that would justify reconsidering the question, therefore the action must be dismissed on the merits.\" (Constitutional Chamber, Vote No. 3657 of May 7, 2003)

V.- On the other hand, regarding the criteria for assessing testimonial evidence, the same system of free assessment of evidence in agrarian jurisdiction implies that each specific case must be analyzed according to the circumstances. Therefore, a single rule or solution cannot be applied to all cases, as the representative of the Procuraduría General de la República intends. In this specific case, the full Tribunal considers that the testimonial evidence, regarding the time of possession of the titleholder and their previous transferor, has been well assessed, and this is reflected in the reasoning expressed by the trial judge (a-quo) in Considerando six, where they analyze, one by one, the witnesses proposed to demonstrate the ten-year possession (posesión decenal) prior to the creation of the Reserva de Río Macho (Decreto No. 1-A of January 23, 1964, effective since February 4, 1964), since the witnesses José Eduvino Camacho Flores, Luis Guillermo Calvo Navarro and Ronulfo Mora Fonseca, declared a possession prior to 1954 (that is, 10 years before the creation of the Reserve). In this case, it is important to consider not only the declaration of the witnesses, but also to verify other circumstances to determine whether or not the property shows a long possession.

VI.- Regarding the grievance, related to the oak trees (robledales), this Tribunal has repeatedly indicated the following: The grievance relating to the 2-kilometer encumbrance of the Inter-American Highway is also not admissible because the Procurator intends to apply a Law or regulation repealed since 1973. The appellant does not consider, as the trial judge correctly points out, that the Ley Forestal of 1996, allows the titling of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), as long as ten-year possession (posesión decenal) is demonstrated prior to their respective creation Law or Decree. In this case, consequently, the criterion of ten-year possession prior to the creation of the Reserva Forestal de Río Macho created by Decree in 1964 must prevail and if that possession is demonstrated since 1950, that is sufficient to authorize the titling, the first possessor was José Segura, then it passed to his son Alexis Segura, then to José Luis, who has reforested, (listen to testimonial declarations document incorporated on 08/11/2016 at 08:12:25 a.m., in particular), Adalberto Víquez Gómez who attest to a sustainable agro-environmental activity and stated they knew the farm since 1948 and the successive possessors. Witness José Rafael Torres Camacho, says he has known the farm for about 50 years, was born in 1941 and knew it around the year 54 (he clarifies that he has known it since he was 9 years old and he is currently 73 years old), when it belonged to José Segura, then to Alexis Segura, who was the son, then he sold it to don José Luis, indicated he works in trout, some cows \"for household expenses\", and has conserved the forest. Witness Luis Guillermo Calvo, who stated he is 69 years old and has known the farm all his life, it belonged to José Segura, then passed to Alexis Segura and he to José Luis. As can be seen, all testimonies are coincident with the successive chain of ownership (tracto sucesivo) regarding the property, from approximately the year 1950. Furthermore, they attest to the conservation of the forest, complying with the provisions of article 7 of the Possessory Information Law.

Thus the Tribunal has resolved on repeated occasions: \"...In this case, both testimonial and documentary evidence refer to a time prior to the year 1965. However, the State representative alleges the public domain encumbrance is prior to that date, since it involves a property that has oak trees (robles) and is located within a zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway route, as provided by subsection a) of article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973, however, she points out, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decreto No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites earlier regulations that imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that when article 7 of the Possessory Information Law came into effect, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, a de-encumbrance (desafectación) of the public domain occurred, requiring proof of ten-year possession (posesión decenal) prior to the effective date of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as an owner (a título de dueño), that is, a situation which, in the opinion of the appellant, did not occur because according to articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939 -already repealed-, possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those norms provided: \"Public lands (baldíos) located in a zone ... of 2000 meters in width on each side of the Pan-American highway route may not be transferred.\"; and: \"The Executive Branch may lease through contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in article 6 in an extension no greater than two hundred fifty hectares, if dedicated to the raising or fattening of cattle, and no greater than one hundred twenty-five hectares, if intended for agricultural crops... \". She adds that Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the Ley General de Terrenos Baldíos adding the element of oak trees (robles), declaring as National Park the lands within the two-thousand-meter zone on both sides of the Pan-American Highway of the rest of the route to be constructed that have oak trees. According to the relationship of cited norms, possession in the character of lease (arrendamiento) could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, possession of those lands in the character of owner could have been entered. However, on that date, the lands within the two-thousand-meter zone on both sides of the Pan-American Highway of the rest of the route to be constructed that have oak trees were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Ley de Tierras y Colonización came into effect, in which the lands located in that sector that had oak trees were declared to be of public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, agrarian possessory acts could not be exercised until the effectiveness of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, allowing those lands to be possessed in a ten-year manner until the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided in the process. Certainly, the Ley de Tierras y Colonización declared those areas public domain, making the exception for those that were under private ownership, as is the case here; coupled with that, such declaration was made by a subsection that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the State representative is not shared. (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10 at 8:40 a.m. on April 13, 2010, among others. Also, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13).

In a case similar to the one now before us, this Tribunal, in another precedent, pointed out regarding the objections of the Procuraduría, the following: \"In this case, both testimonial and documentary evidence refer to a time prior to the year 1965. However, the State representative alleges the public domain encumbrance is prior to that date, since it involves a property that has oak trees (robles) and is located within a zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway route, as provided by subsection a) of article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973 by Law No. 5385 of October 30, 1973, however, she points out, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decreto No. 5389-A of October 28, 1975. She even cites earlier regulations that imposed limitations on that sector. In this regard, the Tribunal considers that when article 7 of the Possessory Information Law came into effect, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, a de-encumbrance (desafectación) of the public domain occurred, requiring proof of ten-year possession (posesión decenal) prior to the effective date of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as an owner (a título de dueño), that is, a situation which, in the opinion of the appellant, did not occur because according to articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939 -already repealed-, possession of that area could only have been exercised through a lease contract. Those norms provided: \"Public lands (baldíos) located in a zone ... of 2000 meters in width on each side of the Pan-American highway route may not be transferred.\"; and: \"The Executive Branch may lease through contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in article 6 in an extension no greater than two hundred fifty hectares, if dedicated to the raising or fattening of cattle, and no greater than one hundred twenty-five hectares, if intended for agricultural crops... \". She adds that Law No. 197 of August 29, 1945 reformed the Ley General de Terrenos Baldíos adding the element of oak trees (robles), declaring as National Park the lands within the two-thousand-meter zone on both sides of the Pan-American Highway of the rest of the route to be constructed that have oak trees. According to the relationship of cited norms, possession in the character of lease (arrendamiento) could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which happened on August 29, 1945. That is, after that date, possession of those lands in the character of owner could have been entered. However, on that date, the lands within the two-thousand-meter zone on both sides of the Pan-American Highway of the rest of the route to be constructed that have oak trees were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Ley de Tierras y Colonización came into effect, in which the lands located in that sector that had oak trees were declared to be of public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, agrarian possessory acts could not be exercised until the effectiveness of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, allowing those lands to be possessed in a ten-year manner until the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence provided in the process. Certainly, the Ley de Tierras y Colonización declared those areas public domain, making the exception for those that were under private ownership, as is the case here; coupled with that, such declaration was made by a subsection that has already been repealed. Consequently, the reasoning of the State representative is not shared.\" (Agrarian Tribunal, No. 306-F-10, at 8:40 a.m. on April 9, 2010).

In another vote, the following was stated: \"V.- In this process, in the same way, the witnesses María Mena Torres (folio 189), Isidoro Abarca Hernández (folio 190) and Hilario Meliso Abarca Romero (folio 192), attest, not only to the chain of transferors, but also to the ten-year possession (posesión decenal) prior to 1964, even the witnesses refer to having known the farm since the years 1950 and 1951, respectively. With this, the provisions of article 7 of the Possessory Information Law are complied with, by demonstrating ten-year possession prior to the creation of the Reserva Forestal Río Macho, and having protected the forest resource. Consequently, the ruling must be confirmed.\" (Agrarian Tribunal, No. 1054-F-10 at 1:46 p.m. on November 3, 2010).

VII.- In addition to the foregoing, this Tribunal must indicate that the Procuraduría General de la República, challenged through an action of unconstitutionality (Case File No.

16-011502-0007-co), the jurisprudential line of this Court interpreting that with proof of ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, according to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, it is possible to authorize the titling of the property. Said action was declared WITHOUT MERIT, by majority vote, number 001142/2017 at eleven hours twenty minutes on January twenty-fifth, two thousand seventeen. Furthermore, the representative of the State, Assistant Procuradora, had the possibility of opposing in this non-contentious jurisdiction proceeding, under the terms provided in Article 5 of the Law (within the month following the date of notification); however, by not opposing, the possibility is opened for the applicant to be able to demonstrate ten-year possession (prior to the creation of the protected area), in the non-contentious venue. On the contrary, if she had opposed in time, it would be the interested party who must sue the State, in the corresponding venue, in defense of their right.

VIII.- Regarding the alleged lack of ecological possession, this Court also shares the reasoning of the lower court in that regard, namely:  "At this point, it is worth highlighting that said possession has also been exercised protecting the forest and water resources existing on the property, since the applicant even took care to have a water concession precisely by dedicating himself in recent years to trout production. Besides the fact that there is insufficient evidentiary elements to consider that the forest cover (cobertura forestal) was directly affected by the applicant, since even trees can be lost not only by direct human action but also by matters inherent to nature, especially in an area as small as the land that is sought to be titled here.- Note that in this case, although the photo-interpretive study of the National Registry regarding the property shows that the forest cover suffered reduction, that does not in itself imply that it was carried out by the applicant. It is worth highlighting that it is the criterion of this authority that it is different when a titling applicant openly carries out acts against natural resources and there exist evidentiary elements, such as expert reports or witnesses, that so demonstrate..." (first instance judgment, page 7). Note that the applicant provided the Certification of compliant land use (see soil study filed on 02/06/2021) and furthermore, by the Procuradora's own statement, he brought himself into compliance regarding the water concession for the sustainable management of trout farming, as well as he must follow the recommendations of INTA, as ordered in the favorable judgment.

IX.- By virtue of the foregoing, the proper course is to affirm, in what was appealed, the appealed judgment.

THEREFORE:

In what was appealed, the appealed judgment is affirmed.

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ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISOR JUDGE

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ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISOR JUDGE

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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISOR JUDGE

EXP: 21-000067-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

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SCIJ de la Procuraduría General de la República