Res. 01098-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Criminal action for land-use change does not prescribe while its effects persistNo prescribe acción penal en delito de cambio de uso del suelo mientras persistan sus efectos

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 01098 - 2023

Fecha de la Resolución: 24 de Agosto del 2023 a las 09:20

Expediente: 15-000126-0485-PE

Redactado por: Kathya Jiménez Fernández

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal

Tema: Prescripción de la acción penal

Subtemas:

Análisis en relación con el delito permanente.

Tema: Delito permanente

Subtemas:

Concepto y consecuencias en relación con la prescripción de la acción penal.

Tema: Drenaje de humedales

Subtemas:

Delito permanente.

Tema: Cambio no autorizado del uso de la tierra

Subtemas:

Naturaleza jurídica.

"II.- [...] [...]"

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

 

Resolución: 2023-1098

Expediente: 15-000126-0485-PE (14)

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nació el 12 de diciembre de 1972, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], en unión libre, vecino de Limón, Tortuguero; por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión de los recursos, las juezas Kathya Jiménez Fernández, Rosaura Chinchilla Calderón, Patricia Vargas González. Se apersonaron en esta sede la licenciada Margot Avellán Ruiz en representación de la Procuraduría General de la República y,

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 307-2022 de las 16:30 horas del 20 de agosto de 2022, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo anteriormente señalado y los artículos 1, 2, 31 al 34, 311inciso d) del Código Procesal Penal se ordena el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por Extinción de la Acción Penal por Prescripción del imputado [Nombre 001], por los delitos de INVASIÓN A ÁREA DE PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO DE RECURSO FORESTAL, CAMBIO DE USO DE SUELO Y DRENAJE DE HUMEDAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES Se dispone la revocatoria de la rebeldía y la cancelación de la orden de captura que se había acordado en contra del imputado [Nombre 001], así como el cese de cualquier medida cautelar que se mantenga en su contra por esta causa. Una vez firme este fallo archívese el expediente y retírese del libro de entradas del despacho. Sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE. Warren Jugo Madrigal. Juez de juicio.” (sic, folios 284-285).

 II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la licenciada Margot Avellán Ruiz.

 III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza Jiménez Fernández; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Admisibilidad y competencia. (A) La licenciada Margot Avellán Ruiz, representante de la Procuraduría General de la República, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por esta vía y cumple con los requisitos mínimos exigidos por los artículos 458 y 460 del Código Procesal Penal, por lo que es admisible para su estudio. Se advierte que no consta recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, por lo que eventualmente y dependiendo de lo que aquí se resuelva perdería legitimación para intervenir. (B) Este caso se tramita en contra del aquí imputado y de [Nombre 004]. A la segunda acusada se le condenó mediante sentencia No. 146-2020 por parte del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con la integración de Viviana Torres Jiménez (cfr. folios 139-155), en los siguientes términos: "(...) se declara a [Nombre 004] AUTORA RESPONSABLE de un delito de invasión de una zona de protección, en concurso ideal con Un delito de Cambio de Uso de Suelo imponiéndole la pena de TRES MESES DE PRISIÓN conforme las reglas de penalidad de este concurso, a su vez se le condena a UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de Drenaje de Humedal, que concurre materialmente con Un delito de aprovechamiento de recurso forestal se le impone una pena de UN MES DE PRISIÓN todos en perjuicio del Medio Ambiente, para un total de UN AÑO Y CUATRO MESES DE PRISIÓN, sanción que deberá descontar en establecimiento carcelario respectivo previo abono a la preventiva cumplida. Por reunir los requisitos exigidos por el Código Penal, se le concede a la sentenciada el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, ello por el plazo de 3 AÑOS, plazo en el cual no podrá cometer delito alguno doloso con pena de prisión mayor a los seis meses, caso contrario, se le podría revocar el beneficio concedido y deberá descontar la pena impuesta. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de [Nombre 004], se condena al pago de daños y perjuicios y las costas del proceso civil en forma abstracta, así como de los intereses legales y moratorios que se generen hasta el pago efectivo de los cánones ordenados. Se ordena el derribo de los ranchos o cualquier construcción que se encuentre en el sitio afectado, se eliminen los canales creados y la restitución de las cosas a su estado original, para lo cual se le otorga un plazo de 6 meses a la encartada bajo la supervisión del MINAET o en su defecto se comisiona a esta institución para realizar las acciones ordenadas. Una vez firme la sentencia se ordena comunicar al instituto nacional de criminología, juzgado ejecución de la pena y al registro judicial para lo de su cargo. NOTIFIQUESE." (sic). Esta sentencia se apeló y mediante voto No. 2020-0916 emitido por este tribunal de apelación (con la integración de A. Araya, G. Rojas e I. Valverde, cfr. fls. 206-210) se resolvió: "POR TANTO: Se declaran sin lugar los recursos de apelación formulados por el licenciado Melvin Acedo Cantón, en su condición de abogado particular de la encartada [Nombre 004] y la imputada en su condición personal, en ejercicio de su defensa material. NOTIFÍQUESE."  Ante recurso de casación interpuesto por la imputada en contra de esta última decisión, la Sala Tercera en resolución No. 01558-2020 del 26 de noviembre de 2020 resolvió: "POR TANTO: Se declara inadmisible el recurso de casación formulado por la acusada [Nombre 004].. Notifíquese" (cfr. fls. 250-258). Del estudio de estos antecedentes se determina que la encartada [Nombre 004] ha sido juzgada y su situación procesal está firme por lo que escapa al escrutinio de esta cámara (artículos 439 y 446 del Código Procesal Penal). Además, ni en la integración del órgano de instancia ni en la de esta cámara se ha vulnerado la imparcialidad de los tribunales pues, aunque los asuntos se han resuelto en forma separada, no han coincidido las integraciones.  

 II.- En el primer apartado de la impugnación y tras reproducir el marco fáctico en que funda la acción civil resarcitoria y que, según se advierte por parte de la recurrente, coincide con el marco querellado (cfr. f. 287 vlto), se muestra inconformidad con la sentencia de sobreseimiento (por prescripción) que se dispuso en esta causa. Alega la representación del Estado que, en relación con los delitos de invasión a áreas de protección, así como cambio de uso de suelo, cuando los actos invasores consisten en obras, modificaciones o construcciones se está en presencia de los denominados delitos continuos o permanentes, conocidos anteriormente como delitos de efectos permanentes. En este tipo de delincuencias, la prescripción de la acción penal comienza su conteo una vez que cesa la permanencia de la obra invasora o aquella causante del cambio del uso de suelo ya que, mientras esta se mantenga, el ilícito se perpetua en el tiempo y cesa cuando el recurso natural se recupera, regenera y vuelve a su estado original. En este asunto, indica la recurrente, los hechos acusados se refieren a la invasión al humedal RAMSAR, lo que se hizo mediante la construcción de drenajes y diferentes estructuras con la intención de cambiar el uso de suelo pasando de una zona originalmente con características de humedal a una de tierra para la siembra de cultivos y de uso habitacional y con ello se trata de un delito permanente, lo cual apoya en citas doctrinarias (Hairabedian, Maximiliano - Zurrueta, Federico, La prescripción en el Proceso Penal, 2006. Pág. 70) y jurisprudenciales (Tribunal de Apelación de Sentencia de San José, voto No. 2013-1512 de las 9:15 horas del 15 de julio de 2013). Desde esta perspectiva, para la impugnante, el tribunal incurrió en un error pues las obras invasoras permanecen en el sitio y no hay constancia alguna de que hayan desaparecido y regenerado la zona. Por lo expuesto, al haberse omitido la valoración de la naturaleza del delito, su carácter de permanente y las reglas de prescripción solicita se revoque la resolución impugnada y se prosiga con el presente proceso. No consta pronunciamiento de las demás partes. El reclamo es procedente. El examen de la sentencia apelada determina que asiste razón a la representación estatal, en condición de querellante y actor civil, desde que el a quo inobserva las reglas aplicables en el cómputo de la prescripción y así sobresee penalmente al imputado [Nombre 001] sin que emitiera pronunciamiento respecto de la acción civil resarcitoria. En el considerando ÚNICO, se estimó que el plazo máximo de prescripción de los hechos es de tres años para los delitos de invasión de área de protección, aprovechamiento forestal, cambio de uso de suelo y drenaje de humedal, por lo que, al contabilizarse ese plazo a la mitad a partir de la indagatoria rendida en fecha 15 de abril del 2015 y los demás actos interruptores, la prescripción operó. Al respecto dice la sentencia: "El último acto interruptor, en el caso del imputado [Nombre 001] fue el señalamiento a juicio ordenado 17 de diciembre del año 2019. Debe recordarse que desde el 01 de noviembre del 2011, fecha del señalamiento a debate hasta el 03 de febrero del 2020 se había contabilizado 1 meses y 15 días del plazo de prescripción y que en esa fecha se ordenó la rebeldía de este imputado, la cual mantuvo suspendido el conteo del plazo desde el 03 de febrero del 2020 hasta el 03 de agosto del 2021, en ese momento se retomó la contabilidad del plazo de prescripción, el cual transcurrió en su totalidad al día 17 de diciembre del año 2022, momento en que se cumplió el año, 10 meses y 15 días que restaba" (cfr. fls. 284-285). A) A fin de contextualizar los reclamos y fijar la calificación jurídica (al menos provisional), se tiene que a [Nombre 001] se le atribuyó, por parte de la Procuraduría General de la República —cuyo planteamiento coincide en esencia con los hechos de la acción civil (que reproduce en el recurso de apelación de f. 287) y el requerimiento del Ministerio Público sobre el que se dispuso el sobreseimiento definitivo (sin tomar en consideración la hipótesis acusatoria particular ni la pretensión civil)— lo siguiente: "1.- Sin precisar fecha exacta pero si a finales del año 2014 y hasta el día 10 de enero del año 2015, en Barra Tortuguero, Laguna Penitencia del Hotel Caribbean Paradise 1 kilómetro sur, coordenadas N1167103 con E552982, sitio de humedal RAMSAR; los acusados [Nombre 001] y [Nombre 004], a sabiendas de su actuar ilícito y sin contar con los permisos de la Administración Forestal de Estado, invadieron el Parque Nacional Tortuguero y cambiaron su uso de suelo, ya que talaron con objeto idóneo 40 árboles de las especies caobilla, gavilán, copadillo, cedrillo y achotillo en zona bosque. 2.- De seguido, los imputados [Nombre 001] y [Nombre 004] con el fin de aprovechar la madera anteriormente talada para edificaciones, así como lograr el secado del humedal referido, los encartados a sabiendas de la ilicitud de sus actos y sin contar con los permisos del Sistema de Áreas de Conservación, construyeron en área del humedal RAMSAR coordenadas N1167103 con E552982 un canal de drenaje de 387 metros de longitud, con un ancho de 1.5 metros y con una profundidad de 0.7 metros con el cual drenaban el referido humedal, mismo canal usado a la vez para el transporte de la madera talada en el Parque Nacional Tortuguero. 3.- Una vez con los árboles talados sin los permisos de la Administración Forestal del Estado en su poder, los endilgados [Nombre 001] y [Nombre 004] aprovecharon dicho recurso forestal (la madera) e invadieron el Humedal RAMSAR, coordenadas N1167103 con E552982, ya que con la finalidad de mantenerse en el sitio, cambiaron el uso del suelo destinado en el lugar de bosque a vivienda pues construyeron en el sitio con los árboles talados, una estructura como vivienda en la cual residen, misma de 60 metros cuadrados, aunado a ello los endilgados realizaron otra edificación de 72 metros cuadrados, y construyeron una tercera estructura que sirve de bodega, esta de 28 metros  cuadrados, en la cual mantenían almacenada 64 piezas de la madera talada dentro del Parque Nacional Tortuguero. 4.- El actuar ilícito de los imputados ha ocasionado un daño ambiental valorado en la suma de 7. 151. 942.60 colones" (sic. cfr. folio 284, s suplen los destacados). B) Decisión de esta cámara. 1. Recuento procesal. a) El 10 de enero de 2015 los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Tortuguero realizaron la inspección en una propiedad, supuestamente perteneciente a [Nombre 001], y determinaron la existencia de un drenaje zanjado con pala; varios árboles aserrados; una bodega de zinc con madera almacenada y un rancho construido con madera aserrada con motosierra (cfr. informe ACTO-GASP-PNT-4E-CP-005-2015). b) El imputado [Nombre 001] fue indagado el 15 de abril de 2015 (cfr. f. 17). c) Se convocó para audiencia preliminar en fechas 10 de octubre de 2016 y 20 de febrero de 2018. d) Los señalamientos a juicio se dictan el seis de mayo de 2019; 22 de mayo de 2019; siete de junio de 2019 y 17 de diciembre de 2019. e) El tres de febrero de 2020 se dispone la rebeldía en contra del imputado [Nombre 001] (cfr. f. 135) y se levanta la captura el día 23 de diciembre de 2022. f) Sin nueva convocatoria a juicio, a las 16:30 horas del 20 de agosto de 2022 se dicta la sentencia que aquí se discute. 2. Naturaleza jurídica de los delitos invasión de área de protección, cambio de uso de suelo y drenaje de humedal y plazo de prescripción aplicable. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado [Nombre 001] en asocio de [Nombre 004] (ya sentenciada) “…invadieron el Parque Nacional Tortuguero y cambiaron su uso de suelo, (…) invadieron el Humedal RAMSAR, (...) cambiaron el uso del suelo destinado en el lugar de bosque a vivienda pues construyeron en el sitio con los árboles talados, una estructura como vivienda en la cual residen, misma de 60 metros cuadrados, aunado a ello los endilgados realizaron otra edificación de 72 metros cuadrados, y construyeron una tercera estructura que sirve de bodega, esta de 28 metros  cuadrados, en la cual mantenían almacenada 64 piezas de la madera talada dentro del Parque Nacional Tortuguero" (se suplen los destacados). Al margen de lo relativo al tema concursal que deberá ser analizado en el reenvío que se ordenará, del estudio del caso se obtiene que, en principio, las conductas atribuidas son susceptibles de tipificación en las siguientes normas: 2.a) Drenaje de humedal. Este ilícito está regulado en el artículo 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y establece: “Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, quien, sin previa autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales.” Ha sido calificado por la doctrina como de carácter permanente, en tanto la acción típica de drenar o dar salida a las aguas del humedal, ya sea mediante construcción de canales o zanjas, no cesa hasta tanto se elimine, es decir, los efectos se mantienen en el tanto se prolongue la afectación al bien jurídico protegido (ecosistema de humedal). De forma que, en esta clase de delito, el cómputo de prescripción de la acción penal empieza a correr a partir del día que cese su permanencia, o sea, cuando se deje de desaguar el humedal según lo dispone el numeral 32 del Código Procesal Penal. Desde esa perspectiva, resultaba indispensable de previo al cómputo de prescripción, establecer si conforme a las pruebas incorporadas al proceso la situación ilícita provocada (desagüe de humedal por canales) había cesado o se derribaron las estructuras invasoras pues, de lo contrario, el plazo de prescripción no habría iniciado. Respecto del delito permanente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución número 2014-01188, de las 14:18 horas, del 16 de julio de 2014, que parafrasea lo dicho en la número 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001, señaló: “[…] De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico. Estas acciones u omisiones posteriores forman una unidad con la producción del primer resultado. Lo anterior permite ver el acontecimiento total como una única realización del tipo. Como hemos indicado, el primer resultado debe ser el producto de la violación a la norma. La acción u omisión subsiguiente, que forma una unidad con el primer resultado y que constituye también lo injusto, debe ser también objetivamente imputable al autor como su obra...” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1era edición, 2009, pág. 369). Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que “… en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.). Esta particularidad de los delitos permanentes tiene relevancia en orden a otros problemas, como por ejemplo: a) la posibilidad de sobrevenir formas de participación o coautoría tras la consumación; b) cualquiera que sea el momento elegido para ejercer la legítima defensa, en los delitos permanentes la agresión ilegítima siempre es “actual” mientras se mantiene la situación injusta; c) para el cómputo de la prescripción de la acción penal se considera que el plazo corre desde el día en que cesó la permanencia de esa situación injusta (cfr. art. 32 del Código Procesal Penal), pues de lo contrario podría darse el absurdo de que el delito prescribiera sin haber cesado los autores en su actuación típica y antijurídica (...) Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad (...)” (sic. se suplen los destacados). De modo que, respecto de esta imputación la decisión impugnada es errónea al computar los plazos de la prescripción sin observar que se trata de un delito permanente y, por ende, aplica de manera diferenciada el punto de inicio (hasta que cesen los efectos). 2.b) Aprovechamiento forestal y cambio de uso de suelo. El numeral 3 de la ley aplicable que establece: "ARTICULO 3.- Definiciones Para los efectos de esta ley, se considera: a) Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa." De conformidad con el artículo 19 de la Ley Forestal, "en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales” y por su parte el numeral 61 de esa misma normativa dispone: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: (...) c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley." Para definir la naturaleza del delito sancionado en este artículo, conviene reproducir, en extenso, la resolución No. 00691-2022 de la Sala Tercera, que unifica los criterios que han venido operando al respecto en el sentido de si la acción de cambiar el uso del suelo es una actividad puntual y circunscrita a un momento determinado en el que, una vez que cambia la naturaleza de un área que era bosque a repasto, cultivo o cualquier otra (en este caso a unidad habitacional) y por ello es un delito instantáneo con efectos permanentes, es decir, aunque produce una situación antijurídica que se extiende en el tiempo se consuma en un solo momento, cuando se genera el cambio de la naturaleza del suelo y a partir de aquí inicia el cómputo de la prescripción, sus interrupciones y suspensiones, o si se trata de un delito permanente, en cuyo caso la prescripción empieza a correr cuando se elimina la obra invasora o el recurso natural se recupera, inclinándose la Sala por la última posición al sostener lo siguiente: "(...) En su primer motivo, se menciona la “Existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación, propiamente entre la resolución que se impugna número 2021-00625 de las 11.00 h del 22 de junio del 2021 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón y la resolución precedente 2014-0490 de las 09.10 h del 14 de marzo del 2014 dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea” (J.L. Arce, E. Salinas y K. Jiménez). Alega la existencia de precedentes contradictorios, entre el fallo N° 2021-00625 emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021), respecto al voto N° 2014-0490, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las nueve y diez horas del catorce de marzo de dos mil catorce (14/03/2014) (...) Por mayoría, el motivo se declara con lugar. (...) El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto N°2014-490 de las nueve y diez horas del catorce de marzo de dos mil catorce (14/03/2014), ha señalado: “(…) También se pronuncia expresamente la sentencia en cuanto a la cuestión de la prescripción de la acción penal, que no ha operado respecto a esos dos delitos, porque aun habiéndose consumado ambos inmediatamente, el plazo de la prescripción ni siquiera ha empezado a correr, porque no ha cesado la permanencia de sus efectos en el sitio, conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal, que contempla expresamente dicha categoría de delito […] Esta cámara coincide con el tribunal de juicio y con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, en que la prescripción no corre mientras persista la voluntad del imputado de mantener la obra distinta al bosque en el sitio (respecto al delito de «Cambio de uso de la tierra») o de mantener las obras invasoras dentro del área protección de las nacientes (respecto al delito de «Invasión de un área de conservación o protección de una naciente permanente») y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal de Casación Penal (así las sentencias Nº 117 de las 10:15 horas del 15 de febrero de 2002; Nº 193 de las 9:00 horas del 8 de marzo de 2002: Nº 396 de las 12:00 horas del 8 de mayo de 2003; Nº 1158 de las 9:25 horas del 14 de noviembre de 2008) (…)”. Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, en la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021), dispuso: “(…) Esta Cámara ha analizado los argumentos expuestos por la recurrente en defensa de esta tesis y concluye que no le asiste razón. El tema de la clasificación de delitos permanentes o de carácter (o efectos) permanentes, no ha sido pacífico del todo en la doctrina internacional y patria, no obstante es posible obtener postulados importantes en su clasificación y conforme con la naturaleza y características de dichos delitos, extraer en forma objetiva, cuándo nos encontramos ante un delito de consumación inmediata, consumación inmediata con efectos permanentes, o bien delitos cuyo accionar se mantiene en el tiempo, dándoles el carácter de delitos permanentes. Bajo esa tesitura, tenemos que en el caso que nos ocupa, el delito de cambio de uso de suelo, resulta ser un delito inmediato con efectos permanentes. Esta clasificación nos lleva a determinar que, contrario a los delitos “permanentes o continuos”, para los cuales especifica el numeral 32 del código de rito, que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr “desde el día que cesó su permanencia”, para aquella otra clase de delincuencias operan las reglas de prescripción establecidas en los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, tal y como fueron aplicadas en la sentencia bajo examen. Ya este mismo Tribunal de Alzada, -con diferente integración-, se ha pronunciado sobre el tema mediante un análisis doctrinario y legal que se comparte plenamente, y que apunta a que no todos los delitos en contra de la Naturaleza, poseen la característica de ser permanentes (…) Se desprende entonces que el daño sufrido por la naturaleza se circunscribe a la acción ejecutada por el imputado en ese período, mientras que las características propias de un cambio de uso de tierra, hizo efectivo el resultado de inmediato. Lo anterior no significa que durante el proceso penal, no pudiera haber existido un plan de enmienda, mitigación y resarcimiento económico por el daño ambiental causado, lo que para males, no se logró en el proceso por la llegada de extinción de la acción penal. De ahí que resultara legalmente procedente que (…) se hayan aplicado las reglas de prescripción que prevén los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, y que en definitiva conforme con el fundamento dado en el fallo, se determinara que el plazo de prescripción venció un año y medio después del último señalamiento a debate (aparte del período de rebeldía), sin que hubiera operado alguna otra causal interruptora de dicho plazo. Añade esta Cámara, que el principio pro natura y la defensa de los derechos ambientales, son de primera línea en nuestra sociedad, como parte de los derechos fundamentales de las personas, por lo que no se desconoce la trascendencia de una adecuada aplicación del ordenamiento jurídico en esta área, no obstante, esto no significa que pueda introducirse la arbitrariedad en la persecución penal, en relación con los plazos de prescripción, puesto que esto también iría en contra del Estado de Derecho y otros derechos fundamentales de la gente. El Estado, a través de sus respectivos órganos represivos, debe velar por el cumplimiento de las exigencias legales, en el marco de actuación bajo el cual se persiguen las diferentes conductas delictivas, en perjuicio de la Naturaleza (…)”. Solución del caso: En este asunto, la representante del Estado, fustiga las posiciones contradictorias entre dos tribunales de alzada, demostrando para ello la similitud en los supuestos fácticos y en la ratio decidendi. Con el reclamo, la impugnante ha traído a discusión la naturaleza del delito de cambio de uso de suelo previsto y sancionado en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, propiamente en cuanto a si se trata de un delito de consumación inmediata con efectos permanentes, o bien, si es un delito cuyo accionar permanece en el tiempo, por lo que sería un delito permanente. Esta Cámara, respecto a este último tópico ha apuntado: “(…) De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico. Estas acciones u omisiones posteriores forman una unidad con la producción del primer resultado. Lo anterior permite ver el acontecimiento total como una única realización del tipo. Como hemos indicado, el primer resultado debe ser el producto de la violación a la norma. La acción u omisión subsiguiente, que forma una unidad con el primer resultado y que constituye también lo injusto, debe ser también objetivamente imputable al autor como su obra...” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pág. 369). Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que “… en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.). Esta particularidad de los delitos permanentes tiene relevancia en orden a otros problemas, como por ejemplo: a) la posibilidad de sobrevenir formas de participación o coautoría tras la consumación; b) cualquiera que sea el momento elegido para ejercer la legítima defensa, en los delitos permanentes la agresión ilegítima siempre es “actual” mientras se mantiene la situación injusta; c) para el cómputo de la prescripción de la acción penal se considera que el plazo corre desde el día en que cesó la permanencia de esa situación injusta (cfr. art. 32 del Código Procesal Penal), pues de lo contrario podría darse el absurdo de que el delito prescribiera sin haber cesado los autores en su actuación típica y antijurídica; (cfr. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2ª edición, 1990, págs. 152 y 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2ª reimpresión de la 2ª edición, 1998, pág. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco y otra: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, pág. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, s.f.e., pág. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, pág. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155. Respecto al concurso de delitos, véanse las interesantes observaciones de WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 267 y 274). (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001). Por su parte, el delito de efectos permanentes, “ocurre cuando, no obstante haber conseguido el resultado, el imputado tiene una conducta permisiva y estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacerla cesar… de acuerdo con el artículo 32 del cód. proc. pen. (sic) la prescripción empieza a correr desde que cese la situación de permanencia…” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pg. 373-374). La diferencia entre ambas figuras, es entonces que el delito permanente se ejecuta durante un extenso período de tiempo (sic) –mientras se ve agredido el bien jurídico, como por ejemplo en la privación de libertad, en la que cada momento en que el autor no libere a la víctima, implica una constante consumación del hecho-hasta que la acción material cesa por parte del autor, mientras que el delito de efectos permanentes, una vez ejecutado, y aún cesada la acción material del autor, el efecto sobre el bien jurídico se mantiene. Un ejemplo de esto sería el delito de falsificación y uso de documento falso, pues el documento, una vez falsificado, podrá ejercer sus efectos hasta que se declare su invalidez (CASTILLO, op cit., pg. 373) (…)” (Resolución N°1188-2014 de las catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014), también puede leerse catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014). Integrada por: Pereira, Ramírez, Arroyo, Arias y Gómez). Ahora bien, en el tipo penal que nos ocupa, se señala lo siguiente en la Ley Forestal: “Artículo 61.- Prisión de un mes a tres años. Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: (…) c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra (…)”. Tratándose de una norma penal en blanco, para determinar la configuración de la figura delictiva, indiscutiblemente debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Forestal, la cual apunta: “Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.” De las normas sustantivas antes transcritas, es posible determinar que este delito se materializa de manera inmediata (cuando se ejecutan los actos de cambio de uso de suelo), pero su consumación se reitera en el tiempo, en tanto se mantenga la variación del uso de tierra, en detrimento de los recursos naturales, pues no basta con que se haya talado el bosque, dado que mientras en el sitio se desarrolle una actividad distinta a la del bosque y se impide su regeneración, sigue ejecutándose el cambio en el uso del suelo, el cual está expresamente prohibido, siempre y cuando no se cuente con los permisos de la Administración Forestal, razón por la cual se considera un delito de forma y con efectos permanentes. Es claro que el bien jurídico tutelado, que en el particular son los recursos naturales, se ve afectado a cada instante en que el encartado mantenga la modificación del uso de tierra, que inicialmente era un bosque, y que, en apariencia, con su actuar el endilgado lo transformó en otro destino. A propósito del tema de la protección del medio ambiente, y de la necesidad de conservación del mismo para la preservación de las distintas especies que cohabitamos este planeta, es preciso mencionar el desarrollo que hizo al respecto el Tribunal Constitucional costarricense: “(…) VI.- SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber que le atañe al Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es al tenor de dichas disposiciones, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa infraconstitucional ambiental. De esta forma, mediante sentencia No. 2002-04830 indicó, en lo conducente: "Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación." Es así como a partir del texto constitucional el Estado Costarricense debe velar por la protección del ambiente, lo cual implica no sólo que debe tomar las medidas necesarias para impedir que se atente contra éste, sino también que debe adoptar medidas que refuercen su protección y conservación. VII.- PRINCIPIO PRECAUTORIO. La justicia constitucional ha reconocido una serie de principios de tutela del medio ambiente que derivan en obligaciones específicas para el Estado Costarricense. En primer término, resulta de relevancia rescatar para los efectos del caso que se examina, el principio de precaución, el cual se encuentra en su formulación más general en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo principio 15 dispone: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” La Sala ha reconocido el “principio precautorio”, como un principio que obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario –dentro del ámbito permitido por el Ordenamiento Jurídico– a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio. Dentro de esta óptica, mediante la sentencia No. 1250-1999 de las 11:24 hrs. del 19 de febrero de 1999, se dispuso lo siguiente: "(...) en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente." También, en la sentencia No. 132-99 de las 8:18 hrs. del 8 de enero de 1999 se indicó lo que sigue: "El principio de protección al medio ambiente no es una recomendación o una intención que da la Constitución, sino que, por el contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tiendan a proteger el medio ambiente." (El destacado no forma parte del original). La precaución implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, el principio rector de prevención o “principio precautorio” se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este particular, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Es así, como hoy en día la acción precautoria del Estado debe ir encaminada a la tutela del medio ambiente a pesar que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el propio Ordenamiento Costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener efectos nocivos sobre el medio ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Corolario de lo anterior, el principio precautorio no justifica una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales se refiere. VIII.- SOBRE EL DERECHO A UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA NECESIDAD DE REALIZAR UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. Ciertamente, el hombre puede hacer uso de los recursos naturales que se encuentren a su disposición con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, como medio de subsistencia y como fuente de ingresos; sin embargo, tal uso no puede ser de ninguna manera efectuado en detrimento de éstos. En otros términos, el ser humano puede hacer uso de los recursos, siempre que su actividad se lleve a cabo de manera proporcional, racional, más no de forma ilimitada o arbitraria en perjuicio del medio ambiente. Al respecto este Tribunal Constitucional en la resolución No. 4423-93 señaló, en lo que interesa: “(...) Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la condición de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable. El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras (...)” Sobre la misma línea de argumentación, la Sentencia No. 5974-98 estipuló como sigue:“(...) si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para uso de las generaciones futuras; pues de conformidad con el principio de "lesión", el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales; por un lado, los iguales derechos de los demás, y por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)”. El desarrollo sostenible, como tal, va más allá de ser un concepto meramente ambientalista, pues implica una adecuada y sostenida utilización de los recursos naturales para el goce y disfrute de las generaciones actuales, pero sin comprometer los recursos y sin poner en peligro el goce de éstos para las generaciones venideras. En sí mismo, el principio de desarrollo sostenible, encierras varios fines, como lo son los objetivos económicos promoviendo la eficiencia en la utilización de los recursos, sociales al pretender la limitación de la pobreza, y ecológicos al tutelar la preservación de los sistemas físicos y biológicos. Dichos fines deben ser tutelados por el Estado Costarricense de manera conjunta, logrando un equilibrio que encierra la persecución del desarrollo sostenible (…)”. Partiendo de ello, y considerando que nos encontramos ante un delito con efectos permanentes, para los aspectos de la prescripción, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 32 del Código de rito que dispone: “(…) Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr (…) para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia (…)”. Sobre la prescripción en esta forma de delitos, ha señalado la Sala Constitucional: “(…) Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia (…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N°11515-00 de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintiuno de diciembre del año dos mil, también puede leerse 14:39 horas del 21/12/2000). Si bien la cita del fallo recién señalado hace referencia a la usurpación, lo cierto es que nos encontramos ante una situación similar cuando se trata del delito de cambio de uso de tierra, por cuanto al talarse un bosque, y variar por completo su destino, hasta tanto no se haya permitido la regeneración de los recursos naturales, la acción desplegada por el endilgado continuaría generando efectos en perjuicio de los ecosistemas y de futuras generaciones. Así las cosas, bajo estos supuestos no se aplican las reglas estipuladas en el artículo 33 de la normativa procesal penal costarricense, tal y como lo hizo el a quo y el ad quem dentro de este proceso penal, ya que la reducción de los plazos de prescripción, así como la interrupción y suspensión, dependen del momento en que inicie el cómputo del plazo de prescripción (...) En conclusión, esta Cámara por mayoría unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de segunda instancia, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones. (...) Por tanto: Por mayoría, se declara con lugar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la procuradora penal. Esta Cámara unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de alzada, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones. En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde. Por la forma en que se resolvió este reclamo, se omite pronunciamiento sobre el segundo de los reproches. La Magistrada Zúñiga Morales salva el voto. Notifíquese" (sic, fuente NEXUS Poder Judicial). Para tener una referencia completa del desarrollo del tema importa consignar, en extenso también, el contenido del voto salvado que indica: "Si bien, lleva razón la Procuradora Penal, en el sentido de que existen precedentes contradictorios entre el voto aquí recurrido, N° 2021-00625, de las once horas, del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera [asume la posición de que el delito de “Cambio de uso de la tierra”, al ser inmediato con efectos permanentes, no le aplica el numeral 32 del Código Procesal Penal (que dispone que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr “desde el día que cesó su permanencia”), sino que operan las reglas de prescripción establecidas en los artículos 31 y 33 de ese mismo cuerpo normativo] y la resolución N° 2014-0490, de las nueve horas diez minutos, del catorce de marzo de dos mil catorce (09:10 horas del 14/03/2014) emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea [consideró, en un caso en el que se juzgó por el delito de “Cambio de uso de la tierra”, que el plazo de la prescripción de la acción penal no comenzó a correr (conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal), al no haber cesado la permanencia de sus efectos en el sitio] , lo cierto es que, contrario al voto de mayoría de esta Sala, considero que debe confirmarse la resolución dictada por el Tribunal de Apelación en el caso concreto, en cuanto ratificó el sobreseimiento definitivo, por prescripción, dictado por el Tribunal de Juicio. En primer lugar, cabe señalar que los delitos de efectos permanentes se han conceptualizado como aquellos en los que no obstante haberse conseguido el resultado, la persona imputada tiene una conducta permisiva y, estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacer cesar sus efectos (se mantiene el efecto sobre el bien jurídico). Tal y como lo he indicado en múltiples oportunidades, en delitos cuya naturaleza es de efectos permanentes (como sucede con el de “Cambio de uso de la tierra”), al igual que en cualquier otro delito, se le deben aplicar las normas sobre la interrupción y suspensión de la prescripción, pues esa naturaleza de delito de efectos permanentes, sólo tiene sentido y utilidad para iniciar el proceso (persecución penal). Esta posición es consecuente con la que mantenido en otras ocasiones, concretamente, cuando suscribí el voto minoritario en las resoluciones N° 2007-00086, de las nueve horas, del dieciséis de febrero de dos mil siete (09:00 horas del 16/02/2007), del otrora Tribunal de Casación Penal, Sección Primera, San Ramón y N° 2013-1769, de las once horas treinta y cuatro minutos, del doce de agosto de dos mil trece (11:34 horas del 12/08/2013), del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea; así como cuando emití un voto minoritario en los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 2014-00559, de las diez horas y cincuenta minutos, del veintiocho de marzo de dos mil catorce (10:50 horas del 28/03/2014) y N° 2018-00893, de las once horas veinticinco minutos, del siete de diciembre del dos mil dieciocho (11:25 horas del 07/12/2018). El artículo 31 del Código Procesal Penal (CPP) tiene por objeto regular los plazos de prescripción de la acción penal cuando no se ha iniciado la investigación en contra de una persona, ya sea por algún tipo de denuncia o, de oficio, por parte del Ministerio Público en caso de delitos de acción pública; por denuncia en ilícitos de acción pública a instancia privada o, mediante querella en los delitos de acción privada. El numeral 32 del CPP explica la forma de realizar los cómputos de los plazos previstos en el 31 de este mismo texto legal, para determinar si se encuentra o no prescrita la acción penal (pero para iniciar la persecución mediante un proceso penal), según dos supuestos: (i) grado de perfección del ilícito, dependiendo de si se consumó o quedó en grado de tentativa y (ii) modo de afectación del bien jurídico tutelado: dependiendo de si se trata de lo que denomina como delitos “continuos o permanentes”. Es fundamental destacar, se esté de acuerdo o no, que la referencia que efectúa el artículo 32 del CPP –concretamente sobre las peculiaridades de los delitos permanentes– en cuanto al numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, lo hace solo para efecto de iniciar la persecución penal. Hipótesis en la cual, por supuesto, de continuar la afectación del bien jurídico tutelado (en lo que interesa, la realización de actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra o el suelo, contrarias a lo establecido por el artículo 19 de la Ley Forestal) se podrá denunciar, querellar o actuar de oficio el Ministerio Público, pues no ha prescrito la acción penal, la que se comenzaría a computar a partir del momento en que cese la conducta sancionada (si es que cesa). Por su parte, se tiene que el ordinal 33 del CPP indica: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad…”. Como puede advertirse, este artículo no establece ningún tipo de excepción para que esas reducciones automáticas del plazo de la prescripción operen, y eso es así porque, como lo dispone de forma expresa la norma, esta regulación existe para aplicarse siempre que la persecución penal haya iniciado (según los términos dispuestos en el artículos 31 del CPP y con una sola excepción, contemplada en el inciso b), la presentación de la querella, acto con el cual tiene inicio el procedimiento especial para delitos de acción privada). La suscrita no comparte la posición asumida, en el caso en particular, por mis compañeros y mi compañera de Sala, en tanto consideran que ante un delito con efectos permanentes como el de “Cambio de uso de la tierra” y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el artículo 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del numeral 33 de este mismo cuerpo normativo, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario. Con todo respeto considero que, si el ordinal 33 del CPP no establece ninguna excepción para su aplicación, mal se haría, si en perjuicio del encartado se da una interpretación extensiva en línea a que, de la aplicación de esa norma se deben excluir determinados delitos: los denominados por nuestro Código Procesal Penal como permanentes o continuos; cuando lo correcto es optar por una interpretación restrictiva, la cual se regula expresamente en el ordinal 2 del CPP que establece: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analógica mientras no favorezca la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.”. Debe tenerse presente que la prescripción, sus plazos y sus causales de interrupción y de suspensión, resultan tópicos que responden a aspectos de política criminal. Si el legislador optó por establecer la interrupción de la prescripción –sin incluir de forma expresa ninguna excepción–, y si una interpretación restrictiva de las normas impide aplicar reglas en perjuicio o en detrimento de los derechos y garantías de la persona imputada, debemos concluir que esa fue la decisión del legislador: reducir los plazos de la prescripción a la mitad, sin ninguna restricción; cuya única exigencia es que la persecución haya iniciado. En consecuencia, siendo que, en este proceso, la acción penal se extinguió, por prescripción, el diecinueve de enero de dos mil veinte (19/01/2020), considero que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República y confirmar lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Por las razones apuntadas, con todo respeto me aparto del criterio sostenido por el voto mayoritario" (sic., se suplen los destacados). Al margen de la posición que al respecto se tenga, es decir, se comparta o no tal criterio, era necesario analizar el tema concursal pues, tratándose de unidad de acción, no podía hacerse pronunciamiento sobre un segmento cuando otro (el relativo al drenaje de humedal) era claro que era permanente y si bien el numeral 32 procesal ya citado, en su parte final, establece que los plazos prescriptivos corren separadamente, el pronunciamiento respecto de una parte no podía hacerse si se afecta a la obra (caso en el que solo cabía la recalificación) pues se genera cosa juzgada, por lo que ambos delitos debían analizarse en conjunto. Así las cosas, no podía iniciarse separadamente el cálculo de la prescripción y se hacía imperativo conocer en qué estado se encuentra la zona afectada según lo denunciado. Incluso, obvió el tribunal de instancia que en la sentencia No. 146-2020 que se dictó contra la co-encartada [Nombre 004] se dispuso el derribo de las construcciones para que así se permitiera la regeneración de la zona (cfr. orden específica de folio 275, emitida el 18 de noviembre de 2021), por lo que un mayor estudio de este tópico pudo haber atraído mayores elementos para definir qué había sucedido, máxime que el hecho se acusó en coautoría, análisis que no se hizo en la sentencia impugnada. En razón de lo expuesto, al verificarse un error en el cómputo en la prescripción de las conductas indicadas y querelladas, se declara con lugar el recurso planteado por la Procuraduría General de la República y se dispone la nulidad de la sentencia, por lo que se ordena el reenvío para nueva discusión en juicio. Sin que esta cámara prejuzgue, en caso de resultar procedente el requerimiento de la parte apelante, deberá examinarse el tema concursal respecto a otras calificaciones no examinadas pues el marco fáctico planteado podría conllevar a la determinación de un concurso ideal entre algunas o todas las conductas aludidas.

  III.- Una segunda petición de la recurrente es que, independientemente de la decisión que se tome, se proceda ordenar la restitución de las cosas al estado anterior en materia ambiental (artículos 1, 58 inciso a) en relación con el 33 de la Ley Forestal, 140 del Código Procesal Penal, artículo 99 inciso h) de la Ley del Ambiente y 96 del Código Penal), criterio que sustenta la Procuraduría  en amplias transcripciones de las sentencias No. 2003-0366, de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 del anterior Tribunal de Casación y No. 2003-396 del Tribunal de Apelación Penal de Cartago. Agrega que en este caso quedó demostrado que se invadió un área de protección mediante la construcción de una serie de obras que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza y para lo cual no se requiere la comprobación del ilícito, máxime cuando existe un bien superior: la protección del ambiente, independientemente de que se trate de terrenos privados, del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular a fin de evitar que se saque provecho ilícito en perjuicio de los recursos naturales y la colectividad. Cita, entre otra normativa, la Ley de Biodiversidad que señala en su artículo 45: "Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar ios daños ambientales que amenacen ia vida o deterioren su calidad (...)" No obstante, este tema no fue resuelto por el tribunal de instancia y esto genera que las afectaciones ambientales y sociales no se detengan, por lo que solicita se anule o revoque en todos sus extremos la sentencia impugnada. No consta pronunciamiento de las demás partes. En virtud de lo resuelto en considerando precedente, se omite pronunciamiento sobre esta solicitud, sin perjuicio de que sea planteada en el juicio de reenvío ordenado.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el primer alegato formulado por la Procuraduría General de la República y en lo restante se omite pronunciamiento. Se anula en su totalidad la sentencia impugnada y se ordena el reenvío, ante el mismo tribunal con diversa integración, para nueva sustanciación. Tome nota el tribunal de instancia que este asunto data del año 2015, por lo que deberá programarse el debate a la mayor brevedad posible. NOTIFÍQUESE.

 

Kathya Jiménez Fernández

 

Patricia Vargas González                    Rosaura Chinchilla Calderón

   

Juezas de apelación de sentencia penal

 

Expediente: 15-000126-0485-PE (14)

Imputado: [Nombre 001]

Ofendido: Los Recursos Naturales

Delito:  Invasión a un área de protección

imatarrita

    

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:40:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**I.-** Whereas, through judgment number 307-2022 of 4:30 p.m. on August 20, 2022, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of San José, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and Articles 1, 2, 31 through 34, 311 subsection d) of the Criminal Procedure Code, a DEFINITIVE DISMISSAL (SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO) is ordered due to Extinction of Criminal Action by Prescription for the accused [Name 001], for the crimes of INVASION OF A PROTECTED AREA, FOREST RESOURCE EXPLOITATION (APROVECHAMIENTO DE RECURSO FORESTAL), LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO), AND WETLAND DRAINAGE (DRENAJE DE HUMEDAL) to the detriment of NATURAL RESOURCES. The revocation of the default status (rebeldía) and the cancellation of the arrest warrant that had been ordered against the accused [Name 001] are ordered, as well as the cessation of any precautionary measure maintained against him for this cause. Once this judgment is final, archive the case file and remove it from the office's docket book. No special ruling on costs. NOTIFY. Warren Jugo Madrigal. Trial Judge." (sic, folios 284-285).

**II.-** Whereas, against the preceding ruling, attorney Margot Avellán Ruiz filed an appeal.

**III.-** Whereas, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the court considered the questions raised in the appeals.

**IV.-** Whereas, in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.

Judge Jiménez Fernández writes the opinion; and,

**CONSIDERANDO:**

**I.- Admissibility and competence.** (A) Attorney Margot Avellán Ruiz, representing the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), filed an appeal against the judgment issued in the case record, a decision that is challengeable through this means and meets the minimum requirements demanded by Articles 458 and 460 of the Criminal Procedure Code, therefore it is admissible for study. It is noted that there is no appeal filed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), so eventually, and depending on what is resolved herein, it would lose standing to intervene. (B) This case is prosecuted against the accused herein and against [Name 004]. The second accused was convicted by judgment No. 146-2020 by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, with the panel composed of Viviana Torres Jiménez (cfr. folios 139-155), in the following terms: "(...) [Name 004] is declared GUILTY of one crime of invasion of a protection zone, in ideal concurrence with one crime of Land-Use Change (Cambio de Uso de Suelo), imposing a sentence of THREE MONTHS IMPRISONMENT according to the penalty rules of this concurrence, in turn she is sentenced to ONE YEAR IMPRISONMENT for the crime of Wetland Drainage (Drenaje de Humedal), which materially concurs with one crime of forest resource exploitation (aprovechamiento de recurso forestal); a sentence of ONE MONTH IMPRISONMENT is imposed, all to the detriment of the Environment, for a total of ONE YEAR AND FOUR MONTHS IMPRISONMENT, a penalty to be served in the respective prison facility after crediting the preventive detention served. As she meets the requirements demanded by the Criminal Code, the convicted person is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE, for a period of 3 YEARS, during which time she may not commit any intentional crime with a prison sentence exceeding six months, otherwise, the granted benefit may be revoked and she must serve the imposed sentence. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) against [Name 004] is granted. She is ordered to pay damages and the costs of the civil process in abstract form, as well as the legal and default interest generated until the effective payment of the ordered amounts. The demolition of the huts (ranchos) or any construction found on the affected site is ordered, the created channels be eliminated, and the restitution of things to their original state, for which a period of 6 months is granted to the accused under the supervision of MINAE, or failing that, this institution is commissioned to carry out the ordered actions. Once the judgment is final, it is ordered to communicate it to the national institute of criminology, the sentence enforcement court, and the judicial registry for their respective actions. NOTIFY." (sic). This judgment was appealed and through vote No. 2020-0916 issued by this appellate court (with the panel composed of A. Araya, G. Rojas, and I. Valverde, cfr. fls. 206-210) it was resolved: "THEREFORE: The appeals filed by attorney Melvin Acedo Cantón, in his capacity as private attorney for the accused [Name 004], and by the accused in her personal capacity, exercising her material defense, are declared without merit. NOTIFY." Upon a cassation appeal filed by the accused against this latter decision, the Third Chamber (Sala Tercera) in resolution No. 01558-2020 of November 26, 2020, resolved: "THEREFORE: The cassation appeal filed by the accused [Name 004] is declared inadmissible. Notify" (cfr. fls. 250-258). From the study of these antecedents, it is determined that the accused [Name 004] has been tried and her procedural situation is final, so it escapes the scrutiny of this chamber (Articles 439 and 446 of the Criminal Procedure Code). Furthermore, neither in the composition of the lower court nor in that of this chamber has the impartiality of the courts been violated because, although the matters have been resolved separately, the panel compositions have not coincided.

**II.-** In the first section of the appeal, and after reproducing the factual framework on which the civil action for damages (acción civil resarcitoria) is based and which, as noted by the appellant, coincides with the criminal complaint's framework (cfr. f. 287 vlto), disagreement is shown with the dismissal judgment (due to prescription) ordered in this cause. The State's representation alleges that, in relation to the crimes of invasion of protected areas, as well as land-use change (cambio de uso de suelo), when the invasive acts consist of works, modifications, or constructions, one is in the presence of so-called continuous or permanent crimes, previously known as crimes of permanent effects. In this type of crime, the prescription of the criminal action begins its count once the permanence of the invasive work or that causing the land-use change (cambio de uso de suelo) ceases, since, as long as it is maintained, the illicit act is perpetuated over time and ceases when the natural resource recovers, regenerates, and returns to its original state. In this matter, the appellant indicates, the accused facts refer to the invasion of the RAMSAR wetland, which was done through the construction of drains and different structures with the intention of changing the land use, going from an area originally with wetland characteristics to land for crop planting and residential use, and thereby it is a permanent crime, which she supports with doctrinal citations (Hairabedian, Maximiliano - Zurrueta, Federico, La prescripción en el Proceso Penal, 2006. Page 70) and jurisprudential ones (Court of Sentence Appeal of San José, vote No. 2013-1512 of 9:15 a.m. on July 15, 2013). From this perspective, for the appellant, the court incurred an error because the invasive works remain on the site and there is no evidence that they have disappeared and regenerated the area. Therefore, having omitted the assessment of the nature of the crime, its permanent character, and the rules of prescription, she requests that the challenged resolution be revoked and the present process continue. There is no statement from the other parties. The claim is admissible. The examination of the appealed judgment determines that the State's representation, in its capacity as complainant (querellante) and civil actor, is correct, since the a quo disregards the applicable rules in computing the prescription and thus criminally dismisses the accused [Name 001] without issuing a pronouncement regarding the civil action for damages (acción civil resarcitoria). In the SOLE considerando, it was estimated that the maximum prescription period for the facts is three years for the crimes of invasion of a protected area, forest exploitation (aprovechamiento forestal), land-use change (cambio de uso de suelo), and wetland drainage (drenaje de humedal), so that, by counting that period by half from the investigative statement (indagatoria) given on April 15, 2015, and the other interrupting acts, the prescription took effect. In this regard, the judgment states: "The last interrupting act, in the case of the accused [Name 001], was the trial setting ordered on December 17, 2019. It should be remembered that from November 1, 2011, the date of the hearing setting, until February 3, 2020, 1 month and 15 days of the prescription period had been counted, and on that date, the default status (rebeldía) of this accused was ordered, which kept the count of the term suspended from February 3, 2020, until August 3, 2021, at which time the accounting of the prescription period resumed, which fully elapsed on December 17, 2022, the moment when the remaining 1 year, 10 months, and 15 days were completed" (cfr. fls. 284-285). A) In order to contextualize the claims and establish the legal classification (at least provisionally), it is established that [Name 001] was attributed, by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República)—whose approach essentially coincides with the facts of the civil action (which it reproduces in the appeal on f. 287) and the Public Prosecutor's Office's (Ministerio Público) request on which the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) was ordered (without taking into consideration the particular accusatory hypothesis or the civil claim)—the following: "1.- Without specifying an exact date but at the end of 2014 and until January 10, 2015, in Barra Tortuguero, Laguna Penitencia of the Hotel Caribbean Paradise 1 kilometer south, coordinates N1167103 with E552982, RAMSAR wetland site; the accused [Name 001] and [Name 004], knowing the illicit nature of their actions and without the permits from the State Forest Administration (Administración Forestal de Estado), invaded the Tortuguero National Park and changed its land use, as they felled, with a suitable object, 40 trees of the caobilla, gavilán, copadillo, cedrillo, and achotillo species in a forested area. 2.- Subsequently, the accused [Name 001] and [Name 004], with the aim of using the previously felled wood for buildings, as well as achieving the drying of the aforementioned wetland, the accused, knowing the illegality of their acts and without the permits from the System of Conservation Areas (Sistema de Áreas de Conservación), built in the RAMSAR wetland area, coordinates N1167103 with E552982, a drainage channel 387 meters long, 1.5 meters wide, and 0.7 meters deep, through which they drained the referred wetland, the same channel also used for transporting the wood felled in Tortuguero National Park. 3.- Once in possession of the trees felled without the permits from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), the defendants [Name 001] and [Name 004] exploited said forest resource (the wood) and invaded the RAMSAR Wetland, coordinates N1167103 with E552982, since with the purpose of staying on the site, they changed the land use (cambio de uso del suelo) designated in that place from forest to housing, as they built on the site, with the felled trees, a structure as a dwelling in which they reside, the same being 60 square meters; in addition, the defendants constructed another building of 72 square meters, and built a third structure that serves as a warehouse, this one 28 square meters, in which they kept stored 64 pieces of the wood felled within Tortuguero National Park. 4.- The illicit actions of the accused have caused environmental damage valued at the sum of 7,151,942.60 colones" (sic. cfr. folio 284, emphasis added). B) Decision of this chamber. 1. Procedural recount. a) On January 10, 2015, officials of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) Tortuguero carried out an inspection on a property, supposedly belonging to [Name 001], and determined the existence of a drain trenched with a shovel; several sawn trees; a zinc warehouse with stored wood; and a hut (rancho) built with wood sawn with a chainsaw (cfr. report ACTO-GASP-PNT-4E-CP-005-2015). b) The accused [Name 001] gave his investigative statement (indagatoria) on April 15, 2015 (cfr. f. 17). c) A preliminary hearing was convened on October 10, 2016, and February 20, 2018. d) Trial settings were ordered on May 6, 2019; May 22, 2019; June 7, 2019; and December 17, 2019. e) On February 3, 2020, default status (rebeldía) was ordered against the accused [Name 001] (cfr. f. 135), and his capture was lifted on December 23, 2022. f) Without a new trial setting, at 4:30 p.m. on August 20, 2022, the judgment discussed here was issued. 2. Legal nature of the crimes of invasion of a protected area, land-use change (cambio de uso de suelo), and wetland drainage (drenaje de humedal), and applicable prescription period. According to the prosecutorial accusation, the accused [Name 001] in association with [Name 004] (already sentenced) “…invaded the Tortuguero National Park and changed its land use (cambio de uso de suelo), (…) invaded the RAMSAR Wetland, (...) changed the land use (cambio del uso del suelo) designated in that place from forest to housing, as they built on the site, with the felled trees, a structure as a dwelling in which they reside, the same being 60 square meters; in addition, the defendants constructed another building of 72 square meters, and built a third structure that serves as a warehouse, this one 28 square meters, in which they kept stored 64 pieces of the wood felled within Tortuguero National Park" (emphasis added). Regardless of what is related to the concurrence of crimes (tema concursal), which must be analyzed in the remand (reenvío) that will be ordered, from the study of the case it is obtained that, in principle, the attributed conduct is susceptible to classification under the following norms: 2.a) Wetland drainage (Drenaje de humedal). This illicit act is regulated in Article 98 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) and establishes: “Anyone who, without prior authorization from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), drains, dries, fills, or eliminates lakes, non-artificial lagoons, and other wetlands, declared as such or not, shall be punished with a prison sentence of one (1) to three (3) years.” It has been classified by doctrine as having a permanent character, insofar as the typical action of draining or giving outlet to the waters of the wetland, whether through the construction of channels or trenches, does not cease until it is eliminated, that is, the effects are maintained as long as the impact on the protected legal interest (wetland ecosystem) is prolonged. Thus, in this class of crime, the computation for the prescription of the criminal action begins to run from the day its permanence ceases, that is, when the wetland ceases to be drained, according to the provisions of Section 32 of the Criminal Procedure Code. From this perspective, it was essential, prior to the prescription computation, to establish whether, according to the evidence incorporated into the process, the illegal situation caused (wetland drainage by channels) had ceased or the invasive structures had been demolished; otherwise, the prescription period would not have begun. Regarding permanent crime, the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice, in resolution number 2014-01188, of 2:18 p.m., on July 16, 2014, paraphrasing what was stated in number 2001-00036, of 10:00 a.m., on January 12, 2001, stated: “[…] According to doctrine, permanent crimes ‘…are punishable acts in which, according to the interpretation of the criminal type (understood as a prohibitive norm), it turns out that after the production of the result, there is the carrying out of other actions or the conservation of the situation produced (by action or omission), an execution that constitutes the typical wrong. These subsequent actions or omissions form a unity with the production of the first result. The foregoing allows viewing the total event as a single execution of the type. As we have indicated, the first result must be the product of the violation of the norm. The subsequent action or omission, which forms a unity with the first result and also constitutes the wrong, must also be objectively attributable to the author as his work...’ (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, page 369). On the subject, the jurisprudence of this Chamber has indicated that ‘…in permanent crimes, an action or conduct of such a nature is described that its production creates not only typical consummation but also an unjust and lasting situation—also typical—of harm or danger to the legal interest, which is maintained or prolonged over time without interruption, until the author ceases it, as also happens, for example, in Deprivation of liberty without profit motive (Article 191 of the Criminal Code), in Extortionate kidnapping (Art. 215 C.P.), or in Trespassing of domicile (Art. 204 C.P.). This particularity of permanent crimes is relevant in order to address other problems, such as: a) the possibility of forms of participation or co-authorship arising after consummation; b) whatever moment is chosen to exercise legitimate defense, in permanent crimes the illegitimate aggression is always “current” while the unjust situation persists; c) for the computation of the prescription of the criminal action, it is considered that the period runs from the day on which the permanence of that unjust situation ceased (cfr. Art. 32 of the Criminal Procedure Code), as otherwise the absurdity could occur that the crime could prescribe without the authors having ceased their typical and unlawful conduct (...) As has been said, a permanent crime does not end until the activity ceases, either by the will of the agent or due to causes beyond their control that materially prevent them from giving permanence to the activity (...)’ (sic. emphasis added). Therefore, regarding this accusation, the challenged decision is erroneous in computing the prescription periods without observing that it is a permanent crime and, as such, the starting point applies in a differentiated manner (until the effects cease). 2.b) Forest exploitation (Aprovechamiento forestal) and land-use change (cambio de uso de suelo). Section 3 of the applicable law establishes: "ARTICLE 3.- Definitions For the purposes of this law, the following is considered: a) Timber exploitation (Aprovechamiento maderable): The action of cutting, eliminating standing timber trees, or utilizing fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, that generates or may generate some benefit, advantage, utility, or gain for the person performing it or for whom they represent." In accordance with Article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal), "on lands covered by forest, changing the land use (cambio del uso del suelo) or establishing forest plantations shall not be permitted," and for its part, Section 61 of that same regulation provides: "Anyone who: (...) c) Carries out activities that involve a change in land use (cambio en el uso de la tierra), contrary to what is stipulated in Article 19 of this law, shall be punished with imprisonment of one month to three years." To define the nature of the crime penalized in this article, it is appropriate to reproduce, at length, resolution No. 00691-2022 of the Third Chamber (Sala Tercera), which unifies the criteria that have been operating in this regard, concerning whether the action of changing land use (cambio de uso del suelo) is a specific activity circumscribed to a particular moment, in which, once the nature of an area that was forest changes to pastureland, crops, or any other (in this case, a housing unit), it is therefore an instantaneous crime with permanent effects, that is, although it produces an unlawful situation that extends over time, it is consummated in a single moment, when the change in the nature of the land is generated and from there the computation of the prescription, its interruptions, and suspensions begins, or whether it is a permanent crime, in which case the prescription begins to run when the invasive work is eliminated or the natural resource recovers; the Chamber leans towards the latter position by holding the following: "(...) In the first ground, the 'Existence of contradictory precedents issued by the appellate courts is mentioned, specifically between the challenged resolution number 2021-00625 of 11:00 a.m. on June 22, 2021, of the Court of Sentence Appeal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, San Ramón, and the preceding resolution 2014-0490 of 9:10 a.m. on March 14, 2014, issued by the Court of Sentence Appeal of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea' (J.L. Arce, E. Salinas, and K. Jiménez). It alleges the existence of contradictory precedents, between ruling No. 2021-00625 issued by the Court of Criminal Sentence Appeal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, at eleven o'clock on June twenty-second, two thousand twenty-one (22/06/2021), with respect to vote No. 2014-0490, issued by the Court of Criminal Sentence Appeal of the Second Judicial Circuit of San José, at nine-ten o'clock on March fourteenth, two thousand fourteen (14/03/2014) (...) By majority, the ground is upheld. (...) The Court of Criminal Sentence Appeal of the Second Judicial Circuit of San José, in vote No. 2014-490 of nine-ten o'clock on March fourteenth, two thousand fourteen (14/03/2014), has stated: ‘(…) The judgment also expressly pronounces on the question of the prescription of the criminal action, which has not taken effect regarding these two crimes, because even though both were consummated immediately, the prescription period has not even begun to run, because the permanence of its effects on the site has not ceased, pursuant to Article 32 of the Criminal Procedure Code, which expressly contemplates said category of crime […] This chamber agrees with the trial court and with the Agrarian Environmental Deputy Prosecutor's Office of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), that the prescription does not run while the accused's will to maintain the work different from the forest on the site persists (regarding the crime of 'Land-use change (Cambio de uso de la tierra)') or to maintain the invasive works within the protection area of the springs (nacientes) (regarding the crime of 'Invasion of a conservation or protection area of a permanent spring (naciente)') and in this sense, the jurisprudence of this Court of Criminal Cassation has pronounced (thus judgments No. 117 of 10:15 a.m. on February 15, 2002; No. 193 of 9:00 a.m. on March 8, 2002; No. 396 of 12:00 p.m. on May 8, 2003; No. 1158 of 9:25 a.m. on November 14, 2008) (…)’. For its part, the Court of Criminal Sentence Appeal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, in resolution No. 2021-00625 of eleven o'clock on June twenty-second, two thousand twenty-one (11:00 a.m. on 22/06/2021), held: ‘(…) This Chamber has analyzed the arguments presented by the appellant in defense of this thesis and concludes that she is not correct. The topic of the classification of permanent crimes or crimes of a permanent character (or effects), has not been entirely peaceful in international and national doctrine, however, it is possible to obtain important postulates in their classification and, according to the nature and characteristics of said crimes, to objectively extract when we are facing a crime of immediate consummation, immediate consummation with permanent effects, or crimes whose action is maintained over time, giving them the character of permanent crimes. Under that approach, we have that in the case at hand, the crime of land-use change (cambio de uso de suelo), turns out to be an immediate crime with permanent effects. This classification leads us to determine that, contrary to 'permanent or continuous' crimes, for which Section 32 of the procedural code specifies that the computation of the prescription periods begins to run 'from the day its permanence ceased,' for that other class of crimes, the prescription rules established in Sections 30 and following of the Criminal Procedure Code operate, just as they were applied in the judgment under examination. This same Appellate Court, -with a different composition-, has already pronounced on the subject through a doctrinal and legal analysis that is fully shared, and that points out that not all crimes against Nature possess the characteristic of being permanent (...) It follows then that the damage suffered by nature is circumscribed to the action executed by the accused in that period, while the characteristics inherent to a change in land use (cambio de uso de tierra), made the result effective immediately. The foregoing does not mean that during the criminal process, a plan for amendment, mitigation, and economic compensation for the environmental damage caused could not have existed, which unfortunately was not achieved in the process due to the arrival of the extinction of the criminal action. Hence, it was legally appropriate that (...) the prescription rules provided for in Sections 30 and following of the Criminal Procedure Code were applied, and that definitively, in accordance with the reasoning given in the ruling, it was determined that the prescription period expired a year and a half after the last trial setting (apart from the period of default status (rebeldía)), without any other interrupting cause of said period having occurred. This Chamber adds that the pro natura principle and the defense of environmental rights are of the first order in our society, as part of the fundamental rights of individuals; therefore, the importance of an adequate application of the legal system in this area is not ignored, however, this does not mean that arbitrariness can be introduced into criminal prosecution, in relation to prescription periods, since this would also go against the Rule of Law and other fundamental rights of people. The State, through its respective repressive organs, must ensure compliance with legal requirements, within the framework of action under which the different criminal conducts, to the detriment of Nature, are prosecuted (…)’. Solution of the case: In this matter, the State's representative criticizes the contradictory positions between two appellate courts, demonstrating for this purpose the similarity in the factual situations and in the ratio decidendi. With the claim, the appellant has brought up for discussion the nature of the crime of land-use change (cambio de uso de suelo) provided for and sanctioned in Article 61 subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), specifically as to whether it is a crime of immediate consummation with permanent effects, or rather, if it is a crime whose action remains over time, thus it would be a permanent crime. This Chamber, regarding this latter topic, has pointed out: ‘(…) According to doctrine, permanent crimes '…are punishable acts in which, according to the interpretation of the criminal type (understood as a prohibitive norm), it turns out that after the production of the result, there is the carrying out of other actions or the conservation of the situation produced (by action or omission), an execution that constitutes the typical wrong. These subsequent actions or omissions form a unity with the production of the first result.

As we have indicated, the first result must be the product of the violation of the norm. The subsequent action or omission, which forms a unit with the first result and which also constitutes the wrong, must also be objectively attributable to the perpetrator as their work..." (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, p. 369). On this subject, the jurisprudence of this Chamber has indicated that "... in permanent crimes, an action or conduct is described of such a nature that its production creates not only the typical consummation but also an unjust and lasting situation—also typical—of harm or danger to the legal interest, which is maintained or prolonged in time without interruption, until the perpetrator ceases it, as also occurs, for example, in Deprivation of liberty without profit motive (article 191 of the Criminal Code), in Extortive kidnapping (art. 215 C.P.), or in Violation of domicile (art. 204 C.P.). This particularity of permanent crimes is relevant with respect to other problems, such as, for example: a) the possibility of supervening forms of participation or co-perpetration after consummation; b) whatever the moment chosen to exercise legitimate defense, in permanent crimes the illegitimate aggression is always 'current' as long as the unjust situation is maintained; c) for the calculation of the statute of limitations of the criminal action, it is considered that the period runs from the day on which the permanence of that unjust situation ceased (cf. art. 32 of the Code of Criminal Procedure), since otherwise the absurdity could arise that the crime would prescribe without the perpetrators having ceased their typical and unlawful conduct; (cf. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2nd edition, 1990, pp. 152 and 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2nd reprint of the 2nd edition, 1998, p. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco and another: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, p. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, n.d., p. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, p. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 155. Regarding concurrence of offenses, see the interesting observations of WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 267 and 274). (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, at 10:00 hours, on January 12, 2001). For its part, the crime with permanent effects "occurs when, despite having achieved the result, the accused engages in permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from causing it to cease... according to article 32 of the cód. proc. pen. (sic), the statute of limitations begins to run from when the situation of permanence ceases..." (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, pp. 373-374). The difference between the two figures, then, is that the permanent crime is executed over an extended period of time (sic)—while the legal interest is being attacked, as for example in deprivation of liberty, in which every moment the perpetrator does not release the victim implies a constant consummation of the act—until the material action ceases on the part of the perpetrator, whereas in the crime with permanent effects, once executed, and even after the material action of the perpetrator has ceased, the effect on the legal interest persists. An example of this would be the crime of forgery and use of a false document, since the document, once falsified, may exert its effects until its invalidity is declared (CASTILLO, op cit., p. 373) (...)" (Resolución N°1188-2014 at fourteen hours eighteen minutes on July sixteenth, two thousand fourteen (16/07/2014), also read as fourteen hours eighteen minutes on July sixteenth, two thousand fourteen (16/07/2014). Composed of: Pereira, Ramírez, Arroyo, Arias and Gómez). Now, in the criminal provision before us, the following is stated in the Ley Forestal: "Article 61.- Imprisonment of one month to three years. Imprisonment of one month to three years shall be imposed on whoever: (...) c) Carries out activities that involve land-use change (cambio en el uso de la tierra) (...)". As this is a blank criminal norm, to determine the configuration of the criminal figure, one must indisputably refer to the provisions of article 19 of the Ley Forestal, which states: "Authorized activities. On lands covered with forest (terrenos cubiertos de bosque), changing the land use (cambio del uso del suelo) shall not be permitted, nor shall establishing forest plantations. However, the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) may grant permission in those areas for the following purposes: a) Building dwelling houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and installations intended for recreation, ecotourism, and other analogous improvements on privately owned lands and properties where forests are located. b) Carrying out infrastructure projects, state or private, of national convenience. c) Cutting trees for reasons of human safety or scientific interest. d) Preventing forest fires, natural disasters, or other analogous causes or their consequences. In these cases, logging of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forest Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), as established by the regulations of this law." From the substantive norms transcribed above, it is possible to determine that this crime materializes immediately (when the acts of land-use change are executed), but its consummation is reiterated over time, as long as the variation of land use is maintained, to the detriment of natural resources, since it is not enough that the forest has been cut down, given that as long as an activity different from that of the forest is carried out at the site and its regeneration is prevented, the land-use change continues to be executed, which is expressly prohibited, provided that permits from the Forest Administration (Administración Forestal) are not possessed, which is why it is considered a crime of form and with permanent effects. It is clear that the protected legal interest, which in this particular case is natural resources, is affected at every instant in which the accused maintains the modification of land use, which was initially a forest, and which, apparently, through his actions the defendant transformed to another purpose. Regarding the topic of environmental protection, and the need to conserve it for the preservation of the various species that co-inhabit this planet, it is pertinent to mention the development made on this matter by the Costa Rican Constitutional Court: "(...) VI.- ON THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on the provisions of article 50 of the Political Constitution, this Constitutional Court has widely recognized the duty incumbent upon the State to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is in accordance with these provisions that the responsibility of the State arises to exercise a tutelary and governing function in this matter, as provided by the constitutional norm under comment, a function developed by the infra-constitutional environmental regulations. Thus, through judgment No. 2002-04830 it indicated, as relevant: \"Our Political Constitution, in its article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. The fulfillment of this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community. The violation of these fundamental precepts entails the possibility of harming or endangering short-, medium-, and long-term interests. Environmental pollution is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are most often everlasting and cumulative. The Costa Rican State is obliged to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the performance of acts that harm the environment, and in the correlative and equally unavoidable prohibition of promoting its degradation.\" Thus, based on the constitutional text, the Costa Rican State must ensure the protection of the environment, which implies not only that it must take the necessary measures to prevent attacks against it, but also that it must adopt measures that reinforce its protection and conservation. VII.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE. Constitutional justice has recognized a series of principles for the protection of the environment that result in specific obligations for the Costa Rican State. First, it is relevant to highlight, for the purposes of the case under examination, the precautionary principle (principio de precaución), which in its most general formulation is found in the Rio Declaration on Environment and Development, whose Principle 15 provides: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” This Chamber has recognized the “precautionary principle” (principio precautorio), as a principle that obliges the State to arrange everything that is necessary—within the scope permitted by the Legal Order—in order to prevent irreversible damage to the environment. Within this perspective, through judgment No. 1250-1999 at 11:24 hrs. on February 19, 1999, the following was provided: \"(...) in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment.\" Also, in judgment No. 132-99 at 8:18 hrs. on January 8, 1999, the following was indicated: \"The principle of environmental protection is not a recommendation or an intention given by the Constitution, but rather, on the contrary, it is a right of immediate application, and therefore there is an obligation on the part of governmental bodies to ensure compliance with legal provisions aimed at protecting the environment.\" (The emphasis is not part of the original). Precaution implies anticipating negative effects and ensuring the protection, conservation, and adequate management of natural resources. Consequently, the guiding principle of prevention or “precautionary principle” is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. In this regard, constitutional jurisprudence has provided that if there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in this respect—precautionary measures must be adopted, including postponing the activity in question. This is because, in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment. Thus, nowadays the precautionary action of the State must be aimed at the protection of the environment, even though there may not be conclusive evidence reflecting a cause-effect relationship between the activity being carried out and the possible harmful consequences resulting from it, using the best available techniques to minimize possible damage and dangers to nature and the environment. For this reason, the Costa Rican Legal Order itself has imposed at the legal level the requirement to carry out prior studies before executing an activity that could potentially have harmful effects on the environment, and which, based on the foregoing, constitute constitutionally imposed duties to guarantee the right of all to enjoy a healthy and balanced environment. Corollary to the foregoing, the precautionary principle does not justify passive State action regarding the protection of the environment and the care of natural resources. VIII.- ON THE RIGHT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE NEED FOR RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. Certainly, man can make use of the natural resources at his disposal in order to satisfy his basic needs, as a means of subsistence, and as a source of income; however, such use cannot in any way be carried out to the detriment of these resources. In other terms, the human being can make use of resources, provided that his activity is carried out in a proportional, rational manner, but not in an unlimited or arbitrary way to the detriment of the environment. In this regard, this Constitutional Court in resolution No. 4423-93 stated, as relevant: “(...) All of man's life occurs in inevitable relationship with his environment, especially with the improvement of living conditions, which is the central objective that development needs, but this must be in relation with the environment in such a way that it is harmonious and sustainable. The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used adequately, acting in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be put at risk (...)” Along the same line of argument, Judgment No. 5974-98 stipulated as follows: \"(...) although man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of future generations; for, in accordance with the principle of 'harm', the legitimate exercise of a right has two essential limits; on one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)\". Sustainable development, as such, goes beyond being a merely environmentalist concept, since it implies an adequate and sustained utilization of natural resources for the enjoyment and pleasure of current generations, but without compromising resources and without endangering their enjoyment for future generations. In itself, the principle of sustainable development encompasses several aims, such as economic objectives by promoting efficiency in the use of resources, social objectives by seeking to limit poverty, and ecological objectives by safeguarding the preservation of physical and biological systems. These aims must be safeguarded by the Costa Rican State jointly, achieving a balance that involves the pursuit of sustainable development (...)". Based on that, and considering that we are faced with a crime with permanent effects, for aspects of the statute of limitations, one must abide by the provisions of numeral 32 of the Procedural Code (Código de rito) which provides: "(...) The limitation periods shall be governed by the principal penalty provided for in the law and shall begin to run (...) for continuous or permanent crimes, from the day on which their permanence ceased (...)". Regarding the statute of limitations in this form of crimes, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has stated: "(...) The judge now consulting asserts that in the case of the crime of usurpation, the limitation period cannot begin to run until the possessor—usurper—leaves the property (the effects cease), which makes the crime practically imprescriptible, since even after more than ten years from the invasion of a property, it is sufficient to prove that the invader has always been within the land for it to be determined that not even a single day has run for the statute of limitations to operate—both the negative—criminal—and the positive—usucapion—since the latter cannot be computed where the extinctive one has not taken place. It is worth clarifying to the inquiring party that the crime of usurpation would not be imprescriptible, because as established by the article challenged here, the term for counting the statute of limitations for the criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation ceases. In instantaneous crimes with permanent effects, their effects are repeated every day until the 'usurper' abandons the property, hence the qualifier of permanence (...)" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, vote N°11515-00 at fourteen hours thirty-nine minutes on December twenty-first, two thousand, also read as 14:39 hours on 21/12/2000). Although the citation from the decision just mentioned refers to usurpation, the truth is that we face a similar situation when dealing with the crime of land-use change (cambio de uso de tierra), since upon cutting down a forest and completely altering its purpose, until the regeneration of natural resources has been permitted, the action carried out by the defendant would continue to generate effects to the detriment of ecosystems and future generations. Thus, under these assumptions, the rules stipulated in article 33 of the Costa Rican criminal procedural regulations do not apply, as the lower court (a quo) and the appellate court (ad quem) did within this criminal process, since the reduction of limitation periods, as well as interruption and suspension, depend on the moment when the calculation of the limitation period begins (...) In conclusion, this Chamber, by majority, unifies the contradictory criteria that have arisen among the courts of second instance, in the sense that, in the crime of land-use change, provided for in article 61 subsection c) of the Ley Forestal, the statute of limitations does not run until its effects have ceased, that is, at the moment when the regeneration of the ecosystems that were affected by the extinction of the forest begins, to give way to other human development activities. The foregoing, in accordance with the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided for in article 50 of the Political Constitution, and consequently, with the sustainable development necessary for the preservation of the planet for future generations. (...) Therefore (Por tanto): By majority, the first ground of the cassation appeal filed by the criminal prosecutor (procuradora penal) is granted. This Chamber unifies the contradictory criteria that have arisen among the appellate courts, in the sense that, in the crime of land-use change, provided for in article 61 subsection c) of the Ley Forestal, the statute of limitations does not run until its effects have ceased, that is, at the moment when the regeneration of the ecosystems that were affected by the extinction of the forest begins, to give way to other human development activities. The foregoing, in accordance with the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided for in article 50 of the Political Constitution, and consequently, with the sustainable development necessary for the preservation of the planet for future generations. Consequently, resolution N°2021-00625 at eleven hours on June twenty-second, two thousand twenty-one (11:00 hours on 22/06/2021) of the Criminal Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal) of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section, is annulled, as well as judgment N° 204-P-20 at fourteen hours on May twenty-seventh, two thousand twenty (14:00 hours on 27/05/2020) of the Trial Court of Puntarenas (Tribunal de Juicio de Puntarenas), ordering the remand of the case to the Criminal Court of Puntarenas (Tribunal Penal de Puntarenas), so that it may continue with the processing of this criminal case as corresponds in law. Due to the manner in which this claim was resolved, a ruling on the second of the objections is omitted. Magistrate Zúñiga Morales issues a dissenting vote (salva el voto). Let it be notified" (sic, source NEXUS Poder Judicial). In order to have a complete reference of the development of the topic, it is important to also set forth, at length, the content of the dissenting vote (voto salvado) which states: "Although the Criminal Prosecutor is correct, in the sense that there are contradictory precedents between the vote appealed here, N° 2021-00625, at eleven hours on June twenty-second, two thousand twenty-one (11:00 hours on 22/06/2021) issued by the Criminal Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Third Section [which assumes the position that the crime of 'Land-use change' (Cambio de uso de la tierra), being immediate with permanent effects, is not subject to numeral 32 of the Code of Criminal Procedure (which provides that the calculation of limitation periods begins to run 'from the day its permanence ceased'), but rather the statute of limitations rules established in articles 31 and 33 of that same normative body apply] and resolution N° 2014-0490, at nine hours ten minutes on March fourteenth, two thousand fourteen (09:10 hours on 14/03/2014) issued by the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea [which considered, in a case in which the crime of 'Land-use change' was being judged, that the limitation period for the criminal action did not begin to run (pursuant to article 32 of the Code of Criminal Procedure), since the permanence of its effects at the site had not ceased], the truth is that, contrary to the majority vote of this Chamber, I consider that the resolution issued by the Appeals Court in the specific case must be confirmed, insofar as it ratified the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo), due to the statute of limitations, issued by the Trial Court. In the first place, it should be noted that crimes with permanent effects have been conceptualized as those in which, despite having achieved the result, the accused person engages in permissive conduct and, being in a position to eliminate it, refrains from causing its effects to cease (the effect on the legal interest is maintained). As I have indicated on multiple occasions, in crimes whose nature is one of permanent effects (as occurs with that of 'Land-use change'), as with any other crime, the rules on the interruption and suspension of the statute of limitations must be applied to them, because that nature of a crime with permanent effects only has meaning and utility for initiating the proceeding (criminal prosecution). This position is consistent with the one I have maintained on other occasions, specifically, when I signed the minority vote in resolutions N° 2007-00086, at nine hours on February sixteenth, two thousand seven (09:00 hours on 16/02/2007), of the former Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal), First Section, San Ramón and N° 2013-1769, at eleven hours thirty-four minutes on August twelfth, two thousand thirteen (11:34 hours on 12/08/2013), of the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea; as well as when I issued a minority vote in the pronouncements of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia) N° 2014-00559, at ten hours fifty minutes on March twenty-eighth, two thousand fourteen (10:50 hours on 28/03/2014) and N° 2018-00893, at eleven hours twenty-five minutes on December seventh, two thousand eighteen (11:25 hours on 07/12/2018). Article 31 of the Code of Criminal Procedure (CPP) is intended to regulate the limitation periods for the criminal action when an investigation has not been initiated against a person, whether through some type of complaint or, ex officio, by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) in the case of publicly actionable crimes; through complaint in crimes of public action subject to private instance, or through private charge (querella) in privately actionable crimes. Numeral 32 of the CPP explains the manner of calculating the periods provided for in article 31 of this same legal text, to determine whether or not the criminal action is time-barred (but for initiating prosecution through a criminal process), according to two assumptions: (i) degree of completion of the unlawful act, depending on whether it was consummated or remained at the stage of attempt, and (ii) manner of affecting the safeguarded legal interest: depending on whether it is what it terms 'continuous or permanent' crimes. It is essential to highlight, whether one agrees or not, that the reference made by article 32 of the CPP—specifically regarding the peculiarities of permanent crimes—with respect to numeral 31 of that same normative body, is made only for the purpose of initiating criminal prosecution. Under which hypothesis, of course, if the impact on the safeguarded legal interest continues (as relevant here, the realization of activities involving land-use or soil change (cambio en el uso de la tierra o el suelo), contrary to what is established by article 19 of the Ley Forestal), one may file a complaint (denuncia), private charge (querella), or act ex officio through the Public Prosecutor's Office, since the criminal action has not prescribed, which would begin to be calculated from the moment when the sanctioned conduct ceases (if it ceases). For its part, it is noted that ordinal 33 of the CPP indicates: “Once the proceeding has begun, the periods established in the article before last shall be reduced by half…”. As can be seen, this article does not establish any type of exception for those automatic reductions of the limitation period to operate, and this is so because, as the norm expressly provides, this regulation exists to be applied whenever criminal prosecution has begun (according to the terms set forth in article 31 of the CPP and with a single exception, contemplated in subsection b), the filing of the private charge (querella), an act by which the special proceeding for privately actionable crimes commences). The undersigned does not share the position assumed, in the particular case, by my colleagues of this Chamber, insofar as they consider that in a crime with permanent effects such as that of 'Land-use change' and where to date it is unknown whether its effects have ceased, the calculation of the statute of limitations cannot begin, as indicated by article 32 of the Code of Criminal Procedure, and therefore, it is also not appropriate to apply the reduction of the periods of numeral 33 of this same normative body, until the regeneration of the secondary forest has begun. With all respect, I consider that, if ordinal 33 of the CPP does not establish any exception for its application, it would be wrong to, to the detriment of the accused, give an extensive interpretation in line with excluding certain crimes from the application of that norm: those denominated by our Code of Criminal Procedure as permanent or continuous; when the correct approach is to opt for a restrictive interpretation, which is expressly regulated in ordinal 2 of the CPP which establishes: 'Legal provisions that restrict personal liberty or limit the exercise of a power or right conferred on the subjects of the process shall be interpreted restrictively. In this matter, extensive and analogical interpretation is prohibited as long as it does not favor the liberty of the accused nor the exercise of a faculty conferred on those who intervene in the proceeding.' It must be borne in mind that the statute of limitations, its periods, and its grounds for interruption and suspension are topics that respond to criminal policy aspects. If the legislator chose to establish the interruption of the statute of limitations—without expressly including any exception—and if a restrictive interpretation of the norms prevents applying rules to the harm or detriment of the rights and guarantees of the accused person, we must conclude that this was the legislator's decision: to reduce the limitation periods by half, without any restriction; the only requirement being that prosecution has begun. Consequently, given that, in this proceeding, the criminal action was extinguished, due to the statute of limitations, on January nineteenth, two thousand twenty (19/01/2020), I consider that the appropriate course is to declare the cassation appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República without merit and to confirm what was resolved by the Criminal Sentence Appeals Court. For the reasons noted, with all respect I depart from the criterion held by the majority vote" (sic., emphasis supplied). Regardless of the position held on the matter, that is, whether one shares such criterion or not, it was necessary to analyze the concurrence issue because, dealing with a unity of action, a pronouncement could not be made on one segment when another (that relating to the drainage of the wetland) was clearly permanent, and although the aforementioned procedural numeral 32, in its final part, establishes that prescriptive periods run separately, the pronouncement regarding one part could not be made if it affects the work (a case in which only requalification was possible), as res judicata would be generated, and therefore both crimes had to be analyzed together.

As things stood, the calculation of the statute of limitations could not be undertaken separately, and it was imperative to ascertain the condition of the affected area as denounced. Indeed, the trial court overlooked that in judgment No. 146-2020 rendered against co-defendant [Name 004], the demolition of the constructions was ordered so as to permit the regeneration of the area (cf. specific order on folio 275, issued on November 18, 2021); therefore, a more thorough examination of this topic might have yielded further elements to determine what had occurred, especially since the act was charged as co-perpetration (coautoría), an analysis that was not conducted in the challenged judgment. By reason of the foregoing, upon verification of an error in the computation of the statute of limitations (prescripción) for the indicated and complained-of conduct, the appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted and the nullity of the judgment is ordered; consequently, remittal is ordered for a new trial discussion. Without this chamber prejudging, should the appellant’s request prove appropriate, the issue of joinder of offenses (concurso) must be examined with respect to other charges not examined, for the factual framework presented could lead to a determination of an ideal joinder of offenses (concurso ideal) among some or all of the conduct alluded to.

  III.- A second request of the appellant is that, regardless of the decision reached, an order be issued for the restitution of things to their prior state in environmental matters (Articles 1, 58(a) in relation to 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), 140 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), Article 99(h) of the Environment Law (Ley del Ambiente), and 96 of the Criminal Code (Código Penal)), a position that the Procuraduría supports with extensive transcriptions of judgments No. 2003-0366, of 11:54 a.m. on May 5, 2003, of the former Court of Cassation and No. 2003-396 of the Cartago Criminal Appeals Court. It adds that in this case it was demonstrated that a protection area was invaded through the construction of a series of works that must be demolished or destroyed in order to maintain the balance of nature, and for which proof of the offense is not required, especially when a higher good exists: the protection of the environment, regardless of whether the lands are private, belong to the State or other Public Administration bodies, or are privately owned, so as to prevent illicit profit to the detriment of natural resources and the community. It cites, among other regulations, the Biodiversity Law, which states in Article 45: “Responsibility in environmental security matters. The State has the obligation to avoid any risk or danger that threatens the permanence of ecosystems. It shall also prevent, mitigate, or restore environmental damages that threaten life or deteriorate its quality (...)” However, this issue was not resolved by the trial court, and this causes the environmental and social impacts not to cease; therefore, it requests that the challenged judgment be annulled or reversed in all its respects. No statement from the other parties appears in the record. By virtue of what was resolved in the preceding whereas clause, a ruling on this request is omitted, without prejudice to its being raised in the ordered retrial.

THEREFORE:

 The first argument made by the Procuraduría General de la República is granted, and a ruling on the remainder is omitted. The challenged judgment is annulled in its entirety, and remittal is ordered, before the same court with a different composition, for new proceedings. Let the trial court take note that this matter dates from 2015, and therefore the hearing must be scheduled as soon as possible. NOTIFY.

 

Kathya Jiménez Fernández

 

Patricia Vargas González                    Rosaura Chinchilla Calderón

   

Criminal Sentence Appellate Judges

 

Case File: 15-000126-0485-PE (14)

Defendant: [Name 001]

Victim: Natural Resources

Offense: Invasion of a protection area

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