Res. 02770-2023 Tribunal Contencioso Administrativo — Annulment of Virtual Preliminary Hearing for Excessive FormalismAnulación de audiencia preliminar virtual por formalismo excesivo

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02770 - 2023

Fecha de la Resolución: 31 de Agosto del 2023 a las 08:09

Expediente: 13-008122-1027-CA

Redactado por: José Martín Conejo Cantillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Procesal Civil

Tema: Audiencia virtual

Subtemas:

Nulidad de la audiencia preliminar de un proceso contencioso administrativo en virtud de que, por un exceso de formalismos, a algunas de las partes no se les envió la invitación para que se conectaran de manera virtual.

Tema: Proceso contencioso administrativo

Subtemas:

Nulidad de la audiencia preliminar de un proceso contencioso administrativo en virtud de que, por un exceso de formalismos, a algunas de las partes no se les envió la invitación para que se conectaran de manera virtual.

Tema: Derecho de defensa

Subtemas:

Nulidad de la audiencia preliminar de un proceso contencioso administrativo en virtud de que, por un exceso de formalismos, a algunas de las partes no se les envió la invitación para que se conectaran de manera virtual.

"II. [...] Teniendo claro el panorama expuesto en líneas precedentes, es la posición unánime de esta integración que la tesis del Juez de Trámite, en cuanto a no enviar la invitación para la realización de la audiencia virtual al correo electrónico que aportaron las partes al momento de manifestar que están de acuerdo con participar en la audiencia bajo esta modalidad, constituye una práctica en exceso formalista que provocó una afectación importante al derecho de defensa de los ausentes, especialmente relevante para la parte demandada, que vio coartada la posibilidad de expresar a viva voz las razones por las que había interpuesto defensas previas, por un lado, y por otro, porque le impidió defender las pruebas que había aportado y que constituían tanto la base de su defensa, como de las pretensiones indemnizatorias de su contrademanda. Considera esta Cámara que la distinción que hace el Juez de Trámite entre medio de notificaciones y correo para recibir la invitación a la audiencia no tiene sustento jurídico, pues ni el Protocolo vigente ni la misma resolución que convocó a la audiencia hacen esa diferencia tan sutil entre un término y otro. En los escritos de las partes, quedó clara su intención de acudir a la audiencia preliminar en modalidad virtual. En todos los casos se indica no sólo un correo, sino además un celular para que, como el Tribunal lo solicitó, se pudiera comunicar de forma urgente con ellos en caso de que hubiera un problema de conexión. El espíritu de estos requisitos, contenidos en el Protocolo, es facilitar la participación de las partes vía remota, originalmente en virtud de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, pero en la actualidad en virtud del ahorro y mejora en la prestación del servicio público de justicia que significa que las partes puedan participar en una diligencia judicial de trascendencia, sin necesidad de trasladarse al despacho. Esta idea de celeridad y acercamiento de la justicia a las partes es incompatible con la actitud del Juez de Trámite a cargo de la audiencia, quien aun revisando los escritos que las partes le presentaban en tiempo real, donde claramente reiteraron su intención de participar en la audiencia, se rehusó a enviarles el vínculo al correo que ya habían señalado, o al menos a comunicarse con ellas al celular que habían indicado con el fin de explicarles su posición y buscar la corrección del escrito para cumplir con su posición formalista (que el escrito dijera correo para recibir la invitación y no para recibir notificaciones). Para esta Cámara, la tesis del Juez de Trámite, como se dijo, contraviene el espíritu de acercamiento de la justicia que persigue el Protocolo y peca de formalismo excesivo al requerir una fórmula de palabras específica para llevar a cabo un acto jurídico esencial, como es la comunicación a la parte del vínculo para poder participar en la audiencia en la que se definió en gran medida el futuro del proceso. La indefensión anotada, afecta en alguna medida al Inder y al Sinac y en mucho mayor medida a la parte demandada, y conlleva la nulidad de la audiencia preliminar realizada, lo que es apreciado de oficio por el Tribunal, a tenor de los poderes de saneamiento concedidos a las autoridades jurisdiccionales a la luz del artículo 33.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 220 CPCA. En este sentido, no es posible subsanar esta actuación en tanto se impidió la participación de las partes en la integralidad de las actuaciones de la audiencia llevada a cabo. Por otro lado, esta actuación irregular impidió el logro del fin para la que fue convocada la audiencia, pues la valoración que se hizo de las defensas previas y de la prueba, tanto de la demanda como de la contrademanda, se hizo de forma sesgada, sin contar con las apreciaciones y explicaciones que pudo haber presentado la representante de la parte demandada reconventora en el transcurso de la misma. El no comunicarle a la parte el vínculo para unirse a la audiencia pese a sus reiteradas gestiones le cercenó su derecho a ser oída en audiencia, a oponerse a lo resuelto en ella y a presentar nuevas alegaciones, en el marco de las reglas propias de la audiencia preliminar. El hecho de que ninguna de las partes haya alegado la nulidad en sus conclusiones o en otro momento, no enerva la obligación del Tribunal de analizar la situación, ni convalida las actuaciones realizadas en una audiencia donde por una cuestión de excesivo e injustificado formalismo se cercenó el derecho de defensa de varios de los intervinientes, atentando en forma grosera contra el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ante la gravedad de lo acontecido en la tercera audiencia preliminar de este asunto y tratándose de un vicio que pudiera conllevar a la nulidad de la sentencia que este Tribunal está llamado a emitir, no le queda más remedio a esta Cámara que decretar la nulidad de la misma, y por consiguiente ordenar la devolución del expediente al Juez que realizó dicha audiencia, a fin de proceda a su repetición en forma íntegra, garantizando la participación de todas las partes, enviando las invitaciones al correo que las partes indiquen, si es su  intención asistir en forma virtual y procurando su conexión en caso de que no se lograra su presencia. [...]"

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Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

13-008122-1027-CA - 7




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL




DEMANDADO/A:

	

JOSE NARVAEZ NARVAEZ

 

Nº N° 2023002770

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con nueve minutos del treinta y uno de Agosto del dos mil ventitres.-

Proceso de conocimiento -lesividad- incoado por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante Inder), representado por el señor Rodrigo Cervantes Barrantes, cédula de identidad número 1-0667-0358, en su condición de apoderado especial judicial (img. 35 de la carpeta principal), en contra del señor JOSÉ NARVÁEZ NARVÁEZ, cédula número 8-0046-0467 y LOS HUMILDES DE UPALA S.A., cédula jurídica número 3-101-678501, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, José Narváez Narváez, cédula de identidad número 8-0046-0467 (img. 424 de la carpeta principal). Intervienen como terceros interesados el ESTADO, representado por Heilyn Guisselle Sáenz Calderón, cédula de identidad número 7-0121-0163, en su condición de procuradora apersonada al proceso (img. 493 de la carpeta principal), y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (Sinac), representado por Mary Paz Monge Jara, cédula de identidad número 2-0717-0872, en su condición de apoderada especial judicial (img. 475 de la carpeta principal). Interviene en condición de apoderada especial judicial de los demandados, Mirna Espinoza Pereira, cédula 2-0637-0886 (img. 455 de la carpeta principal).

CONSIDERANDO

   ASPECTOS PRELIMINARES.- Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:
Mediante escrito de demanda presentado el 26 de noviembre del año 2013, la representación del Inder entabló el presente proceso de lesividad, solicitando: “ 1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. / 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 43, de la sesión 016-04, de fecha 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Alajuela Folio Real número 403065-000 a favor del señor JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) correspondiente al Plano Catastrado A-0690214-2001. / 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública número escritura número (sic) 130-79 otorgada ante el Notario Huberth Rojas Araya, visible al folio 094 frente del tomo 79 del protocolo de dicho Notario, emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de las finca (sic) Partido de Alajuela Folio Real número 403065-000 a favor del señor JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) correspondiente al Plano Catastrado A-0690214-2001. / 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Limón (sic) Folio Real número 403065-000 emitido por el Registro Nacional. / 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción (sic) del inmueble inscritos (sic) en el Registro Nacional, Provincia de Alajuela Folio Real matrícula número 403065-000. / 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio”. Además, a título de medida cautelar, solicitó el Inder la anotación de la demanda e inmovilización del inmueble (img. 114-131 de la carpeta principal).
En auto de las 15:29 horas del 26 de noviembre del 2013, el Juez Tramitador de turno de forma provisional acogió parcialmente la solicitud de medida cautelar, ordenando anotar la presente demanda al margen de la finca del Partido de Alajuela, matrícula número 403065-000, propiedad registrada, en ese momento, a nombre del codemandado José Narváez Narváez (img. 132-133 de la carpeta principal). Este auto fue impugnado por el demandado Narváez Narváez en escrito del 24 de febrero de 2014 (img. 140 de la carpeta principal). El recurso de revocatoria fue rechazado por el Juez Tramitador en auto de las 11:01 horas del 28 de agosto de 2014 (img. 162-163 de la carpeta principal). El recurso de apelación fue rechazado de plano por el Tribunal de Apelaciones en resolución número 547-2014, de las 15:35 horas del 13 de noviembre de 2014 (img. 176-179 de la carpeta principal).
La demanda fue contestada por el primer apoderado del demandado Narváez Narváez en escrito recibido dos veces vías fax el 2 de diciembre de 2014 y presentado al despacho nuevamente con fecha de recibido 16 de diciembre del mismo año (img. 180-196, 197-213 y 214-228, respectivamente, de la carpeta principal). En ese escrito se opusieron las excepciones de caducidad y prescripción, falta de derecho, falta de causa, falta de legitimidad (sic) activa y pasiva, indebida representación, cosa juzgada e irretroactividad de la Ley. Solicitó además condenar al Inder al pago de los daños y perjuicios, así como de las costas. Se solicitó además un reconocimiento judicial “a fin que se verifique el verdadero estado de los inmuebles y la explotación a que han sido y están siendo sometidos por el demandado”. Junto a la contestación de la demanda, el demandado Narváez Narváez presentó reconvención contra el Inder, en la que solicitó: “Razones dadas (sic), pruebas citadas y aportadas en autos, más las que han de evacuarse oportunamente, fundamentos de hecho y derecho expuestos, por ser lo legal, justo y procedente en derecho; la demanda incoada en contra de mi representado, debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos, por las excepciones de: Caducidad y prescripción, con base en los artículos 37, 38 y 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en razón que las fincas mi poderdante las adquiere por compra al IDA, mediante escritura otorgada por la actora, ante el Notario Hubert Rojas Araya, número 130-79, de fecha 9:00 horas del 26 de mayo de 2004; siendo el acto adjudicatario, de fecha 21/09/1998 (Ver prueba # 3, documental foliada de 1 y 2; prueba # 4 folios 1 a 5, Oficio STA-165, de 28/04/2004; artículo 43, cesión 016-04, de 3 de mayo de 2004; y, prueba # 5, folios 1 a 17).- Así como las excepciones de falta de derecho, falta de causa, falta de legitimidad (sic) activa y pasiva, indebida representación, cosa juzgada e irretroactividad de la ley.- Y, condenarle al pago de ambas costas del proceso, daños y perjuicios.- EN DEFECTO, ha de acogerse en todos sus extremos la contra-demanda o reconvención; y, en su razón, se condenará al Inder, aquí reconvenido o contra-demandado a pagar los daños, perjuicios, intereses de ley y ambas costas del proceso, según desglose supra y que a continuación de reitera y transcribe así: / DAÑO MATERIAL: / 1- Compra de mejoras y actos posesorios a su (sic) anteriores poseedores de los inmuebles; y, lo pagado al Inder, con base en los Índices de crecimiento de precios del INEC, actualizado (sic) lo pagado, de la fecha de adquisición y al efectivo pago, traída esa cifra al momento presente, según cálculos que se hará en su oportunidad pericialmente, prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢300.000.000,00.- / 2- Inversiones en los inmuebles que sobrepasan sumas millonarias, en deslinde, limpieza de linderos, construcción y reparación de cercas, limpias y la reforestación practicada, lo que prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢200.000.000,00. / DAÑO MORAL: / 1- Toda esa zozobra a ha (sic) venido siendo sometido, el señor Narvaez Narvaez (sic), desde del proceso administrativo en La Contraloría General de la República, luego en sede penal, donde se han inmovilizado los inmuebles, sin poder usarlos como garantía en créditos potenciales, ni poder venderse, ha hecho entrar en incertidumbre a don José Santos, al extremo que enfrente (sic) episodios críticos de depresión; cuyo daño moral, es inestimable, no obstante, a los efectos, prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢100.000.000,00.- / PERJUICIOS: / Siendo que cada vez, que se han inmovilizado los inmuebles, no ha podido el señor Narvaez Narvaez (sic), usarlos como garantía en créditos potenciales y favorables, debiendo recurrir a otros medios, para poder darle mantenimiento a los mismos y financiar toda la reforestación que ha y está ejecutando y llevando a cabo en la finca; aunado que, no se ha podido vender, cuando se han presentado eventuales compradores potenciales, ha causado o provocado el Inder, con esa gestiones (sic), que sufra un perjuicio económico, el cual, prudencialmente, se cuantifica, estima, liquida y fija, en: ¢200.000.000,00”. Como medida cautelar, solicitó el contrademandante “Al considerarlo oportuno y de recibo, practíquese inspección o reconocimiento a los inmuebles, en el lugar de la cuestión, a fin que se verifique el verdadero estado de los inmuebles y la explotación a que han sido y están siendo sometidos por el demandado, mi cliente”.
En auto número 1298-2015, de las 7:55 horas del 15 de mayo de 2015 el Juez de Trámite resolvió: “SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN al expediente número 13-008122-1027-CA del expediente 13-008124-1027-CA.- Una vez firme, remítase cada expediente al Juez competente a fin de que continúe con el trámite que corresponda” (img. 230-233 de la carpeta principal).
El Inder contestó la contrademanda en escrito recibido el 25 de septiembre de 2015, respecto de la que opuso las defensas de falta de derecho y “falta de legitimación en sus dos modalidades” (img. 247-253 de la carpeta principal).
La audiencia preliminar prevista en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo inició el día 14 de diciembre de 2015, oportunidad en la que las partes decidieron acudir a la fase de conciliación (img. 272-273 de la carpeta principal). Dicha etapa fue declarada fracasada mediante auto de las 13:35 horas del 1 de abril de 2016 (img. 291 de la carpeta principal).
En auto de las 9:04 horas del 11 de mayo de 2017 el Juez Tramitador ordenó la suspensión del proceso en virtud del curso de la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente número 17-000373-0007-CO (img. 322 de la carpeta principal).
En fecha 16 de enero de 2019 se realizó una segunda audiencia preliminar, en la que el representante del Inder indicó que era necesario traer al proceso a la Sociedad Los Humildes de Upala S.A., al Estado y al Sinac. Ante ello, el Juez de Trámite, por resolución número 47-2019, de las 9:30 horas de ese día, decidió: “Se rechaza la defensa previa de litisconsorcio pasivo necesario, en razón de lo anterior se le previene a la parte actora dos juegos de copias de todo lo actuado en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a efectos de poner en conocimiento del ESTADO y el Sinac del presente asunto con el fin de que si es de su interés apersonarse como terceros interesados o como coadyuvantes activos” (img. 405-406 de la carpeta principal).
En escrito del 22 de enero de 2019 el Inder solicitó nuevamente integrar al proceso a Los Humildes de Upala S.A., al ser el titular actual del bien objeto de debate (img. 408-412 de la carpeta principal).
El Juez de Trámite, en resolución número 538-2020, de las 7:45 horas del 25 de marzo de 2020 resolvió: “Con fundamentos (sic) en los artículos 12.3 y 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se DECLARA CON LUGAR la litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el Inder. Se ordena la integración como litis consorcio pasivo necesario a la empresa LOS HUMILDES DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-67601. Se le previene a la parte actora que un plazo de TRES DÍAS HÁBILES presente un juego de copias de todo lo actuado a efectos no (sic) notificar al integrado, al amparo de lo regulado en el artículo 49 del Código Procesal Contencioso Administrativo, so pena de no atender futuras gestiones” (img. 440-443 de la carpeta principal).
En escrito recibido el 24 de septiembre de 2020 el señor Narváez Narváez, en su condición personal y como representante de la sociedad codemandada aportó un nuevo poder, a favor de la profesional Mirna Espinoza Pereira. En este escrito no se refirió al curso de la demanda concedido contra la sociedad titular del bien (img. 457-459 de la carpeta principal).
Mediante escritos presentados los días 10 y 14 de enero del 2022, las representaciones del Estado y del Sinac se apersonaron como terceros interesados. El Estado expuso argumentos y solicitó acoger en todos los extremos las pretensiones de la demanda de lesividad, mientras que el Sinac se limitó a solicitar que se le tuviera como tercero interesado (img. 465-474 y 475-476 de la carpeta principal, respectivamente). En escrito recibido en fecha 21 de febrero de 2022 el Sinac hizo sus manifestaciones en condición de tercero interesado (img. 489-491 de la carpeta principal).
En auto de las 14:29 horas del 16 de febrero de 2022 la sociedad Los Humildes de Upala S.A. fue declarada rebelde. Asimismo, se procedió a convocar a las partes a audiencia preliminar virtual, indicando el Juez Tramitador la obligación de todos los intervinientes de señalar un correo para remitirles la invitación de TEAMS so pena de tener que asistir en forma presencial al despacho (img. 477-482 de la carpeta principal).
El Estado, el Sinac, los codemandados y el Inder señalaron un correo electrónico para recibir la notificación de TEAMS en escritos recibidos el  21 de febrero (los dos primeros), 18 y 25 de mayo de 2022, respectivamente (img. 484, 485, 492 y 498 de la carpeta principal, respectivamente).
El 25 de mayo de 2022 continuó la audiencia preliminar, en ausencia de las representaciones del Inder, de las partes demandadas José Narváez Narváez y Los Humildes de Upala S.A. y del Sinac. Sólo estuvo presente la representación del Estado. El Juez de Trámite indicó al inicio de la audiencia: “Hago la acotación de que únicamente en la audiencia se encuentra presente la representación estatal, esto a pesar de que en la resolución que hace la convocatoria a la audiencia del día de hoy de manera virtual, únicamente fue quien aportó los medios electrónicos (sic). En igual sentido, en el momento que se incorporen algunos medios electrónicos pues se dará la presencia de las partes en dicha diligencia, de conformidad con las reglas que establece el artículo 86 del Código de rito”. En cuanto a la demanda, no se determinaron aspectos de saneamiento y se fijaron las pretensiones de la forma que están en el escrito inicial. Mediante resolución número 837-2022-T, de las 9:22 horas del 25 de mayo de 2022 el Juez resolvió las defensas previas opuestas por el señor Narváez Narváez, cuya parte dispositiva indica: “Se rechazan las defensas previas de caducidad, prescripción, cosa juzgada e indebida representación”. Terminada esta fase, el juez procedió a revisar si no había escritos de las partes, y comunicó en audiencia que se había recibido escrito de la abogada de los demandados. Posterior a su lectura, indicó: “… a pesar de que existe la anuencia al desarrollo de la audiencia virtual, no fue presentado a este Tribunal un medio para presentar o mandar el link correspondiente para la invitación del Teams. Lo que las partes están aportando y la discusión que se ha venido dando a trascendentar (sic) es que en el escrito que ellos presentan indican “medio para notificaciones”, que no es sinónimo ni siquiera de medio para la invitación a la audiencia de manera virtual. Las notificaciones únicamente es (sic) para comunicar toda aquella resolución judicial referente a lo que se vaya tramitando dentro de esta causa jurisdiccional, por ende no puede tenerse entonces como percibida (sic) dicha situación. Por ende, continuamos entonces con la audiencia preliminar”. Posteriormente se determinaron los hechos controvertidos, se procedió a la admisión de prueba documental ofrecida por las partes, al rechazo del reconocimiento solicitado por el Inder (que al incorporarse a la audiencia manifestó que su interés era desistir del mismo), y al rechazo también de las pruebas ofrecidas por la parte demandada (acercamiento de prueba documental no aportada, prueba testimonial, reconocimiento judicial y prueba pericial), por falta de razonamientos adicionales que justificaran las pruebas ofrecidas. En ese momento de la audiencia se integró la representación del Inder y el Juez Tramitador se refirió al documento presentado por el Sinac, donde acusaba también no haber sido invitada a la audiencia, reiterando el Juez de Trámite su posición de que no se le envió la invitación porque señaló un medio para recibir notificaciones y no para recibir la invitación de teams. En cuanto a la contrademanda, no se tuvieron aspectos de saneamiento, la pretensión se mantuvo tal y como estaba en la reconvención inicial, no se resolvieron defensas previas, se fijaron los hechos controvertidos y se procedió a analizar la procedencia de la prueba presentada. Para este momento, procedió a integrarse a la audiencia la representación del Sinac. Nuevamente el juez de trámite aclaró: “…nada más licenciada le hago la acotación de que no se le había mandado la invitación correspondiente porque no es sino hasta este momento procesal que se recibió la misma. En los diversos escritos presentados incluso el día de hoy o en la fecha del mes de febrero se indicó como medio para recibir notificaciones lo cual no es sinónimo de medio para el enlace correspondiente para la invitación del link, que fue lo que se peticionó dentro del escrito de convocatoria a audiencia preliminar…”. Sobre la prueba ofrecida en la reconvención, se procedió al rechazo de dos elementos de prueba que la parte solicitó al Tribunal incorporar, por falta de pertinencia y a falta de prueba de por qué debía diligenciarla  el Tribunal. Respecto de la prueba testimonial ofrecida, el juez procedió a su rechazo indicando que tratándose la contrademanda de un proceso civil de hacienda de daños y perjuicios, la prueba ofrecida no es compatible con las pretensiones esbozadas, igual que lo vinculado al reconocimiento judicial, rechazado nuevamente por falta de pertinencia ante la escasa argumentación presentada, manifestando expresamente: “… con lo indicado en autos no basta, a criterio de este Juzgador, para determinar que resulte pertinente de acuerdo a las pretensiones objeto de debate. Bajo esa consideración, se rechaza”. En cuanto a la prueba pericial, el Juez Tramitador dispuso: “La prueba pericial, pareciera que resultaba procedente porque la parte lo que está peticionando es daños y perjuicios ocasionados por la conducta del Inder de la gestión de haber otorgado dicha (sic) título habilitante de derecho subjetivo. No obstante existe una omisión en la petición, porque únicamente dice “prueba pericial a efectos de que cuantifique la indemnización correspondiente”, sin establecer qué tipo de profesional es el que peticiona para dicho elemento probatorio. No puede este Juzgador ni este Tribunal presumir aspectos elementales de las partes (sic) y por ende entonces no resulta procedente su admisibilidad. Acordémonos de que (sic) la admisión de la prueba únicamente compete o viene siendo ofrecida por la parte y no puede este Tribunal presumir cuál es el profesional que requiere que realice la pericia correspondiente. Por tal motivo la misma debe ser rechazada”. Con base en estos rechazos, se declaró el asunto de puro derecho. Sin embargo, el Juez Tramitador otorgó el plazo de cinco días a las partes para conclusiones, indicando que: “… Recordémonos que la audiencia se presentó o se realizó sin la representación de la parte reconventora o bien la parte demandada. Podría ser que la parte presente en el plazo de los tres días una justificación para la ausencia de la audiencia señalada para el día de hoy, lo cual sería valorable por el Tribunal. Cuando pasan este tipo de consideraciones, pues si la parte presenta una justificación adecuada de la no convocatoria a la audiencia (sic), la consecuencia jurídica es devolverse, anular la audiencia señalada y volverse a materializar consecuentemente. Ergo, las conclusiones que se habrían brindado serían un adelanto de criterio (sic) para las partes intervinientes en esta causa jurisdiccional”. Por último, el Juez de Trámite mencionó que no se había resuelto la medida cautelar solicitada por la parte reconventora en su escrito inicial, en virtud de que no se había dado audiencia al Sinac y al Estado, conforme a lo cual concedió a dichos órganos el plazo de tres días para que se refirieran a la misma, indicando además que “… ya posteriormente este Tribunal se pronunciará entonces sobre el fondo de lo que en derecho corresponda en cuanto a la medida cautelar peticionada”.
En escrito agregado al expediente el día de la audiencia a las 9:25 horas la abogada de los codemandados indicó: “En relación a la CONVOCATORIA A AUDIENCIA PRELIMINAR EN MODALIDAD VIRTUAL señalada para llevarse a cabo el día de hoy 25 de mayo del 2022 a las 8:45, no me fue enviado el enlace para unirme a la audiencia, pese a que envié escrito con anuencia para participar en la audiencia. / En consecuencia, no me fue posible conectarme virtualmente a la audiencia señalada” (img. 497 de la carpeta principal). En el mismo sentido, en escrito recibido a las 9:29 horas de ese mismo día el representante del Inder indicó: “… esta representación manifiesta de forma expresa su disponibilidad a efecto de participar en la audiencia preliminar programada para el día 25 de mayo de 2022 en modalidad virtual, para tales efectos señalo el correo electrónico [email protected], a efecto de recibir la invitación a la realización de la audiencia en modalidad virtual señalada por dicho Tribunal. Asimismo señalo mi teléfono celular 8886-1011, a efecto de recibir de parte del Tribunal cualquier comunicación respecto de dicha audiencia” (img. 498 de la carpeta principal). Adicionalmente, en escrito recibido a las 9:31 horas del mismo día de la audiencia la representación del Sinac indicó: “…manifiesto por medio de la presente que el día de hoy 25 de mayo de 2022 se celebraría audiencia preliminar, por lo cual envié un escrito con la anuencia a participar de manera virtual desde la fecha 21 de febrero del mismo año, tal y como consta en el expediente. / No recibí el correo con el enlace para la audiencia, por lo cual el día de la audiencia envié un correo a la persona técnica encargada de la sesión, al correo [email protected], al ser las 7:35am (adjunto imagen), sin recibir respuesta alguna, de igual manera llamé al Tribunal indicando el error, por lo cual me refirieron que me enviarían el enlace, no obstante, no recibí el correo ni indicaciones para la conexión, por tanto, manifiesto por este medio mi justificación por la cual no pude conectarme, ya que, debido a una inadecuada gestión de la persona encargada de la sesión, nunca recibí el medio para conectarme a la audiencia” (img. 499 de la carpeta principal).
El Estado presentó sus conclusiones en escrito recibido el 1 de junio de 2022 (img. 511-513 de la carpeta principal). El Inder hizo lo mismo en escrito del 2 de junio (img. 514-516 de la carpeta principal). La parte demandada reconventora lo hizo en escrito recibido el 3 de junio de 2022 (img. 517-518 de la carpeta principal).
Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, así como el acuerdo número 12.VI.2023 del 27 de julio del 2023 de la Comisión de la Contencioso Administrativo, mediante el cual se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, en virtud de los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación de una gran cantidad de expedientes, el presente asunto de Puro Derecho fue turnado al juzgador Conejo Cantillo, a partir del día 02 de agosto de 2023, y se procede a resolver al amparo de las políticas de prioridad establecidas por Corte Plena.
Redacta el Juez Conejo Cantillo, por unanimidad y con el voto afirmativo de la jueza Madriz Martínez y el juez Hidalgo Rueda.
DEFICIENCIAS DE TRÁMITE EN EL PRESENTE ASUNTO.- Hecha la debida revisión del expediente por parte de este Tribunal, se evidencian dos aspectos que ameritan corrección de forma ineludible: 1) Violación al derecho de defensa por excesivo formalismo en la audiencia preliminar. Tal y como se revela del elenco de actuaciones llevadas adelante en este expediente, el presente asunto de lesividad fue presentado por el Inder con el fin de declarar la nulidad del acuerdo tomado por la Junta Directiva del otrora Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 43, de la sesión 016-04, de fecha 3 de mayo de 2004, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Alajuela Folio Real número 403065-000 a favor del codemandado JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) correspondiente al Plano Catastrado A-0690214-2001, ya que a partir de un informe de la Contraloría General de la República se determinó que esta y otras muchas propiedades fueron tituladas a favor de terceros sin contar con los requisitos legales o reglamentarios, constituyendo en muchos casos patrimonio natural del Estado. Por conexidad, se solicitó también la nulidad de los asientos registrales de cualquier inscripción derivada. Al contestar la demanda, el señor Narváez se constituyó además en reconventor, reclamando al Inder los daños y perjuicios que causaría el despojo, en virtud de las mejoras introducidas, así como lo que ha significado tener la finca inmovilizada, sin posibilidad de enajenarla o utilizarla como garantía. En fecha posterior, se integró al proceso al titular actual de la propiedad, la sociedad Los Humildes de Upala S.A., que fue declarada en rebeldía y se concedió audiencia sobre el asunto, a fin de que manifestaran si deseaban constituirse en terceros interesados, al Sinac y al Estado. Se tiene además que fue necesario la realización de tres audiencias preliminares, la primera de las cuales fue suspendida en virtud del interés de las partes de conciliar, la segunda, a fin de notificar al Estado y al Sinac de la existencia de este asunto y consultarles si querían constituirse en terceros y la última, en la que, una vez apersonados el Sinac y el Estado y declarada rebelde la sociedad codemandada, se conocieron todas las fases propias de esa etapa. Ahora bien, esa última audiencia tuvo la particularidad de celebrarse el 25 de mayo de 2022, estando vigente el Protocolo para la realización de audiencias orales en modalidad virtual total o parcial mediante la utilización de herramientas tecnológicas, materia Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, comunicado mediante la circular número 137-2020 y aprobado por la Corte Plena en sesión número 37-2020, celebrada el 29 de junio de 2020, artículo V, a fin de lidiar con las restricciones propias de la pandemia, pero que ha permanecido vigente en virtud de la agilidad que brinda a las partes, particularmente aquellas que vienen de zonas alejadas. Este protocolo estableció la obligación, en primer lugar, de preguntar a las partes si estaban dispuestas a participar en la audiencia de forma virtual, bajo pena de tener que presentarse al despacho. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, estableció la obligación del despacho de requerir a las partes en el auto de convocatoria “que indiquen el correo electrónico de cada una de las personas que intervendrán en la audiencia, con la finalidad de incluirlos en la convocatoria correspondiente”. En el presente asunto, esta tercera audiencia fue convocada en auto de las 14:29 horas del 16 de febrero de 2022, mediante la cual se indicó, en lo que interesa: “… únicamente en el caso de no haberlo indicado con anterioridad, dentro del plazo de tres días luego de recibida esta comunicación, las partes deberán indicar un correo electrónico correspondiente a cada una de las personas que participará en la audiencia, a fin de poder remitir a dicho medio la invitación correspondiente… Las partes recibirán con antelación a la audiencia un correo electrónico con el vínculo para unirse a ésta, al cual deberá acceder quince minutos antes de su inicio, a fin de realizar las pruebas necesarias para garantizar la calidad del sonido y de la conexión, razón por la cual deberán en el plazo de VEINTICUATRO HORAS aportar el correo electrónico respectivo una vez notificada la presente resolución… Se le indica a las partes que no aporten el medio electrónico para recibir la invitación de la plataforma Microsoft Teams, en el plazo establecido, deberán apersonarse al Tribunal de manera personal”. En atención a esa comunicación del despacho, las partes procedieron a hacer sus manifestaciones en el siguiente orden y sentido: a) Estado: Mediante escrito recibido el 21 de febrero de 2022 la representante estatal indicó: “… manifiesto mi anuencia a realizar la audiencia preliminar de manera virtual. Cuento con los requerimientos técnicos solicitados. / Pongo a disposición del Despacho mi número de teléfono 88159938 y mi correo electrónico [email protected]”. b) Sinac: En escrito recibido la misma fecha que el del Estado, la apoderada indicó: “… manifiesto mi anuencia a realizar la audiencia preliminar de manera virtual […] NOTIFICACIONES: Señalo como medio para atender notificaciones el correo electrónico [email protected] subsidiariamente se aporta número telefónico 8993-6043”. c) Codemandados: En escrito recibido el 18 de mayo de 2022 la abogada de ambos indicó: “… manifiesto mi disposición a realizar la audiencia preliminar de manera virtual y conforme a los requerimientos técnicos solicitados. / NOTIFICACIONES: Señalo como medio para atender notificaciones el correo electrónico [email protected], también aporto número telefónico 71782211”. No consta en el expediente que se haya recibido manifestación alguna del Inder previo al inicio de la audiencia oral. Como se ve del recuento anterior, todas las partes, salvo el Inder, manifestaron su intención de participar en la audiencia de forma virtual e indicaron en el mismo escrito un correo y un celular para atender cualquier consulta al respecto de la audiencia. Según se indicó previamente, esta tercera audiencia preliminar se llevó a cabo el 25 de mayo de 2022 y comenzó con la presencia de la representación estatal, únicamente. Esta circunstancia particular fue señalada por el Juez de Trámite, quien manifestó que esto era así porque él sólo le había enviado invitación a la parte presente, pues era la única que había indicado correctamente el correo electrónico en su escrito, esto pese a que tanto la representante del Sinac como la de los codemandados señalaron un correo electrónico en el escrito en el que manifestaron expresamente que estaban de acuerdo con la audiencia virtual. Indicó el juez que iba a monitorear la recepción  de escritos, para que “… en el momento que se incorporen algunos medios electrónicos pues se dará la presencia de las partes en dicha diligencia, de conformidad con las reglas que establece el artículo 86 del Código de rito”. Contando entonces sólo con la presencia del Estado, que sólo está incorporado en el proceso como tercero interesado, el Juez de Trámite procedió a revisar los términos de la demanda, sin que detectara aspectos a sanear y fijó las pretensiones como estaban planteadas en el escrito principal, en ausencia de la parte demandada y del propio Inder. Acto seguido, procedió a conocer las defensas previas planteadas por el codemandado Narváez Narváez contra la demanda y mediante resolución número 837-2022-T, de las 9:22 horas del 25 de mayo de 2022, resolvió el rechazo de todas las defensas opuestas (caducidad, prescripción, cosa juzgada e indebida representación). Cabe destacar que el juez argumentó en su resolución oral la falta de fundamentación de las defensas (siendo que sólo contó con lo que la parte había indicado en la contestación de la demanda), para el rechazo de la mayoría de ellas. Una vez resueltas las defensas, el juez procedió a revisar si no había escritos de las partes, y comunicó en audiencia que se había recibido escrito de la abogada de los demandados, en el que la apoderada indicó: “En relación a la CONVOCATORIA A AUDIENCIA PRELIMINAR EN MODALIDAD VIRTUAL señalada para llevarse a cabo el día de hoy 25 de mayo del 2022 a las 8:45, no me fue enviado el enlace para unirme a la audiencia, pese a que envié escrito con anuencia para participar en la audiencia. / En consecuencia, no me fue posible conectarme virtualmente a la audiencia señalada”. Leído que fue este escrito en la audiencia, el Juez de Trámite manifestó: “… a pesar de que existe la anuencia al desarrollo de la audiencia virtual, no fue presentado a este Tribunal un medio para presentar o mandar el link correspondiente para la invitación del Teams. Lo que las partes están aportando y la discusión que se ha venido dando a trascendentar (sic) es que en el escrito que ellos presentan indican “medio para notificaciones”, que no es sinónimo ni siquiera de medio para la invitación a la audiencia de manera virtual. Las notificaciones únicamente es (sic) para comunicar toda aquella resolución judicial referente a lo que se vaya tramitando dentro de esta causa jurisdiccional, por ende no puede tenerse entonces como percibida (sic) dicha situación. Por ende, continuamos entonces con la audiencia preliminar”. Es decir, la razón por la que no se envió la invitación a la abogada de los codemandados reconventores, pese a que en el escrito en el que se manifestó su anuencia a participar en forma oral sí se había indicado un correo electrónico, es que señalar un correo electrónico como medio para recibir notificaciones no es lo mismo que señalar un correo para que le sea enviada la invitación a la audiencia. En otras palabras, pese a que en el documento consta un correo, no se envió la invitación por que decía que ese correo era para enviar notificaciones y no para enviar la convocatoria a la audiencia, según el razonamiento del Juzgador de trámite. Con esta tesis y sin que el Estado manifestara oposición al respecto, el Juez continuó con la audiencia, sin comunicarse con la abogada al celular que el mismo despacho había solicitado indicar en caso de que existiera algún conflicto con la audiencia y sin invitar a la abogada de los codemandados pese a tener un correo donde hacerlo. Posterior a esta aclaración, se determinaron los hechos controvertidos de la demanda, se procedió a la revisión y admisión de prueba documental ofrecida por las partes, al rechazo del reconocimiento solicitado por el Inder (que al incorporarse a la audiencia manifestó que su interés era desistir del mismo), y al rechazo también de las pruebas ofrecidas por la parte demandada (acercamiento de prueba documental no aportada, prueba testimonial, reconocimiento judicial y prueba pericial). Nuevamente, el Juez de trámite justificó el rechazo de la prueba aportada por la parte demandada principalmente por la falta de razonamientos adicionales que justificaran las pruebas ofrecidas, pues únicamente contó con lo que se dijo en el escrito de contestación y no con las manifestaciones que hubiera podido hacer la abogada del codemandado Narváez en audiencia. A estas alturas de la diligencia, se integró la representación del Inder y el Juez Tramitador se refirió al documento presentado por el Sinac, donde acusaba también no haber sido invitada a la audiencia, reiterando el Juez de Trámite su posición de que no se le envió la invitación porque señaló un medio para recibir notificaciones y no para recibir la invitación de Teams. Contando con la presencia virtual del representante del Inder, el Juez procedió a conocer la contrademanda, respecto de la cual se indicó que no había aspectos de saneamiento. La pretensión se mantuvo tal y como estaba en la reconvención inicial, no se resolvieron defensas previas, se fijaron los hechos controvertidos y se procedió a analizar la procedencia de la prueba presentada. Para este momento, procedió a integrarse a la audiencia la representación del Sinac. Nuevamente el juez de trámite aclaró: “…nada más licenciada le hago la acotación de que no se le había mandado la invitación correspondiente porque no es sino hasta este momento procesal que se recibió la misma. En los diversos escritos presentados incluso el día de hoy o en la fecha del mes de febrero se indicó como medio para recibir notificaciones lo cual no es sinónimo de medio para el enlace correspondiente para la invitación del link, que fue lo que se peticionó dentro del escrito de convocatoria a audiencia preliminar…”. Sobre la prueba ofrecida en la reconvención, se procedió al rechazo de dos elementos de prueba que la parte solicitó al Tribunal incorporar. El motivo del rechazo fue su falta de pertinencia y la falta de aclaraciones de por qué debía diligenciarla el Tribunal y no la propia parte. Respecto de la prueba testimonial ofrecida, el juez procedió a su rechazo indicando que tratándose la contrademanda de un proceso civil de hacienda de daños y perjuicios, la prueba ofrecida no era compatible con las pretensiones esbozadas, igual que el reconocimiento judicial, rechazado nuevamente por falta de pertinencia ante la escasa argumentación presentada, manifestando expresamente: “… con lo indicado en autos no basta, a criterio de este Juzgador, para determinar que resulte pertinente de acuerdo a las pretensiones objeto de debate. Bajo esa consideración, se rechaza”. En cuanto a la prueba pericial, el Juez Tramitador dispuso: “La prueba pericial, pareciera que resultaba procedente porque la parte lo que está peticionando es daños y perjuicios ocasionados por la conducta del Inder de la gestión de haber otorgado dicha (sic) título habilitante de derecho subjetivo. No obstante existe una omisión en la petición, porque únicamente dice “prueba pericial a efectos de que cuantifique la indemnización correspondiente”, sin establecer qué tipo de profesional es el que peticiona para dicho elemento probatorio. No puede este Juzgador ni este Tribunal presumir aspectos elementales de las partes (sic) y por ende entonces no resulta procedente su admisibilidad. Acordémonos de que (sic) la admisión de la prueba únicamente compete o viene siendo ofrecida por la parte y no puede este Tribunal presumir cuál es el profesional que requiere que realice la pericia correspondiente. Por tal motivo la misma debe ser rechazada”. Nuevamente se denota cómo la ausencia de la abogada de los codemandados influyó en la decisión de rechazo de las pruebas que el mismo juez reconoció que pudieron ser relevantes y procedentes, en particular la prueba pericial para establecer los daños y perjuicios, que constituye el objeto esencial de la pretensión de la contrademanda. Con base en estos rechazos, se declaró el asunto de puro derecho y se escucharon conclusiones de las partes por escrito, sin que ninguna de ellas hiciera referencia a lo sucedido en la audiencia. Teniendo claro el panorama expuesto en líneas precedentes, es la posición unánime de esta integración que la tesis del Juez de Trámite, en cuanto a no enviar la invitación para la realización de la audiencia virtual al correo electrónico que aportaron las partes al momento de manifestar que están de acuerdo con participar en la audiencia bajo esta modalidad, constituye una práctica en exceso formalista que provocó una afectación importante al derecho de defensa de los ausentes, especialmente relevante para la parte demandada, que vio coartada la posibilidad de expresar a viva voz las razones por las que había interpuesto defensas previas, por un lado, y por otro, porque le impidió defender las pruebas que había aportado y que constituían tanto la base de su defensa, como de las pretensiones indemnizatorias de su contrademanda. Considera esta Cámara que la distinción que hace el Juez de Trámite entre medio de notificaciones y correo para recibir la invitación a la audiencia no tiene sustento jurídico, pues ni el Protocolo vigente ni la misma resolución que convocó a la audiencia hacen esa diferencia tan sutil entre un término y otro. En los escritos de las partes, quedó clara su intención de acudir a la audiencia preliminar en modalidad virtual. En todos los casos se indica no sólo un correo, sino además un celular para que, como el Tribunal lo solicitó, se pudiera comunicar de forma urgente con ellos en caso de que hubiera un problema de conexión. El espíritu de estos requisitos, contenidos en el Protocolo, es facilitar la participación de las partes vía remota, originalmente en virtud de las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, pero en la actualidad en virtud del ahorro y mejora en la prestación del servicio público de justicia que significa que las partes puedan participar en una diligencia judicial de trascendencia, sin necesidad de trasladarse al despacho. Esta idea de celeridad y acercamiento de la justicia a las partes es incompatible con la actitud del Juez de Trámite a cargo de la audiencia, quien aun revisando los escritos que las partes le presentaban en tiempo real, donde claramente reiteraron su intención de participar en la audiencia, se rehusó a enviarles el vínculo al correo que ya habían señalado, o al menos a comunicarse con ellas al celular que habían indicado con el fin de explicarles su posición y buscar la corrección del escrito para cumplir con su posición formalista (que el escrito dijera correo para recibir la invitación y no para recibir notificaciones). Para esta Cámara, la tesis del Juez de Trámite, como se dijo, contraviene el espíritu de acercamiento de la justicia que persigue el Protocolo y peca de formalismo excesivo al requerir una fórmula de palabras específica para llevar a cabo un acto jurídico esencial, como es la comunicación a la parte del vínculo para poder participar en la audiencia en la que se definió en gran medida el futuro del proceso. La indefensión anotada, afecta en alguna medida al Inder y al Sinac y en mucho mayor medida a la parte demandada, y conlleva la nulidad de la audiencia preliminar realizada, lo que es apreciado de oficio por el Tribunal, a tenor de los poderes de saneamiento concedidos a las autoridades jurisdiccionales a la luz del artículo 33.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 220 CPCA. En este sentido, no es posible subsanar esta actuación en tanto se impidió la participación de las partes en la integralidad de las actuaciones de la audiencia llevada a cabo. Por otro lado, esta actuación irregular impidió el logro del fin para la que fue convocada la audiencia, pues la valoración que se hizo de las defensas previas y de la prueba, tanto de la demanda como de la contrademanda, se hizo de forma sesgada, sin contar con las apreciaciones y explicaciones que pudo haber presentado la representante de la parte demandada reconventora en el transcurso de la misma. El no comunicarle a la parte el vínculo para unirse a la audiencia pese a sus reiteradas gestiones le cercenó su derecho a ser oída en audiencia, a oponerse a lo resuelto en ella y a presentar nuevas alegaciones, en el marco de las reglas propias de la audiencia preliminar. El hecho de que ninguna de las partes haya alegado la nulidad en sus conclusiones o en otro momento, no enerva la obligación del Tribunal de analizar la situación, ni convalida las actuaciones realizadas en una audiencia donde por una cuestión de excesivo e injustificado formalismo se cercenó el derecho de defensa de varios de los intervinientes, atentando en forma grosera contra el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ante la gravedad de lo acontecido en la tercera audiencia preliminar de este asunto y tratándose de un vicio que pudiera conllevar a la nulidad de la sentencia que este Tribunal está llamado a emitir, no le queda más remedio a esta Cámara que decretar la nulidad de la misma, y por consiguiente ordenar la devolución del expediente al Juez que realizó dicha audiencia, a fin de proceda a su repetición en forma íntegra, garantizando la participación de todas las partes, enviando las invitaciones al correo que las partes indiquen, si es su  intención asistir en forma virtual y procurando su conexión en caso de que no se lograra su presencia. 2) Falta de resolución de la medida cautelar solicitada en la contrademanda. Como un segundo aspecto, esta Cámara verificó que la parte demandada reconventora presentó en su escrito de contrademanda una solicitud de medida cautelar. Al finalizar la tercera audiencia preliminar, el Juez de Trámite mencionó que no se había resuelto esta incidencia y lo que justificó en el hecho de que no se había dado audiencia al Sinac y al Estado de la misma. En esos términos, concedió a dichos órganos el plazo de tres días para que se refirieran a la misma, indicando que “… ya posteriormente este Tribunal se pronunciará entonces sobre el fondo de lo que en derecho corresponda en cuanto a la medida cautelar peticionada”. No consta en el expediente que el Juez de Trámite haya resuelto esa gestión de la parte, siendo su obligación pronunciarse sobre todas las cuestiones que le hayan sido presentadas. Esta circunstancia abona a la necesidad ya indicada de devolver el expediente al Juez Tramitdor, a fin de que resuelva también sobre esta medida cautelar.

POR TANTO

De oficio, se anula en su integralidad la audiencia preliminar llevada a cabo el 25 de mayo de 2022. Se ordena la devolución del expediente al Juez que realizó dicha audiencia, a fin de que proceda a su repetición en forma íntegra, garantizando la participación de todas las partes, enviando las invitaciones al correo que las partes indiquen, si es su intención asistir en forma virtual, y procurando su conexión en caso de que no se lograra su presencia. Proceda además el Juez de Trámite a resolver la medida cautelar contenida en el escrito de reconvención. José Martín Conejo Cantillo. Karla Madriz Martínez. Francisco Hidalgo Rueda. Jueces.-

 

 




- Código Verificador -
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NR2FLL2KXIG61



 

Documento firmado por:

JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 13-008122-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:50:33.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Contentious-Administrative Tribunal

Resolution No. 02770 - 2023

Date of Resolution: August 31, 2023 at 08:09

Case File: 13-008122-1027-CA

Drafted by: José Martín Conejo Cantillo

Type of matter: Ordinary proceeding

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER



Rulings from the same case file


Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Civil Procedural Law

Topic: Virtual hearing

Subtopics:

Nullity of the preliminary hearing in a contentious-administrative proceeding due to the fact that, through excessive formalism, some of the parties were not sent the invitation to connect virtually.

Topic: Contentious-administrative proceeding

Subtopics:

Nullity of the preliminary hearing in a contentious-administrative proceeding due to the fact that, through excessive formalism, some of the parties were not sent the invitation to connect virtually.

Topic: Right of defense

Subtopics:

Nullity of the preliminary hearing in a contentious-administrative proceeding due to the fact that, through excessive formalism, some of the parties were not sent the invitation to connect virtually.

"II. [...] Having a clear picture of the scenario set forth in the preceding lines, it is the unanimous position of this panel that the thesis of the Procedural Judge, regarding not sending the invitation for holding the virtual hearing to the email address provided by the parties when expressing their agreement to participate in the hearing under this modality, constitutes an excessively formalistic practice that caused a significant impact on the right of defense of the absentees, especially relevant for the defendant, who saw the possibility of expressing aloud the reasons for having raised preliminary defenses curtailed, on the one hand, and on the other, because it prevented them from defending the evidence they had provided, which constituted both the basis of their defense and the indemnification claims of their counterclaim. This Chamber considers that the distinction made by the Procedural Judge between means of notification and email for receiving the invitation to the hearing has no legal basis, since neither the current Protocol nor the resolution itself that convened the hearing makes that subtle difference between one term and another. In the parties' briefs, their intention to attend the preliminary hearing in virtual modality was clear. In all cases, not only an email is indicated, but also a cell phone so that, as the Tribunal requested, they could be contacted urgently in case of a connection problem. The spirit of these requirements, contained in the Protocol, is to facilitate the participation of the parties remotely, originally by virtue of the restrictions imposed by the Covid pandemic, but currently due to the savings and improvement in the provision of the public justice service that means the parties can participate in a significant judicial proceeding without needing to travel to the office. This idea of speed and bringing justice closer to the parties is incompatible with the attitude of the Procedural Judge in charge of the hearing, who, even upon reviewing the briefs that the parties presented to him in real time, where they clearly reiterated their intention to participate in the hearing, refused to send them the link to the email they had already provided, or at least to contact them at the cell phone number they had indicated in order to explain his position and seek the correction of the brief to comply with his formalistic position (that the brief state email for receiving the invitation and not for receiving notifications). For this Chamber, the thesis of the Procedural Judge, as stated, contravenes the spirit of bringing justice closer that the Protocol pursues and sins through excessive formalism by requiring a specific formula of words to carry out an essential legal act, such as communicating to the party the link to be able to participate in the hearing in which the future of the proceeding was largely defined. The noted lack of defense affects Inder and Sinac to some extent, and to a much greater extent the defendant, and entails the nullity of the preliminary hearing held, which is appreciated ex officio by the Tribunal, pursuant to the remedial powers granted to jurisdictional authorities in light of Article 33.1 of the Civil Procedure Code, applicable supplementarily by virtue of the provisions of Article 220 CPCA. In this regard, it is not possible to remedy this action insofar as the participation of the parties was prevented in the entirety of the actions of the hearing carried out. On the other hand, this irregular action prevented the achievement of the purpose for which the hearing was convened, since the assessment made of the preliminary defenses and the evidence, both of the complaint and the counterclaim, was done in a biased manner, without having the assessments and explanations that the representative of the counterclaiming defendant could have presented during the course of the same. Not communicating the link to join the hearing to the party despite their repeated efforts curtailed their right to be heard at the hearing, to oppose what was resolved therein, and to present new allegations, within the framework of the rules of the preliminary hearing. The fact that none of the parties alleged nullity in their conclusions or at any other time does not negate the Tribunal's obligation to analyze the situation, nor does it validate the actions carried out in a hearing where, due to an issue of excessive and unjustified formalism, the right of defense of several of the participants was curtailed, grossly attacking access to justice and effective judicial protection. Given the seriousness of what occurred at the third preliminary hearing of this matter and since it is a defect that could lead to the nullity of the judgment that this Tribunal is called to issue, this Chamber has no other recourse but to decree its nullity, and consequently order the return of the case file to the Judge who held said hearing, so that he proceeds to repeat it in its entirety, guaranteeing the participation of all parties, sending the invitations to the email that the parties indicate, if it is their intention to attend virtually, and ensuring their connection in case their presence is not achieved. [...]"

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Text of the resolution

 



 

CASE FILE:

13-008122-1027-CA - 7



PROCEEDING:

ORDINARY PROCEEDING



ACTOR:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL



DEFENDANT:

JOSE NARVAEZ NARVAEZ

 

No. N° 2023002770

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight hours and nine minutes on the thirty-first of August of two thousand twenty-three.-

Ordinary proceeding -lesivity- brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter Inder), represented by Mr. Rodrigo Cervantes Barrantes, identity card number 1-0667-0358, in his capacity as special judicial attorney-in-fact (img. 35 of the main folder), against Mr. JOSÉ NARVÁEZ NARVÁEZ, identity card number 8-0046-0467 and LOS HUMILDES DE UPALA S.A., legal identification number 3-101-678501, represented by its president with unlimited powers of general attorney-in-fact, José Narváez Narváez, identity card number 8-0046-0467 (img. 424 of the main folder). Intervening as interested third parties are the ESTADO, represented by Heilyn Guisselle Sáenz Calderón, identity card number 7-0121-0163, in her capacity as appearing attorney in the proceeding (img. 493 of the main folder), and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (Sinac), represented by Mary Paz Monge Jara, identity card number 2-0717-0872, in her capacity as special judicial attorney-in-fact (img. 475 of the main folder). Intervening in the capacity of special judicial attorney-in-fact for the defendants is Mirna Espinoza Pereira, identity card 2-0637-0886 (img. 455 of the main folder).

WHEREAS

   PRELIMINARY ASPECTS.- As part of the procedural history, the following is recorded:
Through the complaint filed on November 26, 2013, the representation of Inder initiated this lesivity proceeding, requesting: “ 1. That the present complaint be deemed filed. / 2. That, by reason of being harmful to public interests, the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 43, of Session 016-04, dated May 3, 2004, be annulled, solely regarding the titling of the property Partido de Alajuela, Real Folio number 403065-000 in favor of Mr. JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) corresponding to Cadastral Plan A-0690214-2001. / 3. Consequentially, that public deed number 130-79, granted before Notary Huberth Rojas Araya, visible on folio 094 front of volume 79 of said Notary's protocol, issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled, solely regarding the titling of the property Partido de Alajuela, Real Folio number 403065-000 in favor of Mr. JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) corresponding to Cadastral Plan A-0690214-2001. / 4. Consequentially, that the registration entry for the property inscribed under the Real Folio system, Partido de Limón (sic) Real Folio number 403065-000, issued by the National Registry, be annulled. / 5. Consequentially, any registration arising from the inscription of the property inscribed in the National Registry, Province of Alajuela Real Folio registration number 403065-000, be annulled. / 6. That the defendant be ordered to pay the costs of this lawsuit.” Additionally, as a precautionary measure, Inder requested the annotation of the complaint and immobilization of the property (img. 114-131 of the main folder).
In a ruling at 15:29 hours on November 26, 2013, the Duty Procedural Judge provisionally granted the request for a precautionary measure, ordering that this complaint be annotated in the margin of the property Partido de Alajuela, registration number 403065-000, a property registered, at that time, in the name of co-defendant José Narváez Narváez (img. 132-133 of the main folder). This ruling was challenged by defendant Narváez Narváez in a brief dated February 24, 2014 (img. 140 of the main folder). The motion for reconsideration was rejected by the Procedural Judge in a ruling at 11:01 hours on August 28, 2014 (img. 162-163 of the main folder). The appeal was summarily rejected by the Court of Appeals in Resolution No. 547-2014, at 15:35 hours on November 13, 2014 (img. 176-179 of the main folder).
The complaint was answered by the first attorney for defendant Narváez Narváez in a brief received twice via fax on December 2, 2014, and again filed with the court with a received date of December 16 of the same year (img. 180-196, 197-213 and 214-228, respectively, of the main folder). In that brief, the defenses of expiration and statute of limitations, lack of right, lack of cause, lack of active and passive standing (sic), improper representation, res judicata, and non-retroactivity of the Law were raised. He also requested that Inder be ordered to pay damages and costs. A judicial inspection was also requested “in order to verify the true state of the properties and the exploitation to which they have been and are being subjected by the defendant.” Together with the answer to the complaint, defendant Narváez Narváez filed a counterclaim against Inder, in which he requested: “Given reasons (sic), evidence cited and provided in the record, plus that which must be produced opportunely, facts and law set forth, as being legal, just, and procedurally correct; the complaint filed against my client must be declared without merit in all its aspects, for the defenses of: Expiration and statute of limitations, based on Articles 37, 38 and 39 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, given that my client acquired the properties by purchase from the IDA, by deed granted by the plaintiff, before Notary Hubert Rojas Araya, number 130-79, dated 9:00 hours on May 26, 2004; the adjudication act being dated 09/21/1998 (See exhibit # 3, documentary evidence foliated 1 and 2; exhibit # 4 folios 1 to 5, Official Letter STA-165, of 04/28/2004; Article 43, session 016-04, of May 3, 2004; and, exhibit # 5, folios 1 to 17).- As well as the defenses of lack of right, lack of cause, lack of active and passive standing (sic), improper representation, res judicata and non-retroactivity of the law.- And, order him to pay the costs of the proceeding, damages, and losses.- OTHERWISE, the counter-claim or counterclaim must be accepted in all its aspects; and, accordingly, Inder, the counter-defendant here, shall be ordered to pay the damages, losses, legal interest, and both costs of the proceeding, according to the breakdown above and which is reiterated and transcribed below as follows: / MATERIAL DAMAGE: / 1- Purchase of improvements and possessory acts from their (sic) previous possessors of the properties; and, what was paid to Inder, based on the INEC price growth indices, updating (sic) what was paid, from the date of acquisition to the effective payment, bringing that figure to the present time, according to calculations to be made at the appropriate time by expert evidence, prudentially, is quantified, estimated, liquidated, and set at: ¢300,000,000.00.- / 2- Investments in the properties that exceed millions of colones, in boundary marking, boundary clearing, construction and repair of fences, clearing, and the reforestation carried out, which prudentially, is quantified, estimated, liquidated, and set at: ¢200,000,000.00. / MORAL DAMAGE: / 1- All this anxiety to has (sic) been subjected, Mr. Narvaez Narvaez (sic), from the administrative proceeding in the Contraloría General de la República, then in criminal court, where the properties have been immobilized, unable to use them as collateral for potential loans, nor able to sell them, has caused uncertainty to Don José Santos, to the extent that he faces (sic) critical episodes of depression; whose moral damage is invaluable, however, for purposes, prudentially, is quantified, estimated, liquidated, and set at: ¢100,000,000.00.- / LOSSES: / Given that each time the properties have been immobilized, Mr. Narvaez Narvaez (sic) has been unable to use them as collateral for potential and favorable loans, having to resort to other means to maintain them and finance all the reforestation that he has and is executing and carrying out on the property; coupled with the fact that it has not been possible to sell, when potential buyers have appeared, Inder has caused or provoked, with those actions (sic), an economic loss, which, prudentially, is quantified, estimated, liquidated, and set at: ¢200,000,000.00”. As a precautionary measure, the counterclaimant requested “If considered timely and admissible, an inspection or recognition of the properties be carried out at the place in question, in order to verify the true state of the properties and the exploitation to which they have been and are being subjected by the defendant, my client.”
In Ruling No. 1298-2015, at 7:55 hours on May 15, 2015, the Procedural Judge resolved: “THE REQUEST FOR JOINDER of case file number 13-008124-1027-CA with case file number 13-008122-1027-CA IS DECLARED WITHOUT MERIT.- Once final, each case file shall be sent to the competent Judge to continue with the corresponding processing” (img. 230-233 of the main folder).
Inder answered the counterclaim in a brief received on September 25, 2015, against which it raised the defenses of lack of right and “lack of standing in both of its modalities” (img. 247-253 of the main folder).
The preliminary hearing provided for in Article 90 of the Code of Contentious-Administrative Procedure began on December 14, 2015, at which time the parties decided to proceed to the conciliation phase (img. 272-273 of the main folder). This stage was declared unsuccessful by a ruling at 13:35 hours on April 1, 2016 (img. 291 of the main folder).
In a ruling at 9:04 hours on May 11, 2017, the Procedural Judge ordered the suspension of the proceeding due to the course of the unconstitutionality action processed in case file number 17-000373-0007-CO (img. 322 of the main folder).
On January 16, 2019, a second preliminary hearing was held, in which Inder's representative indicated that it was necessary to join Sociedad Los Humildes de Upala S.A., the Estado, and Sinac to the proceeding. Given this, the Procedural Judge, by Resolution No. 47-2019, at 9:30 hours on that day, decided: “The preliminary defense of necessary passive joinder is rejected. Therefore, the plaintiff is ordered to provide two sets of copies of everything acted upon within THREE BUSINESS DAYS for the purpose of notifying the ESTADO and Sinac of this matter so that, if it is in their interest, they may appear as interested third parties or as active coadjuvants” (img. 405-406 of the main folder).
In a brief dated January 22, 2019, Inder again requested that Los Humildes de Upala S.A. be joined to the proceeding, as the current holder of the property under discussion (img. 408-412 of the main folder).
The Procedural Judge, in Resolution No. 538-2020, at 7:45 hours on March 25, 2020, resolved: “Based on Articles 12.3 and 71 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, the necessary passive joinder raised by Inder is DECLARED WITH MERIT. The joinder of the company LOS HUMILDES DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-67601, as a necessary passive joint litigant is ordered. The plaintiff is ordered to submit one set of copies of everything acted upon within THREE BUSINESS DAYS in order to (sic) notify the joined party, in accordance with Article 49 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, under penalty of not addressing future requests” (img. 440-443 of the main folder).
In a brief received on September 24, 2020, Mr. Narváez Narváez, in his personal capacity and as representative of the co-defendant company, provided a new power of attorney in favor of attorney Mirna Espinoza Pereira. In this brief, he did not refer to the course of the answer granted against the company holding the property (img. 457-459 of the main folder).
Through briefs filed on January 10 and 14, 2022, the representatives of the Estado and Sinac appeared as interested third parties. The Estado presented arguments and requested that all aspects of the lesivity complaint claims be accepted, while Sinac merely requested to be considered an interested third party (img. 465-474 and 475-476 of the main folder, respectively). In a brief received on February 21, 2022, Sinac made its submissions in the capacity of an interested third party (img. 489-491 of the main folder).
In a ruling at 14:29 hours on February 16, 2022, the company Los Humildes de Upala S.A. was declared in default. Additionally, the parties were convened to a virtual preliminary hearing, with the Procedural Judge indicating the obligation of all participants to provide an email address to receive the TEAMS invitation, under penalty of having to attend in person at the court (img. 477-482 of the main folder).
The Estado, Sinac, the co-defendants, and Inder provided an email address to receive the TEAMS notification in briefs received on February 21 (the first two), May 18 and 25, 2022, respectively (img. 484, 485, 492 and 498 of the main folder, respectively).
On May 25, 2022, the preliminary hearing continued, in the absence of the representatives of Inder, defendants José Narváez Narváez and Los Humildes de Upala S.A., and Sinac. Only the representative of the Estado was present. The Procedural Judge indicated at the beginning of the hearing: “I make the observation that only the state representation is present at the hearing, despite the fact that in the resolution convening today's hearing virtually, it was the only one that provided the electronic means (sic). Similarly, when some electronic means are incorporated, the parties will be present at said proceeding, in accordance with the rules established by Article 86 of the procedural Code.” Regarding the complaint, no matters requiring remediation were determined, and the claims were set as they appear in the initial brief. Through Resolution No. 837-2022-T, at 9:22 hours on May 25, 2022, the Judge resolved the preliminary defenses raised by Mr. Narváez Narváez, the operative part of which indicates: “The preliminary defenses of expiration, statute of limitations, res judicata, and improper representation are rejected.” Once this phase was completed, the Judge proceeded to check if there were no briefs from the parties, and reported in the hearing that a brief had been received from the defendants' attorney. After reading it, he indicated: “… although there is consent for the virtual hearing, no means for presenting or sending the corresponding Teams invitation link was provided to this Tribunal. What the parties are providing, and the discussion that has been taking place regarding the significance of (sic), is that in the brief they present, they indicate 'means for notifications,' which is not synonymous nor even a means for the invitation to the virtual hearing. Notifications are only (sic) for communicating any judicial resolution regarding what is being processed within this jurisdictional case, therefore said situation cannot be considered as received (sic). Therefore, we will continue with the preliminary hearing.” Subsequently, the disputed facts were determined, the documentary evidence offered by the parties was admitted, the inspection requested by Inder was rejected (which, upon joining the hearing, stated that its interest was to withdraw it), and the evidence offered by the defendant was also rejected (submission of documentary evidence not provided, testimonial evidence, judicial inspection, and expert evidence), due to a lack of additional reasoning to justify the offered evidence. At that moment in the hearing, Inder's representative joined, and the Procedural Judge referred to the document presented by Sinac, where it also protested not having been invited to the hearing, with the Procedural Judge reiterating his position that the invitation was not sent to them because they provided a means to receive notifications and not to receive the Teams invitation. Regarding the counterclaim, there were no matters requiring remediation, the claim was maintained as stated in the initial counterclaim, preliminary defenses were not resolved, the disputed facts were established, and the admissibility of the evidence presented was analyzed. At this point, Sinac's representative joined the hearing. Again, the Procedural Judge clarified: “… just, counselor, I will note that the corresponding invitation had not been sent to you because it was not until this procedural moment that it was received. In the various briefs filed, even today or on the date in February, a means for receiving notifications was indicated, which is not synonymous with the means for the corresponding link for the Teams invitation, which is what was requested in the brief convening the preliminary hearing…”. Regarding the evidence offered in the counterclaim, two pieces of evidence that the party requested the Tribunal to incorporate were rejected due to a lack of relevance and a lack of proof as to why the Tribunal should undertake their processing. Regarding the testimonial evidence offered, the judge rejected it, indicating that as the counterclaim constituted a civil treasury proceeding for damages, the offered evidence is not compatible with the claims outlined, as well as the judicial inspection, rejected again for lack of relevance given the scant argumentation presented, expressly stating: “… with what is indicated in the record, it is not sufficient, in this Judge's opinion, to determine that it is relevant according to the claims under debate. Under that consideration, it is rejected.” Regarding expert evidence, the Procedural Judge ordered: “Expert evidence, it would seem, would be appropriate because what the party is requesting is damages caused by Inder's conduct in the action of having granted said (sic) enabling title of subjective right. However, there is an omission in the request, because it only states 'expert evidence for the purpose of quantifying the corresponding indemnity,' without establishing what type of professional is being requested for said evidentiary element. This Judge and this Tribunal cannot presume elemental aspects of the parties (sic), and therefore its admissibility is not proper. Let us remember that (sic) the admission of evidence is the sole responsibility of, or is offered by, the party, and this Tribunal cannot presume which professional is required to perform the corresponding expert examination. For that reason, it must be rejected.” Based on these rejections, the matter was declared a question of law. However, the Procedural Judge granted a period of five days to the parties for conclusions, stating: “… Let us remember that the hearing was presented or held without the representation of the counterclaimant or the defendant. The party could present, within three days, a justification for their absence from the hearing scheduled for today, which would be assessable by the Tribunal. When these types of considerations occur, if the party presents an adequate justification for not being summoned to the hearing (sic), the legal consequence is to reverse course, annul the scheduled hearing, and hold it again consequently. Ergo, the conclusions that would have been provided would be an advance of opinion/perspective (sic) for the intervening parties in this jurisdictional case.” Finally, the Procedural Judge mentioned that the precautionary measure requested by the counterclaimant in its initial brief had not been resolved, because Sinac and the Estado had not been heard, and accordingly granted said entities a period of three days to address it, also indicating that “… subsequently, this Tribunal will then rule on the merits of what is legally applicable regarding the requested precautionary measure.”
In a brief added to the case file on the day of the hearing at 9:25 hours, the co-defendants' attorney indicated: “Regarding the NOTICE OF PRELIMINARY HEARING IN VIRTUAL MODALITY scheduled for today, May 25, 2022, at 8:45, the link to join the hearing was not sent to me, despite having sent a brief consenting to participate in the hearing. / Consequently, it was not possible for me to connect virtually to the scheduled hearing” (img. 497 of the main folder). In the same vein, in a brief received at 9:29 hours on the same day, Inder's representative indicated: “… this representation expressly states its willingness to participate in the preliminary hearing scheduled for May 25, 2022, in virtual modality, and for such purposes, provides the email address [email protected], for the purpose of receiving the invitation to hold the hearing in the virtual modality indicated by said Tribunal. I also provide my cell phone number 8886-1011, for the purpose of receiving any communication from the Tribunal regarding said hearing” (img. 498 of the main folder). Additionally, in a brief received at 9:31 hours on the same day of the hearing, Sinac's representation indicated: “… I hereby state that today, May 25, 2022, a preliminary hearing was to be held, for which I sent a brief consenting to participate virtually on February 21 of the same year, as recorded in the case file. / I did not receive the email with the link for the hearing, so on the day of the hearing, I sent an email to the technical person in charge of the session, at [email protected], at 7:35 am (image attached), without receiving any response. I also called the Tribunal indicating the error, for which I was referred to have the link sent, however, I did not receive the email nor instructions for the connection, therefore, I hereby state my justification for not being able to connect, since, due to inadequate management by the person in charge of the session, I never received the means to connect to the hearing” (img. 499 of the main folder).
The Estado presented its conclusions in a brief received on June 1, 2022 (img. 511-513 of the main folder).

Inder did the same in a filing dated June 2 (img. 514-516 of the main folder). The defendant counterclaimant did so in a filing received on June 3, 2022 (img. 517-518 of the main folder).

In accordance with the implementation process for the redesign of the Administrative and Civil Treasury Court proposed by the Judicial Branch Planning Directorate and approved by the Superior Council, pursuant to agreements number XXVIII of Session No. 84-2021 of September 28, 2021 and XXXIX of Session No. 95-2021 of November 4, 2021, as well as agreement number 12.VI.2023 of July 27, 2023 of the Administrative Law Commission, through which the criteria for distributing the caseload of pending cases were determined, by virtue of which the Court Coordination executed the reassignment of a large number of case files, this Pure Law matter was assigned to judge Conejo Cantillo, as of August 2, 2023, and is hereby resolved under the priority policies established by the Full Court.

Drafted by Judge Conejo Cantillo, unanimously and with the affirmative vote of Judge Madriz Martínez and Judge Hidalgo Rueda.

PROCEDURAL DEFICIENCIES IN THIS MATTER.- Upon due review of the case file by this Court, two aspects are evident that require unavoidable correction: 1) Violation of the right of defense due to excessive formalism in the preliminary hearing. As revealed by the list of actions taken in this case file, this challenge (lesividad) matter was filed by Inder seeking to declare the nullity of the agreement made by the Board of Directors of the former Instituto de Desarrollo Agrario, in article 43, of session 016-04, dated May 3, 2004, regarding the titling of the property Partido de Alajuela Folio Real number 403065-000 in favor of co-defendant JOSÉ NARVAEZ NARVAEZ (sic) corresponding to Cadastral Map A-0690214-2001, since based on a report from the Contraloría General de la República it was determined that this and many other properties were titled in favor of third parties without meeting the legal or regulatory requirements, in many cases constituting natural heritage of the State. By connection, the nullity of the registry entries of any derived registration was also requested. Upon answering the complaint, Mr. Narváez also became a counterclaimant, claiming from Inder the damages that the dispossession would cause, by virtue of the improvements made, as well as what it has meant to have the property immobilized, without the possibility of selling it or using it as collateral. At a later date, the current owner of the property, the corporation Los Humildes de Upala S.A., was joined to the proceedings, was declared in default, and a hearing was granted on the matter so that Sinac and the State could indicate whether they wished to appear as interested third parties. It is also noted that three preliminary hearings were necessary, the first of which was suspended due to the parties' interest in conciliating, the second, in order to notify the State and Sinac of the existence of this matter and inquire whether they wished to appear as third parties, and the last, in which, once Sinac and the State had appeared and the co-defendant corporation had been declared in default, all phases typical of that stage were conducted. Now, that last hearing had the particularity of being held on May 25, 2022, while the Protocol for conducting oral hearings in a fully or partially virtual modality using technological tools, Administrative and Civil Treasury matters, was in effect, communicated via circular number 137-2020 and approved by the Full Court in session number 37-2020, held on June 29, 2020, article V, in order to deal with the restrictions inherent to the pandemic, but which has remained in effect by virtue of the agility it provides to parties, particularly those coming from remote areas. This protocol established the obligation, firstly, to ask the parties whether they were willing to participate in the hearing virtually, under penalty of having to appear at the judicial office. If the response was affirmative, it established the obligation for the office to request the parties in the scheduling order "to indicate the email address of each person who will participate in the hearing, in order to include them in the corresponding invitation." In this matter, this third hearing was scheduled by order issued at 14:29 hours on February 16, 2022, which stated, in pertinent part: "… only if not previously indicated, within a period of three days after receiving this communication, the parties must provide an email address corresponding to each person who will participate in the hearing, so that the corresponding invitation can be sent to that medium… The parties will receive in advance of the hearing an email with the link to join it, which they must access fifteen minutes before its start, in order to perform the necessary tests to guarantee the quality of sound and connection, for which reason they must provide the respective email address within TWENTY-FOUR HOURS of being notified of this order… Parties are advised that if they fail to provide the electronic medium to receive the invitation to the Microsoft Teams platform within the established period, they must appear before the Court in person." In response to that communication from the judicial office, the parties proceeded to make their statements in the following order and sense: a) State: By filing received on February 21, 2022, the State representative indicated: "… I express my consent to conduct the preliminary hearing virtually. I have the requested technical requirements. / I provide the Office with my telephone number 88159938 and my email address [email protected]". b) Sinac: In a filing received on the same date as the State’s, the representative indicated: "… I express my consent to conduct the preliminary hearing virtually […] NOTIFICATIONS: I designate as the means for receiving notifications the email address [email protected], alternatively providing telephone number 8993-6043". c) Co-defendants: In a filing received on May 18, 2022, the attorney for both indicated: "… I express my willingness to conduct the preliminary hearing virtually and in accordance with the requested technical requirements. / NOTIFICATIONS: I designate as the means for receiving notifications the email address [email protected], also providing telephone number 71782211". The case file does not contain any record of a statement from Inder received prior to the commencement of the oral hearing. As seen from the preceding account, all parties, except Inder, expressed their intention to participate in the hearing virtually and indicated in the same filing an email address and a cell phone number to attend to any inquiry regarding the hearing. As previously indicated, this third preliminary hearing took place on May 25, 2022, and began with the presence of the State representation only. This particular circumstance was noted by the Case Management Judge, who stated that this was so because he had only sent an invitation to the party present, as she was the only one who had correctly indicated the email address in her filing, even though both the Sinac representative and the co-defendants' representative had provided an email address in the filing in which they expressly stated they agreed to the virtual hearing. The judge indicated that he would monitor the receipt of filings so that "… at the moment any electronic addresses are added, the parties' presence in said proceeding will occur, in accordance with the rules established in Article 86 of the procedural code." Then, having only the presence of the State, which is only joined to the proceedings as an interested third party, the Case Management Judge proceeded to review the terms of the complaint, without detecting aspects to remediate, and set the claims as they were set forth in the main filing, in the absence of the defendant party and Inder itself. Immediately thereafter, he proceeded to hear the preliminary defenses raised by co-defendant Narváez Narváez against the complaint and, by order number 837-2022-T, at 9:22 a.m. on May 25, 2022, decided to reject all the defenses opposed (expiration, statute of limitations, res judicata, and improper representation). It is worth noting that the judge argued in his oral order the lack of grounds for the defenses (having only what the party had stated in the answer to the complaint) for the rejection of most of them. Once the defenses were resolved, the judge proceeded to check for any filings from the parties, and announced in the hearing that a filing had been received from the attorney for the defendants, in which the representative stated: "In relation to the PRELIMINARY HEARING SUMMONS IN VIRTUAL MODALITY scheduled for today, May 25, 2022, at 8:45, I was not sent the link to join the hearing, even though I submitted a filing consenting to participate in the hearing. / Consequently, it was not possible for me to connect virtually to the scheduled hearing." Upon reading this filing at the hearing, the Case Management Judge stated: "… even though consent exists for conducting the virtual hearing, a means to present or send the corresponding link for the Teams invitation was not provided to this Court. What the parties are providing, and the discussion that has been taking place, is that in the filing they present, they indicate 'means for notifications,' which is not synonymous with, nor even a means for, the invitation to the virtual hearing. Notifications are solely for communicating any judicial order related to what is being processed within this jurisdictional case; therefore, that situation cannot be considered as having been perceived. Therefore, we continue with the preliminary hearing." That is to say, the reason the invitation was not sent to the attorney for the co-defendant counterclaimants, even though an email address was provided in the filing expressing consent to participate orally, is that designating an email address as a means for receiving notifications is not the same as designating an email address to be sent the invitation to the hearing. In other words, even though an email is stated in the document, the invitation was not sent because it said that email was for sending notifications and not for sending the summons to the hearing, according to the Case Management Judge's reasoning. With this thesis, and without the State expressing opposition thereto, the Judge continued with the hearing, without contacting the attorney at the cell phone number that the same judicial office had requested be provided in case of any conflict with the hearing, and without inviting the co-defendants' attorney despite having an email address at which to do so. Following this clarification, the disputed facts of the complaint were determined, the documentary evidence offered by the parties was reviewed and admitted, the inspection (reconocimiento) requested by Inder was rejected (Inder, upon joining the hearing, stated its interest was to withdraw it), and the evidence offered by the defendants (presentation of documentary evidence not submitted, testimonial evidence, judicial inspection, and expert evidence) was also rejected. Again, the Case Management judge justified the rejection of the evidence provided by the defendants mainly due to the lack of additional reasoning justifying the evidence offered, since he only had what was stated in the answer to the complaint and not the arguments that the attorney for co-defendant Narváez could have made at the hearing. At this stage of the proceeding, Inder's representation joined, and the Case Management Judge referred to the document presented by Sinac, in which it also complained of not having been invited to the hearing, the Case Management Judge reiterating his position that the invitation was not sent because a means for receiving notifications was indicated, rather than a means for receiving the Teams invitation. With the virtual presence of Inder's representative, the Judge proceeded to hear the counterclaim, regarding which it was indicated there were no aspects to remediate. The claim was maintained as it was in the initial counterclaim, no preliminary defenses were resolved, the disputed facts were established, and the admissibility of the evidence presented was analyzed. At this point, Sinac's representation joined the hearing. Again, the Case Management judge clarified: "… just a moment, counsel, I note that the corresponding invitation had not been sent to you because it was not until this procedural moment that it was received. In the various filings submitted even today or in February, a means for receiving notifications was indicated, which is not synonymous with a means for the corresponding link for the link invitation, which is what was requested in the writing summoning to the preliminary hearing…". Regarding the evidence offered in the counterclaim, two elements of evidence that the party asked the Court to admit were rejected. The reason for rejection was their lack of relevance and the lack of clarification as to why the Court, rather than the party itself, should handle them. Regarding the testimonial evidence offered, the judge rejected it, indicating that since the counterclaim is a civil treasury proceeding for damages, the evidence offered was not compatible with the claims outlined, as was the judicial inspection, rejected again for lack of relevance given the scant arguments presented, expressly stating: "… what is indicated in the case file is not sufficient, in this Judge's opinion, to determine that it is relevant according to the claims under debate. Under that consideration, it is rejected." As for expert evidence, the Case Management Judge ruled: "The expert evidence, it would appear to be appropriate because the party is requesting damages caused by Inder's conduct in having granted said enabling title of subjective right. However, there is an omission in the request, because it merely states 'expert evidence for the purpose of quantifying the corresponding indemnification,' without specifying what type of professional is being requested for said evidentiary element. Neither this Judge nor this Court can presume elementary aspects of the parties, and therefore its admissibility is not appropriate. Let us remember that the admission of evidence is solely the responsibility of, or is offered by, the party, and this Court cannot presume which professional it requires to perform the corresponding expert examination. For this reason, it must be rejected." Once again, it is evident how the absence of the co-defendants' attorney influenced the decision to reject evidence that the judge himself acknowledged could have been relevant and appropriate, particularly the expert evidence to establish damages, which constitutes the essential object of the counterclaim's claim. Based on these rejections, the matter was declared one of pure law, and the parties' written conclusions were heard, without any of them referring to what had occurred at the hearing.

Having a clear picture of the situation set forth in the preceding lines, it is the unanimous position of this panel that the Case Management Judge's thesis, of not sending the invitation to conduct the virtual hearing to the email address provided by the parties at the time they expressed their agreement to participate in the hearing under this modality, constitutes an excessively formalistic practice that caused a significant impact on the right of defense of the absent parties, especially relevant for the defendant party, which saw its possibility curtailed of expressing aloud the reasons for which it had raised preliminary defenses, on the one hand, and on the other, because it prevented it from defending the evidence it had provided, which formed both the basis of its defense and the basis for the indemnification claims of its counterclaim. This Chamber considers that the distinction made by the Case Management Judge between means for notifications and email to receive the invitation to the hearing has no legal basis, since neither the current Protocol nor the very order scheduling the hearing makes such a subtle difference between one term and another. In the parties' filings, their intention to attend the preliminary hearing in virtual modality was clear. In all cases, not only an email address was provided, but also a cell phone number so that, as the Court requested, they could be urgently contacted in the event of a connection problem. The spirit of these requirements, contained in the Protocol, is to facilitate the participation of the parties remotely, originally by virtue of the restrictions imposed by the Covid pandemic, but currently by virtue of the savings and improvement in the provision of the public justice service that it represents for the parties to be able to participate in a transcendental judicial proceeding without needing to travel to the judicial office. This idea of swiftness and bringing justice closer to the parties is incompatible with the attitude of the Case Management Judge in charge of the hearing, who, even while reviewing the filings that the parties presented to him in real time, where they clearly reiterated their intention to participate in the hearing, refused to send them the link to the email address they had already provided, or at least to contact them at the cell phone number they had given in order to explain his position and seek the correction of the filing to comply with his formalistic position (that the filing should say email to receive the invitation and not to receive notifications). For this Chamber, the thesis of the Case Management Judge, as stated, contravenes the spirit of bringing justice closer that the Protocol pursues and sins of excessive formalism by requiring a specific wording formula to carry out an essential legal act, namely, communicating to the party the link to be able to participate in the hearing in which the future of the process was largely defined. The defenselessness noted affects Inder and Sinac to some extent, and the defendant party to a much greater extent, and entails the nullity of the preliminary hearing held, which is declared by the Court sua sponte, pursuant to the remediation powers granted to jurisdictional authorities in light of Article 33.1 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily by virtue of the provisions of Article 220 CPCA. In this sense, it is not possible to remedy this action insofar as the participation of the parties in the entirety of the proceedings of the hearing held was prevented. On the other hand, this irregular action prevented the achievement of the purpose for which the hearing was scheduled, since the assessment made of the preliminary defenses and of the evidence, both from the complaint and the counterclaim, was done in a biased manner, without the assessments and explanations that the representative of the defendant counterclaimant could have presented during the course thereof. Failing to communicate the link to join the hearing to the party, despite her repeated efforts, cut off her right to be heard in the hearing, to oppose what was resolved in it, and to present new allegations, within the framework of the rules inherent to the preliminary hearing. The fact that none of the parties raised the nullity in their conclusions or at any other time does not negate the Court's obligation to analyze the situation, nor does it validate the actions taken in a hearing where, due to a matter of excessive and unjustified formalism, the right of defense of several participants was curtailed, grossly violating access to justice and effective judicial protection. Given the gravity of what occurred at the third preliminary hearing in this matter, and it being a defect that could lead to the nullity of the judgment this Court is called to issue, this Chamber has no other recourse than to decree its nullity, and consequently order the return of the case file to the Judge who conducted said hearing, so that he may proceed to repeat it in its entirety, guaranteeing the participation of all parties, sending the invitations to the email address the parties indicate, if it is their intention to attend virtually, and seeking their connection in case their presence is not achieved. 2) Failure to resolve the precautionary measure requested in the counterclaim. As a second aspect, this Chamber verified that the defendant counterclaimant submitted a request for a precautionary measure in its counterclaim filing. At the conclusion of the third preliminary hearing, the Case Management Judge mentioned that this matter had not been resolved, and justified it on the grounds that Sinac and the State had not been given a hearing on it. In those terms, he granted said bodies a period of three days to address it, indicating that "… subsequently, this Court will then rule on the merits of what corresponds in law regarding the requested precautionary measure." The case file does not contain any record that the Case Management Judge resolved that request by the party, it being his obligation to rule on all matters presented to him. This circumstance reinforces the already stated need to return the case file to the Case Management Judge, so that he may also resolve this precautionary measure.

POR TANTO

Sua sponte, the preliminary hearing held on May 25, 2022 is annulled in its entirety. The return of the case file is ordered to the Judge who conducted said hearing, so that he may proceed to repeat it in its entirety, guaranteeing the participation of all parties, sending the invitations to the email address the parties indicate, if it is their intention to attend virtually, and seeking their connection in case their presence is not achieved. The Case Management Judge shall also proceed to resolve the precautionary measure contained in the counterclaim filing. José Martín Conejo Cantillo. Karla Madriz Martínez. Francisco Hidalgo Rueda. Judges.-

- Verification Code -
NR2FLL2KXIG61

Document signed by:

JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, DECISION-MAKING JUDGE
KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ, DECISION-MAKING JUDGE
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, DECISION-MAKING JUDGE

EXP: 13-008122-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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