Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)"Para este Tribunal, si bien lo anterior es en esencia correcto, ello no implica la imposibilidad de las Corporaciones Municipales a fin de regular la materia ambiental, por el hecho de que no exista un plan regulador o planes de zonificación. La Sala Primera de la Corte, ha resaltado la potestad reglamentaria de las corporaciones municipales al establecer: “De este modo, dentro de las competencias del Concejo Municipal está, precisamente, la emisión de Reglamentos. Así lo contempla el Código Municipal en los artículos 2, 4 y 13, que encuentran égida constitucional en los susodichos preceptos 169 y 170 de la Carta Política. Se trata, en lo fundamental, de una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15. (...) De igual modo, lo ha hecho la Sala Constitucional, aplicando el principio precautorio, recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, al anteponer de manera tajante, la protección del ambiente y la vida, a la existencia de planes reguladores o de zonificación. (...) Es decir, que acorde a las citas jurisprudenciales de examen, en el caso concreto, lejos de existir un impedimento reglamentario, prevalece por el contrario un deber de las corporaciones municipales, de regular situaciones de interés ambiental, aún y cuando por cualquier razón no existieran aún, los planes reguladores o de zonificación que al efecto requiere la LPU, ya sea que, como en este y otros casos, ello obedezca o no a supuestos de clara inercia administrativa inexcusable."
English (translation)"For this Tribunal, although the above is essentially correct, it does not imply the impossibility of Municipal Corporations to regulate environmental matters, by virtue of the fact that a regulatory plan or zoning plans do not exist. The First Chamber of the Court has highlighted the regulatory power of municipal corporations by establishing: “Thus, within the competencies of the Municipal Council is precisely the issuance of Regulations. So it is provided for in the Municipal Code in articles 2, 4 and 13, which find constitutional aegis in the aforementioned precepts 169 and 170 of the Political Charter. It is, fundamentally, a local regulatory power, rooted in the essential core of its autonomy, which impels the municipality to govern itself according to the cantonal interests it is called to protect, including urban, environmental, and ecologically balanced environment control, in conformity with numerals 41 and 50 of the Political Constitution and as harmonized with the Urban Planning Law, for example, in its articles 4 and 15. (...) Likewise, the Constitutional Chamber has done so, applying the precautionary principle, enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, by categorically giving precedence to the protection of the environment and life over the existence of regulatory or zoning plans. (...) That is to say, in accordance with the jurisprudential citations under review, in this specific case, far from there being a regulatory impediment, on the contrary, a duty of municipal corporations prevails to regulate situations of environmental interest, even if for any reason the regulatory or zoning plans required by the LPU do not yet exist, whether or not, as in this and other cases, this is due to assumptions of clear inexcusable administrative inertia."
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 04296 - 2023 Fecha de la Resolución: 11 de Octubre del 2023 a las 21:33 Expediente: 20-002115-1027-CA Redactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés: Objetivos de Desarrollo Sostenible: Ciudades y comunidades sostenibles (Obj 11) Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Constitucional Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas: Deber de las corporaciones municipales de regular situaciones de interés ambiental pese a la ausencia de planes reguladores o de zonificación requeridos por la Ley de Planificación Urbana. Análisis sobre la pretensión de nulidad del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la Zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Tema: Refugio de vida silvestre Subtemas: Análisis sobre la pretensión de nulidad del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la Zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Tema: Permiso de construcción Subtemas: Deber de las corporaciones municipales de regular situaciones de interés ambiental pese a la ausencia de planes reguladores o de zonificación requeridos por la Ley de Planificación Urbana. Tema: Plan regulador Subtemas: Deber de las corporaciones municipales de regular situaciones de interés ambiental pese a la ausencia de planes reguladores o de zonificación requeridos por la Ley de Planificación Urbana. Tema: Medio ambiente Subtemas: Deber de las corporaciones municipales de regular situaciones de interés ambiental pese a la ausencia de planes reguladores o de zonificación requeridos por la Ley de Planificación Urbana. Tema: Planificación urbana Subtemas: Deber de las corporaciones municipales de regular situaciones de interés ambiental pese a la ausencia de planes reguladores o de zonificación requeridos por la Ley de Planificación Urbana. "iv) [...] nota este Tribunal, el cardinal 24 de la LPU, define los contenidos del Reglamento de Zonificación, mientras que el artículo 25 de dicha Ley, establece que en dicho Reglamento figurarán también como zonas especiales: “…las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como en el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico”. Por su parte, el mandato 58 inciso a) (sic) de la LPU, refiere: “Las municipalidades no permitirán obras de construcción: 1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, cobertura y demás condiciones de la zonificación;”. Para este Tribunal, si bien lo anterior es en esencia correcto, ello no implica la imposibilidad de las Corporaciones Municipales a fin de regular la materia ambiental, por el hecho de que no exista un plan regulador o planes de zonificación. La Sala Primera de la Corte, ha resaltado la potestad reglamentaria de las corporaciones municipales al establecer: “De este modo, dentro de las competencias del Concejo Municipal está, precisamente, la emisión de Reglamentos. Así lo contempla el Código Municipal en los artículos 2, 4 y 13, que encuentran égida constitucional en los susodichos preceptos 169 y 170 de la Carta Política. Se trata, en lo fundamental, de una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15. El primero estatuye la competencia del Concejo Municipal para dictar disposiciones normativas. El segundo preceptúa que, conforme al canon 169 de la Constitución Política, se reconoce competencia y autoridad a los gobiernos municipales, para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional y, en consecuencia, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores en que primen razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor. De igual manera, el artículo 19 Ibid., autoriza la promulgación de reglas procesales para el acatamiento de planes de regulación y para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. Es decir, su competencia se extiende a la emisión de normativa reglamentaria [...] De igual modo, lo ha hecho la Sala Constitucional, aplicando el principio precautorio, recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, al anteponer de manera tajante, la protección del ambiente y la vida, a la existencia de planes reguladores o de zonificación. Tal es la línea del fallo 2004-01923, en el cual se indicó: “ 5) La Municipalidad de Poás, ha incurrido en las siguientes omisiones: a) Pese a lo dispuesto por la Ley de Planificación (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas), hace más de 35 años no ha elaborado y aprobado como parte de un plan regulador, un reglamento de zonificación de las áreas protegidas o reservadas que incluya las localizaciones cartográficas, mapas hidrogeológicos y alineamientos de protección y vulnerabilidad –que hayan efectuado otros entes- de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga de éstos existentes en el Cantón de Poás; b) al no haberse emitido el reglamento referido no se ha incluido la zonificación de áreas protegidas o reservadas, las restricciones o limitaciones para actividades humanas, sean urbanísticas, agropecuarias, comerciales o industriales para evitar la eventual impermeabilización de los suelos y la contaminación de los mantos acuíferos y, por consiguiente, de los manantiales, nacientes y pozos del Cantón de Poás; c) no ha construido plantas de tratamiento de las aguas residuales y negras provenientes del alcantarillado público para no ser vertidas en las cuencas hidrográficas del Cantón de Poás; f) no ha reforestado las áreas de carga y descarga de los mantos acuíferos existentes en el Cantón de Poás.” Por esa razón, la Sala Constitucional acogió el recurso de amparo en contra de dicha entidad, junto con otras Administraciones recurridas, a las cuales se les endilgó haber descuidado mantos acuíferos y otros recursos naturales en la Zona de Poás, en perjuicio del ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Sala Constitucional 2004-01923, de las 14 horas 55 minutos del 25 de febrero de 2004). Es decir, que acorde a las citas jurisprudenciales de examen, en el caso concreto, lejos de existir un impedimento reglamentario, prevalece por el contrario un deber de las corporaciones municipales, de regular situaciones de interés ambiental, aún y cuando por cualquier razón no existieran aún, los planes reguladores o de zonificación que al efecto requiere la LPU, ya sea que, como en este y otros casos, ello obedezca o no a supuestos de clara inercia administrativa inexcusable [...]". ... Ver más Otras Referencias: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible Texto de la resolución EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj *????????????CA* EXPEDIENTE: 20-002115-1027-CA - 7 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: JBR CAPITAL VENTURES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE NICOYA Nº N° 2023004296 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las veintiuno horas con treinta y tres minutos del once de Octubre del dos mil veintitres.- Proceso de conocimiento contencioso administrativo, declarado de puro derecho, establecido por JBR CAPITAL VENTURES SRL, cédula jurídica número 3-102-612166, representada por el Doctor Ernesto Jinesta Lobo, mayor casado, abogado, vecino de Santa Ana, cédula 4-139-117, en contra de la Municipalidad de Nicoya, representada por Carlos Armando Martínez Arias, Alcalde Municipal de Nicoya, vecino de Nicoya, cédula de identidad número 5-0337-0263. Interviene además el Licenciado Gerardo Carvajal Zúñiga, mayor, soltero, abogado, vecino de Nicoya, cédula 5-368-536, en su condición de Apoderado Especial Judicial de la Municipalidad demandada, y en su carácter de coadyuvantes pasivos, la Asociación Cívica de Nosara, cédula jurídica número 3-002-056509, representada por Ethel Araya Chávez, como Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima, la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (en adelante APREFLOFAS), cédula jurídica 3-002-071676, representada por Bernal Gamboa Mora, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, carné 16780, y Paola Viviana Vega Rodríguez, representada por el Licenciado José María Villalta Flores-Estrada, quien también interviene personalmente y es mayor, abogado y vecino de San José. Interviene también el señor Marvin Carvajal Pérez, cédula 1-0753-0631, como abogado director de la Asociación Cívica de Nosara. RESULTANDO: 1.- Por documento presentado el 21 de abril de 2020, la representación de la actora interpuso demanda de conocimiento contencioso administrativa contra la Municipalidad de Nicoya, formulando las siguientes pretensiones: “ 1.- Se declare absolutamente nulo e ilegal el "Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional" emitido por la Municipalidad de Nicoya, aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 014-0194-2020 y publicado en La Gaceta No. 40 de 28 de febrero de 2020. 2.- Se declare y mantenga vigente el ordenamiento jurídico en rigor antes del 28 de febrero de 2020. 3.- Se le ordene a la Municipalidad de Nicoya abstenerse de reglamentar el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional hasta tanto se emita el "Plan general de manejo" y sus normas técnicas. 4.- Se publique en el diario oficial La Gaceta la sentencia firme de anulación del reglamento municipal indicado a cargo de la Municipalidad de Nicoya. 5.- Se condene a la Municipalidad de Nicoya al pago de las costas procesales y personales." 2.- Conferida la audiencia de rigor, y dentro del plazo al efecto concedido, la Municipalidad de Nicoya contestó negativamente la demanda, opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y de derecho, asimismo, solicitó se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, y se condene a la actora al pago de ambas costas. 3.- La Asociación Cívica de Nosara, cédula de persona jurídica no. 3-002-056509, la Asociación Preservacionista de la Flora y Fauna Silvestres, cédula jurídica número 3002-071676, y los señores José María Villalta Flores-Estrada y Paula Viviana Vega Rodríguez, se apersonaron al proceso como coadyuvantes pasivos. Sin que existiera oposición de las partes, la primera fue admitida en dicho carácter en resolución de las a las 17 horas del 22 de marzo de 2021, mientras que las demás lo fueron durante la audiencia preliminar del 20 de julio de 2021, en este caso, sin retroacción de etapas procesales [Audiencia Preliminar, minuto 14:29] 4.- El Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en lo que sigue SINAC), se apersonaron al proceso como terceros interesados. [Imagen 1056 del expediente electrónico] 5.- A las 13 horas 30 minutos del 20 de julio de 2021, sin que existieran aspectos que sanear, se celebró la Audiencia Preliminar de este proceso, en la que la representación actora mantuvo sus pretensiones en la forma expuesta en la demanda. Asimismo, fue admitida la prueba documental ofrecida por la actora, junto con el escrito de réplica y contraprueba, así como la documental aportada por la accionada, consistente de una carpeta física y un disco de prueba. Se rechazó la prueba testimonial para mejor resolver ofrecida por la Municipalidad de Nicoya. Se aprobó la prueba documental ofrecida por la coadyuvante Asociación Cívica de Nosara (imágenes 261 a la 1034), mientras que la prueba testimonial para mejor resolver fue rechazada. El proceso fue declarado de puro derecho. 4.- Según consta en el expediente electrónico, el presente expediente fue pasado a fallo a la Sección VI, el 6 de marzo de 2023 [imagen 1552 del expediente electrónico]. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y no se perciben vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia por unanimidad, previas las deliberaciones de rigor y con la redacción del Juez Zamora Campos. CONSIDERANDO I. ASPECTOS PREVIOS. Sobre el ofrecimiento de PMP. A folios 1141, 1143-1146, 1200-1202 la parte actora aporta prueba para mejor resolver consistente en: a) copia del oficio ADIN-11-2021 de 5 de mayo de 2021 y con sello de presentación a la Municipalidad de Nicoya del día 10 de mayo de 2021, que contiene la oposición de cuatro asociaciones de desarrollo al Reglamento de Permisos de Construcción en la zona de análisis, b) prueba aportada por la Municipalidad demandada, los días 19 y 20 de julio, consistente en Oficio CCOP-192-2021 con fecha del 19 de julio de 2021, mediante el cual el encargado de Departamento de Control Constructivo y Obra Pública presenta un informe de las estadísticas constructivas de Cantón de Nicoya, y c) prueba ofrecida por la Asociación Cívica de Nosara, el 8 de junio de 2021, correspondiente a Monitoreo de la calidad del Agua en las Playas de Nosara. Sobre este tipo de probanzas, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: “…la prueba propuesta en esa condición, por su naturaleza, es discrecional para el juzgador, quien decide su conveniencia y necesidad. Se trata de una facultad que le permite incorporar, en la fase conclusiva, elementos demostrativos relevantes para la correcta decisión del conflicto. Pero si la ordena, debe respetarse el debido proceso. En relación, de este órgano, véase sentencia no. 203 de las 14 horas 35 minutos del 15 de noviembre de 1991. Sobre los parámetros que determinan su aplicación, puede consultarse la resolución no. 268 de las 16 horas 10 minutos del 3 de abril del 2002. Desde esta perspectiva, si bien se permite incorporar para mejor resolver probanzas totalmente nuevas, así como aquellas que fueron declaradas inevacuables, nulas, rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o bien relacionadas a hechos que se tuvieron por ciertos ante la rebeldía del accionado -incluso al resolver apelaciones- (artículos 331 y 575 de la normativa procesal civil), ciertamente, la decisión de recabarla es estrictamente facultativa para el juez, ergo, corresponde a una valoración discrecional del juzgador, quien puede prescindir de ella sin necesidad de resolución expresa.” (Sentencia número 728 de las 10 horas 5 minutos del 4 de octubre de 2007). Esta facultad viene conferida en el canon 110 del Código procesal Contencioso Administrativo, y en el 67.2 del Código Procesal Civil. A tono con lo expuesto, siendo una facultad del juzgador, es criterio de este cuerpo colegiado que las probanzas ofrecidas deben ser rechazadas, pues dada la forma en que se resuelve el presente asunto, no aportan elementos novedosos que lleven a una variación del fondo del asunto. II.- DE LOS HECHOS PROBADOS: La revisión de los elementos aportados al proceso, permiten tener por demostrados los siguientes hechos de relevancia para lo que se dispondrá: Que La empresa JBR Capital Ventures S.R.L. es propietaria de tres fincas inscritas en el Registro Nacional, matrículas de folio real no. 5-194073-000, 5-195157-000 y 5195158-000, todas ubicadas en el distrito sexto Nosara, cantón segundo Nicoya, de Ia Provincia de Guanacaste, específicamente en el proyecto de lotificación y fraccionamiento turístico-urbano identificado como "Proyecto Americano", el cual se encuentra dentro de la zona que la Municipalidad de Nicoya ha definido "Zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional”, (en adelante ZARNVSO). [Hecho no controvertido, imágenes 40 a 45 del expediente electrónico]. Mediante acuerdo del Concejo Municipal de Nicoya No. 032-153-2019, celebrado en la sesión ordinaria No. 153 del 8 de abril de 2019, se dispuso lo siguiente: "…El Concejo Municipal de Nicoya aprueba publicar en el Diario Oficial La Gaceta el "Proyecto de Reglamento para Ias construcciones en Ia zona de amortiguamiento del refugio nacional de vida silvestre Ostional" y se traslada a la administración activa para que realice las gestiones pertinentes para Ia publicación tal como Io indica el artículo 43 del Código Municipal…" [hecho no controvertido, imágenes 45 a 47 del expediente electrónico). 3.- El proyecto de reglamento fue publicado por la Municipalidad de Nicoya en el Alcance Digital No. 155 de La Gaceta del 3 de Julio de 2019. [hecho no controvertido, imágenes 53 a 62 del expediente electrónico]. 4.- El Concejo Municipal de Nicoya mediante acuerdo No. 014-0194-2020 aprobó el "Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional" publicado en La Gaceta No. 40 de viernes 28 de febrero de 2020. [hecho no controvertido, imágenes 65 al 69 del expediente electrónico] 5.- La Municipalidad de Nicoya no ha emitido ni aprobado un plan regulador, ni sus reglamentos conexos, para el distrito de Nosara. [hecho no controvertido]. 6.- A la data de la demanda, el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no había emitido el Plan General de Manejo para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. [hecho no controvertido – hecho 6 de la demanda, contestación a imágenes 96 y 108 del expediente electrónico]. 7.- Que la Municipalidad de Nicoya, de previo, a aprobar, emitir y publicar el "Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional", efectivamente realizó la audiencia pública presencial para recibir las observaciones verbales y escritas de los vecinos o interesados, como propietarios de inmuebles y otros interesados. [imágenes 121 a 125, 132 a 133, 135 a 151 del expediente electrónico] 8.- La Municipalidad de Nicoya, de previo a emitir el reglamento municipal impugnado, no obtuvo la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU. [hecho no controvertido- contestación al hecho 8 de la demanda e imágenes 1523 y 1539 del expediente electrónico] 9.- Que la Municipalidad de Nicoya, a la hora de emitir el Reglamento impugnado, si incluyó la variable ambiental. [Prueba 6 del expediente, imágenes 285 a 1033 del expediente electrónico] 10.- Que por resolución no. 22606-2022 de las 13 horas 10 minutos del 28 de setiembre de 2022 (publicada en el Boletín Judicial número 04, 05 y 06 de fechas 12, 13 y 16 de enero de 2023), la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley 9348 “Refugio de Vida Silvestre Ostional” y por conexidad además el decreto ejecutivo no. 41134-Minae del 10 de abril del 2018 “Reglamento a la Ley N° 9348 del Refugio de Vida Silvestre Ostional. (Consulta realizada a la fecha de esta sentencia en la base de datos pública NexusPJ del Poder Judicial / https://nexuspj.poder- judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1137400) III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza y de trascendencia para este proceso, se tienen por indemostrados los siguientes hechos: UNICO.- Que el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a la data de la demanda, hubiere emitido las normas técnicas para regular lo usos y actividades de la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. [no hay prueba al respecto en los autos] III. OBJETO DEL PROCESO. PLANTEAMIENTO DE LA PARTE ACTORA: Refirió la accionante ser la propietaria de tres fincas inscritas en el Registro de Bienes Inmuebles, matrículas no. 5194073-000, 5-195157-000 y 5-195158-000, todas ubicadas en el distrito sexto Nosara, cantón segundo Nicoya, de Ia Provincia de Guanacaste, específicamente en un proyecto que se encuentra comprendido dentro de la zona que la Municipalidad de Nicoya ha definido como la "Zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (en lo que sigue ZARNVSO)”. Considera que el Reglamento Municipal que impugna, afecta en forma ilegal su derecho de propiedad y todas las facultades que se derivan del dominio. Explica, mediante acuerdo del Concejo Municipal de Nicoya No. 032-153-2019, celebrado en la sesión ordinaria No. 153 del 8 de abril de 2019, se aprobó publicar en el Diario Oficial La Gaceta el: "Proyecto de Reglamento para Ias construcciones en Ia zona de amortiguamlenfo del refugio nacional de vida silvestre Ostional", conforme al numeral 43 del Código Municipal. Aclara, dicho proyecto de reglamento fue publicado por la Municipalidad de Nicoya en el Alcance Digital No. 155 de La Gaceta del 3 de Julio de 2019. Refiere que el Concejo Municipal de Nicoya mediante acuerdo No. 014-0194-2020 aprobó el Reglamento de examen, publicado en La Gaceta No. 40 del 28 de febrero de 2020. Resalta, la Municipalidad accionada no ha emitido ni aprobado un plan regulador, ni sus reglamentos conexos, para el distrito de Nosara. Destaca, a esa data, el Área de Conservación Tempisque del SINAC, tampoco había emitido el Plan General de Manejo, ni las normas técnicas para regular lo usos y actividades de la ZARNVSO. Subraya, la Corporación de Nicoya, de previo, a aprobar. emitir y publicar el Reglamento de análisis, omitió efectuar la audiencia pública presencial para recibir las observaciones verbales y escritas de los vecinos o interesados. Advierte, dicho gobierno local, previo a emitir el Reglamento Municipal impugnado, no obtuvo la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU. También considera, que la Municipalidad de Nicoya, al emitir el reglamento impugnado, omitió incluir la variable ambiental. En lo medular, sustenta sus alegatos en el hecho de que, desde su óptica, existe una Ley Especial, que es la Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, y su Reglamento, conforme a la cual, el Plan de Manejo se constituye en un requerimiento obligatorio, previo a la emisión de los reglamentos municipales. De esa manera, no resulta factible dictar un Reglamento de Permisos de Construcción, en la Zona de Amortiguamiento, si no existen los Planes de Manejo previos que dispone la Ley, de modo que cualquier permiso de construcción en esa zona, está sujeto a la emisión previa de un Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Ostional. Expresa en ese sentido, que es solo el Área de Conservación Tempisque del SINAC, quien debe emitir las normas técnicas, que no han sido emitidas. También considera, que la Municipalidad accionada, debió convocar a una audiencia pública, conforme lo dispone la Ley de Planificación Urbana, y contar para ello con la autorización de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU). Lo anterior, estima, violenta el numeral 43 del Código Municipal, que establece un procedimiento al efecto. Endilga, el Plan Regulador requiere audiencia pública presencial, que no es lo mismo que una consulta pública. También expone que en ausencia de un Plan Regulador, no puede dictarse un Reglamento de “eficacia provisional”, como lo denomina la Municipalidad demandada, yaa que para ello, se requiere además contar con un reglamento previo de zonificación, en los términos del mandato 58.1 de la Ley de Planificación Urbana (en lo sucesivo LPU). Por esa razón solicita que en sentencia se declare la nulidad del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción en la ZARNVSO; se declare y mantenga vigente el ordenamiento en rigor antes del 28 de febrero de 2020; se le ordene a la Municipalidad de Nicoya abstenerse de reglamentar el otorgamiento de permisos de construcción en la ZARNVSO, hasta tanto se emita el Plan General de Manejo, se publique en la Gaceta la sentencia firme de anulación del Reglamento impugnado, y se impongan a la demandada las costas procesales y personales. IV.- OPOSICIÓN DE LA DEMANDADA: La Municipalidad demandada contestó en forma negativa, asegurando tener claro que no ha culminado el proceso para la emisión de un Plan Regulador para el distrito de Nosara, así como de los Planes Generales de Manejo para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. No obstante, considera, actúa en virtud de un deber constitucional de protección a una zona de especial importancia ecológica, como lo es el Refugio en mención. Descarta que no hubiera dado publicidad al proceso de audiencia pública del Reglamento impugnado. Por el contrario, estima, ello no autoriza a los entes públicos involucrados a permitir la degradación del medio ambiente en una zona de especial importancia ecológica y de gran fragilidad, como lo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Alega, si se dio amplia publicidad al proceso para la discusión y aprobación del Reglamento objetado. Explica, para asegurar la publicidad del procedimiento y atender el principio constitucional de participación ciudadana, se realizaron múltiples reuniones consultivas e informativas. Detalla, el 21 de mayo de 2019 la Corporación de Nicoya realizó la convocatoria a una consulta pública para la presentación de la propuesta de reglamento, la cual se llevó a cabo en la Biblioteca David Kitson en Nosara. Continúa, en el mismo sentido el 23 de mayo, el ingeniero Municipal, Josué Ruiz y la ingeniera Johanna Briceño del departamento de Catastro, hicieron Ia primera presentación oficial de la propuesta de reglamento. Prosigue, se realizaron dos sesiones, una a las 10 am en español y otra a la 1 pm en idioma inglés, tomando en cuenta que en la zona residen gran cantidad de extranjeros, sesiones de las cuales se levantaron listas de asistencia. Ahí, reitera, se explicaron las bases técnicas del reglamento, así como las razones por las cuales la Municipalidad considera de importancia trabajar en el reglamento para la zona. También refiere, se tomó en cuenta la cantidad de permisos de construcción que se otorgaban en la zona, y se presentaron los datos constructivos de la Municipalidad, la relevancia de una zona tan importante y frágil en términos ambientales, explicando los alcances del informe denominado “Índice de Fragilidad Ambiental para el Área de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional”. Esboza, se comunicaron los canales que las personas podían utilizar para hacer llegar sus comentarios al reglamento, que incluyeron correos electrónicos, o hacerlo presencialmente en la oficina de la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara, y en la oficina de Ingeniería de la Municipalidad. Dice, posteriormente el Ayuntamiento anunció por medios electrónicos, así como físicamente mediante la difusión de invitaciones físicas pegadas en lugares estratégicos de Nosara, que se ampliaría el tiempo de consulta y que la publicación final del reglamento se haría hasta mediados de julio. Expresa, durante la reunión indicada se acordó tener una sesión con personas interesadas en dar retroalimentación al reglamento, que fue facilitada por la Asociación Cívica de Nosara, para el lunes 27 de mayo. Alega, en esa sesión se recolectó información y dudas que fueron llevadas a la Municipalidad, y que continuaron luego. Indica, el 3 de julio de 2019, se realizó la primera publicación del proyecto del Reglamento para construcciones en la ZARNVSO, en el Alcance N°155 del 3 de julio de 2019, y el 8 de ese mes y año, la Municipalidad de Nicoya envió invitaciones a la comunidad de Nosara, para la presentación de la nueva versión del reglamento, que incorpora los comentarios recibidos desde el 23 de mayo de ese año, por lo que se dispuso un borrador digital, que se presentó oficialmente el 11 de julio de 2019, en la Escuela Pública Serapio López en Nosara, y en la Biblioteca Kitson de ese lugar, esta última sesión en el idioma inglés. Agrega, el 12 de julio en la mañana en el Salón Comunal de Santa Marta y en la tarde en la Escuela Pública de Esperanza. Asegura, el 14 de agosto, el Concejo Municipal de Nicoya aprobó la publicación del Proyecto de Reglamento, que al contener variantes respecto de la versión publicitada, se publicó nuevamente como Proyecto de Reglamento en la Gaceta, dando 10 días para observaciones. Posteriormente, observa, el 21 de octubre de 2019, el Concejo Municipal de Nicoya mediante Acuerdo 027-181-2019 de la Sesión Ordinaria 181, dispuso volver a publicar el proyecto de reglamento, lo que ocurrió el 19 de diciembre de 2019, en el Alcance N° 285 de la Gaceta N° 242. Finalmente, el 20 de enero de 2020, el Concejo Municipal de Nicoya mediante Acuerdo 014-0194-2020 en Sesión Ordinaria 194, acordó publicar el Reglamento, cuya publicación definitiva tuvo lugar el 28 de febrero de 2020, en la Gaceta número N°40. La demandada acepta que no pidió la aprobación del Departamento de Urbanismo del INVU, porque el INVU carece de competencia para Ia revisión de actos aprobados por un Gobierno Local, en ejercicio de sus potestades constitucionales, y que no forman parte de un Plan Regulador o sus reglamentos correspondientes. Citó los estudios técnicos ambientales en los cuales basó su decisión. Resume, el objetivo del reglamento impugnado, es generar una medida de contención precautoria a la falta de planificación territorial, dar protección a los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible a las futuras generaciones. Externa, la ausencia de un plan regulador como el instrumento técnico idóneo para la planificación territorial, no exime a la Municipalidad de Nicoya de sus obligaciones constitucionales y legales de proteger los recursos naturales presentes en su jurisdicción, principalmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como es el caso de los elementos focales del RNVSO. Esgrime, la evidencia científica técnica disponible que ha sido generada por diferentes investigadores y funcionarios del Área de Conservación Tempisque, dan elementos suficientes para considerar que el RNVSO y su zona de amortiguamiento se encuentra en una situación de riesgo que puede ser irreversible. Por esa razón, argumenta, en aplicación del principio precautorio, tanto la Municipalidad, el SINAC, las organizaciones locales y la sociedad civil en general, deben tomar medidas y ejecutar acciones en el ámbito que les corresponda, sin esperar la prueba científica de que es necesario actuar, basados en que una mayor demora será finalmente más costosa para la sociedad y la naturaleza, y en el largo plazo, injusta para las futuras generaciones. Estipula, no se pueden interponer potestades de órganos administrativos centrales a las competencias constitucionales de los entes municipales. Asevera, la intervención del Estado y de entes funcionales es complementaria a la competencia con que cuentan las municipalidades para regular los aspectos de interés local. De esa manera, afirma, la Corporación de Nicoya, al emitir el Reglamento de examen, siguió un procedimiento transparente, en el que dio amplia participación a la comunidad, que es el previsto por el Código Municipal para la emisión de actos generales como el impugnado, por lo que dicho Reglamento no es contrario a ninguna norma de rango superior, sino una manifestación válida y necesaria de la potestad reglamentaria municipal para la protección del medio ambiente. En virtud de lo anterior, opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y de derecho, solicitando imponer las costas a la accionante. V.- SOBRE EL CASO CONCRETO SOMETIDO A LA VALORACIÓN DEL TRIBUNAL. Como punto de partida es menester resaltar, que esta Cámara resolverá, como corresponde en derecho, en estricto amparo de los argumentos esgrimidos por las partes -actora y demandada- de esta litis, y ante todo, con sustento en el elenco probatorio allegado al proceso en su momento procesal oportuno, con el fin de dilucidar si lo pretendido en el presente asunto por la accionante, encuentra reparo por parte de este Tribunal. En esencia, puede percibir este órgano decisor, que a más de lo indicado en las pretensiones, lo alegado por la accionante se centra en lo siguiente: 1. Nulidad del Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la Zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en virtud de su disconformidad con la Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, no. 9348 de 8 de febrero de 2016, por ausencia de estudios técnicos y no incorporar la variable ambiental. 2. Nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, por no haberse convocado a una audiencia pública ni haberse obtenido la aprobación del INVU. 3. Nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, por violación del canon 43 del Código Municipal, y 4. Nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, por Violación de los ordinales 15, 24 25 y 58, inciso a), de la Ley de Planificación Urbana. Así las cosas, en apartes separados, se examinarán a continuación puntualmente los criterios de imputación acusados por la actora: i) Sobre la alegada nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, en virtud de su disconformidad con la Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, no. 9348 de 8 de febrero de 2016, ausencia de estudios técnicos y no incorporar la variable ambiental. Para la accionante, uno de los límites infranqueables de la potestad reglamentaria está constituido por la observancia y respeto de la ley (art. 7 de la LGAP). Por esa razón, todo reglamento debe sujetarse a las leyes existentes que regulan una materia determinada. Así, agrega, toda Administración Pública, incluida la municipal, está sujeta al bloque y principio de legalidad de modo que puede hacer únicamente lo que la ley la autoriza (vinculación positiva) y no puede realizar lo que no le hablita (vinculación negativa). Considera, acorde al principio de legalidad (art. 11 de la Constitución, 11 y 13 LGAP), un reglamento que no respeta obedece o se somete a Ia ley, es un reglamento ilegal y absolutamente nulo. Destaca, la Ley de Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, no. 9348 de 8 de febrero de 2016, en su artículo 1° establece, que el fin de ese instrumento legislativo es establecer un "régimen jurídico especial' que permita, entre otros aspectos, "regular los usos del suelo". Considera, que lo anterior significa que todo lo relativo al uso del suelo, aspecto que comprende el otorgamiento de permisos de construcción, tanto en el área del refugio de vida silvestre como en la zona de amortiguamiento, debe sujetarse a esa Ley especial y a sus previsiones, ya que, crea, un régimen jurídico sectorial. En consecuencia, apunta, la corporación municipal debe respetar y actuar conforme a esa ley especial, que establece un régimen jurídico especifico, y que, como ley especial que es, prevalece sobre cualquier ley general anterior o, incluso, posterior. Expresa, esa ley especial, la no. 9348 en su precepto 2°, inciso h), define al "Plan General de Manejo" como el "instrumento de planificación para el cumplimiento de los objetivos de conservación del Refugio; constituye (sic) la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación". Aduce, así este precepto legal es particularmente significativo, por cuanto, indica que el Plan General de Manejo es la base o presupuesto necesario para aprobar otros instrumentos de planificación y reglamentos. Interpreta, a contrario sensu, si no se ha dictado el "Plan General de Manejo" no es posible emitir otros instrumentos de planificación o reglamentos, por no haberse cumplido una condición legal expresa. Prosigue, a tenor del artículo 6°, párrafo 2°, de la Ley especial de creación del Refugio Silvestre de interés, el órgano competente para emitir el "Plan General de Manejo" es el Área de Conservación Tempisque del SINAC, por lo que este precepto legal hace depender cualquier regulación sobre el uso del suelo -lo que incluye permisos de construcción- de la necesaria emisión y aprobación previa del "Plan General de Manejo". Adicionalmente, dice, confiere de manera exclusiva al Área de Conservación Tempisque la tarea de emitir las "normas técnicas, a las cuales deberán someterse los usos y las actividades que se autoricen. Desde esa óptica, estima, por imperativo legislativo expreso, de previo a toda reglamentación, incluso de un ayuntamiento, debe haberse emitido como presupuesto el "Plan General de Manejo" y las "normas técnicas" sobre los usos del suelo, de donde no pueden dictarse reglamentos municipales en la zona de amortiguamiento sin que se hayan emitido previamente tales instrumentos normativos. Agrega, acorde al mandato 7 ibidem, se enlistan todas las instancias que deben aprobar el "Plan General de Manejo" al estatuir: "EI Refugio deberá contar con un Plan general de manejo elaborado de conformidad con la Ley N.° 7788, Ley de Biodiversidad y su Reglamento, aprobado en primera instancia por el Consejo Regional del Área de Conservación respectiva, previa consulta al consejo local y, en segunda instancia, por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (...)" Asegura, no obstante, a esa data, no se había emitido y aprobado, por todas las instancias indicadas, en firme y de manera definitiva el "Plan General de Manejo", ni las "normas técnicas" del uso del suelo en la zona de amortiguamiento, por parte de los órganos nacionales indicados, razón por la que no podía dictarse un reglamento municipal para regular aspectos del uso del suelo en esa Zona de Amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre, ya que, no se había cumplido con el presupuesto o la condición legal que impone la Ley especial citada. Acusa, además, el Reglamento a la Ley 9348, que crea el refugio silvestre, insiste en la relevancia como presupuesto o condición previa y esencial, del "Plan General de Manejo" y normas técnicas, para efectuar una serie de regulaciones ulteriores (Considerando VII). Enuncia, el artículo 2°, inciso 29), del Reglamento citado, define el “Plan General de Manejo", norma que transcribe, como instrumento de planificación que orienta la gestión del Área Silvestre Protegida, y que es la base de otros instrumentos de planificación y reglamentación. Continúa, acorde con el artículo 2°, inciso 34), del Reglamento a la ley del refugio Silvestre, el "Plan General de manejo" debe contener una "zonificación", por lo que si la determinación o definición de la zona de amortiguamiento debe estar incluida, necesariamente, en el Plan General de manejo, es indispensable que éste último se haya dictado de manera definitiva y firme, de previo a emitirse cualquier reglamento. Luego cita la definición del Plan de Manejo, que según el numeral 3 inciso p), del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo No. 34433 de 11 de marzo de 2008), -que transcribe-, es “la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegida". También citó el numeral 58 de ese mismo reglamento, que califica al plan de manejo como una "herramienta técnica". Citó luego otros planes de manejo aprobados de otras áreas de conservación, resaltando que se le califica como un "instrumento orientador" de la efectiva administración y manejo de las áreas silvestres protegidas y como una "herramienta técnica". Por ello considera que es un instrumento vinculante conformado por componentes normativos como reglamentos y gráficos (mapas) de carácter científico y técnico que rige todos los aspectos del refugio silvestre, incluida la zona de amortiguamiento. De esa suerte, alega, dado que, la zona de amortiguamiento (de la que brindó varias definiciones) debe ser, indefectiblemente, definida en el "Plan General de manejo", el cual prevé una zonificación determinada, de ahí que cualquier regulación de los usos en esa zona específica -lo que incluye el otorgamiento de permisos de construcción- está sujeta a la emisión definitiva y firme del referido plan, lo que incluye cualquier reglamentación municipal en la zona de amortiguamiento. Agrega, que todo reglamento municipal para el otorgamiento de permisos de construcción debe, por imperativo de ley, incluir la variable ambiental, y que en el caso particular, la única manera en que el reglamento municipal que ataca, incorporara la variable ambiental, sería que ya se hubiere dictado el "Plan general de manejo", que es el instrumento que debe incorporarla según el articulo 7° de la Ley No. 9348. También citó en esa línea los ordinales 17 y 84, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el Decreto Ejecutivo No. 32967 de 20 de febrero de 2006 "Manual de instrumentos técnicos para el proceso de Estudios de Impacto Ambiental (Parte III)" que en su artículo 1° dispone la introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo. Ahora bien, observa este órgano decisor, en lo medular la demandante sustenta su alegato, -en cuanto a la supuesta ilegalidad del “Reglamento de Permisos de Construcción en la Zona de Amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Ostional”-, en el hecho de no haberse cumplido con la emisión previa de varios instrumentos técnicos dispuestos por la Ley 9348 de previa cita. No obstante, para esta cámara, lo procedente a este punto es declarar oficiosamente una falta de interés parcial sobre el particular, pues mediante sentencia de la Sala Constitucional, no. 022606 de las 13 horas 10 minutos del 28 de setiembre de 2022, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley 9348, Ley de Creación del Refugio de Vida Silvestre Ostional, y por conexidad además, del decreto ejecutivo n°41134-Minae del 10 de abril del 2018 “Reglamento a la Ley no. 9348 del Refugio de Vida Silvestre Ostional”. Al margen de las razones que privaran a ese fin, es claro que la normativa que la demandante utiliza como parámetro esencial de legalidad de las actuaciones administrativas de la Municipalidad de Nicoya, en particular, la emisión del Reglamento de Permisos de Construcción de amplia cita, ha sido declarada inconstitucional, junto con su Reglamento. De lo anterior resulta la imposibilidad de establecer las causales de ilegalidad, formuladas supra, es decir, respecto de dicha normativa, toda vez que, de conformidad con el canon 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dicha declaratoria implica la consecuente anulación y eliminación de las normas de cita del ordenamiento jurídico. Así las cosas, no es factible para esta Cámara revisar las alegaciones de ilegalidad respecto de una norma ahora inexistente, por haber sido así declarada por la Sala Constitucional. En cuanto a la supuesta ausencia de estudios técnicos, es claro que la actora en su demanda lo hace derivar del cardinal 6 de la Ley 9348, norma declarada inconstitucional, circunstancia que de nuevo obliga a su rechazo. De ello deriva, que deban denegarse también los alegatos en cuanto a la ilegalidad del Reglamento de Permisos de Construcción de examen, por no haberse dictado previamente un Plan de Manejo del Área de Conservación, por parte de la Administración Pública. En igual sentido, por no haberse dictado previamente un Plan Regulador para el distrito de Nosara. En cuanto a las citas de otras disposiciones que se acusan violadas, como lo sería el numeral 3 inciso p), del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo No. 34433 de 11 de marzo de 2008), es claro que dicha norma lo que establece, es que el Plan de Manejo, es “la base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegida", mas no un impedimento expreso para atender circunstancias de peligro en materia ambiental. De esa suerte resulta innegable, se trata de una norma de una redacción genérica, casi aspiracional, cuyo texto no permite derivar la nulidad expresa de un Reglamento Municipal en materia ambiental, por no existir un Plan de Manejo dictado previamente. Siguiendo ese orden de ideas, debe también rechazarse el reclamo de nulidad por supuesto quebranto del numeral 58 de ese mismo reglamento, que califica al plan de manejo como una "herramienta técnica", pues se estaría ante idéntico supuesto. En cuanto se acusaron violados los artículos 17 y 84, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ambiente, y el Decreto Ejecutivo No. 32967 de 20 de febrero de 2006 "Manual de instrumentos técnicos para el proceso de Estudios de Impacto Ambiental (Parte III), nota este Tribunal, dichos preceptos no son atinentes al caso concreto, puesto que el canon 17 define la “Evaluación de Impacto Ambiental”, mientras que el ordinal 84 ibidem, establece las funciones de la Secretaría Técnica Ambiental, y el Decreto 32967 es un Manual de Instrumentos Técnicos para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, que de nuevo, carece de las características o potencia normativa para determinar la nulidad del Reglamento de Permisos de Construcción supra examinado. ii) Sobre la alegada nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, por no haberse convocado a una audiencia pública ni haberse obtenido la aprobación del INVU. Nota este órgano decisor, en la especie la demandante expresamente reclama, que el Reglamento de examen es incapaz de imponer regulaciones de planificación urbana, ante la inexistencia de un plan regulador. De seguido, expresa, que acorde con la Ley de Planificación Urbana (LPU), existe un procedimiento pautado para emitir un plan regulador o una de sus partes, como lo es un reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción. No obstante, es claro, en el asunto de examen, la violación apuntada como causa de pedir, no radica en el hecho de haber violentado las regulaciones a fin de emitir un plan regulador. De manera diversa, estas se erigen, sobre la afirmación, ya analizada y resuelta, de la parte actora, en cuanto a que la ilegalidad del Reglamento de Permisos de Construcción de examen, deriva del incumplimiento de disposiciones de Ley 9348 (hoy declarada inconstitucional), que obligaban a la existencia de un plan regulador, como requisito previo para la emisión del Reglamento de análisis. Así las cosas, resulta incontestable, visto que no es dable establecer la existencia de dicho requisito, -pues al haber sido declarada la inconstitucionalidad de la Ley 9348, éste requerimiento ya no forma parte del ordenamiento jurídico-, de igual modo resulta irrelevante analizar si se cumplieron o no los trámites a seguir para la emisión de un Plan Regulador. En esa línea no resulta atinente al caso concreto el cumplimiento o no del mandato 17 de la LPU. Menos aún, por cuanto, acorde al requisito dispuesto por el inciso 1 de esa norma, es claro, en la especie, la Municipalidad de Nicoya sí realizó los procedimientos de audiencia pública en un local determinado para que los vecinos del lugar pudieran formular observaciones verbales o escritas, cumpliendo con los requerimientos de participación ciudadana que según la actora, no fueron realizados. [hecho siete tenido por acreditado, (imágenes 121 a 125, 132 a 133, 135 a 151 del expediente electrónico)]. De esa suerte deberá rechazarse también el alegato en cuanto a la violación de los numerales 17, 18 y 23 de la LPU, así como de los preceptos 158 párrafo 1°, y 166 LGAP, pues no solo no se estaba ante un trámite de elaboración de un plan regulador, sino que en este caso, la parte actora ha hecho derivar su requerimiento de normativa que ha sido declarada inconstitucional. iii) Nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, por aplicación indebida del canon 43 del Código Municipal. Aunque la accionante señala en varias ocasiones, la falta de publicidad del Reglamento de análisis como un vicio de nulidad, no obstante, acusa en este apartado, que la Municipalidad de Nicoya aplicó indebidamente el mandato 43 del Código Municipal, al someter a lo que llamó “una consulta pública”, un Reglamento que, en su criterio, no requiere ese trámite. Sin embargo, no señala en su alegato, los motivos por los cuales, del sometimiento a la denominada consulta pública del Reglamento de Permisos de Construcciones citado, pudiera derivar alguna violación que acarré la nulidad de dicho acto de alcance general. Es claro, lo que se acusa es que dicho sometimiento a consulta pública no era necesario para ese caso, más no se establece cual sea la consecuencia jurídica de dicha decisión a los efectos del Reglamento. En efecto, solo indica la parte actora, se está ante una aplicación indebida de una norma legal del Código Municipal, ya que, para un plan regulador o alguno de sus componentes es imperativo, la LPU obliga al trámite de la “audiencia pública presencial”, a fin que sean formuladas observaciones verbales o por escrito, no estando prevista la consulta pública. Tomando en cuenta, según se ha esbozado ya en este fallo-, que el Ayuntamiento no se encontraba ante una exigencia de contar con un Plan Regulador previo, que tampoco se encontraba realizando los trámites de un Plan Regulador, que dicha Municipalidad, si sometió a audiencias públicas y a la consulta presencial dicho Reglamento (imágenes 121 a 125, 132 a 133, 135 a 151 del expediente electrónico)], además de que no se citan expresamente las supuestas consecuencias jurídicas de dicho accionar administrativo, el cargo deberá de rechazarse. iv) Nulidad del “Reglamento para el Otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida silvestre Ostional”, por violación de los ordinales 15, 24 25 y 58, inciso a), de la Ley de Planificación Urbana. Para la accionante, las municipalidades deben cumplir con la obligación impuesta por la LPU, de emitir, aprobar e implementar, “un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos". Reitera, una municipalidad carece de potestades o de competencias para controlar el desarrollo urbano y el uso del suelo si no cuenta con un plan regulador y con los reglamentos conexos. Define el plan regulador de acuerdo con la LPU. Asegura, en el caso concreto la Municipalidad de Nicoya no ha dictado un plan regulador. Dice, por el contrario, el Transitorio 1° del Reglamento impugnado, indica tratarse de un Reglamento de carácter provisional. De esa suerte, acusa, en el caso concreto, la Municipalidad de Nicoya a través de dicho Reglamento, pretende regular una materia típica del control de desarrollo urbano o de la planificación urbana, sin haber emitido un plan regulador. Señala, las municipalidades no están autorizadas por la LPU para regular un tema de planificación urbana, de manera provisional y sin contar con un plan regulador. Alega, la propia LPU establece un orden o secuencia lógica, donde la zonificación debe efectuarse mediante un reglamento específico. Cita el mandato 24, que según dice, establece que ese reglamento: "dividirá el área urbana en zonas de uso, regulando aspectos de cada una de ellas", entre las cuales destacan: "El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines (...) comerciales, residenciales", así como la "Localización, altura y área de piso de las edificaciones" (inciso b), la "superficie y dimensiones de los lotes" (inciso c). Manifiesta, acorde al numeral 25 de la LPU, ese reglamento debe identificar las "zonas especiales" como "los sitios con (...) recursos naturales conservables". Apunta, de manera contraria a lo que prescribe la LPU, la Municipalidad de Nicoya dicta un "reglamento de eficacia provisional", sin contar con plan regulador y sin un reglamento de zonificación, para normar lo relativo a permisos de construcción y otros aspectos como altura, área o mancha de construcción, dimensiones de los lotes, etc.). De esta manera, recrimina, se violenta claramente la LPU, por cuanto, lo que la municipalidad de Nicoya dice al emitir el reglamento impugnado, es que no ha emitido un plan regulador, ni un reglamento de zonificación, sino un reglamento provisional que comprende aspectos propios de un reglamento de zonificación y de construcciones. De esa manera, estima, violenta flagrantemente el espíritu y la letra de la LPU. Advierte, el numeral 58. inciso 1), de la LPU establece, claramente, que cualquier cuestión relativa a un reglamento de construcciones como los permisos de construcción, presupone necesariamente la emisión previa del Reglamento de Zonificación. Finalmente, comenta, así la municipalidad de Nicoya, sin haber dictado un plan regulador, ni el reglamento de zonificación -que debe identificar áreas protegidas o de conservación-, pretende regular "provisionalmente" el otorgamiento de permisos de construcción, incurre en un quebranto del texto y el espíritu de la LPU. Por esa razón, estima, el reglamento impugnado violenta los ordinales 15, 24 25 y 58, inciso a), de la LPU, lo que determina su nulidad absoluta e ilegalidad. Sobre el particular, nota este Tribunal, el cardinal 24 de la LPU, define los contenidos del Reglamento de Zonificación, mientras que el artículo 25 de dicha Ley, establece que en dicho Reglamento figurarán también como zonas especiales: “…las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como en el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico”. Por su parte, el mandato 58 inciso a) (sic) de la LPU, refiere: “Las municipalidades no permitirán obras de construcción: 1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, cobertura y demás condiciones de la zonificación;”. Para este Tribunal, si bien lo anterior es en esencia correcto, ello no implica la imposibilidad de las Corporaciones Municipales a fin de regular la materia ambiental, por el hecho de que no exista un plan regulador o planes de zonificación. La Sala Primera de la Corte, ha resaltado la potestad reglamentaria de las corporaciones municipales al establecer: “De este modo, dentro de las competencias del Concejo Municipal está, precisamente, la emisión de Reglamentos. Así lo contempla el Código Municipal en los artículos 2, 4 y 13, que encuentran égida constitucional en los susodichos preceptos 169 y 170 de la Carta Política. Se trata, en lo fundamental, de una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15. El primero estatuye la competencia del Concejo Municipal para dictar disposiciones normativas. El segundo preceptúa que, conforme al canon 169 de la Constitución Política, se reconoce competencia y autoridad a los gobiernos municipales, para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional y, en consecuencia, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores en que primen razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor. De igual manera, el artículo 19 Ibid., autoriza la promulgación de reglas procesales para el acatamiento de planes de regulación y para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. Es decir, su competencia se extiende a la emisión de normativa reglamentaria. En el caso concreto, la actora reconoce en su demanda, la accionada cumplió con la exigencia de consulta pública no vinculante del Reglamento, lo cual se ratifica con vista en la Gaceta número 121 del 23 de junio de 2011. Ello evidencia cómo, aunada a la potestad reglamentaria propia de ese ayuntamiento, su ejercicio consideró la opinión colectiva al someterlo a su conocimiento. Se decantó por regular en el sentido dicho, sin que ello vulnere el respaldo constitucional y legal que al efecto le ampara”. (Sala Primera, no. 77-2017, de las 13 horas 50 minutos del 26 de enero de 2017). De igual modo, lo ha hecho la Sala Constitucional, aplicando el principio precautorio, recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, al anteponer de manera tajante, la protección del ambiente y la vida, a la existencia de planes reguladores o de zonificación. Tal es la línea del fallo 2004-01923, en el cual se indicó: “ 5) La Municipalidad de Poás, ha incurrido en las siguientes omisiones: a) Pese a lo dispuesto por la Ley de Planificación (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas), hace más de 35 años no ha elaborado y aprobado como parte de un plan regulador, un reglamento de zonificación de las áreas protegidas o reservadas que incluya las localizaciones cartográficas, mapas hidrogeológicos y alineamientos de protección y vulnerabilidad –que hayan efectuado otros entes- de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga de éstos existentes en el Cantón de Poás; b) al no haberse emitido el reglamento referido no se ha incluido la zonificación de áreas protegidas o reservadas, las restricciones o limitaciones para actividades humanas, sean urbanísticas, agropecuarias, comerciales o industriales para evitar la eventual impermeabilización de los suelos y la contaminación de los mantos acuíferos y, por consiguiente, de los manantiales, nacientes y pozos del Cantón de Poás; c) no ha construido plantas de tratamiento de las aguas residuales y negras provenientes del alcantarillado público para no ser vertidas en las cuencas hidrográficas del Cantón de Poás; f) no ha reforestado las áreas de carga y descarga de los mantos acuíferos existentes en el Cantón de Poás.” Por esa razón, la Sala Constitucional acogió el recurso de amparo en contra de dicha entidad, junto con otras Administraciones recurridas, a las cuales se les endilgó haber descuidado mantos acuíferos y otros recursos naturales en la Zona de Poás, en perjuicio del ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Sala Constitucional 2004-01923, de las 14 horas 55 minutos del 25 de febrero de 2004). Es decir, que acorde a las citas jurisprudenciales de examen, en el caso concreto, lejos de existir un impedimento reglamentario, prevalece por el contrario un deber de las corporaciones municipales, de regular situaciones de interés ambiental, aún y cuando por cualquier razón no existieran aún, los planes reguladores o de zonificación que al efecto requiere la LPU, ya sea que, como en este y otros casos, ello obedezca o no a supuestos de clara inercia administrativa inexcusable. De consiguiente, la Municipalidad actuó conforme a su deber constitucional de protección del ambiente, al estimar la existencia de un peligro grave e irreversible para especies protegidas, como lo son en este caso las tortugas loras, que por miles anidan en la Reserva de Ostional (Ver en esa línea también los fallos de la Sala Constitucional no. Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003). Así las cosas, el agravio deberá de rechazarse. Consecuente con todo lo expuesto, la única opción posible en relación con la demanda que aquí se ha conocido, es declararla sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se dispone. VI.- SOBRE LAS EXCEPCIONES ALEGADAS. Por las razones expuestas en el considerando V, de esta sentencia, de oficio se declara una falta de interés actual respecto de los alegatos de nulidad del "Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional", por vicios relacionados con la Ley 9348 y su Reglamento 41134-Minae. En relación con la defensa de falta de legitimación activa, alegada por la Municipalidad de Nicoya y sus coayuvantes, ha de rechazarse toda vez que, es claro que la actora es propietaria de tres inmuebles en la zona objeto de regulación aquí impugnada, (regulación de eventuales permisos de construcción) circunstancia que acredita su legitimación para formular sus pretensiones de impugnación como lo ha hecho en el caso concreto. Tocante a la excepción de falta de derecho, es claro que, de conformidad con lo que fuera reseñado y explicado por el Tribunal en el considerando previo, tal defensa ha de acogerse, pues lo pretendido por la parte actora no resulta de recibo. VII.- SOBRE LAS COSTAS. Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estima esta Cámara, visto que las pretensiones principales de la actora, no pudieron ser objeto de mayor estudio en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9348 y su Reglamento, considera el Tribunal que si existe causal válida de dispensa, por lo que lo procedente es resolver sin especial condenatoria en costas. POR TANTO: Se rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver. Se declara oficiosamente una falta de interés actual parcial respecto de los alegatos de la actora, en relación a la nulidad del "Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional", por vicios relacionados con la desaplicación de la Ley 9348 y su Reglamento 41134-Minae. Se rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Municipalidad de Nicoya y sus coadyuvantes. Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la Municipalidad de Nicoya. Por consiguiente, se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta. Se resuelve el presente asunto sin especial condenatoria en costas. Carlos Guillermo Zamora Campos, Alcevit Godínez Prado, Daniel Aguilar Méndez. EXP: 20-002115-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] *M?PKJSKLLIU?? * MWPKJSKLLIU61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - JUEZ/A DECISOR/A *NRQZQQDRS?G??* NRQZQQDRS5G61 DANIEL AGUILAR MENDEZ - JUEZ/A DECISOR/A *?IYMOE?EYB??? * 8IYMOEWEYB461 ALCEVITH GODÍNEZ PRADO - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:07:21. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**EXPEDIENT:** 20-002115-1027-CA - 7 **PROCEEDING:** KNOWLEDGE **PLAINTIFF:** JBR CAPITAL VENTURES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **DEFENDANT:** MUNICIPALITY OF NICOYA N° N° 2023004296 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twenty-one hours thirty-three minutes on the eleventh of October, two thousand twenty-three.- Contentious-administrative knowledge proceeding, declared a matter of pure law, established by JBR CAPITAL VENTURES SRL, legal identification number 3-102-612166, represented by Doctor Ernesto Jinesta Lobo, married, attorney, resident of Santa Ana, ID 4-139-117, against the Municipality of Nicoya, represented by Carlos Armando Martínez Arias, Municipal Mayor of Nicoya, resident of Nicoya, identity card number 5-0337-0263. Also intervening is Licenciado Gerardo Carvajal Zúñiga, single, attorney, resident of Nicoya, ID 5-368-536, in his capacity as Special Judicial Attorney-in-Fact for the defendant Municipality, and in their capacity as passive coadjuvants, the Asociación Cívica de Nosara, legal identification number 3-002-056509, represented by Ethel Araya Chávez, as President with powers of Generalissima Attorney-in-Fact, the Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (hereinafter APREFLOFAS), legal ID 3-002-071676, represented by Bernal Gamboa Mora, single, attorney, resident of San José, bar number 16780, and Paola Viviana Vega Rodríguez, represented by Licenciado José María Villalta Flores-Estrada, who also intervenes personally and is an adult, attorney and resident of San José. Also intervening is Mr. Marvin Carvajal Pérez, ID 1-0753-0631, as directing attorney for the Asociación Cívica de Nosara. **WHEREAS:** 1.- By document filed on April 21, 2020, the plaintiff's representative filed a contentious-administrative knowledge lawsuit against the Municipality of Nicoya, formulating the following claims: " 1.- That the 'Regulation for the granting of construction permits in the Buffer Zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional' issued by the Municipality of Nicoya, approved by Municipal Council Agreement No. 014-0194-2020 and published in La Gaceta No. 40 of February 28, 2020, be declared absolutely null and illegal. 2.- That the legal framework in force prior to February 28, 2020, be declared and maintained in effect. 3.- That the Municipality of Nicoya be ordered to refrain from regulating the granting of construction permits in the buffer zone (zona de amortiguamiento) of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional until the 'General Management Plan' (Plan general de manejo) and its technical standards are issued. 4.- That the final judgment annulling the indicated municipal regulation be published in the official gazette La Gaceta at the expense of the Municipality of Nicoya. 5.- That the Municipality of Nicoya be ordered to pay procedural and personal costs." 2.- Having been granted the requisite hearing, and within the period granted for that purpose, the Municipality of Nicoya answered the lawsuit negatively, raised the defenses of lack of active standing to sue (legitimación ad causam activa) and lack of legal basis, likewise requested that the lawsuit be dismissed in all its aspects, and that the plaintiff be ordered to pay both costs. 3.- The Asociación Cívica de Nosara, legal entity ID no. 3-002-056509, the Asociación Preservacionista de la Flora y Fauna Silvestres, legal entity ID number 3002-071676, and the individuals José María Villalta Flores-Estrada and Paula Viviana Vega Rodríguez, appeared in the proceeding as passive coadjuvants. Without any opposition from the parties, the first was admitted in said capacity in the resolution at 17:00 hours on March 22, 2021, while the others were admitted during the preliminary hearing of July 20, 2021, in this case, without regression of procedural stages [Preliminary Hearing, minute 14:29] 4.- The State and the National System of Conservation Areas (hereinafter SINAC), appeared in the proceeding as interested third parties. [Image 1056 of the electronic file] 5.- At 13:30 hours on July 20, 2021, without any matters to remedy, the Preliminary Hearing of this proceeding was held, in which the plaintiff's representation maintained its claims in the manner set forth in the lawsuit. Likewise, the documentary evidence offered by the plaintiff, along with the reply and counter-evidence brief, was admitted, as well as the documentary evidence provided by the defendant, consisting of a physical folder and an evidence disk. The testimonial evidence for better resolution offered by the Municipality of Nicoya was rejected. The documentary evidence offered by the coadjuvant Asociación Cívica de Nosara (images 261 to 1034) was approved, while the testimonial evidence for better resolution was rejected. The proceeding was declared a matter of pure law. 4.- As recorded in the electronic file, the present file was passed for judgment to Section VI, on March 6, 2023 [image 1552 of the electronic file]. The procedures have observed the prescriptions of law, and no defects or omissions capable of generating nullity or defenselessness for the parties are perceived. This judgment is issued unanimously, after the requisite deliberations and with the drafting by Judge Zamora Campos. **WHEREAS** **I. PRELIMINARY ASPECTS. Regarding the offering of PMP.** At folios 1141, 1143-1146, 1200-1202, the plaintiff provides evidence for better resolution consisting of: a) a copy of official letter ADIN-11-2021 of May 5, 2021, with a presentation stamp to the Municipality of Nicoya dated May 10, 2021, containing the opposition of four development associations to the Regulation of Construction Permits in the zone under analysis, b) evidence provided by the defendant Municipality, on July 19 and 20, consisting of Official Letter CCOP-192-2021 dated July 19, 2021, through which the head of the Department of Construction Control and Public Works presents a report on the construction statistics of the Canton of Nicoya, and c) evidence offered by the Asociación Cívica de Nosara, on June 8, 2021, corresponding to Water Quality Monitoring at the Beaches of Nosara. Regarding this type of evidence, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated: "…evidence proposed in that condition, by its nature, is discretionary for the judge, who decides on its convenience and necessity. It is a power that allows the judge to incorporate, in the conclusive phase, demonstrative elements relevant to the correct decision of the conflict. But if the judge orders it, due process must be respected. In relation, from this body, see judgment no. 203 at 14:35 hours on November 15, 1991. Regarding the parameters that determine its application, resolution no. 268 at 16:10 hours on April 3, 2002, can be consulted. From this perspective, although it is permitted to incorporate for better resolution entirely new evidence, as well as that which was declared unexhausted, null, rejected as untimely or inadmissible, or related to facts that were taken as true due to the defendant's default -even when resolving appeals- (articles 331 and 575 of the civil procedural regulations), certainly, the decision to gather it is strictly optional for the judge, ergo, it corresponds to a discretionary assessment by the judge, who may dispense with it without the need for an express resolution." (Judgment number 728 at 10:05 hours on October 4, 2007). This power is conferred in canon 110 of the Contentious-Administrative Procedural Code, and in 67.2 of the Civil Procedural Code. In accordance with the foregoing, being a power of the judge, it is the criterion of this collegiate body that the offered evidence must be rejected, since given the manner in which this matter is resolved, it does not provide novel elements that would lead to a variation of the merits of the case. **II.- OF THE PROVEN FACTS:** The review of the elements provided to the proceeding allows the following facts of relevance for what will be decided to be demonstrated: That the company JBR Capital Ventures S.R.L. is the owner of three properties registered in the National Registry, real folio registration numbers 5-194073-000, 5-195157-000 and 5195158-000, all located in the sixth district of Nosara, second canton Nicoya, of the Province of Guanacaste, specifically in the tourist-urban lotification and subdivision (fraccionamiento) project identified as "Proyecto Americano", which is located within the zone that the Municipality of Nicoya has defined as the "Buffer Zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional” (hereinafter ZARNVSO). [Uncontested fact, images 40 to 45 of the electronic file]. By agreement of the Municipal Council of Nicoya No. 032-153-2019, held in ordinary session No. 153 of April 8, 2019, the following was resolved: "…The Municipal Council of Nicoya approves the publication in the Official Gazette La Gaceta of the 'Draft Regulation for constructions in the buffer zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional' and it is transferred to the active administration to carry out the pertinent procedures for the publication as indicated in article 43 of the Municipal Code…" [uncontested fact, images 45 to 47 of the electronic file]. 3.- The draft regulation was published by the Municipality of Nicoya in Digital Supplement No. 155 of La Gaceta of July 3, 2019. [uncontested fact, images 53 to 62 of the electronic file]. 4.- The Municipal Council of Nicoya, through agreement No. 014-0194-2020, approved the "Regulation for the granting of construction permits in the buffer zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional" published in La Gaceta No. 40 of Friday, February 28, 2020. [uncontested fact, images 65 to 69 of the electronic file] 5.- The Municipality of Nicoya has not issued or approved a regulatory plan (plan regulador), nor its related regulations, for the district of Nosara. [uncontested fact]. 6.- As of the date of the lawsuit, the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) had not issued the General Management Plan for the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. [uncontested fact – fact 6 of the lawsuit, answer at images 96 and 108 of the electronic file]. 7.- That the Municipality of Nicoya, prior to approving, issuing, and publishing the "Regulation for the granting of construction permits in the buffer zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional", effectively held the in-person public hearing to receive verbal and written observations from residents or interested parties, such as property owners and other interested parties. [images 121 to 125, 132 to 133, 135 to 151 of the electronic file] 8.- The Municipality of Nicoya, prior to issuing the contested municipal regulation, did not obtain the approval of the Urbanism Directorate of INVU. [uncontested fact- answer to fact 8 of the lawsuit and images 1523 and 1539 of the electronic file] 9.- That the Municipality of Nicoya, when issuing the contested Regulation, did include the environmental variable. [Evidence 6 of the file, images 285 to 1033 of the electronic file] 10.- That by resolution no. 22606-2022 at 13:10 hours on September 28, 2022 (published in the Judicial Bulletin number 04, 05 and 06 on January 12, 13 and 16, 2023), the Constitutional Chamber declared Law 9348 "Refugio de Vida Silvestre Ostional" unconstitutional and, by connection, also the Executive Decree no. 41134-Minae of April 10, 2018, "Regulation to Law No. 9348 of the Refugio de Vida Silvestre Ostional". (Consultation made on the date of this judgment in the public database NexusPJ of the Judicial Branch / https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1137400) **III.- ON THE UNPROVEN FACTS.** Of such nature and of significance for this proceeding, the following facts are considered undemonstrated: ONLY.- That the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC), as of the date of the lawsuit, had issued the technical standards to regulate the uses and activities of the buffer zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. [there is no evidence in this regard in the case file] **III. SUBJECT OF THE PROCEEDING. PLAINTIFF'S ARGUMENT:** The plaintiff stated that it is the owner of three properties registered in the Real Property Registry, registration numbers 5194073-000, 5-195157-000 and 5-195158-000, all located in the sixth district of Nosara, second canton Nicoya, of the Province of Guanacaste, specifically in a project that is comprised within the zone that the Municipality of Nicoya has defined as the "Buffer Zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (hereinafter ZARNVSO)". It considers that the Municipal Regulation it challenges illegally affects its property right and all the powers derived from ownership. It explains that by agreement of the Municipal Council of Nicoya No. 032-153-2019, held in ordinary session No. 153 of April 8, 2019, the publication in the Official Gazette La Gaceta of the "Draft Regulation for constructions in the buffer zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional" was approved, in accordance with numeral 43 of the Municipal Code. It clarifies that said draft regulation was published by the Municipality of Nicoya in Digital Supplement No. 155 of La Gaceta of July 3, 2019. It states that the Municipal Council of Nicoya, through agreement No. 014-0194-2020, approved the Regulation under review, published in La Gaceta No. 40 of February 28, 2020. It highlights that the defendant Municipality has not issued or approved a regulatory plan, nor its connected regulations, for the district of Nosara. It emphasizes that, as of that date, the Tempisque Conservation Area of SINAC had also not issued the General Management Plan, nor the technical standards to regulate the uses and activities of the ZARNVSO. It underlines that the Corporation of Nicoya, prior to approving, issuing, and publishing the Regulation under analysis, omitted to hold the in-person public hearing to receive the verbal and written observations of the residents or interested parties. It warns that said local government, prior to issuing the contested Municipal Regulation, did not obtain the approval of the Urbanism Directorate of INVU. It also considers that the Municipality of Nicoya, when issuing the contested regulation, omitted to include the environmental variable. In essence, it bases its arguments on the fact that, from its perspective, there exists a Special Law, which is the Creation Law of the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, and its Regulation, according to which the Management Plan constitutes a mandatory requirement, prior to the issuance of municipal regulations. In this way, it is not feasible to issue a Construction Permit Regulation, in the Buffer Zone, if the prior Management Plans required by the Law do not exist, so that any construction permit in that zone is subject to the prior issuance of a General Management Plan for the Refugio de Vida Silvestre Ostional. It expresses in that sense that it is only the Tempisque Conservation Area of SINAC who must issue the technical standards, which have not been issued. It also considers that the defendant Municipality should have convened a public hearing, as provided by the Ley de Planificación Urbana, and for this purpose have the authorization of the Urbanism Directorate of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (hereinafter INVU). The foregoing, it believes, violates numeral 43 of the Municipal Code, which establishes a procedure for that purpose. It alleges that the Regulatory Plan requires an in-person public hearing, which is not the same as a public consultation. It also states that in the absence of a Regulatory Plan, a Regulation of "provisional effectiveness", as the defendant Municipality calls it, cannot be issued, since for that, it is also required to have a prior zoning regulation, in the terms of mandate 58.1 of the Ley de Planificación Urbana (hereinafter LPU). For that reason, it requests that the judgment declare the nullity of the Regulation for the Granting of Construction Permits in the ZARNVSO; that the legal framework in effect before February 28, 2020, be declared and maintained in effect; that the Municipality of Nicoya be ordered to refrain from regulating the granting of construction permits in the ZARNVSO, until the General Management Plan is issued; that the final judgment annulling the contested Regulation be published in La Gaceta; and that procedural and personal costs be imposed on the defendant. **IV.- OPPOSITION OF THE DEFENDANT:** The defendant Municipality answered negatively, affirming its clear understanding that the process for the issuance of a Regulatory Plan for the district of Nosara, as well as the General Management Plans for the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, has not been completed. However, it considers that it acts by virtue of a constitutional duty to protect a zone of special ecological importance, such as the aforementioned Refuge. It dismisses that it had not publicized the public hearing process for the contested Regulation. On the contrary, it believes that this does not authorize the involved public entities to allow the degradation of the environment in a zone of special ecological importance and great fragility, such as the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. It alleges that it did provide wide publicity to the process for the discussion and approval of the objected Regulation. It explains that to ensure the publicity of the procedure and address the constitutional principle of citizen participation, multiple consultative and informative meetings were held. It details that on May 21, 2019, the Corporation of Nicoya convened a public consultation for the presentation of the regulation proposal, which was held at the David Kitson Library in Nosara. It continues, in the same vein on May 23, the Municipal engineer, Josué Ruiz, and engineer Johanna Briceño from the Cadastre department, made the first official presentation of the regulation proposal. It proceeds, two sessions were held, one at 10 am in Spanish and another at 1 pm in the English language, taking into account that a large number of foreigners reside in the area, sessions for which attendance lists were drawn up. There, it reiterates, the technical bases of the regulation were explained, as well as the reasons why the Municipality considers it important to work on the regulation for the zone. It also states that the number of construction permits being granted in the zone was taken into account, and the Municipality's construction data was presented, along with the relevance of such an important and environmentally fragile zone, explaining the scope of the report called "Índice de Fragilidad Ambiental for the Buffer Area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional." It outlines that the channels people could use to submit their comments on the regulation were communicated, which included emails, or doing so in person at the office of the Asociación de Desarrollo Integral de Nosara, and at the Municipality's Engineering office. It says that subsequently, the Town Council announced via electronic means, as well as physically through the dissemination of physical invitations posted in strategic locations in Nosara, that the consultation period would be extended and that the final publication of the regulation would not occur until mid-July. It expresses that during the indicated meeting, it was agreed to have a session with people interested in providing feedback on the regulation, which was facilitated by the Asociación Cívica de Nosara, for Monday, May 27. It alleges that in that session, information and questions were collected and taken to the Municipality, and that they continued afterward. It indicates that on July 3, 2019, the first publication of the draft Regulation for constructions in the ZARNVSO was made, in Supplement No. 155 of July 3, 2019, and on the 8th of that month and year, the Municipality of Nicoya sent invitations to the community of Nosara, for the presentation of the new version of the regulation, which incorporates the comments received since May 23 of that year, for which a digital draft was made available, which was officially presented on July 11, 2019, at the Serapio López Public School in Nosara, and at the Kitson Library in that locality, the latter session in the English language. It adds, on July 12 in the morning at the Santa Marta Community Hall and in the afternoon at the Esperanza Public School. It assures that on August 14, the Municipal Council of Nicoya approved the publication of the Draft Regulation, which, upon containing variations from the publicized version, was published again as a Draft Regulation in La Gaceta, giving 10 days for observations. Subsequently, it observes, on October 21, 2019, the Municipal Council of Nicoya through Agreement 027-181-2019 of Ordinary Session 181, ordered the re-publication of the draft regulation, which occurred on December 19, 2019, in Supplement No. 285 of La Gaceta No. 242. Finally, on January 20, 2020, the Municipal Council of Nicoya, through Agreement 014-0194-2020 in Ordinary Session 194, agreed to publish the Regulation, whose definitive publication took place on February 28, 2020, in Gazette number N°40. The defendant accepts that it did not request the approval of the Urbanism Department of the INVU, because the INVU lacks competence for the review of acts approved by a Local Government, in the exercise of its constitutional powers, and which do not form part of a Regulating Plan or its corresponding regulations. It cited the environmental technical studies on which it based its decision. It summarizes, the objective of the challenged regulation is to generate a precautionary containment measure for the lack of territorial planning, to protect natural resources, and to guarantee sustainable development for future generations. It expresses, the absence of a regulating plan as the ideal technical instrument for territorial planning does not exempt the Municipality of Nicoya from its constitutional and legal obligations to protect the natural resources present in its jurisdiction, mainly those that are in a situation of vulnerability, as is the case of the focal elements of the RNVSO. It argues, the available technical scientific evidence that has been generated by different researchers and officials of the Tempisque Conservation Area provides sufficient elements to consider that the RNVSO and its buffer zone are in a risk situation that could be irreversible. For that reason, it argues, in application of the precautionary principle, the Municipality, the SINAC, local organizations, and civil society in general, must take measures and execute actions in their respective spheres, without waiting for scientific proof that it is necessary to act, based on the fact that greater delay will ultimately be more costly for society and nature, and in the long term, unfair to future generations. It stipulates, the powers of central administrative bodies cannot be interposed against the constitutional competencies of municipal entities. It asserts, the intervention of the State and functional entities is complementary to the competence that municipalities have to regulate aspects of local interest. In this way, it affirms, the Corporation of Nicoya, upon issuing the Regulation under review, followed a transparent procedure, in which it gave broad participation to the community, which is the procedure foreseen by the Municipal Code for the issuance of general acts such as the one challenged, and therefore said Regulation is not contrary to any higher-ranking norm, but rather a valid and necessary manifestation of the municipal regulatory power for the protection of the environment. By virtue of the foregoing, it raised the defenses of lack of active legal standing (legitimación ad causam activa) and lack of right, requesting that costs be imposed on the plaintiff. V.- ON THE SPECIFIC CASE SUBMITTED TO THE ASSESSMENT OF THE COURT. As a starting point, it is necessary to highlight that this Chamber will resolve, as is proper in law, strictly under the protection of the arguments put forth by the parties—plaintiff and defendant—of this litigation, and above all, based on the body of evidence admitted to the process at the appropriate procedural moment, in order to elucidate whether what is sought in this matter by the plaintiff finds redress from this Court. In essence, this decisional body can perceive that, beyond what is indicated in the claims, what is alleged by the plaintiff centers on the following: 1. Nullity of the Regulation for the granting of construction permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge, by virtue of its non-conformity with the Law for the Creation of the Ostional National Wildlife Refuge, no. 9348 of February 8, 2016, due to an absence of technical studies and not incorporating the environmental variable. 2. Nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for not having convened a public hearing nor obtained the approval of the INVU. 3. Nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for violation of canon 43 of the Municipal Code, and 4. Nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for Violation of ordinals 15, 24, 25, and 58, subsection a), of the Urban Planning Law. Thus, in separate sections, the criteria of imputation accused by the plaintiff will be examined point by point below: i) Regarding the alleged nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” by virtue of its non-conformity with the Law for the Creation of the Ostional National Wildlife Refuge, no. 9348 of February 8, 2016, absence of technical studies, and not incorporating the environmental variable. For the plaintiff, one of the insurmountable limits of the regulatory power is constituted by the observance and respect for the law (art. 7 of the LGAP). For that reason, every regulation must subject itself to the existing laws that regulate a given matter. Thus, it adds, every Public Administration, including the municipal one, is subject to the block and principle of legality in such a way that it can only do what the law authorizes it (positive linkage) and cannot do what it does not empower it to do (negative linkage). It considers, in accordance with the principle of legality (art. 11 of the Constitution, 11 and 13 LGAP), a regulation that does not respect, obey, or submit to the law is an illegal and absolutely null regulation. It highlights that the Law for the Creation of the Ostional National Wildlife Refuge, no. 9348 of February 8, 2016, in its article 1° establishes that the purpose of that legislative instrument is to establish a "special legal regime" that allows, among other aspects, "regulating land uses." It considers that the foregoing means that everything related to land use, an aspect that includes the granting of construction permits, both in the wildlife refuge area and in the buffer zone, must be subject to that special Law and its provisions, since, it creates, a sectoral legal regime. Consequently, it points out, the municipal corporation must respect and act in accordance with that special law, which establishes a specific legal regime, and which, as a special law that it is, prevails over any prior or even subsequent general law. It expresses that this special law, no. 9348, in its precept 2°, subsection h), defines the "General Management Plan" as the "planning instrument for the fulfillment of the Refuge's conservation objectives; it constitutes (sic) the basis for the development of other planning and regulatory instruments." It adduces that this legal precept is particularly significant because it indicates that the General Management Plan is the basis or necessary prerequisite for approving other planning instruments and regulations. It interprets, a contrario sensu, that if the "General Management Plan" has not been issued, it is not possible to issue other planning instruments or regulations, for not having fulfilled an express legal condition. It continues, under the terms of article 6°, paragraph 2°, of the special Law creating the Wildlife Refuge of interest, the competent body to issue the "General Management Plan" is the Tempisque Conservation Area of SINAC, therefore this legal precept makes any regulation on land use—which includes construction permits—dependent on the necessary issuance and prior approval of the "General Management Plan." Additionally, it says, it exclusively confers upon the Tempisque Conservation Area the task of issuing the "technical standards, to which the uses and activities that are authorized must be submitted. From that perspective, it estimates, by express legislative imperative, prior to any regulation, even from a municipality, the "General Management Plan" and the "technical standards" on land uses must have been issued as a prerequisite, from which it follows that municipal regulations cannot be issued in the buffer zone without such normative instruments having been previously issued. It adds, in accordance with mandate 7 ibidem, all the instances that must approve the "General Management Plan" are listed when stating: "The Refuge must have a General Management Plan prepared in accordance with Law N.° 7788, Biodiversity Law and its Regulation, approved in the first instance by the Regional Council of the respective Conservation Area, after consultation with the local council and, in the second instance, by the National Council of Conservation Areas (...)" It assures, however, that as of that date, the "General Management Plan" and the "technical standards" for land use in the buffer zone had not been issued and approved, firmly and definitively, by all the indicated instances, by the indicated national bodies, which is why a municipal regulation could not be issued to regulate aspects of land use in that Buffer Zone of the Wildlife Refuge, since the prerequisite or the legal condition imposed by the cited special Law had not been fulfilled. It accuses, furthermore, that the Regulation to Law 9348, which creates the wildlife refuge, insists on the relevance as a prerequisite or prior and essential condition, of the "General Management Plan" and technical standards, for carrying out a series of subsequent regulations (Whereas VII). It enunciates that article 2°, subsection 29), of the cited Regulation defines the "General Management Plan," a norm it transcribes, as the planning instrument that guides the management of the Protected Wilderness Area, and which is the basis for other planning and regulatory instruments. It continues, in accordance with article 2°, subsection 34), of the Regulation to the wildlife refuge law, the "General Management Plan" must contain a "zoning," so if the determination or definition of the buffer zone must necessarily be included in the General Management Plan, it is indispensable that the latter has been issued in a definitive and firm manner prior to the issuance of any regulation. It then cites the definition of the Management Plan, which according to numeral 3, subsection p), of the Regulation to the Biodiversity Law (Executive Decree No. 34433 of March 11, 2008),—which it transcribes—is "the basis for the development of other planning and regulatory instruments for Protected Wilderness Areas." It also cited numeral 58 of that same regulation, which qualifies the management plan as a "technical tool." It then cited other approved management plans from other conservation areas, highlighting that it is qualified as a "guiding instrument" for the effective administration and management of protected wilderness areas and as a "technical tool." For this reason, it considers it to be a binding instrument composed of normative components such as regulations and graphics (maps) of a scientific and technical nature that governs all aspects of the wildlife refuge, including the buffer zone. In this way, it alleges, given that the buffer zone (for which it provided several definitions) must unfailingly be defined in the "General Management Plan," which foresees a specific zoning, hence any regulation of uses in that specific zone—which includes the granting of construction permits—is subject to the definitive and firm issuance of the referred plan, which includes any municipal regulation in the buffer zone. It adds that every municipal regulation for the granting of construction permits must, by legal imperative, include the environmental variable, and that in the specific case, the only way the municipal regulation it attacks would incorporate the environmental variable would be if the "General Management Plan" had already been issued, which is the instrument that must incorporate it according to article 7° of Law No. 9348. It also cited in that same line ordinals 17 and 84, subsections a) and b) of the Organic Law of the Environment, and Executive Decree No. 32967 of February 20, 2006, "Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Study Process (Part III)," which in its article 1° orders the introduction of the environmental variable in Regulating Plans or other Land Use Planning. Now then, this decisional body observes that, at its core, the plaintiff sustains its argument—as to the supposed illegality of the "Regulation for Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional Wildlife Refuge"—on the fact of not having complied with the prior issuance of various technical instruments ordered by Law 9348 previously cited. However, for this chamber, what is appropriate at this point is to declare, on its own motion, a partial lack of interest on this point, because through judgment of the Constitutional Chamber, no. 022606 of 1:10 p.m. on September 28, 2022, the High Court declared the unconstitutionality of Law 9348, Law for the Creation of the Ostional National Wildlife Refuge, and by connection also, of executive decree n°41134-Minae of April 10, 2018, "Regulation to Law no. 9348 of the Ostional National Wildlife Refuge." Regardless of the reasons that led to that end, it is clear that the regulations the plaintiff uses as the essential parameter of legality for the administrative actions of the Municipality of Nicoya, in particular, the issuance of the cited Regulation for Construction Permits, has been declared unconstitutional, along with its Regulation. From the foregoing arises the impossibility of establishing the grounds for illegality formulated supra, that is, with respect to said regulations, since, in accordance with canon 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction, said declaration implies the consequent annulment and elimination of the cited norms from the legal system. Thus, it is not feasible for this Chamber to review the allegations of illegality with respect to a now non-existent norm, having been so declared by the Constitutional Chamber. As for the supposed absence of technical studies, it is clear that the plaintiff in its lawsuit derives this from cardinal 6 of Law 9348, a norm declared unconstitutional, a circumstance that again forces its rejection. From this it follows that the allegations regarding the illegality of the Regulation for Construction Permits under review, for not having previously issued a Management Plan for the Conservation Area by the Public Administration, must also be denied. In the same sense, for not having previously issued a Regulating Plan for the district of Nosara. As for the citations of other provisions that are accused of being violated, such as numeral 3, subsection p), of the Regulation to the Biodiversity Law (Executive Decree No. 34433 of March 11, 2008), it is clear that said norm establishes that the Management Plan is "the basis for the development of other planning and regulatory instruments for Protected Wilderness Areas," but not an express impediment to address dangerous circumstances in environmental matters. In this way, it is undeniable that it is a norm with a generic, almost aspirational wording, whose text does not permit deriving the express nullity of a Municipal Regulation on environmental matters, due to the non-existence of a previously issued Management Plan. Following this line of reasoning, the claim of nullity for supposed violation of numeral 58 of that same regulation, which qualifies the management plan as a "technical tool," must also be rejected, as one would be facing the identical supposition. Regarding the accusation that articles 17 and 84, subsections a) and b) of the Organic Law of the Environment, and Executive Decree No. 32967 of February 20, 2006, "Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Study Process (Part III)" were violated, this Tribunal notes that said precepts are not pertinent to the specific case, since canon 17 defines the "Environmental Impact Assessment," while ordinal 84 ibidem establishes the functions of the Technical Environmental Secretariat, and Decree 32967 is a Manual of Technical Instruments for the preparation of environmental impact assessments (Estudios de Impacto Ambiental), which again, lacks the characteristics or normative power to determine the nullity of the Regulation for Construction Permits examined supra. ii) Regarding the alleged nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for not having convened a public hearing nor obtained the approval of the INVU. This decisional body notes that, in this case, the plaintiff expressly claims that the Regulation under review is incapable of imposing urban planning regulations, given the inexistence of a regulating plan. It then expresses that, in accordance with the Urban Planning Law (LPU), there is a set procedure for issuing a regulating plan or one of its parts, such as a regulation for the granting of construction permits. However, it is clear that in the matter under review, the violation alleged as a cause of action does not lie in the fact of having violated the regulations for the purpose of issuing a regulating plan. Differently, these are erected upon the plaintiff's affirmation, already analyzed and resolved, that the illegality of the Regulation for Construction Permits under review derives from the non-compliance with provisions of Law 9348 (today declared unconstitutional), which obligated the existence of a regulating plan as a prior requirement for the issuance of the Regulation under analysis. Thus, it is unanswerable, seeing that it is not possible to establish the existence of said requirement—since the unconstitutionality of Law 9348 has been declared, this requirement is no longer part of the legal system—it is equally irrelevant to analyze whether or not the procedures to follow for the issuance of a Regulating Plan were fulfilled. In that line, compliance or non-compliance with mandate 17 of the LPU is not pertinent to the specific case. Even less so, because, in accordance with the requirement ordered by subsection 1 of that norm, it is clear that, in this case, the Municipality of Nicoya did conduct public hearing procedures in a specific location so that the local residents could formulate verbal or written observations, complying with the citizen participation requirements that, according to the plaintiff, were not carried out. [fact seven taken as accredited, (images 121 to 125, 132 to 133, 135 to 151 of the electronic file)]. In this way, the allegation regarding the violation of numerals 17, 18, and 23 of the LPU, as well as precepts 158, paragraph 1°, and 166 LGAP, must also be rejected, since not only was one not before a procedure for drafting a regulating plan, but also in this case, the plaintiff has derived its requirement from regulations that have been declared unconstitutional. iii) Nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for improper application of canon 43 of the Municipal Code. Although the plaintiff points out on several occasions the lack of publicity of the Regulation under analysis as a vice of nullity, it accuses in this section that the Municipality of Nicoya improperly applied mandate 43 of the Municipal Code by subjecting what it called "a public consultation" to a Regulation that, in its view, does not require that procedure. However, it does not point out in its argument the reasons why the subjection to the so-called public consultation of the cited Regulation for Construction Permits could result in any violation that would cause the nullity of said act of general scope. It is clear that what is accused is that said subjection to public consultation was not necessary for that case, but it is not established what the legal consequence of said decision is for the purposes of the Regulation. Indeed, the plaintiff only indicates that one is before an improper application of a legal norm of the Municipal Code, since, for a regulating plan or one of its components, it is imperative that the LPU mandates the procedure of the "in-person public hearing," so that verbal or written observations may be formulated, with public consultation not being foreseen. Taking into account—as has already been outlined in this ruling—that the Municipality was not facing a requirement to have a prior Regulating Plan, that it was also not carrying out the procedures for a Regulating Plan, that said Municipality did submit said Regulation to public hearings and in-person consultation (images 121 to 125, 132 to 133, 135 to 151 of the electronic file], in addition to the fact that the supposed legal consequences of said administrative action are not expressly cited, the charge must be rejected. iv) Nullity of the “Regulation for the Granting of Construction Permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for violation of ordinals 15, 24, 25, and 58, subsection a), of the Urban Planning Law. For the plaintiff, municipalities must fulfill the obligation imposed by the LPU to issue, approve, and implement "a regulating plan, and the related urban development regulations." It reiterates that a municipality lacks the powers or competencies to control urban development and land use if it does not have a regulating plan and the related regulations. It defines the regulating plan according to the LPU. It assures that in the specific case, the Municipality of Nicoya has not issued a regulating plan. It says, on the contrary, Transitory 1° of the challenged Regulation indicates that it is a Regulation of a provisional nature. In this way, it accuses that, in the specific case, the Municipality of Nicoya, through said Regulation, attempts to regulate a matter typical of urban development control or urban planning, without having issued a regulating plan. It points out that municipalities are not authorized by the LPU to regulate an urban planning matter provisionally and without having a regulating plan. It alleges that the LPU itself establishes a logical order or sequence, where zoning must be carried out by means of a specific regulation. It cites mandate 24, which, according to it, establishes that this regulation: "will divide the urban area into use zones, regulating aspects of each of them," among which it highlights: "The use of land, buildings, and structures, for (...) commercial, residential purposes," as well as the "Location, height, and floor area of buildings" (subsection b), the "surface area and dimensions of lots" (subsection c). It states that, in accordance with numeral 25 of the LPU, that regulation must identify "special zones" such as "sites with (...) conservable natural resources." It points out that, contrary to what the LPU prescribes, the Municipality of Nicoya issues a "regulation of provisional efficacy," without having a regulating plan and without a zoning regulation, to norm matters related to construction permits and other aspects such as height, building area or footprint, lot dimensions, etc.). In this way, it recriminates, the LPU is clearly violated, since what the Municipality of Nicoya is saying upon issuing the challenged regulation is that it has not issued a regulating plan, nor a zoning regulation, but rather a provisional regulation that comprises aspects typical of a zoning and construction regulation. In this way, it estimates, it flagrantly violates the spirit and the letter of the LPU. It warns that numeral 58, subsection 1), of the LPU clearly establishes that any question relating to a construction regulation, such as construction permits, necessarily presupposes the prior issuance of the Zoning Regulation. Finally, it comments, thus the Municipality of Nicoya, without having issued a regulating plan, nor the zoning regulation—which must identify protected or conservation areas—attempts to "provisionally" regulate the granting of construction permits, incurring a violation of the text and spirit of the LPU. For that reason, it estimates, the challenged regulation violates ordinals 15, 24, 25, and 58, subsection a), of the LPU, which determines its absolute nullity and illegality. On this point, this Tribunal notes that cardinal 24 of the LPU defines the contents of the Zoning Regulation, while article 25 of said Law establishes that in said Regulation, the following will also appear as special zones: “…those that bear some reserve regarding their use and development, as in the case of airports, sites with historical importance or conservable natural resources, and areas demarcated as floodable, dangerous, or necessary for the purpose of containing peripheral urban growth.” For its part, mandate 58, subsection a) (sic) of the LPU, refers: “The municipalities shall not permit construction works: 1) When they do not conform for reasons of use, location, setbacks, coverage, and other zoning conditions;”. For this Tribunal, although the foregoing is essentially correct, it does not imply the impossibility of Municipal Corporations to regulate environmental matters, due to the fact that there is no regulating plan or zoning plans. The First Chamber of the Court has highlighted the regulatory power of municipal corporations by establishing: “In this way, within the competencies of the Municipal Council is, precisely, the issuance of Regulations. The Municipal Code so contemplates in articles 2, 4, and 13, which find constitutional protection in the aforementioned precepts 169 and 170 of the Political Charter. It is, fundamentally, a local regulatory power, rooted in the essential core of its autonomy, which motivates the municipality to govern itself according to the cantonal interests it is called to safeguard, including urban control, environmental control, the surroundings, and the ecologically balanced environment, in conjunction with numerals 41 and 50 of the Political Constitution and as harmonized with the Urban Planning Law, for example, in its articles 4 and 15. The first establishes the competence of the Municipal Council to issue normative provisions. The second prescribes that, in accordance with canon 169 of the Political Constitution, competence and authority is recognized to municipal governments to plan and control urban development, within the limits of their jurisdictional territory, and consequently, each of them will provide what is appropriate to implement a regulating plan and the related urban development regulations, in the areas where it must govern, without prejudice to extending all or some of its effects to other sectors where qualified reasons prevail to establish a specific controlling regime. Likewise, article 19 Ibid., authorizes the promulgation of procedural rules for the compliance with regulation plans and for the protection of the interests of health, safety, comfort, and well-being of the community. That is, its competence extends to the issuance of regulatory norms. In the specific case, the plaintiff acknowledges in its lawsuit that the defendant complied with the requirement of a non-binding public consultation of the Regulation, which is ratified viewing Gazette number 121 of June 23, 2011. This demonstrates how, coupled with the own regulatory power of that municipality, its exercise considered the collective opinion by submitting it to their knowledge. It opted to regulate in the said sense, without this violating the constitutional and legal support that, to this effect, protects it.” (First Chamber, no. 77-2017, of 1:50 p.m. on January 26, 2017). In the same manner, the Constitutional Chamber has done so, applying the precautionary principle, enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, by categorically prioritizing the protection of the environment and life over the existence of regulating or zoning plans. Such is the line of ruling 2004-01923, in which it was stated: “ 5) The Municipality of Poás, has incurred in the following omissions: a) Despite what is ordered by the Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968 and its amendments), for more than 35 years it has not prepared and approved, as part of a master plan (plan regulador), a zoning ordinance (reglamento de zonificación) for protected or reserved areas that includes the cartographic locations, hydrogeological maps, and protection and vulnerability alignments—prepared by other entities—of the springs (manantiales), sources (nacientes), aquifers (mantos acuíferos), and their recharge areas (áreas de recarga) existing in the Canton of Poás; b) as the referred ordinance has not been issued, the zoning of protected or reserved areas has not included the restrictions or limitations on human activities, whether urban development, agricultural, commercial, or industrial, to prevent the eventual impermeabilization of soils and the contamination of the aquifers and, consequently, of the springs, sources, and wells in the Canton of Poás; c) it has not built treatment plants for residual and black water from the public sewer system so that it is not discharged into the watersheds of the Canton of Poás; f) it has not reforested the recharge and discharge areas of the aquifers existing in the Canton of Poás.” For that reason, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo action against said entity, along with other respondent Administrations, which were accused of having neglected aquifers and other natural resources in the Poás Zone, to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment. (Constitutional Chamber 2004-01923, of 14:55 hours on February 25, 2004). That is to say, according to the jurisprudential citations under review, in the specific case, far from there being a regulatory impediment, on the contrary, a duty prevails for municipal corporations to regulate situations of environmental interest, even when, for any reason, the master plans or zoning plans required by the LPU for that purpose do not yet exist, whether or not, as in this and other cases, this is due to assumptions of clear, inexcusable administrative inertia. Consequently, the Municipality acted in accordance with its constitutional duty to protect the environment, by assessing the existence of a serious and irreversible danger to protected species, as in this case are the olive ridley turtles (tortugas loras), which nest by the thousands in the Ostional Reserve (See also, along these lines, the rulings of the Constitutional Chamber No. Votes Nos. 9773-00 of 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 of 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 of 14:14 hours on July 3, 2003). This being the case, the grievance must be rejected. Consistent with everything set forth, the only possible option regarding the lawsuit heard herein is to dismiss it in all its parts, as is hereby ordered. VI.- ON THE ASSERTED DEFENSES. For the reasons set forth in considerando V of this judgment, a lack of current interest is declared sua sponte regarding the claims of nullity of the “Regulation for the granting of construction permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge” (Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de Amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional), for defects related to Law 9348 and its Regulation 41134-Minae. Regarding the defense of lack of standing (falta de legitimación activa), asserted by the Municipality of Nicoya and its coadjutants, it must be rejected since it is clear that the plaintiff is the owner of three properties in the zone subject to the regulation challenged here (regulation of eventual construction permits), a circumstance that proves her standing to formulate her challenge claims as she has done in this specific case. Regarding the defense of lack of right (falta de derecho), it is clear that, in accordance with what was outlined and explained by the Court in the previous considerando, such defense must be accepted, as what is sought by the plaintiff is not receivable. VII.- ON COSTS. According to the regulation of Article 193 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so, and their dispensation only proceeds when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is handed down by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under study, this Chamber deems, given that the plaintiff's principal claims could not be the subject of further study by virtue of the declaration of unconstitutionality of Law 9348 and its Regulation, the Court considers that a valid cause for dispensation exists, so it is proper to resolve without a special award of costs. POR TANTO: The evidence offered for a better resolution is rejected. A partial lack of current interest is declared sua sponte regarding the plaintiff's claims, in relation to the nullity of the “Regulation for the granting of construction permits in the Buffer Zone of the Ostional National Wildlife Refuge,” for defects related to the disapplication of Law 9348 and its Regulation 41134-Minae. The defense of lack of standing asserted by the Municipality of Nicoya and its coadjutants is rejected. The defense of lack of right asserted by the Municipality of Nicoya is accepted. Consequently, the filed lawsuit is declared WITHOUT MERIT. This matter is resolved without a special award of costs. Carlos Guillermo Zamora Campos, Alcevit Godínez Prado, Daniel Aguilar Méndez. EXP: 20-002115-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] *M?PKJSKLLIU??* MWPKJSKLLIU61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - JUEZ/A DECISOR/A *NRQZQQDRS?G??* NRQZQQDRS5G61 DANIEL AGUILAR MENDEZ - JUEZ/A DECISOR/A *?IYMOE?EYB???* * 8IYMOEWEYB461 ALCEVITH GODÍNEZ PRADO - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:07:21. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República