Res. 01311-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Leatherback turtle egg extraction and proven environmental harmExtracción de huevos de tortuga baula y daño ambiental comprobado

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 01311 - 2023

Fecha de la Resolución: 06 de Octubre del 2023 a las 15:50

Expediente: 19-000281-1521-PE

Redactado por: Norberto Garay Boza

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vida submarina (Obj 14),Vida de ecosistemas terrestres (Obj 15)

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Caza o destrucción no autorizada de fauna silvestre

Subtemas:

Extracción de huevos de Tortuga Baula.

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

Extracción de huevos de Tortuga Baula.

"II. [...] El segundo argumento recursivo se relaciona con el tema del daño ambiental, en concreto que, según se reclama, este no derivó de las probanzas, en particular de lo dicho en juicio por Guillermo Zúñiga Reyes, biólogo marino, sin embargo, tal extremo fue debidamente derivado y analizado por el tribunal de mérito, tal cual se aprecia en el punto numerado viii) supra, en el tanto, precisamente a partir de tal testimonio, se razonó que la mera intervención de un ser humano en el desarrollo embrionario —una vez realizado el desove— expone a este a un daño, ello relacionado con gérmenes y bacterias que afectan la eclosión, pero, además —es decir, a mayor abundamiento—, partiendo de la unidad e integralidad de la sentencia, en la misma, al aludir al daño relacionado con la acción civil resarcitoria, el juzgador razonó la existencia de tal daño, impactando la posibilidad de reproducción de la tortuga y de los huevos que ella desovó. Valoró, igualmente, que no se debió intervenir en ese proceso, pese a lo cual el imputado extrajo los huevos que ella depositó, poniendo en peligro la subsistencia de esa especie y, en alusión a lo narrado por el biólogo marino, refirió que se afectó al medioambiente con variedad de repercusiones, entre ellas el aspecto turístico y la belleza escénica (archivo audiovisual 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, a partir del minuto 32:00:00). Constata esta cámara de alzada que tales extremos efectivamente derivaron de las probanzas: así, el biólogo Guillermo Zúñiga Reyes afirmó que la extracción de la tortuga baula conllevaba problemas, tales como los siguientes: i) al aumentar la población de medusas ante la disminución de tortugas, disminuye la de los peces, afectando la subsistencia de las personas que dependen de su pesca; ii) también se perjudica la economía asociada al turismo, pues al haber menor cantidad de tortugas, igualmente habrá menos turistas y iii) se ocasiona un perjuicio científico y de belleza escénica [...]"

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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Texto de la resolución

Resolución: 2023-1311

Expediente: 19-000281-1521-PE (4)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas cincuenta minutos, del seis de octubre de dos mil veintitrés.

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Puntarenas el 22 de agosto de 1970, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], soltero, de oficios agrícolas, vecino de Limón, Playa Matina; por el delito de DESTRUCCIÓN DE NIDOS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, en perjuicio de LA VIDA SILVESTRE. Intervienen en la decisión el juez Norberto E. Garay Boza y las juezas, Rosaura Chinchilla Calderón y Cinthya Ramírez Angulo. Se apersonó en esta sede el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza defensor público del imputado y,

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 649-2023, de las ocho horas diez minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: «POR TANTO: De conformidad con todo lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 11, 12, 18, 30, del Código Penal, artículo 93 inciso a) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículos 122 al 138 del Código Penal de 1941 sobre las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil, artículos 1, a 6, 11, 12, 13, 18 inciso c), 37 al 41, 70, 71, 75 a 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 al 124, 142, 143, 180 al 184, 265 a 270, 308 y 360 a 366 del Código Procesal Penal, Decreto Ejecutivo número 41457-JP vigente (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), artículos 632, 704 y 1045 del Código Civil, se resuelve: PRIMERO: se declara a [Nombre 001] autor responsable de un delito de Destrucción de Nidos de fauna silvestre en peligro de extinción, en perjuicio de La Vida Silvestre, imponiéndosele en tal carácter el tanto de UN AÑO DE PRISIÓN, pena que deber· descontar en el lugar y forma que determinen las normas y reglamentos de Adaptación Social, previo abono de a preventiva sufrida. Por reunir el condenado los requisitos mencionados en los artículos 59 al 63 del Código Penal, se le concede el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA por un plazo de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha en que el presente fallo adquiera firmeza. En caso de que durante el período de prueba ya indicado, cometiera un delito doloso sancionado con pena de prisión mayor a seis meses, se le revocar· el beneficio aquí concedido y deber· cumplir la pena de prisión impuesta en el centro carcelario respectivo. SEGUNDO: Se declara con lugar la acción civil resarcitoria, interpuesta por la procuraduría general de la república, en contra del demandado civil [Nombre 001], quien deber· pagar al actor civil los siguientes montos: por concepto de daño ambiental setecientos ochenta y un mil ciento quince colones con cinco céntimos (781.115,5, equivalente en colones de los 1420.21 dólares establecido en el peritaje, cambio efectuado al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica el día de hoy). Adicionalmente se le condena al pago de ambas costas de esta acción, fijándose las personales y procesales, en cuanto a la acción civil en la suma de ciento cincuenta y seis mil doscientos veinte y tres colones con diez céntimos (156.223,10) y en cuanto a la querella en la suma de ciento veintiún mil colones (121.000), así regulado en el artículo 44 del arancel citado. Asimismo, se condena a la parte vencida al pago de los intereses de ley sobre dichas sumas a partir de la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago, fijándose la tasa de interés en la establecida por el Banco Central de Costa Rica. Dichos rubros deberán ser cancelados por el demandado civil por simple orden del Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de este fallo, caso contrario la parte interesada deber· acudir a la vía legal que corresponda. Firme el fallo, inscríbase en el Registro Judicial. Al haberse dictado la presente sentencia de manera oral, quedan las partes notificadas en el acto.» (la transcripción es literal).

 II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza, defensor público del imputado, interpuso recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta el juez Garay Boza; y,

CONSIDERANDO:

I.- Admisibilidad y competencia. El licenciado Manuel Antonio Toledo Mendoza, defensor público de [Nombre 001], interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, admitiendo tal impugnación su conocimiento ante esta sede (taxatividad objetiva). Asimismo, dado que el fallo recurrido se emitió de forma oral el 03 de julio de 2023, el plazo para impugnarlo venció el día 25 del mismo mes y de dicho año, data en la que se presentó la gestión objeto de este pronunciamiento jurisdiccional, por lo que se interpuso en el momento procesalmente oportuno. Igualmente, la apelación fue planteada por la defensa técnica del sindicado, ostentando aquella la legitimación para tal proceder (taxatividad subjetiva). En virtud de lo anterior, numerales 39 y 41 constitucionales, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se admite la impugnación gestionada por el patrocinio letrado del encartado.

 II.- En el único motivo de apelación, el recurrente reclama la violación al principio in dubio pro reo. A partir de los hechos tenidos por probados en el fallo de instancia —los cuales transcribió—, asegura que estos no fueron debidamente acreditados, pues el perito —así calificado por el gestionante—, Guillermo Zúñiga Reyes, indicó que un nido de tortuga baula tiene de 80 a 90 huevos, extremo que, afirma, el a quo no valoró, estimando, en su lugar, que el sindicado destruyó el nido de desove correspondiente al extraer 174 huevos de tal especie, sin embargo, aseveró que ello era imposible, ya que «…ninguna tortuga puede depositar la cantidad de 174 huevos en un nido, aunado a lo anterior el testigo Juan Carlos Cubillo Madrigal Guardacosta indico (sic) “…que un nido de tortuga Baula produce de 90 a 100 huevo…” (sic) reafirmando lo indicado por el perito, incluso se le pregunto (sic) si había recolectado mas (sic) huevos de algún otro nido indicando que no, dejando una duda razonable…» (el trasunto es idéntico). Fustiga que se tuvo por demostrado el daño ambiental, ello pese a que, acorde con lo dicho por el «perito» referido de previo, no había posibilidad de que los huevos, una vez «resembrados», culminaran el desarrollo embrionario, incluso, si hubiesen sido reubicados en la misma playa donde se dio el desove, habría sido rara una salida del cascarón en esa zona, ello sobre la base de su experiencia, extremo al que el recurrente aúna que se tuvo un estudio, según el cual, los huevos reasentados en zonas de protección de vivero tienen un 86% de probabilidades de eclosión, lo que no fue ponderado por el órgano jurisdiccional de mérito. Señala que de las probanzas no se acreditó que al encartado se le decomisara herramienta o medio idóneo para destruir nidos de tortuga, único aspecto que analizó el tribunal sentenciador, no apreciándose en la fundamentación cuestionada que se concediera crédito a la declaración del justiciable, la cual descartaba su participación en el evento de marras. Precisa, como agravio, que los errores en la valoración probatoria conllevaron que se condenara a su patrocinado sin la certeza requerida para tal efecto, ello pese a que las probanzas lo eximían de responsabilidad. Solicita que se acoja el motivo de apelación y, por ende, se anule el fallo recurrido y el debate precedente, último que deberá realizarse nuevamente, pero con una integración jurisdiccional distinta. Dentro del plazo de ley, ni la fiscalía, ni la Procuraduría General de la República se pronunciaron respecto del recurso objeto de esta sentencia. El motivo se declara sin lugar. Una vez que esta cámara de alzada se ha impuesto del contenido del fallo recurrido y le ha analizado a la luz de los argumentos recursivos, considera que lo desarrollado en estos últimos responde a una mera inconformidad del apelante con lo decidido por el tribunal de mérito, sin que exista yerro en la fundamentación efectuada por este, ni tampoco falta de motivación de los aspectos aludidos. Para una mejor exposición de tal inferencia, conviene reseñar los puntos analizados en la sentencia impugnada en torno a la valoración de las probanzas. Así, el juez de instancia valoró lo siguiente: i) que gran parte del testimonio de Carlos —en alusión a Juan Carlos Cubillo Madrigal, oficial del Servicio Nacional de Guardacostas— fue confirmado por la declaración del sindicado, en el sentido de que una noche, en patrullaje en la playa de Matina, a unos 15 m, con el uso de un visor nocturno, observó al endilgado al lado de una tortuga y en horas de la madrugada, el cual, una vez que él y sus compañeros se identificaron, intentó correr, pero fue «detenido»; reiteró el juez que se trató de extremos acreditados, también, por el justiciable; ii) que, acorde con el dicho en juicio del sindicado, él no realizaba los actos aludidos por el testigo Carlos, último que refirió que el encartado estaba acostado sobre la arena, con los brazos dentro del nido de la tortuga, mientras que el imputado admitió que, en algún momento de la dinámica, se agachó, pero que lo hizo por curiosidad, concluyendo el juzgador que, finalmente, la dinámica general descrita por Carlos coincide con la relatada por el acusado; iii) reseñó la versión de la defensa material, en tanto esta relató unas circunstancias que le deberían eximir de responsabilidad penal y detalló que aquella noche cuidaba una casa cerca de la zona; que, ante unos ruidos que escuchó, pensó que alguien se acercaba a hacerle daño, por lo que salió y se percató que no había nada, pero, ante los ladridos de los perros hacia la playa, se dirigió en esa dirección y vio a una persona con la tortuga la cual extraía sus huevos; mantuvo una breve conversación con ese sujeto y que este se asustó y huyó, quedándose el sindicado ahí por curiosidad, esperó al otro individuo para identificarlo y así determinar si lo que quería eran los huevos o hacerle algún daño a la propiedad que cuidaba, pero no regresó, lo que incrementó su curiosidad, por lo que se agachó para ver si la tortuga desovaba. Esa versión del acusado que no mereció la credibilidad del tribunal de instancia, el cual refirió tener dos escenarios: por un lado, el descrito por el oficial guardacostas, acorde con el que este policía realizaba un recorrido en la playa, sin ninguna enemistad contra el endilgado, observándolo, prácticamente, mientras extraía huevos del nido, y, por otro, la dinámica narrada por el imputado, según la cual estaba por ahí, pero no extraía los huevos, lo que no resulta creíble, pues estima contrario a la lógica que él esté al lado de la tortuga, en horas de la madrugada, que ella estuviera desovando, que cerca hubiese un saco con huevos de dicho animal, pero que él no los extrajera; iv) que la prueba documental reforzó el testimonio de Carlos: así, en el informe policial se consignó la misma interacción, su versión no ha cambiado, pese a haber pasado cuatro años, en cuanto al decomiso y al saco, describiendo la cantidad de huevos ahí contenidos, por lo que el juzgador consideró que se debió tener por acreditado lo ocurrido; v) que, como lo alegó la defensa, el hecho segundo de la acusación —que establecía que los 174 huevos decomisados fueron extraídos de un solo nido— no podía haberse dado en esos términos, considerando el a quo que ello no podía ser cierto, tal cual lo había declarado el biólogo cuyo testimonio se recibió en juicio, quien afirmó que, a lo sumo, cada tortuga podría desovar 90 o 100 huevos, por lo que, probablemente, fueron más nidos los que «fueron saqueados». Sin embargo, el juzgador tomó en cuenta que al sindicado se le atribuyó que, en la playa de Matina, un día concreto, en horas de la madrugada, tenía consigo un saco con huevos de tortuga y estaba al lado de un nido de tortuga metiendo sus manos dentro de él y eso fue lo que se demostró, por lo que resultaba irrelevante la cantidad de huevos. Empero, en todo caso, se utilizaron los hechos de la querella, ya que en ellos no se dice que esos 174 huevos fueran de un solo nido, sino que se sorprendió al sindicado manipulándolo y que, además, tenía a su lado ese saco con esa cantidad de huevos, y eso fue lo acreditado; vi) que el testimonio de Carlos brindó muchos detalles, tales como que él pudo observar la silueta de la persona y la de la tortuga, ello a 15 m y con un visor nocturno, que el sujeto estaba agachado detrás de la tortuga, en posición de rodillas, extendiendo los brazos hacia abajo, descripción que el a quo infirió como la de extracción de huevos del nido; vii) que en la versión del endilgado había una contradicción, sea que, pese a que el oficial indicó que se trata de una zona oscura, que a esa hora no había luz natural, sin iluminación artificial, más allá de las luces de las casas y que se requirió de un visor nocturno para ver la silueta de la persona y que, incluso, se pasaron ese dispositivo entre los agentes actuantes para determinar cómo proceder en ese momento, el imputado aseguró que, a esa hora de la madrugada, observó a un sujeto, pese a que el oficial guardacostas ocupó el dispositivo recién indicado para ver a una distancia de 15 m, por lo que no resulta creíble tal extremo de la hipótesis de la defensa material; viii) que los huevos en cuestión fueron trasladados para certificar la especie a la que pertenecían y, luego, fueron llevados a otro sitio para sembrarlos, circunstancia que no atañe al delito, último que finalizó con la «detención» del imputado, pues el transporte de tales elementos constituye un intento gubernamental para minimizar el daño causado con la manipulación realizada por el justiciable, justo como lo indicó el biólogo, en el sentido de que el hecho de que un ser humano intervenga en el proceso —les toque con sus manos— conlleva que el detrimento exista, pues expone a los huevos a gérmenes y bacterias que les afectan, de ahí que el daño se generó, el que se mitigaría si estos se hubieran sembrado inmediatamente pues aumentaría la posibilidad de eclosión, pero, por el trámite exigido por la fiscalía, se requería una certificación, lo que implicó el traslado habría y ello sería una particularidad que podría incidir en el eventual valor del daño ambiental, pero que no repercute en la demostración de los hechos atribuidos en contra del endilgado. Hasta aquí un resumen de la decisión de instancia. (archivo audiovisual 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, a partir del minuto 09:18:00). De la reseña recién efectuada se aprecia, en primer lugar, que no es cierto que el juzgador de instancia omitiera pronunciarse respecto de la relación entre la cantidad posible de huevos que una tortuga baula puede depositar en un desove —de 90 a 100— y el total decomisado —174—, antes bien, se constata que ese sí fue un punto abordado en el fallo recurrido y, además, no existió yerro en la motivación correspondiente, en el tanto las razones dadas por el juez sentenciador forman parte de las reglas de la experiencia y, a su vez, respetan el principio de correlación entre acusación —querella— y sentencia, así, respecto de las unas, efectivamente forma parte de la experiencia —científica— que las tortugas de tal especie no pueden depositar más de 100 huevos en un desove —como se sustentó en el fallo apelado a partir del dicho del biólogo marino, Guillermo Zúñiga Reyes—, por lo que el razonamiento dado en relación con ese punto es correcto, sea que la consecuencia lógica es que 174 huevos de tortuga baula no podrían haber sido extraídos de un solo nido y, en cuanto a la otra, se constata que, tal cual se motivó en el fallo de instancia, en la querella planteada por la Procuraduría General de la República lo atribuido al sindicado, de relevancia, de manera textual fue lo siguiente: «…Aproximadamente a las 2:30 horas del 30 de abril del 2019, en Matina, Limón, específicamente en el sector de la playa ubicado 2.5 kilómetros al norte de la desembocadura del río Matina; los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad, Luis Fabián Rivas Mora, Juan Carlos Cubillo Madrigal y José Sandí Méndez, sorprendieron infraganti al encartado [Nombre 001] destruyendo un nido de una tortuga marina Baula (Dermochelys coriácea) en proceso de desove. A ese efecto, el imputado se encontraba recostado en la arena y con el uso de sus manos extraía los huevos del nido en cuestión colocándolos en una bolsa tipo saco…» (la transcripción es literal). Tales aspectos, como se infiere de la reseña realizada supra, fueron derivados de las probanzas, sin que haya habido controversia en relación con las circunstancias de tiempo y lugar, pero, además, resulta esencial para la resolución del extremo bajo análisis que la ponderación jurisdiccional en torno a la cantidad de los huevos decomisados no solo fue debidamente desarrollada, sino que, igualmente, se trató de un aspecto que, a la postre, no vulneró el derecho de defensa relacionado con la imputación primigenia, ya que la querella planteada contra el encartado únicamente hizo alusión a la extracción de los huevos de marras, sin que el monto de los mismos fuera objeto de la imputación. El segundo argumento recursivo se relaciona con el tema del daño ambiental, en concreto que, según se reclama, este no derivó de las probanzas, en particular de lo dicho en juicio por Guillermo Zúñiga Reyes, biólogo marino, sin embargo, tal extremo fue debidamente derivado y analizado por el tribunal de mérito, tal cual se aprecia en el punto numerado viii) supra, en el tanto, precisamente a partir de tal testimonio, se razonó que la mera intervención de un ser humano en el desarrollo embrionario —una vez realizado el desove— expone a este a un daño, ello relacionado con gérmenes y bacterias que afectan la eclosión, pero, además —es decir, a mayor abundamiento—, partiendo de la unidad e integralidad de la sentencia, en la misma, al aludir al daño relacionado con la acción civil resarcitoria, el juzgador razonó la existencia de tal daño, impactando la posibilidad de reproducción de la tortuga y de los huevos que ella desovó. Valoró, igualmente, que no se debió intervenir en ese proceso, pese a lo cual el imputado extrajo los huevos que ella depositó, poniendo en peligro la subsistencia de esa especie y, en alusión a lo narrado por el biólogo marino, refirió que se afectó al medioambiente con variedad de repercusiones, entre ellas el aspecto turístico y la belleza escénica (archivo audiovisual 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, a partir del minuto 32:00:00). Constata esta cámara de alzada que tales extremos efectivamente derivaron de las probanzas: así, el biólogo Guillermo Zúñiga Reyes afirmó que la extracción de la tortuga baula conllevaba problemas, tales como los siguientes: i) al aumentar la población de medusas ante la disminución de tortugas, disminuye la de los peces, afectando la subsistencia de las personas que dependen de su pesca; ii) también se perjudica la economía asociada al turismo, pues al haber menor cantidad de tortugas, igualmente habrá menos turistas y iii) se ocasiona un perjuicio científico y de belleza escénica (escritorio virtual, documento audiovisual incorporado el 16/06/2023 a las 10:52:14 titulado «GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023»). Al analizar tales puntos y compararlos con la fundamentación controvertida, confirma este órgano judicante de alzada que las inferencias del juez de instancia sí derivaron del dicho del biólogo marino recibido en juicio, quien, en su calidad de testigo experto —no perito, pues su ofrecimiento no se hizo en tal calidad—, aludió a extremos relacionados directamente con el daño ambiental. En relación con la probabilidad de eclosión de los huevos sembrados, tal declarante indicó que, desde su experiencia, no la había. Ahora bien, efectivamente el juez de mérito consideró que primaba una reducción de tal posibilidad debido al manejo y traslado que se les dio luego de la intervención realizada sobre el sindicado, sin embargo, pese a tal diferencia, no existe agravio, pues, tal cual lo indica el gestionante, el biólogo marino en cuestión sostuvo que los huevos decomisados no eclosionarían, lo que evidencia el daño correspondiente respecto de ellos. Asimismo, si bien en sus alegatos recursivos el apelante menciona un estudio según el cual los huevos reubicados en zonas de protección de vivero tienen un 86% de probabilidades de eclosión —sin precisar a cuál fuente alude—, de los autos se infiere que se basó en el relato que el biólogo marino rindió durante el debate. Sin embargo, el impugnante efectuó una lectura errada, pues lo que tal testigo sostuvo fue que había un proyecto, relacionado con Tortuga de Mawamba, en el que la eclosión rondaba el 80% y que, para él, un 86% sería increíble (escritorio virtual, documento audiovisual incorporado el 16/06/2023 a las 10:52:14 titulado «GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023»), pero eran datos que no tenían relación con el supuesto bajo conocimiento jurisdiccional, por lo que no se trataba de información que ameritara desarrollo en la sentencia cuestionada, ya que esta debe versar sobre aquello que sea pertinente para el thema probandum. Es decir, suprimida hipotéticamente esa referencia, no se afecta el resto de la sentencia. Por último, reclama el recurrente que no se analizó que al encartado no se le decomisó medio idóneo para destruir nidos de tortuga, no concediéndose mérito a la declaración de este que descartaba su participación, pero se trata, nuevamente, de una mera disconformidad de la defensa técnica, pues tal cual consta en los puntos numerados iii) y vii) expuestos de previo. Entonces, en la sentencia apelada sí se valoró la versión de la defensa material, demeritándola sobre la base de las reglas de la sana crítica y de las inferencias interprobatorias —tales como el testimonio de Juan Carlos Cubillo Madrigal y la insostenibilidad de lo relatado por el acusado de cara a las reglas de la experiencia, en particular la imposibilidad de ver a una distancia igual o mayor de 15 m, en aquel contexto, sin equipo especial para ello, lo que descartaba medularmente el inicio de la dinámica referida por el imputado, en el sentido de que, por curiosidad, fue a ver a un sujeto que estaba en el lugar y hora de su aprehensión, explicando el porqué de su permanencia en aquel sitio—. Aunado a lo anterior, no era necesario profundizar en que el justiciable fue aprehendido sin medio idóneo para destruir el nido en el que la tortuga desovaba, pues la hipótesis imputativa atribuyó la destrucción correspondiente mediante la acción de extraer los huevos, lo cual sí fue debidamente derivado de las probanzas, tal cual se reseñó supra. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Alonso Toledo Mendoza, defensor público del imputado. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

Norberto E. Garay Boza

 

Rosaura Chinchilla Calderón                                                 Cinthya Ramírez Angulo

Juez y juezas de apelación de sentencia penal

 

 

 

Expediente: 19-000281-1521-PE (4)

Imputado: [Nombre 001]

Ofendido: La Vida Silvestre

Delito: Destrucción de Nidos de Fauna Silvestre en peligro de extinción

  

JMORALESGO

 

1

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:31:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ

Resolución Nº 01311 - 2023

Date of Resolution: October 6, 2023, at 15:50

Expediente: 19-000281-1521-PE

Drafted by: Norberto Garay Boza

Type of matter: Criminal appeal (Recurso de apelación penal)

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Sentences from the same expediente

Sentence with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Sustainable Development Goals: Life below water (Obj 14), Life on land (Obj 15)

Type of content: Majority vote (Voto de mayoría)

Branch of Law: Criminal Law (Derecho Penal)

Topic: Unauthorized hunting or destruction of wildlife

Subtopics:

Extraction of Leatherback Turtle (Tortuga Baula) eggs.

Topic: Environmental damage (Daño ambiental)

Subtopics:

Extraction of Leatherback Turtle (Tortuga Baula) eggs.

"II. [...] The second argument in the appeal relates to the issue of environmental damage (daño ambiental), specifically that, as claimed, this did not derive from the evidence, particularly from what was stated at trial by Guillermo Zúñiga Reyes, a marine biologist; however, this point was duly derived and analyzed by the trial court, as seen in numbered point viii) supra, insofar as, precisely based on that testimony, it was reasoned that the mere intervention of a human being in embryonic development—once spawning (desove) has occurred—exposes it to damage, related to germs and bacteria that affect hatching, but, furthermore—that is, for greater abundance—, based on the unity and comprehensiveness of the sentence, in the same, when alluding to the damage related to the civil action for damages (acción civil resarcitoria), the judge reasoned the existence of such damage, impacting the possibility of reproduction of the turtle and of the eggs she spawned. He also assessed that one should not have intervened in that process, despite which the defendant extracted the eggs she deposited, endangering the subsistence of that species and, in allusion to what was narrated by the marine biologist, he stated that the environment was affected with a variety of repercussions, among them the tourism aspect and scenic beauty (audiovisual file 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, from minute 32:00:00). This appeals chamber (cámara de alzada) finds that such points effectively derived from the evidence: thus, the biologist Guillermo Zúñiga Reyes affirmed that the extraction of the leatherback turtle (tortuga baula) entailed problems, such as the following: i) as the jellyfish population increases due to the decrease in turtles, the fish population decreases, affecting the subsistence of people who depend on fishing them; ii) the economy associated with tourism is also harmed, because if there are fewer turtles, there will likewise be fewer tourists; and iii) scientific and scenic beauty harm is caused [...]"

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Sustainable Development Goals
Text of the resolution

Resolución: 2023-1311

Expediente: 19-000281-1521-PE (4)

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at fifteen hours fifty minutes, on October sixth, two thousand twenty-three.

 CRIMINAL APPEAL (RECURSO DE APELACIÓN) filed in the present case against [Nombre 001], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number [Valor 001], born in Puntarenas on August 22, 1970, son of [Nombre 002] and [Nombre 003], single, agricultural worker, resident of Limón, Playa Matina; for the crime of DESTRUCTION OF WILDLIFE NESTS IN DANGER OF EXTINCTION (DESTRUCCIÓN DE NIDOS DE FAUNA SILVESTRE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN), to the detriment of WILDLIFE (LA VIDA SILVESTRE). Judge Norberto E. Garay Boza and judges Rosaura Chinchilla Calderón and Cinthya Ramírez Angulo participate in the decision. The licensed attorney Manuel Alonso Toledo Mendoza, public defender of the defendant, appeared in this venue and,

WHEREAS (RESULTANDO):

 I.- That by judgment number 649-2023, at eight hours ten minutes on July third, two thousand twenty-three, the Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, resolved: «THEREFORE (POR TANTO): In accordance with all the foregoing, articles 39 and 41 of the Constitución Política, articles 8 and 9 of the Convención Americana Sobre Derechos Humanos, articles 1, 2, 11, 12, 18, 30, of the Código Penal, article 93 subsection a) of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, articles 122 to 138 of the Código Penal of 1941 on the Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil, articles 1, to 6, 11, 12, 13, 18 subsection c), 37 to 41, 70, 71, 75 to 83, 91, 92, 94, 95, 97, 111 to 124, 142, 143, 180 to 184, 265 to 270, 308 and 360 to 366 of the Código Procesal Penal, Decreto Ejecutivo number 41457-JP in force (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), articles 632, 704 and 1045 of the Código Civil, it is resolved: FIRST: [Nombre 001] is declared the responsible perpetrator (autor responsable) of a crime of Destruction of wildlife nests in danger of extinction, to the detriment of Wildlife, imposing upon him in that capacity the penalty of ONE YEAR OF PRISON, a sentence that must be served in the place and manner determined by the norms and regulations of Adaptación Social, after crediting the preventive detention served. As the convicted party meets the requirements mentioned in articles 59 to 63 of the Código Penal, he is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE SENTENCE (BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA) for a period of THREE YEARS, counted from the date on which this judgment becomes final. Should he commit an intentional crime (delito doloso) punishable by a prison sentence exceeding six months during the aforementioned probation period, the benefit granted herein shall be revoked and he must serve the prison sentence imposed in the respective detention center. SECOND: The civil action for damages (acción civil resarcitoria), filed by the Procuraduría General de la República, is granted against the civil defendant [Nombre 001], who shall pay the civil plaintiff the following amounts: for environmental damage (daño ambiental) seven hundred eighty-one thousand one hundred fifteen colones and five céntimos (781,115.5, the equivalent in colones of the 1420.21 dollars established in the expert report, applied at the exchange rate of the Banco Central de Costa Rica on today's date). Additionally, he is sentenced to pay both sets of costs of this action, setting the personal and procedural costs, regarding the civil action, in the sum of one hundred fifty-six thousand two hundred twenty-three colones and ten céntimos (156,223.10) and regarding the complaint (querella) in the sum of one hundred twenty-one thousand colones (121,000), as regulated in article 44 of the aforementioned tariff (arancel). Likewise, the defeated party is sentenced to pay legal interest on said sums from the date the judgment becomes final until its effective payment, setting the interest rate at that established by the Banco Central de Costa Rica. Said items must be paid by the civil defendant by simple order of the Tribunal, within the fifteen business days following the finality of this judgment; otherwise, the interested party must resort to the appropriate legal channel. Once the judgment is final, register it in the Registro Judicial. Having delivered this judgment orally, the parties are hereby notified in the act.» (the transcription is literal).

 II.- That, against the preceding ruling, licensed attorney Manuel Alonso Toledo Mendoza, public defender of the defendant, filed an appeal (recurso de apelación).

 III.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Código Procesal Penal, the Tribunal considered the issues raised in the appeal (recurso de apelación).

 IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

 Drafted by Judge Garay Boza; and,

CONSIDERING (CONSIDERANDO):

I.- Admissibility and competence. Licensed attorney Manuel Antonio Toledo Mendoza, public defender of [Nombre 001], filed an appeal (recurso de apelación) against the judgment rendered in the case file, this challenge being admitted for consideration before this venue (objective taxativity). Likewise, given that the appealed judgment was rendered orally on July 3, 2023, the deadline to challenge it expired on the 25th day of the same month and year, the date on which the motion object of this jurisdictional pronouncement was filed, so it was interposed at the procedurally opportune moment. Similarly, the appeal was filed by the technical defense of the accused, possessing the legitimacy for such action (subjective taxativity). By virtue of the foregoing, numerales 39 and 41 of the Constitution, 8.2.h of the Convención Americana sobre Derechos Humanos and 14.5 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, the challenge filed by the legal counsel of the accused is admitted.

 II.- In the sole ground of appeal, the appellant claims a violation of the in dubio pro reo principle. Based on the facts held as proven in the trial court's judgment—which he transcribed—, he asserts that these were not duly accredited, because the expert—as qualified by the appellant—, Guillermo Zúñiga Reyes, indicated that a leatherback turtle (tortuga baula) nest has 80 to 90 eggs, a point which, he affirms, the a quo did not assess, estimating, instead, that the accused destroyed the corresponding spawning (desove) nest by extracting 174 eggs of that species; however, he asserted that this was impossible, since "...no turtle can deposit the amount of 174 eggs in a nest, in addition to this, the witness Juan Carlos Cubillo Madrigal, Coast Guard, indicated (sic) '...that a leatherback turtle nest produces 90 to 100 eggs...' (sic) reaffirming what was indicated by the expert, he was even asked (sic) if he had collected more (sic) eggs from any other nest indicating that he had not, leaving a reasonable doubt..." (the transcript is identical). He criticizes that the environmental damage (daño ambiental) was deemed proven, this despite the fact that, according to what was said by the aforementioned "expert", there was no possibility that the eggs, once "replanted", would complete embryonic development, and even if they had been relocated on the same beach where the spawning (desove) occurred, hatching in that area would have been rare, this based on his experience, a point to which the appellant adds that there was a study, according to which eggs resettled in nursery protection zones have an 86% probability of hatching, which was not considered by the trial court. He points out that the evidence did not prove that any tool or suitable means for destroying turtle nests was seized from the accused, the only aspect analyzed by the sentencing court, and the contested reasoning does not appreciate that credit was given to the statement of the defendant, which ruled out his participation in the event in question. He specifies, as a grievance, that the errors in the evidentiary assessment led to his client being convicted without the certainty required for such effect, despite the evidence exonerating him from responsibility. He requests that the ground of appeal be upheld and, therefore, the appealed judgment and the preceding debate be annulled, the latter to be conducted again, but with a different judicial panel. Within the legal period, neither the prosecution (fiscalía) nor the Procuraduría General de la República ruled on the appeal (recurso) that is the subject of this judgment. The ground is denied. Once this appeals chamber (cámara de alzada) has reviewed the content of the appealed judgment and analyzed it in light of the arguments in the appeal, it considers that what was developed in the latter responds to a mere nonconformity of the appellant with what was decided by the trial court, without there being an error in the reasoning provided by it, nor a lack of reasoning on the aspects mentioned. For a better exposition of this inference, it is appropriate to review the points analyzed in the challenged judgment regarding the assessment of the evidence. Thus, the trial judge assessed the following: i) that a large part of the testimony of Carlos—in reference to Juan Carlos Cubillo Madrigal, officer of the Servicio Nacional de Guardacostas—was confirmed by the statement of the accused, in the sense that one night, while patrolling on the beach of Matina, from about 15 m away, using a night vision scope, he observed the accused next to a turtle in the early morning hours, who, once he and his companions identified themselves, tried to run but was "detained"; the judge reiterated that these were points also accredited by the defendant; ii) that, according to the statement at trial by the accused, he was not performing the acts mentioned by the witness Carlos, the latter having stated that the accused was lying on the sand, with his arms inside the turtle's nest, while the defendant admitted that, at some point in the dynamic, he crouched down, but that he did so out of curiosity, the judge concluding that, ultimately, the general dynamic described by Carlos coincides with that described by the accused; iii) the judge summarized the version of the material defense, insofar as it recounted circumstances that should exempt him from criminal liability and detailed that that night he was watching a house near the area; that, upon hearing some noises, he thought someone was approaching to harm him, so he went out and realized there was nothing, but, given the dogs barking towards the beach, he headed in that direction and saw a person with the turtle who was extracting its eggs; he had a brief conversation with that subject and the latter got scared and fled, the accused remaining there out of curiosity, waiting for the other individual to identify him and thus determine whether what he wanted were the eggs or to do some harm to the property he was guarding, but he did not return, which increased his curiosity, so he crouched down to see if the turtle was spawning (desovaba). This version of the accused did not merit credibility from the trial court, which stated there were two scenarios: on one hand, that described by the coast guard officer, according to which this officer was patrolling the beach, without any enmity against the accused, observing him practically while he was extracting eggs from the nest, and, on the other, the dynamic narrated by the defendant, according to which he was there, but not extracting eggs, which is not credible, as it is considered contrary to logic that he is next to the turtle, in the early morning hours, that she is spawning (desovando), that there is a sack with eggs from that animal nearby, but that he was not extracting them; iv) that the documentary evidence reinforced the testimony of Carlos: thus, the police report recorded the same interaction; his version has not changed, despite four years having passed, regarding the seizure and the sack, describing the quantity of eggs contained therein, so the judge considered that what occurred should be deemed proven; v) that, as argued by the defense, the second fact of the accusation—which stated that the 174 seized eggs were extracted from a single nest—could not have occurred in those terms, the a quo considering that this could not be true, just as the biologist whose testimony was received at trial had declared, who affirmed that, at most, each turtle could spawn (desovar) 90 or 100 eggs, so probably more nests were "looted". However, the judge took into account that the accused was charged with, on a specific day, in the early morning hours on the beach of Matina, having a sack with turtle eggs with him and being next to a turtle nest putting his hands inside it, and that was what was demonstrated, so the quantity of eggs was irrelevant. But, in any case, the facts of the complaint (querella) were used, since they do not state that those 174 eggs were from a single nest, but that the accused was caught manipulating it and, in addition, had that sack with that quantity of eggs at his side, and that was what was accredited; vi) that the testimony of Carlos provided many details, such as that he could observe the silhouette of the person and that of the turtle, from 15 m away and with a night vision scope, that the subject was crouched behind the turtle, in a kneeling position, extending his arms downwards, a description that the a quo inferred as that of extracting eggs from the nest; vii) that in the defendant's version there was a contradiction, namely that, despite the officer indicating that it is a dark area, that at that time there was no natural light, without artificial lighting beyond the lights from houses, and that a night vision scope was required to see the silhouette of the person and that, in fact, they passed that device among the acting officers to determine how to proceed at that moment, the defendant asserted that, at that early morning hour, he observed an individual, even though the coast guard officer used the aforementioned device to see from a distance of 15 m, therefore such a point of the material defense hypothesis is not credible; viii) that the eggs in question were transferred to certify the species to which they belonged and were then taken to another site to plant them, a circumstance not pertinent to the crime, the latter having concluded with the "detention" of the defendant, since the transport of such elements constitutes a governmental attempt to minimize the damage caused by the manipulation performed by the defendant, just as the biologist indicated, in the sense that the fact that a human being intervenes in the process—touches them with their hands—entails that detriment exists, since it exposes the eggs to germs and bacteria that affect them, hence the damage was generated, which would be mitigated if they had been planted immediately as it would increase the possibility of hatching, but, due to the procedure required by the prosecution (fiscalía), a certification was required, which implied the transfer, and this would be a particularity that could affect the eventual value of the environmental damage (daño ambiental), but that does not affect the demonstration of the facts attributed to the defendant. Up to here, a summary of the trial court's decision. (audiovisual file 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, from minute 09:18:00). From the review just made, it is observed, firstly, that it is not true that the trial judge omitted to rule on the relationship between the possible quantity of eggs that a leatherback turtle (tortuga baula) can deposit in a spawning (desove)—from 90 to 100—and the total seized—174—; rather, it is found that this was indeed a point addressed in the appealed judgment and, furthermore, there was no error in the corresponding reasoning, insofar as the reasons given by the sentencing judge are part of the rules of experience and, at the same time, respect the principle of correlation between accusation—complaint (querella)—and sentence; thus, regarding the former, it is indeed part of—scientific—experience that turtles of that species cannot deposit more than 100 eggs in a spawning (desove)—as was supported in the appealed judgment based on the statement of the marine biologist, Guillermo Zúñiga Reyes—, so the reasoning given in relation to that point is correct, that is, the logical consequence is that 174 leatherback turtle (tortuga baula) eggs could not have been extracted from a single nest; and, regarding the latter, it is found that, just as was reasoned in the trial court's judgment, in the complaint (querella) filed by the Procuraduría General de la República, what was attributed to the accused, of relevance, textually was the following: "...Approximately at 2:30 hours on April 30, 2019, in Matina, Limón, specifically in the beach sector located 2.5 kilometers north of the mouth of the Matina River; officers of the Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad, Luis Fabián Rivas Mora, Juan Carlos Cubillo Madrigal and José Sandí Méndez, caught the accused [Nombre 001] red-handed destroying a nest of a leatherback marine turtle (Dermochelys coriácea) in the process of spawning (desove). To that effect, the defendant was lying on the sand and using his hands was extracting the eggs from the nest in question, placing them in a sack-type bag..." (the transcription is literal). These aspects, as inferred from the review carried out supra, were derived from the evidence, without there having been controversy regarding the circumstances of time and place, but, in addition, it is essential for resolving the point under analysis that the judicial weighing regarding the quantity of the seized eggs was not only duly developed, but that, likewise, it was an aspect that, ultimately, did not violate the right of defense related to the original charge, since the complaint (querella) filed against the accused only mentioned the extraction of the eggs in question, and the amount thereof was not the object of the charge. The second argument in the appeal relates to the issue of environmental damage (daño ambiental), specifically that, as claimed, this did not derive from the evidence, particularly from what was stated at trial by Guillermo Zúñiga Reyes, a marine biologist; however, this point was duly derived and analyzed by the trial court, as seen in numbered point viii) supra, insofar as, precisely based on that testimony, it was reasoned that the mere intervention of a human being in embryonic development—once spawning (desove) has occurred—exposes it to damage, related to germs and bacteria that affect hatching, but, furthermore—that is, for greater abundance—, based on the unity and comprehensiveness of the sentence, in the same, when alluding to the damage related to the civil action for damages (acción civil resarcitoria), the judge reasoned the existence of such damage, impacting the possibility of reproduction of the turtle and of the eggs she spawned. He also assessed that one should not have intervened in that process, despite which the defendant extracted the eggs she deposited, endangering the subsistence of that species and, in allusion to what was narrated by the marine biologist, he stated that the environment was affected with a variety of repercussions, among them the tourism aspect and scenic beauty (audiovisual file 190002811521PE-03072023081444-2_Mult--0, from minute 32:00:00). This appeals chamber (cámara de alzada) finds that such points effectively derived from the evidence: thus, the biologist Guillermo Zúñiga Reyes affirmed that the extraction of the leatherback turtle (tortuga baula) entailed problems, such as the following: i) as the jellyfish population increases due to the decrease in turtles, the fish population decreases, affecting the subsistence of people who depend on fishing them; ii) the economy associated with tourism is also harmed, because if there are fewer turtles, there will likewise be fewer tourists; and iii) scientific and scenic beauty harm is caused (virtual desktop, audiovisual document incorporated on 06/16/2023 at 10:52:14 titled "GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023"). Upon analyzing these points and comparing them with the contested reasoning, this appellate judicial body confirms that the inferences of the trial judge did derive from the statement of the marine biologist received at trial, who, in his capacity as an expert witness—not an expert (perito), since his offer was not made in that capacity—, referred to points directly related to environmental damage (daño ambiental). In relation to the probability of hatching of the planted eggs, this declarant indicated that, from his experience, there was none. Now, it is true that the trial judge considered that a reduction of such possibility prevailed due to the handling and transfer they were given after the intervention carried out on the accused; however, despite this difference, there is no grievance, because, as the appellant indicates, the marine biologist in question maintained that the seized eggs would not hatch, which demonstrates the corresponding damage with respect to them. Likewise, although in his appeal arguments the appellant mentions a study according to which eggs relocated in nursery protection zones have an 86% probability of hatching—without specifying which source he refers to—, it is inferred from the case file that he based this on the account that the marine biologist gave during the debate. However, the challenger made an erroneous reading, since what this witness maintained was that there was a project, related to Tortuga de Mawamba, in which hatching was around 80% and that, for him, 86% would be incredible (virtual desktop, audiovisual document incorporated on 06/16/2023 at 10:52:14 titled "GRABACIÓN DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO. 16-06-2023"), but these were data that had no relation to the matter under judicial cognizance, so it was not information that warranted development in the challenged judgment, since it must deal with that which is pertinent to the thema probandum. That is to say, if that reference were hypothetically suppressed, the rest of the judgment is not affected. Finally, the appellant claims that it was not analyzed that no suitable means for destroying turtle nests was seized from the accused, not granting merit to his statement that ruled out his participation, but this is, once again, a mere disagreement of the technical defense, as recorded in numbered points iii) and vii) set forth previously. So, in the appealed judgment, the version of the material defense was indeed assessed, discrediting it based on the rules of sound criticism and inter-probative inferences—such as the testimony of Juan Carlos Cubillo Madrigal and the untenability of what was reported by the accused in light of the rules of experience, particularly the impossibility of seeing at a distance equal to or greater than 15 m, in that context, without special equipment for it, which fundamentally ruled out the beginning of the dynamic referred to by the defendant, in the sense that, out of curiosity, he went to see a subject who was at the place and time of his apprehension, explaining the reason for his permanence in that place—. In addition to the foregoing, it was not necessary to delve into the fact that the defendant was apprehended without a suitable means to destroy the nest in which the turtle was spawning (desovaba), since the imputative hypothesis attributed the corresponding destruction through the action of extracting the eggs, which was indeed duly derived from the evidence, as described supra. By virtue of the foregoing, the appeal (recurso de apelación) is denied.

THEREFORE (POR TANTO):

 The appeal (recurso de apelación) filed by licensed attorney Manuel Alonso Toledo Mendoza, public defender of the defendant, is denied. NOTIFÍQUESE.

Norberto E. Garay Boza

Rosaura Chinchilla Calderón                                                          Cinthya Ramírez Angulo

Judge and judges of criminal judgment appeal (apelación de sentencia penal)

Expediente: 19-000281-1521-PE (4)

Defendant (Imputado): [Nombre 001]

Victim (Ofendido): La Vida Silvestre

Crime (Delito): Destrucción de Nidos de Fauna Silvestre en peligro de extinción

JMORALESGO

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