Res. 04470-2023 Tribunal Contencioso Administrativo — Joinder of SINAC as Necessary Active Co-Plaintiff in Proceedings Involving Natural State HeritageIntegración del SINAC como litisconsorte activo necesario en proceso sobre Patrimonio Natural del Estado

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 04470 - 2023

Fecha de la Resolución: 18 de Octubre del 2023 a las 10:02

Expediente: 21-002474-1027-CA

Redactado por: José Alvaro López Camacho

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Litisconsorcio en el proceso contencioso administrativo

Subtemas:

Integración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tratándose del reconocimiento, declaración, modificación o anulación de derechos relacionados con áreas integradas al Patrimonio Natural del Estado.

Tema: Sistema Nacional de Áreas de Conservación

Subtemas:

Integración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tratándose del reconocimiento, declaración, modificación o anulación de derechos relacionados con áreas integradas al Patrimonio Natural del Estado.

"III.- SOBRE LA LITIS CONSORCIO NECESARIO.  El artículo 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), establece que el litis consorcio necesario se integrará de oficio o a gestión de parte, hasta antes del dictado de la sentencia. Un aspecto esencial dentro de un proceso jurisdiccional, es lo relativo a la determinación de los sujetos que deben intervenir dentro del mismo, lo que se determina teniendo como base la relación jurídica-administrativa subyacente en la litis planteada, esto con el fin de que el Órgano Jurisdiccional pueda hacer un pronunciamiento de fondo que surta sus efectos entre los sujetos que corresponde, en tanto no es posible verter sentencia de fondo fraccionando las relaciones jurídicas materiales o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión debe englobar y obligar a todos los sujetos que son parte de aquella relación [...]

En otras palabras,será necesaria la integración cuando la relación jurídica involucre a una parte que no está presente en el proceso.- En la especie debe valorarse los supuestos procesales para determinar una posible integración de la litis, por un lado, que responda a un mandato legal, cuya concurrencia de todas las partes está prevista por el mismo ordenamiento jurídico.- Y por otro lado que las pretensiones se orienten a otros sujetos y/o que las relaciones jurídicas subyacentes impliquen que para el dictado de la sentencia sea necesario integrarlos en resguardo del debido proceso y el derecho de defensa, y para evitar indefensiones que generen posibles nulidades de las actuaciones.-" (destacado propio).  Así las cosas, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida,  pues, en caso contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso [...]


Ahora bien, la regulación de la figura del litis consorcio activo necesario, se encuentra regulada en el numeral 22.1. del Código Procesal Civil vigente, aplicable a esta materia en virtud de lo dispuesto por el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), y, en lo que interesa dispone: "22.1 Litisconsorcio necesario.  Cuando por disposición de la ley o por la naturalea de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse con varias personas, estas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso (...)".  Resulta evidente entonces de los precedentes antes citados de este Tribunal, tal como se verá en detalle más adelante, que en el tanto se pretenda en la litis la obtención, reconocimiento, modificación o anulación de derechos sobre áreas que se indica forman parte del Patrimonio Natural del Estado, en el tanto se pretende declarar por medio de la presente causa que integran la franja fronteriza norte y áreas silvestres protegidas, resulta prudente y acorde al debido proceso, a efecto de evitar futuras nulidades, integrar a la litis al SINAC, en este caso en virtud de un litis consorcio activo necesario, según se verá a continuación [...]".

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

Documento PJEDITOR

 

????????????????

 

EXPEDIENTE:

	

21-002474-1027-CA - 1




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

EL ESTADO




DEMANDADO/A:

	

[Nombre 001]

 

Nº N° 2023004470

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con dos minutos del dieciocho de Octubre del dos mil ventitres.-

 

Se resuelve Integración del litisconsorcio activo necesario apreciada de oficio, dentro del proceso de conocimiento establecido por el ESTADO en contra de [Nombre 001] Y SUCESION DE [Nombre 002].-

 

RESULTANDO

 

 

1.- Mediante escrito inicial de demanda presentado en fecha 07 de mayo de 2021, la parte actora acude ante este Tribunal y solicita que en sentencia se declare: "(...) 1.  Declarar que los terrenos sin inscribir descritos en los planos catastrados N° H-406207-97 y N° H-392378-97, son bienes de dominio público y que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, donde regirán las potestades de autotutela demanial administrativa por tratarse de franja fronteriza norte y a la vez áreas silvestres protegidas.  // 2) En virtud de la declaratoria solicitada en el extremo petitorio primero, se ordene la cancelación de los planos H-406207-97 y N° H-392378-97 en el Catastro Nacional.  // 3) Que por ser de dominio público, los terrenos indicados en la petitoria primera no pueden ser adquiridos por particulares por ningún título, ni inter vivos ni mortis causa.  // 4) Que se condene al señor [Nombre 001] al pago de los daños ambientales ocasionados en los terrenos objeto de este litigio.  // 3) En caso de oposición, se impondrán ambas costas y sus intereses a la parte accionada." (ver imágenes 14 y 15 del expediente digital); asimismo, mediante escrito fechado 08 de octubre de 2021, visible a imagen 27 del expediente digital, el Estado amplía la pretensión número 4, para que se lea de la siguiente manera: "4) Que se condene al señor [Nombre 001] al pago de los daños ambientales ocasionados en los terrenos objeto de este litigio y que se establecen en el informe SINAC-ACTo-DRFVS-O-146-2021 del 26 de agosto de 2021.". 

2.- Mediante resolución de las diez horas dieciocho minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; se tiene por establecido el proceso de conocimiento del ESTADO contra [Nombre 001] Y SUCESIÓN DE [Nombre 002] (ver imagen 21 del expediente digital) y se otorga plazo a los accionados para su contestación; asimismo, mediante resolución de las diez horas veintiuno minutos del trece de enero de dos mil veintidós se tiene por ampliada la misma y se otorga plazo para contestar a las partes demandadas a dicha ampliación (ver imagen 150 del expediente digital).

3.-  Mediante resolución de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, visible a imagen 191 del expediente digital, se confiere audiencia a las partes por el plazo de tres días hábiles sobre una posible integración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a la litis (litis consorcio activo necesario), con fundamento en lo dispuesto en el fallo 191-F-S1-2022 de la Sala Primera de al Corte Suprema de Justicia.

4.-  En atención a la audiencia conferida mediante la resolución indicada en el punto anterior, la representación de la parte codemandada [Nombre 001], indicó estar conforme con integrar la litis consorcio pasiva con el SINAC (ver imagen 195 del expediente digital); por otro lado, la representación de la otra parte codemandada (Sucesión de [Nombre 002], ver imágenes 196 a 200 del expediente digital) se opuso a la integración del SINAC a la litis indicando, en síntesis, que desde que se contestó la demanda se adjuntaron sentencias dictadas en el expediente 02-160268-0507-CI donde indica se puede constatar que el inmueble pertenece a la sucesión, por lo que se opone a la integración de la litis por las razones expuestas.  Finalmente, la representación estatal como parte actora del presente proceso se refirió respecto de la audiencia formulada en escrito visible a imágenes 204 a 206 del expediente digital, en que, en síntesis, se opone a las manifestaciones realizadas por la sucesión respecto la demanda judicial señalada por dicha parte, e indica respecto de la integración la litis lo siguiente: "(...) Consideramos pertinente y necesario integrar la litis con el Sistema Nacional de Areas de Conservación, con fundamento en que corresponde a ese Sistema la Administración de la franja fronteriza norte, así como lo correspondiente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Como hemos indicado, los terrenos en litigio, por su naturaleza, constituyen bienes demaniales que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, cuya competencia recae en el SINAC. Por lo anterior y a fin de evitar futuras nulidades es procedente la integración de la litis con este órgano." (ver imagen 204 del expediente digital).

5.- En los procedimientos se han seguido las prescripciones de rigor y no se observan causales de nulidad.-

 

CONSIDERANDO

 

 

I.- DE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES. Según el recuento antes referido, en atención a la audiencia conferida mediante la resolución de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, visible a imagen 191 del expediente digital, la representación de la parte codemandada [Nombre 001], indicó estar conforme con integrar la litis consorcio pasiva con el SINAC (ver imagen 195 del expediente digital); por otro lado, la representación de la otra parte codemandada (Sucesión de [Nombre 002], ver imágenes 196 a 200 del expediente digital) se opuso a la integración del SINAC a la litis indicando, en síntesis, que desde que se contestó la demanda se adjuntaron sentencias dictadas en el expediente 02-160268-0507-CI donde indica se puede constatar que el inmueble pertenece a la sucesión, por lo que se opone a la integración de la litis por las razones expuestas.  Finalmente, la representación estatal actora se refirió respecto de la audiencia formulada en escrito visible a imágenes 204 a 206 del expediente digital, en que, en síntesis, se opone a las manifestaciones realizadas por la sucesión respecto la demanda señalada por dicha parte, e indica respecto de la integración lo siguiente: "(...) Consideramos pertinente y necesario integrar la litis con el Sistema Nacional de Areas de Conservación, con fundamento en que corresponde a ese Sistema la Administración de la franja fronteriza norte, así como lo correspondiente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Como hemos indicado, los terrenos en litigio, por su naturaleza, constituyen bienes demaniales que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, cuya competencia recae en el SINAC. Por lo anterior y a fin de evitar futuras nulidades es procedente la integración de la litis con este órgano." (ver imagen 204 del expediente digital).-

 

II. SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: En lo que respecta al presente proceso, la denominada "teoría del caso" de la representación estatal es que los bienes indicados en la petitoria de su demanda forman parte integrante del Patrimonio Natural del Estado (PNE) donde rigen las potestades de autotela demanial, por tratarse de franja fronteriza norte y, a la vez, áreas silvestres protegidas que comprenden incluso zonas de "humedal" (ver extremo referente a la petitoria del proceso, así como también el apartado 5 de la demanda sobre "daños ambientales").  Ahora bien, sobre el régimen del Patrimonio Natural del Estado que forma parte de la "teoría del caso" de la represnetación del Estado, ha indicado este Tribunal, para citar solamente un precedente, en el fallo N°50-2022-IX de las ocho horas con veinticinco minutos del diez de noviembre del año dos mil veintidós, en lo que interesa lo siguiente: "(...) EN GENERAL SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: Valga recordar que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, estaba reconocido y tutelado como tal en nuestro país, desde antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, por la Ley Forestal N° 4465 del 25 de noviembre de 1969 -derogada por la Ley Forestal N° 7575 del 5 de febrero de 1996-, que no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley Forestal N° 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo); las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado, entre las que destacan: las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33); la constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); el deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por su parte, en la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996, que actualmente nos rige, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se denomina Patrimonio Natural del Estado, el cual, es un término más amplio que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables; en tanto, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la Ley Forestal, 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente). Además, está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, artículos 1°, párrafos 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, artículos 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, numeral 82, inciso a); y 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata (ordinal 13 párrafo primero de la Ley Forestal) / [al respecto se puede consultar la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 14:53 horas del día 12 de noviembre del año 2008]. Sobre el particular además, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que: “(…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. De esta forma, el criterio externado por el IDA, respecto a que la finca objeto de este proceso no puede considerarse parte del patrimonio natural del Estado, ya que no se localiza dentro de una reserva nacional, un área silvestre protegida, una reserva forestal o biológica, surge de una indebida interpretación del ordinal citado. En este sentido, el mandato 13 ibídem es claro al determinar, que una propiedad cubierta de bosque, y que pertenezca al Estado, una municipalidad, institución autónoma u otro organismo de la Administración Pública, forma parte del patrimonio natural del Estado, sin requerir el Legislador, que la propiedad debiera formar parte de alguna de las categorías de protección indicadas.” (Al respecto pueden consultarse las sentencias números 1070 de las 9:45 horas del 03 de setiembre de 2010 y 1088 de las 8:55 horas del 8 de agosto de 2011). Ahora bien, otro aspecto que resulta de vital importancia indicar, es que el Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sus sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. En ese sentido, es evidente que el Estado -en el sentido amplio del término- tiene el deber legal y constitucional de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables, debiendo tomar las medidas necesarias para su protección y conservación efectivas." (destacado propio).  Por otro lado, sobre la naturaleza jurídica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se ha indicado por parte de este Tribunal, en distintos fallos, que se trata de un órgano con personalidad jurídica instrumental (ver, entre otros el fallo N° 62-2022 de las trece horas cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós, así como en fallo N° 247-2016-T de las quince horas y dieciocho minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, entre muchos otros).

 

III.- SOBRE LA LITIS CONSORCIO NECESARIO.  El artículo 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), establece que el litis consorcio necesario se integrará de oficio o a gestión de parte, hasta antes del dictado de la sentencia. Un aspecto esencial dentro de un proceso jurisdiccional, es lo relativo a la determinación de los sujetos que deben intervenir dentro del mismo, lo que se determina teniendo como base la relación jurídica-administrativa subyacente en la litis planteada, esto con el fin de que el Órgano Jurisdiccional pueda hacer un pronunciamiento de fondo que surta sus efectos entre los sujetos que corresponde, en tanto no es posible verter sentencia de fondo fraccionando las relaciones jurídicas materiales o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión debe englobar y obligar a todos los sujetos que son parte de aquella relación. Sobre la necesaria integración del litis consorcio pasivo ha indicado este Tribunal, entre otros, en el fallo N°1012-2021-T de las diez horas cincuenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, lo siguiente: "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, ha tratado en varias ocasiones el tema, estableciendo que esta figura implica la existencia de relaciones jurídicas materiales respecto de las cuales no es posible pronunciarse fraccionándolas o calificándolas sólo en relación de algunos de sus sujetos, pues la decisión engloba y obliga a todos. La presencia de todos los sujetos es indispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el fondo de la misma (Resolución número 156-F-TC-2008, de 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones números 824-2000 de las 16 horas 05 minutos del primero de noviembre de 2000 y 482-2005 de las 10 horas 30 minutos del 07 de julio de 2005). Ha indicado la Sala además, que con esta figura se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (litis consorcio activo necesario) o, por cuanto aquélla debe indefectiblemente dirigirse en su contra (litis consorcio pasivo necesario). En cuanto al litis consorcio pasivo necesario, ha indicado además la Sala Primera, que este instituto procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal, ya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el litis consorcio se integre debidamente, toda vez que, de lo contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso (Resolución Nº 156-F-TC- 2008, de las 8:45 horas del 7 de noviembre, citando las resoluciones números 29-F-TC-2008 de las 14:15 horas del 8 de mayo de 2008, 30-F-TC-2008 de las 14:20 del 8 de mayo de 2008 y Nº 63-A-TC-2008 de las 9:45 horas del 11 de junio del 2008). En otras palabras, será necesaria la integración cuando la relación jurídica involucre a una parte que no está presente en el proceso.- En la especie debe valorarse los supuestos procesales para determinar una posible integración de la litis, por un lado, que responda a un mandato legal, cuya concurrencia de todas las partes está prevista por el mismo ordenamiento jurídico.- Y por otro lado que las pretensiones se orienten a otros sujetos y/o que las relaciones jurídicas subyacentes impliquen que para el dictado de la sentencia sea necesario integrarlos en resguardo del debido proceso y el derecho de defensa, y para evitar indefensiones que generen posibles nulidades de las actuaciones.-" (destacado propio).  Así las cosas, es indispensable en lo que atañe a la parte demandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la pretensión deducida,  pues, en caso contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá pronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede afectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso. [Bajo esta linea de pensamiento se encuentra las sentencias número 29-F-TC-2008, de las catorce horas quince minutos del ocho de mayo; número 30-F-TC-2008, de las catorce horas veinte minutos del ocho de mayo; 63-A-TC-2008, de las nueve y cuarenta y cinco minutos del once de junio y número 156-F-TC-2008, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre, todas dictadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el año dos mil ocho].  Asimismo, en casos similares al que nos ocupa en el presente expediente, el Tribunal Contencioso Administrativo, ha señalado mediante la resolución N° 349-2021 de las quince horas cero minutos del diecisésis de marzo de dos mil veintiuno lo siguiente sobre la figura que nos interesa: "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia actuando como Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, a través de su jurisprudencia, ha señalado que la figura del litis consorcio, en cualquiera de sus modalidades, ya sea activa o pasiva, constituye una garantía de participación y defensa de todos los sujetos cuya esfera de derechos pueda resultar afectados con la resolución de fondo de determinado caso. Es por tanto, una forma de garantizar el contradictorio, de modo tal que se asegure la concurrencia de todos aquellos sujetos a quienes les corresponda contradecir la pretensión, pues su acogimiento de una u otra forma, puede resultar en perjuicio de sus derechos o intereses legítimos. (Al respecto pueden revisarse los votos 824-2000 del 01de noviembre del 2000; 9-F-TC-2008 del 8 de mayo de 2008; 30-F-TC- 2008 del 8 de mayo de 2008; 63-A-TC-2008 del 11 de junio de 2008, todos citado en la resolución 185-2009 del 27 de agosto del año 2009 del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). En el mismo sentido, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en lo que resulta aplicable al caso concreto ha sostenido: "Al efecto se debe razonar que por ende es necesario que la persona este presente en un proceso judicial cuya resolución le afecta de manera directa; sobre todo por un principio de eficacia de la resolución que se dicte; pues una persona no puede ser afectada por la decisión si no ha tenido oportunidad de ser parte y alegar los argumentos que estime pertinentes en defensa de su situación jurídica. Lo contrario produciría un estado de indefensión procesal que produciría la nulidad de lo actuado, además impediría ejecutar una eventual sentencia contraria a la posición que la representación que ese ente pudiera tener." (Ver voto 638 del 30 de noviembre del 2010). Así, el artículo 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el litis consorcio necesario se integrará de oficio o a gestión de parte, hasta antes del dictado de la sentencia. Y con respecto a los sujetos que deben ser llamados a juicio en el proceso contencioso administrativo, el artículo 12 del dicho cuerpo legal plantea: “ARTÍCULO 12.- Se considerará parte demandada: 1) La Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado. 2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren adscritos. 3) Las personas físicas o jurídicas que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta administrativa objeto del proceso. 4) Cualquier otra persona que haya sido llamada al proceso como responsable, en su carácter funcional o personal. 5) La Contraloría General de la República: a) Conjuntamente con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. b) Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública. 6) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera previo control, autorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada: a) El Estado o la entidad que dictó el acto o la disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio. b) La entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha aprobado el acto o la disposición. 7) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición, que en virtud de un recurso administrativo no jerárquico -facultativo u obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada: a) El Estado o la entidad que dictó el acto, cuando este ha sido confirmado. b) La entidad que, conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la conducta cuestionada. 8) Si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de esta, aunque la actuación recurrida no procede de ella..". Los anteriores incisos constituyen supuestos en los que resulta necesaria la integración de la litis y adicionalmente, debe considerarse la necesaria integración si por la naturaleza de la relación jurídico material del proceso, la decisión debe realizarse con varias personas que deberán ser demandadas. Por lo que entonces corresponde verificar si lo anterior, resulta aplicable al presente caso.// (...) Para el análisis de este asunto, es necesario tomar en consideración los hechos y las pretensiones planteadas en el escrito de la demanda, los argumentos de las partes y de la prueba aportada en autos, advertido lo anterior se realizará el estudio respectivo. a) Respecto a los argumentos de integrar a la litis al Estado y al Instituto Costarricense de Turismo, considera esta Juzgadora que es necesaria su participación en la litis a efectos de dirimir el conflicto toda vez que no solamente se pretenda determinar la existencia de responsabilidad objetiva del ente municipal sino que la contención surge del eventual traslape entre lo concesionado (zona marítimo terrestre) y un bien particular, propiedad de (...). Al respecto debe puntualizarse que a pesar de que la parte actora no formula pretensiones en contra del Estado, ni del Instituto Costarricense de Turismo, ni tampoco la conducta objeto del proceso fue adoptada por éstos, ni se le exige conducta alguna de forma directa o indirecta, lo cierto del caso es que, en la especie, lo que se cuestiona es un eventual traslape de la zona marítimo terrestre con propiedad privada y se pretende la nulidad de la concesión número (...) otorgada por la Municipalidad de Garabito a favor del señor (...) , inscrita bajo la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas, (...). Así, es claro, que el objeto del proceso está directamente relacionado con el área de la zona marítimo terrestre y de acuerdo con el numeral 1 de la Ley No. 6043, "La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley." Lo anterior significa que, aunque las entidades municipales posean el usufructo y administren la zona marítimo terrestre (art. 3 ibíd.), aquella pertenece al Estado y en efecto, el artículo 4 de la misma Ley, dispone que "La Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier entidad o institución del Estado o de parte interesada, ejercerá el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas." Esta norma resulta de suyo relevante, ya que en el proceso se pretende la anulación de un derecho de concesión (pretensión No. 4 contra la Municipalidad de Garabito); asimismo el artículo 2 de la misma Ley establece: "Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre". Como se aprecia, en el tanto, que en la litis se pretenda la obtención, reconocimiento o anulación de derechos sobre áreas de la zona marítimo terrestre, resulta prudente y acorde al debido proceso, a efecto de evitar futuras nulidades, integrar al Estado y al Instituto Costarricense de Turismo al presente proceso. En consecuencia, se acoge la defensa previa de falta de integración de la litis pasivo necesaria y por ende, se ordena integrar al ESTADO y al INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO en condición de litisconsorte pasivo. Se previene a la parte accionante que en el plazo tres días hábiles, aporte una copia completa, física o digital, de este proceso con el objeto de notificar a los integrados." (destacado propio). Así las cosas, según los precedentes antes señalados, con esta figura se busca garantizar la participación y defensa en el proceso a todos los sujetos cuya esfera jurídica sustancial será afectada con la resolución definitiva del asunto, sea porque la pretensión deba ser planteada por un cúmulo de sujetos, titulares del interés subjetivo cuya tutela o reconocimiento se reclama (litis consorcio activo necesario) o, por cuanto aquélla debe indefectiblemente dirigirse en su contra (litis consorcio pasivo necesario).  Ahora bien, la regulación de la figura del litis consorcio activo necesario, se encuentra regulada en el numeral 22.1. del Código Procesal Civil vigente, aplicable a esta materia en virtud de lo dispuesto por el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), y, en lo que interesa dispone: "22.1 Litisconsorcio necesario.  Cuando por disposición de la ley o por la naturalea de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse con varias personas, estas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso (...)".  Resulta evidente entonces de los precedentes antes citados de este Tribunal, tal como se verá en detalle más adelante, que en el tanto se pretenda en la litis la obtención, reconocimiento, modificación o anulación de derechos sobre áreas que se indica forman parte del Patrimonio Natural del Estado, en el tanto se pretende declarar por medio de la presente causa que integran la franja fronteriza norte y áreas silvestres protegidas, resulta prudente y acorde al debido proceso, a efecto de evitar futuras nulidades, integrar a la litis al SINAC, en este caso en virtud de un litis consorcio activo necesario, según se verá a continuación.

 

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Para el análisis de este asunto, es necesario tomar en consideración los hechos y las pretensiones planteadas en el escrito de la demanda, los argumentos de las partes, así como la prueba aportada en autos, advertido lo anterior se realizará el estudio respectivo.  Este Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tomando en consideración la naturaleza jurídica de órgano con personalidad jurídica instrumental del SINAC, ha ordenado su integración en los siguientes términos: "ÚNICO: DEL LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL CASO CONCRETO: El litisconsorcio pasivo necesario, supone que para resolver el asunto deben estar presentes en el proceso todos aquellos sujetos a los que tal resolución puede afectar en sus intereses o derechos. En otras palabras, esta figura determina la imposibilidad de configurar válidamente un proceso y dictar una sentencia, sin contar con la presencia y la efectiva participación de todos y cada uno de los sujetos a los que la relación material involucra o cuya presencia se exija por ley, con el fin de que puedan ejercer su defensa. Habiéndose analizado tanto el escrito de interposición de medida cautelar como el de contestación del Estado, donde éste señala que resuelta necesario integrar como parte dentro de este proceso al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por ser un órgano con personalidad jurídica instrumental del Ministerio de Ambiente y Energía, se determina la necesidad de integrarlo como parte demandada, ello al tenor de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues la presente litis no puede resolverse válidamente sin su participación, por disposición legal. En consecuencia, se ordenar integrar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como litis consorte pasivo en el presente proceso. Así las cosas, previo a dar traslado de la solicitud de medida cautelar a dicho órgano y bajo el apercibimiento de no atender futuras gestiones, se le previene a la parte gestionante, en el plazo de tres días, aportar un juego completo de copias de todo lo actuado a la fecha." (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, N° 247-2016-T de las quince horas y dieciocho minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, destacado propio).  En este caso, ambas partes concuerdan con que el objeto del proceso está directamente relacionado con una declaratoria que se pide relacionada con un área ubicada descrita en los planos N° H-406207-97 y N° H-392378-97 que la representación estatal como parte actora señala como integrantes del Patrimonio Natural del Estado, por tratarse de franja fronteriza norte y a la vez áreas silvestres protegidas.  Ahora bien, en casos similares al presente en que se han formulado pretensiones similares a las que nos ocupa se ha ordenado integrar a la litis a la representación del SINAC, para lo cual puede verse, entre otros, el fallo de este Tribunal de las quince horas cuarenta minutos del primero de febrero de dos mil diecinueve (dictado en el expediente 16-000033-0387-AG) en que se dispuso también la integración del SINAC en los siguientes términos: "III. SOBRE EL CASO CONCRETO: Del análisis del caso concreto, se observa que la parte actora plantea un conflicto por el eventual traslape entre los inmuebles del partido de Guanacaste números: [Valor 001], [Valor 002] y [Valor 003] de su propiedad y los inmuebles [Valor 004] y [Valor 005] cuyos propietarios son en su orden, [Nombre 004] y [Nombre 005]. En este sentido, el Registro Público Inmobiliario en resolución de las catorce horas del del 8 de marzo de 2017, dictada en el expediente administrativo 2015-1598-RIM, señala que "...las fincas [Valor 006] y 038779 tienen su origen a partir de la apertura de los asientos, luego de las diligencias de información posesoria respectivas, situación que se dio el 01 de marzo del año 1977. Para esta fecha estaba ya vigente la Ley No. 2825 (del 14 de octubre de 1961) misma que señala como inalienables e imprescriptibles aquellos terrenos situado a los dos kilómetros más próximos de la Frontera con Nicaragua (...) el Decreto No.22962 MIRENEM, declara dicha zona como Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte (...)" -continúa indicado la resolución en el punto Seis- "En consecuencia, y de conformidad con los traslapes detectados por el Departamento Catastral Técnico, los cuales no solo abarcan terrenos pertenecientes a otros particulares, sino también terrenos que se encuentran dentro de la zona inalienable, -por ser fronteriza y zonas de protección del ambiente..." (imágenes 520 a 549 del expediente digital). Lo extraído hace referencia a que (sic) que las fincas objeto de litigio podrían encontrarse dentro de la Franja Fronteriza Norte y en este sentido, de conformidad con el Decreto No.22962 MIRENEM, esa zona fue declarada Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, al respecto el artículo 1 de dicho decreto dispone: "Declárase Refugio Nacional de Vida Silvestre al corredor fronterizo conformado por los terrenos comprendidos en una zona de 2 000 m de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua desde Punta Castilla en el Mar Caribe hasta Bahía Salinas en el Océano Pacífico, según se dispone en el Tratado Cañas-Jerez del 15 de abril de 1858". Ahora bien, de conformidad con los artículos 13 de la Ley Forestal y 22 de la Ley de Biodiversidad, corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la administración y defensa del patrimonio natural del Estado, de manera que considerando la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre al corredor fronterizo -que como ya se indicó- se encuentran los inmuebles objeto del presente litigio, es que esta Juzgadora puede concluir que una eventual sentencia estimatoria podría incidir de forma directa y inmediata en el patrimonio natural del Estado y requiere la necesaria intervención plena del órgano encargado, sea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por cuanto la relación jurídico sustancial involucra de manera directa las competencias de ese órgano. Por lo anterior y conforme con el artículo 22.1. del Código Procesal Civil y el 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo se ordena integrar en calidad de litisconsorte pasivo necesario al Sistema Nacional de Áreas de Conservación." (destacado propio).  En este caso, la pretensión primera de la representación estatal está relacionada con una eventual declaratoria relacionada con las fincas objeto de litigio y se pide declarar que son bienes de dominio público, donde rigen las potestades de autotela demanial, por tratarse de franja fronteriza norte y áreas silvestres protegidas, por lo que en el caso está en discusión si dichos bienes podrían encontrarse dentro de la Franja Fronteriza Norte y en este sentido, de conformidad con el Decreto No.22962 MIRENEM, esa zona fue declarada Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, de manera que una eventual sentencia estimatoria podría incidir en forma directa e inmediata en el patrimonio natural del Estado, por lo que se requiere la necesaria integración plena del órgano encargado, sea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  Restaría entonces determinar la calidad en que intervendría el SINAC, por cuanto, a diferencia del precedente antes citado, en este caso el Estado figura como parte actora y es quien pretende la declaratoria antes indicada en relación con la demanialidad de los bienes.  En un caso similar al precente, el Superior de la materia la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 000191-F-S1-2022 de las nueve horas cuatro minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, ordenó la integración del SINAC, incluso en sede de casación, y ante la ausencia del Estado y el SINAC en virtud de litis consorcio activo necesario, ordenó incluso el reenvío de la causa al Tribunal para que se procediera conforme a derecho corresponde, integrando al SINAC y al Estado a la litis consorcio activo necesario.   Lo anterior lo dispuso el Superior de la materia, en síntesis, en los siguientes términos: "(...) hay un aspecto subyacente que resulta primordial, —por ello no puede dejarse de lado al momento de resolver la controversia—, a saber, está de por medio un bien de dominio público, que atañe a la protección del medio ambiente (norma 50 de la Constitución Política), y perteneciente al patrimonio natural del Estado (PNE), por lo cual concierne al interés público. Por otro lado, el propio Tribunal transcribió parte de un fallo de la Sala Constitucional, donde se dispuso la “…legislación nacional desarrolla tal compromiso en algunas leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, ley Nº 7554 de 28 de setiembre de 1995, la cual en el artículo 32, incluyó a los Humedales en las distintas categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas, que están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) -con la colaboración de las municipalidades- y los declara de interés público, así como a su conservación. Sobre la “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de aves acuáticas, o Convención de Ramsar”. Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable -y de exigibilidad judicial directa-. Por ende, decidió, resultaba inconstitucional exigir la declaratoria de un humedal y su zona de influencia como áreas protegidas, se tuviera que hacer mediante Decreto Ejecutivo, debiendo tan solo seguir los requisitos definidos en la Ley Orgánica del Ambiente, para lo cual el Estado se encuentra posibilitado de expropiar o cancelar los terrenos privados. Aunque enfatizó, ello no conllevaba descartar la existencia y protección de los ecosistemas del humedal, únicamente por no haberse declarado área silvestre protegida o encontrarse en propiedad privada. El Tribunal constitucional, recalcó en el plano internacional la Convención Ramsar, fue ratificada por la Asamblea Legislativa en la Ley no. 7224 del 9 de abril de 1991, la cual dispone en su artículo primero la importancia internacional de los humedales y su protección. Agregó: “IV.- Sobre los humedales y su importancia ambiental, cultural y económica. Esta Sala se ha referido a la relevancia de estos ecosistemas y su protección, en las sentencias 2001-12817 de las 10:28 horas del 14 de diciembre del 2001 y 2007-6246 de las 19:30 horas del 8 de mayo del 2007, entre otras, señalando que los humedales son considerados de los ecosistemas más productivos del mundo. En la Convención de Ramsar, suscrita el 2 de febrero de 1971, el humedal es definido como: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 40, los ha definido como: “Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. La importancia de los humedales no lo es sólo en función de la biodiversidad y de las que se desarrollan a escala ecológica, sino porque proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades humanas en el mundo en desarrollo e industrializado… Además, presentan atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad… la Ley Orgánica del Ambiente, ley Nº 7554 de 28 de setiembre de 1995… en el artículo 32, incluyó a los Humedales en las distintas categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas, que están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) -con la colaboración de las municipalidades- y los declara de interés público, así como a su conservación”. En este punto, es menester referir a lo expresado por este Órgano decisor en cuanto a que la legitimación constituye un presupuesto de toda relación procesal, -de fondo-, necesario para la procedencia de la pretensión material, es decir, será parte legítima quien alega tener una determinada relación jurídica con la petitoria debatida. De ahí, es la aptitud para ser parte en un proceso concreto, puede ser activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que para tal efecto establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así, la legitimación ad causam activa, de interés en la especie, es la capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se encuentre el sujeto, respecto a la pretensión procesal formulada y concierne a la persona que de acuerdo con la ley puede formular las pretensiones de la demanda. En síntesis, es la identidad necesaria que debe darse entre el demandante y el derecho que pretenda en juicio. Se trata por ende de una legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito. Así, le corresponde al actor y a las personas que con posterioridad intervengan para defender su causa. Su ausencia constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percata de la falta de esta, así debe declararlo aún de oficio y dictar una sentencia inhibitoria. Sobre este particular, en el proceso, en lo que interesa, la Municipalidad de Belén solicitó la integración de la litis con el Estado. En resolución no. 938-2013 de 15 horas 30 minutos del 13 de mayo de 2013, el Juez tramitador rechazó dicho pedido, en su lugar ordenó notificar a la Procuraduría General de la República como tercer interesado, quien participó como tal. Como se expresó, en el objeto del proceso subyace un aspecto fundamental como lo es la protección de un humedal, —parte integrante del patrimonio natural del Estado— y bien de dominio público. Por consiguiente, es claro, el Tribunal omitió en su examen que está de por medio la protección de un humedal, —el cual cuenta con la correspondiente declaratoria según se expuso supra—, conformante del patrimonio natural del Estado y que es un bien del demanio público, cuya administración es competencia del MINAE mediante el SINAC (sentencias de esta Sala números 1239 de 11 horas 50 minutos del 31 de marzo de 2020 y 19776-2014 de 10 horas 30 minutos del 3 de diciembre de 2014). Así, esta Cámara estima, el Estado y el SINAC debieron haber sido integrados a la litis, a fin de completar el litis consorcio activo por estar incompleto. Ello de conformidad con lo preceptuado en el cardinal 106 del Código Procesal Civil derogado, el cual debe actuarse en la especie debido a la remisión realizada por el canon 220 del CPCA y por ser el vigente al momento de iniciarse el presente caso; dado que obliga a la integración de la litis sea por disposición legal o por la naturaleza de la relación jurídica material, —como en la especie—, pues lo que se resuelva incumbe a tales intervinientes, quienes por la naturaleza del bien (humedal, conformante del PNE) deben intervenir como coactores. Ha de agregarse, solo de esta forma se logrará resolver la controversia, pues, según se indicó, es al SINAC a quien le corresponde fijar la extensión del humedal, al igual que el retiro respecto a obras urbanísticas o de cualquier especie que puedan influir negativamente en el ecosistema protegido. //  IV.- En estas circunstancias, lo pertinente será de oficio ordenar integrar la litis trayendo al proceso al Estado y al SINAC como codemandantes, pues ambas entidades tienen una clara responsabilidad ex legge en el manejo y control de las áreas parte del PNE. Por ende, su participación es indispensable, ya que forman parte de las relaciones jurídicas sobre las cuales ha de pronunciarse el fallo. De ahí, se anulará la sentencia dictada en el presente proceso y se reenviará el expediente al Tribunal para que proceda conforme a derecho corresponde, integrando al Estado y al SINAC al litis consorcio activo necesario. // (...)  //  POR TANTO // Se anula la resolución recurrida. Reenvíese al Tribunal para que proceda conforme a derecho corresponda, integrando al SINAC y al Estado a la litis consorcio activo necesario. Por mayoría, se conserva la prueba evacuada que resulte útil y necesaria para la resolución de la controversia. Salvan el voto las magistrados Rivas Loáiciga y López Casal." (destacado propio).  En el caso concreto, los razonamientos antes indicados realizados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resultan aplicables al caso que nos ocupa, por lo que estima este juzgador que el SINAC debe ser integrado a la litis, a fin de completar el litis consorcio activo por estar incompleto; lo anterior, por cuanto lo que se resuelva en este caso incumbe a tales intervinientes (Estado - SINAC), quienes por la naturaleza del bien (que se pretende comprenden humedal y zonas conformantes del PNE) deben intervenir como coactores.  Nótese que incluso la demanda formulada por la representación estatal indica que en la zona se localizan "humedales" al igual que en el precedente de Sala Primera antes citado al señalar la representación estatal en su demanda lo siguiente: "Según el oficio SINAC-ATCTO-DIR-137-2021 (que se ofrece como prueba), dentro de los terenos descritos en el plano H-392378-97 se localizan humedales registrados en el inventario FID 2321, denominado San Luis 2, con 257,2 hectáreas de tipo Palustre Pantano Herbáceo y el FID 2318, denominado Palustre San Luis 3, con 3,627.1 hectáreas de tipo Palustre Pantano de cativo y yolillo. (...) Los humedales están protegidos en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica del Abmiente artículos 32 f), art. 40, 41, y 45.  Este último prohíbe las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de las aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas (...)" (ver imágenes 12 y 13 del expediente digital, páginas 11 y 12 de la demanda formulada por el Estado).  Así las cosas, debe procederse conforme en derecho corresponde, integrando al SINAC a la litis consorcio activo necesario.  Finalmente, según el recuento antes señalado, en atención a la audiencia conferida mediante la resolución de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, visible a imagen 191 del expediente digital, la representación de la parte codemandada [Nombre 001], indicó estar conforme con integrar la litis consorcio pasiva con el SINAC (ver imagen 195 del expediente digital); en este caso particular, tal como ha quedado antes señalado, la integración de la litis consorcio necesaria se configura como litis consorcio activo necesario sin que la parte citada indique motivo alguno para considerar una posición distinta a la señalada por el Superior Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que, ante la ausencia de argumento en contrario debe aplicarse lo resuelto por la Sala Primera en los términos antes indicados.  Por otro lado, la representación de la otra parte codemandada (Sucesión de [Nombre 002], ver imágenes 196 a 200 del expediente digital) se opuso a la integración del SINAC a la litis indicando, en síntesis, que desde que se contestó la demanda se adjuntaron sentencias dictadas en el expediente 02-160268-0507-CI donde indica se puede constatar que el inmueble pertenece a la sucesión, por lo que se opone a la integración de la litis por las razones expuestas.  Con respecto a tales argumentos de oposición, se trata de afirmaciones que no son propias del tema que nos ocupa referente a la integración de la litis consorcio, sino mas bien referidos precisamente al fondo del asunto, para cuya resolución defintiva resulta necesario primero conformar la litis en forma completa; en este caso, integrando a la representación del SINAC.  Al SINAC como nuevo sujeto procesal se les debe conceder todas las garantías y derechos que la ley les confiere, según el tipo y materia del proceso de que se trate, lo cual incluye, lógicamente, el derecho a ventilar su posición respecto de las afirmaciones realizadas por la parte antes referida sobre el alcance y extensión de los fallos judiciales que cita, así como también sobre la titularidad del dominio de los bienes en cuestión en el presente caso, el derecho de ofrecer y aportar pruebas, el derecho de participar activamente en la evacuación o práctica de las pruebas (lo cual incluye el derecho de formular preguntas y oponerse a preguntas de los otros sujetos procesales e interponer recursos contra las decisiones tomadas en la fase de evacuación de las pruebas) y el derecho de impugnar las resoluciones judiciales que se dicten con respecto al tema en cuestión.  Así las cosas, al tratarse de argumentos relativos al fondo del asunto  y no propiamente a la integración del SINAC como parte procesal a la litis, se rechazan dichos argumentos de oposición, y mas bien dichas afirmaciones son aspectos que deberán ser dilucidados una vez integrada correctamente la litis en este caso con todas las partes involucradas.  Finalmente, la representación estatal actora se refirió respecto de la audiencia formulada respecto de este tema en escrito visible a imágenes 204 a 206 del expediente digital, en que, en síntesis, se opone a las manifestaciones realizadas por la sucesión respecto la demanda señalada por dicha parte en su gestión, e indica que resulta necesario la integración del SINAC con fundamento en lo siguiente: "(...) Consideramos pertinente y necesario integrar la litis con el Sistema Nacional de Areas de Conservación, con fundamento en que corresponde a ese Sistema la Administración de la franja fronteriza norte, así como lo correspondiente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Como hemos indicado, los terrenos en litigio, por su naturaleza, constituyen bienes demaniales que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado, cuya competencia recae en el SINAC. Por lo anterior y a fin de evitar futuras nulidades es procedente la integración de la litis con este órgano." (ver imagen 204 del expediente digital).  Al ser la posición de la representación estatal favorable a la integración del SINAC que aquí se ordena, no resulta necesario referirse en forma adicional a sus argumentos antes indicados.  Así las cosas, en el tanto en esta litis se pretende el reconocimiento, declaración, modificación o anulación de derechos relacionados con áreas que se indica integran el Patrimonio Natural del Estado, resulta no solo prudente sino también necesario, para cumplir con el debido proceso y evitar eventuales nulidades en la tramitación, integrar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  en condición de litisconsorte activo necesario. 

 

POR TANTO

Se declara la existencia de una falta de integración de la litis consorcio activa necesaria, apreciada de oficio, dentro de la presente causa promovida por el ESTADO en contra de [Nombre 001] Y SUCESION DE [Nombre 002]; se ordena integrar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  en condición de litisconsorte activo necesario.  Contra lo resuelto proceden las acciones prescritas por el CPCA.- NOTIFÍQUESE. Dr. José Alvaro López Camacho. Juez. JLOPEZCAM

 

 




- Código Verificador -
???????????????
QKCNLNO2N4G61



 

Documento firmado por:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 21-002474-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:09:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

**EXPEDIENTE:**

21-002474-1027-CA - 1

**PROCESS:**

DECLARATORY JUDGMENT

**PLAINTIFF:**

THE STATE

**DEFENDANT:**

[Nombre 001]

**RULING N° 2023004470**

**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA,** at ten hours and two minutes on the eighteenth of October, two thousand twenty-three.-

Integration of a necessary active joinder of parties (litisconsorcio activo necesario), appreciated ex officio, is hereby resolved, within the declaratory judgment process established by the STATE against [Nombre 001] AND THE ESTATE OF [Nombre 002].-

**WHEREAS**

1.- By initial complaint filed on May 7, 2021, the plaintiff appears before this Court seeking a judgment declaring: "(...) 1. Declare that the unregistered lands described in cadastral plans No. H-406207-97 and No. H-392378-97 are public domain property (bienes de dominio público) and form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), where the powers of administrative public-domain self-protection (autotutela demanial administrativa) shall apply because they constitute a northern border strip (franja fronteriza norte) and simultaneously protected wild areas (áreas silvestres protegidas). // 2) By virtue of the declaration requested in the first prayer for relief, order the cancellation of plans H-406207-97 and No. H-392378-97 in the National Cadastre. // 3) That because they are public domain, the lands indicated in the first prayer for relief cannot be acquired by private individuals by any title, whether inter vivos or mortis causa. // 4) That Mr. [Nombre 001] be ordered to pay for the environmental damages caused on the lands subject to this litigation. // 5) In case of opposition, both costs and their interest shall be imposed on the defendant." (see images 14 and 15 of the digital case file); likewise, by a writing dated October 8, 2021, visible at image 27 of the digital case file, the State expands prayer for relief number 4 to read as follows: "4) That Mr. [Nombre 001] be ordered to pay for the environmental damages caused on the lands subject to this litigation and as established in report SINAC-ACTo-DRFVS-O-146-2021 of August 26, 2021.".

2.- By resolution at ten hours and eighteen minutes on August 17, two thousand twenty-one, the declaratory judgment process by the STATE against [Nombre 001] AND THE ESTATE OF [Nombre 002] is deemed established (see image 21 of the digital case file), and a period is granted to the defendants for their answer; likewise, by resolution at ten hours and twenty-one minutes on January 13, two thousand twenty-two, the process is deemed expanded, and a period is granted to the defendant parties to answer said expansion (see image 150 of the digital case file).

3.- By resolution at eleven hours and forty-five minutes on October 27, two thousand twenty-two, visible at image 191 of the digital case file, a hearing is granted to the parties for a period of three business days regarding a possible integration of the National System of Conservation Areas (SINAC) into the litigation (necessary active joinder of parties), based on the provisions of ruling 191-F-S1-2022 from the First Chamber of the Supreme Court of Justice.

4.- In response to the hearing granted by the resolution indicated in the preceding point, the representation of the co-defendant [Nombre 001] indicated agreement with integrating the passive joinder of parties with SINAC (see image 195 of the digital case file); on the other hand, the representation of the other co-defendant (Estate of [Nombre 002], see images 196 to 200 of the digital case file) opposed the integration of SINAC into the litigation, indicating, in summary, that since the complaint was answered, judgments issued in case file 02-160268-0507-CI were attached, where it indicates it can be verified that the property belongs to the estate, and therefore opposes the integration of the litigation for the reasons stated. Finally, the state representation as plaintiff in this process addressed the hearing granted in a writing visible at images 204 to 206 of the digital case file, in which, in summary, it opposes the statements made by the estate regarding the judicial claim indicated by that party, and indicates the following regarding the integration of the litigation: "(...) We consider it pertinent and necessary to integrate the litigation with the Sistema Nacional de Areas de Conservación, based on the fact that the Administration of the northern border strip, as well as matters corresponding to the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, are the responsibility of that System. As we have indicated, the lands in litigation, by their nature, constitute public domain property (bienes demaniales) belonging to the Patrimonio Natural del Estado, whose competence falls to SINAC. Due to the foregoing, and in order to avoid future nullities, the integration of the litigation with this body is appropriate." (see image 204 of the digital case file).

5.- The required procedural formalities have been observed, and no grounds for nullity are noted.-

**WHEREAS**

I.- REGARDING THE PARTIES' ARGUMENTS. According to the account referenced above, in response to the hearing granted by resolution at eleven hours and forty-five minutes on October 27, two thousand twenty-two, visible at image 191 of the digital case file, the representation of the co-defendant [Nombre 001] indicated agreement with integrating the passive joinder of parties with SINAC (see image 195 of the digital case file); on the other hand, the representation of the other co-defendant (Estate of [Nombre 002], see images 196 to 200 of the digital case file) opposed the integration of SINAC into the litigation, indicating, in summary, that since the complaint was answered, judgments issued in case file 02-160268-0507-CI were attached, where it indicates it can be verified that the property belongs to the estate, and therefore opposes the integration of the litigation for the reasons stated. Finally, the plaintiff state representation addressed the hearing granted in a writing visible at images 204 to 206 of the digital case file, in which, in summary, it opposes the statements made by the estate regarding the claim indicated by that party, and indicates the following regarding the integration: "(...) We consider it pertinent and necessary to integrate the litigation with the Sistema Nacional de Areas de Conservación, based on the fact that the Administration of the northern border strip, as well as matters corresponding to the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, are the responsibility of that System. As we have indicated, the lands in litigation, by their nature, constitute public domain property (bienes demaniales) belonging to the Patrimonio Natural del Estado, whose competence falls to SINAC. Due to the foregoing, and in order to avoid future nullities, the integration of the litigation with this body is appropriate." (see image 204 of the digital case file).-

II. REGARDING THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: Regarding this process, the so-called "theory of the case" of the state representation is that the properties indicated in the prayer for relief of its complaint form an integral part of the Patrimonio Natural del Estado (PNE) where the powers of public-domain self-protection (autotela demanial) apply, because they constitute a northern border strip and, simultaneously, protected wild areas (áreas silvestres protegidas) that even include "wetland" (humedal) zones (see the section referring to the prayer for relief of the process, as well as section 5 of the complaint regarding "environmental damages"). Now, regarding the regime of the Patrimonio Natural del Estado that forms part of the State's representation's "theory of the case," this Court has indicated, to cite only one precedent, in ruling No. 50-2022-IX at eight hours and twenty-five minutes on November 10, two thousand twenty-two, the following of interest: "(...) IN GENERAL REGARDING THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: It is worth recalling that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was recognized and protected as such in our country, even before the reform of Article 50 of the Political Constitution, by Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969 - repealed by Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996 - which not only contained '...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, utilization, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, according to the principle of rational use of renewable natural resources...' (Article 1), but also the concepts of Forest (Article 6) and State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) (Article 32 first paragraph). Regarding the State Forest Heritage, Ley Forestal No. 4465 established its characteristics (Article 33); the competent bodies to administer and supervise the State Forest Heritage, which according to that law were the Dirección General Forestal and the Ministerio de Ambiente y Energía (Article 32 second paragraph); the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the State Forest Heritage, among which stand out: the actions to recover possession (acciones reivindicatorias) of those properties (Article 33); the constitution within the Patrimonio Natural del Estado of forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), national parks (parques nacionales), national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre), and biological reserves (reservas biológicas) (Articles 35 to 37); the demarcation (deslinde) of the lands in the areas that form the State Forest Heritage (Article 38). For its part, in the Ley Forestal number 7575 of February 5, 1996, which currently governs us, that concept is retaken but with a variation in the name, as it is now called Patrimonio Natural del Estado, which is a broader term that encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (Article 3, subsection c, of the Ley Forestal). The Patrimonio Natural del Estado is of public domain (dominio público), which is why the lands and forests included in it are unseizable, imprescriptible, and inalienable; meanwhile, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio de Ambiente y Energía, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Articles 6.a, second paragraph of 13, and 14 of the Ley Forestal, second paragraph of 32 of the Ley Orgánica del Ambiente). Moreover, it is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category and which have been declared by Law or by Executive Decree (Decreto Ejecutivo), namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands (humedales), and natural monuments (Ley Forestal 7575, Articles 1, paragraphs 2, 3 subsection i; Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad No. 7788, Articles 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, Article 3 subsections d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE No. 7152 and its Regulation; Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, numeral 82, subsection a); and 2) The other forests and forest lands of the inalienable areas, of the properties registered in its name, and of those belonging to the municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation (ordinal 13 first paragraph of the Ley Forestal) / [in this regard, see judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, at 14:53 on November 12, 2008]. On this matter, furthermore, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated that: '(…) Pursuant to numeral 13 of the Ley Forestal "The patrimonio natural del Estado shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets..." Thus, there are three possibilities provided by the norm regarding the assets that form said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. Thus, the criterion expressed by the IDA, that the property subject to this process cannot be considered part of the patrimonio natural del Estado because it is not located within a national reserve, a protected wild area, a forest or biological reserve, arises from an improper interpretation of the cited ordinal. In this sense, mandate 13 ibidem is clear in determining that a property covered in forest, and belonging to the State, a municipality, an autonomous institution, or another body of the Public Administration, forms part of the patrimonio natural del Estado, without the Legislator requiring that the property must form part of any of the indicated protection categories.' (In this regard, see judgments numbers 1070 at 9:45 on September 3, 2010, and 1088 at 8:55 on August 8, 2011). Now, another aspect of vital importance to indicate is that the Patrimonio Natural del Estado does not require an express declaration given that, pursuant to the provisions of Articles 13 and 14 of the Ley Forestal, as well as what was resolved by the Constitutional Chamber in its judgments 1992-03789 and 1997-04587, forested zones (zonas boscosas), lands with forest aptitude, mangroves (manglares) and wetlands (humedales) included within the inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. In this sense, it is evident that the State - in the broad sense of the term - has the legal and constitutional duty to guarantee, defend, and protect forested zones, lands with forest aptitude, mangroves, wetlands, among others, included in the inalienable areas, and must take the necessary measures for their effective protection and conservation.' (emphasis added). On the other hand, regarding the legal nature of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), this Court has indicated, in various rulings, that it is a body with instrumental legal personality (personalidad jurídica instrumental) (see, among others, ruling No. 62-2022 at thirteen hours and forty minutes on January 17, two thousand twenty-two, as well as ruling No. 247-2016-T at fifteen hours and eighteen minutes on February 4, two thousand sixteen, among many others).

III.- REGARDING THE NECESSARY JOINDER OF PARTIES (LITIS CONSORCIO NECESARIO). Article 71 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) establishes that the necessary joinder of parties (litis consorcio necesario) shall be integrated ex officio or upon party request, until before the judgment is issued. An essential aspect within a jurisdictional process is the determination of the subjects who must intervene within it, which is determined based on the underlying legal-administrative relationship in the litigation filed, this so that the Jurisdictional Body can make a ruling on the merits that produces its effects among the corresponding subjects, as it is not possible to render a final judgment by fractioning the material legal relationships or qualifying them only in relation to some of their subjects, because the decision must encompass and bind all subjects who are part of that relationship. Regarding the necessary integration of the passive joinder of parties (litis consorcio pasivo), this Court has indicated, among others, in ruling No. 1012-2021-T at ten hours and fifty-five minutes on July 30, two thousand twenty-one, the following: 'The First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Contentious-Administrative Court of Cassation, has addressed the issue on several occasions, establishing that this figure implies the existence of material legal relationships regarding which it is not possible to pronounce by fractionating them or qualifying them only in relation to some of their subjects, because the decision encompasses and binds everyone. The presence of all subjects is indispensable for the procedural relationship to be complete and for it to be possible to decide on the merits in the judgment (Resolution number 156-F-TC-2008, at 8:45 on November 7, citing resolutions numbers 824-2000 at 16 hours 05 minutes on November 1, 2000, and 482-2005 at 10 hours 30 minutes on July 7, 2005). The Chamber has also indicated that this figure seeks to guarantee participation and defense in the process for all subjects whose substantial legal sphere will be affected by the final resolution of the matter, either because the claim must be filed by a group of subjects, holders of the subjective interest whose protection or recognition is claimed (necessary active joinder of parties (litis consorcio activo necesario)) or because it must unavoidably be directed against them (necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario)). Regarding the necessary passive joinder of parties, the First Chamber has also indicated that this institution seeks to guarantee the correct formation of the procedural contradictory, since the substantial relationship being indivisible, it is indispensable regarding the defendant party that all subjects who must contradict the deduced claim concur in the process. From this derives the importance of the joinder of parties being properly integrated, since, otherwise, the merits of the matter cannot be known, and the judgment cannot pronounce on the substantial legal situation debated in the process, because it cannot affect or harm someone who has not been a party with the necessary fulfillment of due process (Resolution No. 156-F-TC-2008, at 8:45 on November 7, citing resolutions numbers 29-F-TC-2008 at 14:15 on May 8, 2008, 30-F-TC-2008 at 14:20 on May 8, 2008, and No. 63-A-TC-2008 at 9:45 on June 11, 2008). In other words, integration will be necessary when the legal relationship involves a party who is not present in the process.- In this case, the procedural assumptions must be evaluated to determine a possible integration of the litigation, on one hand, that it responds to a legal mandate, whose concurrence of all parties is foreseen by the legal system itself.- And on the other hand, that the claims are directed at other subjects and/or that the underlying legal relationships imply that for the issuance of the judgment, it is necessary to integrate them in safeguarding due process and the right of defense, and to avoid defencelessness (indefensiones) that could generate possible nullities of the proceedings.-' (emphasis added). Thus, it is essential regarding the defendant party that all subjects who must contradict the deduced claim concur in the process, because, otherwise, the merits of the matter cannot be known, and the judgment cannot pronounce on the substantial legal situation debated in the process, because it cannot affect or harm someone who has not been a party with the necessary fulfillment of due process. [Along this line of thought are judgments number 29-F-TC-2008, at fourteen hours and fifteen minutes on May eighth; number 30-F-TC-2008, at fourteen hours and twenty minutes on May eighth; 63-A-TC-2008, at nine forty-five on June eleventh, and number 156-F-TC-2008, at eight hours forty-five on November seventh, all issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the year two thousand eight]. Likewise, in cases similar to the one before us in this case file, the Contentious-Administrative Court, through resolution No. 349-2021 at fifteen hours zero minutes on March sixteen, two thousand twenty-one, has indicated the following regarding the figure of interest to us: 'The First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Contentious-Administrative Court of Cassation, through its jurisprudence, has indicated that the figure of the joinder of parties, in any of its modalities, whether active or passive, constitutes a guarantee of participation and defense for all subjects whose sphere of rights may be affected by the final resolution of a specific case. It is, therefore, a way of guaranteeing the contradictory, so as to ensure the concurrence of all those subjects who must contradict the claim, because its acceptance, in one way or another, may result in harm to their rights or legitimate interests. (In this regard, see votes 824-2000 of November 1, 2000; 9-F-TC-2008 of May 8, 2008; 30-F-TC-2008 of May 8, 2008; 63-A-TC-2008 of June 11, 2008, all cited in resolution 185-2009 of August 27, 2009, of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of Cassation). In the same vein, the Court of Appeals of the Contentious-Administrative, in what is applicable to the specific case, has held: "To this effect, it must be reasoned that it is therefore necessary for the person to be present in a judicial process whose resolution directly affects them; above all due to a principle of effectiveness of the resolution issued; because a person cannot be affected by the decision if they have not had the opportunity to be a party and argue the points they deem pertinent in defense of their legal situation. The contrary would produce a state of procedural defencelessness that would produce the nullity of what has been done, and would also make it impossible to execute a potential judgment contrary to the position that the representation of that entity might have." (See vote 638 of November 30, 2010). Thus, Article 71 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that the necessary joinder of parties shall be integrated ex officio or upon party request, until before the judgment is issued. And regarding the subjects who must be summoned to trial in the contentious-administrative process, Article 12 of said legal body states: "ARTICLE 12.- The following shall be considered the defendant party: 1) The Public Administration that authored the administrative conduct (conducta administrativa) object of the process, except when it concerns the Executive, Legislative, and Judicial Branches and the Supreme Tribunal of Elections; in this case, the State shall be sued. 2) Administrative bodies with instrumental legal personality (personalidad jurídica instrumental), insofar as they are the authors of the administrative conduct object of the process, jointly with the State or the entity to which they are attached. 3) Physical or legal persons who have derived rights and legitimate interests from the administrative conduct object of the process. 4) Any other person who has been called to the process as responsible, in their functional or personal capacity. 5) The Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República): a) Jointly with the State, when the process's object is the administrative conduct thereof, related to the exercise of its constitutional and legal competence. b) Jointly with the audited entity, when the process's object is administrative conduct subject to its control, in the exercise of its powers of oversight or superior tutelage of the Public Treasury (Hacienda Pública). 6) When an entity issues an act or provision that, for its effectiveness, requires prior control, authorization, approval, or acknowledgment by a State body or another administrative entity, the following shall be considered the defendant party: a) The State or the entity that issued the audited act or provision, if the result of the audit has been approving. b) The entity that has exercised the audit, if it has not approved the act or provision. 7) When an entity issues an act or provision, which by virtue of a non-hierarchical administrative appeal (recurso administrativo no jerárquico) - optional or mandatory - must be reviewed by a State body or another administrative entity, the following shall be considered the defendant party: a) The State or the entity that issued the act, when it has been confirmed. b) The entity that, hearing the appeal, annuls, revokes, or reforms the questioned conduct. 8) If the plaintiff bases their claims on the illegality of a general provision, the Administration that authored it shall also be considered a defendant party, even though the challenged action does not originate from them."

The foregoing subparagraphs constitute scenarios in which joinder of parties is necessary, and additionally, necessary joinder must be considered if, due to the nature of the substantive legal relationship of the proceeding, the decision must be rendered with respect to several persons who must be sued. It is therefore appropriate to verify whether the foregoing is applicable to the present case.// (...) To analyze this matter, it is necessary to take into consideration the facts and the claims set forth in the complaint, the arguments of the parties, and the evidence provided in the record; having noted the foregoing, the respective study will be carried out. a) Regarding the arguments to join the State and the Instituto Costarricense de Turismo to the proceedings, this Judge considers that their participation in the proceedings is necessary for the purpose of resolving the dispute, given that it is not only sought to determine the existence of strict liability of the municipal entity, but rather the contention arises from the potential overlap between the concession (zona marítimo terrestre, ZMT) and a private property, owned by (...). In this regard, it must be pointed out that even though the plaintiff does not assert claims against the State or the Instituto Costarricense de Turismo, nor was the conduct at issue in the proceeding adopted by them, nor are they required to perform any conduct directly or indirectly, the fact of the matter is that, in this case, what is being challenged is a potential overlap of the zona marítimo terrestre with private property, and the nullity of concession number (...) granted by the Municipality of Garabito in favor of Mr. (...) is sought, registered under the real estate folio number of the Puntarenas Registry, (...). Thus, it is clear that the subject matter of the proceeding is directly related to the area of the zona marítimo terrestre, and pursuant to section 1 of Law No. 6043, "The zona marítimo terrestre constitutes part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is the obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law." The foregoing means that, even though municipal entities possess the usufruct and administer the zona marítimo terrestre (Art. 3 ibid.), it belongs to the State, and in effect, Article 4 of the same Law provides that "The Procuraduría General de la República, on its own initiative or at the request of any entity or institution of the State or any interested party, shall exercise legal control for the due compliance with the provisions of this law. Consequently, it shall take the pertinent actions regarding any actions that violate or tend to infringe these provisions or related laws, or that seek to obtain rights or recognition thereof contrary to those norms, or to annul concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in contravention thereof." This rule is particularly relevant, since the proceeding seeks the annulment of a concession right (Claim No. 4 against the Municipality of Garabito); likewise, Article 2 of the same Law establishes: "The Instituto Costarricense de Turismo, on behalf of the State, is responsible for the superior and general oversight of everything related to the zona marítimo terrestre." As can be seen, insofar as the proceedings seek the obtaining, recognition, or annulment of rights over areas of the zona marítimo terrestre, it is prudent and consistent with due process, in order to avoid future nullities, to join the State and the Instituto Costarricense de Turismo to the present proceeding. Consequently, the preliminary defense of failure to join a necessary passive party is upheld, and it is therefore ordered that the STATE and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO be joined as passive co-parties. The plaintiff is warned that within three business days, they must provide a complete copy, physical or digital, of this proceeding for the purpose of notifying the joined parties." (emphasis added). Thus, according to the precedents cited above, this figure seeks to guarantee participation and defense in the proceeding for all subjects whose substantial legal sphere will be affected by the final resolution of the matter, either because the claim must be brought by a group of subjects, holders of the subjective interest whose protection or recognition is sought (necessary active joinder) or because it must inevitably be directed against them (necessary passive joinder). Now then, the regulation of the figure of necessary active joinder is regulated in section 22.1. of the current Civil Procedure Code, applicable to this matter by virtue of the provisions of Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), and, relevantly, provides: "22.1 Necessary joinder. When by provision of law or by the nature of the substantive legal relationship, the decision must be rendered with respect to several persons, they must sue or be sued in the same proceeding (...)." It is therefore evident from the precedents previously cited by this Court, as will be seen in detail below, that insofar as the proceedings seek the obtaining, recognition, modification, or annulment of rights over areas indicated as forming part of the Natural Patrimony of the State, insofar as it is sought to declare through this cause that they form part of the northern border strip and protected wilderness areas, it is prudent and consistent with due process, in order to avoid future nullities, to join SINAC to the proceedings, in this case by virtue of a necessary active joinder, as will be seen below.

 

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: To analyze this matter, it is necessary to take into consideration the facts and the claims set forth in the complaint, the arguments of the parties, as well as the evidence provided in the record; having noted the foregoing, the respective study will be carried out. This Administrative and Civil Treasury Court, taking into consideration the legal nature of an organ with instrumental legal personality of SINAC, has ordered its joinder in the following terms: "SOLE: REGARDING NECESSARY PASSIVE JOINDER IN THE SPECIFIC CASE: Necessary passive joinder presupposes that, in order to resolve the matter, all those subjects whose interests or rights may be affected by such resolution must be present in the proceeding. In other words, this figure determines the impossibility of validly configuring a proceeding and rendering a judgment without the presence and effective participation of each and every subject involved in the substantive relationship or whose presence is required by law, so that they can exercise their defense. Having analyzed both the application for a precautionary measure and the State's response, in which the State indicates that it was necessary to join the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) as a party within this proceeding, as it is an organ with instrumental legal personality of the Ministry of Environment and Energy, the need to join it as a defendant is determined, in accordance with subsection 2) of Article 12 of the Contentious-Administrative Procedure Code, as the present proceedings cannot be validly resolved without its participation, by legal provision. Consequently, it is ordered that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be joined as a passive co-party in the present proceeding. Thus, prior to transferring the application for a precautionary measure to said organ, and under warning of not entertaining future requests, the applicant is warned, within a period of three days, to provide a complete set of copies of all actions taken to date." (Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, No. 247-2016-T of fifteen hours and eighteen minutes on February fourth, two thousand sixteen, emphasis added). In this case, both parties agree that the subject matter of the proceeding is directly related to a declaration sought concerning an area located and described in plans No. H-406207-97 and No. H-392378-97, which the State representation, as plaintiff, indicates form part of the Natural Patrimony of the State, as they are a northern border strip and, at the same time, protected wilderness areas. Now then, in cases similar to the present one, in which claims similar to those at hand have been formulated, the joinder of the SINAC representation has been ordered; for this, one may consult, among others, the ruling of this Court of fifteen hours forty minutes on February first, two thousand nineteen (issued in case file 16-000033-0387-AG), in which the joinder of SINAC was also ordered in the following terms: "III. REGARDING THE SPECIFIC CASE: From the analysis of the specific case, it is observed that the plaintiff raises a conflict due to the potential overlap between the properties of the Guanacaste registry numbers: [Value 001], [Value 002], and [Value 003], owned by them, and properties [Value 004] and [Value 005], whose owners are, respectively, [Name 004] and [Name 005]. In this regard, the National Real Estate Registry, in a resolution issued at fourteen hundred hours on March 8, 2017, in administrative file 2015-1598-RIM, states that '...properties [Value 006] and 038779 originate from the opening of registry entries, following the respective possessory information proceedings, a situation that occurred on March 1, 1977. By this date, Law No. 2825 (of October 14, 1961) was already in effect, which designates as inalienable and imprescriptible those lands located within the two kilometers closest to the Border with Nicaragua (...) Decree No. 22962 MIRENEM declares said zone as the Corredor Fronterizo Norte National Wildlife Refuge (...)' —the resolution continues to state in Point Six— 'Consequently, and in accordance with the overlaps detected by the Technical Cadastral Department, which not only encompass lands belonging to other private parties, but also lands located within the inalienable zone, —as it is a border zone and environmental protection zones...' (images 520 to 549 of the digital file). The excerpt refers to the fact (sic) that the properties subject to litigation could be located within the Northern Border Strip, and in this sense, in accordance with Decree No. 22962 MIRENEM, that zone was declared the Corredor Fronterizo Norte National Wildlife Refuge; in this regard, Article 1 of said decree provides: 'The border corridor formed by the lands comprised in a zone 2,000 m wide along the border with Nicaragua from Punta Castilla on the Caribbean Sea to Bahía Salinas on the Pacific Ocean is declared a National Wildlife Refuge, as stipulated in the Cañas-Jerez Treaty of April 15, 1858.' Now then, in accordance with Articles 13 of the Forestry Law (Ley Forestal) and 22 of the Biodiversity Law, the administration and defense of the natural patrimony of the State corresponds to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Therefore, considering the declaration of the border corridor as a National Wildlife Refuge —where, as already indicated, the properties subject to this litigation are located— this Judge can conclude that a potential favorable judgment could directly and immediately affect the natural patrimony of the State, and requires the necessary full intervention of the responsible organ, that is, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), as the substantive legal relationship directly involves the powers of that organ. Therefore, and in accordance with Article 22.1. of the Civil Procedure Code and Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code, it is ordered that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be joined as a necessary passive co-party." (emphasis added). In this case, the first claim of the State representation is related to a potential declaration regarding the properties subject to litigation, and it is sought to declare that they are public domain property, where the powers of demanial self-protection apply, because they are part of the northern border strip and protected wilderness areas. Therefore, in this case, it is under discussion whether said properties could be located within the Northern Border Strip, and in this sense, in accordance with Decree No. 22962 MIRENEM, that zone was declared the Corredor Fronterizo Norte National Wildlife Refuge, such that a potential favorable judgment could directly and immediately affect the natural patrimony of the State, which requires the necessary full joinder of the responsible organ, that is, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). It would remain, then, to determine the capacity in which SINAC would intervene, since, unlike the precedent cited above, in this case the State appears as the plaintiff and is the one seeking the aforementioned declaration regarding the public domain character (demanialidad) of the properties. In a case similar to the present one, the Superior Court of the matter, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, by resolution 000191-F-S1-2022 of nine hours four minutes on February third, two thousand twenty-two, ordered the joinder of SINAC, even at the cassation stage, and in the absence of the State and SINAC by virtue of necessary active joinder, even ordered the remanding of the case to the Court so that it could proceed as legally appropriate, joining SINAC and the State to the necessary active joinder. The Superior Court of the matter ordered the foregoing, in summary, in the following terms: "(...) there is an underlying aspect that is fundamental, —and therefore cannot be left aside when resolving the dispute—, namely, a public domain property is at stake, which pertains to the protection of the environment (Article 50 of the Political Constitution), and belongs to the natural patrimony of the State (PNE), which therefore concerns the public interest. On the other hand, the Court itself transcribed part of a ruling of the Constitutional Chamber, where it was ordered that '...national legislation develops such commitment in several laws, such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of September 28, 1995, which, in Article 32, included Wetlands in the different management categories of protected wilderness areas, which are under the administration of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) —with the collaboration of municipalities— and declares them of public interest, as well as their conservation. Regarding the "Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, or Ramsar Convention." Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and which, in the domestic sphere, are fully applicable legislation —and of direct judicial enforceability—. Therefore, it decided that it was unconstitutional to require that the declaration of a wetland and its influence zone as protected areas had to be done by Executive Decree, only having to follow the requirements defined in the Organic Environmental Law, for which the State is empowered to expropriate or cancel private lands. Although it emphasized that this did not entail discarding the existence and protection of the wetland ecosystems, solely because an area had not been declared a protected wilderness area or was on private property. The Constitutional Court stressed, on the international level, the Ramsar Convention was ratified by the Legislative Assembly in Law No. 7224 of April 9, 1991, which provides in its first article the international importance of wetlands and their protection. It added: "IV.- On wetlands and their environmental, cultural, and economic importance. This Chamber has referred to the relevance of these ecosystems and their protection, in rulings 2001-12817 of 10:28 a.m. on December 14, 2001, and 2007-6246 of 7:30 p.m. on May 8, 2007, among others, noting that wetlands are considered some of the most productive ecosystems in the world. In the Ramsar Convention, signed on February 2, 1971, a wetland is defined as: 'Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.' In Costa Rica, the Organic Environmental Law, in Article 40, has defined them as: 'Ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish, or salt, including marine extensions up to the posterior limit of phanerogams or reefs, or, in their absence, up to six meters in depth at low tide.' The importance of wetlands is not only due to biodiversity and the functions that develop on an ecological scale, but also because they provide support functions and essential products for human communities in the developing and industrialized world… Furthermore, they present highly valuable attributes such as biological diversity and the uniqueness of cultural heritage. It is the combination of these functions, products, and attributes of ecosystems that makes wetlands important for society… the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of September 28, 1995… in Article 32, included Wetlands in the different management categories of protected wilderness areas, which are under the administration of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) —with the collaboration of municipalities— and declares them of public interest, as well as their conservation.' At this point, it is necessary to refer to what this deciding Body has expressed in that standing constitutes a prerequisite of every procedural relationship, —a substantive one—, necessary for the admissibility of the material claim; that is, a legitimate party will be whoever claims to have a certain legal relationship with the petition under debate. Hence, it is the capacity to be a party in a specific proceeding, which can be active or passive, depending on the conditions that the law establishes for such purpose regarding the procedural claim. Thus, active standing ad causam, of interest in this case, is the capacity to sue, a character that arises from the position in which the subject finds themselves regarding the procedural claim formulated, and pertains to the person who, according to the law, can formulate the claims in the complaint. In summary, it is the necessary identity that must exist between the plaintiff and the right they claim in court. It is therefore a standing to obtain a judgment on the merits. Thus, it corresponds to the plaintiff and to the persons who subsequently intervene to defend their cause. Its absence constitutes a substantial impediment; if the judge becomes aware of the lack thereof, they must declare it, even sua sponte, and render an inhibitory judgment. In this regard, in the proceeding, relevantly, the Municipality of Belén requested the joinder of the State. In resolution no. 938-2013 of 15 hours 30 minutes on May 13, 2013, the Processing Judge rejected said request and instead ordered that the Procuraduría General de la República be notified as an interested third party, who participated as such. As stated, in the subject matter of the proceeding, there is an underlying fundamental aspect, namely, the protection of a wetland, —an integral part of the natural patrimony of the State— and a public domain property. Consequently, it is clear that the Court omitted in its examination that the protection of a wetland is at stake, —which has the corresponding declaration as stated supra—, forming part of the natural patrimony of the State and being a public domain property, whose administration is the responsibility of MINAE through SINAC (rulings of this Chamber numbers 1239 of 11:50 a.m. on March 31, 2020, and 19776-2014 of 10:30 a.m. on December 3, 2014). Thus, this Panel considers that the State and SINAC should have been joined to the proceedings in order to complete the necessary active joinder because it was incomplete. This is in accordance with the provisions of Article 106 of the repealed Civil Procedure Code, which must be applied in this case due to the referral made by canon 220 of the CPCA, and because it was in effect at the time this case was initiated; given that it mandates the joinder of parties, whether by legal provision or by the nature of the substantive legal relationship, —as in this case—, since what is decided concerns such intervenors, who, due to the nature of the property (wetland, forming part of the PNE), must intervene as co-plaintiffs. It must be added that only in this way can the dispute be resolved, since, as indicated, it is SINAC that is responsible for determining the extent of the wetland, as well as the setback regarding urban or any other works that could negatively affect the protected ecosystem. // IV.- Under these circumstances, the appropriate course will be to sua sponte order the joinder of parties, bringing the State and SINAC into the proceeding as co-plaintiffs, since both entities have a clear ex lege responsibility in the management and control of areas that are part of the PNE. Therefore, their participation is indispensable, as they form part of the legal relationships upon which the judgment must rule. Hence, the judgment rendered in the present proceeding will be annulled, and the case file remanded to the Court so that it may proceed as legally appropriate, joining the State and SINAC to the necessary active joinder. // (...) // ON THESE GROUNDS // The appealed resolution is annulled. Remand to the Court so that it may proceed as legally appropriate, joining SINAC and the State to the necessary active joinder. By majority vote, the evidence gathered that is useful and necessary for the resolution of the dispute is preserved. Judges Rivas Loáiciga and López Casal dissent." (emphasis added). In the specific case, the reasoning set forth above by the First Chamber of the Supreme Court of Justice is applicable to the case at hand, and therefore this Judge considers that SINAC must be joined to the proceedings, in order to complete the active joinder because it is incomplete; the foregoing, inasmuch as what is decided in this case concerns such intervenors (State - SINAC), who, due to the nature of the property (which is claimed to include wetlands and areas forming part of the PNE), must intervene as co-plaintiffs. Note that even the complaint filed by the State representation indicates that "wetlands" are located in the area, as in the precedent of the First Chamber cited above, with the State representation stating in its complaint the following: "According to official communication SINAC-ATCTO-DIR-137-2021 (which is offered as evidence), within the lands described in plan H-392378-97, there are wetlands registered in inventory FID 2321, called San Luis 2, with 257.2 hectares of Palustrine Herbaceous Swamp type, and FID 2318, called Palustrine San Luis 3, with 3,627.1 hectares of Palustrine Cativo and Yolillo Swamp type. (...) Wetlands are protected in our legal system by the Organic Environmental Law, Articles 32 f), Art. 40, 41, and 45. The latter prohibits activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, drying out, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems (...)" (see images 12 and 13 of the digital file, pages 11 and 12 of the complaint filed by the State). Thus, the matter must proceed as legally appropriate, joining SINAC to the necessary active joinder. Finally, according to the summary set forth above, in response to the hearing granted by the resolution of eleven hours forty-five minutes on October twenty-seventh, two thousand twenty-two, visible at image 191 of the digital file, the representation of the co-defendant [Name 001] indicated agreement with joining SINAC to the passive joinder (see image 195 of the digital file); in this particular case, as previously stated, the necessary joinder is configured as a necessary active joinder, without the cited party indicating any reason to consider a position different from that indicated by the Superior First Chamber of the Supreme Court of Justice; therefore, in the absence of an argument to the contrary, what was resolved by the First Chamber in the terms indicated above must be applied. On the other hand, the representation of the other co-defendant party (Estate of [Name 002], see images 196 to 200 of the digital file) opposed the joinder of SINAC, indicating, in summary, that since the complaint was answered, judgments rendered in case file 02-160268-0507-CI were attached, where it states it can be verified that the property belongs to the estate, and therefore opposes the joinder for the reasons stated. Regarding such arguments in opposition, these are assertions that are not specific to the issue at hand concerning the joinder of parties, but rather refer precisely to the merits of the case, for which definitive resolution it is first necessary to properly constitute the proceedings; in this case, joining the SINAC representation. As a new procedural subject, SINAC must be granted all the guarantees and rights that the law confers upon them, according to the type and subject matter of the proceeding in question, which logically includes the right to express their position regarding the assertions made by the aforementioned party about the scope and extent of the judicial rulings they cite, as well as regarding the ownership title of the properties in question in this case, the right to offer and provide evidence, the right to actively participate in the taking or practice of evidence (which includes the right to ask questions and object to questions from other procedural subjects, and to appeal decisions made during the evidentiary phase), and the right to challenge the judicial resolutions issued regarding the matter in question. Thus, since these are arguments relating to the merits of the case and not properly to the joinder of SINAC as a procedural party, these arguments in opposition are rejected; rather, said assertions are aspects that must be elucidated once the proceedings are correctly integrated in this case with all the parties involved. Finally, the acting State representation addressed the hearing formulated on this issue in a brief visible at images 204 to 206 of the digital file, in which, in summary, it opposes the statements made by the estate regarding the complaint indicated by said party in its submission, and indicates that the joinder of SINAC is necessary based on the following: "(...) We consider it pertinent and necessary to join the proceedings with the Sistema Nacional de Areas de Conservación, based on the fact that the Administration of the northern border strip, as well as matters related to the Corredor Fronterizo Norte National Wildlife Refuge, corresponds to that System. As we have indicated, the lands in litigation, by their nature, constitute demanial property belonging to the Natural Patrimony of the State, jurisdiction over which falls to SINAC. Therefore, and in order to avoid future nullities, joinder with this organ is appropriate." (see image 204 of the digital file). As the position of the State representation is favorable to the joinder of SINAC ordered herein, it is not necessary to further address its arguments set forth above. Thus, insofar as this litigation seeks the recognition, declaration, modification, or annulment of rights related to areas indicated as forming part of the Natural Patrimony of the State, it is not only prudent but also necessary, in order to comply with due process and avoid potential nullities in the proceedings, to join the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) as a necessary active co-party.

 

ON THESE GROUNDS

The existence of a failure to join a necessary active party, noted sua sponte, is declared within this cause brought by the STATE against [Name 001] AND THE ESTATE OF [Name 002]; it is ordered that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) be joined as a necessary active co-party. The actions prescribed by the CPCA are available against this decision.- NOTIFY. Dr. José Alvaro López Camacho. Judge. JLOPEZCAM

 

 





- Verifier Code -
???????????????
QKCNLNO2N4G61



 

Document signed by:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, PROCESSING JUDGE

 

Case File: 21-002474-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006.

Email: [email protected]

Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:09:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República