Res. 00836-2023 Tribunal Agrario — Extension of summons period for Indigenous person in vulnerable conditionAmpliación del emplazamiento a persona indígena en condición de vulnerabilidad

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 00836 - 2023

Fecha de la Resolución: 03 de Octubre del 2023 a las 08:34

Expediente: 21-000338-0465-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del 13 de setiembre de 2007, Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

Sentencias Relacionadas Normativa internacional

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Demanda agraria

Subtemas:

Procedencia de solicitud de ampliación del emplazamiento a favor de persona indígena a causa de sus múltiples condiciones de vulnerabilidad quien fue declarada rebelde.

Tema: Emplazamiento

Subtemas:

Procedencia de solicitud de ampliación del emplazamiento a favor de persona indígena a causa de sus múltiples condiciones de vulnerabilidad quien fue declarada rebelde.

Tema: Persona indígena

Subtemas:

Procedencia de solicitud de ampliación del emplazamiento a favor de persona indígena a causa de sus múltiples condiciones de vulnerabilidad quien fue declarada rebelde.

"II.-  Lleva razón el recurrente.  La resolución apelada, sea la dictada a las siete horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil veintitrés,  rechazó la gestión del defensor de ampliar el emplazamiento, pues se trata en el caso del demandado de una persona indígena que habita en Talamanca, y es aplicable además de la Circular No. 67-2019, del Consejo Superior (No. 67-2019), y la Ley de Acceso a la Justicia de Personas indígenas. En este caso particular, es importante considerar que recientemente fue reformado el artículo 1 de la Constitución Política, para establecer que el Estado de Costa Rica es Pluriétnico y Multicultural, lo que en el fondo significa el reconocimiento constitucional de las particularidades propias de estas Comunidades originarias, por cuya tradición y situación geográfica, distanciamiento social, y limitaciones de otra naturaleza, se consideran poblaciones especiales, a las cuales el Constituyente les brinda una protección especial, lo que se ve reforzada con los instrumentos internacionales, tales como las Reglas de Brasilia, la Declaración de Naciones Unidas, y más recientemente el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Justicia Ambiental, la cual le da particular atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Bajo esta filosofía de la Ley especial de Acceso a la Justicia para Personas Indígenas, se debe reinterpretar el artículo 40 de la Ley de Jurisdicción Agraria y, tomando en cuenta la lejanía donde se encuentra el demandado y su condición de vulnerabilidad, se debe revocar la resolución impugnada en cuanto denegó la solicitud de ampliación del emplazamiento, ampliandolo por única vez por quince días más a partir de la notificación de la presente resolución (ver como antecedente de este Tribunal  el Voto No. 774-F-21 de las seis horas veintiocho minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno)".

... Ver más

Otras Referencias: Ley especial de Acceso a la Justicia para Personas Indígenas.Circular No. 67-2019 del Consejo Superior.Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Justicia Ambiental.

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

EV Generación de Machote: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj

????????????????

 

 

EXPEDIENTE:

	

21-000338-0465-AG - 1




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

[Nombre 001]




DEMANDADO/A:

	

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA DE TALAMANCA

 

   

VOTO N°  N° 2023000836

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas treinta y cuatro minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés.-

 PROCESO ORDINARIO establecido por [Nombre 001], [...]; contra [Nombre 002], [...]. Se tuvo como parte interesada a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO INDÍGENA TALAMANCA BRIBRI, representada por su presidente Ramón Buitrago Salazar, mayor, persona indígena, cédula de identidad nueve - cero cero sesenta y tres - cero ochocientos diecisiete. Actúan como defensores públicos: Enrique Campos Moraga de la parte actora; Dennis Paniagua Navarro de la parte accionada; de la Asociación Jesús Chaves Mora. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Conoce este tribunal de la apelación  contra la resolución de las siete horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés.

 Redacta el Juez Picado Vargas, y;

CONSIDERANDO:

 I.- El defensor público agrario de la parte demandada, licenciado Dennis Paniagua Navarro, interpone recurso de apelación contra la resolución dictada a las siete horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil veintitrés, la cual denegó una solicitud de ampliación del emplazamiento. Manifiesta el apelante que "1.1. PRIMERO Y ÚNICO: Inaplicación de la Normativa Procesal Especial Indígena. Se impugna la parte de la resolución dicha que indicó lo siguiente “Por otra parte, se rechaza la solicitud de reposición de plazo de contestación de demanda presentado por la accionada [Nombre 002], toda vez que el plazo para contestar la misma es perentorio, de modo que una vez que se agota existe imposibilidad de devolverse a esa etapa la que queda definitivamente concluida procesalmente y siendo que la demandada fue notificada el día 20 de abril del dos mil veintitrés, teniendo como plazo quince días hábiles para contestar la demanda, sea el día 12 de mayo del año 2023 y visto que la señora [Nombre 002] contaba con tiempo para contestar la demanda el día que se presentó a manifestar la solicitud de defensor público y la reposición de plazo ( 10 de mayo del 2023), por lo que vencido el plazo sin que la misma diera contestación a la demanda incoada en su contra, de conformidad con el artículo 43 de la citada ley, se declara su rebeldía y la contumaz tomará el juicio en el estado en que se halle al momento en que se apersone” (subrayado y cursiva no son del original), esto por cuanto esta ordenanza contraviene lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica (Ley 9593) y en específico la Circular 67-2019 del Consejo Superior del Poder Judicial que en aplicación e interpretación de dicho artículo crea las “Reglas mínimas para la aplicación del primer párrafo del numeral 7 de la Ley de Acceso a la Justicia de Personas Indígenas de Costa Rica” en las que, para interés del presente recurso, se ordena a los despachos judiciales que tramitan procesos con intervención de personas indígenas realizar las siguientes acciones; a) es deber del despacho tramitador (no de la Defensa Pública o alguna otra oficina) realizar la valoración acerca de la procedencia de la petición de defensa pública, dejando constancia de lo indicado por la persona usuaria en cuanto a no contar con medios económicos para sufragar los gastos de defensa técnica, así como la petición expresa que solicita que la defensa técnica sea asumida por la Defensa Pública y b) de ser afirmativa la respuesta, el Despacho Judicial solicitará a la Defensa Pública el apersonamiento correspondiente, reponiendo los plazos según la ley, hasta el momento en que la Defensa Pública remita el apersonamiento. Al analizar la parte impugnada de la resolución dicha, queda claro que para el día 10 de mayo de 2023, todavía la Defensa Pública de Limón no contaba con la solicitud por parte del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica de apersonamiento a favor de la señora [Nombre 002], lo que encuentra lógica ya que hasta ese día esta se presentó a estrados judiciales procurando su acceso a la justicia, propiamente se presentó a las oficinas de la Defensa Pública de Bribri ya que con referencia a su lugar de habitación en el territorio indígena Bribrí en Talamanca, son las únicas oficinas a las que puede accesar con menos dificultad. Debido precisamente a las múltiples condiciones de vulnerabilidad que ostenta la señora [Nombre 002] (persona indígena, agricultora, madre cabeza de hogar, prácticamente adulta mayor, que vive en condición de pobreza, con su vivienda ubicada a una larga distancia de los estrados judiciales, sin acceso a servicios de transporte público) es que quién suscribe decide fungir como puente de enlace con el Juzgado tramitador de su proceso, no como un Defensor Público, pues en ese momento si quiera sabía si por el rol que se maneja en la oficina iba a ser designado para representar a esta usuaria, si no como un funcionario judicial sensible y capacitado en la atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad, en aras de evitar el traslado de doña [Nombre 002] hasta la ubicación de dicho despacho en Limón centro, nunca con el fin de dar representación plena pues además de lo dicho sobre el rol de asignación de casos de la oficina, la circular citada ordena que la valoración de designación de defensa pública corresponde al despacho tramitador, y la intervención de la Defensa se dará tras recibir la solicitud de apersonamiento por parte del mismo órgano, siendo que se tiene conocimiento que en otras ocasiones, la secretaria de la Defensa Pública de Bribrí o incluso funcionarios de otros despachos de este mismo circuito judicial han realizado acciones similares para evitar precisamente afectar aún más la economía y vulnerar los derechos en general de personas indígenas que son parte en procesos tramitados en otros despachos judiciales ajenos a Bribrí. En ese mismo sentido es que se presentó un escrito firmado por doña [Nombre 002] que cumplía con el contenido de la declaración para la solicitud de Defensa Pública que según se conoce es utilizada comúnmente en el Juzgado Agrario de Limón y que además es conforme con lo que se extrae de lo normado  en la Circular referenciada, de ahí que además de evitar un traslado de la usuaria citada hasta el despacho, se agilizó la comunicación e información que el despacho requería, todo esto consta en el escrito ingresado al expediente en fecha 10/05/2023. Ahora, cuando ya el juzgado valoró lo manifestado por doña [Nombre 002] y determinó procedente remitir la solicitud de defensa pública (por medio de la resolución de las siete horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil veintitrés) es que esta oficina presenta formalmente el apersonamiento al despacho (en fecha 25/05/2023), en el cual se me nombra como el Defensor Público Agrario de la señora [Nombre 002], con lo cual es hasta este momento de conformidad con lo indicado en la Circular 67-2019 del Consejo Superior del Poder Judicial en aplicación del artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia de Personas Indígenas de Costa Rica, que puedo brindarle una adecuada representación, por lo que es hasta ese instante en que el plazo de contestación de la demanda instaurada en contra de ella debe de empezar a correr, lo que evidencia el vicio en la parte impugnada de la resolución dicha, que ignoró las condiciones de vulnerabilidad de [Nombre 002] y la tuvo como rebelde para los efectos procesales de este expediente. En concordancia con lo manifestado, el honorable Tribunal Agrario mediante votos anteriores ha aplicado de manera correcta tanto el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia de Personas Indígenas de Costa Rica como sus reglas de interpretación, ordenando la reposición de plazos en procesos agrarios con intervención de personas indígenas cuando Juzgados de primera instancia por desconocimiento de la ley no lo han hecho. Entre otros se puede consultar el voto 774-2021 de dicha cámara de apelación, en el que se ordenó “revocar, parcialmente la resolución de las 16:14 horas del 15 de octubre del 2020 y se tiene por presentada, en tiempo, la reconvención de la ADI de Salitre. En caso de ser necesario, deberá el a-quo reponer los plazos y enderezar los procedimientos, si otra causa no lo impide” en un caso similar ocurrido en el territorio indígena de Buenos Aires en el que el Juzgado Agrario de la localidad rechazó la contestación y reconvención de un usuario indígena, al tenerlas por extemporáneas con relación a la notificación de emplazamiento, con ello sin tomar en cuenta la reposición de plazos que refiere la circular mencionada en acápites previos."  (Imágenes 77 a 81 del expediente virtual).-

 II.-  Lleva razón el recurrente.  La resolución apelada, sea la dictada a las siete horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil veintitrés,  rechazó la gestión del defensor de ampliar el emplazamiento, pues se trata en el caso del demandado de una persona indígena que habita en Talamanca, y es aplicable además de la Circular No. 67-2019, del Consejo Superior (No. 67-2019), y la Ley de Acceso a la Justicia de Personas indígenas. En este caso particular, es importante considerar que recientemente fue reformado el artículo 1 de la Constitución Política, para establecer que el Estado de Costa Rica es Pluriétnico y Multicultural, lo que en el fondo significa el reconocimiento constitucional de las particularidades propias de estas Comunidades originarias, por cuya tradición y situación geográfica, distanciamiento social, y limitaciones de otra naturaleza, se consideran poblaciones especiales, a las cuales el Constituyente les brinda una protección especial, lo que se ve reforzada con los instrumentos internacionales, tales como las Reglas de Brasilia, la Declaración de Naciones Unidas, y más recientemente el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Justicia Ambiental, la cual le da particular atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Bajo esta filosofía de la Ley especial de Acceso a la Justicia para Personas Indígenas, se debe reinterpretar el artículo 40 de la Ley de Jurisdicción Agraria y, tomando en cuenta la lejanía donde se encuentra el demandado y su condición de vulnerabilidad, se debe revocar la resolución impugnada en cuanto denegó la solicitud de ampliación del emplazamiento, ampliandolo por única vez por quince días más a partir de la notificación de la presente resolución (ver como antecedente de este Tribunal  el Voto No. 774-F-21 de las seis horas veintiocho minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno).

POR TANTO:

 Se  revoca la resolución impugnada en cuanto denegó la solicitud de ampliación del emplazamiento. Se ordena ampliar dicho emplazamiento por única vez por quince días más a partir de la notificación de la presente resolución.-

 

 

 

 

 

	


???????????????
TBXNKEKJ8MM61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





???????????????
EYEZIUAS4ZC61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


???????????????
ZYL2K8HJPC461
ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-000338-0465-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:10:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 00836 - 2023**

**Date of Resolution:** October 3, 2023, at 08:34

**Expediente:** 21-000338-0465-AG

**Drafted by:** Carlos Adolfo Picado Vargas

**Type of Matter:** Ordinary proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**International Regulations:** United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, of September 13, 2007, Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People

**Related Rulings** International regulations

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** Agrarian Procedural Law

**Topic:** Agrarian lawsuit

**Subtopics:**

Admissibility of a request for an extension of the summons (emplazamiento) in favor of an indigenous person due to their multiple conditions of vulnerability who was declared in default (rebelde).

**Topic:** Summons (Emplazamiento)

**Subtopics:**

Admissibility of a request for an extension of the summons (emplazamiento) in favor of an indigenous person due to their multiple conditions of vulnerability who was declared in default (rebelde).

**Topic:** Indigenous person

**Subtopics:**

Admissibility of a request for an extension of the summons (emplazamiento) in favor of an indigenous person due to their multiple conditions of vulnerability who was declared in default (rebelde).

"II.- The appellant is correct. The appealed resolution, that is, the one issued at seven hours and forty-four minutes on May twenty-fourth, two thousand twenty-three, rejected the defender's request to extend the summons (emplazamiento), since the defendant in this case is an indigenous person living in Talamanca, and Circular No. 67-2019, of the Superior Council (No. 67-2019), and the Law on Access to Justice for Indigenous Persons are also applicable. In this particular case, it is important to consider that Article 1 of the Political Constitution was recently amended to establish that the State of Costa Rica is Multiethnic and Multicultural, which fundamentally means the constitutional recognition of the specific characteristics of these original Communities, which, due to their tradition and geographical situation, social distance, and limitations of another nature, are considered special populations, to which the Constituent Power provides special protection, which is reinforced by international instruments, such as the Brasilia Regulations, the United Nations Declaration, and more recently the Escazú Agreement on Access to Environmental Justice, which gives particular attention to populations in conditions of vulnerability. Under this philosophy of the special Law on Access to Justice for Indigenous Persons, Article 40 of the Agrarian Jurisdiction Law must be reinterpreted and, taking into account the remoteness where the defendant is located and their condition of vulnerability, the appealed resolution must be revoked insofar as it denied the request for an extension of the summons (emplazamiento), extending it for a single time for fifteen more days from the notification of this resolution (see as precedent of this Court Vote No. 774-F-21 of six hours twenty-eight minutes on August twenty-fourth, two thousand twenty-one)."

... See more

**Other References:** Special Law on Access to Justice for Indigenous Persons. Circular No. 67-2019 of the Superior Council. Escazú Agreement on Access to Environmental Justice.

**Legislation and Doctrine Citations** Related Rulings

**Text of the resolution**

EV Machote Generation: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj

????????????????

**EXPEDIENTE:**

21-000338-0465-AG - 1

**PROCESS:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

[Nombre 001]

**DEFENDANT:**

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA DE TALAMANCA

**VOTE No. No. 2023000836**

**AGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eight hours thirty-four minutes on October third, two thousand twenty-three.-

**ORDINARY PROCEEDING** established by [Nombre 001], [...]; against [Nombre 002], [...]. The ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO INDÍGENA TALAMANCA BRIBRI appeared as an interested party, represented by its president Ramón Buitrago Salazar, of legal age, indigenous person, identity card nine - zero zero sixty-three - zero eight hundred seventeen. Acting as public defenders: Enrique Campos Moraga for the plaintiff; Dennis Paniagua Navarro for the defendant; and Jesús Chaves Mora for the Association. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone. This court hears the appeal against the resolution of seven hours and forty-four minutes on May twenty-fourth, two thousand twenty-three.

Drafted by Judge Picado Vargas, and;

**CONSIDERING:**

I.- The agrarian public defender of the defendant, attorney Dennis Paniagua Navarro, files an appeal against the resolution issued at seven hours and forty-four minutes on May twenty-fourth, two thousand twenty-three, which denied a request for an extension of the summons (emplazamiento). The appellant states that "1.1. FIRST AND ONLY: Non-application of the Special Indigenous Procedural Regulations. The part of the said resolution that indicated the following is challenged: 'On the other hand, the request for reinstatement (reposición) of the period to answer the complaint (demanda) presented by the defendant [Nombre 002] is rejected, given that the period to answer it is peremptory, so once it is exhausted, there is no possibility of returning to that stage, which is definitively concluded procedurally, and since the defendant was notified on April 20, two thousand twenty-three, having a period of fifteen business days to answer the complaint (demanda), that is, on May 12, 2023, and seeing that Mrs. [Nombre 002] had time to answer the complaint on the day she appeared to state her request for a public defender and the reinstatement of the period (May 10, 2023), therefore, once the period expired without her having answered the complaint (demanda) filed against her, in accordance with Article 43 of the cited law, her default (rebeldía) is declared and the contumacious party will take the proceeding in the state it is in at the moment she appears' (underlining and italics not in the original). This is because this order contravenes the provisions of Article 7 of the Law on Access to Justice for Indigenous Peoples of Costa Rica (Law 9593) and specifically Circular 67-2019 of the Superior Council of the Judiciary, which, in application and interpretation of said article, creates the 'Minimum rules for the application of the first paragraph of numeral 7 of the Law on Access to Justice for Indigenous Persons of Costa Rica,' in which, for the interest of this appeal, judicial offices processing proceedings involving indigenous persons are ordered to carry out the following actions; a) it is the duty of the processing office (not the Public Defense or any other office) to assess the admissibility of the request for public defense, leaving a record of what the user indicated regarding not having financial means to cover the costs of technical defense, as well as the express request that asks for the technical defense to be assumed by the Public Defense, and b) if the answer is affirmative, the Judicial Office will request the corresponding formal appearance (apersonamiento) from the Public Defense, reinstating the periods according to law, up to the moment the Public Defense sends the formal appearance. Upon analyzing the challenged part of the said resolution, it is clear that by May 10, 2023, the Public Defense of Limón still did not have the request from the Agrarian Court of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone for a formal appearance on behalf of Mrs. [Nombre 002], which is logical since it was only on that day that she appeared before judicial offices seeking her access to justice, specifically she appeared at the offices of the Public Defense of Bribri since, with reference to her place of residence in the Bribrí indigenous territory in Talamanca, these are the only offices she can access with less difficulty. Due precisely to the multiple conditions of vulnerability held by Mrs. [Nombre 002] (indigenous person, farmer, female head of household, practically an older adult, living in poverty, with her home located a long distance from judicial offices, without access to public transportation services), it is that the undersigned decides to act as a liaison bridge with the Court processing her case, not as a Public Defender, because at that time I did not even know if, due to the role managed in the office, I would be designated to represent this user, but as a judicial official sensitive to and trained in serving populations in conditions of vulnerability, in order to avoid Mrs. [Nombre 002] having to travel to the location of said court in central Limón, never with the aim of providing full representation since, in addition to what was said about the case assignment role in the office, the cited circular orders that the assessment for the designation of public defense corresponds to the processing court, and the intervention of the Defense will occur after receiving the request for a formal appearance (apersonamiento) from the same body. Knowing that on other occasions, the secretary of the Public Defense of Bribri or even officials from other courts of this same judicial circuit have carried out similar actions precisely to avoid further affecting the economy and violating the general rights of indigenous people who are parties in proceedings processed in other judicial courts outside Bribrí. In this same sense, a document signed by Mrs. [Nombre 002] was submitted, which complied with the content of the declaration for the request for Public Defense, which is known to be commonly used in the Agrarian Court of Limón and which is also in accordance with what is extracted from the provisions of the referenced Circular. Hence, in addition to avoiding a trip for the cited user to the court, the communication and information required by the court were expedited. All of this is recorded in the document entered into the expediente on 05/10/2023. Now, when the court already assessed what was stated by Mrs. [Nombre 002] and determined it was appropriate to send the request for public defense (by means of the resolution of seven hours and forty-four minutes on May twenty-fourth, two thousand twenty-three), this office formally presents the formal appearance (apersonamiento) to the court (on 05/25/2023), in which I am appointed as the Agrarian Public Defender of Mrs. [Nombre 002]. Thus, it is only from this moment, in accordance with the provisions of Circular 67-2019 of the Superior Council of the Judiciary in application of Article 7 of the Law on Access to Justice for Indigenous Persons of Costa Rica, that I can provide her with adequate representation. Therefore, it is only at that instant that the period to answer the complaint (demanda) filed against her must begin to run. This reveals the defect in the challenged part of the said resolution, which ignored the conditions of vulnerability of [Nombre 002] and held her in default (rebelde) for the procedural effects of this expediente. In accordance with what has been stated, the honorable Agrarian Court, through previous votes, has correctly applied both Article 7 of the Law on Access to Justice for Indigenous Persons of Costa Rica and its interpretive rules, ordering the reinstatement of periods in agrarian proceedings involving indigenous persons when First Instance Courts, due to ignorance of the law, have not done so. Among others, Vote 774-2021 of said appellate chamber can be consulted, in which it was ordered 'to partially revoke the resolution of 4:14 p.m. on October 15, 2020, and the counterclaim (reconvención) of the ADI of Salitre is deemed filed in a timely manner. If necessary, the lower court must reinstate the periods and set the procedures straight, if no other cause prevents it,' in a similar case that occurred in the indigenous territory of Buenos Aires in which the Local Agrarian Court rejected the response (contestación) and counterclaim (reconvención) of an indigenous user, considering them untimely in relation to the notification of the summons (emplazamiento), thereby disregarding the reinstatement of periods referred to in the circular mentioned in previous sections." (Images 77 to 81 of the virtual expediente).-

II.- The appellant is correct. The appealed resolution, that is, the one issued at seven hours and forty-four minutes on May twenty-fourth, two thousand twenty-three, rejected the defender's request to extend the summons (emplazamiento), since the defendant in this case is an indigenous person living in Talamanca, and Circular No. 67-2019, of the Superior Council (No. 67-2019), and the Law on Access to Justice for Indigenous Persons are also applicable. In this particular case, it is important to consider that Article 1 of the Political Constitution was recently amended to establish that the State of Costa Rica is Multiethnic and Multicultural, which fundamentally means the constitutional recognition of the specific characteristics of these original Communities, which, due to their tradition and geographical situation, social distance, and limitations of another nature, are considered special populations, to which the Constituent Power provides special protection, which is reinforced by international instruments, such as the Brasilia Regulations, the United Nations Declaration, and more recently the Escazú Agreement on Access to Environmental Justice, which gives particular attention to populations in conditions of vulnerability. Under this philosophy of the special Law on Access to Justice for Indigenous Persons, Article 40 of the Agrarian Jurisdiction Law must be reinterpreted and, taking into account the remoteness where the defendant is located and their condition of vulnerability, the appealed resolution must be revoked insofar as it denied the request for an extension of the summons (emplazamiento), extending it for a single time for fifteen more days from the notification of this resolution (see as precedent of this Court Vote No. 774-F-21 of six hours twenty-eight minutes on August twenty-fourth, two thousand twenty-one).

**THEREFORE:**

The appealed resolution is revoked insofar as it denied the request for an extension of the summons (emplazamiento). It is ordered to extend said summons (emplazamiento) for a single time for fifteen more days from the notification of this resolution.-

????????????????
TBXNKEKJ8MM61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISOR JUDGE

????????????????
EYEZIUAS4ZC61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISOR JUDGE

????????????????
ZYL2K8HJPC461
ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISOR JUDGE

EXP: 21-000338-0465-AG

II Judicial Circuit San José, 4th floor, Tribunals of Justice building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the parking lot of the Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:10:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República