Res. 00889-2023 Tribunal Agrario — Agrarian Jurisdiction over Soil Resource Disputes and Law 7779Competencia agraria en conflictos sobre el recurso suelo y la Ley 7779

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00889 - 2023

Fecha de la Resolución: 24 de Octubre del 2023 a las 14:00

Expediente: 23-000231-0298-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Competencia agraria por materia

Subtemas:

Alcances y fundamento de la competencia agraria en materia del recurso suelos.

Tema: Actividad agroambiental

Subtemas:

Alcances y fundamento de la competencia agraria en materia del recurso suelos.

Tema: Daño ambiental

Subtemas:

Alcances y fundamento de la competencia agraria en materia del recurso suelos.

"III- [...] IV- Sobre el recurso suelo como objeto de tutela del derecho Ambiental y del derecho Agrario. Las legislaciones tutelares del ambiente, surgen debido al necesidad de resguardar los vitales elementos del ecosistema de las acciones humanas, que degradan la capacidad de perpetuación de los sistemas y sus recursos. Dentro de complejo normativo, se emite la Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos N. 7779, que tiene como finalidad la protección, conservación y mejoramiento de los suelos en una gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y planificación.Dicha norma legal establece obligaciones a los órganos del Estado y a los particulares, que reconducen a la toma de acciones efectivas y preventivas para la pretección del recurso suelo. Para ello, el Estado a través de sus Ministerios y dependencias deberá aplicar el principio ambiental de la coordinación de competencias administrativas, para el logro de la protección ambiental establecido en esta ley. Lo anterior obedece a que el recurso suelo es un elemento sujeto al uso y disfrute de particulares en sus diversas acciones. El suelo o capa fértil como compenente complejo de ambiente, puede definirse técnicamente desde la siguiente caracterización: " La superficie sólida sobre la que caminamos, construimos ciudades y caminos, se denomina suelo. Aunque a simple vista no lo parezca, el suelo constituye un sistema natural, complejo y dinámico, donde se desarrollan múltiples procesos e intervienen numerosos factores, tanto bióticos como abióticos. El suelo, capa delgada de unos cuantos centímetros de profundidad, está formada por la actividad permanente de los factores que mencionábamos anteriormente sobre la roca madre. Es así que el suelo está compuesto por materiales que provienen de la desintegración física y química de las rocas superficiales y por materiales orgánicos derivados de la actividad de millones de microorganismos e incluso también de plantas y animales. Los procesos por los cuales se forma el suelo son extremadamente lentos: para poder obtener 30 cm. de suelo es necesario que transcurran cientos o miles de años para su maduración. Es por esto que debemos saber que el suelo es un recurso natural difícilmente renovable, y se hace indispensable su conservación " (tomado de http://www.oni.escuelas.edu.ar//2002/santiago_delestero/madre-fertil/explota.htm el 9 de mayo a las 10:45 horas del 2011). Al igual que otros elementos tales como la atmósfera, el suelo no es concebido como un bien demanial, sino como un elemento del cual se debe hacer un uso racional y sostenible. Lo anterior significa que las actividades que se realicen en él, deben respetar su estructura y evitar su degradación. Dentro de los recursos que han sido degradados por las diversas actividades de la especie humana, la capa fértil o suelo es de los más afectados. Es este elemento sobre el cual se ha erigido la humanidad, tal y como se le conoce actualmente y sobre el mismo se ha ejercido una presión negativa a lo largo de toda su existencia. Este recurso natural, constituyó la base de la civilización humana y ha sido concebido como el medio de producción básico del sistema económico de las sociedades más avanzadas a lo largo de la historia. Mediante la agricultura la humanidad logró explotar el recurso capa fértil, obteniendo con ello beneficios que moldearon la estructura del mundo moderno. La constante dependencia de la especie humana con la tierra, manifestada en la necesidad de proveer alimento y demás necesidades básicas a toda la humanidad, lo ha llevado a desconocer la capacidad de regeneración del recurso, sin valorar la fragilidad de su estructura y la lentitud de su proceso de formación y regeneración. Por ello, ha nacido las normativa legal que procura su protección con el actuar de sujetos públicos y privados, tanto a nivel internacional como nacional. Nuestro ordenamiento jurídico, en aras de tutelar el suelo, contiene la Ley 7.779 como fue indicado, y su Reglamento, que corresponde al decreto número 29.375. Este último en sus definiciones, reza que la degradación del suelo es el: " Deterioro de las características químicas, físicas y biológicas del suelo, con disminución de su productividad en el tiempo, como consecuencia de procesos tales como erosión hídrica o eólica, salinización, anegamiento, agotamiento de los elementos nutritivos para las plantas, contaminación con productos agroquímicos de lenta descomposición o elementos pesados, el deterioro de la estructura, compactación, sedimentación y otras formas de degradación ", y como suelo entiende: "cuerpo natural localizado en la superficie de la tierra, formado a partir de una mezcla variable de materiales minerales y orgánicos, mediante la acción de factores de meteorización, químicos, físicos y biológicos en el tiempo, capaz de sustentar el crecimiento de las plantas y otros seres vivos, y susceptible de modificaciones por el ser humano y por eventos naturales." Es dentro de ese marco conceptual, que debe ser entendido el objeto tutelado de la normativa del recurso suelo.

V-. Sobre la competencia de la Jurisdicción Agraria en el conocimiento de materia del recurso suelos y de los asuntos originados en la aplicación de la Ley N. 7779. El nacimiento del Derecho Agrario como rama jurídica, gira en torno a la actividad producción, y si bien actualmente surgen nuevas modalidades de cultivos que no requieren el uso del recurso suelo o la capa fértil, mayoritarimente su explotación es la base y sostén de las actividades agrarias del mundo entero y nuestro territorio nacional, no es la excepción. En cuanto a la competencia funcional de esta vía jurisdiccional para conocer conflictos originados en la aplicación de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, el artículo 56 de dicha ley reza textualmente en lo que interesa: " Corresponderá a los Tribunales Agrarios conocer y resolver, definitivamente, los asuntos originados en la aplicación de la presente Ley. Por ello, estima esta sede, que aún y cuando en el cumplimiento de dicha normativa convergen actores estatales y sujetos privados que deben actuar, el legislador reservó el conocimiento de la aplicación de la ley a la sede especializada agraria debido al objeto que se tutela que esta vinculando plenamente con el objeto de regulación y estudio del Derecho Agrario. Dicha situación se explica en que el fundamento mismo de esta materia del Derecho, se encuentra a partir de la producción agraria cuyo núcleo tradicional es el uso de la tierra o capa fértil, constituyéndose un objeto propio del derecho agrario y cuyo objeto unificador ha sido el cultivo de la tierra [...]".

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Otras Referencias: Ley 7.779 como fue indicado, y su Reglamento, que corresponde al decreto número 29.375.

Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución
EV Generación de Machote: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj

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EXPEDIENTE:

	

23-000231-0298-AG - 9




PROCESO:

	

CONFLICTOS DE COMPETENCIA




ACTOR/A:

	

AGREGADOS RIO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA




DEMANDADO/A:

	

JOSE DANIEL MORA SANTAMARIA

 

   

VOTO N°  N° 2023000889

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas cero minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.-

PROCESO ORDINARIO promovido por AGREGADOS RÍO SAN CARLOS S.A., cédula jurídica tres– ciento uno– doscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres; representado por su presidente el señor Augustín Jacques Lancelot Pieter, único apellido en razón de su nacionalidad, mayor, casado, empresario, cédula de residencia permanente uno cero cinco seis cero cero cero cero nueve seis tres uno; contra JOSÉ DANIEL MORA SANTAMARÍA, mayor, casado en primeras nupcias, empresario, cédula de identidad número dos- cero quinientos noventa y uno- cero quinientos ochenta y cinco, vecino de San Juan de San Ramón. Actúa como apoderado especial judicial del actor el licenciado Claudio Antonio González Valerio, colegiado veintidós mil dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos. Conoce este Tribunal resolución inhibitoria 2023000339 las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del año dos mil veintitrés.-

 Redacta el juez Darcia Carranza, y;

CONSIDERANDO:

I.- Mediante resolución N° 2023000339 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veintitrés el juez ad quo se inhibe del conocimiento del presente asunto indicando se basa el contrato en al extracción de materiales de río, por lo que no le compete a la jurisdicción  agraria resolver. 

II.- La competencia en materia agraria está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. El criterio fundamental para determinar la competencia en razón de la materia es el de la actividad agraria de producción, sea de cría de animales o cultivo de vegetales (actividades empresariales o de subsistencia), o cuando se trate de actividades conexas, así como actividades agroambientales sostenibles. Como criterios complementarios, se han establecido, la naturaleza o aptitud del bien productivo, así como su extensión, y los sujetos que participan dentro del proceso agrario como actores o demandados. La naturaleza oaptitud del bien está estrechamente vinculada a los fundos agrarios (denominados incorrectamente por la legislación como predios rústicos), dedicados o que sean susceptibles de destinarse al ejercicio de actividades agrarias productivas, o a la conservación de bosques y manejo sostenible de actividades agroambientales. Los sujetos, igualmente, adquieren su calificativo de "sujetos agrarios", por su dedicación al ejercicio de actividades agrarias productivas. El criterio fundamental es siempre el funcional, es decir, la actividad, al cual son reconducidos los criterios tanto objetivos como subjetivos.

III-. En el presente proceso se trata de pretensiones tendientes al cumplimiento de un contrato entre particulares sobre la explotación del suelo en este caso material de río, el cuenta desde luego con concesión. Conforme a lo establecido por el ordinal 56 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos: "Corresponde a los Tribunales Agrarios conocer y resolver definitivamente, los asuntos originados en la aplicación de la presente ley..." . En dicho sentido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a indicado lo siguiente:  "...En el presente caso, se está en presencia de pretensiones tendentes al cumplimiento de un contrato suscrito por las partes sobre un derecho de posesión de un inmueble de naturaleza agraria, que pretende materializar la actora para desarrollar una eventual explotación minera (cantera - tajo); aspecto que quedó establecido en el contrato, y que de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos, refiere su conocimiento a la jurisdicción especializada agraria. (Voto 456-2014 del 27/03/2014 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).  Igualmente en un voto anterior a este la misma Sala había indicado lo siguiente: "...El recurso suelo es tutelado por el derecho ambiental y del derecho agrario. La Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos tiene como finalidad la protección, conservación y mejoramiento de los suelos en una gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y planificación, siendo competente la jurisdicción agraria (artículo 56 ibídem). Es bajo esta inteligencia que estima esta Cámara, que la explotación minera del inmueble objeto de este asunto, debe residenciarse en la sede especializada agraria..." (Voto 562-2012 10/05/2012 de la Sala Primera). De lo anteriormente expuesto resulta claro y evidente, el presente asunto debe ser conocido en esta sede especializada, dado la misma Ley de Uso,  Manejo y Conservación de Suelos, le otorga la competencia material para la discusión sobre conflictos privados, en cuanto a la aplicación de dicha normativa, a la Jurisdicción Agraria conforme lo estipula el ordinal 56 de dicha ley. En igual sentido puede verse Voto de este Tribunal N° 460-C-2011 de las 11:01 horas del 10 de mayo de 2011, en el cual se anliza la competencia de los Tribunales Agrarios: "... IV- Sobre el recurso suelo como objeto de tutela del derecho Ambiental y del derecho Agrario. Las legislaciones tutelares del ambiente, surgen debido al necesidad de resguardar los vitales elementos del ecosistema de las acciones humanas, que degradan la capacidad de perpetuación de los sistemas y sus recursos. Dentro de complejo normativo, se emite la Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos N. 7779, que tiene como finalidad la protección, conservación y mejoramiento de los suelos en una gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y planificación.Dicha norma legal establece obligaciones a los órganos del Estado y a los particulares, que reconducen a la toma de acciones efectivas y preventivas para la pretección del recurso suelo. Para ello, el Estado a través de sus Ministerios y dependencias deberá aplicar el principio ambiental de la coordinación de competencias administrativas, para el logro de la protección ambiental establecido en esta ley. Lo anterior obedece a que el recurso suelo es un elemento sujeto al uso y disfrute de particulares en sus diversas acciones. El suelo o capa fértil como compenente complejo de ambiente, puede definirse técnicamente desde la siguiente caracterización: " La superficie sólida sobre la que caminamos, construimos ciudades y caminos, se denomina suelo. Aunque a simple vista no lo parezca, el suelo constituye un sistema natural, complejo y dinámico, donde se desarrollan múltiples procesos e intervienen numerosos factores, tanto bióticos como abióticos. El suelo, capa delgada de unos cuantos centímetros de profundidad, está formada por la actividad permanente de los factores que mencionábamos anteriormente sobre la roca madre. Es así que el suelo está compuesto por materiales que provienen de la desintegración física y química de las rocas superficiales y por materiales orgánicos derivados de la actividad de millones de microorganismos e incluso también de plantas y animales. Los procesos por los cuales se forma el suelo son extremadamente lentos: para poder obtener 30 cm. de suelo es necesario que transcurran cientos o miles de años para su maduración. Es por esto que debemos saber que el suelo es un recurso natural difícilmente renovable, y se hace indispensable su conservación" (tomado de http://www.oni.escuelas.edu.ar//2002/santiago_delestero/madre-fertil/explota.htm el 9 de mayo a las 10:45 horas del 2011). Al igual que otros elementos tales como la atmósfera, el suelo no es concebido como un bien demanial, sino como un elemento del cual se debe hacer un uso racional y sostenible. Lo anterior significa que las actividades que se realicen en él, deben respetar su estructura y evitar su degradación. Dentro de los recursos que han sido degradados por las diversas actividades de la especie humana, la capa fértil o suelo es de los más afectados. Es este elemento sobre el cual se ha erigido la humanidad, tal y como se le conoce actualmente y sobre el mismo se ha ejercido una presión negativa a lo largo de toda su existencia. Este recurso natural, constituyó la base de la civilización humana y ha sido concebido como el medio de producción básico del sistema económico de las sociedades más avanzadas a lo largo de la historia. Mediante la agricultura la humanidad logró explotar el recurso capa fértil, obteniendo con ello beneficios que moldearon la estructura del mundo moderno. La constante dependencia de la especie humana con la tierra, manifestada en la necesidad de proveer alimento y demás necesidades básicas a toda la humanidad, lo ha llevado a desconocer la capacidad de regeneración del recurso, sin valorar la fragilidad de su estructura y la lentitud de su proceso de formación y regeneración. Por ello, ha nacido las normativa legal que procura su protección con el actuar de sujetos públicos y privados, tanto a nivel internacional como nacional. Nuestro ordenamiento jurídico, en aras de tutelar el suelo, contiene la Ley 7.779 como fue indicado, y su Reglamento, que corresponde al decreto número 29.375. Este último en sus definiciones, reza que la degradación del suelo es el: " Deterioro de las características químicas, físicas y biológicas del suelo, con disminución de su productividad en el tiempo, como consecuencia de procesos tales como erosión hídrica o eólica, salinización, anegamiento, agotamiento de los elementos nutritivos para las plantas, contaminación con productos agroquímicos de lenta descomposición o elementos pesados, el deterioro de la estructura, compactación, sedimentación y otras formas de degradación ", y como suelo entiende: "cuerpo natural localizado en la superficie de la tierra, formado a partir de una mezcla variable de materiales minerales y orgánicos, mediante la acción de factores de meteorización, químicos, físicos y biológicos en el tiempo, capaz de sustentar el crecimiento de las plantas y otros seres vivos, y susceptible de modificaciones por el ser humano y por eventos naturales." Es dentro de ese marco conceptual, que debe ser entendido el objeto tutelado de la normativa del recurso suelo. V-. Sobre la competencia de la Jurisdicción Agraria en el conocimiento de materia del recurso suelos y de los asuntos originados en la aplicación de la Ley N. 7779. El nacimiento del Derecho Agrario como rama jurídica, gira en torno a la actividad producción, y si bien actualmente surgen nuevas modalidades de cultivos que no requieren el uso del recurso suelo o la capa fértil, mayoritarimente su explotación es la base y sostén de las actividades agrarias del mundo entero y nuestro territorio nacional, no es la excepción. En cuanto a la competencia funcional de esta vía jurisdiccional para conocer conflictos originados en la aplicación de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, el artículo 56 de dicha ley reza textualmente en lo que interesa: " Corresponderá a los Tribunales Agrarios conocer y resolver, definitivamente, los asuntos originados en la aplicación de la presente Ley. Por ello, estima esta sede, que aún y cuando en el cumplimiento de dicha normativa convergen actores estatales y sujetos privados que deben actuar, el legislador reservó el conocimiento de la aplicación de la ley a la sede especializada agraria debido al objeto que se tutela que esta vinculando plenamente con el objeto de regulación y estudio del Derecho Agrario. Dicha situación se explica en que el fundamento mismo de esta materia del Derecho, se encuentra a partir de la producción agraria cuyo núcleo tradicional es el uso de la tierra o capa fértil, constituyéndose un objeto propio del derecho agrario y cuyo objeto unificador ha sido el cultivo de la tierra. Siguiendo la Teoría de la Agrariedad expuesta por la doctrina agrarista, se emite el conjunto de normas que rigen esta materia. Al respecto, el numeral 1 de la Ley de la Jurisdicción Agraria dispone: “Artículo 1.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 153 de la Constitución Política, créase la jurisdicción agraria, como función especial del Poder Judicial, a la que corresponderá, en forma exclusiva, conocer y resolver definitivamente sobre los conflictos que se susciten, con motivo de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. De tal forma, según lo regula el artículo 56 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, el conocimiento de esta causa le corresponde a la sede especializada agraria. Aunado a lo anterior, en el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 9928 de las quince horas de nueve de junio de dos mil diez, al pronunciarse sobre el régimen de empleo público, a pesar haberse dispuesto correspondía a los tribunales contenciosos su conocimiento y no a los laborales, analizó sobre la delimitación de la competencia material de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y otras jurisdicciones como la laboral y la agraria. En tal resolución, se modificó el criterio que venía siendo externado por ese alto Tribunal, en varios de sus pronunciamientos y resolvió: " en esa oportunidad "... 3°) El constituyente derivado o poder reformador estableció una reserva constitucional de la competencia material de la jurisdicción contencioso-administrativa al estatuir que su objeto es “garantizar la legalidad de la función administrativa”, razón por la cual el legislador ordinario, en el ejercicio de su libertad de conformación o configuración, no puede atribuirle esa competencia a otro orden jurisdiccional que no sea el contencioso-administrativo, puesto que, de ser así, estaría vaciando de contenido la garantía institucional y el derecho fundamental que consagra el artículo 49 de la Constitución. Sobre este punto en particular y, bajo una mejor ponderación, este Tribunal Constitucional varía o revierte la tesis expuesta en los Votos Nos. 3095-94 de las 15:57 hrs. de 3 de agosto de 1994, 7540-94 de las 17:42 hrs. de 21 de diciembre ambos de 1994, 5686-95 de las 15:39 hrs. de 18 de octubre de 1995 y 14999-2007 de las 15:06 hrs. de 17 de octubre de 2007. Lo anterior significa que cuando un justiciable deduce una pretensión para cuestionar la invalidez o disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico-administrativo de una conducta administrativa o cualquier manifestación singular de la función administrativa (omisión formal o material, actividad formal o actuación material o relación jurídico-administrativa), debe conocerla y resolverla, indefectiblemente, la jurisdicción contencioso-administrativa.” Lo anterior conlleva que será de competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la revisión de la legalidad de actos administrativos la cual también esta sujeta, a criterios relacionados con el contenido material de la pretensión, pudiendo otras jurisdicciones ostentar competencia sobre proceso, siempre que no medie solamente la conformidad o disconformidad sustancial con la función o conducta administrativa. En el subjúdice, el objeto jurìdico material de este ordinario, se define por la pretensión de la demanda que se dirige a establecer y cuantificar daños y perjuicios ocasionados al ambiente y en forma específica al recurso suelo o capa fértil, que aducen han sido producidos por la actividad de los sujetos privados demandados, que consiste en el cultivo de la piña, y se pide se les ordene detener tal producción, hasta tanto los Ministerios competentes emitan una serie de instrumentos técnicos necesarios y establecidos por Ley, para lograr el uso racional del recurso que consideran lesionado o con peligro de degradación. Mantener el conocimiento de este proceso en sede agraria, no riñe con las funciones dadas por ley a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los intereses del Estado serán resguardados, al tener como parte al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomuncaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Procuraduría General de la República. Por otra parte, la materia ambiental es de carácter transversal, lo cual conlleva a afectar a todos los ámbitos administrativos, judiciales y las actividades de los particulares. Todos esos espacios deben gestionar sus asuntos con la variable ambiental incorporada en ellos y es obligación de todas las personas que habitan el territorio nacional, procurar el resguardo del ambiente y aplicar la legislación ambiental. Por ello, no resulta de recibo el motivo de la excepción de incompetencia, cuando se indica que al mediar como parte el Estado, debe remitirse el proceso al la Jurisdicción Contenciosa Adminsitrativa, pues la materia ambiental le compete a todas las áreas del Derecho. Voto 460-C-2011 de las 11:01 del 10/05/2011). En razón de lo expuesto se rechaza la inhibitoria decretada por el juzgador de instancia.

POR TANTO:

Se rechaza la inhibitoria decretada por el juzgador de instancia. Devuélvase el presente asunto al juzgado de origen para que continué con su tramitación si otra causa no lo impide.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 23-000231-0298-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:10:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 00889 - 2023**

**Date of Resolution:** October 24, 2023 at 14:00

**Expediente:** 23-000231-0298-AG

**Drafted by:** Antonio Darcia Carranza

**Type of matter:** Ordinary Proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Content of Interest:**

**Content type:** Majority Vote

**Branch of Law:** Agrarian Procedural Law

**Topic:** Agrarian subject-matter jurisdiction

**Subtopics:**

Scope and basis of agrarian jurisdiction in matters of the soil resource.

**Topic:** Agri-environmental activity

**Subtopics:**

Scope and basis of agrarian jurisdiction in matters of the soil resource.

**Topic:** Environmental damage

**Subtopics:**

Scope and basis of agrarian jurisdiction in matters of the soil resource.

"III- [...] IV- On the soil resource as an object of protection under Environmental law and Agrarian law. The protective environmental legislations arise from the need to safeguard the vital elements of the ecosystem from human actions that degrade the systems' and their resources' capacity for perpetuation. Within the complex regulatory framework, the Law on Soil Management, Use, and Conservation No. 7779 was enacted, whose purpose is the protection, conservation, and improvement of soils in an integrated and sustainable management with other natural resources, through promotion and planning. This legal norm establishes obligations for State bodies and private individuals, which lead to taking effective and preventive actions for the protection of the soil resource. To this end, the State, through its Ministries and agencies, must apply the environmental principle of coordination of administrative competencies to achieve the environmental protection established in this law. The foregoing is because the soil resource is an element subject to the use and enjoyment of private individuals in their various actions. The soil or fertile layer, as a complex component of the environment, can technically be defined through the following characterization: 'The solid surface on which we walk, build cities and roads, is called soil. Although it may not seem so at first glance, soil constitutes a natural, complex, and dynamic system where multiple processes develop and numerous factors, both biotic and abiotic, intervene. The soil, a thin layer a few centimeters deep, is formed by the permanent activity of the factors mentioned above on the parent rock. Thus, soil is composed of materials from the physical and chemical disintegration of surface rocks and organic materials derived from the activity of millions of microorganisms and also plants and animals. The processes by which soil is formed are extremely slow: to obtain 30 cm of soil, hundreds or thousands of years must pass for its maturation. This is why we must know that soil is a natural resource that is difficult to renew, and its conservation is indispensable' (taken from http://www.oni.escuelas.edu.ar//2002/santiago_delestero/madre-fertil/explota.htm on May 9, 2011 at 10:45 hours). Like other elements such as the atmosphere, soil is not conceived as a public domain asset (bien demanial), but rather as an element that must be used rationally and sustainably. This means that activities carried out on it must respect its structure and avoid its degradation. Among the resources that have been degraded by the various activities of the human species, the fertile layer or soil is one of the most affected. It is this element upon which humanity has been erected, as it is known today, and upon which negative pressure has been exerted throughout its entire existence. This natural resource constituted the basis of human civilization and has been conceived as the basic means of production of the economic system of the most advanced societies throughout history. Through agriculture, humanity managed to exploit the fertile layer resource, thereby obtaining benefits that shaped the structure of the modern world. The constant dependence of the human species on the land, manifested in the need to provide food and other basic necessities for all humanity, has led it to disregard the resource's regeneration capacity, without valuing the fragility of its structure and the slowness of its formation and regeneration process. Therefore, the legal regulations seeking its protection through the actions of public and private subjects, both internationally and nationally, have been born. Our legal system, in order to protect soil, contains Law 7.779 as indicated, and its Regulation (Reglamento), which corresponds to decree number 29.375. The latter, in its definitions, states that soil degradation (degradación del suelo) is the: 'Deterioration of the chemical, physical, and biological characteristics of the soil, with a decrease in its productivity over time, as a consequence of processes such as water or wind erosion, salinization, waterlogging, depletion of nutritive elements for plants, contamination with slowly decomposing agrochemical products or heavy elements, deterioration of structure, compaction, sedimentation, and other forms of degradation', and understands soil (suelo) as: 'a natural body located on the earth's surface, formed from a variable mixture of mineral and organic materials, through the action of weathering, chemical, physical, and biological factors over time, capable of sustaining the growth of plants and other living beings, and susceptible to modifications by human beings and natural events.' It is within this conceptual framework that the protected object of the soil resource regulations must be understood.

V- Regarding the jurisdiction of the Agrarian Jurisdiction in matters concerning the soil resource and matters arising from the application of Law No. 7779. The emergence of Agrarian Law as a legal branch revolves around productive activity, and although new cultivation modalities are currently emerging that do not require the use of the soil resource or the fertile layer, its exploitation is predominantly the basis and support of agrarian activities worldwide, and our national territory is no exception. Regarding the functional jurisdiction of this jurisdictional venue to hear conflicts arising from the application of the Law on Soil Use, Management, and Conservation and its regulation, Article 56 of said law states verbatim, in relevant part: 'The Agrarian Courts shall have the authority to hear and definitively resolve matters arising from the application of this Law.' Therefore, this Court considers that even when state actors and private subjects converge in compliance with said regulations, the legislator reserved cognizance of the application of the law to the specialized agrarian venue due to the protected object, which is fully linked to the object of regulation and study of Agrarian Law. This situation is explained by the fact that the very foundation of this area of Law lies in agrarian production, whose traditional core is the use of the land or fertile layer, constituting an object inherent to agrarian law and whose unifying object has been the cultivation of the land [...]."

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Other References: Law 7.779 as indicated, and its Regulation, which corresponds to decree number 29.375.

Legislation and Doctrine Citations Text of the resolution EV Machote Generation: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVER DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj

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EXPEDIENTE:

23-000231-0298-AG - 9

PROCEEDING:

CONFLICTS OF JURISDICTION

PLAINTIFF:

AGREGADOS RIO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA

DEFENDANT:

JOSE DANIEL MORA SANTAMARIA

VOTE No. No. 2023000889

TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours zero minutes on the twenty-fourth of October, two thousand twenty-three.-

ORDINARY PROCEEDING brought by AGREGADOS RÍO SAN CARLOS S.A., legal identification number three– one hundred one– two hundred forty-three thousand nine hundred thirty-three; represented by its president, Mr. Augustín Jacques Lancelot Pieter, single surname due to his nationality, of legal age, married, businessperson, permanent residence ID one zero five six zero zero zero zero nine six three one; against JOSÉ DANIEL MORA SANTAMARÍA, of legal age, married in first nuptials, businessperson, identity card number two- zero five hundred ninety-one- zero five hundred eighty-five, resident of San Juan de San Ramón. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is licensed attorney Claudio Antonio González Valerio, bar association number twenty-two thousand two. Processed before the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos. This Court hears the recusal resolution 2023000339 at nine hours fifty-five minutes on the twenty-eighth of September, two thousand twenty-three.-

Judge Darcia Carranza drafts, and;

WHEREAS:

I.- By means of resolution No. 2023000339 at nine hours fifty-five minutes on the twenty-eighth of September, two thousand twenty-three, the judge a quo recuses himself from hearing this matter, indicating that the contract is based on the extraction of river materials, and therefore, the agrarian jurisdiction is not competent to resolve it.

II.- Subject-matter jurisdiction in agrarian matters is generically determined by Articles 1 and 2, subsection h) of the Law of Agrarian Jurisdiction. The fundamental criterion for determining subject-matter jurisdiction is that of productive agrarian activity, whether animal husbandry or the cultivation of plants (business or subsistence activities), or when involving related activities, as well as sustainable agri-environmental activities. As complementary criteria, the nature or suitability of the productive asset, its size, and the subjects participating in the agrarian process as plaintiffs or defendants have been established. The nature or suitability of the asset is closely linked to agrarian funds (fundos agrarios) (incorrectly referred to by legislation as rustic properties), dedicated to or capable of being used for productive agrarian activities, or for forest conservation and sustainable management of agri-environmental activities. The subjects, likewise, acquire their classification as 'agrarian subjects' (sujetos agrarios) due to their dedication to productive agrarian activities. The fundamental criterion is always the functional one, that is, the activity, to which both objective and subjective criteria are redirected.

III-. The present proceeding involves claims aimed at the fulfillment of a contract between private parties regarding the exploitation of the soil, in this case, river material, which, of course, has a concession. In accordance with the provisions of Section 56 of the Law on Soil Use, Management, and Conservation: 'The Agrarian Courts shall have the authority to hear and definitively resolve matters arising from the application of this law...' In this regard, the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia has stated the following: '...In the present case, we are in the presence of claims aimed at the fulfillment of a contract signed by the parties concerning a right of possession over an agrarian property, which the plaintiff seeks to materialize to develop an eventual mining operation (quarry - pit); an aspect that was established in the contract, and which, according to Article 56 of the Law on Soil Use, Management and Conservation, refers its cognizance to the specialized agrarian jurisdiction. (Vote 456-2014 of 03/27/2014 of the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia). Likewise, in a previous vote, the same Chamber had indicated the following: '...The soil resource is protected by environmental law and agrarian law. The Law on Soil Management, Use, and Conservation aims at the protection, conservation, and improvement of soils in an integrated and sustainable management with other natural resources, through promotion and planning, with the agrarian jurisdiction being competent (Article 56 ibid). It is under this reasoning that this Chamber considers that the mining operation of the property subject to this matter must be placed in the specialized agrarian venue...' (Vote 562-2012 05/10/2012 of the Sala Primera). From the foregoing, it is clear and evident that the present matter must be heard in this specialized venue, given that the Law on Soil Use, Management, and Conservation itself grants material jurisdiction for the discussion of private conflicts concerning the application of said regulations to the Agrarian Jurisdiction, as stipulated in Section 56 of said law. In the same vein, Vote of this Court No. 460-C-2011 at 11:01 hours on May 10, 2011, may be seen, in which the jurisdiction of the Agrarian Courts is analyzed: '... IV- On the soil resource as an object of protection under Environmental law and Agrarian law. The protective environmental legislations arise from the need to safeguard the vital elements of the ecosystem from human actions that degrade the systems' and their resources' capacity for perpetuation. Within the complex regulatory framework, the Law on Soil Management, Use, and Conservation No. 7779 was enacted, whose purpose is the protection, conservation, and improvement of soils in an integrated and sustainable management with other natural resources, through promotion and planning. This legal norm establishes obligations for State bodies and private individuals, which lead to taking effective and preventive actions for the protection of the soil resource. To this end, the State, through its Ministries and agencies, must apply the environmental principle of coordination of administrative competencies to achieve the environmental protection established in this law. The foregoing is because the soil resource is an element subject to the use and enjoyment of private individuals in their various actions. The soil or fertile layer, as a complex component of the environment, can technically be defined through the following characterization: 'The solid surface on which we walk, build cities and roads, is called soil. Although it may not seem so at first glance, soil constitutes a natural, complex, and dynamic system where multiple processes develop and numerous factors, both biotic and abiotic, intervene. The soil, a thin layer a few centimeters deep, is formed by the permanent activity of the factors mentioned above on the parent rock. Thus, soil is composed of materials from the physical and chemical disintegration of surface rocks and organic materials derived from the activity of millions of microorganisms and also plants and animals. The processes by which soil is formed are extremely slow: to obtain 30 cm of soil, hundreds or thousands of years must pass for its maturation. This is why we must know that soil is a natural resource that is difficult to renew, and its conservation is indispensable' (taken from http://www.oni.escuelas.edu.ar//2002/santiago_delestero/madre-fertil/explota.htm on May 9, 2011 at 10:45 hours). Like other elements such as the atmosphere, soil is not conceived as a public domain asset, but rather as an element that must be used rationally and sustainably. This means that activities carried out on it must respect its structure and avoid its degradation. Among the resources that have been degraded by the various activities of the human species, the fertile layer or soil is one of the most affected. It is this element upon which humanity has been erected, as it is known today, and upon which negative pressure has been exerted throughout its entire existence. This natural resource constituted the basis of human civilization and has been conceived as the basic means of production of the economic system of the most advanced societies throughout history. Through agriculture, humanity managed to exploit the fertile layer resource, thereby obtaining benefits that shaped the structure of the modern world. The constant dependence of the human species on the land, manifested in the need to provide food and other basic necessities for all humanity, has led it to disregard the resource's regeneration capacity, without valuing the fragility of its structure and the slowness of its formation and regeneration process. Therefore, the legal regulations seeking its protection through the actions of public and private subjects, both internationally and nationally, have been born. Our legal system, in order to protect soil, contains Law 7.779 as indicated, and its Regulation, which corresponds to decree number 29.375. The latter, in its definitions, states that soil degradation is the: 'Deterioration of the chemical, physical, and biological characteristics of the soil, with a decrease in its productivity over time, as a consequence of processes such as water or wind erosion, salinization, waterlogging, depletion of nutritive elements for plants, contamination with slowly decomposing agrochemical products or heavy elements, deterioration of structure, compaction, sedimentation, and other forms of degradation', and understands soil as: 'a natural body located on the earth's surface, formed from a variable mixture of mineral and organic materials, through the action of weathering, chemical, physical, and biological factors over time, capable of sustaining the growth of plants and other living beings, and susceptible to modifications by human beings and natural events.' It is within this conceptual framework that the protected object of the soil resource regulations must be understood. V- Regarding the jurisdiction of the Agrarian Jurisdiction in matters concerning the soil resource and matters arising from the application of Law No. 7779. The emergence of Agrarian Law as a legal branch revolves around productive activity, and although new cultivation modalities are currently emerging that do not require the use of the soil resource or the fertile layer, its exploitation is predominantly the basis and support of agrarian activities worldwide, and our national territory is no exception. Regarding the functional jurisdiction of this jurisdictional venue to hear conflicts arising from the application of the Law on Soil Use, Management, and Conservation and its regulation, Article 56 of said law states verbatim, in relevant part: 'The Agrarian Courts shall have the authority to hear and definitively resolve matters arising from the application of this Law.' Therefore, this Court considers that even when state actors and private subjects converge in compliance with said regulations, the legislator reserved cognizance of the application of the law to the specialized agrarian venue due to the protected object, which is fully linked to the object of regulation and study of Agrarian Law. This situation is explained by the fact that the very foundation of this area of Law lies in agrarian production, whose traditional core is the use of the land or fertile layer, constituting an object inherent to agrarian law and whose unifying object has been the cultivation of the land. Following the Theory of Agrariety (Teoría de la Agrariedad) expounded by agrarian legal doctrine, the set of rules governing this matter is issued. In this regard, Section 1 of the Law of Agrarian Jurisdiction provides: 'Article 1.- Based on the provisions of Article 153 of the Political Constitution, the agrarian jurisdiction is created, as a special function of the Judicial Branch, which will have the exclusive authority to hear and definitively resolve conflicts that arise due to the application of agrarian legislation and legal provisions regulating the activities of production, transformation, industrialization, and disposal of agricultural products, in accordance with the provisions of the following article.' Thus, as regulated by Article 56 of the Law on Soil Use, Management, and Conservation, and Article 1 of the Law of Agrarian Jurisdiction, the cognizance of this case corresponds to the specialized agrarian venue. Added to the above, in the vote of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia number 9928 at fifteen hours on June ninth, two thousand ten, when ruling on the public employment regime, despite having ordered that its cognizance corresponded to the contentious-administrative courts and not the labor courts, it analyzed the delimitation of the material jurisdiction of the Contentious-Administrative Jurisdiction and other jurisdictions such as the labor and agrarian ones. In that resolution, the criterion that had been expressed by that high Court in several of its pronouncements was modified, and it resolved: 'in that instance '... 3°) The derivative constituent power or reforming power established a constitutional reservation of the material jurisdiction of the contentious-administrative jurisdiction by stating that its object is 'to guarantee the legality of the administrative function', which is why the ordinary legislator, in the exercise of its freedom of conformation or configuration, cannot attribute that jurisdiction to another jurisdictional order other than the contentious-administrative one, since, if so, it would be emptying the institutional guarantee and fundamental right enshrined in Article 49 of the Constitution. On this particular point, and upon better consideration, this Constitutional Court varies or reverses the thesis set forth in Votes Nos. 3095-94 of 15:57 hrs. on August 3, 1994, 7540-94 of 17:42 hrs. on December 21, both of 1994, 5686-95 of 15:39 hrs. on October 18, 1995, and 14999-2007 of 15:06 hrs. on October 17, 2007. This means that when a litigant brings a claim to question the invalidity or substantial non-conformity with the administrative legal system of an administrative conduct or any singular manifestation of the administrative function (formal or material omission, formal activity or material action, or administrative legal relationship), it must be heard and resolved, inevitably, by the contentious-administrative jurisdiction.' The foregoing implies that the review of the legality of administrative acts will be the competence of the Contentious-Administrative Jurisdiction, which is also subject to criteria related to the material content of the claim, and other jurisdictions may have jurisdiction over the proceeding, provided that substantial conformity or non-conformity with the administrative function or conduct is not the sole issue. In the case at hand, the material legal object of this ordinary proceeding is defined by the claim of the lawsuit, which is directed at establishing and quantifying damages to the environment and specifically to the soil resource or fertile layer, which are alleged to have been caused by the activity of the defendant private subjects, consisting of pineapple cultivation, and they request that they be ordered to stop such production until the competent Ministries issue a series of necessary technical instruments established by Law, to achieve rational use of the resource that they consider injured or in danger of degradation. Keeping the cognizance of this proceeding in the agrarian venue does not conflict with the functions given by law to the Contentious-Administrative Jurisdiction, and the State's interests will be safeguarded by having the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, and Attorney General's Office as parties. On the other hand, environmental matters are cross-cutting, which implies affecting all administrative, judicial areas and private activities. All these spaces must manage their affairs with the environmental variable incorporated into them, and it is the obligation of all persons inhabiting the national territory to seek environmental protection and apply environmental legislation. Therefore, the reason for the jurisdictional objection is not acceptable when it is indicated that by having the State as a party, the proceeding must be referred to the Contentious-Administrative Jurisdiction, since environmental matters fall within the competence of all areas of Law. Vote 460-C-2011 of 11:01 on 05/10/2011). By reason of the foregoing, the recusal decreed by the judge of first instance is rejected.

THEREFORE:

The recusal decreed by the judge of first instance is rejected. This matter is returned to the court of origin so that it may continue its processing if no other cause prevents it.

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PHSVU8UKGNQ61
ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECISOR JUDGE

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AKF8KHNZ7ZU61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISOR JUDGE

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UYMF53HUJOY61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECISOR JUDGE

EXP: 23-000231-0298-AG

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