Res. 00531-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Conviction for Illicit Mining Sponsorship Overturned for Lack of ReasoningAnulación de condena por patrocinio de minería ilícita por falta de fundamentación

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00531 - 2023

Fecha de la Resolución: 15 de Noviembre del 2023 a las 13:05

Expediente: 20-000542-0413-PE

Redactado por: Wilson Flores Fallas

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL

 

Resolución: 2023-0531

Expediente: 20-000542-0413-PE (05)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. Segundo Circuito Judicial de San José. (En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede  Santa Cruz) Goicoechea, a las trece horas cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés.              

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], costarricense, nacido el 16 de julio de 1963, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], vecino de Cabeceras de Tilarán por el delito de PATROCINIO DE ACTIVIDADES MINERAS ILÍCITAS, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Wilson Flores Fallas, Gustavo A. Jiménez Madrigal y la jueza Flory Chaves Zárate. Se apersonó en esta sede el licenciado Juan Diego Rojas Araya, defensor particular, la licenciada Kassandra Mora Salguero, Procuradora y el licenciado Jorge Araya Chavarría, en representación del Ministerio Público.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 210-2023, de las ocho horas con veinte minutos del veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Cañas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, articulos 39 y 41 de la Constitucion Politica, ordinales 111 a 124, y 368 1 al 7, 37, 38, 40, 41, 111 a 124, 265, 341, 343, 345, 349, 351, 352, 356, 360, 361, 363, 364, 365, y 367 del Codigo Procesal Penal, articulos 1, 30, 45 y 71 del Codigo Penal y 140 del Codigo de Mineria y 1 al 10, 1045 del Codigo Civil, se declara a [Nombre 001] autor Responsable del delito de PATROCINIO DE ACTIVIDADES MINERAS ILICITAS cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES y en tal caracter se le impone la pena de TRES MESES DE PRISION. Se le condena igualmente al pago de las costas del juicio. - La pena impuesta la cumplira, previo abono de la preventiva sufrida, en el lugar y forma en que lo indiquen los Reglamentos Carcelarios. Por un periodo de prueba de tres anos, que rigen a partir de la firmeza del fallo, se concede al imputado [Nombre 001] el Beneficio de Ejecucion Condicional de la Pena y en consecuencia, no esta obligado a cumplir la pena impuesta si en el periodo dicho, no incurre en delito doloso sancionado con prision de mas de seis meses. Una vez firme este fallo comuniquese al Institute Nacional de Criminologia, Juzgado de Ejecucion de la pena y Registro Judicial. Se declara CON LUGAR LA QUERELLA y la ACCION CIVIL RESARCITORIA incoada por la Procuraduria General de la Republica y representada por la Licenciada Kassandra Maria Mora Salguero, contra el querellado y demandado civil [Nombre 001] y en tal sentido se le condena al pago en ABSTRACTO respecto al rubro de Dano Ambiental causado, extreme que debera liquidarse en ejecucion de sentencia, condenandose ademas al pago de los intereses sobre las sumas liquidadas desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago. Se ordena la restitucion de las cosas a su estado anterior en el lugar donde se llevó a cabo la  extracción a través de la regeneración natural . Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Ulfran Alfaro Garcia. Juez. (sic.fl.124 y fl.125)".

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el licenciado Juan Diego Rojas Araya, defensor particular del imputado.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta el Juez de apelación Flores Fallas; y,

CONSIDERANDO:

 I. COMPETENCIA: Conforme a lo dispuesto y bajo los parámetros establecidos por acuerdo de Corte Plena en la sesión número 22-2022 del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, artículo XXXIV;  sesión Nº 65-2022 del 19 de diciembre del 2022, artículo XVII y sesión N°28-2023 celebrada el 26 de junio de 2023, artículo XVIII, esta Cámara de Apelación, tiene competencia para conocer de las solicitudes de prórroga de prisión preventiva y recursos de apelación de sentencia penal, que corresponde, originalmente conocer al Tribunal de Sentencia Penal de Guanacaste, sede Santa Cruz. Es por ello, que esta Cámara de Apelaciones resulta competente para conocer y resolver del recurso de apelación de sentencia aquí planteado.

 II.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Revisadas las actuaciones que en autos consta, como fue la notificación de la sentencia y la fecha de interposición del recurso, de la defensa particular con data 18 de octubre de 2023, se encuentra presentado dentro del plazo legal. En consecuencia, cumpliendo con los requisitos que permiten conocer el motivo de inconformidad, al cumplir los criterios de taxatividad objetiva y subjetiva, desde la óptica formal se declara admisible el recurso.

 III. El master Juan Diego Rojas Araya, en calidad de defensor particular del imputado [Nombre 001], formula recurso de apelación contra la sentencia número 210-2023, de las 8 horas 20 minutos del veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Cañas, que declaró autor responsable a [Nombre 001] de un delito de Patrocinio de Actividades Mineras Ilícitas, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales y en tal carácter se le impuso una pena tres meses de prisión, se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena. Además, se condenó al demandado civil [Nombre 001] al pago en abstracto respecto al rubro de Daño Ambiental causado. Primer motivo: Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva. Refiere el impugnante que los hechos tenidos como probados en la sentencia que se impugna no son constitutivos del delito previsto y sancionado por el artículo 140 del Código de Minería por falta de tipicidad y por aplicación de interpretaciones extensivas. Acusa la defensa que el Tribunal de Instancia, tuvo por probados en el “CONSIDERANDO I” de la sentencia impugnada que los hechos son configurativos del “...delito de articulo 140 del Código de Minería vigente.- Ello por cuanto, de acuerdo con la prueba testimonial aportada a los autos así como el contenido que ostenta la documental que fue judicializada y analizada armoniosamente con el resto de las probanzas, se determine que el imputado [Nombre 001], incurrió en la conducta tipificada como Patrocinio de Actividades Mineras Ilícitas, al acreditarse indubitablemente que, con su omisión de salvaguardar, resguardar o proteger adecuadamente su propiedad a fin de evitar la extracción de material o en su defecto permitir que esta se produjera y así evitar la generación del daño ambientar sobreviniente ...”, donde se otorga por parte de la persona juzgadora una interpretación extensiva al verbo patrocinar señalando el que: “...En ese orden de ideas, se establece que el significado común del verbo patrocinar es defender, amparar, favorecer o auxiliar la existencia de una acción y no propiamente la ejecución de la misma. El sujeto activo ayuda o protege a una persona que está realizando la actividad, debido a que posee los medios materiales o intelectuales para hacerlo. El dolo de la persona patrocinadora no radica en proporcionar la ayuda material o técnica con fines económicos, pues sería autor del delito, sino que consiste en fomentar la actividad ilícita que realiza otra persona...”. Señala el impugnante que este tipo de interpretaciones deben ser restrictivas, porque “patrocinar” también significa en la Real Academia Española "Apoyo o financiación de una actividad o evento, por lo general deportivo o cultural con fines publicitarios...”, agregando que ninguna de las dos acciones se determinaron con la prueba evacuada indicada que las haya realizado el acusado [Nombre 001], con lo se lesiona el artículo 2 del Código Procesal Penal en relación con el 9 y 178 ibidem, causando un defecto absoluto al realizar interpretaciones extensivas. Continúa señalando que constituye una falta a los principios procesales penales hacer interpretaciones extensivas y, sobre todo, en perjuicio del encartado. El impugnante destaca que el imputado en su defensa material explicó: “...Rechazo los cargos que se mi imputan, yo no patrocinio ni tengo ninguna explotación minera, no estoy asociado a terceras personas, no tengo maquinaria para ejercer dichos trabajos. Yo me dedico al ganado esa ha sido mi ocupación. Eso se dio porque el MINAET en cierto año, creo que en el 2014, dio permiso a través de la municipalidad de Monteverde y el lugar quedó expuesto, ahí metieron maquinaria pesada, es un lugar que casi no voy, es una parte donde no hay potrero, no haya pastos y es al fondo de la finca. Esa parte rara vez voy. Yo paso más donde vivo, mi ocupación en la finca de una hermana mía que me alquila es yendo a Las Nubes, esta ocupación es mañana y tarde y la hago solo yo. Yo a esa finca voy como unas 2 o 3 veces al mes y a esa parte del tajo, no voy. Cuando llego es a la orilla, donde veo el ganado, pero el tajo esta como a 700 metros y no se ve de la calle, pero yo no puedo ver hacia donde está el torno. Yo me meto a la finca y agarro a mano derecha y reviso el ganado que tengo ahí. En otras ocasiones ni voy ahí porque la finca tiene frente a la calle en dos partes, siguiendo por la parada de buses a mano izquierdo y a unos 300 metros está el otro frente a calle. Yo ni siquiera voy por el otro lado que les hablaba desde donde no se ve. Ese lugar mejor dicho se mantiene solo, ahí es muy solo. En ese tiempo que extrajeron el material, no había cercas y yo por eso cerque, por lo mismo, recuerdo que para esa época hubo los huracanes OTTO YNATE y hubo destrozos por todos lados, el lugar fue muy afectado, además hay dos puentes que fueron afectados por avalanchas que venían de muy largo que destruían los puentes. Las municipalidades intervenían al igual que la comisión de emergencias. Para esa época si fui algunas voces al lugar a efecto de dar permiso para colocar puentes por el sector, a la vez usaban para meter maquinaria en ese lugar. Cuando eso sucedió todavía había algunas cercas, era un alambrado frágil para cualquiera que quisiera entrar. En la actualidad eso está abierto, no me interesa porque me botan las cercas. A ml no me gustan los problemas ni buscar enemigos. Me he visto involucrado en este problema sin querer. Siempre me ha gustado tener amistades, aunque a veces pierda ciertas cosas. Quiero que el tribunal verifique lo que estoy diciendo, en la actualidad la finca está abierto en esa parte. Me parece que tanto, vecinos como otros querían beneficiarse del material, pero yo no iba a dejar mi oficio, mis vacas para irme a buscar esa gente que a lo que hacen es enojarse con uno. Eso para mí no tiene ningún valor ya que para explotar eso hay que tener mucho dinero y yo no podía hacerle frente a eso y pensé que mejor lo dejaba así...”. Sostiene que se determino en juicio el señor [Nombre 001] se dedica a la actividad ganadera, lo que fue confirmado por los testigos de descargo. Por otra parte, señala que el testigo [Nombre 005] señaló que: "yo no le pedía permiso a don [Nombre 001] ya que el tajo estaba abierto y sentí que no había necesidad...[Nombre 001] tiene vacas de ordeño, se dedica a la ganadería...[Nombre 001] nunca a tenido maquinaria en lugar que yo sepa...Don [Nombre 001] nunca me dijo nada...” . Refiere que el testigo [Nombre 006] indicó que: “...Sobre este asunto lo que debo decir es que en el caso de la acusación siento que el señor [Nombre 001] no tiene ningún compromiso en el caso por la razón de que el tajo mientras estuvo cerrado y ese ahora que esta abierto, todo mundo robaba para tapar huecos en caminos vecinales y hasta en rutas nacionales. [Nombre 001] se dedica a la ganadería y lechería. [Nombre 001] no ha explotado ese tajo y no le he visto maquinaria pesada. Esa gente que llega a sacar material de ese tajo, lo hacia a espaldas de el honestamente...”. Además, señala que la testigo [Nombre 007] manifestó no saber de esta investigación. Por su parte el testigo Junior Ramos García señaló que: “...En esas tres ocasiones nunca ubique personal trabajando. Según las visitas y por las huellas que se velan, se determinó que las extracciones eran recientes, eran huellas frescas. En el lugar no habla maquinaria. No vi a ningún propietario o encargado...No recuerdo si los vecinos que dieron información indicaron que don [Nombre 001] llegaba al lugar...” Refiere que el testigo [Nombre 009] expuso que: “... yo nunca tuve la oportunidad de ver a alguna persona sacando material de ese lugar. Esa maquinaria no estoy seguro que fuera de don [Nombre 001]. Desde donde yo veía la maquinaria esta desde como desde 300 metros. Yo nunca vi a [Nombre 001] trabajando es esta actividad...Yo no se de quien era la maquinaria que estaba en el lugar...”. Reitera la defensa que la prueba no es reflejo del análisis que realizó la persona juzgadora para llegar a condenar a su defendido por el delito acusado, ya que no determinó apoyo o financiación de una actividad, lo que en su criterio contraviene los artículos 2 y 9 del Código Procesal Penal, al realizar interpretaciones extensivas a una adecuación típica, sin conseguirlo. Solicita que en aplicación del principio In Dubio Pro Reo se absuelva de toda pena y responsabilidad a su representado por falta de tipicidad y, de manera subsidiaria, que se anule la sentencia recurrida, declarando en consecuencia la ineficacia del fallo y del debate, para que se proceda conforme al numeral 466 del Código Procesal Penal a ordenar el reenvío al Tribunal de origen para una nueva sustanciación. SEGUNDO MOTIVO: "INOBSERVANCIA Y ERRÓNEA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 39, 41 de la Constitución Política, 8 párrafo 2 incisos h) Pacto de San José, 1 y 30 del Código Penal, 1, 2, 6, 9, 142, 143, 178, 184, 361, 363, 365, 368 del Código Procesal Penal, 41.1 Código Procesal Civil y 140 del Código de Minería vigente. La Acción Civil Resarcitoria debió ser declarada sin lugar al no demostrarse fehacientemente los montos reclamados." La defensa reprocha que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio carece de una fundamentación intelectiva clara e integral de los elementos de prueba que componen el acervo probatorio, tanto de cargo como de descargo, es decir, carece de un análisis crítico de la probanza que deja en total evidencia la óptica subjetiva con la que el órgano sentenciador aborda el tema de la acción civil resarcitoria, donde prácticamente justifica o suple las deficiencias del litigio de la actora civil con actuaciones que no son acordes a nuestro Ordenamiento Jurídico. Refiere el impugnante después de un extenso extracto de la sentencia, que a pesar de un análisis que le parece muy atinado porque eso fue lo que reflejó la prueba a la luz de los principios del Derecho Procesal Civil, con dichos argumentos debió declararse sin lugar la acción civil resarcitoria. Agrega que la parte que ejerce la acción civil debe procurar la prueba idónea para su condenatoria civil, ya que era evidente que en lo que se basó la señora Procuradora para solicitar sus partidas no tenía ninguna base científica y atentaba contra el debido proceso, como bien lo explicó el juzgador. Reprocha que la única falencia que tuvo dicha autoridad fue desconocer y no aplicar el artículo 41.1 del Código Procesal Civil, pues no debió orientar al litigante condenando en abstracto, ya que tenía que declarar la acción civil sin lugar al basarse la misma en prueba espuria y no demostrar sus pretensiones. Sostiene que la supuesta valoración económica de la infracción de folio 5 no corresponde a un peritaje, donde hay varias personas que participan y cobran honorarios, ni se hizo con una base científica. Solicita que se declare con lugar el presente motivo de apelación, se anule la sentencia en cuanto a la acción civil resarcitoria y se disponga el reenvió de la causa para que se someta nuevamente al contradictorio ante un nuevo Tribunal, pero por economía procesal solicita se declare sin lugar la acción civil resarcitoria y se condene en costas a la actora civil. Posición de la Procuraduría General de la República: La licenciada Kasandra Mora Salguero, Procuradora Penal, en su condición de representante de los intereses del Estado, contestó el emplazamiento del recurso de apelación de la defensa solicitando el rechazo del recurso de apelación de la defensa y la confirmación la sentencia. Sostiene que la resolución cuestionada se encuentra ajustada a Derecho y contiene una adecuada y suficiente fundamentación a la luz de la prueba evacuada en el juicio oral y público que la sustentó, por lo que la misma merece permanecer incólume. Continúa señalando que lo que se plantea por la parte recurrente se basa en la simple inconformidad por lo adverso que le resulta la resolución al imputado, al tenerse como autor responsable de los hechos acusados; pero que, sin embargo, no le asiste razón a sus alegatos, toda vez que por medio de una interpretación meramente subjetiva considera que el Tribunal realiza una labor extensiva para ajustar la acción a un tipo penal, esto en virtud del análisis que realiza el Tribunal del artículo 140 del Código de Minería, que sanciona la persona que patrocine actividades mineras ilícitas, de acuerdo a los conceptos comunes que identifican el verbo patrocinar, como lo son: defender, amparar, favorecer o auxiliar la existencia de una acción. Sin embargo, el recurrente se aparta de los mismos sin explicar por qué razón. Sostiene que le llama poderosamente la atención como el apelante quiere que se tenga como una verdad absoluta la declaración brindada por el imputado, quien evidentemente no va a admitir que él permitía que se realizaran labores de extracción en su propiedad, pero que además resulta totalmente increíble que él, como propietario, manifieste que no le gustaba ir a su propiedad donde se ubica el tajo, que iba solo como unas 2 o 3 veces al mes a ver el ganado, y a esa parte del tajo no iba ni lo veía para evitar problemas. No obstante, en forma contradictoria el testigo de cargo [Nombre 005] declaró en juicio "Yo no le pedía permiso a don [Nombre 001] ya que el tajo estaba abierto y sentí que no había necesidad. Don [Nombre 001] no interfería en lo que yo hacía, ese material yo lastrié de los tornos a las nubes con ese material". Cuestiona la representante del Estado como una persona que no es la propietaria, que dice ser amigo de años del dueño de la finca, sin tener ningún tipo de derecho, autorización legal, ni permiso por parte del imputado, entraba a la finca a realizar labores de extracción, auto incriminándose porque manifestó saber que para realizar esa actividad se requiere de permisos y, con mucho mayor razón, porque es la actividad que dijo se dedicó hasta que se pensionó hace unos dos años. Refiere que este testigo entraba a la finca con una vagoneta y una excavadora a realizar labores de extracción, y el imputado siendo el dueño no lo hacía para evitar problemas con quien dijo ser amigo de toda la vida. Nunca encontró necesario informar a [Nombre 001], al que identifica como dueño del tajo, sobre la actividad que tanto él como otras personas realizaban ahí, y de las cuales obtenían un lucro, pues declaró que se cobraba a los productores de leche por medio de una asociación para mantener las calles en buen estado, y que él obtenía un 30% de las ganancias. Además, señala que si bien los testigos que describe el apelante ninguno ubicó al imputado en la finca, esto era lógico, porque como lo manifestó uno de los testigos de cargo, que muchas de estas actividades se realizaban de noche y fines de semana para evitar la posibilidad de que los vieran funcionarios del Minae que pasaban por el sitio en horas de oficina. Sin embargo, lo cierto es que en ese desglose que hace de las versiones rendidas por los testigos al Tribunal de Juicio, extrañamente se omite el testimonio del señor Edier Jiménez, quien como funcionario del Organismo de Investigación Judicial declaró haber ido al sitio para realizar una inspección y un informe en compañía de Miguel Lizano, y que encontraron al señor [Nombre 001] en el tajo, junto a un Back Joe y un pick up, quien se identificó como [Nombre 001] y además propietario de la maquinaria, misma en la que estaba el conductor. Ante esta situación, por que evade mencionar este testigo y, más que eso, por qué [Nombre 001] nunca presentó una denuncia de la extracción ilegal que se estaba dando en esa finca de su propiedad, con mucha más razón si el día de la inspección por parte de los funcionarios del OIJ él estaba ahí y el conductor de la maquinaria también, lo cual no tiene sentido. Con relación al segundo motivo, indica que el impugnante se confunde al reclamar que la prueba era espuria y que no se demostraron las pretensiones. En este sentido, señala que, si bien el Tribunal de Juicio no condenó por el monto establecido por la representación del Estado, esto ocurrió no porque la prueba aportada y judicializada sea espuria, sino al considerar que el método utilizado no le permitía una condena por el monto fijado, sino una condena en abstracto. Agrega que partiendo de ese daño al ambiente que quedó totalmente acreditado en el contradictorio, tanto de la prueba testimonial como documental, entre ellas las fotografías que demuestran los cambios groseros que ha ido sufriendo este sitio con el pasar del tiempo al realizar una extracción de material en forma indiscriminada, sin ningún tipo de control, que además puso en riesgo que suceda un accidente por no hacerlo con la técnica correspondiente y la intervención de un geólogo, es que el Tribunal condenó en abstracto, trasladando la obligación a la Procuraduría General de la República para que en la etapa de ejecución de sentencia se demuestren los montos concretos ocasionados al ambiente por parte del demandado civil [Nombre 001]. Solicita que se declare sin lugar el recurso y se mantenga incólume la sentencia atacada. (Cfr. folio 144 a 149 del expediente principal). Posición del Ministerio Público: El licenciado Jorge Araya Chavarría, en su condición de fiscal de juicio, contestó el emplazamiento del recurso de apelación de la defensa, solicitando que se declaren sin lugar los motivos. Destaca que después de examinar el motivo de apelación, lejos de ser la conducta del imputado atípica, lo cierto es que la sentencia si presenta una fundamentación solvente acerca de los elementos objetivos del tipo y la manera en que se lesionó el bien jurídico. Asimismo, que la conducta del imputado es culpable, aunado a la prueba que permitió arribar a esa conclusión. Agrega que los argumentos del recurrente no se derivan de la sentencia, sino desde una óptica cargada de subjetivismo, que no necesariamente se extrae del documento sentencia, ni se deriva de la prueba. (Cfr. folio 151 a 152 del expediente principal). Por las razones que se dirán el reclamo es atendible. La disconformidad de la defensa es atendible, aunque por razones diversas a las expresadas por el recurrente en el encabezado del motivo y que corresponde declarar con lugar, dado que a pesar de lo concerniente a la aplicación de la ley sustantiva que forma parte del debido proceso, es decir, la correcta adecuación típica de la conducta, lo cierto es que al confrontar el reclamo con la lectura de la sentencia, en su aspecto medular, se comprueba que efectivamente el Tribunal sentenciador tuvo como hecho demostrado que: “Que el acusado [Nombre 001], es propietario de la finca matricula [Valor 002], plano [Valor 001], misma que se ubica en Guanacaste, Abangares, Distrito La Sierra, Los Tomos, específicamente en las coordenadas CRTM-05 1.144.496, Latitud Norte y 407.035 Longitud Este, coordenadas Lambert Norte 259.042 Latitud Norte y 443.324 Longitud Este, hoja cartográfica Tilaran, escala 1:50.00. Que el acusado [Nombre 001], en el lugar antes indicado, finca que es de su propiedad, sin precisarse fecha exacta, pero si antes de los lapsos que van del 03 de agosto de 2017, el 11 de octubre de 2018 y el 22 de marzo de 2019; de forma continua por medios propios y mediante terceras, patrocino actividades mineras ilícitas, propiamente explotación de material mineral, ello al permitir la extracción de material minero en dicha propiedad, específicamente materiales volcánicos de la formación Aguacate, material usado para fabricación de cemento, concrete, base para carreteras, lastre, calzada, enchapes, filtros y drenajes, lo anterior, sin contar con los respectivos permisos o la concesión legal para tales efectos. Que la actividad ilícita patrocinada por parte del acusado se llevó a cabo por medio de la utilización de maquinaria pesada, lográndose constatar por medio de la Dirección de Geología y Minas que en la finca propiedad del acusado [Nombre 001], se extrajo ilegalmente un total de 13.116 metros cúbicos de material minero.” (Ver folio 96 del expediente principal). En ese sentido, también resulta cierto que el Tribunal sentenciador establece que el significado común del verbo patrocinar es "defender, amparar, favorecer o auxiliar" la existencia de una acción, y no propiamente la ejecución de la misma, permitiendo comprender desde el inicio del análisis intelectivo de la sentencia que la proposición fáctica va ser analizada en función de la calificación legal, concretamente, de la acción del tipo penal de Patrocinio de Actividades Mineras Ilícitas. En ese mismo orden, la persona juzgadora propone, para delimitar el concepto de acción contenida en el tipo penal, que: "El sujeto activo ayuda o protege a una persona que esta realizando la actividad, debido a que posee los medios materiales o intelectuales para hacerlo. El dolo de la persona patrocinadora no radica en proporcionar la ayuda material o técnica con fines económicos, pues seria autor del delito, sino que consiste en fomentar la actividad ilícita que realiza otra persona, es decir su autoría es mediata. Se configura este delito cuanto una persona desea ejecutar una actividad minera y requiere de un titulo y de medios económicos que no posee. Por ello solicita ayuda o permite a otra persona u otras personas, quienes se convierten en sus patrocinadoras. La persona patrocinadora tiene conocimiento de la ilegalidad de las actividades y, a pesar de ello, le facilita o transmite las posibilidades o inclusive puede ser sus conocimientos técnicos en materia para que se materialice la extracción de materiales, sin determinarse que el agente cuente con los medios materiales para llevar a cabo la actividad ilícita. En los casos de patrocinio, deberá establecerse, claramente, si se trata de un coautor o autor del delito de explotación o si es autor de delito de patrocinio, sobre todo en casos de explotación minera a gran escala, donde se utiliza incluso personas con necesidad económica o de baja escolaridad u horarios clandestinos o de bajo transito que permita proteger la clandestinidad, circunstancias que generalmente utilizan los administradores o propietarios de fincas. Una vez explicada la circunstancia, entra a revisar el tribunal la determinación de las circunstancias acreditadas por el elenco probatorio traído al debate y que fue debidamente judicializado." (Cfr. folio 105 a 106 del expediente principal). Lo anteriormente transcrito, permite derivar que el Tribunal de mérito tuvo por probada la comisión del delito de Patrocinio de Actividades Mineras Ilícitas a partir de que la acción ejecutada por el sujeto activo responde al verbo "patrocinar", entendida como "defender, amparar, favorecer o auxiliar". Sin embargo, al examinar los fundamentos de la decisión frente a las reglas de la sana crítica, o preferiblemente a los ejercicios de sana crítica o de ejercicios de razonabilidad crítica que sirven de instrumento para justificar las conclusiones que fueron derivadas de las proposiciones fácticas y sus acreditaciones probatorias, hacia las conclusiones por justificar, se echa de menos una motivación completa con esa correspondencia, es decir, es deficiente la fundamentación, ya que al derivar a partir de la prueba testimonial la acción de defender, amparar, favorecer o auxiliar en la actividad de minería ilícita que se imputa al endilgado [Nombre 001], se nota ausente en la inferencia lógica los elementos probatorios de los que deriva la acción descrita en el tipo. Así, en el considerando III de la sentencia impugnada (cfr. folio 105 del expediente principal) sobre "Existencia de los hechos.- Responsabilidad del acusado", el Tribunal de Juicio señaló que el acusado es propietario de la finca donde se desarrollan los hechos, lo que no constituye un hecho no controvertido, y seguidamente comienza analizando el testimonio Junior Ramos que como encargado de realizar una inspección en el área afectada encontró evidencia de extracciones de material en el sitio, lo que también resulta un hecho no controvertido, señalando que: "...es que si bien el testigo Junior Ramos, es honesto en indicar que en ninguna de las oportunidades en que se apersono al sitio, ubicó personas ni maquinaria trabajando en el sitio, pero que si observó pisadas frescas de vehículos que permiten determinar las circunstancias que si acreditaron los testigos [Nombre 009] e inclusive los mismos testigos de descargo [Nombre 006] y [Nombre 005], quienes categóricamente explicaron al tribunal, a través del contradictorio, que observaron equipo pesado en el sitio de la extracción, el cual denominan como “el tajo de [Nombre 001]”, e inclusive el mismo testigo [Nombre 006] explica que personalmente en varias ocasiones ingreso al sitio para robar material, y explicando que muchas personas lo hacían para arreglar los caminos de la comunidad, toda vez que generalmente permanecen en pésimas condiciones, además que, haciendo ver que nunca le comentó lo que ocurría al imputado a pesar de ser conocido de don [Nombre 001], circunstancia que considera el tribunal riñe con las reglas de la lógica, el sentido común y la razón, a no ser que, no le comentara al imputado, precisamente porque éste ya conocía de la situación siendo permisivo con la situación, conclusión a la que llega el tribunal a través de la dinámica intelectiva aplicada al caso concreto." De lo anterior, se puede derivar que el Tribunal le brinda credibilidad al testigo de cargo Junior Ramos, no así al testimonio de descargo [Nombre 006], atribuyendo al acusado que conocía de la situación y que era permisivo, sin explicar cómo o de qué manera a partir del valor otorgado a la prueba testimonial era posible afirmar que el endilgado conocía de la extracción de materiales de su propiedad, y en cual tipo de acción se ajustaba su conducta, es decir, defender, amparar, favorecer o auxiliar la extracción de materiales que integran el verbo de "patrocinio". Seguidamente, el Tribunal sentenciador indicó que el testigo Junior Ramos había referido que en el sitio de ingreso a la finca del imputado se ubicaba un portillo o "portón falo" (Cfr. folio 109 del expediente principal) y que el perímetro de la propiedad estaba cercada con alambres de púas y que eso era contradictorio con la declaración del acusado cuando declaró que los cercos estaban caídos y en mal estado, sin embargo, más allá de ese aspecto descriptivo, no existe un aporte en el razonamiento que permita explicar cómo se concluyó que el endilgado haya sido permisivo con la extracción ilegal de lastre. Se suma que después de transcribir parte del testimonio de Edier Jiménez Ruiz, concluyó el a quo que corrobora los aspectos que acreditó el señor Junior Ramos García, y que en el tajo observó al imputado [Nombre 001] que no se encontraba en labores de extracción de material abordo de un vehículo cuatro por cuatro, explicando que había un back hoe dentro de la propiedad el cual tenía el operario al interior del mismo, pero que no logró observarlo en labores de extracción, sin que se derive nuevamente la forma en que el endilgado conocía de la extracción ilícita de material. En ese sentido, el Tribunal solo destacó que se logró acreditar la existencia de herramientas propias para el acarreo de la extracción, que resultan ser instrumentos idóneos para llevar a cabo tal actividad. No obstante, el Tribunal sentenciador no explica cómo al ubicarse en sitio al imputado y a un back hoe que tenía un operario sin hacer labores de extracción, se ajusta a la conducta de defender, amparar, favorecer o auxiliar la extracción de materiales de minería ilícita. Seguidamente, el Tribunal sentenciador destacó que: "A partir de lo anterior y en armonía con lo antes expuesto, extrae el tribunal con claridad, la existencia del elemento determinante del tipo penal de Patrocinio de actividades Mineras ilegales, y es que se trata precisamente, -como ya se ha explicado abundantemente-, que no es necesario acreditar que la persona acusada ejecuta la extracción como tal, sino que basta que este sea permisible o condescendiente con quien si realiza la acción, circunstancia que es la que estima el tribunal ocurre en el caso concreto, a la luz de toda la lógica jurídica y análisis intelectivo de las probanzas valoradas de forma concatenada, y que lleva precisamente a converger con los fundamentos externados por la representación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, como parte de su teoría del caso, y es que el tribunal analiza y observa que, no es solo que el testigo únicamente haya visto el sitio de donde se indica se daba la extracción de material, sino que además explica que efectivamente era evidente la existencia de la actividad de extracción toda vez que se apreciaban cortes en el montículo, donde además hace ver como a consecuencia de la misma, se había afectado la vegetación de los alrededores por cuanto observe árboles y arbustos que se encontraban desprendidos en una pequeña ladera al andar del sitio donde se ubica el tajo”; situación que resulta razonable como consecuencias de la misma actividad ya acreditada, tal como lo estima el tribunal en aplicación de las reglas de la lógica y de la misma experiencia Humana." (Ver folio 111 del expediente principal). Lo anterior nuevamente pone en evidencia la inexistencia de un razonamiento del que pueda derivarse la existencia de un elemento determinante del tipo penal de Patrocinio de actividades Mineras ilegal, es decir, al analizar con detenimiento la estructura de la sentencia, se hace una transcripción de la prueba testimonial que se recibió en el juicio, y seguidamente se hace una valoración o fundamentación intelectiva probatoria incompleta, pues se encuentra aislada o divorciada de la conclusión final para acreditar la acción del tipo penal. Sobre la testigo [Nombre 007] el Tribunal concluyó que no aportó ningún dato de importancia para la resolución del caso. En relación al testigo [Nombre 009], el juzgador después de señalar las razones por las que su declaración resulta creíble, transcribe un extracto de su testimonio, e indicó que: "Como puede observase, este testigo inclusive se refiere a un espacio temporal durante el cual recuerda haber observado las actividades indicadas, que coincide con el que indica la pieza acusatoria y que también recalcaron en juicio los testigos Junior y Edier, y en síntesis este testigo le hace ver al tribunal, como la actividad de extracción de material del tajo, si se estaba llevando a cabo y que sucedía en la finca del imputado [Nombre 001], inclusive hace ver que a veces lo hacían en horas de la noche o sea de forma clandestina y que eran conocido en el lugar los que utilizaban el material para efectos de reparación de caminos, que generalmente permanecían en malas condiciones ya que no había intervención municipal, igualmente es concreto en indicar que el tajo investigado se ubica propiamente en la finca de don [Nombre 001] el cual vive en una comunidad cercana al sitio donde éste se encuentra ubicado y que está a aproximadamente a unos ocho kilómetros. Este punto de su declaración es importante a la luz del análisis que lleva a cabo el Tribunal, al comparar dicha información con la que brindó el propio imputado, pues este refiere que a veces venía a la finca a “darle una vuelta a su ganado” lo que implica que entonces si venía al sitio y que aunque no se hiciera presente con fines de llevar a cabo la extracción, no es de recibo ni razonable pensar que no tuviera conocimiento de la labor que se daba en su propiedad ni que desconociera sobre temas de la ilegalidad de la actividad de extracción de minerales. Finalmente con respecto al testigo [Nombre 009] es conteste al explicar que en varias oportunidades observo maquinaria pesada en el tajo, con lo cual se ratifica la declaración rendida por el testigo Edier Jiménez y el mismo testigo de la defensa [Nombre 005] el cual más adelante se analizará en detalle y quien explicó al respecto que efectivamente, mientras viajaba a su lugar de trabajo, en varias ocasiones observo la presencia de maquinaria en el lugar [...] la certeza que encuentra el tribunal, con relación a la existencia de la actividad ilícita desarrollada en el lugar y el patrocinio ejercido por la persona acusada, al mantenerse permisivo e indiferente si fuera el caso, ante la ejecución de dicha actividad." (Cfr folio 112 a 113 del expediente principal). Ciertamente, el Tribunal reitera que la prueba acredita la extracción de materiales de minería ilícita por medio de los testimonios de [Nombre 009] y [Nombre 005], aspecto que resulta no controvertido, sin embargo, cuando el juzgador intenta explicar que el endilgado tenía ese conocimiento de la extracción de materiales de su propiedad que se llevaba a cabo en las noches y fines de semana por parte de terceros, el juzgador o no explica de forma adecuada de donde deriva esa afirmación, sino que se decanta por hacer un inversión de la carga de prueba al indicar que: "Este punto de su declaración es importante a la luz del análisis que lleva a cabo el Tribunal, al comparar dicha información con la que brindó el propio imputado, pues éste refiere que a veces venía a la finca a “darle una vuelta a su ganado” lo que implica que entonces si venía al sitio y que aunque no se hiciera presente con fines de llevar a cabo la extracción, no es de recibo ni razonable pensar que no tuviera conocimiento de la labor que se daba en su propiedad ni que desconociera sobre temas de la ilegalidad de la actividad de extracción de minerales." (Ver folio 112 113 del expediente principal) Lo anterior refleja un razonamiento incorrecto, pues el hecho de que el endilgado se presente a su propiedad con una dimensión de 119.000 metros cuadrados a "darle una vuelta a su ganado", no implica tener conocimiento de las labores de extracción en la noche y fines de semanas de materiales por parte de terceros, ya que, aceptar la afirmación del Tribunal, no solo implicaría invertir la prueba, pues el obligado a demostrar que el acusado tenía o no el conocimiento es el Tribunal sentenciador por medio de la prueba legalmente incorporada. Posteriormente, el a quo desecha el testimonio de [Nombre 005], al restarle credibilidad, no obstante deriva que: "Lo anterior por cuanto, como lo ha reiterado el tribunal, los elementos del tipo penal acusado, no abrazan propiamente ni únicamente el tema de la extracción del material propiamente dicho, sino la existencia de un conocimiento y autorización tácita para que opere la actividad, aspectos que no estimó la defensa técnica al valorar su testigo, de manera que con la información aportada por este al tribunal, lo que viene más bien, es a demostrar que el imputado no se preocupaba por proteger de forma adecuadamente el sitio de la extracción, pues véase que el testigo sabía que él y otras personas sacaban lastre del tajo y que se ubica dentro de su propiedad registral, limitándose el testigo [Nombre 005] a asegurar categóricamente no ha sacado material de ese tajo; por lo que resulta, al amparo de los análisis doctrinarios aplicables y la jurisprudencia relacionada, en razón del interés difuso que se protege, es deber del propietario del bien ejecutar los actos legales, propios y necesarios para evitar el daño del carácter ambiental y véase que en el caso concreto, no consta y ni siquiera se ofreció como prueba, que el imputado haya presentado algún tipo de queja o alerta ante alguna autoridad, (administrativa al menos), para evitar las consecuencias que hoy se acreditan." (Ver folio 114 del expediente principal) Del extracto se deriva como conclusión que el endilgado tenía conocimiento y autorizaba tácitamente la extracción de lastre; sin embargo, el testigo [Nombre 005] nunca afirmó que el acusado tuviera conocimiento o que contaba con autorización para la extracción de lastre. En ese mismo sentido, el Tribunal incurre en una falacia de causa falsa para justificar el conocimiento y autorización tácita de la extracción de lastre, cuando refiere que el testigo [Nombre 005] sabía que él y otras personas sacaban lastre del tajo de la propiedad del acusado, sin que el conocimiento de la extracción de lastre por parte del testigo tenga correspondencia con que el acusado tenía conocimiento o haya autorizado tácitamente la extracción de lastre, pues, para que afirmar que se tuvo conocimiento de la acción típica, se requiere probar que el endilgado sabía que terceros lo estaban extrayendo. Tampoco es admisible la falacia de autoridad propuesta cuando se afirmó que al amparo de los análisis doctrinarios aplicables y la jurisprudencia relacionada -sin llegar a puntualizar cuáles son aquellas- sobre las que afirma se apoya, constituía un deber del propietario del bien ejecutar los actos legales, propios y necesarios para evitar el daño del carácter ambiental. En ese mismo orden de ideas, se afirma que en el caso concreto no constaba y ni siquiera se ofreció como prueba que el imputado haya presentado algún tipo de queja o alerta ante alguna autoridad para evitar según el Tribunal sentenciador la comisión del delito, sin embargo, esto último inobserva que es el órgano acusador por medio de la libertad probatoria el que está obligado a demostrar la culpabilidad, y no es admisible una inversión de carga de prueba sujeta a prueba tasada, sistema de valoración de prueba vedado en el sistema probatorio costarricense. De igual forma, el a quo refleja una fundamentación incompleta al referir que: "El testigo [Nombre 005] con su deposición viene más bien a reafirmar la tesis acusatoria en cuanto al tipo penal, propiamente en cuanto a la existencia de los aspectos de permisividad y decidida en cuanto al deber de garantizar la preservación del ambiente, evitando un inminente daño en el mismo, puntos que el imputado no observe en su actual." (Ver folio 114 a 115 del expediente principal) En ese sentido, no cabe duda que el Tribunal de mérito restó credibilidad al testimonio de [Nombre 005], pero al mismo tiempo se apoya en dicho testimonio para derivar la existencia de un conocimiento, autorización tácita y permisibilidad del acusado para la extracción de lastre de su propiedad, sin ofrecer al menos un razonamiento adecuado, pues de la fundamentación intelectiva probatoria del fallo no resulta posible derivar cómo se llegó a esa conclusión, verbigracia, si se desecha el testimonio del testigo [Nombre 005] en lo relativo a la ausencia de consentimiento del endilgado y al libre acceso a la propiedad en cuanto a las condiciones del cercados del inmueble con relación al frente de la calle, lo cierto es que no existe una explicación de cuáles son los elementos probatorio para apoyar que el justiciable tenía conocimiento de la actividad de extracción ilícita de lastre. En ese mismo sentido, la persona juzgadora al analizar el testimonio de [Nombre 006] concluye que se realizaban acciones en el ámbito de la furtividad al llevarse a cabo la actividad de extracción de lastre en horas nocturnas, sin embargo, sobre el tema de permisibilidad del testimonio, el Tribunal de mérito señaló que: "Estos puntos ya los había referido también el testigo [Nombre 005], por lo que igualmente con este testimonio de verifica la existencia de esos aspectos de permisividad que envuelven el tipo penal acusado. Sin embargo, una circunstancia que el testigo refiere y sobre la que se realiza un análisis de su declaración de manera integral; es que se trata de una información poco creíble la que brinda pretendiendo abonar a la inocencia o desconocimiento que tenía el imputado de la existencia de la actividad ilícita, ello por cuanto no es creíble, al andar de un análisis intelectivo con aplicación de las reglas de la lógica y el discernimiento, que el testigo indique nunca haberle comentado al imputado sobre los movimientos de extracción que había observado en terrenos de su propiedad y es que ello es así, porque en un concepto cultural como en el que vivimos y que ostenta la mayoría de los países, lo normal es que prevalezca la protección del patrimonio, y máxime en este caso, donde el imputado es amigo del testigo, resulta ilógico y hasta falaz que nunca le haya comentado sobre tales eventos a no ser porque ya los conocía y eso lo hacia innecesario, por lo que entonces para el tribunal su declaración resulta parcializada con respecto al aspecto en sí y más bien lo que observa el tribunal es que con su declaración lo que busca es el beneficio del imputado." (Cfr. folio 115 del expediente principal). Lo anterior permite concluir que el Tribunal deriva que por la condición de "amigo" resulta ilógico que no haya informado al acusado de la extracción de material de la propiedad, sin embargo, del sumario de prueba testimonial de la sentencia no se obtiene que el testigo [Nombre 006] sea amigo de endilgado, lo que si sucede con [Nombre 005] que afirmó ser amigo del acusado, pero que a diferencia del primero ([Nombre 006]), el segundo ([Nombre 005]) reconoció que sacaba material tipo lastre de la propiedad del imputado sin su permiso, de modo que, no podría derivarse que [Nombre 006] era amigo del acusado y que en consecuencia estuviera obligado de informarle a este acerca de lo que estaba sucediendo, y en el caso de [Nombre 005] su condición de "amigo" de [Nombre 001] resultaba frágil cuando afirmó que tomaba lastre sin contar con el permiso del endilgado. Además, a pesar se calificarse poco creíble que el testigo [Nombre 006] haya comentado al imputado [Nombre 001] de la extracción de material, lo cierto es que el Tribunal sentenciador presume como supuesto que el testigo conocía de la extracción ilícita, de modo que, nuevamente el Tribunal propone un razonamiento incompleto, pues no explica cómo del sumario de prueba deriva que el testigo [Nombre 006] era amigo del acusado y a la vez conocía que la extracción era ilícita, por lo que resultaba innecesario informar al acusado. En consecuencia, estima esta Cámara de Apelaciones que el Tribunal hace un examen ligero de la prueba testimonial recibida, por ello el fallo tiene un vicio de motivación primero y de infracción de reglas de sana crítica también, pues al no examinar a fondo la prueba testimonial y evidencia presentada, no puede construir un criterio suficiente sobre el valor que pueda tener la misma para juzgar el caso. Así, verbigracia, sí  se analiza la sentencia con detenimiento, se aprecia que según su estructura lo que hace es una transcripción de la prueba testimonial que se recibió en el juicio, pero de ningún modo se ubica la fundamentación intelectiva probatoria en función de la acción de patrocinar, pues aunque se hace un especial énfasis en que el endilgado es propietario de la finca donde se realizó la extracción ilícita de lastre, se le da mayor importancia a los testimonios en relación a ese tema, sin discriminar que se trata de un asunto de responsabilidad subjetiva, no objetiva, y que resulta indispensable explicar como de la prueba testimonial se deriva la acción del verbo "patrocinar" entendido como "defender, amparar, favorecer o auxiliar" la existencia de la acción de extracción ilícita de actividades mineras, de modo que se infiere que se apreció en forma superficial y ligera la prueba, por lo que la ausencia de un examen cuidadoso vicia la sentencia. Por tal razón, esta Cámara no prejuzga sobre la forma de resolver el caso concreto, pero toda sentencia requiere una fundamentación completa que permita no solo controlar el iter lógico, sino alcanzar la conclusión respectiva a partir de la derivación de la prueba testimonial y documental. Dado lo resuelto, por ser un defecto procesal que acarrea la nulidad absoluta del fallo impugnado, por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto al motivo del recurso del demandado civil (segundo motivo), se declara ineficaz el fallo así como los demás actos que dependen de ella y se ordena el reenvío al Tribunal de origen para una nueva sustanciación.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Se decreta la ineficacia de la sentencia y el juicio que le precedió. Asimismo, se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de origen para una nueva sustanciación conforme a Derecho. Por la forma como se resuelve, se omite pronunciamiento acerca de los restantes alegatos contenidos en el recurso. NOTIFÍQUESE.-

 

 

 

 

Wilson Flores Fallas

 

Gustavo A. Jiménez Madrigal                                                                  Flory Chaves Zárate                                                                     

 

Jueces y Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil

 (En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede  Santa Cruz)

 

 

Expediente : 20-000542-0413-PE (5)   

Imputado    : [Nombre 001]. 

Ofendido    : Los Recursos Naturales.       

Delito         : Patrocinio de Actividades Mineras Ilícitas.                                   

Mbarrientosp

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:10:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

I.- That through judgment number 210-2023, issued at eight hours and twenty minutes on the twenty-second of August, two thousand twenty-three, the Tribunal of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Cañas Seat, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution, sections 111 to 124, and 368 1 to 7, 37, 38, 40, 41, 111 to 124, 265, 341, 343, 345, 349, 351, 352, 356, 360, 361, 363, 364, 365, and 367 of the Code of Criminal Procedure, articles 1, 30, 45 and 71 of the Penal Code and 140 of the Mining Code and 1 to 10, 1045 of the Civil Code, [Name 001] is declared the Responsible Perpetrator of the crime of SPONSORING ILLEGAL MINING ACTIVITIES committed to the detriment of NATURAL RESOURCES and in that character is sentenced to a penalty of THREE MONTHS OF IMPRISONMENT. He is also condemned to pay the costs of the trial. - The imposed penalty shall be served, after crediting the preventive detention suffered, in the place and manner indicated by the Prison Regulations. For a probationary period of three years, running from the finality of the judgment, the Conditional Execution of the Sentence Benefit is granted to the accused [Name 001] and consequently, he is not obliged to serve the imposed sentence if during said period, he does not commit an intentional crime punishable by imprisonment of more than six months. Once this judgment is final, notify the National Institute of Criminology, the Sentence Execution Court, and the Judicial Registry. The COMPLAINT and the CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by the Office of the Attorney General of the Republic and represented by Attorney Kassandra Maria Mora Salguero, against the complainant and civil defendant [Name 001] are declared GRANTED and in that sense, he is condemned to payment IN THE ABSTRACT regarding the item of Environmental Damage caused, an extreme that must be liquidated in the sentence execution phase, also condemning him to the payment of interest on the liquidated sums from the finality of the judgment until its effective payment. The restitution of things to their prior state at the place where the extraction was carried out is ordered through natural regeneration . The costs of the criminal proceedings are borne by the State. Ulfran Alfaro Garcia. Judge. (sic. p.124 and p.125)."

II.- That against the preceding pronouncement, Attorney Juan Diego Rojas Araya, private counsel for the accused, filed an appeal.

III.- That having carried out the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Tribunal considered the issues raised in the appeal.

IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by Appellate Judge Flores Fallas; and,

CONSIDERING:

I. JURISDICTION: In accordance with the provisions and under the parameters established by the agreement of the Full Court in session number 22-2022 of the sixteenth of May, two thousand twenty-two, article XXXIV; session No. 65-2022 of December 19, 2022, article XVII and session No. 28-2023 held on June 26, 2023, article XVIII, this Chamber of Appeals has jurisdiction to hear the requests for extension of pretrial detention and criminal sentence appeals that originally correspond to the Criminal Sentencing Tribunal of Guanacaste, Santa Cruz Seat. It is for this reason that this Chamber of Appeals is competent to hear and resolve the appeal against the judgment raised here.

II.- ADMISSIBILITY OF THE APPEAL: Upon review of the actions recorded in the file, such as the notification of the judgment and the date of filing of the appeal by the private defense, dated October 18, 2023, it is found to have been filed within the legal period. Consequently, meeting the requirements that allow the grounds of disagreement to be known, complying with the criteria of objective and subjective taxativity, from a formal standpoint the appeal is declared admissible.

III. Attorney Juan Diego Rojas Araya, in his capacity as private counsel for the accused [Name 001], files an appeal against judgment number 210-2023, issued at 8:20 on the twenty-second of August, two thousand twenty-three, by the Criminal Tribunal of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Cañas Seat, which declared [Name 001] the responsible perpetrator of a crime of Sponsoring Illegal Mining Activities, committed to the detriment of Natural Resources and in that character imposed a penalty of three months imprisonment, granting him the benefit of conditional execution of the sentence. In addition, the civil defendant [Name 001] was condemned to payment in the abstract regarding the item of Environmental Damage caused. First ground: Failure to observe and erroneous application of substantive law. The appellant argues that the facts held as proven in the judgment being challenged do not constitute the crime defined and sanctioned by article 140 of the Mining Code due to lack of typicity and due to the application of extensive interpretations. The defense accuses that the Trial Tribunal held as proven in "CONSIDERING I" of the challenged judgment that the facts are constitutive of the "...crime of article 140 of the current Mining Code.- This is because, according to the testimonial evidence provided in the record as well as the content held by the documentary evidence that was judicially incorporated and analyzed harmoniously with the rest of the evidence, it was determined that the accused [Name 001], engaged in the conduct typified as Sponsoring Illegal Mining Activities, it being unquestionably proven that, with his omission to safeguard, guard or adequately protect his property in order to prevent the extraction of material or in its default allow this to occur and thus prevent the generation of the resulting environmental damage ...", where an extensive interpretation is given by the judge to the verb to sponsor, pointing out that: "...In this vein, it is established that the common meaning of the verb to sponsor is to defend, protect, favor or assist the existence of an action and not properly the execution thereof. The active subject helps or protects a person who is carrying out the activity, because they possess the material or intellectual means to do so. The intent of the sponsoring person does not lie in providing material or technical help for economic purposes, as they would be the perpetrator of the crime, but rather consists of fomenting the illegal activity carried out by another person...". The appellant points out that these types of interpretations must be restrictive, because "to sponsor" also means in the Royal Spanish Academy " Support or financing of an activity or event, generally sporting or cultural for advertising purposes...", adding that neither of the two actions was determined with the indicated evidence adduced to have been carried out by the accused [Name 001], thereby violating article 2 of the Code of Criminal Procedure in relation to 9 and 178 ibidem, causing an absolute defect by making extensive interpretations. He continues pointing out that it constitutes a violation of criminal procedural principles to make extensive interpretations and, above all, to the detriment of the accused. The appellant highlights that the accused in his material defense explained: "...I reject the charges against me, I do not sponsor nor do I have any mining exploitation, I am not associated with third parties, I do not have machinery to carry out said work. I am dedicated to cattle, that has been my occupation. That happened because MINAET in a certain year, I think in 2014, granted a permit through the municipality of Monteverde and the place was left exposed, heavy machinery was brought in there, it is a place I hardly go to, it is a part where there is no pasture land, there are no pastures and it is at the back of the farm. I rarely go to that part. I spend more time where I live, my occupation on a farm of a sister of mine that she rents to me is going to Las Nubes, this occupation is morning and afternoon and I do it alone. I go to that farm about 2 or 3 times a month and to that part of the cut (tajo), I do not go. When I arrive it is at the edge, where I see the cattle, but the cut is about 700 meters away and cannot be seen from the road, but I cannot see towards where the lathe is. I go into the farm and go to the right hand and check the cattle I have there. On other occasions I do not even go there because the farm has frontage on the road in two parts, continuing past the bus stop on the left hand and about 300 meters away is the other frontage on the road. I do not even go by the other side that I was talking about from where it cannot be seen. That place is better said to maintain itself, it is very lonely there. At that time when they extracted the material, there were no fences and that is why I fenced it, for that same reason, I remember that around that time there were the OTTO AND NATE hurricanes and there was destruction everywhere, the place was very affected, in addition there are two bridges that were affected by avalanches that came from very far away that destroyed the bridges. The municipal governments intervened as well as the emergency commission. At that time I did go to the place a few times in order to give permission to place bridges through the sector, at the same time they used it to bring machinery into that place. When that happened there were still some fences, it was a fragile wire fence for anyone who wanted to enter. Currently that is open, I am not interested because they knock down my fences. I do not like problems or looking for enemies. I have been involved in this problem unintentionally. I have always liked having friends, even if I sometimes lose certain things. I want the tribunal to verify what I am saying, currently the farm is open in that part. It seems to me that both neighbors and others wanted to benefit from the material, but I was not going to leave my trade, my cows to go find those people whose thing is to get angry with one. That for me has no value since to exploit that you have to have a lot of money and I could not face that and I thought it was better to leave it like that...". He maintains that it was determined in the trial that Mr. [Name 001] is dedicated to cattle ranching, which was confirmed by the defense witnesses. Moreover, he points out that the witness [Name 005] stated that: "I did not ask Don [Name 001] for permission since the cut (tajo) was open and I felt there was no need...[Name 001] has dairy cows, he is dedicated to cattle ranching...[Name 001] has never had machinery in the place that I know of...Don [Name 001] never told me anything...". He refers that witness [Name 006] indicated that: "...About this matter what I must say is that in the case of the accusation I feel that Mr. [Name 001] has no commitment in the case for the reason that while the cut was closed and now that it is open, everyone stole to fill holes in local roads and even on national routes. [Name 001] is dedicated to cattle ranching and dairy farming. [Name 001] has not exploited that cut and I have not seen heavy machinery with him. Those people who come to take material from that cut, did it behind his back honestly...". In addition, he points out that the witness [Name 007] stated she did not know about this investigation. For his part, the witness Junior Ramos García stated that: "...On those three occasions I never found personnel working. According to the visits and by the traces that were seen, it was determined that the extractions were recent, they were fresh traces. There was no machinery at the site. I did not see any owner or manager...I do not remember if the neighbors who gave information indicated that Don [Name 001] came to the place..." He refers that the witness [Name 009] stated that: "... I never had the opportunity to see any person taking material from that place. I am not sure that machinery belonged to Don [Name 001]. From where I saw the machinery it was from about 300 meters away. I never saw [Name 001] working in this activity...I do not know whose machinery was at the site...". The defense reiterates that the evidence is not a reflection of the analysis carried out by the judge to convict his client for the crime charged, since they did not determine support or financing of an activity, which in his opinion contravenes articles 2 and 9 of the Code of Criminal Procedure, by making extensive interpretations to a typical adjustment, without achieving it. He requests that in application of the In Dubio Pro Reo principle, his client be acquitted of all penalty and responsibility due to lack of typicity and, subsidiarily, that the appealed judgment be annulled, consequently declaring the ineffectiveness of the decision and the hearing, so that pursuant to numeral 466 of the Code of Criminal Procedure, the referral back to the Tribunal of origin be ordered for a new substanciation. SECOND GROUND: "FAILURE TO OBSERVE AND ERRONEOUS APPLICATION OF ARTICLES: 39, 41 of the Political Constitution, 8 paragraph 2 subsections h) San José Pact, 1 and 30 of the Penal Code, 1, 2, 6, 9, 142, 143, 178, 184, 361, 363, 365, 368 of the Code of Criminal Procedure, 41.1 Code of Civil Procedure and 140 of the current Mining Code. The Civil Action for Damages should have been declared dismissed as the claimed amounts were not reliably proven." The defense reproaches that the judgment issued by the Trial Tribunal lacks a clear and integral intellectual reasoning of the elements of evidence that make up the body of evidence, both for the prosecution and for the defense, that is, it lacks a critical analysis of the evidence that leaves in full evidence the subjective perspective with which the adjudicating body approaches the issue of the civil action for damages, where it practically justifies or fills the deficiencies of the litigation of the civil plaintiff with actions that are not consistent with our Legal Order. The appellant argues, after an extensive extract from the judgment, that despite an analysis that seems very apt to him because that is what the evidence reflected in light of the principles of Civil Procedural Law, with said arguments the civil action for damages should have been declared dismissed. He adds that the party exercising the civil action must obtain the suitable evidence for its civil conviction, since it was evident that what the Prosecutor relied on to request her items had no scientific basis and violated due process, as the judge well explained. He reproaches that the only shortcoming of said authority was failing to acknowledge and not applying article 41.1 of the Code of Civil Procedure, since she should not have guided the litigant by condemning in the abstract, given that she had to declare the civil action dismissed because it was based on spurious evidence and did not prove its claims. He maintains that the alleged economic valuation of the infraction on folio 5 does not correspond to an expert appraisal, where several people participate and charge fees, nor was it done with a scientific basis. He requests that this ground of appeal be granted, that the judgment be annulled regarding the civil action for damages and that the referral back of the case be ordered so that it is submitted again to adversarial proceedings before a new Tribunal, but for procedural economy, he requests that the civil action for damages be declared dismissed and that the civil plaintiff be condemned in costs. Position of the Office of the Attorney General of the Republic: Attorney Kasandra Mora Salguero, Criminal Prosecutor, in her capacity as representative of the State's interests, responded to the summons of the defense's appeal requesting the rejection of the defense's appeal and the confirmation of the judgment. She maintains that the challenged decision is in accordance with the Law and contains an adequate and sufficient basis in light of the evidence adduced in the oral and public trial that supported it, so it deserves to remain unscathed. She continues stating that what is raised by the appellant party is based on simple disagreement due to how adverse the decision is to the accused, as it finds him the responsible perpetrator of the charged acts; but that, however, his allegations are not assisted by reason, since through a purely subjective interpretation he considers that the Tribunal carries out extensive work to adjust the action to a criminal type, this by virtue of the analysis carried out by the Tribunal of article 140 of the Mining Code, which sanctions the person who sponsors illegal mining activities, according to the common concepts that identify the verb to sponsor, such as: to defend, protect, favor or assist the existence of an action. However, the appellant departs from them without explaining the reason why. She argues that it powerfully draws her attention how the appellant wants the statement given by the accused, who evidently will not admit that he allowed extraction work to be carried out on his property, to be taken as an absolute truth, but that it is also totally unbelievable that he, as the owner, declares that he did not like to go to his property where the cut is located, that he only went about 2 or 3 times a month to see the cattle, and to that part of the cut he did not go nor did he see it to avoid problems. However, contradictorily, the prosecution witness [Name 005] declared in the trial "I did not ask Don [Name 001] for permission since the cut was open and I felt there was no need. Don [Name 001] did not interfere in what I was doing, that material I ballasted from the lathes to Las Nubes with that material". The State representative questions how a person who is not the owner, who claims to be a long-time friend of the farm owner, without any type of right, legal authorization, or permission from the accused, entered the farm to carry out extraction work, self-incriminating because he stated he knew that a permit is required to carry out that activity and, with much greater reason, because it is the activity he said he dedicated himself to until he retired about two years ago. She relates that this witness entered the farm with a wagon and an excavator to carry out extraction work, and the accused, being the owner, did not do so to avoid problems with someone he said was a lifelong friend. He never found it necessary to inform [Name 001], whom he identifies as the owner of the cut, about the activity that both he and other people carried out there, and from which they obtained a profit, since he declared that milk producers were charged through an association to keep the roads in good condition, and that he obtained 30% of the profits. In addition, she points out that although none of the witnesses described by the appellant located the accused on the farm, this was logical, because as one of the prosecution witnesses stated, many of these activities were carried out at night and on weekends to avoid the possibility of being seen by Minae officials who passed by the site during office hours. However, the truth is that in that breakdown he makes of the versions rendered by the witnesses before the Trial Tribunal, the testimony of Mr. Edier Jiménez is strangely omitted, who as an official of the Judicial Investigation Organization declared having gone to the site to carry out an inspection and a report in the company of Miguel Lizano, and that they found Mr. [Name 001] in the cut, next to a Back Hoe and a pick up, who identified himself as [Name 001] and also owner of the machinery, the same in which the driver was. Given this situation, why does he evade mentioning this witness and, more than that, why did [Name 001] never file a complaint about the illegal extraction that was taking place on that farm owned by him, with much more reason if on the day of the inspection by the OIJ officials he was there and the machinery driver was also there, which makes no sense. In relation to the second ground, she indicates that the appellant is confused when claiming that the evidence was spurious and that the claims were not proven. In this sense, she points out that, although the Trial Tribunal did not condemn for the amount established by the State's representation, this occurred not because the evidence provided and judicially incorporated was spurious, but because it considered that the method used did not allow it to issue a conviction for the fixed amount, but rather a conviction in the abstract. She adds that based on that damage to the environment that was fully proven in the adversarial proceedings, both from testimonial and documentary evidence, among them photographs that show the gross changes that this site has been undergoing with the passage of time by carrying out an extraction of material indiscriminately, without any type of control, which also put at risk that an accident could happen due to not doing it with the corresponding technique and the intervention of a geologist, it is that the Tribunal condemned in the abstract, transferring the obligation to the Office of the Attorney General of the Republic so that in the sentence execution stage the specific amounts caused to the environment by the civil defendant [Name 001] are proven. She requests that the appeal be declared without merit and that the attacked judgment remain unscathed. (Cf. folio 144 to 149 of the main file). Position of the Public Prosecutor's Office: Attorney Jorge Araya Chavarría, in his capacity as trial prosecutor, responded to the summons of the defense's appeal, requesting that the grounds be declared without merit. He highlights that after examining the ground of appeal, far from the accused's conduct being atypical, the truth is that the judgment does present a sound basis regarding the objective elements of the offense and the manner in which the legal interest was harmed. Likewise, that the accused's conduct is culpable, coupled with the evidence that allowed arriving at that conclusion. He adds that the appellant's arguments are not derived from the judgment, but from a perspective loaded with subjectivism, which is not necessarily extracted from the judgment document, nor derived from the evidence. (Cf. folio 151 to 152 of the main file). For the reasons that will be stated, the claim is meritorious. The defense's disagreement is meritorious, although for reasons different from those expressed by the appellant in the heading of the ground and which must be declared with merit, given that despite what concerns the application of substantive law that forms part of due process, that is, the correct typical adjustment of the conduct, the truth is that when confronting the claim with the reading of the judgment, in its core aspect, it is verified that the sentencing Tribunal effectively held as a proven fact that: "That the accused [Name 001], is the owner of the farm registered under volume [Value 002], plan [Value 001], the same that is located in Guanacaste, Abangares, La Sierra District, Los Tomos, specifically at the coordinates CRTM-05 1,144,496, North Latitude and 407,035 East Longitude, Lambert North coordinates 259,042 North Latitude and 443,324 East Longitude, Tilarán cartographic sheet, scale 1:50.00. That the accused [Name 001], in the previously indicated place, a farm that is his property, without specifying an exact date, but certainly before the periods ranging from August 3, 2017, to October 11, 2018, and March 22, 2019; continuously by his own means and through third parties, sponsored illegal mining activities, properly the exploitation of mineral material, by allowing the extraction of mining material on said property, specifically volcanic materials from the Aguacate formation, material used for the manufacture of cement, concrete, road base, ballast, stone facings, veneers, filters and drains, the foregoing, without having the respective permits or the legal concession for such purposes. That the illegal activity sponsored by the accused was carried out through the use of heavy machinery, it being possible to verify through the Directorate of Geology and Mines that on the farm owned by the accused [Name 001], a total of 13,116 cubic meters of mining material were illegally extracted." (See folio 96 of the main file). In that sense, it is also true that the sentencing Tribunal establishes that the common meaning of the verb to sponsor is "to defend, protect, favor or assist" the existence of an action, and not properly the execution thereof, allowing it to be understood from the beginning of the intellectual analysis of the judgment that the factual proposition will be analyzed based on the legal classification, specifically, of the action of the criminal offense of Sponsoring Illegal Mining Activities. In that same order, the judge proposes, to delimit the concept of action contained in the criminal offense, that: "The active subject helps or protects a person who is carrying out the activity, because they possess the material or intellectual means to do so. The intent of the sponsoring person does not lie in providing material or technical help for economic purposes, as they would be the perpetrator of the crime, but rather consists of fomenting the illegal activity carried out by another person, that is, their authorship is mediate. This crime is configured when a person wishes to execute a mining activity and requires a title and economic means that they do not possess. For this reason, they request help or allow another person or other persons, who become their sponsors. The sponsoring person has knowledge of the illegality of the activities and, despite this, facilitates or transmits the possibilities or it may even be their technical knowledge in the field so that the extraction of materials materializes, without it being determined that the agent has the material means to carry out the illegal activity. In cases of sponsoring, it must be clearly established whether it is a case of a co-perpetrator or perpetrator of the crime of exploitation or if it is a perpetrator of the crime of sponsoring, especially in cases of large-scale mining exploitation, where even people with economic necessity or low schooling or clandestine schedules or low traffic are used that allow the secrecy to be protected, circumstances generally used by administrators or farm owners. Once the circumstance is explained, the tribunal proceeds to review the determination of the circumstances accredited by the evidentiary array brought to the hearing and that was duly judicially incorporated." (Cf. folio 105 to 106 of the main file). The foregoing transcribed allows deriving that the Trial Tribunal held the commission of the crime of Sponsoring Illegal Mining Activities to be proven based on the fact that the action executed by the active subject responds to the verb "to sponsor," understood as "to defend, protect, favor or assist." However, upon examining the foundations of the decision against the rules of sound criticism, or preferably the exercises of sound criticism or exercises of critical reasonableness that serve as an instrument to justify the conclusions that were derived from the factual propositions and their evidentiary accreditations, towards the conclusions to be justified, a complete motivation with that correspondence is lacking, that is, the reasoning is deficient, since upon deriving from the testimonial evidence the action of defending, protecting, favoring or assisting in the illegal mining activity that is charged to the accused [Name 001], the evidentiary elements from which the action described in the offense is derived are noticeably absent from the logical inference. Thus, in considering III of the challenged judgment (cfr.

folio 105 of the main case file) regarding "Existence of the facts.- Responsibility of the accused", the Trial Court indicated that the accused is the owner of the farm where the events took place, which does not constitute an uncontested fact, and then proceeds to analyze the testimony of Junior Ramos who, as the person in charge of conducting an inspection in the affected area, found evidence of material extraction at the site, which is also an uncontested fact, stating that: "...it is that although the witness Junior Ramos is honest in indicating that on none of the occasions he appeared at the site did he locate people or machinery working at the site, he did observe fresh vehicle tracks that allow for determining the circumstances that were indeed accredited by the witnesses [Name 009] and even the same defense witnesses [Name 006] and [Name 005], who categorically explained to the court, through cross-examination, that they observed heavy equipment at the extraction site, which they call '[Name 001]'s pit', and the same witness [Name 006] even explains that he personally entered the site on several occasions to steal material, and explaining that many people did so to repair the community roads, given that they generally remain in terrible condition, furthermore, making it seem that he never told the accused what was happening despite being an acquaintance of Mr. [Name 001], a circumstance that the court considers clashes with the rules of logic, common sense, and reason, unless he did not tell the accused precisely because the latter already knew about the situation, being permissive with it, a conclusion reached by the court through the intellectual dynamic applied to the specific case." From the foregoing, it can be derived that the Court gives credibility to the prosecution witness Junior Ramos, but not to the defense testimony of [Name 006], attributing to the accused that he knew of the situation and that he was permissive, without explaining how or in what manner from the value given to the testimonial evidence it was possible to affirm that the accused knew about the extraction of materials from his property, and what type of action his conduct fit, that is, defending, protecting, favoring, or aiding the extraction of materials that constitute the verb "sponsorship (patrocinio)". Subsequently, the sentencing Court indicated that the witness Junior Ramos had stated that at the entrance to the accused's farm there was a gate or "false gate" (Cf. folio 109 of the main case file) and that the perimeter of the property was fenced with barbed wire and that this was contradictory to the accused's statement when he declared that the fences were down and in poor condition; however, beyond that descriptive aspect, there is no contribution in the reasoning that allows for explaining how it was concluded that the accused was permissive with the illegal extraction of ballast (lastre). It is added that after transcribing part of the testimony of Edier Jiménez Ruiz, the lower court concluded that it corroborates the aspects accredited by Mr. Junior Ramos García, and that at the pit he observed the accused [Name 001] who was not engaged in material extraction tasks aboard a four-by-four vehicle, explaining that there was a backhoe inside the property which had the operator inside it, but that he did not manage to observe it in extraction tasks, without again deriving the manner in which the accused knew of the illicit extraction of material. In that sense, the Court only highlighted that it was possible to prove the existence of tools specific for hauling the extraction, which turn out to be suitable instruments for carrying out such activity. Nevertheless, the sentencing Court does not explain how locating the accused and a backhoe with an operator not performing extraction tasks at the site fits the conduct of defending, protecting, favoring, or aiding the extraction of illicit mining materials. Subsequently, the sentencing Court highlighted that: "From the foregoing and in harmony with what was previously stated, the court clearly extracts the existence of the determining element of the criminal type of Sponsorship (Patrocinio) of Illegal Mining Activities, and it is that it is precisely, -as has been abundantly explained-, that it is not necessary to prove that the accused person executes the extraction as such, but rather it is sufficient that this person is permissive or condescending with whoever does perform the action, a circumstance that the court estimates occurs in the specific case, in light of all the legal logic and intellectual analysis of the probative elements assessed in a concatenated manner, and which precisely leads to converging with the foundations expressed by the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República, as part of their theory of the case, and it is that the court analyzes and observes that, it is not only that the witness solely saw the site from which the material extraction is indicated to have occurred, but that he also explains that the existence of the extraction activity was indeed evident since cuts in the mound were appreciated, where he also makes it seen that as a consequence thereof, the surrounding vegetation had been affected, since I observed trees and shrubs that were detached on a small slope adjacent to the site where the pit is located”; a situation that is reasonable as consequences of the same activity already proven, as estimated by the court in application of the rules of logic and of Human experience itself." (See folio 111 of the main case file). The foregoing once again highlights the non-existence of reasoning from which the existence of a determining element of the criminal type of Sponsorship (Patrocinio) of Illegal Mining Activities can be derived, that is, upon carefully analyzing the structure of the judgment, a transcription is made of the testimonial evidence that was received at trial, and subsequently, an incomplete probative intellectual assessment or foundation is made, as it is found isolated or divorced from the final conclusion to prove the action of the criminal type. Regarding the witness [Name 007], the Court concluded that she did not contribute any data of importance for the resolution of the case. In relation to the witness [Name 009], the judge, after pointing out the reasons why his declaration is credible, transcribes an excerpt of his testimony, and indicated that: "As can be observed, this witness even refers to a time period during which he remembers having observed the indicated activities, which coincides with the one indicated in the accusatory pleading and that the witnesses Junior and Edier also emphasized at trial, and in synthesis, this witness makes the court see how the material extraction activity from the pit was indeed taking place and that it occurred on the farm of the accused [Name 001], he even makes it seen that sometimes they did it at night, that is, clandestinely, and that those who used the material for road repair purposes were known in the area, as the roads generally remained in poor condition since there was no municipal intervention. He is equally concrete in indicating that the investigated pit is located specifically on Mr. [Name 001]'s farm, who lives in a community near the site where it is located and which is approximately eight kilometers away. This point of his declaration is important in light of the analysis carried out by the Court, when comparing said information with that provided by the accused himself, since the latter states that he sometimes came to the farm to 'check on his cattle', which implies that he did come to the site and that even if he did not appear for the purpose of carrying out the extraction, it is neither acceptable nor reasonable to think that he was unaware of the work taking place on his property nor that he was unaware of matters concerning the illegality of the mineral extraction activity. Finally, regarding the witness [Name 009], he is consistent in explaining that on several occasions he observed heavy machinery at the pit, with which the declaration made by the witness Edier Jiménez and the same defense witness [Name 005], who will be analyzed in detail later and who explained in this regard that, indeed, while traveling to his workplace, on several occasions he observed the presence of machinery at the site [...] the certainty that the court finds in relation to the existence of the illicit activity developed at the site and the sponsorship (patrocinio) exercised by the accused person, by remaining permissive and indifferent, if that were the case, to the execution of said activity." (Cf. folio 112 to 113 of the main case file). Certainly, the Court reiterates that the evidence proves the extraction of illicit mining materials through the testimonies of [Name 009] and [Name 005], an aspect that is uncontested, however, when the judge attempts to explain that the accused had that knowledge of the extraction of materials from his property that was carried out at night and on weekends by third parties, the judge either does not adequately explain where that assertion derives from, or opts to make an inversion of the burden of proof by indicating that: "This point of his declaration is important in light of the analysis carried out by the Court, when comparing said information with that provided by the accused himself, since the latter states that he sometimes came to the farm to 'check on his cattle', which implies that he did come to the site and that even if he did not appear for the purpose of carrying out the extraction, it is neither acceptable nor reasonable to think that he was unaware of the work taking place on his property nor that he was unaware of matters concerning the illegality of the mineral extraction activity." (See folio 112-113 of the main case file). The foregoing reflects incorrect reasoning, because the fact that the accused appears at his property with an area of 119,000 square meters to "check on his cattle" does not imply having knowledge of the material extraction work at night and on weekends by third parties, since accepting the Court's assertion would not only imply inverting the evidence, as the one obliged to demonstrate whether or not the accused had knowledge is the sentencing Court through the legally admitted evidence. Later, the lower court dismisses the testimony of [Name 005], by reducing its credibility, yet derives that: "The foregoing because, as the court has reiterated, the elements of the accused criminal type do not strictly or solely encompass the issue of the extraction of the material per se, but rather the existence of knowledge and tacit authorization for the activity to operate, aspects that the technical defense did not consider when assessing its witness, such that with the information contributed by this witness to the court, what it does instead is to demonstrate that the accused did not worry about adequately protecting the extraction site, for note that the witness knew that he and other people were taking ballast (lastre) from the pit and that it is located within his registered property, the witness [Name 005] limiting himself to categorically affirming that he has not taken material from that pit; therefore, it results, under the protection of applicable doctrinal analyses and related jurisprudence, by reason of the diffuse interest that is protected, it is the duty of the property owner to execute the legal, proper, and necessary acts to avoid environmental damage, and note that in the specific case, it is not recorded nor was it even offered as evidence that the accused filed any type of complaint or alert before any authority (at least administrative) to avoid the consequences that are proven today." (See folio 114 of the main case file). From the excerpt, the conclusion is derived that the accused had knowledge and tacitly authorized the extraction of ballast (lastre); however, the witness [Name 005] never affirmed that the accused had knowledge or that he had authorization for the extraction of ballast (lastre). In that same sense, the Court incurs a false cause fallacy to justify the knowledge and tacit authorization of the ballast (lastre) extraction when it states that the witness [Name 005] knew that he and other people were taking ballast (lastre) from the pit on the accused's property, without the witness's knowledge of the ballast (lastre) extraction corresponding to the fact that the accused had knowledge or had tacitly authorized the ballast (lastre) extraction, because, to affirm that there was knowledge of the typical action, it is necessary to prove that the accused knew that third parties were extracting it. Neither is the proposed authority fallacy admissible when it was affirmed that under the protection of applicable doctrinal analyses and related jurisprudence -without specifying which those are- upon which it claims to rely, it constituted a duty of the property owner to execute the legal, proper, and necessary acts to avoid environmental damage. In that same line of thought, it is affirmed that in the specific case it was not recorded and it was not even offered as evidence that the accused had filed any type of complaint or alert before any authority to avoid, according to the sentencing Court, the commission of the crime; however, this last point disregards that it is the prosecuting body, through the freedom of evidence, that is obliged to demonstrate guilt, and an inversion of the burden of proof subject to fixed evidence is not admissible, a system of evidence assessment prohibited in the Costa Rican evidentiary system. Likewise, the lower court reflects an incomplete foundation when stating that: "The witness [Name 005] with his deposition instead reaffirms the accusatory thesis regarding the criminal type, specifically regarding the existence of the aspects of permissiveness and decided regarding the duty to guarantee the preservation of the environment, avoiding imminent damage to it, points that the accused does not observe in his current." (See folio 114 to 115 of the main case file). In that sense, there is no doubt that the Trial Court reduced credibility to the testimony of [Name 005], but at the same time relies on said testimony to derive the existence of knowledge, tacit authorization, and permissiveness of the accused for the extraction of ballast (lastre) from his property, without offering at least adequate reasoning, because from the probative intellectual foundation of the ruling, it is not possible to derive how that conclusion was reached; for example, if the testimony of witness [Name 005] is dismissed regarding the absence of consent from the accused and free access to the property regarding the conditions of the property's fences in relation to the street front, the truth is there is no explanation of what the probative elements are to support that the defendant had knowledge of the illicit ballast (lastre) extraction activity. In that same sense, the judging person, when analyzing the testimony of [Name 006], concludes that actions were carried out in the realm of stealth as the ballast (lastre) extraction activity was carried out at night; however, on the issue of permissiveness of the testimony, the Trial Court indicated that: "These points had also been mentioned by the witness [Name 005], so equally with this testimony, the existence of those aspects of permissiveness that envelop the accused criminal type are verified. However, a circumstance that the witness mentions and on which an analysis of his declaration is carried out in an integral manner; is that it is information of little credibility that he provides, attempting to contribute to the innocence or lack of knowledge that the accused had of the existence of the illicit activity, this because it is not credible, according to an intellectual analysis with application of the rules of logic and discernment, that the witness indicates he never told the accused about the extraction movements he had observed on lands of his property, and that is so because, in a cultural concept like the one we live in and that most countries hold, the normal thing is for the protection of patrimony to prevail, and especially in this case, where the accused is a friend of the witness, it is illogical and even fallacious that he never told him about such events unless it was because he already knew about them and that made it unnecessary, so then, for the court, his declaration is biased regarding the aspect in question itself, and rather what the court observes is that with his declaration what he seeks is the benefit of the accused." (Cf. folio 115 of the main case file). The foregoing allows for concluding that the Court derives that because of the condition of being a "friend", it is illogical that he did not inform the accused of the material extraction from the property; however, from the summary of testimonial evidence in the judgment, it is not obtained that the witness [Name 006] is a friend of the accused, which is what happens with [Name 005] who affirmed being a friend of the accused, but that unlike the former ([Name 006]), the latter ([Name 005]) acknowledged that he took ballast (lastre)-type material from the accused's property without his permission, so it could not be derived that [Name 006] was a friend of the accused and that consequently he was obliged to inform him about what was happening, and in the case of [Name 005], his condition as a "friend" of [Name 001] was fragile when he affirmed that he took ballast (lastre) without the accused's permission. Furthermore, despite it being deemed of little credibility that the witness [Name 006] told the accused [Name 001] about the material extraction, the truth is that the sentencing Court presumes as a given that the witness knew of the illicit extraction, so, again, the Court proposes incomplete reasoning, because it does not explain how from the summary of evidence it derives that the witness [Name 006] was a friend of the accused and at the same time knew that the extraction was illicit, such that it was unnecessary to inform the accused. Consequently, this Court of Appeals estimates that the Court makes a light examination of the testimonial evidence received; therefore, the ruling has a defect of reasoning first and of infringement of the rules of sound criticism as well, because by not thoroughly examining the testimonial evidence and evidence presented, it cannot build a sufficient criterion on the value it may have for judging the case. Thus, for instance, if the judgment is analyzed carefully, it is noted that according to its structure, what it does is a transcription of the testimonial evidence that was received at trial, but by no means is the probative intellectual foundation located as a function of the action of sponsoring (patrocinar), because although a special emphasis is placed on the fact that the accused is the owner of the farm where the illicit extraction of ballast (lastre) occurred, greater importance is given to the testimonies in relation to that topic, without discriminating that it is a matter of subjective responsibility, not objective, and that it is indispensable to explain how the action of the verb "to sponsor (patrocinar)" understood as "defending, protecting, favoring, or aiding" the existence of the illicit extraction action of mining activities derives from the testimonial evidence, such that it is inferred that the evidence was assessed in a superficial and light manner, so the absence of a careful examination vitiates the judgment. For this reason, this Chamber does not prejudge the manner of resolving the specific case, but every judgment requires a complete foundation that allows for not only controlling the logical iter, but also reaching the respective conclusion from the derivation of the testimonial and documentary evidence. Given the decision made, as it is a procedural defect that entails the absolute nullity of the appealed ruling, a ruling on the reason for the civil defendant's appeal (second reason) is omitted as unnecessary, the ruling is declared ineffective as well as the other acts that depend on it, and remand to the Trial Court of origin is ordered for a new substantiation.

THEREFORE

The appeal filed by the defense is granted. The ineffectiveness of the judgment and the trial that preceded it is decreed. Likewise, the remand of the case to the Court of origin is ordered for a new substantiation in accordance with the Law. Due to the manner in which it is decided, a ruling on the remaining allegations contained in the appeal is omitted. NOTIFY.-

Wilson Flores Fallas

Gustavo A. Jiménez Madrigal                                                                                    Flory Chaves Zárate

Judges of the Court of Appeal of Juvenile Criminal Sentences
(In function of the T.A.S.P of Guanacaste, Santa Cruz venue)

Case File: 20-000542-0413-PE (5)
Accused: [Name 001].
Victim: Natural Resources.
Crime: Sponsorship (Patrocinio) of Illicit Mining Activities.

Mbarrientosp
Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:10:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República