Res. 00539-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Defiance of construction-stop order and demolition order for wall inside Riyito River protection zoneIncumplimiento de suspensión de obras y orden de derribo de tapia en zona protectora del río Riyito

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00539 - 2023

Fecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2023 a las 09:30

Expediente: 10-002132-0412-PE

Redactado por: Helena Ulloa Ramírez

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL

 

Resolución: 2023-0539

Expediente: 10-002132-0412-PE (6)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL JUVENIL. Segundo Circuito Judicial de San José. (En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede  Santa Cruz) Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.              

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], costarricense, nacida el 11 de febrero de 1952, hija de [...], vecina de Villarreal Santa Cruz, y [Nombre 003]  costarricense, nacida el 10 de febrero de 1968, hija de [...], vecina de Tamarindo por el delito de INFRACCIÓN LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, la jueza Helena Ulloa Ramírez; el cojuez Rafael Segura Bonilla y el cojuez Wilson Flores Fallas. Se apersonaron en esta sede el licenciado Esteban José Quirós Pastrana, defensor particular de la parte imputada; la licenciada Melina Rodríguez Garro, en representación del Ministerio Público y la licenciada Zaray Chavarría Prado, en calidad de Procuradora.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 254-2023, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Santa Cruz, resolvió: "POR TANTO:De conformidad con lo expuesto, artículos 1, 34, 39, 41, 50 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 30, 31, 45, 103 del Código Penal, artículos 1, 6, 9, 142, 180 a 184, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal y 1, 33 y 58 de la Ley Forestal (Ley No. 7575), en aplicación del Principio Universal In Dubio Pro reo se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001], por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, que en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, se le venía atribuyendo. Firme esta sentencia, por encontrarse dentro del área de protección del Río Riyito, se ordena el derribo de la tapia perimetral con una longitud de 94,5 metros existente en la propiedad inscrita bajo el número de plano [Valor 001], según la medición establecida en el Dictamen de Análisis Criminalístico 518-ING-2013. Se delega en la Municipalidad de Santa Cruz la ejecución material de las obras de derribo en la zona. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que se hubiere dictado en contra de la acusada en la presente causa. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Firme la sentencia, archívese la causa. Por haberse dictado en forma íntegra la sentencia oral quedan en este acto notificadas las partes y a su disposición el medio digital en el cual consta la totalidad del debate y de la sentencia.".

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el licenciado Esteban José Quirós Pastrana, defensor particular de la parte imputada.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la Jueza de apelación Ulloa Ramírez; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Competencia de este Tribunal para conocer de este recurso de apelación de sentencia: Conforme lo acordado por Corte Plena, en las sesiones número 33-2022 del 21 de abril de 2022, artículo XLIV,   22-2022, del 16 de mayo de 2022, artículo XXXIV y 28-2023, del 26 de junio de 2023, artículo XVIII y 50-2023, del 30 de octubre de 2023, artículo XXII, se dispuso ampliar la competencia de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, para el conocimiento de las gestiones de prórroga de prisión preventiva y recursos de apelación de sentencia que sean competencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, por todo el año 2023 y hasta el 9 de julio de 2024. Por esa razón entra este Tribunal    a conocer y resolver el fondo del recurso.

 II.- Insuficiente y errónea fundamentación. Falta de correlación entre acusación y sentencia: El licenciado Esteban José Quirós Pastrana, defensor particular de la imputada [Nombre 001], formuló recurso de apelación en contra de la sentencia número 254-2023, de las 15:45 horas, del 24 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz. Expone tres alegatos por vicios procesales, que se encuentran estrechamente relacionados, razón por la cual se exponen y resuelven de forma conjunta. (i) en primer orden, el apelante se muestra inconforme con el hecho de que se incorporara al debate prueba que, en su criterio, no formaba parte del objeto del proceso que dispuso esta Cámara, en ejercicio de las competencias ampliadas y con distinta integración, en la resolución 2023-0214 de las 16:17 horas, del 9 de mayo de 2023. En esa ocasión, se acogió tanto el reclamo de la fiscalía como de la Procuraduría General de la República, en cuanto a la absolutoria dictada en favor de la acusada y en cuanto al rechazo de la petición para que las cosas fueran restituidas al estado original. Dado que la absolutoria en favor de la coimputada [Nombre 003] quedó firme, ambos actores penales en este juicio de reenvío, ampliaron la acusación para incluir como hecho tercero, el que consta como hecho cuarto de la acusación original, para que se le atribuya a doña [Nombre 001], haber invadido el área de protección del río Riyito, desde el 3 de julio de 2013. Por ello, la defensa solicitó que se excluyera como prueba los testimonios de [Nombre 006], [Nombre 007] y [Nombre 008], así como la denuncia ACT-478-2012, Oficios DA-3752-2011 y DA3740-2011, Acta de Inspección del 8 de junio de 2010, el Aviso de Suspensión de Actividades de 5 de julio de 2010 y el Oficio US-SANTA CRUZ-217-2012, pues considera que estas probanzas se referían a la imputación de los hechos a [Nombre 003], que fue absuelta y a los hechos presuntamente acaecidos entre marzo y agosto de 2010. El Tribunal rechazó esa petición, al considerar que la prueba era común al proceso y con independencia de que la absolutoria de la coimputada [Nombre 003] estuviera firme. Considera que la prueba que puede ser admitida, conforme el numeral 183, es la que es útil y pertinente para averiguar la verdad y a pesar de que el propio recurrente afirma que la norma le otorga discrecionalidad a la persona juzgadora para decidir sobre la prueba, esa norma tampoco indica que ese análisis solamente deba hacerse durante la audiencia preliminar. A su juicio, en la decisión, el Tribunal no analizó de manera correcta los alcances de lo resuelto en la sentencia 2023-0214 de esta Cámara ni ajustó  los efectos de esa decisión al juicio de reenvío. "Tal y como se desprende de la sentencia oral, el Tribunal sustentó la orden de derribo de una franja de 94,5 metros de longitud en el haber podido tener por acreditado    “Que, sin precisar fecha exacta, pero en el año 2010, y sin que se conozca quién ejecutó la obra, en el inmueble que ocupa y posee la imputada [Nombre 001], fue construida una tapia perimetral con una longitud de 94,5 metros, que se encuentra dentro del área de protección del rio Riyito, destinada a la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas asociados a este, la cual se mantiene hasta el día de hoy.” En su exposición, el Tribunal reconoció que para llegar a esta conclusión se valoró la prueba testimonial y documental recabada.  Se reitera nuevamente, se utiliza prueba ofrecida con relación a un hecho del año 2010 imputado a la señora [Nombre 003], sobre el que se emitió sentencia absolutoria en firme, con cosa juzgada material, para sustentar una medida de restitución de cosas a su estado anterior que afecta de forma directa los derechos patrimoniales de rango constitucional de la señora [Nombre 001], a quien se le juzgaba en el debate por hechos del año 2013. El agravio reside en que la introducción de esta prueba, sin relación directa o indirecta con el thema decidendum, incide en la decisión del A quo de acoger la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior, ordenando el derribo de 94,5 metros de muro, generando con ello un agravio a derechos fundamentales de la señora [Nombre 001] […]" (folios 414 y 415). (ii) En segundo orden, ahora desde la perspectiva de la imputación, el recurrente señala que, al inicio del debate, el Tribunal advirtió con claridad que los hechos por los cuales se había absuelto a la coimputada [Nombre 003] databan del año 2012. Reitera que merced a ello fue que los actores penales ampliaron sus acusaciones para incluir que a la imputada ([Nombre 001]) se le atribuía haber invadido la zona del río Riyito y ocupar ilegalmente una zona de 94.5 metros, desde el 3 de julio de 2013. No obstante, en la sentencia se tiene como hecho acreditado que sin precisar fecha, pero sí desde el año 2010 y sin que se conozca quién ejecutó la obra, en el inmueble que ocupa y en el que habita la imputada ([Nombre 001]) se construyó una tapia perimetral con una longitud de 94,5 metros, la que se   mantiene hasta el día de hoy. Insiste en que se tienen por acreditados hechos que en su oportunidad fueron atribuidos a [Nombre 003] y por los cuales fue absuelta, decisión que se encuentra en firme. Afirma que el Tribunal incurrió en una grave contradicción, pues primero advierte al Ministerio Público y a la Procuraduría que debían ampliar la acusación, pero luego mantiene la fecha de hechos respecto de los cuales existe una absolutoria en firme. "Al tener por demostrados hechos que no fueron imputados desde un principio por el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República a la señora [Nombre 001] y que no formaban parte de la acusación, la sentencia del Tribunal no se correlaciona con las piezas acusatorias en franca contradicción del numeral 365 del Código Procesal Penal, lo que genera que, con base en dicho hecho probado, se ordene la restitución de las cosas a su estado anterior, lo que supone el derribo de 94,5 metros de la tapia perimetral, lo que supone un agravio a los derechos patrimoniales de rango constitucional de la señora [Nombre 001] [...]" (folios 417 y 418); (iii) En tercer y último orden, reclama errores en la valoración de la prueba, pues afirma, existen tres documentos que mencionan distintas medidas respecto de la tapia cuyo derribo se ordena. El informe ACT-478-2010 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tempisque, Subregional de Santa Cruz, Carrillo, que suscribe [Nombre 006], en el que se indica que en el sitio y dentro de la zona de protección "se construye" una tapia de tres metros de alto y veinticinco metros de largo aproximado. Luego se encuentra el oficio DA-3572-2011 de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en el que se indica que en el sitio se realizó una obra en cauce que es una tapia de cemento tipo muro de cincuenta metros y tres de altura. Finalmente, el dictamen criminalístico 0518-ING-2013 de la Sección de Ingeniería Forense del Departamento de Ciencias Forenses, en cuyas conclusiones se indica que dentro de la zona de protección del río Riyito se encontraba parte de la tapia perimetral existente, con una longitud de 94,5 metros. Refiere que, a pesar de que existen tres documentos, el Tribunal parece no percatarse de la discordancia y decide tomar partido por tener por construido el muro en el año 2010, con la extensión que se determinó en el dictamen forense de 94,5 metros, sin indicar el motivo o la razón para ello y sin considerar que ese estudio no contempló una datación de las construcciones. El testigo [Nombre 006] contestó a una pregunta de la defensa en el debate que él en su visita realizada en el año 2010 realizó una medición de la obra in situ y que consignó que era de veinticinco metros y el dictamen forense, realizado tres años después consignó una medida de 94,5 metros. "No podemos suponer el motivo por el que el Tribunal pudo darle mayor credibilidad a la longitud consignada en el dictamen criminalístico frente a los dos otros informes que consignaban longitudes diferentes (nuevamente, parece ser un punto del que el Tribunal NO se percató), y no puede especularse que la tapia presenta diferentes medidas porque fueron tomadas en diferentes momentos de la realización de la labor de edificación porque esto NO se indicó por los testigos y NO consta ni se puede extraer de la prueba documental. Ni el Ministerio Público ni la Procuraduría General de la República pudieron demostrar en su actividad probatoria ni refirieron en sus conclusiones que, concretamente en el año 2010 (que es lo que tiene por acreditado el Tribunal) se haya edificado un muro de 94,5 metros de longitud, sino que de forma tangencial se hizo referencia a esta longitud y, básicamente, porque el dictamen criminalístico 0518-ING 2013 lo consignaba; al igual que el Tribunal, ambas representaciones omitieron aclarar la existencia de tres medidas discordantes, muy probablemente porque no se percataron de dicha disonancia. El A quo emite la orden de restitución de las cosas a su estado anterior (derribo de 94,5 metros de la tapia) al tener como probado que fue formulado con una carencia total de fundamentación fáctica e intelectiva, además de no encontrarse en las acusaciones formuladas por el Ministerio Público o Procuraduría General de la República; error que compromete la eficacia de dicha orden de restitución y derribo. Por otra parte, los informes ACT-478-2010 y DA-3752-2011 referidos previamente, a pesar de señalar una supuesta invasión de área protegida con la construcción de un muro, consignando longitudes distintas, ambos documentos NO ubican, ni espacialmente ni por geolocalización, los puntos específicos por donde dicho muro se estaba presuntamente edificando. El Ministerio Público durante su investigación y como parte de su dirección funcional NO solicitó al Organismo de Investigación Judicial el determinar espacialmente donde se construía el muro, con el fin de poder identificar concretamente la zona o tramo de edificación; no es sino hasta casi 3 años después que la Sección de Ingeniería Forense del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial visita la zona y emite el dictamen criminalístico 0518-ING 2013, donde consigna de forma específica los puntos de geolocalización en donde se ubicaban todas las obras que “invadían” el área de protección en la propiedad de [Nombre 001]. No obstante, tal y como se determinó en el debate (ver marcador 35:15 a 40:50 del archivo denominado “PARTE INTEGRAL: SENTENCIA ORAL, Juicio Oral y Público 24/08/2023 17:10:03”, según se identifica en Gestión en Linea) el Tribunal tuvo por acreditado que en la propiedad de la señora ([Nombre 001]) existían una serie de edificaciones que, a pesar de encontrarse dentro del área de protección del rio Riyito, no podía determinarse la fecha exacta ni aproximada de construcción, factor relevante dado que la señora [Nombre 001] recibió la propiedad en donación y habita en ella desde 1960, alrededor de 8 años de la promulgación de la ley forestal y la introducción de las áreas protegidas. Así las cosas, al no haber geolocalizado los puntos exactos por los que discurría la tapia y no poder determinarse exactamente la longitud de esta (25, 50 o 94,5 metros), no podría el Tribunal determinar si, en el año 2010 se edificó una tapia en el área de protección, cuál era su longitud y en qué puntos exactos de la propiedad se construyó, con el fin de poder ordenar de forma certera su derribo. Sin embargo, el Tribunal realiza conjeturas y arriba a conclusiones que no explica (la tapia construida en el 2010 medía 94,5 metros de longitud, indicando que se ubica en la margen del rio, según indica el dictamen criminalístico 0518-ING 2013) y cuyo proceso lógico no puede controlarse porque no se expone, para finalmente y tomando como base estas conclusiones, declarar con lugar la medida de restitución de las cosas a su estado anterior y, conculcando con ello los derechos fundamentales de índole patrimonial de la señora [Nombre 001] [...]". Afirma que según todo lo expuesto, la sentencia no cumple con los requisitos de fundamentación suficiente y legítima. Solicita se anule el hecho tercero de la acusación y de la sentencia; se anule la sentencia únicamente en cuanto a la orden de derribo de la tapia perimetral de 94,5 metros.

 III.- Posición del Ministerio Público:    La licenciada Melina Rodríguez Garro, Fiscal Ambiental del Ministerio Público en Santa Cruz, contestó la audiencia conferida con motivo de la impugnación y solicita que el recurso sea declarado sin lugar. Los planteamientos del apelante son incorrectos. La juzgadora analizó de manera correcta la prueba legalmente incorporada al proceso y por ende, de forma suficiente llegó a la conclusión de que existe una estructura que corresponde a una tapia perimetral que está construida dentro del área de protección del río Riyito y, en cuanto a la longitud de esta estructura, se fundamenta en el informe criminalístico 518-ING-2013 de folio 49, tal y como consta en el registro de las 31.39 en la sentencia oral. En cuanto a que el recurrente mencione que se acreditan hechos del año 2010, no lleva razón porque lo que la juzgadora analiza es que en el año 2010 se construyó esa estructura, que tuvo una extensión de 94,5 metros. De igual forma, en la ponderación del relato del declarante [Nombre 006], como se aprecia a partir del minuto 42 de la sentencia, no se incurre en los yerros que se indican, ni se acreditan hechos por los que la coimputada fuera absuelta. "Considera esta representación que no lleva razón la defensa en su motivo planteado, como se puede apreciar en la sentencia oral número 2023-0214 la valoración de la prueba que hace la señora juzgadora para otorgar el derribo de la tapia que mide de longitud 94.5 metros, siendo exacto el tribunal en indicar que se tiene por acreditado el hecho uno y dos de la pieza acusatoria, en donde se establece que en la zona de Villarreal de Santa Cruz, distrito tercero 27 de abril, propiedad que está inscrita bajo el plano [Valor 001], y dicha propiedad colinda en sus extremos norte, sur y oeste con el rio denominado Riyito, al cual se le debe respetar una franca de terreno de 10 metros medidos de forma horizontal, desde la rivera del rio, hechos que quedo acredita en el debate, y no se respetó esa área de protección, sino que por el contrario, se hicieron varias construcción dentro de dicha área, logrando acreditarse la existencia de la tapia, con una longitud de 94.5 metros    Ahora bien, mediante la prueba evacuada en el debate se logra arribar a la conclusión que en dicha franja de protección del Rio Riyito, se encuentra construida una tapia con una longitud de 94.5 de metros, y no se tiene duda que la persona que posee y detenta en dicha propiedad es la señora imputada [Nombre 001], queda dicha información demostrada en debate oral y público, con la prueba recibida. Queriendo la defensa ampararse en indicar que la señora jueza toma como referencia el hecho tercero de la pieza acusatoria (absolutoria), para acreditar los hechos a la señora imputada, sin embargo, de la sentencia oral se puede observar que no es así, sino que, por el contrario, el tribunal hizo un análisis de cada prueba incorporada y analiza que en año 2010 fue cuando se creo la tapia en el área de protección de la zona hídrica, no como el señor defensor lo está interpretando [...]" (folio 434). Finalmente, en lo que respecta a los presuntos yerros en  la apreciación de las características y longitud del muro, cuyo derribo se ordenó, tampoco lleva razón el apelante, explica la representante fiscal. Explica que resulta claro que la juzgadora señala la credibilidad que le merece el dictamen criminalístico sobre las restantes pruebas, análisis que se realiza de conformidad con las reglas de la sana crítica y con una adecuada y suficiente motivación, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar.

 IV.- Criterio de la Procuraduría General de la República. La licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal apersonada en este proceso, contestó la audiencia conferida con motivo de la impugnación. En cuanto al primer reclamo, considera que es improcedente. La lectura que se propone del numeral 183 Cpp es sesgada, porque ese numeral lo que establece es la posibilidad de excluir pruebas cuando se trate de hechos notorios, de manera que la tal discrecionalidad que se predica no tiene fundamento jurídico. Ignora el apelante que la prueba que se ofreció en el momento procesal oportuno era común, para acreditar los hechos respecto de ambas imputadas, de manera tal que la absolutoria de una, no afectaba el carácter común y útil de toda la prueba ofrecida. En cuanto al reclamo por la pretendida violación al principio de correlación entre acusación y sentencia, debe tenerse claro que a la acusada ([Nombre 001]) se le atribuía que desde el 3 de julio de 2013, invadió el área de protección del río Riyito, al ocupar y poseer ilegalmente, entre otros, esa tapia perimetral de 94,5 metros, construida en el área de protección, de conformidad con los hechos 1, 2 y 4 de la acusación y quedó acreditado que esa propiedad ella la detenta desde 1960, que esa tapia si fue construida en esa finca y que invade la zona de protección, del río Riyito. Considera de igual forma que en el segundo reclamo tampoco lleva razón, sobre la pretendida falta de correlación entre lo acusado y el fallo y en cuanto a los pretendidos errores de prueba. "El testigo [Nombre 006] funcionario del SINAC, fue claro en señalar que en el año 2010 se presentó al sitio de los hechos y verificó que se estaba construyendo una tapia dentro de la zona de protección entre los 4 o 5 metros de distancia del río, como aún estaba en proceso de edificación ya que tenía un 25% de avanzada emitió el aviso de Suspensión de Actividades del 5 de julio de 2010 (visible en folio 9). De igual manera, la testigo [Nombre 007], manifestó que ella es vecina de la imputada propiamente vive al frente y lo que las separa es la calle, respecto al muro o tapia recuerda que lo construyeron hace 15, 14 o menos años y que este (sic)  cubre en la parte del río a mano derecha y atrás de la casa de ella, en cuanto a la distancia entre esa obra y el río considera que hay como 2 metros. Mientras que la tercera testigo, [Nombre 010], también coincidente con los otros dos, informó que conoce a la imputada porque es vecina desde hace 57 años y toda la vida ha vivido en Villareal, ella vive detrás de su casa. Sobre el muro señaló que es de cemento, desde años se construyó y aún está ahí, así como que colinda con el río y que la distancia de la tapia al río, es como de donde está ella sentada frente al estrado a donde la jueza, más o menos. En cuanto a la prueba documental, se tiene el acta de inspección del 8 de junio de 2010 y mural fotográfico ambos emitidos por el SINAC, que permiten acreditar la invasión del área de protección hídrica del río Riyito por las obras invasoras (visible a folios 7 y 8). La certificación de notario público no. [Nombre 009] realizada por el notario público Atencio Ruiz Ruíz a solicitud de la encartada [Nombre 001], establece la inspección al sitio de los hechos y determina la existencia de un muro o tapia de concreto en los sectores norte, sur y oeste de acuerdo al plano catastrado Número G - de la propiedad a una distancia de 4 metros con 20 centímetros lineales del río Riyito (visible en folio 28 y 29). También, el Dictamen de Análisis Criminalístico 518-ING-2013, de fecha 18 de abril de 2013, suscrito por la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, se detalla acerca de las obras que invaden el área de protección del río Riyito y propiamente en las Conclusiones punto 1 establece que “Parte de la tapia perimetral existente en el sitio correspondiente a una longitud de 94,5 metros”, además, contiene una secuencia fotográfica que visualiza la tapia de blocks en concreto en el sitio (visible en folios 49 al 52). Por su parte, el Acta de Inspección, Registro y Recolección de Indicios y secuencia fotográfica de fecha 10 de setiembre de 2013 del Organismo de Investigación Judicial, detalla y demuestra que, el muro de concreto o tapia se encuentra invadiendo el área de protección del río Riyito (Visible en folios 57 a 59). En cuanto a la colindancia que tiene el lugar de los hechos con el río Riyito, se tiene la consulta registral matrícula No. [Valor 003], que demuestra que la finca objeto de estudio, colinda en sus extremos norte, sur y oeste con dicho cuerpo de agua y está relacionada con el plano [Valor 001] (visible en folio 70). Sobre la carencia de permiso para la construcción del muro, el oficio No. US-SANTA CRUZ - 217 - 2012 de fecha 19 de noviembre de 2012, logra demostrar por parte del Departamento de Ingeniería y Construcciones de Santa Cruz, que no existe inscrito ningún archivo de solicitud ni permiso de construcción otorgado a nombre de la señora [Nombre 001] para un muro de concreto en su propiedad (Visible en folio 34). Así también, el oficio DA-3752-2011 emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, establece que según el Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Agua y Cauces, dicha obra NO cuenta con autorización (visible a folio 5) En virtud de todo este elenco probatorio, no podría el Tribunal de Juicio bajo ninguna premisa permitir la permanencia de esa edificación en el área de protección del río, esto en aras del principio pro-natura y de irreductibilidad del bosque, que establecen que toda conducta invasora debe ser suprimida a fin de eliminar el riesgo de perjuicio al recurso natural e impedir que se saque provecho del ilícito, ello de oficio, aún en absolutorias, y hasta sin acción civil de por medio. Tal y como, lo han señalado la jurisprudencia de los Tribunales de Casación: voto N° 2014-1528 del Tribunal de Apelación Penal de Cartago, Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° 2007-0964 de las 10:00 horas del 30 de agosto del 2007 y Tribunal de Casación Penal, San Ramón voto N° 00507 de las 10:15 horas del 21 de setiembre de 2007 A la luz de la jurisprudencia de cita y las normas que fundamentan jurídicamente esta acción, se hace evidente que la orden de derribo del muro se adecúa a máximas constitucionales destinadas a un bien superior: la protección del ambiente a través de medidas que sostengan su permanencia frenando la continuación del ilícito. El tribunal de juicio no podía permitir que el menoscabo ocasionado al área de protección de ese cuerpo de agua se mantenga, se perpetúe en el tiempo, impidiendo su regeneración, ya que se estaría dando continuidad al delito y sus efectos perniciosos, y tal vez, la consumación de nuevos ilícitos. Eso, aunado que la imputada y otros terceros interesados puedan sacar provecho de un ilícito en perjuicio de los recursos naturales y la colectividad, lo que claramente no debe ser permitido en aras de la preservación del ambiente [...]" (folios 438 frente y vuelto y 439). Finalmente, en lo que corresponde al tercer reclamo, sobre las pretendidas inconsistencias en la documentación respecto de la longitud de la tapia perimetral, tampoco lleva razón. El oficio ACT-478-2010 del 2 de julio de 2010, firmado por [Nombre 006] del SINAC es la denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público, en la que se verificó la construcción de un muro de 3 metros del alto y 25 de largo y que tenía un 25% de avance, porque estaba en proceso de edificación y por esa razón se emitió un oficio para suspensión de actividades el 5 de julio de 2010. Por su parte, el oficio DA-3572-2011 de la Dirección de Aguas del MINAE, detalla la inspección que se realizó el 19 de agosto de 2011, un año y un mes posterior a la denuncia y se describe un muro de tres metros de ancho y 50 metros de longitud. Finalmente, el dictamen criminalístico 518-ING-2013 del 18 de abril de 2013 de la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, un año y diez meses posterior a la última inspección y dos años y once meses posteriores a la denuncia, se encuentra un muro que invade el área de protección del río Riyito corresponde a una longitud de 94,5 metros, lo que pone en evidencia el desprecio a la orden emanada por la autoridad administrativa para suspender la obra y se continuó hasta su culminación. "Debe tomarse en consideración que coincidente con lo anterior, la certificación de notario público no. ochenta y siete – uno dada el 22 de mayo del 2012 y realizada por el notario público Atencio Ruiz Ruíz a solicitud de la encartada [Nombre 001], establece la inspección al sitio de los hechos y determina la existencia de un muro o tapia de concreto en los sectores norte, sur y oeste de acuerdo al plano catastrado de la propiedad, así como, que “se procedió a medir la distancia de la tapia al cauce del río y se verifica que existe una distancia de cuatro metros con veinte centímetros lineales desde el cause del río Riyito, con alguna variaciones de acuerdo al recorrido de su cause, el levantamiento de la tapia se ajusta al Plano Catastrado en casi su totalidad, por lo que no existen indicios que la dueña del inmueble haya incrementado el área del inmueble o haya invadido el cause del río (…)” (SIC). (ver folios 28 y 29) (El resaltado no es del original).El recurrente entra en una confusión al afirmar que en las piezas acusatorias se estableció que en el año 2010 se haya edificado un muro de 94,5 metros, cuando lo cierto es que el hecho 4 de la Querella es claro en atribuir que “Sin contar con una fecha exacta, pero aproximadamente desde el tres de julio del 2013, en la propiedad descrita en el hecho primero, la querellada [Nombre 001], invadió el área de protección del río Riyito, al ocupar y poseer ilegalmente las siguientes obras: una tapia perimetral de 94.5 metros de longitud en el extremo norte, sur y oeste de su propiedad; (…)”, de ahí que efectivamente, tal y como, lo ordenó el Tribunal de Juicio debe demolerse la totalidad de esa obra invasora correspondiente a una medida de 94.5 metros [...]" (folios 439 vuelto y 440 frente. Destacados en el original). Con sustento en lo anterior, solicita que se declaren sin lugar todos los reclamos y se mantenga la decisión en cuanto ordenó el derribo de la tapia perimetral de 94,5 metros de longitud,  que invade la zona de protección.

 V.- Los reclamos no son de recibo. Esta Cámara ha procedido a la revisión de la sentencia oral dictada dentro de este proceso, la que se respalda en el dvd, archivo 10002130412PE-24082023034410-2_MUlti;   la prueba documental incorporada, las incidencias en el transcurso del juicio y los reclamos del apelante y arriba a la conclusión de que deben desestimarse. En primer lugar, es importante precisar que la sentencia absolvió a la imputada de toda pena y responsabilidad, en aplicación del principio universal in dubbio pro reo por los hechos que le fueron acusados, aún incluida la ampliación que se llevó a cabo en el juicio, que en realidad no modifica la naturaleza de los hechos, relacionados con la invasión al área de protección del río Riyito, por la construcción de un muro que invadió esa zona y cuya obra se inició en el año 2010 y para el año 2013 ya estaba totalmente finalizada y de la cual, 94,5 metros, invaden el área protegida, hechos que fueron atribuidos a ambas acusadas. Tampoco es cierto que lo resuelto por esta Cámara con integración distinta, en la resolución número 2023-0214, implique la exclusión de alguna prueba o la existencia de alguna restricción respecto de la acusación, con la única salvedad de que no se discute la responsabilidad penal de [Nombre 003], cuya absolutoria quedó en firme. Conviene reseñar parte de lo resuelto en esa decisión, para evidenciar que al contrario de lo que se reclama, precisamente se determinó que hubo errores en la apreciación de todas las probanzas, las que ahora el apelante pretende excluir, que motivaron la ineficacia de la sentencia y la disposición para un nuevo juicio, con toda la prueba que, en esta oportunidad, fue correctamente ponderada y por ende, la orden de derribo resulta correcta. En la resolución número 2023-0214, en la que se ordenó el juicio de reenvío, se indicó:

 “[…] Por otra parte, esta Cámara de Apelación colige que producto de la valoración sesgada de los elementos de prueba testimonial, sin valorar de forma conjunta la prueba documental y pericial en su fallo, el tribunal de juicio, determinó que el hecho acusado en contra de la co encartada ([Nombre 001]) de invasión en el área de protección, no se logró acreditar porque de acuerdo con su razonamiento: i- Del interrogatorio realizado a los testigos no se determinó de qué forma la encartada ([Nombre 001]), ocupo y poseyó ílegítimamente la tapia perimetral, ni que fuera la persona, que realizó la invasión por medio de la construcción, ya que esta acción de construir la tapia no le fue acusada (folio 308 del expediente), ii.- Ni tampoco se acreditó que la encartada ([Nombre 001]), mantuvo el dominio del hecho, por no haber sido vista en el lugar por los testigos, realizando en la tapia perimetral alguna labor, ni tampoco se acreditó la existencia de otra edificación en la zona de protección en el margen del río, (folio 308 del expediente), iii.- Para el tribunal de juicio, la encartada ([Nombre 001]) narró que habitaba el lugar desde el año de 1970, siendo un terreno que le donó la Municipalidad en el año 1991 y que logró su inscripción, pero en el año 2010, hubo una llena que ocasionó que el río creciera y se le llevara el alambrado y los postes, porque ella tenía todo su terreno cercad […] Incluso esta Cámara de Apelación también colige que el tribunal de juicio tampoco examinó que la encartada relató que la construyó de forma “inocente”, haciendo alusión a que no tenía conocimiento de la existencia de la prohibición de construir en el área de protección a la par del río. Manifestación que no se determinó si se podía acreditar o no la existencia de un posible error de tipo, debiendo confrontarse su relato con la demás prueba testimonial y documental recabados. Lo anterior, porque el testigo [Nombre 006] en juicio, refirió en juicio que él regresó en una segunda ocasión, para notificar la paralización del muro y así lo dijo: “…Yo fui a la propiedad otra vez, yo fui por segunda vez, yo fui dos veces. Una cuando llegó la denuncia y otra cuando llegué a notificar…” (contador 51:31 a 51:38 registro de audiovisual 100021320412PE -15092022083109-2 Multi). Prueba testimonial que es coincidente con el oficio ACT-478-2010, Santa Cruz del 2 de julio de 2010 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAET, el acta de inspección del Ministerio de Ambiente y Energía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, realizada a las 5:25 p.m del 8 de junio de 2010, en  Santa Cruz, Villareal, por el testigo [Nombre 006] y el aviso de suspensión de Actividades de las 9:42 horas del  5 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente y Energía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en los cuales, el testigo [Nombre 006] como inspector señaló que ante la denuncia sobre una supuesta invasión del área de protección de la quebrada de la comunidad del Villareal, realizó la primera inspección en el sitio el 8 de junio de 2010, en donde verificó la construcción de una tapia con los diámetros de 3 metros de lato y 25 metros aproximados de largo, como la corta de unos árboles, dándose la afectación a una distancia de uno a tres metros del cauce de la quebrada del río. Mientras del aviso de suspensión de actividades, se indicó que se presentó a notificarle a la persona con el nombre de “[Nombre 001]” la suspensión de la construcción de la tapia en la quebrada (folios 1 a 2, 7 a 8 y 9 del expediente). Elementos de prueba que no fueron examinados por el tribunal de juicio en su fallo [...]”

 

La decisión fue la de realizar un nuevo juicio, merced a los reclamos del Ministerio Público y la Procuraduría, respecto de los yerros en la valoración de las probanzas, las mismas que fueron evacuadas en el juicio cuya sentencia ahora se impugna, salvedad hecha de la absolutoria de [Nombre 003] y de que, en esta ocasión, la acusada ([Nombre 001]) se abstuvo de declarar. De allí que, queda claro que no existe algún error en cuanto al alcance del juicio de reenvió ordenado en la decisión número 2023-0214, ni tampoco algún error por parte de la juzgadora, pues la prueba sea común para todos los hechos, con independencia de las fechas y de la confusión que pretende crear el recurrente. Es claro que los reclamos del impugnante, al argumentar la lesión a los principios de valoración razonable de la prueba, de incongruencia entre acusación y fallo, todos procuran dejar sin efecto la orden de derribo de una construcción que, toda la prueba documental y testimonial, permitió acreditar fehacientemente, que invade, lesiona e irrumpió en el área de protección legal del cauce del río Riyito, que precisamente constituye uno de los límites legalmente establecidos a la propiedad en la que habita y vive la señora ([Nombre 001]), construcción que permanece al momento de resolverse. La relevancia de que se date la construcción inicial de la mencionada estructura, a partir del año 2010, conforme la denuncia visible a folio 3, que claramente señala "se está construyendo una tapia a escasos un metro del río" es precisamente porque, como bien lo apunta la representante legal del Estado, fue en ese año que se constató, por parte del funcionario [Nombre 006] - Oficio ACT-478-2010., folios 1 y 2, que en esa propiedad se estaba edificando una tapia, es decir, era una obra en ciernes, tal y como de manera correcta, fundamentada y además suficiente, analizó la juzgadora, en especial, a partir del registro contador de la grabación, de las 23:02 en adelante. Además, conforme la valoración correcta de la prueba documental, pues tal y como se constata en el acta de inspección de folio 7, las fotografías de folio 8 y que desde ese momento -junio del año 2010-, ya constituía una invasión a la zona de protección del cauce del mencionado río y por esa razón, se ordenó paralización de las obras, como se constata en la orden de folio 9,  orden que claramente fue incumplida -sin que se pudiera establecer, como analizó la juzgadora de manera clara y correcta, quién realizó la obra y quién incumplió esa orden, es decir, no se concluyó que fuese la imputada ([Nombre 001])-. Como analizó la juzgadora, al momento de la inspección que realizó el funcionario del SINAC y testigo [Nombre 006], la obra apenas registraba un avance del 25% y, posteriormente, en data de 2011, se constató una longitud superior a la que se tuvo al momento de la primera inspección,  cuando la obra no estaba concluida, pues en 2011 la longitud era de 50 metros y finalmente, en el año 2013, cuando se realiza el levantamiento topográfico y la pericia de la Sección de  Ingeniería Forense, de esa obra completamente construida, 94.5 metros de longitud, que invade la zona protectora del río Riyito. Entonces, el hecho objetivo es que a partir del año 2010, con sustento en la prueba dicha y en la testimonial, en especial del señor [Nombre 006] y el testimonio de [Nombre 007] y [Nombre 008] vecinas de la zona, se tiene claro que en esa propiedad, sin que se pueda saber quién o por disposición de quién, pero es la propiedad en la que habita la señora ([Nombre 001]) desde 1960, se edificó esa estructura de tapia perimetral, que al año 2013, ya tenía una longitud de 94,5 que invadía el área de protección del río Riyito, científicamente comprobada y además mediante levantamiento topográfico, como consta en el informe de Ingeniería Forense 518-ING-2013, de fecha 3 de julio de 2013. Se realizó un levantamiento topográfico en el sitio; se realizó estudio catastral y con sustento en ese levantamiento, se constató que dentro de la zona de protección del río Riyito, de diez metros de ancho medidos al borde del cauce, existe construida parte de la tapia perimetral con una longitud de 94,5 metros, esto porque la longitud total es de dicha estructura es de 131,8 metros, pero de éstos, 94,5, localizados en el informe, invaden la zona de protección, precisamente obra que se inició en el año 2010, cuando se realizó aquella inspección inicial por el señor [Nombre 006]. Para realizar este informe de Ingeniería Forense y las mediciones correspondientes, se realizó, como se documenta en la Sección Técnica, un estudio catastral de la finca y el plano inscrito en el Registro Nacional; una inspección de campo, levantamiento topográfico de la propiedad, los elementos constructivos y la quebrada existente en el sitio. Y en cuanto al equipo, se utilizó para el levantamiento topográfico, Estación Total, marca Sokkia, modelo SET 3X y equipo auxiliar; un receptor GPS marca Garmin, modelo GPSmap 60Cx; Programa para el cálculo topográfico MapSource, Prolink Excel y el Programa para dibujo AutoCad 2007 (folios 49 a 53). Entonces, es un estudio con bases científicas sólidas, como de manera correcta lo analizó la juzgadora  con apoyo de equipo técnico y de geolocalización, además de tener como referencia el plano catastral y fotografías, lo que permite, como se analiza en la sentencia, darle plena credibilidad (en especial, a partir del registro contador 56:43 de la sentencia). Se trata de un estudio especializado, cuyas conclusiones se encuentran sólidamente respaldadas, no han sido desmerecidas por el apelante, que, a partir de una descontextualización de los documentos allegados y, de su distinta naturaleza -inspecciones y constataciones por personal de SINAC y MINAET- y una pericia realizada por personal calificado, especializado en topografía, mediante el uso de los conocimientos, equipo especializado y material de apoyo especial, pretende primero, colocarlos en el mismo plano, cuando es claro que son documentos de distinta naturaleza y en segundo orden, no alcanza a demerecer que el estudio pericial establece claramente la longitud de la tapia que invade la zona protectora, así como de otras estructuras, que, como bien analizó la juzgadora, no fue posible establecer, porque la fiscalía y la Procuraduría no demostraron con prueba suficiente, que esas otras estructuras, que se detallan a partir del punto 2 del apartado de conclusiones, del estudio pericial 518-ING-2013, fueran edificadas con posterioridad al año 1996 de entrada en vigencia de la Ley Forestal, precisamente porque es una propiedad que fue donada a la imputada ([Nombre 001]), que fue titulada bajo el Procedimiento de Titulación de Vivienda Campesina por la entonces Alcaldía Civil de Santa Cruz y consta que era un terreno para construir y era poseído por la justiciable, desde el año 1960, por lo que no podía ordenarse su derribo, al no quedar demostrado que fueran construidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, como de forma correcta lo analizó la juzgadora en la sentencia (en especial, a partir del registro contador 36:23 del archivo de la sentencia). Por ende, lo que se constató en el proceso, con prueba correctamente analizada, es que esa tapia perimetral, que se construía en el año 2010 -posterior a la entrada en vigencia de la Ley Forestal sin duda alguna- se constató su presencia en el año 2011 con mayor longitud y, finalmente, en el año 2013 se verifica científicamente que en una extensión de 94,5 metros se invade la zona protectora del río Riyito. Ese hecho objetivo, científicamente constatado, se valoró de manera correcta en la sentencia y por ende, conforme el carácter inalienable y demanial de la zona de protección, en atención al principio de reparación de los daños ambientales y, con sustento en la obligación de restaurar las cosas al estado original, procede la orden de derribo de esa tapia perimetral, en la franja de 94,5 metros, tal y como se dispuso en la sentencia, Incluso consta que el ahora apelante, una vez finalizada la exposición oral, pidió aclaración a la juzgadora (a partir del registro contador 01:23:46), para tener claridad de cuál es la parte de la estructura que debe ser derribada y la juzgadora claramente indicó que la que se establece en el estudio pericial 518-ING-2013, que corresponde a los 94,5 metros que invaden la zona de protección del río Riyito y que es ese estudio el que debe servir de base para la ejecución de la orden de derribo, que se delegó la ejecución a la Municipalidad de Santa Cruz, por ser esa parte de la estructura  que se constató, invade la zona protectora del río Riyito. Por ende, no existen los yerros ni los defectos que se apuntan, la sentencia se encuentra sólida y correctamente fundamentada y procede en consecuencia, desestimar los reclamos.

POR TANTO:

      Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la defensa particular. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

Helena Ulloa Ramírez

 

 

Rafael Segura Bonilla                                                           Wilson Flores Fallas

 

Jueza y Jueces  del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil

 (En función del T.A.S.P de Guanacaste, sede  Santa Cruz)

EXPEDIENTE : 10-002132-0412-PE (6)    

IMPUTADO    : [Nombre 001]. 

OFENDIDO    : LOS RECURSOS NATURALES.       

DELITO         : INFRACCIÓN, LEY FORESTAL.    

MAVILLALOBOS                               

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:11:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PODER JUDICIAL

JUVENILE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT

Resolution: 2023-0539

Case File: 10-002132-0412-PE (6)

JUVENILE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. (Acting on behalf of the Criminal Sentence Appeals Court of Guanacaste, Santa Cruz seat) Goicoechea, at nine thirty hours on the twenty-first of November, two thousand twenty-three.

APPEAL filed in this case against [Nombre 001], Costa Rican, born February 11, 1952, daughter of [...], resident of Villarreal Santa Cruz, and [Nombre 003] Costa Rican, born February 10, 1968, daughter of [...], resident of Tamarindo, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCIÓN LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judge Helena Ulloa Ramírez; co-judge Rafael Segura Bonilla and co-judge Wilson Flores Fallas participate in the decision on the appeal. Attorney Esteban José Quirós Pastrana, private defender of the accused party; Attorney Melina Rodríguez Garro, representing the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público); and Attorney Zaray Chavarría Prado, in her capacity as Procuradora, appeared before this court.

WHEREAS (RESULTANDO):

I.- That through judgment number 254-2023, at fifteen forty-five hours on the twenty-fourth of August, two thousand twenty-three, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz Seat, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, Articles 1, 34, 39, 41, 50 of the Political Constitution, 8 and 9 of the American Convention on Human Rights, Articles 1, 30, 31, 45, 103 of the Penal Code, Articles 1, 6, 9, 142, 180 to 184, 360, 361, 363 to 366 of the Code of Criminal Procedure and 1, 33 and 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) (Law No. 7575), in application of the Universal Principle In Dubio Pro Reo, [Nombre 001] is ACQUITTED of all penalty and responsibility for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW, to the detriment of NATURAL RESOURCES, which had been attributed to her. Once this judgment becomes final, because it is located within the protection area of the Riyito River, the demolition is ordered of the perimeter wall (tapia perimetral) with a length of 94.5 meters existing on the property registered under plan number [Valor 001], according to the measurement established in the Criminalistic Analysis Report 518-ING-2013. The Municipality of Santa Cruz is delegated the material execution of the demolition works in the zone. It is resolved without special award of costs (sin especial condenatoria en costas). The cessation of any precautionary measure that may have been ordered against the accused in this case is ordered. The expenses of the criminal proceedings are borne by the State. Once the judgment becomes final, the case shall be archived. Because the oral judgment was delivered in its entirety, the parties are hereby notified in this act and are provided the digital medium containing the entirety of the trial and the judgment."

II.- That against the foregoing pronouncement, Attorney Esteban José Quirós Pastrana, private defender of the accused party, filed an appeal.

III.- That after having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the appeal.

IV.- That in the proceedings, the relevant legal prescriptions have been observed.

Authored by Appeals Judge Ulloa Ramírez; and,

CONSIDERING (CONSIDERANDO):

I.- Competence of this Court to hear this sentence appeal: In accordance with what was agreed by the Full Court (Corte Plena), in sessions number 33-2022 of April 21, 2022, Article XLIV, 22-2022, of May 16, 2022, Article XXXIV and 28-2023, of June 26, 2023, Article XVIII and 50-2023, of October 30, 2023, Article XXII, it was ordered to extend the competence of this Juvenile Criminal Sentence Appeals Court, based in the Second Judicial Circuit of San José, to hear requests for extension of pretrial detention and sentence appeals that fall under the competence of the Criminal Sentence Appeals Court of Guanacaste, for the entire year 2023 and until July 9, 2024. For this reason, this Court proceeds to hear and resolve the merits of the appeal.

II.- Insufficient and erroneous reasoning. Lack of correlation between the accusation and the judgment: Attorney Esteban José Quirós Pastrana, private defender of the accused [Nombre 001], filed an appeal against judgment number 254-2023, at 15:45 hours, on August 24, 2023, issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz seat. He presents three arguments based on procedural defects, which are closely related, and for that reason they are presented and resolved jointly. (i) First, the appellant disagrees with the fact that evidence was introduced at trial which, in his opinion, was not part of the object of the proceeding that this Chamber ordered, in the exercise of its extended competences and with a different composition, in resolution 2023-0214 at 16:17 hours, on May 9, 2023. On that occasion, both the claim of the prosecutor's office and the Procuraduría General de la República were upheld, regarding the acquittal issued in favor of the accused and regarding the rejection of the request for things to be restored to their original state. Given that the acquittal in favor of the co-accused [Nombre 003] became final, both criminal actors in this retrial expanded the accusation to include as fact three, the one that appears as fact four of the original accusation, so that Mrs. [Nombre 001] is attributed with having invaded the protection area of the Riyito River, since July 3, 2013. Therefore, the defense requested that the testimonies of [Nombre 006], [Nombre 007], and [Nombre 008] be excluded as evidence, as well as the complaint ACT-478-2012, Official Letters DA-3752-2011 and DA-3740-2011, Inspection Report of June 8, 2010, the Notice of Suspension of Activities of July 5, 2010, and Official Letter US-SANTA CRUZ-217-2012, as it considers that this evidence referred to the imputation of facts to [Nombre 003], who was acquitted, and to the facts allegedly occurring between March and August 2010. The Court rejected this petition, considering that the evidence was common to the proceeding and regardless of whether the acquittal of the co-accused [Nombre 003] was final. He considers that the evidence that can be admitted, pursuant to article 183, is that which is useful and relevant to ascertain the truth and despite the fact that the appellant himself states that the norm grants discretion to the judge to decide on the evidence, that norm also does not indicate that this analysis must only be done during the preliminary hearing. In his opinion, in the decision, the Court did not correctly analyze the scope of what was resolved in judgment 2023-0214 of this Chamber nor did it adjust the effects of that decision to the retrial. "As can be inferred from the oral judgment, the Court based the demolition order for a 94.5-meter-long strip on having been able to consider as proven 'That, without specifying an exact date, but in the year 2010, and without it being known who executed the work, on the property occupied and possessed by the accused [Nombre 001], a perimeter wall (tapia perimetral) was built with a length of 94.5 meters, which is located within the protection area of the Riyito River, intended for the conservation of the water resource and the ecosystems associated with it, which remains to this day.' In its presentation, the Court recognized that to reach this conclusion, the testimonial and documentary evidence gathered was assessed. It is reiterated once again, evidence offered in relation to a fact from the year 2010 attributed to Mrs. [Nombre 003], on which a firm acquittal judgment was issued, having the force of substantive res judicata, is used to support a measure for the restitution of things to their prior state that directly affects the constitutionally protected property rights of Mrs. [Nombre 001], who was being judged in the trial for facts from the year 2013. The grievance lies in the fact that the introduction of this evidence, without a direct or indirect relationship to the thema decidendum, affects the decision of the lower court (A quo) to grant the request for restitution of things to their prior state, ordering the demolition of 94.5 meters of wall, thereby generating a grievance to the fundamental rights of Mrs. [Nombre 001] [...]" (pages 414 and 415). (ii) Second, now from the perspective of the imputation, the appellant points out that, at the beginning of the trial, the Court clearly warned that the facts for which the co-accused [Nombre 003] had been acquitted dated back to the year 2012. He reiterates that it was thanks to this that the criminal actors expanded their accusations to include that the accused ([Nombre 001]) was attributed with having invaded the zone of the Riyito River and illegally occupying a zone of 94.5 meters, since July 3, 2013. However, in the judgment, it is considered a proven fact that, without specifying a date, but indeed since the year 2010 and without it being known who executed the work, on the property occupied and inhabited by the accused ([Nombre 001]), a perimeter wall (tapia perimetral) was built with a length of 94.5 meters, which remains to this day. He insists that facts are considered proven which in their opportunity were attributed to [Nombre 003] and for which she was acquitted, a decision that is final. He asserts that the Court incurred a grave contradiction, because it first warns the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría that they had to expand the accusation, but then maintains the date of the facts regarding which a firm acquittal exists. "By having proven facts that were not imputed from the beginning by the Public Prosecutor's Office or the Procuraduría General de la República to Mrs. [Nombre 001] and that did not form part of the accusation, the Court's judgment does not correlate with the accusatory instruments in clear contradiction of article 365 of the Code of Criminal Procedure, which results in, based on said proven fact, the restitution of things to their prior state being ordered, which entails the demolition of 94.5 meters of the perimeter wall (tapia perimetral), which constitutes a grievance to the constitutionally protected property rights of Mrs. [Nombre 001] [...]" (pages 417 and 418); (iii) Third and lastly, he claims errors in the assessment of the evidence, because he asserts there are three documents that mention different measurements regarding the wall whose demolition is ordered. Report ACT-478-2010 of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), Tempisque Conservation Area, Subregional of Santa Cruz, Carrillo, signed by [Nombre 006], which indicates that on the site and within the protection zone "a wall (tapia) of three meters high and approximately twenty-five meters long is being built." Then there is official letter DA-3572-2011 from the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAE), which indicates that on the site a work was carried out in the riverbed, which is a cement wall (tapia de cemento tipo muro) of fifty meters and three meters high. Finally, the criminalistic report 0518-ING-2013 of the Forensic Engineering Section of the Department of Forensic Sciences, in whose conclusions it is indicated that within the protection zone of the Riyito River, part of the existing perimeter wall (tapia perimetral) was found, with a length of 94.5 meters. He argues that, despite the existence of three documents, the Court seems not to notice the discordance and decides to side with considering the wall built in the year 2010, with the extension determined in the forensic report of 94.5 meters, without indicating the motive or reason for this and without considering that this study did not include a dating of the constructions. The witness [Nombre 006] answered a defense question during the trial that in his visit made in the year 2010, he made a measurement of the work in situ and recorded that it was twenty-five meters, and the forensic report, made three years later, recorded a measurement of 94.5 meters. "We cannot suppose the reason why the Court might have given greater credibility to the length recorded in the criminalistic report compared to the two other reports that recorded different lengths (again, it seems to be a point the Court did NOT notice), and it cannot be speculated that the wall (tapia) has different measurements because they were taken at different moments during the construction work because this was NOT stated by the witnesses and is NOT recorded nor can be extracted from the documentary evidence. Neither the Public Prosecutor's Office nor the Procuraduría General de la República were able to prove in their evidentiary activity, nor did they refer in their conclusions, that specifically in the year 2010 (which is what the Court considers proven), a wall of 94.5 meters in length was built, but rather this length was referred to tangentially and, basically, because the criminalistic report 0518-ING 2013 recorded it; like the Court, both representations omitted to clarify the existence of three discordant measurements, very probably because they did not notice said dissonance. The lower court (A quo) issues the order for the restitution of things to their prior state (demolition of 94.5 meters of the wall) by having it as proven, which was formulated with a total lack of factual and intellectual reasoning, in addition to not being found in the accusations made by the Public Prosecutor's Office or the Procuraduría General de la República; an error that compromises the effectiveness of said restitution and demolition order. On the other hand, the reports ACT-478-2010 and DA-3752-2011 previously referred to, despite pointing out an alleged invasion of the protected area with the construction of a wall, recording different lengths, both documents do NOT locate, neither spatially nor by geolocation, the specific points where said wall was allegedly being built. The Public Prosecutor's Office during its investigation and as part of its functional direction did NOT request the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) to spatially determine where the wall was being built, in order to be able to concretely identify the zone or section of construction; it is not until almost 3 years later that the Forensic Engineering Section of the Department of Forensic Sciences of the Judicial Investigation Organization visits the zone and issues the criminalistic report 0518-ING 2013, where it specifically records the geolocation points where all the works that 'invaded' the protection area on the property of [Nombre 001] were located. However, as determined in the trial (see marker 35:15 to 40:50 of the file named 'INTEGRAL PART: ORAL JUDGMENT, Oral and Public Trial 24/08/2023 17:10:03', as identified in Online Management), the Court considered it proven that on the property of Mrs. ([Nombre 001]) there existed a series of buildings that, despite being within the protection area of the Riyito River, the exact or approximate date of construction could not be determined, a relevant factor given that Mrs. [Nombre 001] received the property as a donation and has inhabited it since 1960, approximately 8 years after the enactment of the forestry law and the introduction of protected areas. This being the case, not having geolocated the exact points where the wall (tapia) ran and not being able to exactly determine its length (25, 50, or 94.5 meters), the Court could not determine if, in the year 2010, a wall was built in the protection area, what its length was, and at what exact points on the property it was built, in order to be able to accurately order its demolition. However, the Court makes conjectures and arrives at conclusions it does not explain (the wall built in 2010 measured 94.5 meters in length, indicating that it is located on the riverbank, according to the criminalistic report 0518-ING 2013) and whose logical process cannot be controlled because it is not exposed, to finally, taking these conclusions as a basis, declare the measure for the restitution of things to their prior state as accepted, thereby violating the fundamental property rights of Mrs. [Nombre 001] [...]". He states that according to all of the above, the judgment does not meet the requirements of sufficient and legitimate reasoning. He requests that fact three of the accusation and of the judgment be annulled; that the judgment be annulled solely regarding the order for the demolition of the 94.5-meter perimeter wall (tapia perimetral).

III.- Position of the Public Prosecutor's Office: Attorney Melina Rodríguez Garro, Environmental Prosecutor of the Public Prosecutor's Office in Santa Cruz, responded to the hearing granted for the challenge and requests that the appeal be declared without merit. The appellant's arguments are incorrect. The judge correctly analyzed the evidence legally incorporated into the proceedings, and therefore, sufficiently concluded that there is a structure corresponding to a perimeter wall (tapia perimetral) that is built within the protection area of the Riyito River, and regarding the length of this structure, it is based on the criminalistic report 518-ING-2013 on page 49, as recorded at 31:39 in the oral judgment. Regarding the appellant's mention that facts from the year 2010 are being proven, he is incorrect because what the judge analyzes is that this structure was built in the year 2010, and it had an extension of 94.5 meters. Likewise, in the weighing of the statement by declarant [Nombre 006], as can be appreciated from minute 42 of the judgment, the errors indicated are not incurred, nor are facts for which the co-accused was acquitted proven. "This representation considers that the defense is incorrect in its argued ground, as can be appreciated in the oral judgment number 2023-0214, the assessment of the evidence made by the judge to grant the demolition of the wall (tapia) measuring 94.5 meters in length, the court being precise in indicating that facts one and two of the accusatory instrument are considered proven, wherein it is established that in the zone of Villarreal de Santa Cruz, third district 27 de Abril, property that is registered under plan [Valor 001], and said property borders on its north, south, and west ends with the river called Riyito, for which a strip of land of 10 meters measured horizontally from the riverbank must be respected, facts that were proven in the trial, and that protection area was not respected, but on the contrary, several constructions were made within said area, managing to prove the existence of the wall (tapia), with a length of 94.5 meters. Now then, through the evidence adduced in the trial, it is possible to conclude that in said protection strip of the Riyito River, a wall (tapia) with a length of 94.5 meters is built, and there is no doubt that the person who possesses and holds said property is the accused Mrs. [Nombre 001], this information being demonstrated in the oral and public trial with the evidence received. The defense seeks to argue that the judge takes as reference fact three of the accusatory instrument (acquittal) to prove facts against the accused Mrs., however, from the oral judgment it can be observed that this is not the case, but rather, on the contrary, the court performed an analysis of each piece of evidence incorporated and analyzes that it was in the year 2010 when the wall (tapia) was created in the water zone protection area, not as the defense attorney is interpreting it [...]" (folio 434). Finally, regarding the alleged errors in the appreciation of the characteristics and length of the wall (muro), whose demolition was ordered, the appellant is also incorrect, explains the prosecutor's representative. She explains that it is clear that the judge points out the credibility she gives to the criminalistic report over the remaining evidence, an analysis carried out in accordance with the rules of sound judicial discretion (sana crítica) and with adequate and sufficient motivation, which is why the appeal must be declared without merit.

IV.- Criterion of the Procuraduría General de la República. Attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Procuradora appearing in this proceeding, responded to the hearing granted for the challenge. Regarding the first claim, she considers it inadmissible. The proposed reading of article 183 of the Code of Criminal Procedure (Cpp) is biased, because that article establishes the possibility of excluding evidence when it concerns notorious facts, such that the discretion claimed has no legal basis. The appellant ignores that the evidence offered at the proper procedural moment was common, to prove the facts with respect to both accused, so the acquittal of one did not affect the common and useful character of all the evidence offered. Regarding the claim of an alleged violation of the principle of correlation between accusation and judgment, it must be clear that the accused ([Nombre 001]) was attributed with, since July 3, 2013, having invaded the protection area of the Riyito River, by illegally occupying and possessing, among others, that perimeter wall (tapia perimetral) of 94.5 meters, built in the protection area, in accordance with facts 1, 2, and 4 of the accusation, and it was proven that she has held that property since 1960, that this wall (tapia) was indeed built on that property, and that it invades the protection zone of the Riyito River. She similarly considers that the second claim is also incorrect, regarding the alleged lack of correlation between the accusation and the ruling, and regarding the alleged errors of evidence. "Witness [Nombre 006], an official of SINAC, was clear in pointing out that in the year 2010 he went to the site of the events and verified that a wall (tapia) was being built within the protection zone, between 4 or 5 meters from the river. As it was still in the construction process, with 25% progress, he issued the Notice of Suspension of Activities of July 5, 2010 (visible on page 9). Likewise, witness [Nombre 007] stated that she is a neighbor of the accused, specifically lives across the street, and what separates them is the road. Regarding the wall (muro) or wall (tapia), she remembers that it was built 15, 14, or fewer years ago and that it covers the river part to the right and behind her house. As for the distance between that work and the river, she considers there are about 2 meters. While the third witness, [Nombre 010], also coinciding with the other two, reported that she has known the accused as a neighbor for 57 years and has lived her whole life in Villareal; she lives behind her house. Regarding the wall (muro), she indicated that it is cement, built years ago and still there, also that it borders the river, and that the distance from the wall (tapia) to the river is like from where she is sitting in front of the bench to the judge, more or less. Regarding the documentary evidence, there is the inspection report of June 8, 2010, and photographic mural, both issued by SINAC, which allow proving the invasion of the water protection area of the Riyito River by the invasive works (visible on pages 7 and 8). Notary public certification number [Nombre 009] carried out by Notary Public Atencio Ruiz Ruíz at the request of the defendant [Nombre 001], establishes the inspection of the site of the events and determines the existence of a concrete wall (muro) or wall (tapia) in the north, south, and west sectors according to Cadastral Plan Number G- of the property at a distance of 4 meters and 20 linear centimeters from the Riyito River (visible on pages 28 and 29). Also, the Criminalistic Analysis Report 518-ING-2013, dated April 18, 2013, signed by the Forensic Engineering Section of the Judicial Investigation Organization, details the works that invade the protection area of the Riyito River and specifically in Conclusions point 1 establishes that 'Part of the existing perimeter wall (tapia perimetral) at the site corresponding to a length of 94.5 meters.' In addition, it contains a photographic sequence showing the concrete block wall (tapia de blocks en concreto) at the site (visible on pages 49 to 52). Meanwhile, the Inspection, Recording, and Collection of Evidence Report and photographic sequence dated September 10, 2013, from the Judicial Investigation Organization, details and demonstrates that the concrete wall (muro de concreto) or wall (tapia) is invading the protection area of the Riyito River (Visible on pages 57 to 59). Regarding the adjacency of the location of the events to the Riyito River, there is the registry consultation registration number [Valor 003], which demonstrates that the property under study borders on its north, south, and west ends with said body of water and is related to plan [Valor 001] (visible on page 70). Regarding the lack of a permit for the construction of the wall (muro), official letter No. US-SANTA CRUZ - 217 - 2012 dated November 19, 2012, manages to demonstrate, on the part of the Department of Engineering and Constructions of Santa Cruz, that no application file or construction permit granted in the name of Mrs. [Nombre 001] for a concrete wall (muro de concreto) on her property is registered (Visible on page 34). Likewise, official letter DA-3752-2011 issued by the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE, establishes that according to the National Registry of Water and Riverbed Use Concessions, said work does NOT have authorization (visible on page 5). By virtue of all this body of evidence, the Trial Court could not, under any premise, allow the permanence of that building in the river's protection area, this for the sake of the pro-natura principle and the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, which establish that any invasive conduct must be suppressed in order to eliminate the risk of damage to the natural resource and prevent profit from the illicit act, this even ex officio, even in acquittals, and even without a civil action involved. As has been indicated by the jurisprudence of the Courts of Cassation: vote No. 2014-1528 of the Criminal Appeals Court of Cartago, Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, vote No. 2007-0964 at 10:00 hours on August 30, 2007, and Criminal Cassation Court, San Ramón, vote No. 00507 at 10:15 hours on September 21, 2007. In light of the cited jurisprudence and the norms that legally underpin this action, it is evident that the demolition order for the wall (muro) conforms to constitutional maxims aimed at a higher good: the protection of the environment through measures that sustain its permanence by halting the continuation of the illicit act. The trial court could not allow the impairment caused to the protection area of that body of water to remain, to perpetuate itself over time, preventing its regeneration, as this would be giving continuity to the crime and its pernicious effects, and perhaps, the consummation of new illicit acts. This, coupled with the fact that the accused and other interested third parties could profit from an illicit act to the detriment of natural resources and the community, which clearly should not be allowed for the sake of environmental preservation [...]" (pages 438 front and back and 439). Finally, regarding the third claim, about the alleged inconsistencies in the documentation concerning the length of the perimeter wall (tapia perimetral), it is also incorrect. Official letter ACT-478-2010 of July 2, 2010, signed by [Nombre 006] of SINAC, is the complaint filed before the Public Prosecutor's Office, in which the construction of a wall (muro) 3 meters high and 25 meters long was verified, which had 25% progress because it was in the construction process, and for that reason an official letter for the suspension of activities was issued on July 5, 2010. Meanwhile, official letter DA-3572-2011 from the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE details the inspection carried out on August 19, 2011, one year and one month after the complaint, and describes a wall (muro) three meters wide and 50 meters long. Finally, the criminalistic report 518-ING-2013 of April 18, 2013, from the Forensic Engineering Section of the Judicial Investigation Organization, one year and ten months after the last inspection and two years and eleven months after the complaint, a wall (muro) invading the protection area of the Riyito River corresponds to a length of 94.5 meters, which highlights the disregard for the order issued by the administrative authority to suspend the work, and construction continued until its completion. "It must be taken into consideration that coinciding with the above, the notary public certification no.

eighty-seven – one, given on May 22, 2012, and executed by the notary public Atencio Ruiz Ruíz at the request of the defendant [Name 001], establishes the inspection of the site of the events and determines the existence of a concrete wall or fence (tapia) in the north, south, and west sectors according to the cadastral plan of the property, as well as that “we proceeded to measure the distance from the fence (tapia) to the riverbed and it is verified that there is a distance of four meters and twenty linear centimeters from the bed of the Riyito River, with some variations according to the course of its bed, the erection of the fence (tapia) conforms to the Cadastral Plan almost in its entirety, so there is no indication that the owner of the property has increased the area of the property or has invaded the riverbed (…)” (SIC). (see folios 28 and 29) (The highlighting is not from the original). The appellant becomes confused in affirming that the charging documents established that a 94.5-meter wall was built in 2010, when the truth is that fact 4 of the Criminal Complaint is clear in attributing that “Without having an exact date, but approximately from the third of July, 2013, on the property described in fact one, the defendant [Name 001], invaded the protection area of the Riyito River, by illegally occupying and possessing the following works: a perimeter fence (tapia perimetral) of 94.5 meters in length at the north, south, and west ends of her property; (…)”, hence effectively, just as the Trial Court ordered, the entirety of that invasive work corresponding to a measurement of 94.5 meters must be demolished [...]\" (folios 439 verso and 440 front. Emphasis in the original). Based on the foregoing, it requests that all claims be dismissed and the decision be upheld insofar as it ordered the demolition of the perimeter fence (tapia perimetral) of 94.5 meters in length, which invades the protection zone.

V.- The claims are not receivable. This Chamber has proceeded to review the oral judgment handed down within this process, which is supported by the DVD, file 10002130412PE-24082023034410-2_MUlti; the incorporated documentary evidence, the incidents during the course of the trial, and the appellant's claims, and arrives at the conclusion that they must be dismissed. In the first place, it is important to specify that the judgment acquitted the accused of all penalty and responsibility, in application of the universal principle in dubio pro reo for the acts with which she was charged, including the amplification that was carried out at trial, which in reality does not modify the nature of the acts, related to the invasion of the protection area of the Riyito River, by the construction of a wall that invaded that zone and whose work began in the year 2010 and by the year 2013 was already completely finished and of which, 94.5 meters, invade the protected area, acts that were attributed to both accused. Neither is it true that what was resolved by this Chamber with a different integration, in resolution number 2023-0214, implies the exclusion of any evidence or the existence of any restriction regarding the accusation, with the sole exception that the criminal responsibility of [Name 003], whose acquittal became final, is not under discussion. It is fitting to review part of what was resolved in that decision, to show that contrary to what is claimed, it was precisely determined that there were errors in the assessment of all the evidence, which the appellant now seeks to exclude, which motivated the ineffectiveness of the judgment and the order for a new trial, with all the evidence that, on this occasion, was correctly weighed and therefore, the demolition order is correct. In resolution number 2023-0214, which ordered the remand for a new trial, it was indicated:

“[…] On the other hand, this Chamber of Appeals deduces that, as a product of the biased assessment of the testimonial evidence, without jointly assessing the documentary and expert evidence in its ruling, the trial court determined that the act accused against the co-defendant ([Name 001]) of invasion of the protection area, could not be proven because according to its reasoning: i- From the questioning of the witnesses, it was not determined in what way the defendant ([Name 001]), occupied and illegally possessed the perimeter fence (tapia perimetral), nor that she was the person who carried out the invasion through construction, since this action of building the fence (tapia) was not charged against her (folio 308 of the file), ii.- Neither was it proven that the defendant ([Name 001]), maintained control of the act, for not having been seen at the place by the witnesses, performing any work on the perimeter fence (tapia perimetral), nor was the existence of another building in the protection zone on the riverbank proven, (folio 308 of the file), iii.- For the trial court, the defendant ([Name 001]) narrated that she had inhabited the place since the year 1970, it being land that the Municipality donated to her in 1991 and that she achieved its registration, but in the year 2010, there was a flood that caused the river to swell and carry away the wire fencing and the posts, because she had all her land fenced […] This Chamber of Appeals also deduces that the trial court also did not examine that the defendant related that she built it “innocently”, alluding to the fact that she had no knowledge of the existence of the prohibition against building in the protection area next to the river. A manifestation for which it was not determined if the existence of a possible error of fact could be proven or not, her account having to be confronted with the other testimonial and documentary evidence gathered. The foregoing, because the witness [Name 006] at trial, stated at trial that he returned a second time, to notify the stoppage of the wall and so he stated: “…I went to the property again, I went a second time, I went twice. Once when the complaint arrived and another when I came to notify…” (counter 51:31 to 51:38 audiovisual record 100021320412PE -15092022083109-2 Multi). Testimonial evidence that is coincident with official communication ACT-478-2010, Santa Cruz of July 2, 2010, from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), MINAET, the inspection record of the Ministry of Environment and Energy of the National System of Conservation Areas, carried out at 5:25 p.m. on June 8, 2010, in Santa Cruz, Villareal, by the witness [Name 006] and the notice of suspension of Activities at 9:42 a.m. on July 5, 2010, from the Ministry of Environment and Energy of the National System of Conservation Areas, in which the witness [Name 006] as inspector indicated that, before the complaint about a supposed invasion of the protection area of the stream in the community of Villareal, he carried out the first inspection at the site on June 8, 2010, where he verified the construction of a fence (tapia) with the dimensions of 3 meters high and approximately 25 meters long, like the cutting of some trees, the impact occurring at a distance of one to three meters from the bed of the river stream. While from the notice of suspension of activities, it was indicated that he appeared to notify the person with the name “[Name 001]” of the suspension of the construction of the fence (tapia) at the stream (folios 1 to 2, 7 to 8, and 9 of the file). Elements of proof that were not examined by the trial court in its ruling […]”

The decision was to hold a new trial, thanks to the claims of the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office, regarding the errors in the assessment of the evidence, the same evidence that was presented at the trial whose judgment is now being challenged, except for the acquittal of [Name 003] and that, on this occasion, the accused ([Name 001]) abstained from testifying. Hence, it is clear that there is no error regarding the scope of the remand trial ordered in decision number 2023-0214, nor any error on the part of the judge, since the evidence is common to all the facts, regardless of the dates and the confusion that the appellant seeks to create. It is clear that the appellant's claims, in arguing the injury to the principles of reasonable assessment of evidence, of incongruity between accusation and judgment, all seek to nullify the demolition order for a construction that all the documentary and testimonial evidence allowed to be conclusively proven, invades, damages, and broke into the legal protection area of the Riyito riverbed, which precisely constitutes one of the legally established limits to the property in which the lady ([Name 001]) inhabits and lives, a construction that remains at the time of resolution. The relevance of dating the initial construction of the mentioned structure, from the year 2010, according to the complaint visible at folio 3, which clearly indicates "a fence (tapia) is being built just one meter from the river" is precisely because, as the legal representative of the State well points out, it was in that year that it was verified, by the official [Name 006] - official communication ACT-478-2010., folios 1 and 2, that on that property a fence (tapia) was being built, that is to say, it was a work in its early stages, just as the judge analyzed in a correct, well-founded, and also sufficient manner, especially, from the recording counter record, from 23:02 onwards. In addition, according to the correct assessment of the documentary evidence, because just as it is verified in the inspection record at folio 7, the photographs at folio 8 and that from that moment - June of the year 2010 -, it already constituted an invasion of the protection zone of the riverbed of the mentioned river and for that reason, a stoppage of the works was ordered, as verified in the order at folio 9, an order that was clearly not complied with - without it being possible to establish, as the judge analyzed clearly and correctly, who carried out the work and who failed to comply with that order, that is, it was not concluded that it was the accused ([Name 001])-. As the judge analyzed, at the time of the inspection carried out by the SINAC official and witness [Name 006], the work had barely registered a 25% progress and, subsequently, in the year 2011, a length greater than that observed at the time of the first inspection was verified, when the work was not completed, because in 2011 the length was 50 meters and finally, in the year 2013, when the topographic survey and the expert report from the Forensic Engineering Section were carried out, of that completely constructed work, 94.5 meters in length, that invades the protective zone of the Riyito River. Then, the objective fact is that from the year 2010, based on said evidence and the testimonial, especially from Mr. [Name 006] and the testimony of [Name 007] and [Name 008] neighbors of the area, it is clear that on that property, without it being possible to know who or by whose disposition, but it is the property on which the lady ([Name 001]) has inhabited since 1960, that perimeter fence (tapia perimetral) structure was built, which by the year 2013, already had a length of 94.5 that invaded the protection area of the Riyito River, scientifically proven and also by means of topographic survey, as stated in the Forensic Engineering report 518-ING-2013, dated July 3, 2013. A topographic survey was carried out at the site; a cadastral study was conducted and based on that survey, it was verified that within the protection zone of the Riyito River, ten meters wide measured from the edge of the riverbed, part of the perimeter fence (tapia perimetral) is built with a length of 94.5 meters, this because the total length of said structure is 131.8 meters, but of these, 94.5, located in the report, invade the protection zone, precisely a work that began in the year 2010, when that initial inspection was carried out by Mr. [Name 006]. To carry out this Forensic Engineering report and the corresponding measurements, it was done, as documented in the Technical Section, a cadastral study of the farm and the plan registered in the National Registry; a field inspection, topographic survey of the property, the construction elements, and the existing stream at the site. And regarding the equipment, a Total Station, Sokkia brand, model SET 3X and auxiliary equipment were used for the topographic survey; a GPS receiver, Garmin brand, model GPSmap 60Cx; MapSource Program for topographic calculation, Prolink Excel and the AutoCAD 2007 Program for drawing (folios 49 to 53). Therefore, it is a study with solid scientific bases, as the judge correctly analyzed it with the support of technical equipment and geolocation, in addition to having the cadastral plan and photographs as a reference, which allows, as analyzed in the judgment, to give it full credibility (especially, from the sentence counter record 56:43). It is a specialized study, whose conclusions are solidly supported, and have not been diminished by the appellant, who, based on a decontextualization of the submitted documents and their different nature - inspections and verifications by SINAC and MINAET personnel - and an expert report carried out by qualified personnel, specialized in topography, through the use of knowledge, specialized equipment, and special support material, seeks first, to place them on the same level, when it is clear that they are documents of different nature and secondly, fails to diminish that the expert study clearly establishes the length of the fence (tapia) that invades the protective zone, as well as other structures, which, as the judge well analyzed, it was not possible to establish, because the prosecutor's office and the Attorney General's Office did not prove with sufficient evidence, that those other structures, which are detailed from point 2 of the conclusions section, of the expert study 518-ING-2013, were built after the year 1996, the entry into force of the Forestry Law (Ley Forestal), precisely because it is a property that was donated to the accused ([Name 001]), that was titled under the Rural Housing Titling Procedure by the then Civil Mayoralty of Santa Cruz and it is recorded that it was land to build on and was possessed by the defendant, since the year 1960, so their demolition could not be ordered, as it was not demonstrated that they were built after the law's entry into force, as the judge correctly analyzed in the judgment (especially, from the counter record 36:23 of the judgment file). Therefore, what was verified in the process, with correctly analyzed evidence, is that this perimeter fence (tapia perimetral), which was being built in the year 2010 - after the entry into force of the Forestry Law (Ley Forestal) without a doubt - its presence was verified in 2011 with greater length, and finally, in 2013 it is scientifically verified that in an extension of 94.5 meters the protective zone of the Riyito River is invaded. That objective fact, scientifically verified, was correctly assessed in the judgment and therefore, in accordance with the inalienable and public domain character of the protection zone, in attention to the principle of reparation of environmental damages and, based on the obligation to restore things to their original state, the demolition order for that perimeter fence (tapia perimetral), in the strip of 94.5 meters, proceeds, as ordered in the judgment. It is even recorded that the current appellant, once the oral presentation was finished, asked the judge for clarification (from counter record 01:23:46), to have clarity on which part of the structure must be demolished and the judge clearly indicated the one established in expert study 518-ING-2013, which corresponds to the 94.5 meters that invade the protection zone of the Riyito River and that it is this study that must serve as a basis for the execution of the demolition order, with enforcement delegated to the Municipality of Santa Cruz, because it is that part of the structure that was verified, invades the protective zone of the Riyito River. Therefore, there are no errors or defects as alleged, the judgment is solidly and correctly grounded, and as a consequence, the claims must be dismissed.

POR TANTO:

    The appeal of the judgment filed by the private defense is declared without merit. NOTIFY.

 

 

 

Helena Ulloa Ramírez

 

 

Rafael Segura Bonilla                                                   Wilson Flores Fallas

 

Judge and Judges of the Juvenile Criminal Sentence Appeals Tribunal

(In function of the T.A.S.P of Guanacaste, Santa Cruz seat)

EXPEDIENTE : 10-002132-0412-PE (6)     

DEFENDANT    : [Name 001]. 

VICTIM    : LOS RECURSOS NATURALES. 

CRIME         : INFRACCIÓN, LEY FORESTAL. 

MAVILLALOBOS                               

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:11:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República