Res. 05406-2023 Tribunal Contencioso Administrativo — Annulment of IDA land award on parcel within Keköldi Indigenous TerritoryNulidad de adjudicación del IDA sobre parcela en territorio indígena Keköldi

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 05406 - 2023

Fecha de la Resolución: 15 de Noviembre del 2023 a las 06:43

Expediente: 15-007359-1027-CA

Redactado por: José Martín Conejo Cantillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Pueblos Indígenas

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Proceso contencioso administrativo

Subtemas:

Nulidad de acuerdo del IDA y escritura de traspaso con respecto a parcela que corresponde a un territorio indígena.

Tema: Comunidad indígena

Subtemas:

Nulidad de acuerdo del IDA y escritura de traspaso con respecto a parcela que corresponde a un territorio indígena.
Régimen jurídico de protección a los territorios indígenas.

Tema: Propiedad indígena

Subtemas:

Nulidad de acuerdo del IDA y escritura de traspaso con respecto a parcela que corresponde a un territorio indígena.
Régimen jurídico de protección a los territorios indígenas.

"VII.RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.- Este Tribunal se ha referido en términos generales a este tema en múltiples ocasiones. Tal y como se indica en las resoluciones de la sección Quinta, número 00029-2018-V, de las 08:10 horas del 4 de abril del 2018 y de la sección Sexta, número 00105-2020-VI, de las 14:15 horas del 28 de agosto del 2020, este desarrollo se condensa en la resolución de esta sección (con diversa integración) número 00074-2013-VII, de las 10:30 horas del 29 de octubre del 2013, en la que se indicó:

“Resultando de rigor lo que sigue a los efectos del análisis que habrá de efectuarse a fin de resolver el presente asunto, procedemos a abordar el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca al artículo 5 de la Ley Indígena, así como a la regulación que define el emplazamiento de la reserva indígena propiedad de los accionantes.

1.-) Sobre la evolución normativa en la materia de territorios indígenas. El primer antecedente legislativo en la materia -ya entrada la Nación en su época Republicana- se ubica en la otrora vigente Ley Sobre Terrenos Baldíos número 13 del diez de enero de mil novecientos treinta y nueve (1939), publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año, en su primer semestre, tomo segundo, página diez, que en su artículo 8 rezaba como sigue y en lo conducente: "... se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias". (El resaltado no es del original). Este primer antecedente normativo como se puede observar, de entrada reconoció a esa data el derecho de propiedad exclusiva del que son titulares las comunidades indígenas, pero para entonces, en un tanto de áreas territoriales a ser definidas “a juicio del Poder Ejecutivo”, en la medida de que se trataría de los sitios en que estos grupos se encontrasen emplazados. Desde entonces, se observa al menos el carácter inalienable que le fue dado a este tipo de propiedad residenciada en un grupo minoritario, pero determinado de personas, unidas por lazos culturales particulares, lo que no fue otra cosa que un blindaje con el que se pretendió proteger su derecho de propiedad comunitaria -aunque lo fuese hasta una vez materializado por un acto el Poder Ejecutivo-, y esto, frente a posibles intentos ya de terceros, como de los propios grupos indígenas, de trasladar el dominio de esos bienes y por supuesto, disponiendo la imposibilidad de que personas ajenas a estos grupos de la población nacional, pudiesen alegar derechos o titularidad sobre los mismos. Singular nota entonces, lo es que se trató desde sus inicios de bienes que se encontraron "fuera del comercio de los hombres". La norma sin embargo nada expresó sobre la posibilidad de que previo a la entrada en vigencia de la misma y luego de adoptados, en aplicación de ésta, actos posteriores que definiesen la identidad de esas áreas de territorio por parte del Poder Ejecutivo, existiesen terceros poseedores o titulares de buena fe sobre esas las mismas áreas de superficie, por lo que habría de suponerse, que el Poder Ejecutivo no constituiría reservas en terrenos, que no fuesen los poseídos exclusivamente por indígenas. Pues bien, en ejercicio de la competencia referida por el legislador al Poder Ejecutivo como se ha informado, no fue si no hasta algunos años después de entrada en vigencia la Ley Sobre Terrenos Baldíos relacionada, que se emitió el primer Decreto Ejecutivo en la materia, a saber, el número 45 del tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945). Este decreto no obstante no se definió ningún área específica como un territorio indígena a los propósitos definidos por la ley y pese al texto del artículo 8 de la Ley Sobre Terrenos Baldíos, en su artículo primero consignó lo siguiente: “Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana". (El resaltado no es del original). De esta forma, aunque el Poder Ejecutivo replicó lo que ya disponía la ley, fue más allá de ésta al establecer que las zonas en cuestión no habrían de corresponder con aquellas que a juicio del Poder Ejecutivo fuesen designadas para estos fines, “según su criterio”. En su lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo habría de reconocer como tales todas esas áreas del territorio de la nación, en tanto se encontrasen ocupadas por las comunidades indígenas. Sea en otros términos dicho lo anterior, que era la posesión efectiva ejercida sobre esos terrenos por las comunidades indígenas, el criterio a partir del cual como variable, habría de haberse definido la protección legal que por parte del poder central, debía de darse a estas comunidades en garantía de su derecho de propiedad. Con todo y ello, la definición de qué áreas de la superficie de la Nación pertenecerían a estos grupos de personas, contó con una fórmula genérica e indeterminada a esa fecha, pues se trataría de los terrenos que ocupen estos grupos, “en tanto terrenos baldíos” , lo que comprendió un contrasentido, si se trataba de terrenos previamente ocupados por estas comunidades y sobre las que mediaba una propiedad preexistente, reconocible en tanto actos posesorios se ejerciesen en virtud de la misma. El mismo Decreto conformó también según su artículo primero, lo que sería la primera organización dirigida a realizar esfuerzos para materializar el mandato de ley anteriormente citado, en lo que se denominó como la "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación", asignándole a ésta la tarea de delimitar aquellas áreas de terreno, que por primera vez se denominaron “reservas indígenas” [...]

2.-) Sobre los alcances el artículo 5 de la Ley Indígena. En lo que mayor relevancia tiene a los efectos de este fallo, el artículo 5 de la Ley indígena dispuso: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”. Se estima necesario hacer las siguientes consideraciones en criterio mayoritario, de este Tribunal. La ley en lo que toca a este artículo, parece haber reconocido o al menos se encuentra expresada de tal forma, que supone un hecho tenido como cierto por el Legislador, a saber, que a su entrada en vigencia efectivamente existían personas no indígenas poseedoras o titulares de buena o mala fe, sobre áreas de los territorios de las reservas indígenas, en relación con las cuales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, particularmente con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, debía de procederse a su desalojo [...]

X.LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO.- Del análisis exhaustivo de los autos y de las probanzas aportadas por las partes que constan anexadas en el expediente judicial, concluye este Tribunal que el artículo XIV de la sesión 074-99, celebrada por el otrora IDA el 13 de octubre del 1999, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Limón, Folio Real número 90980, derechos 001 y 002; otorgada en su momento a favor del señor Eugene Rose Calphen, titular de la cédula de identidad número 8-0048-0333 y la señora actora Cantillano Obando, cédula número 7-0122-0048, con el correspondiente plano catastrado número L-0505554-1998 y mediante el cual se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela número 7-A-107 del proyecto BIRF, necesariamente debe anularse, por haberse dictado a contrapelo del ordenamiento jurídico. Lo anterior implicará además, la anulación parcial de la escritura pública mediante la cual se autorizó la segregación y traspaso del inmueble, en lo que concierne al señor Eugene Rose Calphen y la señora Felicia Cantillano Obando, así como la inscripción registral del inmueble a su nombre y sus posteriores traspasos, según se indicará más adelante, toda vez que la adjudicación inicial realizada en favor de la actora y quien en vida fue su marido, no cumplió con los requisitos normativos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico. Ante ello, una vez realizado el examen de los presupuestos indispensables que resultan de rigor en este tipo de procesos, tal y como se destacó en el considerando previo, determina esta Cámara que la declaratoria de lesividad realizada por la Administración demandante cumple con los requisitos señalados, lo cual se explica de seguido: i) Según se ha referenciado, existe un acto administrativo concreto, firme y declarativo de derechos, en favor de la persona llamada a estrados judiciales, sea la señora Felicia Cantillano Obando, así como a favor de quien en vida fuera su esposo, Eugene Rose Calphen (derecho que posteriormente le fue trasladado a la señora Cantillano), tomado por la Junta Directiva del IDA en su artículo XIV de la sesión 074-99, del 13 de octubre de 1999, que dispuso segregar y traspasar varias parcelas del Proyecto BIRF, entre ellas, la número 7-A-107, que a la postre generó la titulación de la finca del Partido de Limón, Folio Real número 90980, derechos 001 y 002, descrita en el plano catastrado número L-0505554-1998, con una medida de 11 Ha y 4782 m2. Evidentemente entonces, el primer presupuesto para la lesividad está presente, sea el acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos en favor de los adjudicatarios de la parcela señalada. ii) El acuerdo referido supra, es justamente la conducta administrativa formal que se pretende anular mediante este proceso, por estimar el INDER que contiene vicios de nulidad absoluta por el incumplimiento de requisitos necesarios para su adopción. Al respecto estima este Tribunal, que tal y como lo argumentó la entidad accionante, el acuerdo adoptado en su momento por la Junta Directiva del entonces IDA, transgredió el ordenamiento jurídico y por ende contiene vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo que es menester revertir. Primeramente hay que destacar, que pese a que la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, número 7599 del 29 de abril de 1996 fue declarada inconstitucional mediante voto número 8560-2001 de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001, estaba vigente a la hora de que el otrora IDA, realizara la adjudicación de la parcela identificada con el número 7-A-107, y por ende, fue la que sirvió de base para dicho acto administrativo. Sin embargo, con base en la prueba aportada por el Inder y reseñada en el hecho probado 4, pero especialmente en el hecho probado 8 (oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER), debe tenerse por acreditado en el presente asunto que “El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977”. Es decir, que para el momento en el que el IDA procedió a acordar el traspaso de la parcela número 7-A-107 a favor de la actora y su difunto marido, ya esos bienes integraban la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles), dotados de la protección de inalienalibidad contenida en los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, protección que tiene como consecuencia la anulación de cualquier negocio que pretenda disponer de dichos bienes, aunque el mismo provenga de una autoridad pública como el Inder [...]".




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Otras Referencias: Artículo XIV de la sesión 074-99, celebrada por el otrora IDA el 13 de octubre del 1999.

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Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

15-007359-1027-CA - 1




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

FELICIA MARIA CANTILLANO OBANDO




DEMANDADO/A:

	

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDIGENA DE BRIBRI DE KEKOLDI

 

Nº N° 2023005406

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las seis horas con cuarenta y tres minutos del quince de Noviembre del dos mil ventitres.-

 

Proceso de conocimiento contencioso administrativo incoado por FELICIA CANTILLANO OBANDO, viuda, vecina de Puerto Viejo, Talamanca, con cédula de identidad número 7-0122-0048, adulta mayor, representada por su apoderado especial judicial Juan Ávila Abrahams, quien es abogado, carné número 3115 (img. 26 de la carpeta), contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), quien actúa por intermedio de la señora Argerie Centeno Guzmán, abogada, carné número 23286, en su carácter de apoderada especial judicial (img. 413 de la carpeta), la COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI), quien actúa por intermedio de la señora Karla Rivas Reyes, abogada, carné número 30668, en su carácter de apoderada especial judicial (img. 440 de la carpeta) y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BRIBRÍ DE KEKOLDI COCLES (ADITIK), que interviene en este asunto a través de su presidenta, la señora Signia Villanueva Morales, portadora de la cédula de identidad número 7-0251-0388, con el patrocinio letrado de la señora Jeniffer Ureña Fernández, carné número 32037, en su condición de defensora pública designada por la Unidad de Defensa Contencioso Administrativa de la Defensa Pública (img. 448 de la carpeta). A este proceso se encuentra acumulado el expediente 18-009473-1027-CA, que es proceso de lesividad incoado por el INDER contra FELICIA CANTILLANO OBANDO, ambas de calidades ya descritas y representadas por los mismos profesionales.

CONSIDERANDO

   ASPECTOS PRELIMINARES.- Como parte del íter procesal se tiene lo siguiente:

Expediente número 15-007359-1027-CA

Mediante escrito de demanda presentado el 13 de agosto de 2015, la parte actora pretende: “Según los hechos expuestos y fundamentos de derecho que he señalado, me apersono a demandar al INDER, en la persona de su Presidente Ejecutivo, al [sic] CONAI, y a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kokeldi [sic] (Cocles) en la persona de sus respectivos presidentes, para que en sentencia se declare: / 1.- Con lugar la presente demanda en todos sus extremos petitorios. / 2.- Mi derecho a ser indemnizado [sic] por expropiación según la Ley Indígena. / 3.-Que se obligue al INDER y CONAI ha [sic] adoptar la conducta debida conforme a la ley citada. / 4.- Que se ordene al INDER y a la CONAI a dar inicio de forma inmediata a los procedimientos expropiatorios de conformidad con la Ley de Expropiaciones para evitar más gravámenes a mi derecho de propiedad. / 5.- Que se condene a la Asociación a hacerme entrega de las sumas cobradas por los contratos firmados con FONAFIFO en cantidad igual a la cabida de mi propiedad en los mismos términos del contrato. / 6.- Que sean condenados al pago de los daños y perjuicios ocasionados. / a.- Daños: consisten en la imposibilidad material de disponer del inmueble por espacio de 37 años. Los valoro por ahora en la suma de ¢100,000,000.00. / b.- Perjuicios: La imposibilidad de trabajar la tierra como es natural, sea haciéndola producir. La valoro por ahora en la suma de ¢25,000,000.00. / 7.- Que sean condenados al pago de ambas costas de esta acción” (img. 2-35 de la carpeta).
Dentro del emplazamiento conferido por el Tribunal, por escrito presentado el 1 de marzo de 2016, la representación judicial de la CONAI contestó en forma negativa la demanda, alegando la falta de derecho de la parte actora y falta de legitimación pasiva y activa. Además, alegó la indebida integración de la litis, solicitando la integración del Estado al proceso (img. 62-68 de la carpeta).
El Inder hizo lo propio en escrito presentado el 2 de marzo de 2016, oponiéndose también a lo pretendido por la actora, alegando falta de derecho, falta de legitimación pasiva e indebida integración de la litis con el Estado. Adicionalmente, indicó el Inder que no tenía expediente administrativo en este asunto (img. 70-91 de la carpeta).
En escrito recibido el 6 de mayo de 2016, la presidenta de ese entonces de Aditik indicó al Tribunal que el traslado girado a su representada había vencido el 5 de mayo y que “… para esa fecha no me fue posible enviar el escrito de la contestación […] al no tener un defensor colegiado en plazos sobre pueblos indígena [sic]”, solicitando una ampliación del mismo (img. 141 de la carpeta).
En escrito del 26 de mayo de 2016 la presidenta de la Aditik procedió a contestar la demanda, alegando la falta de derecho y falta de legitimación pasiva y activa. Además, solicitó el rechazo de todas las pretensiones, así como que “Se declare la nulidad absoluta de la matrícula 90980-000 del Partido de Limón identificada con plano L-0505554-1998…”. Adicionalmente, se ofrecieron dos testigos y la realización de un reconocimiento judicial. Dicho documento fue autenticado, a efectos de presentación, por uno de los abogados de Conai (img. 145-150 de la carpeta).
En escrito recibido el 12 de agosto de 2016 la representante de Aditik insistió en indicar que: “Nuestra asociación no cuenta a la fecha con abogados para atender el presente caso de conocimiento dado que nuestros recursos son escasos, por lo anterior no se ha podido responder la demanda que nos fue notificado [sic]. La suscrita desconoce el trámite legal de estos asuntos, no obstante por un tema de responsabilidad y preocupación, me apersono a informar lo que está ocurriendo en el sentido de que si no hemos contestado demanda es porque no tenemos abogado y no por otra razón. / Solicito se nos conceda más tiempo para contestar hasta que nuestra asociación pueda resolver este asunto, estamos buscando alternativas de ayuda a ese efecto” (img. 163 de la carpeta). Un segundo escrito, en un sentido similar, fue presentado al despacho el 12 de diciembre de 2016, en el que se solicitó al Tribunal “la asignación de un abogado” y que se deje sin efecto las resoluciones en las que se les haya declarado rebeldes (img. 191 de la carpeta).
En auto de las 16:05 horas del 6 de junio de 2017, el Juez de Trámite dispuso: “Siendo que se encuentra en curso una acción de inconstitucionalidad bajo el expediente numero 17-000373-0007-CO para la respectiva valoración de una posible inconstitucionalidad del numeral 86 de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural (Ley Número 9036), por resultar el mismo contrario a los artículos 9, 41, 49, 105, 121 inciso 1) y 20), 122 a 127, 128, 129, 152, 153 y 167 de la Constitución Política, y así como los reiterados criterios emanados por la secciones de juicio de este Tribunal y por el área de Trámite; se dispone suspender el presente proceso hasta tanto no se resuelva dicha acción” (img. 196 de la carpeta).
Resuelta la acción de inconstitucionalidad referida, el Tribunal indicó mediante auto de las 9:49 horas del 14 de mayo de 2018: “Continuando con el trámite del presente proceso, se resuelve lo siguiente: Por haberse presentado la contestación de la demanda de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE BRIBRÍ DE KEKOLDI fuera del plazo concedido al efecto, se tiene por extemporánea dicha contestación y se tienen por contestados de forma afirmativa todos los hechos de la demanda, se ha ponderado que la solicitud de ampliación del plazo para contestar la demanda se realizó una vez vencido el plazo otorgado para contestar la demanda, por lo que resulta improcedente dicha solicitud. Por improcedente, se rechaza la solicitud hecha por la Asociación mencionada respecto a que se le nombre un abogado defensor, toda vez que dicha gestión no es procedente en esta materia. Ahora bien, habiéndose concedido las audiencias correspondientes, se ordena pasar los autos a conocer las defensas previas pendientes de resolver” (img. 207 de la carpeta).
Mediante resolución número 1016-2018, de las 15:45 horas del 15 de junio de 2018, se conoció la defensa previa de indebida integración de la litis, indicando la parte dispositiva: “Se rechaza la defensa previa de falta de integración de la Litis Consorcio Pasivo Necesaria, interpuesta por la representación del INDER y el CONAI” (img. 216-218 de la carpeta). Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en resolución número 298-2018-II, de las 14:14 horas del 23 de julio de 2018 (img. 227 de la carpeta).
En fecha 20 de septiembre de 2018 se celebró la audiencia preliminar, en presencia de los representantes de la actora, el Inder y la Conai. Según se indicó en la audiencia, el representante de la Conai ejercía además la representación de la Asociación. En esta diligencia no se indicaron aspectos de saneamiento y la representación del accionante ratificó sus pretensiones, aclarando que el reclamo indemnizatorio era contra todos los demandados. No se analizaron defensas previas, siendo que la indebida integración de la litis ya había sido resuelta por escrito, se determinaron los hechos controvertidos del proceso y se admitió prueba documental. En cuanto a la prueba testimonial, el juez de trámite admitió recibir el testimonio del señor Edward Stward Jackson, cédula número 7-0282-0634, ofrecido por la Aditik, el cual se referiría a todos los hechos de la demanda. En esa misma audiencia el representante de la Conai desistió del reconocimiento judicial. Asimismo, la parte actora aportó prueba nueva, que se encuentra visible a imágenes 291 a 304 de la carpeta, sobre la cual el juez de trámite no hizo manifestación alguna (img. 305-311 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).
Mediante escrito recibido el 14 de diciembre de 2018, el representante del Inder solicitó la suspensión de este proceso en virtud de la interposición del proceso de lesividad tramitado en el expediente 18-009473-1027-CA, en el que se busca la declaratoria de nulidad del acuerdo de Junta Directiva del entonces IDA tomado en el artículo XIV de la sesión número 074-99, del 13 de octubre de 1999, por el que se aprobó, entre otros, la segregación y traspaso de la parcela 7-A-107, a favor de la actora y de su difunto esposo (img. 313-316 de la carpeta).
Mediante escrito incorporado al expediente el 25 de marzo de 2019, el Coordinador de la Defensa Agraria de la Defensa Pública del Poder Judicial indicó: “… hago de su conocimiento que, de conformidad con los artículos 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 7 de la Ley 9593/2018 Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y el Artículo L de la sesión 13-19 del 15 de febrero del 2019 del Consejo Superior del Poder Judicial, designo al Dr. Roberto Montero García, al Lic. Esp. Mario Alberto Rosales Vargas y al Lic. Esp. Jesús Chaves Mora como Defensores Públicos de la parte demandada Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi” (img. 320 de la carpeta).
En resolución número 09-2020-V, de las 7:35 horas del 5 de febrero de 2020 la sección quinta de este Tribunal resolvió en cuanto a la acumulación de procesos: “Se ordena acumular el proceso tramitado bajo el expediente número 18-009437-1027-CA, al tramitado en el expediente Nº15-007359-1027-CA, los cuales se tramitarán en adelante como uno sólo, bajo el segundo de estos expedientes, por lo que se debe proceder a la unión material de los expedientes en el Escritorio y una vez firme esta resolución continúese con el trámite que en derecho corresponda. Notifíquese a todas las partes, una vez que ocurra la reunión material de los expedientes” (img. 331-336 de la carpeta).
Mediante auto de las 07:30 horas del 1 de marzo del 2022, el Tribunal resolvió, respecto de una segunda solicitud de suspensión por acción de inconstitucionalidad: “Con ocasión de la Acción de Inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente N°21-017138-0007-CO ante la Sala Constitucional, en la cual se cuestiona la jurisprudencia emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, respecto de su interpretación del artículo 3 de la Ley Indígena, y cuándo el propietario debe ser considerado adquirente de buena o de mala fe, aspecto que, contrario a lo indicado por el demandante en la audiencia que le fue conferida, sí está vinculado con el objeto de este asunto, lo procedente, por razones de economía procesal es dejar sin efecto la audiencia de juicio señalada para el día 03 de marzo del 2022 y suspender las actuaciones hasta tanto sea resuelta la referida acción” (img. 387 de la carpeta).
En auto de las 14:00 horas del 23 de diciembre de 2022 la sección quinta del Tribunal convocó para juicio oral para las 8:30 horas del 16 de diciembre de 2024 (img. 404-406 de la carpeta).
En constancia del 5 de septiembre de 2023, se indicó en el expediente: “Este despacho, en todas sus áreas, se encuentra en proceso de implementación del rediseño de procesos propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos XXVIII de la Sesión N°84-2021, celebrada el 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N°95-2021, celebrada el 04 de noviembre de 2021. Este proceso conlleva una redistribución de personal y de expedientes que varió algunas integraciones en los equipos de trabajo, así como la persona juzgadora responsable de muchos de los asuntos, lo que podría traer como consecuencia modificaciones en el orden de resolución o la fecha de señalamiento a audiencia. El cambio se implementó a partir del 17 de julio del 2023 y se está realizando conforme a un cronograma establecido por la Dirección de Planificación y aprobado por el Consejo Superior. Mediante el acuerdo 12.VI.2023 del 27 de julio del 2023 de la Comisión de la Contencioso Administrativo, se determinaron los criterios de distribución del circulante, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó la reasignación, de una gran cantidad de expedientes, quedando el presente asunto de Puro Derecho [sic] a cargo de la persona juzgadora el Lic. José Martín Conejo Cantillo, a partir del día 29 de agosto de 2023” (img. 415 de la carpeta). Dicha constancia fue adicionada el 25 de septiembre de 2023, en lo siguientes términos: “En adición a la constancia emitida en fecha 05 de setiembre del año en curso, se indica que por órdenes de la Comisión de lo Contencioso Administrativo se realizó una nueva redistribución de expedientes, por lo que este asunto fue turnado al Lic. José Martín Conejo Cantillo a partir del 12 de setiembre del año 2023” (img. 430 de la carpeta).
En auto de las 11:10 horas del 19 de septiembre de 2023 el tribunal colegiado del Grupo de Trabajo VII convocó para realización de juicio oral para las 8:30 horas del 25 de octubre de 2023 (img. 430 de la carpeta).
En escrito recibido el 20 de octubre de 2023 la representante actual de la ADITIK manifestó que autorizaba a la Licda. Jenniffer Ureña Fernández, Defensora Pública, para que representara a la Aditik “… y se tenga debidamente apersonada al presente proceso” (img. 430 de la carpeta).
Mediante escrito incorporado al sistema el 25 de octubre de 2023, la parte actora aportó prueba para mejor resolver, consistente en un recuento histórico de los derechos ancestrales y del poblamiento del Caribe Sur, de autoría del abogado de la parte (img. 453-462).
El juicio oral se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2023, en el cual se  escucharon alegatos en cuanto a la prueba para mejor resolver presentada por la parte actora. Además se escuchó a las partes respecto a la forma en que la ADITIK ha sido representada en este asunto, zanjando cualquier discusión al respecto con las manifestaciones de la defensora pública de dicha parte, que indicó no tener ningún reparo en términos de indefensión por el trámite del expediente o la declaratoria de rebeldía. Adicionalmente, el Tribunal aclaró que la pretensión esbozada por Aditik en su contestación no cumple con las formalidades de una contrademanda, por lo que la misma no podrá ser tomada en cuenta como una gestión de dicha parte. Concluida la fase de saneamiento, se procedió a declarar formalmente abierto el debate y las partes realizaron su alegato de apertura, procediendo a recibir al testigo Edward Stward Jackson, quien fue interrogado por todas las partes, para finalmente proceder a escuchar en la propia audiencia las conclusiones de los intervinientes, posterior a lo cual se declaró el asunto como complejo y se dio por concluida la diligencia (img. 464-467 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).

Expediente número 18-009473-1027-CA

Mediante escrito de demanda de lesividad, presentado el 2 de noviembre de 2018, el Inder pretende que en sentencia se declare: “1) Absolutamente nulo y lesivo al interés público el acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA en el artículo XIV, de la Sesión No. 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, únicamente en cuanto a que se aprobó la segregación y traspaso de la parcela 7-A-107, Proyecto de Titulación BIRF 2764 CR) [sic], a favor de la señora Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad 7-122-060 y del hoy fallecido Eugene Rose Calphen, cédula de residencia 8-048-333, hoy inscrita bajo Folio Real matrícula 7-00090980-001 y 002, número de plano L-0505554-1998. / 2) Que se anule la escritura pública, número treinta (30) de las 10 horas de 29 de octubre de 1999, del tomo veintitrés (23) del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, en relación la segregación y venda [sic] la parcela 7-A-107 que hiciera el IDA a favor de Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad número 7-122-060 y al hoy fallecido señor Eugene Rose Calphen, cédula de residencia número 8-048-333, por medio del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR". / 3) Que se cancelen los asientos registrales que dieron origen al Folio Real matrícula 7-00090980-001 y 002. / 4) Que se ordene el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente al folio real matrícula 7-00090980-001 y 002, número de plano L-0505554-1998, en contra de la demandada o cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble y se ordene la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles)”. Como medida cautelar, la representación del Inder solicitó la anotación de la demanda al margen del inmueble en disputa y solicitó tener a la Aditik como tercero interesado en el proceso (img. 2-9 de la carpeta).
Junto con el traslado de la demanda, en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018 el Juez tramitador indicó: “… con carácter de medida cautelar típica y con el fin de garantizar la efectividad del objeto del proceso, así como intereses de terceros, se ordena al Registro Nacional la ANOTACIÓN inmediata de la presente demanda al margen del asiento de inscripción de la finca del PARTIDO DE LIMÓN, FOLIO REAL MATRÍCULA NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA-CERO CERO UNO Y CERO CERO DOS (90980-001 Y 002). Expídase para ello el mandamiento respectivo, el cual queda a disposición de la interesada para su correspondiente diligenciamiento ante el Registro Nacional” (img. 171-173 de la carpeta). Este mandamiento fue expedido a las 9:23 horas del 6 de diciembre de 2018 (img. 175 de la carpeta) y fue inscrito por el Registro Nacional sobre los derechos 001 y 002 de la finca de Limón, número 90980 el 21 de diciembre de 2018 (consulta electrónica al Registro Nacional).
Dentro del emplazamiento conferido por el Tribunal, por escrito presentado el 5 de marzo de 2019, el apoderado especial de la actora contestó en forma negativa la demanda, alegando la falta de derecho de la parte actora así como prescripción y caducidad (img. 186-195 de la carpeta).
La Aditik fue notificada del presente asunto el 19 de marzo de 2019 (img. 250 de la carpeta), sin que conste en este expediente gestión alguna de su parte.
En fecha 18 de junio de 2019 se celebró la audiencia preliminar, en presencia de los representantes del Inder y de la señora Cantillano Obando. En esta diligencia el Inder indicó aspectos menores de saneamiento en sus escritos y mantuvo la pretensión en los términos establecidos en la demanda de lesividad. En cuanto a las defensas previas, la parte demandada desistió de las de caducidad y prescripción, se determinaron los hechos controvertidos del proceso y se admitió únicamente prueba documental, en virtud de lo cual se declaró el asunto de puro derecho y se escucharon las conclusiones en la misma audiencia (img. 252-255 de la carpeta y respaldo digital de la audiencia).
Este asunto se procede a resolver al amparo de las políticas de prioridad establecidas por Corte Plena, por tratarse de un interviniente adulto mayor. Redacta el Juez Conejo Cantillo, por unanimidad, con el voto afirmativo de los jueces Hidalgo Rueda e Irías Obando y dentro del plazo de Ley.
HECHOS PROBADOS.- Como punto de partida, valga aclarar que al tratarse de dos causas acumuladas, el Tribunal hará referencia a los hechos probados de ambos expedientes de manera unificada, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias. Así las cosas, de importancia para este asunto, y por la forma en que se resuelve, se tienen por demostrados los siguientes:
La Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, hoy día Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, en su sesión número 074-99, celebrada el 13 de octubre del 1999, artículo número XIV, adoptó acuerdo mediante el cual aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de 42 lotes o parcelas ubicados en Talamanca, entre las que se incluyó un terreno identificado como parcela número 7-A-107, sin indicar plano catastrado, con una superficie de 11 Ha y 4782 m2; a favor del señor Eugene Rose Calphen, titular de la cédula de identidad número 8-0048-0333 y la señora actora Cantillano Obando, cédula número 7-0122-0048 (img. 100-102 carpeta 18-009473-1027-CA).
Mediante escritura pública número treinta, otorgada ante el notario Federico Villalobos Chacón a las 10:00 horas del 29 de octubre del 1999, se formalizó la segregación y traspaso, entre otras, de la parcela número 7-A-107 del proyecto BIRF, con un total de 11 Ha y 1782 m²; según se describió en plano número L-505554-98, a nombre del señor Eugene Rose Calphen y la señora Felicia Cantillano Obando, con base en las disposiciones de la Ley 7599 (img. 73-102 y 106-128 carpeta 18-009473-1027-CA y 301-304 carpeta 15-007359-1027-CA).
Con fecha 16 de marzo de 2000 el Registro Nacional inscribió a favor de la actora el derecho 002 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998. Este derecho corresponde a un medio de la finca, no se consignó causa de adquisición y aparece con afectación del artículo 16 de la Ley 7599 (img. 17-18 carpeta 18-009473-1027-CA).
Mediante documento fechado 2 de junio de 2008, el Director Ejecutivo de la Conai se dirigió a la Municipalidad de Talamanca indicando “Por medio del presente instrumento hago constar, que la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, matrícula de folio real N° 7-90980-001 y 002, con plano catastrado número L-0505554-1998, situada dentro de los límites territoriales de la Reserva Indígena de Keköldi, perteneciente a los señores Eugere Rose Calphen cédula de identidad número 8-0048-0333 y Felicia Cantillano Obando, cédula de identidad número 7-0122-0060, respectivamente, actualmente conserva todos los atributos del régimen de propiedad privada, los cuales incluyen la posibilidad de venta y traspaso sin más limitación que una eventual expropiación por parte del Estado, con el fin de incorporar dicha finca al dominio y posesión de la comunidad indígena de Keköldi. Lo anterior, con fundamento en el criterio de la Procuraduría General de la República N° C-395-2003. / En ocasión de lo anterior la comunidad Indígena, y en especial la Asociación de Desarrollo Integral del lugar en su condición de Gobierno Local del referido territorio indígena, únicamente tendría derecho a disponer de la propiedad citada, una vez que sus legítimos propietarios hayan sido indemnizados conforme a los artículos 45 de la constitución Política y 5 de la Ley Indígena N° 6172” (img. 11 carpeta 15-007359-1027-CA).
En el mismo sentido, mediante escrito fechado 19 de mayo de 2008 el Director Ejecutivo de Conai se dirigió a la Municipalidad de Talamanca indicando “Ha [sic] solicitud del señor [sic] Felicia Cantillano Obando, portadora de la cédula de identidad 7-0122-0060, hacemos constar, que según criterio de la Procuraduría número C-395-2003, la finca propiedad de la solicitante, con número de Folio Real 7-90980-002, y plano catastrado L-0505554-1998 por haber sido adquirida gracias a un traspaso por parte del IDA a sus actuales dueños de previo a ser afectada por el decreto de Reserva Indígena, conserva su condición de propiedad privada y goza de todos los derechos que se derivan de dicha condición los cuales incluyen posibilidad de venta y traspaso siempre y cuando se trate de un traspaso de no indígena, a un no indígena o a un indígena. Es importante aclarar que solamente en el caso en que la propiedad perteneciera un [sic] indígena estaría afectada y no podría ser vendida a un no indígena. Por lo tanto la Asociación de Desarrollo Indígena sólo tendría derecho a disponer de la propiedad citada si la misma hubiera sido indemnizada a favor de la Comunidad que representa” (img. 14 carpeta 15-007359-1027-CA).
En escritura número 171, otorgada ante el Notario Público Rigoberto Jiménez Vega a las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, compareció la señora Felicia Cantillano Obando, a efectos de protocolizar la adjudicación extrajudicial de la sucesión de quien en vida fuera su esposo, el señor Eugene Rose Calphen, de la que fue nombrada como albacea provisional y heredera única de los bienes del actor, entre ellos el derecho 001 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, solicitando en dicha escritura su inscripción a nombre de la adjudicataria (img. 64-72 carpeta 18-009473-1027-CA).
Con fecha 6 de marzo de 2012 el Registro Nacional inscribió a favor de la actora el derecho 001 sobre la finca 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998. Este derecho corresponde a un medio de la finca y se consignó como causa de adquisición “herencia y cesión” y aparece con afectación del artículo 16 de la anulada Ley 7599 (img. 15-16 carpeta 18-009473-1027-CA).
Mediante oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER, señaló: "En atención al oficio AJ-L-284-2018; relacionado con el expediente judicial N.º 15-007359-1027-CA, el que se relaciona con la finca 90980, del partido de Limón, me permito informar lo siguiente: / Desconozco el momento en que se creó el predio en el terreno, con la forma y dimensiones, con que finalmente fue inscrito. / El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977. / El estudio de registro indica que la finca 90980 proviene de la finca 39050, sin embargo en el lugar donde se localiza esta, existe otra finca a nombre del Inder, que es la 1050. / Se adjunta croquis con la ubicación del plano y de cada uno de los decretos del Territorio Indígena" (folio 3 del expediente administrativo aportado por el Inder en el expediente 18-009473-1027-CA).
Mediante el artículo número XXXVI de la Sesión Ordinaria 31, del 8 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Inder acordó: “Acoger la recomendación contenida en los oficios AJ-L-288-2018 Y AJ-425-2018, suscritos por el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos y la Máster Patricia Calderón Rodríguez, Directora Asuntos Jurídicos y con fundamento en ella; se acuerda: / 1) Se declara lesivo a los intereses públicos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), mediante el Artículo XIV de la Sesión No 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, en el cual se aprueba la segregación y traspaso de 42 parcelas y lotes del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR", únicamente en lo referente a la parcela 7-A-107, otorgada a favor de Eugene Rose Calphen, cédula de residencia 8-048-333 (hoy fallecido) y Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad 7-122-060; por haberse titulado la misma de forma indebida al formar parte de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), cuya propiedad es en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley Indígena, imprescriptible e inalienable y debe ser inscrita a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la respectiva reserva. / 2) Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos con el fin de que se interponga ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso de lesividad correspondiente” (img. 13 carpeta 18-009473-1027-CA).
HECHOS NO PROBADOS.- De tal naturaleza por no haberse aportado prueba y ser de trascendencia para este proceso, se tiene por indemostrado: 1. Que la actora ejerciera actos posesorios previos a la adjudicación de la parcela por parte del Inder en 1999, o que estuviera en el sitio desde 1982. 2. La existencia de los contratos supuestamente firmados por la Aditik con Fonafifo, así como la alegación de que se suscribieron sobre la parcela número 7-A-107. 3. Que alguna de las entidades participantes en este litigio le ocasionaran los daños y perjuicios que reclama la señora Cantillano.
ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA.- En forma resumida y sin perjuicio de la totalidad de manifestaciones expresadas, señaló la representación de la parte actora en su demanda, que es propietaria de una finca inscrita en el Registro Nacional, matrícula número 90980-001 de la Provincia de Limón, ubicada en Talamanca, adquirida por su difunto esposo “mucho antes de la Ley Indígena de 1977”. Indicó que en esa propiedad realizaron labores agrícolas para el sostén de su familia pues han “… vivido ahí desde siempre [...] manteniendo una excelente relación con los indígenas, con quienes hemos convivido en completa camaradería. Trabajaron en esas fincas para mi esposo”. Señaló la actora que a partir del 2010, empezó a sentir graves violaciones a su derecho de propiedad, por parte de los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi, quienes reclamaban la titularidad sobre esa finca, lo que los llevó a prohibir la construcción de caminos internos en la propiedad, frenar la venta de la propiedad al señor Alfredo Sancho Morales, llegando incluso a la intimidación, producto de visitas constantes a la finca, amenazando de echarlos del inmueble. Señaló que su abogado determinó que fue a partir del Decreto Ejecutivo de 1996, que entró a formar parte de la Reserva Indígena. Adicionalmente, indicó que de sus averiguaciones determinó que la Aditik firmó con FONAFIFO un contrato para ejecutar un proyecto de protección de bosque en un área de 300 Ha, por el cual percibe $80/Ha por año vencido, a partir del 1 de julio de 2010, en terrenos que se sitúan entre las coordenadas latitud 9-6528 grados a 9-6130 grados, y longitud 82-7714 grados a 82-7407 grados. Además constató que el 27 de agosto del 2014, la Aditik, firmó con FONAFIFO otro contrato sobre un área de terreno en esa circunscripción, por la cual recibe la suma de ¢202.000,00/Ha, que se cancelan por año vencido por 5 años, abarcando el área comprendida entre las coordenadas latitud: 631000-636000 y longitud 1063500-1066000. Indicó además que fue mediante Ley número 6172 (Ley Indígena), del 29 de noviembre de 1977, que se declararon reservas indígenas algunas partes del territorio de Cócles, Puerto Viejo, Talamanca; donde la Aditik en su criterio ha impuesto un régimen de terror en todas las tierras consideradas por ellos parte del territorio, sin atender a lo establecido en la propia ley, pues en su caso, es la única poseedora de dicha tierra desde 1982, adquirida por compra. Citó y se amparó en el artículo 5 de la Ley Indígena ya indicada, alegando que ninguna de las instituciones obligadas por la Ley ha cumplido sus deberes, habiendo transcurrido 37 años “… y la indolencia y la falta de acción de las administraciones han servido para perjudicar derechos y garantías tuteladas por la constitución y servir para el enriquecimiento ilícito de la Asociación que se lucra [sic] con los contratos dichos sobre mi propiedad y de otros propietarios y poseedores”, lo que ha perjudicado su patrimonio y el de sus hijos. Señaló la existencia de jurisprudencia que ampara el derecho de los poseedores de buena fe y citó como fundamento de derecho los artículos 1, 2, 7, 10, 12, 35 en relación con el 118 y 36, todos del Código Procesal Contencioso-Administrativo, artículo 33, 34, 41, 45 50, 65, 74 de la Constitución Política, artículos 5, 8, 11 y en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 22,24, 25, de la Ley de Expropiaciones. Durante la audiencia de juicio el representante de la parte actora indicó en sus conclusiones que ha existido una grave de desposesión de los pobladores afrodescendientes, que habían por años convivido pacíficamente con los indígenas y que los problemas empezaron con la Ley 1977, que se interpretó como carta blanca para sacar a todos los no indígenas, quemar ranchos y “volar machetazos”. Indicó que el difunto esposo de la actora quería poner sus tierras en orden, y empezó un proceso de información posesoria que terminó en inscripción. Además, señaló que la buena fe debía presumirse, es decir, que la mala fe debía probarse por parte de quien la alegaba, lo cual no fue posible con la prueba recabada. Reiteró que esa propiedad se adquirió por título de posesión, siendo que había, según su dicho, una posesión originaria por ser primeros moradores. Alegó que el Convenio de la OIT que entró en vigencia en Costa Rica en 1992 se aplicó casi de inmediato de pueblos indígenas, pero se olvidaron de pueblos tribales afrodescendientes. Señaló además que el difunto esposo de la actora fue afrodescendiente, y que doña Felicia era “blanca”, que habían vivido ahí toda la vida. Señaló que aportaron pruebas que verifican la existencia de peticiones ante instituciones, autorizaciones y certificaciones de la Conai y el título de propiedad del Inder, lo que denota que ni siquiera el Inder sabía que estaban en territorio indígena. Finalmente, pidió justicia para los pobladores originarios afrodescendientes a quienes se les desconoció el amparo del convenio internacional, que se acogiera la demanda planteada en todos sus extremos petitorios y que se ordenara indemnizar a la actora. Respecto de la acción de lesividad, la señora Cantillano contestó reconociendo los actos del Inder mediante los cuales se tituló a favor de ella y su difunto esposo, aclaró las fechas de las inscripciones de los derechos sobre la finca y señaló que no le constaba la existencia del oficio de Conai, del estudio del Inder sobre la ubicación de la propiedad dentro de la reserva o la existencia de una declaratoria de lesividad de su título. Alegó prescripción y caducidad (a las que renunció en la audiencia preliminar) y falta de derecho. Por el fondo acusó el proceso de declaratoria de lesividad seguido por el Inder como absolutamente nulo, pues en su criterio no se siguieron los preceptos del artículo 173 LGAP. Echó de menos la realización de un procedimiento ordinario donde se le garantizara el derecho de defensa y donde se procediera a requerir la opinión a la PGR. Por otro lado, el abogado de la señora Cantillano indicó que el acto que autorizó la inscripción del título objeto de anulación se originó en la Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reserva Nacional, número 7599 del 29 de setiembre de 1996, derogada por resolución de la Sala Constitucional número 8560-2001 de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001. Así, consideran que para la época en que se produjo la inconstitucionalidad de la ley, el derecho de la señora Cantillano y el de su esposo ya se había inscrito en el Registro Nacional y había además superado el plazo de convalidación de 3 años que por expresa mención del artículo 15 de la dicha ley es el plazo de la prescripción negativa; que incluso encuentra amparo en la misma sentencia de nulidad dictada por la Sala Constitucional, que dimensiona sus efectos en la parte dispositiva. En las conclusiones el abogado de la parte agregó que el título de la actora no es nulo, hizo referencia a la prueba testimonial, que indicó que no había mojones que describieran los límites de la Reserva. Reiteró que el procedimiento de lesividad seguido por el Inder violaba todo el artículo 173 LGAP, increpó que nunca se les comunicó nada del mismo, ni del inicio ni del acto final y que no se hubiera realizado la consulta obligatoria a la PGR, por lo que además consideró que debía perseguirse a los funcionarios que realizaron esas actuaciones.
ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA.- Al contestar la acción, el mandatario judicial del INDER, en síntesis, rechazó los hechos, oponiéndose a las pruebas del actor por considerar su contenido de dudosa credibilidad (tratándose de copias simples). El Inder refirió en extensión a los requisitos señalados por el artículo 5 para ser indemnizado (ser no indígena y poseedor de buena fe de terreno que se encuentre dentro de la reserva). Sobre el segundo de estos requisitos, señaló el Inder que los propietarios o poseedores deben serlo desde antes de la declaratoria de Reserva Indígena o desde antes de que se hayan modificado los límites de la Reserva ya existente o desde antes de la promulgación de un Decreto Ejecutivo que haga nacer una nueva Reserva Indígena. En este caso, indicó el Inder que la actora afirmó que la Reserva Indígena de marras fue creada en 1996, aunque no presenta prueba alguna al respecto. Indicó además que constaba en el Registro Nacional, que el derecho 001 de su finca fue inscrito a su nombre, el 6 de marzo de 2012, mientras que el derecho 002 fue inscrito el día 16 de marzo de 2000, así que cuando la actora adquirió, tanto el derecho 001 y el derecho 002 del inmueble, la Reserva ya había sido creada. Así, en su criterio la actora lo que adquirió fue una parte de la Reserva y como tal, es imposible legalmente que se le pueda conceder algún derecho, pues según la jurisprudencia, la buena o mala fe depende del momento en que se creó la Reserva y el momento en que la actora adquirió el inmueble, que en este caso fue después de la creación de la Reserva y por ende esa adquisición se considera de mala fe. Citó la resolución de la Sala Primera, número 000920-F-S1-2015, que resolvió un caso muy similar al actual, en el que se consideró que solo los propietarios o poseedores originales pueden ser catalogados de buena fe. Los que adquirieren después de la promulgación de la Ley Indígena, son considerados de mala fe y por ende no aptos para calificar para ser indemnizados o reubicados. Señaló el Inder un tercer requisito, que era probar administrativa y judicialmente que ejercían actos posesorios sobre el inmueble, desde antes de la creación de la Reserva Indígena. Para el caso concreto, indicó el Inder que es imposible que la actora pueda probar los actos posesorios que ejercieron antes de la creación de la Reserva, pues esta fue confirmada por la Ley Indígena 6172 del 29 de noviembre de 1977 (aunque la actora parte de 1996, año en que se efectuó la penúltima modificación), pues según la información registral, la actora inscribió sus derechos, uno en el año 2000 y el otro en el año 2012. Así, para el Inder es claro que, aunque el análisis se haga partiendo de 1977 o 1996, el resultado será el mismo, o sea que la actora no ejerció actos posesorios antes de la creación de la Ley Indígena o antes de la última modificación que se hizo a través de Decreto Ejecutivo No. 25296-G, publicado en Gaceta 134 del 15 de julio de 1996. Posteriormente el Inder hizo un amplio desarrollo acerca de cómo debía entenderse el artículo 5 de la Ley, con base en la voluntad del legislador, sobre los mecanismos de financiamiento y ejecución de las expropiaciones a pobladores de buena fe, haciendo hincapié en la obligación del Poder Ejecutivo de aportar los recursos para realizar esta actividad, financiamiento que no corresponde al Inder. En las conclusiones, el Inder recordó la aprobación del Convenio 107 de la OIT, reiteró que la integralidad de la finca sólo es inscrita a favor de la actora hasta el 2012 y que la Ley Indígena solo le reconoce derechos de reubicación e indemnización a los propietarios no indígenas de buena fe. La parte hizo ver la existencia de contradicciones en el dicho de la actora en cuanto al momento y modo en que adquirió la propiedad. Además dejó sentado que no se puede proceder a indemnizar cuando el título de origen es nulo por haber dispuesto de tierra perteneciente a una Reserva Indígena, que ostenta la condición de inalienabilidad desde 1939. Como actora del proceso de lesividad número 18-009473-1027-CA la institución indicó que por acuerdo aprobado por la Junta Directiva del anterior Instituto de Desarrollo Agrario, artículo XIV de la Sesión No. 074-99, del 13 de octubre de 1999, se aprobó entre otros, la segregación y traspaso de la parcela 7-A-107, a favor de la señora Felicia María Cantillano Obando y al hoy fallecido señor Eugene Rose Calphen, Proyecto de Titulación "BIRF 2754 CR", y que por escritura pública, número 30 de las 10:00 horas de 29 de octubre de 1999, del tomo 23 del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, el IDA segregó y vendió a los mencionados la parcela 7-A-107, ahora inscrita a nombre de la actora, desde el 6 de marzo de 2012, y corresponden al Folio Real matrícula 7-00090980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998. Agregó que el 23 de julio de 2015, la actora presentó demanda Contenciosa Administrativa bajo el número de expediente 15-007359-1027-CA, con el fin de que se declare su derecho a indemnización por expropiación en territorio indígena, al amparo de lo que establece el artículo 5 de la Ley No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, por encontrarse su propiedad ubicada dentro del territorio correspondiente a la Reserva Indígena Bibrí de Kekoldi (Cocles). Señaló que mediante certificación número 046-07 de las 12 horas del día 3 de diciembre de 2007, la jefatura del Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, hizo constar que el plano catastrado L-0505654-98 y que es parte del Folio Real 7039050-000, se encuentra ubicado dentro de la reserva indígena de Kekoldi, en el tanto esté efectivamente localizada donde el dibujante la ubicó en la cuadrícula anexa. Además que por oficio IRT-0836-2018 de 4 de octubre 2018, el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe de Información y Registro de Tierras del INDER, informó que el predio en cuestión, según la ubicación del plano que la representa (L-0595554-1998), se encuentra afectado por el Territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267, de fecha 9 de agosto de 1977, lo que llevó a la Junta Directiva del Instituto, mediante acuerdo tomado en el artículo 36 de la Sesión Ordinaria 31, celebrada el 8 de octubre de 2018 a declarar lesivo a los intereses públicos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural) mediante el artículo XIV, de la Sesión No. 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, en el que se aprobó la segregación y traspaso de 42 parcelas y lotes del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR", únicamente en lo referente a la parcela 7-A-107, otorgada a favor de Eugene Rose Calphen, y Felicia Cantillano Obando, por haberse titulado la misma de forma indebida al formar parte de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), cuya propiedad es, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Indígena, imprescriptible e inalienable y debe ser inscrita a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la respectiva reserva. Por el fondo, el Inder enumeró las regulaciones sobre protección de terrenos dentro de las Reservas Indígenas, iniciando con la Ley de Terrenos Baldíos número 13 de 10 de enero de 1939, ampliada por el Decreto número 45 de 3 de diciembre de 1945, al crear la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación. Mencionó que poco después, por Decreto Ejecutivo número 34 de 15 de noviembre de 1956 se declararon las reservas indígenas Boruca Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá, en virtud de la cual las Reserva fueron declaradas inalienables, propiedad exclusiva de los indígenas en los términos de la Ley de Terrenos Baldíos. Prosiguió indicando que mediante Ley número 2330 del 9 de abril de 1959 la Asamblea aprobó el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la "Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales", que reconoció su legítimo derecho a tener bajo su dominio las tierras de su propiedad, en forma individual o colectiva. Posteriormente, indicó, se creó un régimen especial a través del Decreto Ejecutivo número 5904-G del 11 de marzo de 1976 (para las Reservas Indígenas de Chirripó, Guaymí, Coto Brus, Estrella, Guatuso y Talamanca), adquiriendo rango legal con el artículo 1 de la Ley Indígena número 6172 del 29 de noviembre de 1977, al que le siguió el Reglamento de la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487-G del 26 de abril de 1978. Junto a este recuento, citó el Inder el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny vs. Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las regulaciones de los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Indígena, que establecieron el carácter inalienable e imprescriptible de los territorios que abarcan las reservas indígenas, y restringieron la negociación de dichos terrenos solamente entre personas indígenas, quienes a su vez se encuentran protegidos de invasiones de terceras personas no indígenas, que podrán ser desalojados sin derecho a mejoras. En criterio del Inder, el terreno titulado por parte del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), parcela 7-A-107, número de plano L-0505554-1998, se encuentra dentro del territorio que comprende la Reserva Indígena Kekoldi (Cócles), según certificación 046-07 de las 12 horas del día 3 de diciembre de 2007, el Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y ratificado por el oficio IRT-0836-2018 de 4 de octubre 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe de Información y Registro de Tierras del INDER. Por consiguiente, la titulación hecha por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, se realizó en contravención a las disposiciones legales indicadas anteriormente, toda vez que se tituló un terreno que por encontrarse dentro del territorio que comprende la Reserva Indígena Kekoldi (Cócles), se encontraba limitada por las disposiciones de la Ley Indígena, lo que vuelve ilícito el contenido del acto. Continuó diciendo que siendo el Instituto de Desarrollo Rural, una entidad de derecho público, sujeta al principio de legalidad y por ende compelido a aplicar la normativa vigente en todas sus actuaciones y en este caso particular, en materia indígena, y comprobado el vicio en que se incurrió al haber titulado indebidamente propiedad como si formara parte del proyecto de titulación cuando en realidad era parte de territorio indígena, debe interponer el proceso de lesividad, con el fin de que en esta vía se declare la nulidad absoluta del acto administrativo dictado por la Junta Directiva en el artículo XIV, de la Sesión No. 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, con el fin de que dicho terreno pase a manos formal y materialmente de su verdadero dueño: la Aditik. En las conclusiones, el Inder reiteró su solicitud de anular el acuerdo que traspasó la parcela así como los asientos registrales de la finca y trasladar esa propiedad a la Asociación. Por su parte, la Conai indicó al contestar la demanda el rechazo básicamente a todos los hechos e indicó que la demanda no se refería a hechos como tal sino una serie de apreciaciones subjetivas. Señaló que la Ley Indígena era clara respecto a los presupuestos necesarios para ser sujeto de indemnización y que no era cierto que la accionante tuviera los atributos que ellos se arrogaban, pues para que una persona fuera poseedora de buena fe, requería tener un derecho de propiedad o de posesión antes de la creación de la reserva, lo cual no es el caso de la actora y su esposo ya que adquirieron después de la creación de la reserva, siendo nulas esas compraventas, por lo que no podía alegar un derecho que nunca les había asistido. En cuanto a las certificaciones emitidas por la Conai que la parte actora presentó como prueba, indicó la institución que era claro que lo que indicaban es que esos territorios están dentro de reserva, por lo cual tienen las limitaciones que establece la Ley Indígena, artículos 3 y 5, “… aunque estuviera amparada la finca a la publicidad registral, situación que no se da, pues no consta que la finca estuviera amparada a la publicidad registral antes de la creación de la reserva”. Rechazó que la posesión que se alega le dé algún derecho a la actora por incumplir con los requisitos legales. Reiteró la Conai los requisitos que se deben de cumplir para que sean poseedores de buena fe: a.- Deben de ser personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe de inmuebles ubicados dentro de las reservas, según las normas del Código Civil. b.- Los estudios de expropiación los debió realizar el INDER en coordinación con La CONAI, pero no solo estas dos instituciones eran las encargadas de determinar que personas no indígenas eran las propietarias o las poseedoras de buena fe de inmuebles ubicados dentro de las reservas declaradas en el artículo 1 de la Ley Indígena, le corresponde hacerlo en conjunto con la Asociaciones de Desarrollo Indígena. c.- Las ADIS tienen que participar en determinar quienes cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley. d.) Se deben probar administrativa y judicialmente que realmente ejercían actos posesorios sobre el inmueble antes de entrar en vigencia la Ley. Insistió que no hay lesión de los derechos de la parte actora ya que esas ventas son absolutamente nulas, pues adquirieron la propiedad después de la creación de la reserva, “… los actores [sic] al momento de realizar el traspaso tenían amplio conocimiento de que la propiedad estaba afectada por el decreto de creación de reserva indígena, por lo que no se puede considerar una posesión de buena fe”. En las conclusiones insistió la representación institucional en que había contradicciones en lo señalado por la parte actora en cuanto a la fecha de adquisición y alegó que había certeza de que el pueblo le había dejado claro que estaba en territorio indígena, y que eran tierras sobre las cuales no se podía negociar, pues la Ley existía 35 años antes de que se adquirieran registralmente. Acusó que el Inder debió saber que era territorio indígena, señaló de nuevo las falencias en la línea del tiempo de la posesión que pretende acreditar la parte actora y evidenció que el propio abogado de la actora aceptó que ella no es persona afrodescendiente. Se opuso a que se considerara la prueba del actor como prueba de posesión legítima, y citó jurisprudencia constitucional que sustentaba su posición en cuanto a la nulidad de negocios que dispongan sobre terreno indígena. Por último, hizo referencia a la prueba testimonial recabada, en cuanto este indicó que dentro de la propiedad no habían cultivos ni demostración de actividades de subsistencia, sólo un rancho, y que no se demostró que fuera un lugar habitado. Por último, la Aditik señaló, al contestar la demanda, que se oponía básicamente a todos los hechos, y alegó que la inscripción de la finca de la actora “… arrastra problemas legales de inscripción y de legalidad básica que atenta contra la ley Indígena. Note el despacho que la finca se inscribe en fecha 06 de marzo del 2012 con el plano 055554-1998 que se mide en el campo en fecha abril de 1998 y se catastra en fecha 23 de julio de 1998, más de veinte años después de promulgada la Ley Indígena de 1977”. Cuestionó también la Asociación la posesión alegada por la parte actora, por cuanto los negocios jurídicos realizados después de la promulgación de la Ley Indígena son a su criterio absolutamente nulos. Señaló que la supuesta existencia de cultivos, en vez de demostrar actos posesorios, demostrarían actos perturbadores del bosque contrarios al interés de la comunidad indígena. Rechazó en todo caso la existencia de esos cultivos, así como de acciones intimidatorias o violentas o la imposición de un régimen de terror. Señaló que sólo han ejercido la legítima defensa de su territorio, evitando alteraciones al bien por parte de la actora, en acciones legítimas de fiscalización y vigilancia. En sus conclusiones, la Aditik, representada por la Defensa Pública, recordó que la Reserva Indígena de Kekoldi se creó en 1976 y fue delimitada en 1977 vía Decreto Ejecutivo. Destacó que no hay duda de que la propiedad de la actora está en territorio indígena. Reiteró las indicaciones de otras representaciones en cuanto a que la actora tenía serias contradicciones en su línea de posesión y mecanismo de adquisición, no existiendo en su criterio prueba de cuándo se dio esta circunstancia. Señaló además que la actora tenía pleno conocimiento de que su derecho de posesión estaba en terreno indígena, por lo que la supuesta venta frustrada no era indemnizable, porque era territorio indígena. Acotó que en todo caso, eran el Inder y la Conai los llamados a realizar los pagos indemnizatorios, que no era responsabilidad de la Aditik. Indicó que la propia prueba aportada por la parte actora (img. 21 de la carpeta 15-007359-1027-CA) indicaba que la propiedad era territorio indígena. Refirió a jurisprudencia de la Sala Primera sobre la mala fe y de Sala Constitucional sobre la indisponibilidad de estos bienes y fue enfática al indicar que la actora Felicia Cantillano no tenía posesión antes de 1977, pues la escritura del IDA, que es cuando le da titulación a la actora, claramente es posterior a la creación de la reserva, lo que debe llegar a declarar la nulidad de esos actos de disposición por parte del Inder. Reiteró que la reacción de la comunidad ante el intento de apertura de un camino no es abusiva, sino ejercicio normal de sus derechos de propiedad. En cuanto a los contratos firmados con Fonafifo, señaló la Aditik que la actora nunca comprobó que el terreno que reclama formara parte de esos contratos. Agregó que no había prueba de la causa de los daños, o de conductas concretas de la Asociación que produjeran un efecto dañoso e ilegítimo, por lo que solicitó que se procediera a inscribir el bien a nombre de la Aditik.
PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.- En la audiencia preliminar llevada a cabo en el expediente 15-007359-1027-CA, la parte actora presentó como prueba nueva, tres elementos: 1. Escritura pública número 171 realizada ante el notario público Rigoberto Jiménez Vega (img. 291-299 de la carpeta 15-007359-1027-CA). 2. Carta dirigida a la Municipalidad de Talamanca en fecha 03 de julio del 2008 (img. 300 de la carpeta 15-007359-1027-CA). y 3. Escritura del Instituto de Desarrollo Rural (img. 301-304 de la carpeta 15-007359-1027-CA). De conformidad con el artículo 50.2 CPCA, el Juez Tramitador confirió audiencia a las partes sobre esta prueba, tomó nota del ofrecimiento y trasladó su admisibilidad para sentencia. Adicionalmente, el día previo a la audiencia de juicio la parte actora aportó al despacho un documento rubricado por el abogado de la señora Cantillano (img. 453-462 de la carpeta 15-007359-1027-CA), del cual se dio audiencia a las partes, quienes en las conclusiones manifestaron su rechazo a la misma, por tratarse de meras manifestaciones de la parte y no de un peritaje cultural. En cuanto a los tres primeros documentos, los mismos se rechazan, en tanto constan en el expediente administrativo de la carpeta 18-009473-1027-CA (img. 11-37), que fue debidamente admitido en la audiencia preliminar, no constituyendo documentos novedosos. En cuanto al documento presentado el día previo al juicio, concuerda esta Integración con las oposiciones esbozadas en forma oral por los demandados, en cuanto a que dicho documento no tiene ningún valor científico, en tanto se trata meramente de un conjunto de manifestaciones realizadas por el abogado de la parte, sin sustento ni rigor técnico como para que puedan ser consideradas como una pericia cultural. En esos términos, siendo que lo propuesto no es técnicamente un medio del que pueda extraerse la acreditación de alguno de los hechos de la demanda, se rechaza su admisión.
         RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.- Este Tribunal se ha referido en términos generales a este tema en múltiples ocasiones. Tal y como se indica en las resoluciones de la sección Quinta, número 00029-2018-V, de las 08:10 horas del 4 de abril del 2018 y de la sección Sexta, número 00105-2020-VI, de las 14:15 horas del 28 de agosto del 2020, este desarrollo se condensa en la resolución de esta sección (con diversa integración) número 00074-2013-VII, de las 10:30 horas del 29 de octubre del 2013, en la que se indicó:

“Resultando de rigor lo que sigue a los efectos del análisis que habrá de efectuarse a fin de resolver el presente asunto, procedemos a abordar el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca al artículo 5 de la Ley Indígena, así como a la regulación que define el emplazamiento de la reserva indígena propiedad de los accionantes.

1.-) Sobre la evolución normativa en la materia de territorios indígenas. El primer antecedente legislativo en la materia -ya entrada la Nación en su época Republicana- se ubica en la otrora vigente Ley Sobre Terrenos Baldíos número 13 del diez de enero de mil novecientos treinta y nueve (1939), publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año, en su primer semestre, tomo segundo, página diez, que en su artículo 8 rezaba como sigue y en lo conducente: "... se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias". (El resaltado no es del original). Este primer antecedente normativo como se puede observar, de entrada reconoció a esa data el derecho de propiedad exclusiva del que son titulares las comunidades indígenas, pero para entonces, en un tanto de áreas territoriales a ser definidas “a juicio del Poder Ejecutivo”, en la medida de que se trataría de los sitios en que estos grupos se encontrasen emplazados. Desde entonces, se observa al menos el carácter inalienable que le fue dado a este tipo de propiedad residenciada en un grupo minoritario, pero determinado de personas, unidas por lazos culturales particulares, lo que no fue otra cosa que un blindaje con el que se pretendió proteger su derecho de propiedad comunitaria -aunque lo fuese hasta una vez materializado por un acto el Poder Ejecutivo-, y esto, frente a posibles intentos ya de terceros, como de los propios grupos indígenas, de trasladar el dominio de esos bienes y por supuesto, disponiendo la imposibilidad de que personas ajenas a estos grupos de la población nacional, pudiesen alegar derechos o titularidad sobre los mismos. Singular nota entonces, lo es que se trató desde sus inicios de bienes que se encontraron "fuera del comercio de los hombres". La norma sin embargo nada expresó sobre la posibilidad de que previo a la entrada en vigencia de la misma y luego de adoptados, en aplicación de ésta, actos posteriores que definiesen la identidad de esas áreas de territorio por parte del Poder Ejecutivo, existiesen terceros poseedores o titulares de buena fe sobre esas las mismas áreas de superficie, por lo que habría de suponerse, que el Poder Ejecutivo no constituiría reservas en terrenos, que no fuesen los poseídos exclusivamente por indígenas. Pues bien, en ejercicio de la competencia referida por el legislador al Poder Ejecutivo como se ha informado, no fue si no hasta algunos años después de entrada en vigencia la Ley Sobre Terrenos Baldíos relacionada, que se emitió el primer Decreto Ejecutivo en la materia, a saber, el número 45 del tres de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945). Este decreto no obstante no se definió ningún área específica como un territorio indígena a los propósitos definidos por la ley y pese al texto del artículo 8 de la Ley Sobre Terrenos Baldíos, en su artículo primero consignó lo siguiente: “Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana". (El resaltado no es del original). De esta forma, aunque el Poder Ejecutivo replicó lo que ya disponía la ley, fue más allá de ésta al establecer que las zonas en cuestión no habrían de corresponder con aquellas que a juicio del Poder Ejecutivo fuesen designadas para estos fines, “según su criterio”. En su lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo habría de reconocer como tales todas esas áreas del territorio de la nación, en tanto se encontrasen ocupadas por las comunidades indígenas. Sea en otros términos dicho lo anterior, que era la posesión efectiva ejercida sobre esos terrenos por las comunidades indígenas, el criterio a partir del cual como variable, habría de haberse definido la protección legal que por parte del poder central, debía de darse a estas comunidades en garantía de su derecho de propiedad. Con todo y ello, la definición de qué áreas de la superficie de la Nación pertenecerían a estos grupos de personas, contó con una fórmula genérica e indeterminada a esa fecha, pues se trataría de los terrenos que ocupen estos grupos, “en tanto terrenos baldíos” , lo que comprendió un contrasentido, si se trataba de terrenos previamente ocupados por estas comunidades y sobre las que mediaba una propiedad preexistente, reconocible en tanto actos posesorios se ejerciesen en virtud de la misma. El mismo Decreto conformó también según su artículo primero, lo que sería la primera organización dirigida a realizar esfuerzos para materializar el mandato de ley anteriormente citado, en lo que se denominó como la "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación", asignándole a ésta la tarea de delimitar aquellas áreas de terreno, que por primera vez se denominaron “reservas indígenas”. Por su parte, el primer acto del Poder Ejecutivo efectivamente dirigido a la localización de un territorio indígena, se produjo en términos jurídicos hasta algunos años después, con ocasión de la promulgación del Decreto Ejecutivo número 34 de quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956), que identificó tres reservas distintas que no incluyeron a la de la aquí actora, a saber, la “Boruca-Térraba”, “Ujarrás-Salitre-Cabagra” y “China Kichá”. Por tratarse de un derecho de propiedad en el caso concreto el que se reconoció de esta manera, nos debe remitir ello a la disposición constitucional que lo relaciona como un derecho fundamental, según se extrae del artículo 45 de la Carta Magna. La posterior consolidación de este derecho de propiedad, privativa en la medida que es exclusiva y excluyente, además de comunitaria o colectiva, “reconocido” jurídicamente -pues no podría afirmarse que se trató de un derecho “constituido” o creado a partir de la vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos- se produjo frente a la comunidad internacional al adoptarse como regulación interna el contenido del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en los términos de la Ley de la República número 2330 de nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), identificado como el "Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales y Semitribales en los Países Independientes". En su artículo 2.1 el convenio de interés dispuso: “Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países”. (El resaltado no es del original). De esta forma, adherido que lo fue por su voluntad el Estado costarricense al instrumento de cita y frente a la comunidad internacional, así como frente a estos grupos indígenas, se comprometió como tal a ejecutar esas acciones coordinadas y sistemáticas, dirigidas en lo que nos interesa a este punto, a proteger en los términos más generales a estas poblaciones de la Nación, minoritarias y vulnerables en aquel momento también, conforme lo que ya su ordenamiento jurídico legal le imponía verbigracia de la Ley de Terrenos Baldíos y Decretos Ejecutivos antes citados. Debe relacionarse esta obligación con lo comprendido en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo supra legal, que reza: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; (…)”. (El resaltado no es del original). En lo que corresponde con las que para ese momento a nivel del ordenamiento jurídico nacional fueron identificadas como reservas indígenas, el artículo 11 del convenio de cita indicó que en los Estados vinculados: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. (El resaltado no es del original). Así quedó planteado a nivel normativo positivo, que los gobiernos -el Estado como un todo en nuestro caso-, se habrían comprometido desde el año de mil novecientos cincuenta y nueve a desplegar a lo interno de la Nación, procesos coordinados y sistemáticos, entre otras cosas, para responder ante la comunidad internacional y las propias comunidades indígenas en garantía de su preexistente derecho a la propiedad, incluso, debiendo a esos propósitos de ser el propio Estado, quien debía de “buscar”, y no esperar que suceda lo contrario, la colaboración de las poblaciones indígenas de interés y sus representantes. Por lo demás debe advertirse, que se trata de normas supra legales en los términos del artículo 7 de nuestra Constitución Política, por lo que conforme al principio de jerarquía de las normas, así como el principio de control de la convencionalidad (artículos 1, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley de la República número 1615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis y el 6.1.b) de la Ley General de la Administración Pública), habrían éstas de informar de forma sistemática el resto de la normativa de potencia y resistencia inferior, así como servir de parámetro para el operador jurídico a la hora de aplicar el ordenamiento al caso concreto, (artículos 10, tanto de la Ley General de la Administración Pública como del Código Civil). Por lo demás, conforme abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, como a título de ejemplo, su sentencia número 1995-02313, de las dieciséis horas dieciocho minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se ha dicho que como derivación del artículo 48 de la Constitución Política, que en tanto los instrumentos de derecho internacional proporcionen  mayor protección a los derechos fundamentales, habrán de considerarse éstos de igual rango que la Constitución, de manera que lo relacionado en el convenio de cita, bien puede afirmarse, informa además los adecuados alcances que para estos casos particulares, debe de entenderse tiene el artículo 45 de nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico infra constitucional. Por su relevancia, estimamos pertinente la cita en lo conducente, del artículo 13 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en estudio, en lo que indica en su inciso 2 que: “...Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan”. (El resaltado no es del original). Desde ese momento, rasgos importantes de este tipo de propiedad comunitaria lo son que su régimen jurídico se acerca al del dominio público, aunque no lo es, porque se trata de una propiedad si bien comunitaria y en ese tanto colectiva, exclusiva y excluyente, al tiempo lo es residenciada en un grupo de la población vulnerable, que por esa razón amerita la protección especial del Estado. Pues bien, muy a pesar de lo que en esos momentos el ordenamiento jurídico con claridad reglaba en torno al derecho de propiedad de estas comunidades en los términos dichos, con la adopción y entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del catorce de mayo de mil novecientos sesenta y uno (1961), publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año en su segundo semestre, tomo primero, página trescientos noventa y cuatro, que derogó la Ley de Terrenos Baldíos, se dispuso conforme su artículo 75, en grosera contravención con el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo como sigue, en relación con la entidad que identificó ese cuerpo normativo como el Instituto de Tierras y Colonización: “El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria”. Refiere la norma al otrora conocido como ITCO (1961) luego IDA, Instituto de Desarrollo Agrario (1982) actualmente INDER Instituto de Desarrollo Rural (2012). La norma de cita simplemente desconoció de tajo el derecho de propiedad de las comunidades indígenas consagrado en norma de rango, potencia y resistencia superior. Posteriormente y a más de una década después, encontrándose vigente esta asistemática regulación, se promulgó la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas número 5251, del once de julio de mil novecientos setenta y tres (1973), publicada en la Colección de Leyes y Decretos del mismo año en su segundo semestre, tomo primero, página sesenta y cinco. Visto este cuerpo normativo, si se tiene presente el compromiso que se encontraba residenciado en el Estado a partir de la vigencia del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 2.1, 5, 11 y 13.2, a esta nueva organización pública interna vinculada con las comunidades indígenas conforme el artículo 4 de la ley mencionada, se le designó por el legislador, con propósitos generales y en lo que interesa para: “…b) Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; (…) e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente; (…)”. (El resaltado y subrayado no es del original). Con todo y ello como se verá adelante, estas tareas de coordinación no fueron designadas con exclusividad en la CONAI, pues ya se encontraba vinculado a esta función, aunque de diversa forma, el ITCO. Por otra parte, se reiteró la obligación del Estado de garantizar el derecho de propiedad de estas comunidades sobre la tierra. En torno a estas labores de coordinación asignadas, no puede pasarse por alto el artículo 9 del mismo cuerpo legal, que dice así: “Para los efectos del inciso b) del artículo 8, se faculta al Estado, a las instituciones autónomas o semiautónomas del país para prestar ayuda de cualquier índole a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas” . (El resaltado no es del original). Punto aparte lo es que esta ley contempló –nuevamente de forma asistemática- un único transitorio, al parecer inspirado en la Ley de Tierras y Colonización, que rezaba: “A más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, el Instituto de Tierras y Colonización procederá a levantar informaciones posesorias de todas las parcelas ocupadas por los indígenas en las diferentes zonas, a fin de inscribirlas en el Registro de la Propiedad en forma inmediata a nombre de los ocupantes de dichas parcelas. Los indios que no estuvieren ocupando parcelas, deberán ser censados para resolverles el problema de la carencia de tierras a la mayor brevedad posible. El Instituto de Tierras y Colonización deberá mantener una reserva considerable de tierras aptas para el cultivo, en las cuales dará arrendamiento; y que serán destinadas exclusivamente para futuras expansiones de las comunidades indígenas” , (el resaltado no es del original) lo que habla –se insiste- de un despojo de la titularidad de esas tierras contra lo establecido por el derecho internacional. De otra parte, en lo que podría estimarse que constituye algún aspecto favorable a los intereses indígenas, se indicó que a partir de la promulgación de esa ley, era ese Instituto el que habría de haberse provisto al menos de los terrenos suficientes para destinarlos exclusivamente a estas comunidades, así como que, como consecuencia lógica y necesaria de esa atribución-deber, de haber emprendido las tareas pertinentes a fin de determinar y definir con claridad la limitación o deslinde de los terrenos que comprenderían esos territorios. Al año de su entrada en vigencia, fue reformado este transitorio conforme el artículo 1 de la Ley número 5651 de trece de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), en los siguientes términos y con desconocimiento absoluto de la propiedad indígena garantizada por el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo: “Transitorio.- Se declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán exclusivamente al asentamiento de las comunidades indígenas, servicios públicos indispensables, y al uso, habitación y usufructo de los aborígenes que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no inscritas fuera de esas reservas. En éstas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que se encuentren en las mismas condiciones. El Sistema Bancario Nacional y las demás instituciones del Estado, conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), reglamentarán sistemas especiales para que los miembros de las comunidades aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada explotación de las tierras, a que se refiere este transitorio”. Se insiste en que el ITCO debía entonces de delimitar y registrar, aunque lo fuese a su nombre, las áreas de terreno correspondientes. Lo anterior importó el desconocimiento pleno de la propiedad indígena que el Estado se habría comprometido a garantizar ante la comunidad internacional y esos pueblos. Tornando otra vez al texto original de la Ley número 5251 que crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, dicha organización según su artículo primero, fue dotada de personería jurídica y patrimonio propios. Se destaca que la Comisión desde su creación -y en ese tanto su asamblea general- se encontraba conformada entre otros según su artículo 2, inciso a), por: "… los representantes de las dependencias e instituciones siguientes: Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía ; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería ; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; y Servicio Nacional de Electricidad; (…)” . (El resaltado no es del original). Lo anterior da cuenta del vínculo necesario que debía de existir entre el Poder Central y entre otros entes, el mismo ITCO, esto, hasta el dictado de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 3485-2003, de las catorce horas diecisiete minutos del dos de mayo del dos mil tres, fallo cuyo contenido no entramos a analizar, bastando con indicar que estimó inconstitucional que la comisión estuviese integrada con dichas autoridades públicas. Debe tomarse nota de que las instituciones y Ministerios referidos conformaban parte de la asamblea general de la CONAI, con facultades para fijar su política general actuando como componentes de dicho órgano colegiado, así como para aprobar o improbar su presupuesto, tanto ordinario como extraordinario. La finalidad de esta organización se reitera por su relevancia, lo fue entre otras cosas y como se advirtió, la de servir de instrumento de coordinación interinstitucional, así como la de velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indígena la propiedad individual y a su comunidad, la propiedad de sus territorios según reza el artículo 4 inciso e) de dicho cuerpo legal. En lo que toca al patrimonio de la CONAI, se habría de encontrar constituido a la fecha de su entrada en operación, por la subvención anual que se venía dando en la Ley de Presupuesto General Ordinario de la República a la anterior Junta de Protección a las Razas Aborígenes; las contribuciones extraordinarias acordadas por el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República; los bienes pertenecientes a la anterior Junta; las donaciones de particulares, de Estados extranjeros, agencias y fundaciones internacionales o cualquiera otra entidad; el uso de nombres, símbolos y figuras indígenas; y el importe de los derechos otorgados para el uso comercial de esos nombres, símbolos y figuras indígenas, (artículo 8, inciso a) de la Ley de Creación de la CONAI). Siempre en lo que corresponde con temas presupuestarios, el artículo 9 de esta ley dispuso que el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República, se encontrarían autorizados para prestar ayuda de cualquier índole a la CONAI, claro está, para la consecución de sus fines. De otra parte y siempre en esta misma línea de ideas, en su artículo 28, la ley que nos ocupa indicó que: “A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviere, a más tardar el 31 de julio de cada año, la Junta Directiva remitirá a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, una estimación razonada de sus necesidades para el próximo período fiscal. Es entendido que para el período fiscal de 1973 no rige esta disposición. Asimismo los presupuestos de la Institución serán sometidos a la Contraloría General de la República para su aprobación y liquidación conforme a la ley”. (El resaltado no es del original). La reserva indígena Cabécar de Talamanca, fue descrita por primera vez en los términos del Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número setenta, del diez de abril de mil novecientos setenta y seis (1976). En este instrumento normativo, se declaró entre otras cosas lo que sigue: “ Considerando: (…)5°- Que aún existen territorios poblados exclusivamente por indígenas haciendo posible la delimitación de dichas Reservas; (…) 10.- Que es deber del Estado vigilar la seguridad de sus ciudadanos, e impedir las injusticias y malos tratos, especialmente en el caso de minorías indígenas actualmente marginadas”. (El resaltado y subrayado no es del original). Además, en su artículo primero se ordenó que: “Su delimitación exacta será efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI”. Así, al para entonces denominado Instituto de Tierras y Colonización, (hoy INDER) se le reitera su designación como el organismo que tendría bajo su cargo la demarcación territorial de la reserva así creada, tarea que habría de iniciar dos meses luego de puesto en vigencia el Decreto. (Entre estas reservas, la de Talamanca ya se encontraba identificada con los términos del arriba citado Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis). Además, conforme los artículos 14 y 15 del Decreto en análisis, se expresó por parte del Poder Ejecutivo que lo que se encontraba normado por esa vía lo es de interés público, así como que la CONAI tendría el deber de elaborar un censo de la población indígena de Costa Rica a la brevedad posible, que debería además de encontrarse permanentemente actualizado. Pues bien, encontrándose reconocido el terreno propiedad de estas comunidades de la forma que se indicó, apenas algo más de un año después, se promulgó la Ley Indígena, número 6172 del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977), que conforme su artículo 11 derogó toda otra anterior en lo que se le oponga. En esta oportunidad y sin perjuicio de lo que el legislador promulgó con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización que habría en lo asistemática que resultó de tenerse por derogada, se dispuso conforme el artículo primero en relación con el 2 de este cuerpo legal sobreviniente -ahora sí, acorde con lo dispuesto en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 107 sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribales- que las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre, ya no del ITCO. Asímismo, se estableció que los límites de esos territorios una vez “reconocidos” por el Estado, no podrán ser variados en disminución en su cabida si no lo es mediante ley de la República. Además, se advirtió que estas comunidades tendrían plena capacidad jurídica para actuar y que no se considerarían estatales (el artículo 4 de la ley habla de los Consejos Directivos, administradores y representantes de estas comunidades). Además, se reitera que se trata de territorios inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que los habitan, no encontrándose permitido a los no indígenas, alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, siendo todo traspaso o negociación de tierras o las mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso. Nota aparte, conforme el reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487, del veintiséis de abril de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 89, del diez de mayo de mil novecientos setenta y ocho, en su artículo 3, se indicó que: “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2° de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento”. En tanto, el artículo 10 del mismo reglamento indicó que: “Para garantizar los derechos regulados en los artículos 3° y 5° de la Ley, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comparecerá, por sí o a través de su apoderado o Delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal correspondiente”. Posteriormente, conforme el Decreto Ejecutivo número 13568 del 30 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 94 del diecisiete de mayo del mil novecientos ochenta y dos, se dispuso en su artículo primero que las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas. En refuerzo de todo lo anterior, el día tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992) fue promulgada la Ley número 7316 publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 234, del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, conforme el cual se regula puntualmente el tema de la propiedad indígena. En su artículo 2.1, reza este instrumento como sigue: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Por su parte, el inciso 2) del mismo numeral indica: “2. Esta acción deberá incluir medidas: a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”. Otros numerales del convenio que resultan de interés, los pasamos a citar, su artículo 3 dice así: “Artículo 3.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos; 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. Su numeral 4, que por parte del Estado: “1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. El artículo 5, indica que los gobiernos: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”. La temática de la propiedad de estos grupos sobre las áreas que comprenden sus territorios, fue específicamente contemplada en este convenio y en esta línea, su artículo 13, indica así: “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (El resaltado no es del original). El artículo 14, inciso 2), reza: “2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.-

2.-) Sobre los alcances el artículo 5 de la Ley Indígena. En lo que mayor relevancia tiene a los efectos de este fallo, el artículo 5 de la Ley indígena dispuso: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”. Se estima necesario hacer las siguientes consideraciones en criterio mayoritario, de este Tribunal. La ley en lo que toca a este artículo, parece haber reconocido o al menos se encuentra expresada de tal forma, que supone un hecho tenido como cierto por el Legislador, a saber, que a su entrada en vigencia efectivamente existían personas no indígenas poseedoras o titulares de buena o mala fe, sobre áreas de los territorios de las reservas indígenas, en relación con las cuales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, particularmente con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, debía de procederse a su desalojo. Así, debiéndose suponer que la reserva se encontrase debidamente delimitada, se definió conforme el artículo en estudio y por lógica deducción, que en torno estas personas poseedoras no indígenas, primero, debían ser estas identificadas, como poseedoras de terrenos dentro de la reserva. A estos propósitos, con claridad plena entiende esta autoridad judicial que se impone que la Administración tenga clara la delimitación de las áreas de terreno que conforman la reserva indígena, exclusivamente conforme el respectivo Decreto Ejecutivo que dictado al efecto, así lo haya reconocido y esto, con absoluta independencia de la información registral derivada del Registro Nacional, aunque claro está, el levantamiento de los planos correspondientes y la inscripción registral de las fincas a nombre de las asociaciones respectivas, es presupuesto para la determinación posterior, de qué persona no indígena se encuentra dentro de la reserva, o de situaciones jurídicas eventuales derivadas de la situación registral del inmueble. La delimitación de esos terrenos correspondía antes de entrada en vigencia la Ley Indígena al INDER, en coordinación con la CONAI, como lo es ahora conforme la normativa vigente y claro está, en coordinación con las comunidades indígenas mismas y toda otra autoridad pública vinculada, incluyendo al propio Estado conforme un adecuado ejercicio de control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Segundo, partiendo de las áreas que comprenden la reserva, una vez debidamente delimitadas, habría entonces de procederse a efectuar los censos poblacionales que permitan identificar la existencia de no indígenas en ella, (tarea que corresponde a la CONAI, en concurso con las comunidades indígenas, ya sea que esos terceros ejerzan actos de posesión o resulten titulares a nivel registral de algún derecho sobre los territorios (posibles traslapes registrales incluidos), por lo que la situación registral y/o catastral del inmueble resulta mandatoria. Tercero, a los efectos de proceder a la expulsión material por medio de una actuación de policía, al desalojo administrativo, o en su caso, previo al desalojo o puesta en posesión, la indemnización, si es del caso por la vía del proceso expropiatorio, de todo no indígena en las reservas, habría de procederse con la determinación previa de las variables que conforme el artículo 5 de la Ley Indígena, hacen depender obrar de una u otra forma, sea, según se trate del ejercicio de actos o derechos de terceros desplegados de buena o mala fe. Parámetro para ello sin duda lo son las reglas comprendidas en el Código Civil, artículos del 17 al 22, sin perjuicio de la normativa que de forma sistemática ha sido analizada a este punto del presente instrumento, al tenor de la cual, todo acto realizado posterior a la vigencia de la Ley Indígena y por virtud de lo dispuesto en ésta al menos, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley, en nulo, tratándose de inmuebles fuera del comercio de los hombres. Por supuesto que la data de creación misma de cada reserva es parámetro que debe ponderarse también, y pese a la ausencia de demarcación, si podía conocer la persona no indígena que el inmueble podía encontrarse siendo parte del territorio indígena. Cuarto, para el caso de poseedores de mala fe, se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), esto a efecto de lo cual, no habría de proceder indemnización alguna. En el caso de las personas que se encuentren siendo titulares registrales del dominio o de algún derecho real, que cuenten con título y que lo sea de mala fe, debería procederse con la acción prevista por el ordenamiento jurídico para la remoción de mundo jurídico del título correspondiente, para posteriormente lograr el desalojo respectivo. En el caso de que el título haya sido otorgado en el ejercicio de alguna potestad administrativa (titulación por parte de una autoridad pública entre otros), habría ello de importar la acción por la vía de la lesividad si es del caso, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o la acción directa ejercida por parte del titular del derecho afectado. Para el supuesto de los no indígenas, ya sean simples poseedores, ya sean titulares registrales del dominio y/o algún derecho real sobre el inmueble, en tanto se encuentren actuando de buena fe, debe procederse por el INDER a proponerles una alternativa para su reubicación en terrenos que habrían de resultar equivalentes en lo posible, con los así afectados por estos terceros en las reservas indígenas. Los terrenos para reubicar, deberán de serlo sin duda de entre los que se encuentren en disposición del Instituto de Desarrollo Rural, tanto para sus fines ordinarios de ley, como para estos particulares propósitos, al amparo de la Ley Indígena, dado que la disposición de terrenos a ser destinados a los propósitos de la protección de las comunidades indígenas es de vieja data residenciado en el entonces ITCO, previo incluso a la entrada en vigencia de la Ley Indígena como fue advertido supra. Ahora bien, la reubicación sólo procede de resultar voluntaria por el particular y de ser posible, de lo contrario, debe procederse con el trámite de expropiación, cuyo procedimiento, luego y eventual proceso judicial, habría de encontrarse a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo para ello mano de su propio presupuesto, salvo en lo que corresponde exclusivamente con el pago de las indemnizaciones cuando procedan, con cargo en los fondos que habría de administrar la CONAI. El INDER a esos efectos deberá efectuar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento con los actos preparatorios del procedimiento administrativo respectivo y de expropiación en sede judicial, incluyendo la identificación plena del inmueble de que se trate, su valoración y la declaratoria de interés público en su caso, sin perjuicio de la coadyuvancia que puedan suministrar otras entidades públicas y claro está, el propio Poder Ejecutivo, que en criterio de la mayoría de los integrantes de este Tribunal, nunca se ha entendido por el orden jurídico, desvinculado de estas tareas en aplicación directa del derecho internacional. Así, será exclusivamente para el pago de las indemnizaciones entonces, que deberán destinarse los fondos direccionados a la CONAI por parte del Poder Ejecutivo conforme el párrafo final de dicho numeral, de forma que encontrándose ellos en buena administración de la Comisión, deberá esta mantenerlos disponibles para cuando resulte oportuno proceder a la indemnización a favor de quien corresponda, de conformidad a requerimiento del INDER y cuando jurídicamente así proceda, todo, en un marco de coordinación adecuado y eficiente. De la forma dicha, es dable decir que el legislador instrumentalizó al denominado en aquel momento Instituto de Tierras y Colonización –podría suponerse que dada la plataforma con que contaba su organización- luego Instituto de Desarrollo Agrario, hoy, Instituto de Desarrollo Rural, en relación con el cual existen aún vigentes sus deberes legales de delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas conforme [sic] el Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, y de proveer de los terrenos que resulten necesarios para reubicar a los no indígenas cuando ello proceda -a lo que deberá proceder echando mano de aquellos terrenos que tenga en disposición-. En el supuesto de la expropiación, debe tenerse en cuenta el particular interés que ha de perseguir la declaratoria de interés público que corresponde a una actuación previa indispensable. El interés público en estos casos, ciertamente conforme el artículo 45 constitucional responde al despliegue de obligaciones estatales impuestas por el bloque de legalidad y en esa medida, en protección del interés público relacionado con la protección de la cultura indígena asociada al derecho de propiedad, pero también atiende y al tiempo, a un interés comunitario o colectivo de corte privativo, en tanto perseguirá la integridad del derecho de propiedad, exclusivo y excluyente, residenciado en las comunidades indígenas a través de sus organizaciones representativas, por lo que no se trata de un interés institucional, como sí medio para la preservación del derecho de propiedad de grupos particulares y vulnerables de la población que se han tradicionalmente encontrado en riesgo y constantes violaciones a su derecho de propiedad, tal y como el mismo legislador y el Poder Ejecutivo lo han reconocido expresamente. En cuanto a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, corresponde a esta organización pública como se dijo, la realización de los censos poblacionales dentro de las reservas indígenas, claro está, una vez que se encuentren claramente delimitadas por el INDER, sin perjuicio de la forma en que haya de proceder cuando no quepa duda de las áreas de la reserva de que se trate. En este sentido, para este Tribunal por mayoría, la administración de los fondos con que debió de ser dotada la CONAI por parte del Poder Ejecutivo en ajuste con el artículo 5 de la Ley Indígena y la puesta a disposición de éstos, exclusivamente para los efectos de pagar las indemnizaciones cuyo trámite se encuentran a cargo del INDER, habría de servir como presupuesto para financiar las mismas. Lo anterior hace suponer que habrá de privar formal requerimiento por parte del INDER a la CONAI a esos propósitos cuando proceda, y hasta que el dinero designado a ese efecto por el legislador con cargo en el Poder Ejecutivo subsista. De no resultar suficiente, el faltante debería de ser provisto por el Poder Ejecutivo siguiendo la misma fórmula legislativa dispuesta y en la medida necesaria. La posibilidad de que no resulte suficiente el presupuesto previsto originariamente, no impone otra cosa que decir, que no enerva esa circunstancia la obligación originaria únicamente endosable al poder central, de dotar de los recursos que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Indígena y el derecho internacional. En el momento en que no existan no indígenas que indemnizar en las reservas, queda claro para este Tribunal que la norma comprendida en el numeral -norma de corte programático- de cita habrá de perder vigencia en función de haberse ya cumplido el fin que persigue la misma en ese tanto. En ese estado de las cosas eventual, debería de poderse afirmar que se habría de haber materializado de forma efectiva el ejercicio del derecho exclusivo y excluyente de propiedad del que son sus titulares las comunidades indígenas, sin perjuicio de la vigilancia futura en torno a su integridad. De esta manera, se hace suponer que para el cumplimiento de estos específicos fines, que tanto el Estado como la CONAI y el INDER deben de ejercer tareas intensas y sistemáticas de coordinación, en el ejercicio de obligaciones y competencias que no son ni exclusivas ni excluyentes, antes bien, conjuntas y coordinadas e interdependientes, no pudiéndose desatender por ninguna de estas autoridades, el rol activo e impuesto por el ordenamiento jurídico que deben desempeñar, desde la delimitación, legal, registral y material de las reservas, la realización de censos poblacionales y ubicación de no indígenas poseedores o titulares de algún derecho sobre los inmuebles de interés, debiendo en cada caso concreto determinar si ese derecho o posesión lo es de buena fe, para proceder cuando corresponda a la mera indemnización y/o en su caso a la indemnización previo trámite de la expropiación correspondiente y su posterior expulsión o desalojo del inmueble, así como la puesta en posesión efectiva del terreno en su titular. Se hace notar que cualquiera de las administraciones involucradas, de no cumplir con su rol o deber legal, impide o al menos afectaría sustancialmente al resto.-”.

Esta integración comparte en un todo lo transcrito previamente, que permite entender la evolución de la protección que se ha dado a los territorios ocupados por las poblaciones indígenas en Costa Rica. A partir de lo anteriormente desarrollado, resulta esencial en este asunto determinar si la actora se encuentra en los supuestos contemplados en el artículo 5 de la Ley Indígena, pues sólo a partir de la acreditación de esos elementos es posible acoger la pretensión indemnizatoria de la señora Cantillano. Sobre los requisitos establecidos en el artículo 5 ya referido, y junto a lo ya transcrito, la resolución de la sección Sexta número 00105-2020-VI, de las 14:15 horas del 28 de agosto del 2020 estableció:

“VI.- DE LOS PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE DERECHOS DE TIERRAS UBICADAS EN RESERVAS INDÍGENAS.- Para el análisis de la cuestión, debemos atender a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional, respecto de los presupuesto para las indemnizaciones de derechos de personas no indígenas, que se ubican en reservas indígenas, conforme a las delimitaciones dadas a tal efecto, ya sea mediante ley o en decretos del Poder Ejecutivo. Este ha sido un tema ya abordado de manera consistente y reiterada por este Tribunal en diversas ocasiones, así por ejemplo, la número 74-2013-VII, de las diez horas treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil trece, de la Sección Sétima, 38-2016-VI, de las diez veinticinco minutos del ocho de marzo y 66-2016-VI, de las quince horas del veintiuno de abril, las dos últimas dictadas en el año dos mil dieciséis; 15-2019-VI, de las ocho horas treinta minutos del trece de febrero del dos mil diecinueve y 86-2020-VI, de las quince horas cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil veinte, los últimos de la Sección Sexta y la número 23-2019-IV, de las once horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, de la Sección Cuarta, todos del Tribunal Contencioso Administrativo. De los anteriores precedentes es posible inferir lo siguiente: lineamientos que orientan la decisión en este asunto.

Primero: Tratándose de las reservas indígenas establecidas y reconocidas en nuestro país, es necesario reiterar que se trata de terrenos que son destinados para uso exclusivo de los pueblos indígenas y en tal virtud, están abstraídos del comercio de los hombres, es decir son inalienables y además son imprescriptibles, y "no transferibles", dado que por mandato legal están destinados "... exclusivamente para las comunidades indígenas que las habitan", y se aclara que "(L)os no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas"; conforme al numeral 3 de la Ley Indígena, número 6172, del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete. Consecuentemente, se trata de un régimen especial de propiedad, en tanto difiere del concepto de propiedad privada previsto en el ordenamiento jurídico nacional conforme a la previsión del numeral 45 de la Carta Fundamental y en la legislación ordinaria -sea la de orden civil, urbana y agraria-; y que por las limitaciones que implica para los no indígenas, se traduce en limitaciones a los atributos ordinarios del derecho de propiedad (privada), en los términos previstos en el artículo 264 del Código Civil, dado que es un régimen diverso, según se ha indicado, y que excluye a las personas no indígenas.

Segundo: Ahora bien, en la forma ya indicada por este Tribunal, la procedencia de la indemnización está condicionada a la concurrencia de varias elementos, conforme lo dispone la normativa que rige esta materia. En este sentido, en lo que interesa a este asunto, en las sentencias números 15-2019-VI, de las ocho horas treinta minutos del tres de febrero, número 23-2019-VI, de las once horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo, ambos del dos mil veinte y 86-2020-VI, de las quince horas cincuenta horas del treinta de julio del dos mil veinte, se ha expuesto lo siguiente en lo que es de interés:

"a) Elemento material: El primer presupuesto que resulta de lógica preponderancia en este tipo de casos, es que el terreno cuya expropiación e indemnización se peticiona, se encuentre territorialmente, dentro del área de una Reserva Indígena. Esto exige un análisis casuístico a fin de determinar esa correspondencia geográfica. La acreditación de este aspecto puede realizarse de diversas formas, pues bien puede sustentarse en una constancia expedida por las autoridades administrativas correspondientes, así como mediante prueba técnica, entre otras, análisis periciales de topografía, levantamientos topográficos satelitales, documentos del Instituto Geográfico Nacional, entre otros. Lo determinante en cuanto a este aspecto, es definir esa pertenencia del terreno a un área de reserva indígena, deducción que no puede limitarse a un tipo de probanza en particular. b) Elemento subjetivo: Por un lado, el expropiado debe ser un no indígena que sea titular del derecho de dominio o de la posesión de un fundo que se encuentra dentro de los límites de la Reserva Indígena, en este último caso, siempre que la posesión haya sido ejercitada de buena fe en los términos del Código Civil. Lo anterior implica que en los casos en que esa posesión lo haya sido de mala fe, no existe derecho alguno a la indemnización, aspecto que en cada caso ha de ser analizado conforme a los elementos de prueba aportados al expediente. En este punto, puede citarse el caso de la adquisición de terrenos de parte de un indígena, caso en el cual, ese aspecto haría presumir el conocimiento de que las tierras formaban parte de la propiedad comunitaria que aplica en esta materia. Desde este plano, en caso de no ser poseedores de buena fe, las autoridades administrativas deberán proceder de inmediato al desalojo del inmueble sin derecho indemnizatorio alguno a reconocer. c) Elemento Temporal: De igual manera, la norma hace inferir una regla de temporalidad que condiciona el otorgamiento de la indemnización correspondiente, en el sentido de que la titularidad registral del terreno o el ejercicio posesorio, ha de haber iniciado de previo a que el área en que se encuentra ubicada la finca en concreto, fuese incluida dentro de la zona de Reserva Indígena. Así, la fecha de inscripción del bien o correspondiente adquisición (siempre que la enajenación fuese de quien no era indígena) o el inicio de actos posesorios, ha de haberse producido antes de que la zona respectiva fuese declarada como reserva indígena. Luego de esa declaratoria que se realiza mediante la Ley No. 6172, o bien, de la ampliación de límites de la reserva respectiva (cuando el terreno en debate no formara parte del área original de esas reservas), al tenor de la restricción impuesta por el canon 3 señalado ut supra, esos actos de traslado de dominio o de derechos de posesión serán absolutamente nulos, y por ende, inoponibles al trámite de indemnización comentado, por cuanto tendrían como objeto un bien sobre el cual ya ha recaído una limitación legalmente impuesta y que por ende, no forma parte del comercio. Así se desprende del canon 3 de marras en cuanto indica: "... Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. (...)". Esa norma posibilita el comercio de bienes solo entre indígenas, sancionando la nulidad de contratos suscritos entre indígenas y no indígenas, así como la adquisición de parte de no indígenas de terrenos que hayan sido declarados parte de alguna reserva. Ergo, constituida la reserva y delimitada su área, no será posible la titulación de terrenos, o traspasos de dominio sobre bienes que formen parte de esa cobertura. Para ello, el referente no es otro que la norma legal o el Decreto Ejecutivo en el que se definen los límites de cada reserva, o bien, la norma que amplié los parámetros territoriales previamente establecidos. Es decir, para esos efectos, es necesario considerar el acto formal que afecta las heredades del no indígena, mediante una declaración de voluntad administrativa que define esa porción de terreno como parte de la zona indígena. Cabe reiterar que, con independencia de la fecha de adquisición, el mismo ordinal 3 establece la nulidad ipso iure (de pleno derecho) de los traspasos de un indígena a favor de un no indígena, caso en el cual, es evidente que, por la invalidez del título traslativo de dominio, no procedería la indemnización de comentario. De igual modo, este elemento guarda incidencia a su vez en el análisis del componente de la buena fe, pues una vez realizada la declaratoria de afectación, y constando tal circunstancia en el margen registral del terreno, los actos de adquisición de dominio o de posesión no serán tenidos como de buena fe, por ende, no cabrá reparación monetaria. …” (Resaltado es del original.)

Tercero: Así pues, el mismo ordenamiento nacional estableció mecanismos o instrumentos en favor de los propietarios o poseedores "de buena fe" de inmuebles incorporados en reservas indígenas, conforme a la delimitación limítrofe que la ley o el Poder Ejecutivo haga de cada reserva indígena. Así, en primer lugar, la reubicación, "en otras tierras similares" y si ello no fuere posible o no hubiere consentimiento de parte del afectado, con la expropiación e indemnización, a través de los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley de Expropiaciones. Por este motivo, interesa definir lo que se entiende por propietario o poseedor de buena fe, ya que del cumplimiento de este presupuesto, se infiere que da lugar a la indemnización correspondiente, en resguardo del derecho de propiedad, conforme al numeral 45 de la Constitución Política. Así, no basta la propiedad registral o la posesión del inmueble para que se genere esta obligación a cargo de la Administración. En este sentido, resultan de referencia (parámetro) los principios comprendidos en los numerales 17 a 22 del Código Civil en relación al 10 y 131.3 de la Ley General de la Administración Pública, al tenor de los cuales, resulta absolutamente prohibido el pretender efectos jurídicos no permitidos o prohibidos por el ordenamiento jurídico, como lo sería el procurar un ejercicio antisocial o un abuso del derecho en relación a particulares y desviación de poder en el caso de la Administración Pública, siendo que en el ámbito del Derecho Administrativo y con ello de las relaciones jurídico-administrativas, la norma "... deberá ser interpretada [y aplicada] en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular", según reza el citado canon 10 de la Ley General de la Administración Pública. En esta materia, y al amparo de la normativa que la rige, sólo los derechos (de propiedad o de posesión) adquiridos por personas no indígenas previo a aquella delimitación -y con ello, de la afectación de tales terrenos al régimen jurídico de propiedad indígena- es que se puede calificar como de buena fe, y con ello, da lugar a la correspondiente indemnización del derecho de propiedad privada y de los daños y perjuicios ocasionados con aquella afectación. Al contrario, bien puede concluirse que todo acto de traspaso o disposición de bienes comprendidos en reservas indígenas, realizado con posterioridad a la determinación de las tierras que conforman en la respectiva reserva indígena -según delimitación realizada ya sea por la Asamblea Legislativa a través de la ley o por el Poder Ejecutivo, mediante decreto dictado al efecto-, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley -artículo 5 de la Ley Indígena-, en nulo, por tratarse de inmuebles que están fuera del comercio de los hombres. En este sentido es necesario precisar que un efecto directo de esta afectación en la disposición de los territorios declarados reservas indígenas, es que las personas no indígenas, no podrán alquilar, arrendar, comprar o adquirir terrenos o fincas ubicadas dentro de las reservas indígenas y si se realizan actos de disposición (compra, venta, o de cualquier tipo), después de una declaratoria de un territorio como reserva indígena, serán actuaciones absolutamente nulas, como lo dispone de manera expresa el numeral 3 de la Ley Indígena […]

En este sentido, debemos recordar que los decretos de creación de reservas indígenas, al igual que el resto de las disposiciones normativas, son publicados en el Diario Oficial La Gaceta, bastando con esta publicitación para su puesta en conocimiento de la ciudadanía y población de la Nación. En principio, en atención al principio de inmatriculación de los bienes de dominio público, esta afectación no requeriría ulterior indicación en el Registro Público de la Propiedad; no obstante, siendo que es un régimen especial de propiedad -ya se indicó, diversa al régimen de propiedad privada, al tener una connotación jurídica especial, de carácter comunitario de los pueblos indígenas, y que permite la transmisión entre indígenas-, se entiende que esta afectación al menos debe estar determinada y consignada en algún documento público, como lo son los respectivos decretos de afectación y derivado de esto, especificado al menos en algún estudio o plano. Por eso, cualquier traspaso u ocupación que se haga luego de demarcada el área de la reserva indígena, deberá ser considerado de mala fe, supuesto en el cual se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), y consecuentemente, no podría procederse a indemnización alguna”.

Esta transcripción resulta relevante porque permite sistematizar la necesidad de acreditar tres elementos para proceder con la indemnización solicitada, un elemento material, uno subjetivo y uno temporal, que analizaremos a continuación. 

      En cuanto al elemento material, sea, que el terreno cuya expropiación e indemnización se peticiona, se encuentre territorialmente dentro del área de una reserva indígena, se tiene que, en el presente asunto, desde la propia demanda la parte actora reconoció que la integralidad de su terreno se encuentra dentro del territorio de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles), situación que se corrobora con el documento fechado 2 de junio de 2008, del Director Ejecutivo de Conai y dirigido a la Municipalidad de Talamanca (hecho probado número 4) y con el oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER, en el que se señaló: "En atención al oficio AJ-L-284-2018; relacionado con el expediente judicial N.º 15-007359-1027-CA, el que se relaciona con la finca 90980, del partido de Limón, me permito informar lo siguiente: / Desconozco el momento en que se creó el predio en el terreno, con la forma y dimensiones, con que finalmente fue inscrito. / El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977. / El estudio de registro indica que la finca 90980 proviene de la finca 39050, sin embargo en el lugar donde se localiza esta, existe otra finca a nombre del Inder, que es la 1050. / Se adjunta croquis con la ubicación del plano y de cada uno de los decretos del Territorio Indígena" (hecho probado número 8). En virtud de lo anterior, esta integración no tiene ningún obstáculo en tener por acreditado este primer elemento. La situación deviene más complicada para el elemento subjetivo y el temporal. Como se deriva de lo trascrito, el elemento subjetivo contiene dos requisitos constitutivos, por un lado, la persona debe ser no indígena y por el otro lado, que sea titular del derecho de dominio o de la posesión de un fundo, siempre que la posesión haya sido ejercitada de buena fe en los términos del Código Civil. El elemento temporal, por su parte, exige que la titularidad registral del terreno o el ejercicio posesorio, haya iniciado de previo a que el área en que se encuentra ubicada la finca en concreto, fuese incluida dentro de la zona de Reserva Indígena. Decimos que la acreditación de estos elementos se complica, porque la parte actora basa su titularidad, entre otras cosas, en la adjudicación que tanto a su favor como el de su difunto esposo hiciera el entonces IDA, hoy día Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, en su sesión número 074-99 celebrada el 13 de octubre del 1999, artículo número XIV, del terreno identificado como parcela número 7-A-107 (hecho probado número 1), así como su posterior trámite registral mediante escritura pública número treinta, otorgada ante el notario Federico Villalobos Chacón a las 10:00 horas del 29 de octubre del 1999 (hecho probado número 2), que llevó a su inscripción con fecha 16 de marzo de 2000 a favor de la actora del derecho 002 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, correspondiente a un medio de la finca que se disputa en este asunto (hecho probado 3). Precisamente, estas actuaciones originarias por parte del ahora Inder, acordando las adjudicaciones, del notario encargado de materializar los traspasos y del Registro Nacional generando la finca en cuestión, se encuentran cuestionadas a través del proceso de lesividad acumulado a la presente causa, al considerar el Inder que nunca debió adjudicar a los actores dicha parcela, en el tanto esta forma parte de la reserva desde la delimitación establecida mediante el Decreto Ejecutivo número 7267 del 9 de agosto de 1977. Ante esta situación, es la consideración de esta Cámara que para poder determinar si hay buena fe en la posesión y titularidad de la actora y si el terreno estaba o no incluido en la Reserva al momento de ser adquirido, es necesario esclarecer primero si las actuaciones originarias del Inder se encuentran apegadas a derecho, para lo cual debe procederse a analizar la acción de lesividad interpuesta por el Inder. Así las cosas, y a fin de tener claro el hilo conductor de esta resolución, a continuación se tocarán las generalidades del proceso de lesividad, para después analizar el cumplimiento de requisitos para el caso concreto, así como las objeciones presentadas por la parte actora en cuanto al procedimiento efectuado y la convalidación del título por el paso del tiempo. Resueltas esas cuestiones, se retomará el análisis de los elementos subjetivo y temporal, con el fin de determinar si procede o no indemnizar a la actora Cantillano Obando.
 GENERALIDADES DEL PROCESO DE LESIVIDAD.- Como punto de partida es menester resaltar, que en términos generales, el proceso de lesividad es un mecanismo jurisdiccional, por medio del cual el legislador ordinario autorizó a las Administraciones Públicas, a deducir pretensiones anulatorias respecto de actos declaratorios de derechos subjetivos dictados por ellas. En estos tipos de procesos judiciales, se analiza la validez de una conducta formal concreta, que ha generado derechos subjetivos a favor de un administrado -persona física o jurídica-. Justamente por ello, es que se hace necesaria la obligada participación del destinatario del acto cuya nulidad se pretende, a efectos de garantizar no solamente el contradictorio, sino el ejercicio oportuno de su derecho de defensa. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, es la norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura; sin embargo, dicho precepto normativo debe concordarse con los numerales 173.6 y 183, ambos de la Ley General de la Administración Pública -LGAP-, a efecto de tener un panorama completo sobre la temática que se aborda. De la combinación armónica de dichas normas, se concluye que en este tipo de procesos la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto atacado, en tanto que el legitimado pasivo es el administrado destinatario de los efectos de esa conducta formal. Ello es así, por cuanto como se indicó líneas atrás, la lesividad se constituye en un instrumento de supresión jurídica de actos administrativos concretos creadores de derechos subjetivos, en el tanto los mismos sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico -actos viciados de nulidad absoluta o relativa- (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP). Así entonces, el proceso de lesividad es una garantía más para el administrado, en el que en aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración no puede por sí misma eliminar los efectos de un acto declaratorio de derechos subjetivos, sino que es a través de este proceso y por parte de un órgano jurisdiccional, que pueden suprimirse tales actos generadores de derechos, independiente de la Administración autora del acto que se pide anular por lesivo al interés público. Ahora bien, es importante recordar que además de lo ya señalado, resulta esencial que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública respectiva -emisora de la conducta formal que se ataca- declare la lesividad del acto, cuando se hayan visto afectados intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Además, conforme a nuestro bloque de legalidad, cuando el acto emane de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA). En lo que respecta al tiempo con que se cuenta, tanto para declarar lesivo el acto como para interponer el proceso judicial de comentario, el CPCA, establece el plazo de un año computado a partir del día siguiente al de la emisión del acto, para declararlo lesivo en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que la referida conducta formal tenga vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34.1 del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren los efectos del acto. En tal caso, por mandato de dicha norma, el año se computa desde el cese de sus efectos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta impugnada. Luego de la declaratoria de lesividad, el CPCA otorga el plazo de un año a la Administración Pública respectiva -computado a partir del día siguiente a la firmeza de tal declaratoria- para incoar el proceso contencioso administrativo de lesividad -artículo 39 del CPCA-. En síntesis, conforme lo señalado, para la instauración de un proceso de lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede administrativa por el superior jerárquico supremo de la Administración emisora del mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de dominio público que no está sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPCA; v) que el proceso contencioso de lesividad se incoe por la Administración Pública emisora del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e) del CPCA -con la salvedad dicha en cuanto a los bienes de dominio público- y/o que el acto contenga vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo. Justamente el cumplimiento de tales presupuestos en torno a la lesividad, serán analizados más adelante por el Tribunal para verificar si resulta o no procedente el requerimiento de nulidad realizado.
LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO.- Del análisis exhaustivo de los autos y de las probanzas aportadas por las partes que constan anexadas en el expediente judicial, concluye este Tribunal que el artículo XIV de la sesión 074-99, celebrada por el otrora IDA el 13 de octubre del 1999, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Limón, Folio Real número 90980, derechos 001 y 002; otorgada en su momento a favor del señor Eugene Rose Calphen, titular de la cédula de identidad número 8-0048-0333 y la señora actora Cantillano Obando, cédula número 7-0122-0048, con el correspondiente plano catastrado número L-0505554-1998 y mediante el cual se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela número 7-A-107 del proyecto BIRF, necesariamente debe anularse, por haberse dictado a contrapelo del ordenamiento jurídico. Lo anterior implicará además, la anulación parcial de la escritura pública mediante la cual se autorizó la segregación y traspaso del inmueble, en lo que concierne al señor Eugene Rose Calphen y la señora Felicia Cantillano Obando, así como la inscripción registral del inmueble a su nombre y sus posteriores traspasos, según se indicará más adelante, toda vez que la adjudicación inicial realizada en favor de la actora y quien en vida fue su marido, no cumplió con los requisitos normativos establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico. Ante ello, una vez realizado el examen de los presupuestos indispensables que resultan de rigor en este tipo de procesos, tal y como se destacó en el considerando previo, determina esta Cámara que la declaratoria de lesividad realizada por la Administración demandante cumple con los requisitos señalados, lo cual se explica de seguido: i) Según se ha referenciado, existe un acto administrativo concreto, firme y declarativo de derechos, en favor de la persona llamada a estrados judiciales, sea la señora Felicia Cantillano Obando, así como a favor de quien en vida fuera su esposo, Eugene Rose Calphen (derecho que posteriormente le fue trasladado a la señora Cantillano), tomado por la Junta Directiva del IDA en su artículo XIV de la sesión 074-99, del 13 de octubre de 1999, que dispuso segregar y traspasar varias parcelas del Proyecto BIRF, entre ellas, la número 7-A-107, que a la postre generó la titulación de la finca del Partido de Limón, Folio Real número 90980, derechos 001 y 002, descrita en el plano catastrado número L-0505554-1998, con una medida de 11 Ha y 4782 m2. Evidentemente entonces, el primer presupuesto para la lesividad está presente, sea el acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos en favor de los adjudicatarios de la parcela señalada. ii) El acuerdo referido supra, es justamente la conducta administrativa formal que se pretende anular mediante este proceso, por estimar el INDER que contiene vicios de nulidad absoluta por el incumplimiento de requisitos necesarios para su adopción. Al respecto estima este Tribunal, que tal y como lo argumentó la entidad accionante, el acuerdo adoptado en su momento por la Junta Directiva del entonces IDA, transgredió el ordenamiento jurídico y por ende contiene vicios de nulidad absoluta perpetuados en el tiempo que es menester revertir. Primeramente hay que destacar, que pese a que la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, número 7599 del 29 de abril de 1996 fue declarada inconstitucional mediante voto número 8560-2001 de las 15:37 horas del 28 de agosto del 2001, estaba vigente a la hora de que el otrora IDA, realizara la adjudicación de la parcela identificada con el número 7-A-107, y por ende, fue la que sirvió de base para dicho acto administrativo. Sin embargo, con base en la prueba aportada por el Inder y reseñada en el hecho probado 4, pero especialmente en el hecho probado 8 (oficio número IRT-0836-2018, del 4 de octubre de 2018, del Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras del INDER), debe tenerse por acreditado en el presente asunto que “El predio según la ubicación del plano que lo representa, se encuentra afectado por territorio Indígena Kekoldi, en el sector con decreto número 7267 de fecha 9 de agosto de 1977”. Es decir, que para el momento en el que el IDA procedió a acordar el traspaso de la parcela número 7-A-107 a favor de la actora y su difunto marido, ya esos bienes integraban la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles), dotados de la protección de inalienalibidad contenida en los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, protección que tiene como consecuencia la anulación de cualquier negocio que pretenda disponer de dichos bienes, aunque el mismo provenga de una autoridad pública como el Inder. Según ha indicado este Tribunal en la resolución 0074-2013 ya transcrita, “En el caso de que el título haya sido otorgado en el ejercicio de alguna potestad administrativa (titulación por parte de una autoridad pública entre otros), habría ello de importar la acción por la vía de la lesividad si es del caso, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o la acción directa ejercida por parte del titular del derecho afectado”. El Inder ha determinado, dentro de sus competencias, que la integralidad de la propiedad de la actora es parte de la Reserva desde 1977. Contra esta prueba aportada, la parte no ha presentado elementos de convicción que hagan dudar o que abiertamente se contrapongan a lo indicado por el Inder. De los hechos de la demanda se desprende, tal y como acusaron los demandados originales, una serie de inconsistencias en la historia de la parte actora, pues registralmente se tiene que el derecho 001 sobre la finca de marras fue inscrito a su nombre hasta el 6 de marzo de 2012 (hecho probado 7), mientras que el derecho 002 fue inscrito registralmente a su nombre el 16 de marzo de 2000 (hecho probado 3). No consta en el expediente prueba alguna de la posesión que se alega desde 1982, ni de los actos de uso y disfrute de la propiedad, ni de posesiones originarias, previas a 1977, trasladadas a favor de la parte actora o su marido. Tampoco hay pruebas de que, como alega la parte, la finca haya ingresado a la Reserva Indígena con su penúltima modificación en 1996. La prueba aportada por el Inder, por otro lado, establece con suficiente credibilidad que la parcela número 7-A-107, que corresponde a la finca número 90980, derechos 001 y 002, forma parte de la Reserva Indígena Kekoldi desde 1977, lo que torna en ilícito el contenido del acto administrativo de traspaso del bien a favor de la actora y su difunto marido, motivo por el cual la adjudicación basada en la misma deviene en nula. En suma de lo anterior, y atendiendo a las argumentaciones del representante de la actora, es importante resaltar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 8560-2001 del 28 de agosto del año 2001, anuló en su totalidad la Ley N° 7599 dimensionando los efectos de la sentencia “en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada no afecta a las personas que  hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley que se declara ahora inconstitucional siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos de esa declaratoria”. Efecto de lo anterior, tampoco se cumplió con el plazo de convalidación de tres años a partir de la fecha del acto de adjudicación en favor de la parte actora, ocurrido el 13 de octubre del 1999, pues para la fecha en que se anuló la referida Ley N° 7599, sea el 28 de agosto del 2001, no había transcurrido dicho plazo, tal y como alega la representación  de la señora Cantillano, por lo que estos argumentos deben rechazarse por improcedentes. iii) Tiene acreditado además este Tribunal, conforme se reseñara en su momento, la declaratoria de lesividad que ha realizado el superior jerárquico supremo del INDER, con base en el artículo 34.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo y numeral 176 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, constando en autos que mediante acuerdo tomado por su Junta Directiva en el artículo número XXXVI de la Sesión Ordinaria 31, del 8 de octubre de 2018 se dispuso lo siguiente: "Se presenta para conocimiento y consideración de las y los señores Directores el oficio AJ-425-2018, suscrito por el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos y la Máster Patricia Calderón Rodríguez, Directora Asuntos Jurídicos, referente Solicitud Urgente de Proceso Lesividad Lote 7-A-107, Proyecto de Titulación "BIRF" en atención al proceso Contencioso Administrativo, que se tramita bajo el número de expediente 15-007359-1027-CA. Se adjunta además el oficio AJ-L-288-2018, en atención al Acuerdo tomado por Junta Directiva en su Artículo 48, Sesión Ordinaria 30, celebrada el 1 de octubre de 2018, en donde según ampliación de criterio solicitado, se adjunta también el oficio IRT-0836-2018, suscrito por el Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe Información y Registro de Tierras, por medio del cual se establece la ubicación de la finca 90980, objeto de la propuesta de lesividad. / Ingresa a la Sala de Sesiones el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos; a fin de brindar una explicación al proceso Contencioso Administrativo, que se tramita bajo el número de expediente 15-007359-1027-CA". Ante ello, se decidió: "Acoger la recomendación contenida en los oficios AJ-L-288-2018 Y AJ-425-2018, suscritos por el Lic. Francisco Villegas Ramírez, Abogado Asuntos Jurídicos y la Máster Patricia Calderón Rodríguez, Directora Asuntos Jurídicos y con fundamento en ella; se acuerda: / 1) Se declara lesivo a los intereses públicos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), mediante el Artículo XIV de la Sesión No 074-99, celebrada el 13 de octubre de 1999, en el cual se aprueba la segregación y traspaso de 42 parcelas y lotes del Proyecto de Titulación "BIRF 2764 CR", únicamente en lo referente a la parcela 7-A-107, otorgada a favor de Eugene Rose Calphen, cédula de residencia 8-048-333 (hoy fallecido) y Felicia María Cantillano Obando, cédula de identidad 7-122-060; por haberse titulado la misma de forma indebida al formar parte de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), cuya propiedad es en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley Indígena, imprescriptible e inalienable y debe ser inscrita a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de la respectiva reserva. / 2) Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos con el fin de que se interponga ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el proceso de lesividad correspondiente". Como vemos de manera diáfana, consta la plena intención de la Junta Directiva del INDER, de revertir la adjudicación realizada a contrapelo de la ley, y por ende, el interés de anular el acuerdo adoptado inicialmente, por medio de la declaratoria de lesividad que en este proceso se conoce. Al respecto ha de recordarse que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que "esa declaratoria, en sede administrativa, es el precedente obligado del proceso de lesividad, mediante el cual, la Administración busca la nulidad de un acto propio firme, de manera que sin ella es imposible atacarlo en sede jurisdiccional, pues se atentaría contra los principios elementales de raigambre constitucional como son el respeto a los derechos adquiridos y la teoría de los actos propios, así como los de seguridad y certeza jurídica. Por ende, esa declaratoria predetermina y condiciona los alcances de la demanda" (ver al respecto el voto N° 415-2003 de las 8:30 horas del 18 de julio del 2003 y el voto Nº 232-F-2005 de las 9:50 horas del 14 de abril del 2005). iv) Ahora bien, en cuanto al plazo normado para incoar el proceso de lesividad, hay que recordar que por regla general es de un año -según los supuestos establecidos en el inciso 1 del artículo 34 del CPCA-; empero, en el caso de estudio, el sustento jurídico aplicable es el del artículo 34.2 del CPCA, que justamente dispone la imprescriptibilidad tratándose de la tutela de bienes de dominio público, cuyas características de inalienabilidad e imprescriptibilidad comparten los terrenos integrantes de las Reservas Indígenas. A modo de aclaración, se indica que este Tribunal no está diciendo ni por asomo que los territorios indígenas constituyan bienes demaniales. Únicamente se ha referenciado que el sistema de propiedad colectiva indígena comparte con los bienes demaniales las características de inalienable e imprescriptible, lo que permite extender a este caso las regulaciones del artículo 34.2 del CPCA. Por ello, en el presente caso, no existe sujeción a plazo alguno para la declaratoria de lesividad del acto adoptado ilegítimamente (lo que tácitamente aceptó la parte al retirar sus defensas de caducidad y prescripción), ni mucho menos para declarar su nulidad, pues tratándose de terrenos inalienables, por ser parte de una Reserva Indígena, ningún plazo de prescripción ni de caducidad podría operar para su recuperación, ya que están sujetos a un régimen jurídico especial y afectados o destinados a un fin específico de protección de la población indígena, por lo que que están fuera del comercio de los hombres, de conformidad con los antecedentes jurisprudenciales ampliamente citados previamente. v) En el caso de examen, reafirmamos entonces que el proceso ha sido entablado en tiempo y forma, al haberse declarado de previo a la interposición de esta demanda, por parte del órgano superior jerárquico del Instituto de Desarrollo Rural, la lesividad del acuerdo que se pretende anular, el cual no está sujeto a plazo alguno, por tratarse de la recuperación de bienes que integraban una reserva indígena desde antes de la adjudicación, por lo que, según se ha reseñado en esta sentencia, resulta intransmisible. Acorde con lo expuesto precedentemente, tiene por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación de la parcela número 7-A-107, descrita en el plano catastrado número L-0505554-1998, con una medida de 11 Ha y 4782 m2, no se cumplimentaron los requisitos necesarios normados en el ordenamiento jurídico, lo que conduce a la admisión de la lesividad requerida y a la declaratoria de nulidad por parte de este órgano colegiado, del acto de traspaso de la finca supra mencionada, lo que incluye a la postre, por conexidad, la escritura que originó la inscripción de la parcela número 7-A-107 a favor de la señora Cantillano y su difunto marido y la que ordenó el traspaso a su favor del derecho de quien fuera su cónyuge (únicamente en cuanto a este extremo), así como las inscripciones derivadas de estas escrituras, debiendo retornar, por consecuencia registral ineludible, la parcela número 7-A-107 a formar parte de la finca madre, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo. La nulidad aquí declarada, obedece a que ha tenido por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación inicial y autorización de traspaso e inscripción realizada por el otrora IDA, se obvió el hecho mayor de que la parcela número 7-A-107 se encontraba en su integralidad dentro de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles) desde la descripción que se hiciera en el Decreto Ejecutivo 7267 del 9 de agosto de 1977, lo cual extraía del comercio esta parcela, tornando en imposible el contenido del acto de adjudicación. Por consiguiente, quedando demostrada la ilicitud del contenido del acto y por ende su nulidad absoluta, la lesividad solicitada por el INDER debe ser acogida. Por último, y sólo a mayor abundamiento, esta Cámara debe hacer pronunciamiento respecto de los argumentos del abogado de la señora Cantillano, en el sentido de que el procedimiento seguido por el Inder para declarar lesivo el acuerdo de adjudicación de la parcela número 7-A-107 es nulo por incumplir con las reglas del artículo 173 LGAP, argumento que claramente debe rechazarse por confundir la parte las dos vías más importantes con las que cuenta la Administración Pública para revisar sus propios actos. De conformidad con las reglas establecidas en el capítulo sexto del título sexto de la LGAP, como tesis de principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos suyos que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados (principio de intangibilidad de los actos propios). En términos generales, para dejar sin efecto un acto de esta naturaleza, la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad mediante el proceso de lesividad regulado en los artículos 10.5, 34 y 39.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como 183 LGAP, para lo cual es un requisito indispensable, como ya se indicó previamente, que exista una declaratoria de lesividad por parte del superior jerárquico supremo de la Administración autora de la conducta, tal y como se ha hecho en este caso. No estamos hablando de un procedimiento ordinario, sino únicamente de una declaratoria de lesividad, como requisito previo para acudir a sede judicial a discutir, frente al titular de los derechos otorgados por el acto que se pide anular, si la nulidad es procedente. Así, los derechos de defensa, audiencia y debido proceso que alega la señora Cantillano le fueron conculcados en sede administrativa, no se tutelan en esa instancia, sino ante el Tribunal Contencioso a través de este proceso, puesto que la declaratoria de nulidad, es decir, la decisión que cercenaría su esfera de derechos al eliminar del mundo jurídico el acuerdo mediante el cual se le adjudicó la parcela número 7-A-107, no se da con el acto que declara lesivo la adjudicación, sino con la sentencia dictada en sede judicial, después del contradictorio. Así, para declarar lesivo un acto la Administración no requiere seguir las reglas del art. 173 LGAP, pues este procedimiento regula un mecanismo excepcional de anulación de actos en sede Administrativa, sin acudir al auxilio judicial para la modificación de la situación jurídica del administrado. De conformidad con el procedimiento fijado en esa norma, la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que aquél presente una nulidad que además de absoluta, sea evidente y manifiesta. En este caso, y tratándose de una vía excepcional, la Administración sí debe seguir un procedimiento ordinario y garantizar en esa sede el debido proceso y el derecho de defensa a favor del titular del derecho que se intenta anular, requiriendo, ahí sí, el criterio favorable de la PGR. Pero no estamos frente a la revisión del ejercicio de esa facultad por parte del Inder. Véase que la Junta Directiva de la institución únicamente procedió a declarar lesivo el acto, no a anularlo en su propia sede, con lo que las nulidades alegadas por la representación de la señora Cantillano carecen de sustento, por la confusión de la parte en cuanto al procedimiento que ha sido utilizado, lo que lleva al rechazo de estos argumentos.
 En conclusión de lo anterior, deberá anularse el acuerdo número XIV tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, en la Sesión Ordinaria número 074-99, del 13 de octubre del 1999, así como la correspondiente escritura del traspaso de la parcela, número 30 del tomo 23 del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, otorgada a las 10 horas de 29 de octubre de 1999 y que dio origen a la inscripción de la finca del Partido de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, el derecho 001 primeramente a nombre de Eugene Rose Calphen, y hoy día registrado en favor de la señora Cantillano Obando y el derecho 002 siempre a favor de la señora Cantillano, con una medida de 11 Ha y 4782 m2, cuya anulación se dispone también en este acto. Por conexidad, deberán anularse también la escritura número 171, otorgada ante el Notario Público Rigoberto Jiménez Vega a las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, únicamente en cuanto adjudicó a la señora Cantillano el derecho 001 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, debiendo retornar, por consecuencia registral ineludible, la parcela número 7-A-107 a formar parte de la finca madre, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo. Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los derechos de la finca en cuestión, ordenados en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad indígena objeto de este asunto. Adicionalmente, por ser una consecuencia ineludible de lo dispuesto en esta resolución, se acoge la pretensión tercera de la demanda y en consecuencia se ordena a la señora Cantillano Obando o a cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble, el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente a la provincia de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998, así como la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), dentro del plazo de un mes, firme esta resolución.
         COROLARIO EN RELACIÓN A LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA.- Declarada la nulidad del acuerdo conforme al cual se adjudicó a la actora y a su difunto esposo la parcela cuya indemnización ahora se reclama y tal y como se indicó en los considerandos previos, es necesario retomar la discusión sobre si la actora cumple con los parámetros fijados por el artículo 5 de la Ley Indígena para ser indemnizada, como titular de buena fe de un derecho previo a la constitución de la reserva. Tal y como es claramente constatable, la declaratoria de nulidad del título que sustentaba la posición jurídica de la parte se trae abajo su presunción de buena fe a los efectos indemnizatorios. La existencia de gestiones o incluso de documentos de Conai o la Municipalidad de Talamanca autorizando determinados usos o supuestamente reconociendo una situación jurídica no pueden ser oponibles a esta declaratoria, en virtud del régimen de protección especial establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, con lo que ha de tenerse por no satisfecho el segundo de los elementos requeridos para ser indemnizado. De la mano con lo anterior, teniéndose por acreditado que la parcela número 7-A-107 forma parte de la Reserva Indígena Bribrí Kekoldi (Cócles) desde el Decreto Ejecutivo número 7267, de fecha 9 de agosto de 1977 y que la adjudicación de la parcela a favor de la actora y su difunto cónyuge se dio el 13 de octubre de 1999 (momento más antiguo del que existen pruebas de uso o posesión), es claro que para ese momento ya la parcela integraba en su totalidad la reserva, por lo que tampoco se cumple con el elemento temporal requerido. Así las cosas, y revisando las pretensiones de la demanda, debe rechazarse la que busca que se declare a su favor un derecho indemnizatorio por expropiación en el marco de la Ley Indígena, por lo que sobre este tema tampoco es posible imponer a la Conai y al Inder obligación alguna. En cuanto al pago de las sumas correspondientes a los contratos de Fonafifo, baste indicar que la parte no logró demostrar la existencia de los contratos o que estos se suscribieran sobre la parcela en cuestión. En todo caso, en virtud de la nulidad del acuerdo de adjudicación, tampoco correspondería a la actora el cobro de suma alguna por una parcela que se encuentra dentro del Territorio Indígena desde 1977. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios alegados, por la imposibilidad de utilizar la tierra y de disponer del bien, por la forma en la que se resuelve este asunto resulta absolutamente improcedente el reconocimiento de suma alguna por estos rubros, en tanto se ha acreditado que nunca debió de darse la adjudicación de la parcela a su favor y en consecuencia, nunca surgió ningún derecho de disposición del bien, por lo que el pago de lo reclamado constituiría un enriquecimiento sin causa. Siendo así, este reclamo también debe rechazarse, lo que lleva a declarar la demanda presentada dentro del expediente 15-007359-1027-CA, sin lugar en todos sus extremos.
      EXCEPCIONES.- Conforme se ha reseñado en esta sentencia, contra la acción de lesividad la señora Cantillano Obando opuso las defensas de falta de derecho, así como prescripción y caducidad. Estas dos últimas fueron retiradas en la audiencia preliminar. En cuanto a la falta de derecho, es claro, por la forma en que se resuelve, que el Inder ha cumplido con todos los presupuestos para la lesividad y que por consiguiente la declaratoria de nulidad, con sus consecuencias derivadas es procedente, por lo que se rechaza la defensa de falta de derecho. En cuanto a la demanda presentada por la señora Cantillano Obando, el Inder opuso falta de derecho, falta de legitimación pasiva e indebida integración de la litis con el Estado. La Conai por su parte interpuso falta de derecho, falta de legitimación pasiva y activa e indebida integración de la litis, solicitando la integración del Estado. La Aditik, pese a la declaratoria de rebeldía interpuso falta de derecho y falta de legitimación pasiva y activa. Respecto de la integración de litis, el tema fue zanjado en fase de trámite. En cuanto a la falta de legitimación pasiva de los tres demandados, la misma ha de rechazarse, toda vez que la parte reclama de cada uno de los demandados la provocación directa de daños sea por su hacer (Aditik) como por su no hacer (Conai e Inder), con lo que gozan de la legitimación pasiva suficiente y necesaria para ser parte procesal de esta litis. Respecto a la falta de legitimación activa opuesta por Conai y Aditik, se indica que la actora, hasta esta decisión, ostentaba un título con presunción de validez sobre la finca que reclama, con lo que su posición está suficientemente afianzada como para ser parte procesal de esta litis. Finalmente, en cuanto al derecho, por lo explicado en los considerandos que anteceden, ninguna de las pretensiones de la señora Cantillano Obando resulta de recibo y por ello se impone acoger la excepción aludida, rechazando su demanda en todos sus extremos.
      COSTAS.- Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Existiendo dos procesos acumulados en este asunto, corresponde disponer sobre cada uno de ellos por separado. En cuanto a la demanda de lesividad (exp. 18-009473-1027-CA), estimamos que existe causa válida para variar la premisa de condena, toda vez que la adjudicación e inscripción registral realizada en favor de la actora y su cónyuge, obedeció a una disposición realizada por la propia Administración Pública. Ergo, lo que consideramos procedente es resolver dicho asunto sin especial condenatoria en costas. En cuanto a la demanda del expediente 15-007359-1027-CA, estimamos que no existe causa válida para variar la premisa y por ende, se impone el pago de ambas costas a la parte actora, a liquidar en vía de ejecución, a favor de los tres codemandados.

POR TANTO

Se RECHAZA toda la prueba para mejor resolver presentada por la parte actora, los tres primeros elementos por innecesarios y la última por abiertamente improcedente. A) En cuanto a la demanda de lesividad (exp. 18-009473-1027-CA): Se rechaza la defensa de falta de derecho opuesta por la señora Cantillano Obando, por lo que se declara con lugar en todos sus extremos de demanda de lesividad interpuesta por el Inder contra Felicia Cantillano Obando. En consecuencia, se anula el acuerdo número XIV tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, en la Sesión Ordinaria número 074-99, del 13 de octubre del 1999, así como la correspondiente escritura del traspaso de la parcela, número 30 del tomo 23 del protocolo del Notario Federico Villalobos Chacón, otorgada a las 10 horas de 29 de octubre de 1999 y que dio origen a la inscripción de la finca del Partido de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, con una medida de 11 Ha y 4782 m2, cuya anulación se dispone también en este acto. Por conexidad, se anula también la escritura número 171, otorgada ante el Notario Público Rigoberto Jiménez Vega a las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, únicamente en cuanto adjudicó a la señora Cantillano el derecho 001 sobre la finca número 90980, ubicada en el distrito 2, Sixaola, del cantón 4 Talamanca, de la Provincia de Limón, con el plano L-0505554-1998, debiendo retornar, por consecuencia registral ineludible, la parcela número 7-A-107 a formar parte de la finca madre, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo. Hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, deberá mantenerse la medida cautelar de anotación de demanda sobre los derechos de la finca en cuestión, ordenados en auto de las 8:57 horas del 6 de diciembre de 2018, con el fin de darle la protección adecuada a la propiedad indígena objeto de este asunto. Adicionalmente, por ser una consecuencia ineludible de lo dispuesto en esta resolución, se ordena a la señora Cantillano Obando o a cualquier otra persona física o jurídica que se encuentre en el inmueble, el desalojo de la parcela 7-A-107, correspondiente a la provincia de Limón matrícula 90980, derechos 001 y 002, número de plano L-0505554-1998, así como la respectiva puesta en posesión de la misma a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles), dentro del plazo de un mes, firme esta resolución. Sin especial condena en costas. B) En cuanto a la demanda del proceso principal (exp. 15-007359-1027-CA): Se rechaza la defensa de falta de legitimación y se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por las representaciones del Inder, el Conai y la Aditik. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son las costas a cargo de la parte actora, a liquidar en vía de ejecución, a favor de los tres codemandados. José Martín Conejo Cantillo. Francisco Hidalgo Rueda. Gustavo Irías Obando. Jueces.-

 

 




- Código Verificador -
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LVO1MR6GHHO61



 

Documento firmado por:

JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A
GUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-007359-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 04:52:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VII. LEGAL REGIME FOR THE PROTECTION OF INDIGENOUS TERRITORIES.- This Tribunal has referred to this topic in general terms on multiple occasions. As indicated in the resolutions of Section Five, number 00029-2018-V, from 08:10 hours on April 4, 2018, and of Section Six, number 00105-2020-VI, from 14:15 hours on August 28, 2020, this development is condensed in the resolution of this Section (with different composition) number 00074-2013-VII, from 10:30 hours on October 29, 2013, which stated:

"Resulting in the necessary rigor for the analysis that must be carried out to resolve this matter, we proceed to address the legal regime for the protection of indigenous reserves (reservas indígenas), particularly with regard to Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), as well as the regulation defining the location of the indigenous reserve property of the plaintiffs.

1.-) On the regulatory evolution regarding indigenous territories. The first legislative antecedent on the matter—the Nation already into its Republican era—is located in the formerly valid Law on Uncultivated Lands (Ley Sobre Terrenos Baldíos) number 13 of January tenth, nineteen thirty-nine (1939), published in the Collection of Laws and Decrees of that year, in its first semester, volume two, page ten, which in its article 8 stated as follows and in pertinent part: "... a prudential zone is declared inalienable (inalienable) and the exclusive property of the indigenous people, at the discretion of the Executive Branch (Poder Ejecutivo) in places where tribes of these exist, in order to conserve our autochthonous race and to free them from future injustices". (The highlighting is not from the original). This first regulatory antecedent, as can be observed, from the outset recognized at that date the exclusive property right held by indigenous communities, but at that time, to the extent of territorial areas to be defined "at the discretion of the Executive Branch", given that these were the sites where these groups were situated. Since then, at least the inalienable character is observed that was given to this type of property residing in a minority but specific group of people, united by particular cultural ties, which was nothing other than a shield intended to protect their community property right—even if it was only once materialized by an act of the Executive Branch—and this, against possible attempts by both third parties and the indigenous groups themselves, to transfer ownership (dominio) of those assets and of course, establishing the impossibility of persons outside these groups of the national population to claim rights or ownership over them. A singular note then, is that from their beginnings these were assets found "outside the commerce of men". The rule, however, said nothing about the possibility that, prior to its entry into force and after subsequent acts were adopted, in application of it, defining the identity of those territorial areas by the Executive Branch, there existed third-party possessors or owners in good faith (poseedores o titulares de buena fe) over those same surface areas, so it would have to be assumed that the Executive Branch would not constitute reserves (reservas) on lands that were not exclusively possessed by indigenous people. Well, in exercise of the competence referred by the legislator to the Executive Branch as reported, it was not until some years after the entry into force of the related Law on Uncultivated Lands, that the first Executive Decree (Decreto Ejecutivo) on the matter was issued, namely, number 45 of December third, nineteen forty-five (1945). This decree, however, did not define any specific area as an indigenous territory for the purposes set by the law and despite the text of Article 8 of the Law on Uncultivated Lands, in its first article it set forth the following: "The uncultivated lands occupied by autochthonous indigenous tribes are declared inalienable and the exclusive property of these tribes; with the exception of the strips destined for the Inter-American Highway". (The highlighting is not from the original). In this way, although the Executive Branch replicated what the law already provided, it went beyond it by establishing that the zones in question were not to correspond with those designated for these purposes by the Executive Branch, "according to its discretion". Instead, it was established that the Executive Branch was to recognize as such all those areas of the nation's territory, insofar as they were occupied by indigenous communities. Stated in other words, it was the effective possession (posesión) exercised over those lands by the indigenous communities, the criterion from which, as a variable, the legal protection that the central power had to provide to these communities in guarantee of their property right must have been defined. With all this, the definition of which areas of the Nation's surface would belong to these groups of people relied on a generic and indeterminate formula at that date, since it involved the lands occupied by these groups, "insofar as uncultivated lands", which comprised a contradiction, if these were lands previously occupied by these communities and over which a pre-existing property existed, recognizable insofar as possessory acts were exercised by virtue of it. The same Decree also formed, according to its first article, what would be the first organization aimed at making efforts to materialize the previously cited legal mandate, in what was called the "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación", assigning it the task of delimiting those land areas, which for the first time were called "indigenous reserves" [...]

2.-) On the scope of Article 5 of the Indigenous Law. In what is of greater relevance for the purposes of this ruling, Article 5 of the Indigenous Law provided: "In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith (propietarias o poseedoras de buena fe) within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it must expropriate them and indemnify them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law (Ley de Expropiaciones). / The studies and procedures for expropriation and indemnification will be carried out by the ITCO in coordination with the CONAI. / If subsequently there is an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to their eviction (desalojo), without payment of any indemnification. / The expropriations and indemnifications will be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which will be deposited through four annual installments of twenty-five million colones each, the first beginning in the year 1979; said installments will be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981 and 1982. The fund will be administered by the CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República)". It is deemed necessary to make the following considerations in the majority opinion of this Tribunal. The law, in what concerns this article, seems to have recognized or at least is expressed in such a way that it assumes a fact held as true by the Legislator, namely, that at its entry into force there effectively existed non-indigenous persons possessing or holding title, in good or bad faith, over areas of the territories of the indigenous reserves, in relation to which, to comply with the commitments assumed by the State, particularly with the provisions of Article 11 of Convention No. 107 of the International Labour Organization (Organización Internacional del Trabajo), their eviction must have proceeded [...]

X. LESIVITY (LESIVIDAD) IN THE SPECIFIC CASE.- From the exhaustive analysis of the record and the evidence provided by the parties attached to the judicial file, this Tribunal concludes that Article XIV of session 074-99, held by the former IDA on October 13, 1999, regarding the titling of the farm Partido de Limón, Real Estate Folio (Folio Real) number 90980, rights 001 and 002; granted at the time in favor of Mr. Eugene Rose Calphen, bearer of identity card number 8-0048-0333 and the plaintiff Mrs. Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0048, with the corresponding cadastral plan (plano catastrado) number L-0505554-1998 and through which the adjudication, segregation (segregación) and transfer (traspaso) of parcel number 7-A-107 of the BIRF project was approved, must necessarily be annulled, for having been issued contrary to the legal system. The foregoing will also imply the partial annulment of the public deed (escritura pública) through which the segregation and transfer of the property was authorized, in what concerns Mr. Eugene Rose Calphen and Mrs. Felicia Cantillano Obando, as well as the registration inscription of the property in their name and its subsequent transfers, as will be indicated below, given that the initial adjudication made in favor of the plaintiff and her late husband did not comply with the regulatory requirements established for that purpose by the legal system. Given this, once the examination of the indispensable prerequisites that are rigorous in this type of process has been carried out, as highlighted in the preceding whereas clause (considerando), this Chamber determines that the declaration of lesivity made by the plaintiff Administration meets the indicated requirements, which is explained as follows: i) As has been referenced, there exists a specific, final administrative act (acto administrativo) declaratory of rights, in favor of the person called to judicial proceedings, namely Mrs. Felicia Cantillano Obando, as well as in favor of her late husband, Eugene Rose Calphen (a right that was subsequently transferred to Mrs. Cantillano), taken by the Board of Directors of the IDA in its Article XIV of session 074-99, of October 13, 1999, which ordered the segregation and transfer of several parcels of the BIRF Project, among them, number 7-A-107, which ultimately generated the titling of the farm of Partido de Limón, Real Estate Folio number 90980, rights 001 and 002, described in cadastral plan number L-0505554-1998, with a measurement of 11 Ha and 4782 m2. Evidently then, the first prerequisite for lesivity is present, namely the specific, final administrative act declaratory of subjective rights in favor of the grantees of the indicated parcel. ii) The agreement referenced above, is precisely the formal administrative conduct that is sought to be annulled through this process, as the INDER considers that it contains defects of absolute nullity (vicios de nulidad absoluta) due to the non-compliance with necessary requirements for its adoption. In this regard, this Tribunal considers that, as argued by the plaintiff entity, the agreement adopted at the time by the Board of Directors of the then IDA, transgressed the legal system and therefore contains defects of absolute nullity perpetuated over time that it is necessary to reverse. First, it must be highlighted that, despite the fact that the Law on Land Titling in National Reserves (Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales), number 7599 of April 29, 1996, was declared unconstitutional by vote number 8560-2001 of 15:37 hours on August 28, 2001, it was in force at the time the former IDA carried out the adjudication of the parcel identified with number 7-A-107, and therefore, it was the one that served as the basis for said administrative act. However, based on the evidence provided by the Inder and outlined in proven fact 4, but especially in proven fact 8 (official letter number IRT-0836-2018, of October 4, 2018, from Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registration of the INDER), it must be considered as accredited in this matter that "The property, according to the location of the plan representing it, is affected by the Indigenous Territory Kekoldi (Territorio Indígena Kekoldi), in the sector with decree number 7267 dated August 9, 1977". That is, at the moment the IDA proceeded to agree on the transfer of parcel number 7-A-107 in favor of the plaintiff and her late husband, those assets already formed part of the Bribrí de Kekoldi (Cócles) Indigenous Reserve (Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi (Cócles)), endowed with the inalienability protection contained in Articles 3 and 5 of the Indigenous Law, protection which results in the annulment of any transaction that seeks to dispose of said assets, even if it comes from a public authority such as the Inder [...]".

453-462).  
The oral trial was held on October 25, 2023, during which arguments were heard regarding the evidence for better resolution submitted by the plaintiff. Additionally, the parties were heard regarding the manner in which ADITIK has been represented in this matter, settling any discussion on the matter with the statements of the public defender of said party, who indicated having no objection in terms of lack of defense regarding the processing of the case file or the declaration of default (declaratoria de rebeldía). Furthermore, the Court clarified that the claim outlined by Aditik in its response does not meet the formalities of a counterclaim (contrademanda), and therefore it cannot be taken into account as a motion by said party. Once the preliminary phase was concluded, the debate was formally declared open and the parties made their opening statements, proceeding to hear witness Edward Stward Jackson, who was questioned by all parties, and finally to hear the closing arguments of the participants in the hearing itself, after which the matter was declared complex and the proceeding was concluded (img. 464-467 of the folder and digital backup of the hearing).

Case file number 18-009473-1027-CA

By means of a complaint of harmfulness (lesividad), filed on November 2, 2018, Inder requests that the judgment declare: "1) Absolutely null and harmful to the public interest the agreement adopted by the Board of Directors of IDA in article XIV, of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, solely insofar as it approved the segregation and transfer of parcel 7-A-107, BIRF 2764 CR Titling Project [sic], in favor of Mrs. Felicia María Cantillano Obando, identity card number 7-122-060 and the now deceased Eugene Rose Calphen, residency card number 8-048-333, now registered under Real Folio number 7-00090980-001 and 002, plan number L-0505554-1998. / 2) That public deed number thirty (30) of 10:00 a.m. on October 29, 1999, from volume twenty-three (23) of the protocol of Notary Federico Villalobos Chacón, be annulled, in relation to the segregation and sale [sic] of parcel 7-A-107 made by IDA in favor of Felicia María Cantillano Obando, identity card number 7-122-060 and the now deceased Mr. Eugene Rose Calphen, residency card number 8-048-333, through the Titling Project "BIRF 2764 CR". / 3) That the registry entries that gave rise to Real Folio number 7-00090980-001 and 002 be cancelled. / 4) That the eviction of parcel 7-A-107, corresponding to real folio number 7-00090980-001 and 002, plan number L-0505554-1998, be ordered against the defendant or any other natural or legal person found on the property, and that the respective placement in possession thereof be ordered in favor of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Kekoldi (Cocles)". As a precautionary measure (medida cautelar), Inder's representation requested the annotation of the complaint on the margin of the disputed property and requested that Aditik be considered as an interested third party in the proceeding (img. 2-9 of the folder).

Along with the transfer of the complaint, in a ruling of 8:57 a.m. on December 6, 2018, the Processing Judge indicated: "… as a typical precautionary measure and in order to guarantee the effectiveness of the object of the proceeding, as well as the interests of third parties, the National Registry is ordered to immediately ANNOTATE this complaint on the margin of the registration entry of the property of the PARTY OF LIMÓN, REAL FOLIO NUMBER NINETY THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-ZERO ZERO ONE AND ZERO ZERO TWO (90980-001 AND 002). The respective writ shall be issued for this purpose, which shall be made available to the interested party for its corresponding processing before the National Registry" (img. 171-173 of the folder). This writ was issued at 9:23 a.m. on December 6, 2018 (img. 175 of the folder) and was registered by the National Registry on rights 001 and 002 of property number 90980 of Limón on December 21, 2018 (electronic consultation with the National Registry).

Within the summons (emplazamiento) granted by the Court, by a brief filed on March 5, 2019, the special attorney of the plaintiff answered the complaint in the negative, alleging lack of right of the plaintiff as well as statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad) (img. 186-195 of the folder).

Aditik was notified of this matter on March 19, 2019 (img. 250 of the folder), without any motion by said party appearing in this case file.

On June 18, 2019, the preliminary hearing was held, in the presence of the representatives of Inder and Mrs. Cantillano Obando. In this proceeding, Inder indicated minor procedural cleanup aspects in its briefs and maintained the claim in the terms established in the complaint of harmfulness. Regarding the preliminary defenses, the defendant desisted from those of expiration and statute of limitations, the disputed facts of the proceeding were determined, and only documentary evidence was admitted, by virtue of which the matter was declared a pure question of law and closing arguments were heard in the same hearing (img. 252-255 of the folder and digital backup of the hearing).

This matter is now being resolved under the priority policies established by the Full Court, as it involves an older adult participant. Judge Conejo Cantillo writes, unanimously, with the affirmative vote of judges Hidalgo Rueda and Irías Obando and within the term established by Law.

PROVEN FACTS. - As a starting point, it should be clarified that since these are two accumulated cases, the Court will refer to the proven facts of both case files in a unified manner, in order to avoid unnecessary repetitions. Thus, of importance for this matter, and due to the manner in which it is resolved, the following are considered proven:

The Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, today Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, in its session number 074-99, held on October 13, 1999, article number XIV, adopted an agreement by which it approved the adjudication, segregation, and transfer of 42 lots or parcels located in Talamanca, among which a property identified as parcel number 7-A-107 was included, without indicating a cadastral plan, with an area of 11 Ha and 4782 m2; in favor of Mr. Eugene Rose Calphen, holder of identity card number 8-0048-0333 and the plaintiff Mrs. Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0048 (img. 100-102 folder 18-009473-1027-CA).

By public deed number thirty, granted before Notary Federico Villalobos Chacón at 10:00 a.m. on October 29, 1999, the segregation and transfer were formalized, among others, of parcel number 7-A-107 of the BIRF project, with a total of 11 Ha and 1782 m²; as described in plan number L-505554-98, in the name of Mr. Eugene Rose Calphen and Mrs. Felicia Cantillano Obando, based on the provisions of Law 7599 (img. 73-102 and 106-128 folder 18-009473-1027-CA and 301-304 folder 15-007359-1027-CA).

On March 16, 2000, the National Registry registered right 002 in favor of the plaintiff over property number 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4 Talamanca, Province of Limón, with plan L-0505554-1998. This right corresponds to one half of the property, the cause of acquisition was not stated, and it appears with an encumbrance due to article 16 of Law 7599 (img. 17-18 folder 18-009473-1027-CA).

By document dated June 2, 2008, the Executive Director of Conai addressed the Municipality of Talamanca stating: "By means of this instrument, I attest that the property registered in the Public Property Registry, real folio number N° 7-90980-001 and 002, with cadastral plan number L-0505554-1998, located within the territorial limits of the Keköldi Indigenous Reserve, belonging to Mr. Eugere Rose Calphen, identity card number 8-0048-0333 and Felicia Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0060, respectively, currently retains all the attributes of the private property regime, which include the possibility of sale and transfer without any limitation other than a potential expropriation by the State, in order to incorporate said property into the domain and possession of the Keköldi indigenous community. The foregoing, based on the opinion of the Procuraduría General de la República N° C-395-2003. / On the occasion of the foregoing, the Indigenous community, and especially the Asociación de Desarrollo Integral of the place in its capacity as Local Government of the referred indigenous territory, would only have the right to dispose of the cited property once its legitimate owners have been indemnified in accordance with articles 45 of the Political Constitution and 5 of the Indigenous Law N° 6172" (img. 11 folder 15-007359-1027-CA).

In the same vein, by document dated May 19, 2008, the Executive Director of Conai addressed the Municipality of Talamanca stating: "At [sic] the request of Mrs. [sic] Felicia Cantillano Obando, bearer of identity card 7-0122-0060, we attest that, according to the Procuraduría's opinion number C-395-2003, the property of the applicant, with Real Folio number 7-90980-002, and cadastral plan L-0505554-1998, having been acquired through a transfer by IDA to its current owners prior to being affected by the Indigenous Reserve decree, retains its private property status and enjoys all the rights derived from said status, which include the possibility of sale and transfer provided it is a transfer from a non-indigenous person to a non-indigenous person or to an indigenous person. It is important to clarify that only in the case that the property belonged to an [sic] indigenous person would it be encumbered and could not be sold to a non-indigenous person. Therefore, the Asociación de Desarrollo Indígena would only have the right to dispose of the cited property if it had been indemnified in favor of the Community it represents" (img. 14 folder 15-007359-1027-CA).

In deed number 171, granted before Notary Public Rigoberto Jiménez Vega at 11:00 a.m. on February 23, 2012, Mrs. Felicia Cantillano Obando appeared, for the purpose of formalizing the extrajudicial adjudication of the estate of her late husband, Mr. Eugene Rose Calphen, for which she was appointed as provisional executor and sole heir of the deceased's assets, among them right 001 over property number 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4 Talamanca, Province of Limón, with plan L-0505554-1998, requesting in said deed its registration in the name of the adjudicatee (img. 64-72 folder 18-009473-1027-CA).

On March 6, 2012, the National Registry registered right 001 in favor of the plaintiff over property 90980, located in district 2, Sixaola, canton 4 Talamanca, Province of Limón, with plan L-0505554-1998. This right corresponds to one half of the property and "inheritance and assignment" was stated as the cause of acquisition, and it appears with an encumbrance due to article 16 of the annulled Law 7599 (img. 15-16 folder 18-009473-1027-CA).

By official letter number IRT-0836-2018, of October 4, 2018, Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registry of INDER, stated: "In response to official letter AJ-L-284-2018; related to judicial case file No. 15-007359-1027-CA, which relates to property 90980, of the party of Limón, I hereby inform you of the following: / I do not know when the property was created on the land, with the shape and dimensions with which it was finally registered. / The property, according to the location of the plan representing it, is affected by the Kekoldi Indigenous Territory, in the sector covered by decree number 7267 of August 9, 1977. / The registry study indicates that property 90980 originates from property 39050; however, in the place where it is located, there is another property in the name of Inder, which is 1050. / A sketch is attached showing the location of the plan and each of the decrees of the Indigenous Territory" (folio 3 of the administrative file provided by Inder in case file 18-009473-1027-CA).

By article number XXXVI of Ordinary Session 31, of October 8, 2018, the Board of Directors of Inder agreed: "To accept the recommendation contained in official letters AJ-L-288-2018 and AJ-425-2018, signed by Lic. Francisco Villegas Ramírez, Legal Affairs Attorney and Master Patricia Calderón Rodríguez, Director of Legal Affairs, and based on it; it is agreed: / 1) The agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (today Instituto de Desarrollo Rural) is declared harmful to public interests, through Article XIV of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, in which the segregation and transfer of 42 parcels and lots of the Titling Project "BIRF 2764 CR" is approved, solely regarding parcel 7-A-107, granted in favor of Eugene Rose Calphen, residency card 8-048-333 (now deceased) and Felicia María Cantillano Obando, identity card 7-122-060; because said parcel was improperly titled as it forms part of the Kekoldi Indigenous Reserve (Cocles), whose ownership, by virtue of the provisions of Article 3 of the Indigenous Law, is imprescriptible and inalienable and must be registered in the name of the Asociación de Desarrollo Integral of the respective reserve. / 2) To instruct the Legal Affairs Directorate to file the corresponding harmfulness proceeding before the Contentious Administrative Court" (img. 13 folder 18-009473-1027-CA).

UNPROVEN FACTS. - Of such nature due to lack of evidence and being relevant to this proceeding, the following are considered unproven: 1. That the plaintiff performed possessory acts (actos posesorios) prior to the adjudication of the parcel by Inder in 1999, or that she was on the site since 1982. 2. The existence of contracts allegedly signed by Aditik with Fonafifo, as well as the claim that they were signed over parcel number 7-A-107. 3. That any of the entities participating in this litigation caused the damages claimed by Mrs. Cantillano.

ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. - In summary form and without prejudice to the totality of the statements expressed, the plaintiff's representation stated in its complaint that she is the owner of a property registered in the National Registry, number 90980-001 of the Province of Limón, located in Talamanca, acquired by her late husband "long before the Indigenous Law of 1977". She indicated that on that property they carried out agricultural work for the sustenance of her family since they have "… lived there forever [...] maintaining an excellent relationship with the indigenous people, with whom we have coexisted in complete camaraderie. They worked on those properties for my husband". The plaintiff stated that starting in 2010, she began to experience serious violations of her property right by members of the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi, who claimed ownership over that property, which led them to prohibit the construction of internal roads on the property, block the sale of the property to Mr. Alfredo Sancho Morales, even resorting to intimidation, as a result of constant visits to the property, threatening to evict them from the premises. She indicated that her lawyer determined that it was as of the Executive Decree of 1996 that it became part of the Indigenous Reserve. Additionally, she stated that from her inquiries she determined that Aditik signed a contract with FONAFIFO to execute a forest protection project in an area of 300 Ha, for which it receives $80/Ha per year in arrears, starting July 1, 2010, on lands located between the coordinates latitude 9-6528 degrees to 9-6130 degrees, and longitude 82-7714 degrees to 82-7407 degrees. She also verified that on August 27, 2014, Aditik signed another contract with FONAFIFO over an area of land in that circumscription, for which it receives the sum of ¢202,000.00/Ha, paid per year in arrears for 5 years, covering the area between the coordinates latitude: 631000-636000 and longitude 1063500-1066000. She further indicated that it was through Law number 6172 (Indigenous Law), of November 29, 1977, that some parts of the territory of Cócles, Puerto Viejo, Talamanca were declared indigenous reserves; where Aditik, in her opinion, has imposed a reign of terror on all lands considered by them to be part of the territory, without regard to the provisions of the law itself, since in her case, she is the sole possessor of said land since 1982, acquired by purchase. She cited and relied on article 5 of the aforementioned Indigenous Law, alleging that none of the institutions obligated by the Law have fulfilled their duties, 37 years having passed "… and the indolence and lack of action by the administrations have served to harm rights and guarantees protected by the constitution and serve for the illicit enrichment of the Association that profits [sic] from the said contracts on my property and that of other owners and possessors", which has harmed her assets and those of her children. She pointed out the existence of jurisprudence protecting the rights of possessors in good faith (poseedores de buena fe) and cited as legal grounds articles 1, 2, 7, 10, 12, 35 in relation to 118 and 36, all of the Contentious Administrative Procedure Code, articles 33, 34, 41, 45 50, 65, 74 of the Political Constitution, articles 5, 8, 11 and articles 1, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 22, 24, 25 of the Expropriations Law. During the trial hearing, the plaintiff's representative indicated in his closing arguments that there has been a serious dispossession of Afro-descendant inhabitants, who had for years coexisted peacefully with the indigenous people and that the problems began with the 1977 Law, which was interpreted as carte blanche to remove all non-indigenous people, burn huts, and "let loose with machete blows". He indicated that the plaintiff's late husband wanted to put his lands in order, and began a possessory information process (información posesoria) that ended in registration. Furthermore, he stated that good faith had to be presumed, that is, that bad faith had to be proven by the party alleging it, which was not possible with the evidence gathered. He reiterated that this property was acquired by title of possession, there being, according to his saying, an original possession as first inhabitants. He alleged that the ILO Convention that came into force in Costa Rica in 1992 was applied almost immediately to indigenous peoples, but they forgot about Afro-descendant tribal peoples. He also pointed out that the plaintiff's late husband was Afro-descendant, and that Mrs. Felicia was "white", that they had lived there their entire lives. He indicated that they provided evidence verifying the existence of petitions before institutions, authorizations and certifications from Conai and the property title from Inder, which shows that not even Inder knew they were in indigenous territory. Finally, he asked for justice for the original Afro-descendant inhabitants who were denied the protection of the international convention, that the complaint filed be upheld in all its claims, and that the plaintiff be ordered to be indemnified. Regarding the harmfulness action, Mrs. Cantillano answered, acknowledging the acts of Inder by which the title was granted in favor of her and her late husband, clarified the dates of the registrations of the rights over the property, and indicated that she had no knowledge of the existence of the Conai official letter, the Inder study on the location of the property within the reserve, or the existence of a declaration of harmfulness of her title. She alleged statute of limitations and expiration (which she renounced at the preliminary hearing) and lack of right. On the merits, she accused the process of declaring harmfulness followed by Inder as absolutely null, since in her opinion the precepts of article 173 LGAP were not followed. She missed the completion of an ordinary proceeding where her right of defense was guaranteed and where the opinion of the PGR was sought. On the other hand, Mrs. Cantillano's attorney indicated that the act that authorized the registration of the title subject to annulment originated from the Law for the Titling of Lands Located in National Reserves, number 7599 of September 29, 1996, annulled by ruling of the Constitutional Chamber number 8560-2001 of 3:37 p.m. on August 28, 2001. Thus, they consider that by the time the unconstitutionality of the law occurred, Mrs. Cantillano's right and that of her husband had already been registered in the National Registry and had also exceeded the 3-year convalidation period which, by express mention of article 15 of said law, is the term for negative prescription (prescripción negativa); which even finds protection in the same nullity ruling issued by the Constitutional Chamber, which dimensions its effects in the operative part. In closing arguments, the plaintiff's attorney added that her title is not null, referred to the testimonial evidence, indicating that there were no boundary markers describing the limits of the Reserve. He reiterated that the harmfulness proceeding followed by Inder violated all of article 173 LGAP, rebuked that they were never notified of anything regarding it, neither the initiation nor the final act, and that the mandatory consultation with the PGR had not been carried out, for which reason he also considered that the officials who carried out those actions should be pursued.

ARGUMENTS OF THE DEFENDANT. - Upon answering the action, INDER's judicial representative, in summary, rejected the facts, opposing the plaintiff's evidence considering its content of dubious credibility (being simple copies). Inder referred at length to the requirements set forth in article 5 to be indemnified (to be a non-indigenous person and a possessor in good faith of land located within the reserve). Regarding the second of these requirements, Inder pointed out that the owners or possessors must have been so since before the declaration of the Indigenous Reserve or since before the limits of the existing Reserve were modified or since before the promulgation of an Executive Decree creating a new Indigenous Reserve. In this case, Inder indicated that the plaintiff affirmed that the Indigenous Reserve in question was created in 1996, although she presents no evidence thereof. It also indicated that it was evident in the National Registry that right 001 of her property was registered in her name on March 6, 2012, while right 002 was registered on March 16, 2000, so when the plaintiff acquired both right 001 and right 002 of the property, the Reserve had already been created. Thus, in its opinion, what the plaintiff acquired was a part of the Reserve and as such, it is legally impossible for her to be granted any right, since according to the jurisprudence, good or bad faith depends on the moment the Reserve was created and the moment the plaintiff acquired the property, which in this case was after the creation of the Reserve and therefore that acquisition is considered in bad faith. It cited the ruling of the First Chamber, number 000920-F-S1-2015, which resolved a case very similar to the present one, in which it was considered that only original owners or possessors can be classified as being in good faith. Those who acquired after the promulgation of the Indigenous Law are considered in bad faith and therefore not eligible to be indemnified or relocated. Inder pointed out a third requirement, which was to prove administratively and judicially that they exercised possessory acts over the property since before the creation of the Indigenous Reserve. For the specific case, Inder indicated that it is impossible for the plaintiff to prove the possessory acts they exercised before the creation of the Reserve, since this was confirmed by Indigenous Law 6172 of November 29, 1977 (although the plaintiff relies on 1996, the year in which the penultimate modification was made), given that according to the registry information, the plaintiff registered her rights, one in 2000 and the other in 2012. Thus, for Inder it is clear that, even if the analysis is done based on 1977 or 1996, the result will be the same, that is, that the plaintiff did not exercise possessory acts before the creation of the Indigenous Law or before the last modification made through Executive Decree No. 25296-G, published in Gazette 134 of July 15, 1996. Subsequently, Inder provided an extensive development on how article 5 of the Law should be understood, based on the legislator's intent, on the financing mechanisms and execution of expropriations of inhabitants in good faith, emphasizing the obligation of the Executive Branch to provide the resources to carry out this activity, financing that does not correspond to Inder. In closing arguments, Inder recalled the approval of ILO Convention 107, reiterated that the entirety of the property was only registered in favor of the plaintiff until 2012, and that the Indigenous Law only recognizes relocation and indemnification rights to non-indigenous owners in good faith. The party highlighted the existence of contradictions in the plaintiff's statements regarding the time and manner in which she acquired the property. It also established that indemnification cannot proceed when the title of origin is null because it disposed of land belonging to an Indigenous Reserve, which has held the status of inalienability since 1939. As the plaintiff in harmfulness proceeding number 18-009473-1027-CA, the institution indicated that by agreement approved by the Board of Directors of the former Instituto de Desarrollo Agrario, article XIV of Session No. 074-99, of October 13, 1999, among others, the segregation and transfer of parcel 7-A-107 was approved in favor of Mrs. Felicia María Cantillano Obando and the now deceased Mr. Eugene Rose Calphen, Titling Project "BIRF 2754 CR", and that by public deed number 30 of 10:00 a.m. on October 29, 1999, of volume 23 of the protocol of Notary Federico Villalobos Chacón, IDA segregated and sold to the aforementioned parcel 7-A-107, now registered in the name of the plaintiff since March 6, 2012, and corresponding to Real Folio number 7-00090980, rights 001 and 002, plan number L-0505554-1998. It added that on July 23, 2015, the plaintiff filed a Contentious Administrative complaint under case file number 15-007359-1027-CA, in order to have her right to indemnification for expropriation in indigenous territory declared, under the protection of the provisions of article 5 of Law No. 6172 of November 29, 1977, because her property is located within the territory corresponding to the Bibrí Indigenous Reserve of Kekoldi (Cocles). It indicated that by certification number 046-07 of 12:00 noon on December 3, 2007, the head of the Department of Territorial Studies of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas certified that cadastral plan L-0505654-98, which is part of Real Folio 7039050-000, is located within the Kekoldi indigenous reserve, insofar as it is effectively located where the draftsman placed it in the attached grid. Furthermore, by official letter IRT-0836-2018 of October 4, 2018, Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registry of INDER, reported that the property in question, according to the location of the plan representing it (L-0595554-1998), is affected by the Kekoldi Indigenous Territory, in the sector covered by decree number 7267, dated August 9, 1977, which led the Board of Directors of the Institute, through an agreement adopted in article 36 of Ordinary Session 31, held on October 8, 2018, to declare harmful to public interests the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (today Instituto de Desarrollo Rural) through article XIV of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, in which the segregation and transfer of 42 parcels and lots of the Titling Project "BIRF 2764 CR" was approved, solely regarding parcel 7-A-107, granted in favor of Eugene Rose Calphen, and Felicia Cantillano Obando, because said parcel was improperly titled as it forms part of the Kekoldi Indigenous Reserve (Cocles), whose ownership, by virtue of the provisions of article 3 of the Indigenous Law, is imprescriptible and inalienable and must be registered in the name of the Asociación de Desarrollo Integral of the respective reserve. On the merits, Inder listed the regulations on the protection of lands within Indigenous Reserves, beginning with the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos) number 13 of January 10, 1939, expanded by Decree number 45 of December 3, 1945, creating the Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación. It mentioned that shortly after, by Executive Decree number 34 of November 15, 1956, the indigenous reserves of Boruca Térraba, Salitre Cabagra, and China Kichá were declared, by virtue of which the Reserves were declared inalienable, exclusive property of the indigenous people under the terms of the Law of Vacant Lands. It continued indicating that by Law number 2330 of April 9, 1959, the Assembly approved Convention number 107 of the International Labour Organization related to the "Protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations", which recognized their legitimate right to have under their domain the lands of their property, individually or collectively.

Subsequently, it indicated, a special regime was created through Executive Decree No. 5904-G of March 11, 1976 (for the Indigenous Reserves of Chirripó, Guaymí, Coto Brus, Estrella, Guatuso, and Talamanca), acquiring legal rank with Article 1 of the Indigenous Law No. 6172 of November 29, 1977, followed by the Regulations to the Indigenous Law, Executive Decree No. 8487-G of April 26, 1978. Along with this account, INDER cited the case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua before the Inter-American Court of Human Rights, the provisions of Articles 3, 4, and 5 of the Indigenous Law, which established the inalienable and imprescriptible character of the territories encompassed by the indigenous reserves, and restricted the negotiation of such lands solely among indigenous persons, who in turn are protected from invasions by third-party non-indigenous persons, who may be evicted without entitlement to improvements. In INDER’s opinion, the land titled by the then Institute for Agrarian Development (IDA), parcel 7-A-107, plan number L-0505554-1998, lies within the territory comprising the Kekoldi (Cócles) Indigenous Reserve, according to certification 046-07 of 12:00 hours on December 3, 2007, from the Department of Territorial Studies of the National Commission on Indigenous Affairs (CONAI) and ratified by official letter IRT-0836-2018 of October 4, 2018, from Engineer Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registry of INDER. Consequently, the titling carried out by the Board of Directors of the Institute for Agrarian Development was done in contravention of the legal provisions indicated above, given that it titled a land that, being within the territory comprising the Kekoldi (Cócles) Indigenous Reserve, was restricted by the provisions of the Indigenous Law, which renders the content of the act unlawful. It continued stating that, the Institute of Rural Development being a public-law entity, subject to the principle of legality and thus compelled to apply prevailing regulations in all its actions and, in this particular case, in indigenous matters, and the defect incurred having been verified by having improperly titled property as if it formed part of the titling project when it was in fact part of indigenous territory, it must file the lesivity proceeding, so that through this avenue the absolute nullity of the administrative act issued by the Board of Directors in Article XIV, of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, be declared, so that said land passes formally and materially into the hands of its true owner: the Aditik. In its closing arguments, INDER reiterated its request to annul the agreement that transferred the parcel as well as the registry entries of the property and to transfer that property to the Association. For its part, in answering the complaint, CONAI indicated the basic rejection of virtually all the facts and indicated that the complaint did not refer to facts as such but rather a series of subjective assessments. It pointed out that the Indigenous Law was clear regarding the prerequisites necessary to be eligible for indemnification and that it was not true that the plaintiff possessed the attributes they arrogated to themselves, since for a person to be a possessor in good faith, they needed to hold a property or possession right prior to the creation of the reserve, which is not the case of the plaintiff and her spouse since they acquired after the creation of the reserve, those purchase-sales being null, such that they could not claim a right that had never assisted them. Regarding the certifications issued by CONAI that the plaintiff submitted as evidence, the institution indicated that it was clear that what they state is that those territories lie within a reserve, and therefore bear the limitations established by the Indigenous Law, Articles 3 and 5, “… even if the property were protected by registry publicity, a situation that does not obtain, since there is no record that the property was protected by registry publicity prior to the creation of the reserve.” It rejected that the possession claimed gives the plaintiff any right due to failure to comply with legal requirements. CONAI reiterated the requirements that must be met for them to be possessors in good faith: a.- They must be non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith of real property located within the reserves, according to the rules of the Civil Code. b.- The expropriation studies should have been carried out by INDER in coordination with CONAI, but not only these two institutions were responsible for determining which non-indigenous persons were the owners or possessors in good faith of real property located within the reserves declared in Article 1 of the Indigenous Law; it falls upon them to do so jointly with the Indigenous Development Associations. c.- The Indigenous Development Associations must participate in determining who meets the requirements established in Article 5 of the Law. d.) It must be proven administratively and judicially that they truly engaged in possessory acts over the real property before the Law entered into force. It insisted that there is no injury to the plaintiff’s rights since those sales are absolutely null, because they acquired the property after the creation of the reserve, “… the plaintiffs [sic] at the time of the transfer were fully aware that the property was affected by the decree creating the indigenous reserve, such that it cannot be considered a possession in good faith.” In its closing arguments, the institutional representation insisted that there were contradictions in what the plaintiff indicated regarding the date of acquisition and alleged that there was certainty that the people had made it clear that it was within indigenous territory, and that there were lands over which no negotiation could occur, since the Law had existed 35 years before they acquired them registrally. It charged that INDER must have known it was indigenous territory, again pointed out the flaws in the timeline of possession that the plaintiff sought to accredit, and demonstrated that the plaintiff’s own attorney accepted that she is not an Afro-descendant person. It opposed consideration of the plaintiff’s evidence as proof of legitimate possession, and cited constitutional case law supporting its position regarding the nullity of transactions disposing over indigenous land. Lastly, it referred to the testimonial evidence gathered, insofar as it indicated that within the property there were no crops or demonstration of subsistence activities, only a rancho, and that it was not demonstrated that it was an inhabited place. Finally, in answering the complaint, the Aditik indicated that it opposed basically all the facts, and alleged that the registration of the plaintiff’s property “… drags legal problems of registration and basic legality that contravene the Indigenous Law. Let the court note that the property was registered on March 6, 2012, with plan 055554-1998, which was measured in the field in April 1998 and filed with the cadaster on July 23, 1998, more than twenty years after the 1977 Indigenous Law was enacted.” The Association also questioned the possession alleged by the plaintiff, since in its view juridical transactions carried out after the Indigenous Law was enacted are absolutely null. It pointed out that the supposed existence of crops, instead of demonstrating possessory acts, would demonstrate acts disturbing the forest contrary to the interest of the indigenous community. It rejected in any case the existence of those crops, as well as intimidating or violent actions or the imposition of a regime of terror. It indicated that they have only exercised the legitimate defense of their territory, preventing alterations to the property by the plaintiff, in legitimate oversight and vigilance actions. In its closing arguments, the Aditik, represented by the Public Defender’s Office, recalled that the Kekoldi Indigenous Reserve was created in 1976 and delimited in 1977 via Executive Decree. It stressed that there is no doubt that the plaintiff’s property lies within indigenous territory. It reiterated the statements of other representations that the plaintiff had serious contradictions in her line of possession and mechanism of acquisition, with no proof, in its view, of when this circumstance occurred. It further pointed out that the plaintiff was fully aware that her right of possession was on indigenous land, and therefore the supposed frustrated sale was not indemnifiable, because it was indigenous territory. It noted that in any case, INDER and CONAI were the entities called upon to make indemnity payments, which was not the responsibility of the Aditik. It indicated that the very evidence provided by the plaintiff (img. 21 of file 15-007359-1027-CA) indicated that the property was indigenous territory. It referred to case law of the First Chamber on bad faith and of the Constitutional Chamber on the unavailability of these assets, and was emphatic in indicating that the plaintiff Felicia Cantillano did not have possession prior to 1977, since the IDA deed—which is when titling was granted to the plaintiff—is clearly subsequent to the creation of the reserve, which must lead to the declaration of nullity of those dispositive acts by INDER. It reiterated that the community’s reaction to the attempted opening of a road is not abusive, but rather the normal exercise of its property rights. Regarding the contracts signed with FONAFIFO, the Aditik pointed out that the plaintiff never proved that the land she claims formed part of those contracts. It added that there was no proof of the cause of the damages, or of specific conduct by the Association that produced a harmful and illegitimate effect, and therefore it requested that the property be registered in the name of the Aditik.

EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION.- In the preliminary hearing held in case file 15-007359-1027-CA, the plaintiff submitted as new evidence three items: 1. Public deed number 171 executed before notary public Rigoberto Jiménez Vega (img. 291-299 of file 15-007359-1027-CA). 2. Letter addressed to the Municipality of Talamanca on July 3, 2008 (img. 300 of file 15-007359-1027-CA). and 3. Deed from the Institute of Rural Development (img. 301-304 of file 15-007359-1027-CA). In conformity with Article 50.2 of the Administrative Contentious Procedure Code, the Trial Judge granted the parties an opportunity to be heard regarding this evidence, took note of the offer, and deferred its admissibility to the judgment stage. Additionally, on the day before the trial hearing, the plaintiff provided to the court a document signed by the attorney of Mrs. Cantillano (img. 453-462 of file 15-007359-1027-CA), regarding which the parties were heard, and in their closing arguments they expressed their rejection of it, as it constituted mere statements by the party and not a cultural expert report. As to the first three documents, they are rejected, since they appear in the administrative file of folder 18-009473-1027-CA (img. 11-37), which was duly admitted in the preliminary hearing, and do not constitute novel documents. As to the document submitted the day before trial, this Panel agrees with the oppositions expressed orally by the defendants, in that said document has no scientific value, as it is merely a set of statements made by the party’s attorney, without support or technical rigor such that it could be considered a cultural expertise. In those terms, since what was proposed is not technically a means from which proof of any of the facts of the complaint can be extracted, its admission is rejected.
         LEGAL REGIME FOR THE PROTECTION OF INDIGENOUS TERRITORIES.- This Court has addressed this topic in general terms on multiple occasions. As indicated in the decisions of the Fifth Section, number 00029-2018-V, of 08:10 hours on April 4, 2018, and of the Sixth Section, number 00105-2020-VI, of 14:15 hours on August 28, 2020, this development is condensed in the decision of this Section (with a different composition) number 00074-2013-VII, of 10:30 hours on October 29, 2013, in which it was stated:

“The following being of rigor for the purposes of the analysis to be carried out in order to resolve the present matter, we proceed to address the legal regime for the protection of indigenous reserves, particularly with regard to Article 5 of the Indigenous Law, as well as the regulation that defines the location of the indigenous property owned by the plaintiffs.

1.-) On the normative evolution in the matter of indigenous territories. The first legislative antecedent in the matter—the Nation already entered into its Republican era—is located in the formerly in-force Law on Public Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939, published in the Collection of Laws and Decrees of that year, first semester, volume two, page ten, which in its Article 8 stated as follows and insofar as relevant: ‘... there is declared inalienable and the exclusive property of the indigenous people, a prudential zone at the discretion of the Executive Branch in the places where tribes of these exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices.’ (Highlighting is not from the original). This first normative antecedent, as can be observed, from the outset recognized at that date the exclusive property right held by indigenous communities, but at that time, in an amount of territorial areas to be defined ‘at the discretion of the Executive Branch,’ to the extent that these would be the sites where these groups were located. From then on, at least the inalienable character given to this type of property residing in a minority but specific group of persons, united by particular cultural ties, is observable, which was nothing other than a shield with which it was intended to protect their communal property right—even if it was only once materialized by an act of the Executive Branch—and this, against possible attempts by third parties, as well as by the indigenous groups themselves, to transfer the ownership of those assets and, of course, providing for the impossibility that persons outside these national population groups could claim rights or title over them. A singular note then is that from its inception these were assets that were found ‘outside the commerce of men.’ The rule, however, said nothing about the possibility that prior to its entry into force and after subsequent acts were adopted, in application thereof, defining the identity of those territorial areas by the Executive Branch, there might exist third-party possessors or titleholders in good faith over those same surface areas, such that it would have to be assumed that the Executive Branch would not establish reserves on lands that were not exclusively possessed by indigenous persons. Well then, in exercise of the authority referred by the legislator to the Executive Branch as has been reported, it was not until some years after the related Law on Public Vacant Lands entered into force that the first Executive Decree in the matter was issued, namely, number 45 of December 3, 1945. This decree, however, did not define any specific area as an indigenous territory for the purposes defined by the law and, despite the text of Article 8 of the Law on Public Vacant Lands, in its first article it set forth the following: ‘Declare inalienable and the exclusive property of the autochthonous indigenous tribes, the public vacant lands occupied by them; with the exception of the strips destined for the Inter-American Highway.’ (Highlighting is not from the original). In this manner, although the Executive Branch reproduced what the law already provided, it went beyond it in establishing that the zones in question would not correspond to those that at the discretion of the Executive Branch were designated for these purposes, ‘according to its criterion.’ Instead, it was established that the Executive Branch would recognize as such all those areas of the nation’s territory, to the extent they were occupied by indigenous communities. That is to say, in other words, that the effective possession exercised over those lands by the indigenous communities was the criterion from which, as a variable, the legal protection that the central authority was to give these communities in guarantee of their property right should have been defined. Nonetheless, the definition of which areas of the Nation’s surface would belong to these groups of persons relied on a generic and indeterminate formula at that date, since it would be the lands occupied by these groups ‘insofar as public vacant lands,’ which entailed a contradiction, if these were lands previously occupied by these communities and over which a preexisting property right existed, recognizable insofar as possessory acts were exercised by virtue thereof. The same Decree also formed, according to its first article, what would be the first organization aimed at carrying out efforts to materialize the previously cited legal mandate, in what was called the ‘Board for the Protection of the Aboriginal Races of the Nation,’ assigning to it the task of delimiting those areas of land, which for the first time were called ‘indigenous reserves.’ For its part, the first act of the Executive Branch effectively directed at the location of an indigenous territory occurred in juridical terms only some years later, on the occasion of the enactment of Executive Decree number 34 of November 15, 1956, which identified three distinct reserves that did not include that of the plaintiff here, namely, the ‘Boruca-Térraba,’ ‘Ujarrás-Salitre-Cabagra,’ and ‘China Kichá.’ Since a property right is what was recognized in this way in the specific case, this must refer us to the constitutional provision that relates it as a fundamental right, as drawn from Article 45 of the Magna Carta. The subsequent consolidation of this property right, privative insofar as it is exclusive and excluding, in addition to communal or collective, juridically ‘recognized’—for it could not be affirmed that it was a right ‘constituted’ or created upon the coming into force of the Law on Public Vacant Lands—occurred before the international community upon adopting as internal regulation the content of Convention number 107 of the International Labor Organization, under the terms of Law of the Republic number 2330 of April 9, 1959, identified as the ‘Convention Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries.’ In its Article 2.1, the convention of interest provided: ‘It shall be primarily the responsibility of governments to develop coordinated and systematic programs for the protection of the populations in question and their progressive integration into the life of their respective countries.’ (Highlighting is not from the original). In this way, having adhered voluntarily to the cited instrument and before the international community, as well as before these indigenous groups, the Costa Rican State committed itself as such to execute those coordinated and systematic actions, directed, insofar as concerns us at this point, to protect in the most general terms these populations of the Nation, minority and vulnerable at that time as well, as its own legal-legal order imposed upon it by operation of the Law on Public Vacant Lands and Executive Decrees cited above. This obligation must be related to what is set forth in Article 5 of the same supra-legal normative body, which states: ‘In applying the provisions of this Convention relating to the protection and integration of the populations in question, governments shall: a) Seek the collaboration of these populations and their representatives; (…)’. (Highlighting is not from the original). With regard to those that at that time, at the level of the national juridical order, were identified as indigenous reserves, Article 11 of the cited convention indicated that in the bound States: ‘The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised.’ (Highlighting is not from the original). Thus it was established at the positive normative level that governments—the State as a whole in our case—had committed themselves starting in the year 1959 to deploy internally to the Nation coordinated and systematic processes, among other things, to respond before the international community and the indigenous communities themselves in guarantee of their preexisting property right, even having, for those purposes, to be the State itself that had to ‘seek,’ and not wait for the opposite to happen, the collaboration of the indigenous populations of interest and their representatives. Furthermore, it must be noted that these are supra-legal norms under the terms of Article 7 of our Political Constitution, such that, in accordance with the principle of hierarchy of norms, as well as the principle of control of conventionality (Articles 1, 26, and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, Law of the Republic number 1615 of July 24, 1996, and Article 6.1.b) of the General Law of Public Administration), these would have to systematically inform the remainder of the norms of lower force and resistance, as well as serve as a parameter for the juridical operator when applying the legal order to the specific case (Article 10 of both the General Law of Public Administration and the Civil Code). Moreover, according to abundant case law of the Constitutional Chamber, as by way of example, its judgment number 1995-02313, of sixteen hours eighteen minutes on May 9, 1995, it has been held that as a derivation of Article 48 of the Political Constitution, to the extent that international law instruments provide greater protection to fundamental rights, they shall be considered of equal rank to the Constitution, such that what is set forth in the cited convention, it can well be affirmed, also informs the adequate scope that, for these particular cases, must be understood to belong to Article 45 of our Political Constitution and the infra-constitutional juridical order. Given its relevance, we deem pertinent the citation, insofar as relevant, of Article 13 of the International Labor Organization Convention under study, insofar as it indicates in its subsection 2 that: ‘...Measures shall be taken to prevent persons who are not members of the populations concerned from taking advantage of these customs or of the ignorance of the laws on the part of their members to obtain the ownership or use of the lands belonging to them.’ (Highlighting is not from the original). From that moment, important features of this type of communal property are that its legal regime approximates that of the public domain, although it is not, because it concerns a property that, while communal and to that extent collective, exclusive and excluding, at the same time resides in a vulnerable population group that for that reason merits special protection by the State. Well then, very much despite what at that time the juridical order clearly regulated regarding the property right of these communities in the terms stated, with the adoption and entry into force of the Law on Lands and Colonization number 2825 of May 14, 1961, published in the Collection of Laws and Decrees of that year in its second semester, volume one, page three hundred ninety-four, which repealed the Law on Public Vacant Lands, it was provided according to its Article 75, in gross contravention of Convention number 107 of the International Labor Organization, as follows, in relation to the entity that that normative body identified as the Institute of Lands and Colonization: ‘The Institute, in agreement with the pertinent bodies, shall oversee the conditioning of indigenous communities or families, in accordance with the spirit of this law. It shall not be declared that the extensive zones where these communities live in isolation belong exclusively to them, but an effort shall be made to bring all these communities together, forming a single agrarian center, in the zone that the Institute considers adequate and for which the necessary area of land shall be used.’ The norm refers to what was formerly known as ITCO (1961), later IDA, Institute for Agrarian Development (1982), currently INDER, Institute of Rural Development (2012). The cited norm simply disregarded outright the property right of indigenous communities enshrined in a norm of higher rank, force, and resistance. Subsequently, and more than a decade later, with this unsystematic regulation in force, the Law Creating the National Commission on Indigenous Affairs number 5251 of July 11, 1973, was enacted, published in the Collection of Laws and Decrees of that same year in its second semester, volume one, page sixty-five. Viewing this normative body, bearing in mind the commitment that resided in the State from the entry into force of Convention number 107 of the International Labor Organization in its Articles 2.1, 5, 11, and 13.2, this new internal public organization linked to indigenous communities, according to Article 4 of the aforementioned law, was designated by the legislator, for general purposes and insofar as relevant, to: ‘…b) Serve as an instrument of coordination among the various public institutions obliged to carry out works and provide services for the benefit of indigenous communities; (…) e) Ensure respect for the rights of indigenous minorities, encouraging State action to guarantee the indigenous individual and collective ownership of land; timely use of credit; adequate marketing of production; and efficient technical assistance; (…)’. (Highlighting and underlining are not from the original). Nonetheless, as will be seen below, these coordination tasks were not designated exclusively to CONAI, since ITCO was already linked to this function, albeit in a different way. Moreover, the obligation of the State to guarantee the property right of these communities over the land was reiterated. Regarding these assigned coordination tasks, Article 9 of the same legal body cannot be overlooked, which reads as follows: ‘For the purposes of subsection b) of Article 8, the State, the autonomous or semi-autonomous institutions of the country are empowered to provide assistance of any kind to the National Commission on Indigenous Affairs.’ (Highlighting is not from the original). A separate point is that this law contemplated—again in an unsystematic manner—a single transitional provision, apparently inspired by the Law on Lands and Colonization, which read: ‘No later than six months following the effective date of this law, the Institute of Lands and Colonization shall proceed to raise possessory informations for all parcels occupied by indigenous persons in the different zones, in order to register them in the Property Registry immediately in the name of the occupants of said parcels. Indigenous persons who are not occupying parcels shall be registered in a census to resolve the problem of landlessness as soon as possible. The Institute of Lands and Colonization shall maintain a considerable reserve of land suitable for cultivation, on which it shall grant leases; and which shall be destined exclusively for future expansions of the indigenous communities’ (highlighting is not from the original), which speaks—it is insisted—of a dispossession of the title to those lands against what was established by international law. On the other hand, in what could be considered to constitute some aspect favorable to indigenous interests, it was indicated that upon the enactment of that law, it was that Institute that should have at least provided sufficient lands to be destined exclusively for these communities, as well as, as a logical and necessary consequence of that attribution-duty, having undertaken the pertinent tasks to determine and define with clarity the limitation or boundaries of the lands that would comprise those territories. One year after its entry into force, this transitional provision was reformed by Article 1 of Law number 5651 of December 13, 1974, on the following terms and with absolute disregard for the indigenous property guaranteed by Convention number 107 of the International Labor Organization: ‘Transitional.- The indigenous reserves registered in the name of the Institute of Lands and Colonization (ITCO) are declared inalienable, and shall be destined exclusively for the settlement of indigenous communities, indispensable public services, and the use, habitation, and usufruct of aboriginal persons who lack lands of their own property, whether registered or unregistered outside those reserves.’

In these, ITCO may grant leases to said indigenous people, for a limited and non-transferable time, except to other indigenous people who are in the same conditions. The National Banking System and other State institutions, jointly with the National Commission of Indigenous Affairs (CONAI), shall regulate special systems so that members of indigenous communities may obtain credit for the proper exploitation of the lands referred to in this transitional provision.” It is stressed that ITCO was therefore to delimit and register, even if in its own name, the corresponding land areas. The foregoing entailed the complete disregard of indigenous property that the State had undertaken to guarantee before the international community and those peoples. Returning again to the original text of Law number 5251 creating the National Commission of Indigenous Affairs, that organization according to its first article, was endowed with its own legal personality and patrimony. It is highlighted that the Commission since its creation—and in that regard its general assembly—was composed among others according to its Article 2, subsection a), by: “… the representatives of the following agencies and institutions: Presidency of the Republic; University of Costa Rica; National University; Ministry of Public Education; Ministry of Governance and Police; Ministry of Culture, Youth and Sports; Ministry of Health; Ministry of Agriculture and Livestock; Ministry of Public Security; Joint Institute of Social Assistance; Institute of Lands and Colonization; National Service of Aqueducts and Sewers; National Institute of Housing and Urbanism; National Apprenticeship Institute; and National Electricity Service; (…)” (Highlighting not in original). The foregoing demonstrates the necessary link that was to exist between the Central Government and among other entities, ITCO itself, this, until the issuance of Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice ruling number 3485-2003, at fourteen hours seventeen minutes on May second, two thousand three, a decision whose content we do not examine, it being sufficient to indicate that it deemed unconstitutional that the commission be composed of said public authorities. It must be noted that the institutions and Ministries referred to formed part of the general assembly of CONAI, with powers to set its general policy acting as components of that collective body, as well as to approve or reject its budget, both ordinary and extraordinary. The purpose of this organization is reiterated due to its relevance, it was among other things and as noted, to serve as an instrument of inter-institutional coordination, as well as to ensure respect for the rights of indigenous minorities by stimulating State action in order to guarantee to the indigenous person individual property and to their community, the property of their territories as stated in Article 4 subsection e) of that legal body. Regarding the patrimony of CONAI, it was to be constituted as of the date it became operational, by the annual subvention that had been provided in the Law of the Ordinary General Budget of the Republic to the former Board for the Protection of Aboriginal Races; the extraordinary contributions agreed upon by the State and autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic; the assets belonging to the former Board; donations from individuals, foreign States, international agencies and foundations or any other entity; the use of indigenous names, symbols and figures; and the amount of the rights granted for the commercial use of those indigenous names, symbols and figures, (Article 8, subsection a) of the Law Creating CONAI). Continuing with budgetary matters, Article 9 of this law provided that the State and autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic were authorized to provide assistance of any kind to CONAI, clearly, for the achievement of its purposes. On another note and always along this same line of ideas, in its Article 28, the law under consideration indicated that: “In order that the Executive Branch may be in a position to set in the draft law of the General Budget of the Republic, the subvention it deems appropriate, no later than July 31 of each year, the Board of Directors shall submit to the Planning Office of the Presidency of the Republic, a reasoned estimate of its needs for the next fiscal period. It is understood that for the fiscal period of 1973 this provision does not apply. Likewise, the Institution’s budgets shall be submitted to the Office of the Comptroller General of the Republic for its approval and settlement in accordance with the law.” (Highlighting not in original). The Cabécar de Talamanca Indigenous Reserve was first described in the terms of Executive Decree number 5904 of March eleventh, nineteen seventy-six, published in the Official Gazette “La Gaceta” number seventy, of April tenth, nineteen seventy-six (1976). In this regulatory instrument, it was declared among other things as follows: “Considering: (…) 5° That there still exist territories populated exclusively by indigenous people making it possible to delimit said Reserves; (…) 10. That it is the duty of the State to safeguard the security of its citizens, and to prevent injustices and mistreatment, especially in the case of currently marginalized indigenous minorities.” (Highlighting and underlining not in original). Additionally, its first article ordered that: “Its exact delimitation shall be carried out by ITCO, in coordination with CONAI.” Thus, the then-named Institute of Lands and Colonization, (today INDER) was reiterated its designation as the body that would be responsible for the territorial demarcation of the reserve thus created, a task that was to begin two months after the Decree became effective. (Among these reserves, the Talamanca reserve was already identified with the terms of the above-cited Executive Decree number 5904 of March eleventh, nineteen seventy-six). Furthermore, according to Articles 14 and 15 of the Decree under analysis, the Executive Branch expressed that what was regulated by that means is of public interest, and that CONAI would have the duty to prepare a census of the indigenous population of Costa Rica as soon as possible, which must also be permanently updated. Well then, with the land property of these communities recognized in the manner indicated, just over a year later, the Indigenous Law, number 6172 of November twenty-ninth, nineteen seventy-seven (1977), was enacted, which according to its Article 11 repealed any prior law to the extent it conflicts. On this occasion and without prejudice to what the legislator enacted upon the entry into force of the Law of Lands and Colonization which was unsystematic in having been considered repealed, it was provided according to the first article in relation to Article 2 of this supervening legal body—now, in accordance with the provisions of International Labour Organization Convention 107 concerning the Protection of Indigenous and Tribal Peoples—that indigenous reserves are the property of those communities and that they must all be registered in the National Registry in their name, no longer in ITCO’s. Likewise, it was established that the boundaries of those territories once “recognized” by the State, may not be varied in reduction of their size except by law of the Republic. Furthermore, it was noted that these communities have full legal capacity to act and that they are not considered state entities (Article 4 of the law speaks of the Boards of Directors, administrators and representatives of these communities). Moreover, it is reiterated that these territories are inalienable and imprescriptible, non-transferable and exclusive to the indigenous communities that inhabit them, and it is not permitted for non-indigenous persons to rent, lease, buy or in any other manner acquire lands or farms comprised within these reserves, and any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null with the legal consequences of the case. As a separate note, according to the regulation to the Indigenous Law, Executive Decree number 8487, of April twenty-sixth, nineteen seventy-eight, published in the Official Gazette “La Gaceta” number 89, of May tenth, nineteen seventy-eight, in its Article 3, it indicated that: “For the exercise of rights and fulfillment of the obligations referred to in Article 2 of the Indigenous Law, the Indigenous Communities shall adopt the organization provided for in Law No. 3859 of the National Directorate of Community Development Associations and its Regulation.” Meanwhile, Article 10 of the same regulation indicated that: “To guarantee the rights regulated in Articles 3 and 5 of the Law, the President of the Integral Development Association shall appear, by himself or through his representative or Delegate, as soon as possible after the infraction occurs, providing the certification showing the registration of the Reserve, to initiate, before the competent official, the corresponding legal action.” Subsequently, according to Executive Decree number 13568 of April 30, 1982, published in the Official Gazette “La Gaceta” number 94 of May seventeenth, nineteen eighty-two, its first article provided that the Integral Development Associations have the legal representation of the Indigenous Communities and act as their local government. In reinforcement of all the foregoing, on November third, nineteen ninety-two (1992), Law number 7316 was enacted, published in the Official Gazette “La Gaceta” number 234, of December fourth, nineteen ninety-two, “Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” of the International Labour Organization, pursuant to which the matter of indigenous property is precisely regulated. In its Article 2.1, this instrument reads as follows: “Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity.” For its part, subsection 2) of the same article indicates: “2. Such action shall include measures for: a) ensuring that members of these peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national legislation grants to other members of the population; b) promoting the full effectiveness of the social, economic and cultural rights of these peoples with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions; c) assisting the members of the peoples concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist between indigenous members and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life.” Other articles of the convention that are of interest we proceed to cite, its Article 3 reads as follows: “Article 3.- 1. Indigenous and tribal peoples shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms without hindrance or discrimination. The provisions of the Convention shall be applied without discrimination to male and female members of these peoples; 2. No form of force or coercion shall be used in violation of the human rights and fundamental freedoms of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention.” Its Article 4, that the State shall: “1. Special measures shall be adopted as appropriate for safeguarding the persons, institutions, property, labour, cultures and environment of the peoples concerned. 2. Such special measures shall not be contrary to the freely-expressed wishes of the peoples concerned. 3. Enjoyment of the general rights of citizenship, without discrimination, shall not be prejudiced in any way by such special measures.” Article 5 indicates that governments: “In applying the provisions of this Convention: a) the social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples shall be recognised and protected, and due account shall be taken of the nature of the problems which face them both as groups and as individuals; b) the integrity of the values, practices and institutions of these peoples shall be respected; c) policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these peoples in facing new conditions of life and work shall be adopted, with the participation and co-operation of the peoples affected.” The topic of these groups’ property over the areas comprising their territories was specifically addressed in this convention, and along these lines, its Article 13 states: “1. In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 2. The use of the term “lands” in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use.” (Highlighting not in original). Article 14, subsection 2), reads: “2. Appropriate steps shall be taken to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned.-

2.-) Regarding the scope of Article 5 of the Indigenous Law. In what is most relevant for the effects of this ruling, Article 5 of the Indigenous Law provided: “In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands, if they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it shall expropriate and indemnify them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law. / The studies and procedures for expropriation and indemnification shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. / If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities shall immediately proceed to their eviction, without payment of any indemnification. / The expropriations and indemnifications shall be financed with a contribution of one hundred million colones in cash, which shall be recorded through four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981 and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Office of the Comptroller General of the Republic.” It is deemed necessary to make the following considerations in the majority opinion of this Court. The law with respect to this article, seems to have recognized or at least is expressed in such a way, that it assumes a fact taken as certain by the Legislator, namely, that upon its entry into force, there effectively existed non-indigenous persons, possessors or titleholders in good or bad faith, over areas of the territories of the indigenous reserves, in relation to which, in order to comply with the commitments undertaken by the State, particularly with the provisions of Article 11 of Convention number 107 of the International Labour Organization, their eviction had to proceed. Thus, it being necessary to assume that the reserve was duly delimited, it was defined according to the article under study and by logical deduction, that regarding these non-indigenous possessors, first, they had to be identified, as possessors of lands within the reserve. For these purposes, with complete clarity this judicial authority understands that it is imperative that the Administration be clear on the delimitation of the land areas that make up the indigenous reserve, exclusively according to the respective Executive Decree that, issued for that effect, has so recognized, and this, with absolute independence from the registry information derived from the National Registry, although of course, the preparation of the corresponding plans and the registry inscription of the farms in the name of the respective associations, is a prerequisite for the subsequent determination, of which non-indigenous person is within the reserve, or of potential legal situations derived from the registry status of the property. The delimitation of those lands corresponded before the entry into force of the Indigenous Law to INDER, in coordination with CONAI, as it does now under current regulations and of course, in coordination with the indigenous communities themselves and any other linked public authority, including the State itself in accordance with an adequate exercise of conventionality control in matters of human rights. Second, based on the areas that comprise the reserve, once duly delimited, it would then be necessary to carry out population censuses that allow identifying the existence of non-indigenous people within it, (a task that corresponds to CONAI, in conjunction with the indigenous communities, whether those third parties exercise possessory acts or are titleholders at the registry level of some right over the territories (possible registry overlaps included), so the registry and/or cadastral situation of the property is mandatory. Third, for the purposes of proceeding with the material expulsion through police action, administrative eviction, or in its case, prior to eviction or placement in possession, the indemnification, if appropriate through the expropriation process, of every non-indigenous person in the reserves, it would have to proceed with the prior determination of the variables that, according to Article 5 of the Indigenous Law, make it depend on acting one way or another, that is, depending on whether it concerns the exercise of acts or rights by third parties carried out in good or bad faith. A parameter for this is undoubtedly the rules contained in the Civil Code, articles 17 to 22, without prejudice to the regulations that have been systematically analyzed up to this point of this instrument, according to which, any act carried out after the Indigenous Law’s validity and by virtue of its provisions at least, becomes, in principle and by operation of law, null, as these are properties outside the commerce of men. Of course, the date of creation itself of each reserve is a parameter that must also be weighed, and despite the lack of demarcation, whether the non-indigenous person could have known that the property could be part of the indigenous territory. Fourth, in the case of possessors in bad faith, their expulsion (police act) or immediate eviction must be carried out through the legal means provided for this purpose (administrative eviction), for which purpose, no indemnification would proceed. In the case of persons who are registry titleholders of ownership or of some real right, who have title and who are in bad faith, the action provided by the legal system for the removal from the legal world of the corresponding title should proceed, to subsequently achieve the respective eviction. In the event that the title was granted in the exercise of some administrative power (titling by a public authority among others), this would entail the action through the lesivity process if applicable, without prejudice to the provisions of Article 173 of the General Law of Public Administration or direct action exercised by the holder of the affected right. In the case of non-indigenous persons, whether simple possessors, or registry titleholders of ownership and/or some real right over the property, as long as they are acting in good faith, INDER must proceed to propose an alternative for their relocation on lands that would have to be equivalent as far as possible, to those thus affected by these third parties in the indigenous reserves. The lands for relocation must undoubtedly be among those available to the Institute of Rural Development, both for its ordinary legal purposes and for these particular purposes, under the Indigenous Law, given that the disposition of lands to be destined for the purposes of protecting indigenous communities has long been vested in the then ITCO, even prior to the entry into force of the Indigenous Law as noted supra. Now then, relocation only proceeds if it is voluntary for the individual and if possible; otherwise, the expropriation proceeding must be initiated, whose procedure, subsequently and eventually judicial process, must be the responsibility of the Institute of Rural Development, making use of its own budget for this, except for what corresponds exclusively with the payment of indemnifications when they proceed, charged to the funds that CONAI is to administer. INDER for these effects shall carry out the necessary procedures in order to comply with the preparatory acts of the respective administrative procedure and expropriation in the judicial forum, including the full identification of the property in question, its valuation and the declaration of public interest in its case, without prejudice to the assistance that other public entities and of course, the Executive Branch itself, may provide, which in the opinion of the majority of the members of this Court, has never been understood by the legal order to be disconnected from these tasks in direct application of international law. Thus, it is exclusively for the payment of indemnifications then, that the funds directed to CONAI by the Executive Branch under the final paragraph of that provision must be allocated, so that if they are under good administration by the Commission, it must keep them available for when it is appropriate to proceed with the indemnification in favor of whoever corresponds, according to the requirement of INDER and when legally appropriate, all within an adequate and efficient coordination framework. In this manner, it can be said that the legislator instrumentalized the entity called at that time the Institute of Lands and Colonization—it could be assumed given the platform its organization had—later the Institute of Agrarian Development, today, the Institute of Rural Development, in relation to which its legal duties are still in force to delimit the lands that make up the indigenous reserves according [sic] Executive Decree number 5904 of March eleventh, nineteen seventy-six, and to provide the lands necessary to relocate non-indigenous people when appropriate—for which it must proceed using those lands it has available. In the case of expropriation, account must be taken of the particular interest that the declaration of public interest must pursue, which corresponds to a prior indispensable action. The public interest in these cases, certainly according to constitutional Article 45, responds to the deployment of state obligations imposed by the block of legality and in that measure, in protection of the public interest related to the protection of indigenous culture associated with the right of property, but it also attends, and at the same time, to a community or collective interest of a privative nature, as it will pursue the integrity of the right of property, exclusive and excluding, vested in the indigenous communities through their representative organizations, so it is not an institutional interest, but rather a means for the preservation of the right of property of particular and vulnerable population groups that have traditionally been at risk and subject to constant violations of their right of property, as both the legislator and the Executive Branch have expressly recognized. As for the National Commission of Indigenous Affairs, it corresponds to this public organization as stated, to carry out population censuses within the indigenous reserves, of course, once they are clearly delimited by INDER, without prejudice to the manner in which it must proceed when there is no doubt about the areas of the reserve in question. In this sense, for this Court by majority, the administration of the funds that CONAI was to be endowed with by the Executive Branch in compliance with Article 5 of the Indigenous Law and the making available of these funds, exclusively for the purposes of paying the indemnifications whose procedure is the responsibility of INDER, would have to serve as a budget to finance them. The foregoing makes it assumed that a formal request from INDER to CONAI will have to prevail for these purposes when appropriate, and as long as the money designated for that effect by the legislator and chargeable to the Executive Branch subsists. If it proves insufficient, the shortfall ought to be provided by the Executive Branch following the same legislative formula provided and to the extent necessary. The possibility that the originally provided budget may not be sufficient imposes nothing other than to say, that this circumstance does not vitiate the original obligation exclusively attributable to the central government, to provide the resources necessary to fully comply with the provisions of the Indigenous Law and international law. At the time when there are no non-indigenous persons to indemnify in the reserves, it is clear to this Court that the norm contained in the cited provision—a programmatic norm—will lose validity once the purpose pursued by it in that respect has been fulfilled. In that eventual state of things, it should be possible to affirm that the exercise of the exclusive and excluding right of property, of which the indigenous communities are the titleholders, would have been effectively realized, without prejudice to future vigilance over its integrity. In this way, it is understood that for the fulfillment of these specific purposes, both the State and CONAI and INDER must carry out intensive and systematic coordination tasks, in the exercise of obligations and competencies that are neither exclusive nor excluding, but rather joint and coordinated and interdependent, and none of these authorities may neglect the active role imposed by the legal system that they must perform, from the legal, registry and material delimitation of the reserves, to the conducting of population censuses and the location of non-indigenous possessors or titleholders of any right over the properties of interest, and in each specific case they must determine whether that right or possession is in good faith, in order to proceed, when appropriate, to mere indemnification and/or, where applicable, to indemnification following the corresponding expropriation procedure and their subsequent expulsion or eviction from the property, as well as placing the titleholder in effective possession of the land. It is noted that any of the administrations involved, if they fail to fulfill their role or legal duty, impedes or at least significantly affects the rest.-.”

This panel fully shares what was previously transcribed, which allows an understanding of the evolution of the protection given to the territories occupied by indigenous populations in Costa Rica. Based on the foregoing, it is essential in this matter to determine whether the plaintiff falls within the scenarios contemplated in Article 5 of the Indigenous Law, since only through the accreditation of these elements is it possible to accept the indemnification claim of Mrs. Cantillano. Regarding the requirements established in Article 5 already referred to, and together with what has already been transcribed, the ruling of Section Six number 00105-2020-VI, at 14:15 hours on August 28, 2020, established:

“VI.- OF THE PREREQUISITES FOR INDEMNIFICATION OF RIGHTS TO LANDS LOCATED IN INDIGENOUS RESERVES.- For the analysis of the question, we must attend to the provisions of the national legal system, regarding the prerequisites for the indemnification of rights of non-indigenous persons, located in indigenous reserves, according to the delimitations given for such effect, whether by law or by decrees of the Executive Branch.

This has been a topic already addressed consistently and repeatedly by this Court on various occasions, for example, number 74-2013-VII, at ten hours thirty minutes on the twenty-ninth of October, two thousand thirteen, of the Seventh Section, 38-2016-VI, at ten twenty-five hours on the eighth of March and 66-2016-VI, at fifteen hours on the twenty-first of April, the latter two handed down in the year two thousand sixteen; 15-2019-VI, at eight hours thirty minutes on the thirteenth of February, two thousand nineteen and 86-2020-VI, at fifteen hours fifty minutes on the thirtieth of June, two thousand twenty, the last ones of the Sixth Section and number 23-2019-IV, at eleven hours eighteen minutes on the twenty-ninth of March, two thousand nineteen, of the Fourth Section, all of the Administrative Dispute Tribunal. From the foregoing precedents, it is possible to infer the following: guidelines that orient the decision in this matter.

First: In the case of indigenous reserves established and recognized in our country, it is necessary to reiterate that these are lands that are destined for the exclusive use of indigenous peoples and, by virtue of that, are withdrawn from the commerce of men, that is, they are inalienable and furthermore are imprescriptible, and "not transferable," given that by legal mandate they are destined "... exclusively for the indigenous communities that inhabit them," and it is clarified that "(N)on-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other manner acquire lands or farms comprised within these reserves"; pursuant to numeral 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), number 6172, of the twenty-ninth of November, nineteen hundred seventy-seven. Consequently, this constitutes a special property regime, insofar as it differs from the concept of private property provided for in the national legal system under the provision of numeral 45 of the Fundamental Charter and in ordinary legislation—whether civil, urban, and agrarian—; and that, due to the limitations it implies for non-indigenous persons, translates into limitations on the ordinary attributes of the right of (private) property, in the terms provided in article 264 of the Civil Code (Código Civil), given that it is a diverse regime, as has been indicated, and which excludes non-indigenous persons.

Second: However, in the manner already indicated by this Court, the propriety of compensation is conditioned upon the concurrence of several elements, as provided by the regulations governing this matter. In this regard, as relevant to this issue, in judgments numbers 15-2019-VI, at eight hours thirty minutes on the third of February, number 23-2019-VI, at eleven hours eighteen minutes on the twenty-ninth of March, both of two thousand twenty and 86-2020-VI, at fifteen hours fifty minutes on the thirtieth of July, two thousand twenty, the following has been stated in what is of interest:

"a) Material element: The first prerequisite that is of preponderant logic in this type of cases, is that the land whose expropriation and compensation is petitioned must be territorially located within the area of an Indigenous Reserve. This requires a casuistic analysis in order to determine that geographical correspondence. The accreditation of this aspect may be accomplished in various ways, as it may well be supported by a certificate issued by the corresponding administrative authorities, as well as through technical evidence, among others, topographical expert analyses, satellite topographical surveys, documents from the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), among others. The determining factor regarding this aspect is defining that belonging of the land to an indigenous reserve area, a deduction that cannot be limited to one particular type of proof. b) Subjective element: On one hand, the expropriated party must be a non-indigenous person who holds the ownership right or the possession of a property that is located within the boundaries of the Indigenous Reserve, in this latter case, provided that possession has been exercised in good faith (buena fe) in the terms of the Civil Code. The foregoing implies that in cases where that possession was in bad faith, no right whatsoever to compensation exists, an aspect that in each case must be analyzed in accordance with the evidentiary elements provided to the court file. On this point, the case of the acquisition of lands from an indigenous person may be cited, a case in which that aspect would lead to the presumption of knowledge that the lands formed part of the communal property that applies in this matter. From this perspective, in the event of not being possessors in good faith, the administrative authorities must proceed immediately to the eviction of the real estate without any compensatory right to be recognized whatsoever. c) Temporal Element: In the same manner, the norm implies a temporality rule that conditions the granting of the corresponding compensation, in the sense that the registry ownership of the land or the possessory exercise must have begun prior to the area in which the specific farm is located being included within the Indigenous Reserve zone. Thus, the date of registration of the property or corresponding acquisition (provided the transfer was from someone who was not indigenous) or the commencement of possessory acts must have occurred before the respective zone was declared an indigenous reserve. After that declaration, which is made through Law No. 6172, or through the expansion of the boundaries of the respective reserve (when the land in dispute did not form part of the original area of those reserves), pursuant to the restriction imposed by canon 3 cited above, those acts of transfer of ownership or of possessory rights will be absolutely null, and therefore, unenforceable against the commented compensation process, since their object would be a property upon which a legally imposed limitation has already fallen and which, therefore, does not form part of commerce. This is inferred from canon 3 in question insofar as it indicates: "... Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other manner acquire lands or farms comprised within these reserves. (...)". That norm permits the commerce of goods only among indigenous persons, sanctioning the nullity of contracts entered into between indigenous and non-indigenous persons, as well as the acquisition by non-indigenous persons of lands that have been declared part of a reserve. Ergo, once the reserve is constituted and its area delimited, the titling of lands, or transfers of ownership over properties that form part of that coverage, will not be possible. To that end, the reference point is none other than the legal norm or the Executive Decree in which the limits of each reserve are defined, or the norm that expands the previously established territorial parameters. That is to say, for these effects, it is necessary to consider the formal act that affects the heredity of the non-indigenous person, through a declaration of administrative will that defines that portion of land as part of the indigenous zone. It bears reiterating that, independently of the date of acquisition, the same ordinal 3 establishes the nullity ipso iure (by operation of law) of transfers from an indigenous person in favor of a non-indigenous person, in which case it is evident that, due to the invalidity of the title transferring ownership, the commented compensation would not be proper. Likewise, this element has an influence in turn on the analysis of the good faith component, since once the declaration of affectation is made, and such circumstance is recorded in the registry margin of the land, the acts of acquisition of ownership or possession will not be considered as being in good faith, and therefore, no monetary reparation will be applicable. …” (Highlighted text is from the original.)

Third: Thus, the same national legal system established mechanisms or instruments in favor of the owners or possessors "in good faith" of real estate incorporated into indigenous reserves, in accordance with the boundary delimitation that the law or the Executive Branch makes of each indigenous reserve. Thus, in the first place, relocation, "on other similar lands" and if that is not possible or there is no consent on the part of the affected party, through expropriation and compensation, via the ordinary procedures established in the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones). For this reason, it is of interest to define what is understood as an owner or possessor in good faith, since the fulfillment of this prerequisite infers that it gives rise to the corresponding compensation, in safeguarding the right of property, pursuant to numeral 45 of the Political Constitution. Thus, registry ownership or possession of the real estate is not enough to generate this obligation on the part of the Administration. In this sense, the reference (parameter) are the principles contained in numerals 17 to 22 of the Civil Code in relation to 10 and 131.3 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), under which it is absolutely prohibited to seek legal effects not permitted or prohibited by the legal system, as would be the case in seeking an antisocial exercise or an abuse of right in relation to individuals and deviation of power in the case of the Public Administration, given that in the field of Administrative Law and, with it, of administrative-legal relations, the norm "... must be interpreted [and applied] in the manner that best guarantees the realization of the public purpose to which it is directed, within the due respect owed to the rights and interests of the individual," as stated in the cited canon 10 of the General Law of Public Administration. In this matter, and under the protection of the regulations governing it, only the rights (of property or of possession) acquired by non-indigenous persons prior to that delimitation—and with it, the affectation of such lands to the legal regime of indigenous property—can be qualified as being in good faith, and with that, gives rise to the corresponding compensation of the private property right and of the damages and losses caused by that affectation. On the contrary, it can well be concluded that any act of transfer or disposition of properties comprised in indigenous reserves, carried out after the determination of the lands that make up the respective indigenous reserve—according to delimitation carried out either by the Legislative Assembly through law or by the Executive Branch, through a decree issued to that effect—becomes, in thesis of principle and by provision of law—article 5 of the Indigenous Law—null, by reason of being real estate that is outside the commerce of men. In this sense, it is necessary to specify that a direct effect of this affectation on the disposition of the territories declared indigenous reserves, is that non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or acquire lands or farms located within the indigenous reserves and if acts of disposition (purchase, sale, or of any type) are carried out after a declaration of a territory as an indigenous reserve, they will be absolutely null actions, as expressly provided in numeral 3 of the Indigenous Law [...]

In this sense, we must remember that the decrees creating indigenous reserves, like the rest of the normative provisions, are published in the Official Gazette La Gaceta, this publicity being sufficient for its notification to the citizenry and population of the Nation. In principle, in attention to the principle of initial registration of public domain properties, this affectation would not require further indication in the Public Property Registry; however, given that it is a special property regime—as already indicated, different from the private property regime, having a special legal connotation, of a communal character of the indigenous peoples, and which permits transmission among indigenous persons—it is understood that this affectation must at least be determined and recorded in some public document, such as are the respective affectation decrees and derived from this, specified at least in some study or plan. Therefore, any transfer or occupation that occurs after the area of the indigenous reserve is demarcated, must be considered in bad faith, an assumption in which one must proceed with its expulsion (police act) or immediate eviction through the legal avenues provided for this purpose (administrative eviction), and consequently, no compensation whatsoever could proceed."

This transcription is relevant because it allows systematizing the need to accredit three elements in order to proceed with the requested compensation, a material element, a subjective one, and a temporal one, which we will analyze below.

Regarding the material element, that is, that the land whose expropriation and compensation is petitioned must be territorially located within the area of an indigenous reserve, it is established that, in the present matter, from the very claim, the plaintiff acknowledged that the entirety of her land is located within the territory of the Bribrí de Kekoldi (Cócles) Indigenous Reserve, a situation that is corroborated with the document dated June 2, 2008, from the Executive Director of CONAI and addressed to the Municipality of Talamanca (proven fact number 4) and with official letter number IRT-0836-2018, of October 4, 2018, from Eng. Jimmy Garita Hernández, Chief of Information and Land Registry of INDER, in which it was stated: "In attention to official letter AJ-L-284-2018; related to judicial file No. 15-007359-1027-CA, which relates to farm 90980, of the Limón registry, I am permitted to inform the following: / I am unaware of the moment when the property was created on the ground, with the form and dimensions, with which it was finally registered. / The property, according to the location of the plan that represents it, is affected by Indigenous Territory Kekoldi, in the sector with decree number 7267 dated August 9, 1977. / The registry study indicates that farm 90980 originates from farm 39050, however, in the place where this is located, there exists another farm in the name of Inder, which is 1050. / Attached is a sketch with the location of the plan and of each one of the decrees of the Indigenous Territory" (proven fact number 8). By virtue of the foregoing, this composition has no obstacle to considering this first element accredited. The situation becomes more complicated for the subjective element and the temporal element. As derived from what has been transcribed, the subjective element contains two constitutive requirements: on one hand, the person must be non-indigenous and on the other hand, must be the holder of the ownership right or of the possession of a property, provided that the possession has been exercised in good faith in the terms of the Civil Code. The temporal element, for its part, requires that the registry ownership of the land or the possessory exercise must have begun prior to the area in which the specific farm is located being included within the Indigenous Reserve zone. We say that the accreditation of these elements becomes complicated, because the plaintiff bases her ownership, among other things, on the adjudication that both in her favor and that of her deceased husband was made by the then IDA, now the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) -INDER-, in its session number 074-99 held on October 13, 1999, article number XIV, of the land identified as parcel number 7-A-107 (proven fact number 1), as well as its subsequent registry processing through public deed number thirty, granted before notary Federico Villalobos Chacón at 10:00 hours on October 29, 1999 (proven fact number 2), which led to its registration on March 16, 2000, in favor of the plaintiff of right 002 over farm number 90980, located in district 2, Sixaola, of canton 4 Talamanca, of the Province of Limón, with plan L-0505554-1998, corresponding to one half of the farm in dispute in this matter (proven fact 3). Precisely, these original actions by the now Inder, agreeing to the adjudications, by the notary charged with materializing the transfers, and by the National Registry generating the farm in question, are called into question through the lesivity process accumulated to the present cause, upon Inder considering that it should never have adjudicated said parcel to the plaintiffs, insofar as it forms part of the reserve since the delimitation established through Executive Decree number 7267 of August 9, 1977. Faced with this situation, it is the consideration of this Chamber that in order to determine whether there is good faith in the possession and ownership of the plaintiff and whether the land was or was not included in the Reserve at the moment of being acquired, it is necessary to first clarify whether the original actions of Inder are in accordance with the law, for which purpose the lesivity action brought by Inder must be analyzed. Thus, the situation being what it is, and in order to have a clear thread for this resolution, the general aspects of the lesivity process will be addressed below, in order to then analyze the fulfillment of requirements for the specific case, as well as the objections presented by the plaintiff regarding the procedure carried out and the validation of the title by the passage of time. Once those questions are resolved, the analysis of the subjective and temporal elements will be taken up again, with the purpose of determining whether it is proper or not to compensate the plaintiff Cantillano Obando.

GENERAL ASPECTS OF THE LESIVITY PROCESS.- As a starting point, it is necessary to highlight that, in general terms, the lesivity process is a jurisdictional mechanism, through which the ordinary legislator authorized Public Administrations to bring annulment claims regarding acts declaring subjective rights issued by them. In these types of judicial processes, the validity of a specific formal conduct is analyzed, which has generated subjective rights in favor of an administered party—natural or legal person—. Precisely for this reason, the obligatory participation of the addressee of the act whose nullity is sought is made necessary, for the purpose of guaranteeing not only the adversarial principle, but also the timely exercise of their right of defense. In our legal system, article 34 of the Administrative Dispute Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), is the norm that sets the prior elements and procedural regulations of this figure; however, said normative precept must be harmonized with numerals 173.6 and 183, both of the General Law of Public Administration -LGAP-, in order to have a complete overview of the topic addressed. From the harmonious combination of said norms, it is concluded that in this type of process, standing (legitimación activa) is granted to the Administration issuing the act under attack, while the passive party with standing (legitimado pasivo) is the administered party who is the recipient of the effects of that formal conduct. This is so, because as indicated above, lesivity constitutes an instrument for the juridical suppression of specific administrative acts creating subjective rights, insofar as they are substantially non-conforming with the legal system—acts vitiated by absolute nullity or relative nullity—(articles 128, 158, 165 and concordant articles of the LGAP). Thus then, the lesivity process is one more guarantee for the administered party, in which, in application of the principle of intangibility of one's own acts, the Administration cannot by itself eliminate the effects of an act declaring subjective rights; rather, it is through this process and by a jurisdictional body, independent of the Administration that authored the act sought to be annulled as detrimental to the public interest, that such rights-generating acts can be suppressed. However, it is important to remember that in addition to what has already been pointed out, it is essential that the supreme hierarchical superior of the respective Public Administration—issuer of the formal conduct under attack—declare the lesivity of the act, when public, economic, or interests of any other nature have been affected. Furthermore, in accordance with our legal framework, when the act emanates from the Central Administration, the claim may only be initiated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) (article 16 of the CPCA). Regarding the time available, both to declare the act detrimental and to file the judicial process under comment, the CPCA establishes the term of one year, computed from the day following the issuance of the act, to declare it detrimental in the administrative venue. The foregoing, except for the assumptions in which the referred formal conduct has defects of absolute nullity, in which case, under what is regulated by ordinal 34.1 of the CPCA, that internal declaration may be made as long as the effects of the act persist. In such a case, by mandate of said norm, the year is computed from the cessation of its effects and the judgment that orders the eventual nullity will do so only for the annulment and future inapplicability of the challenged conduct. After the declaration of lesivity, the CPCA grants a term of one year to the respective Public Administration—computed from the day following the finality of such declaration—to initiate the administrative dispute process of lesivity—article 39 of the CPCA—. In synthesis, in accordance with what has been indicated, for the establishment of a lesivity process and consequent pronouncement on the merits of the matter, the following is required: i) the existence of a specific, final administrative act declaring subjective rights; ii) that said formal conduct has defects of absolute nullity or relative nullity; iii) that the referred act has been declared detrimental to public, economic, or interests of any other nature in the administrative venue by the supreme hierarchical superior of the Administration issuing it; iv) that such declaration of lesivity be made within the term of one year provided in numeral 34 of the CPCA—except regarding the protection of public domain properties, which is not subject to a term—article 34.2 of the CPCA; v) that the administrative dispute process of lesivity be initiated by the Public Administration issuing the act, within the term of one year provided by article 39.1.e) of the CPCA—with the exception stated regarding public domain properties—and/or that the act contains defects of absolute nullity perpetuated over time. Precisely the fulfillment of such prerequisites regarding lesivity will be analyzed later by the Tribunal to verify whether or not the requested annulment is proper.

LESIVITY IN THE SPECIFIC CASE.- From the exhaustive analysis of the case file and of the evidence provided by the parties that are annexed to the judicial file, this Tribunal concludes that article XIV of session 074-99, held by the former IDA on October 13, 1999, insofar as it refers to the titling of the farm of the Limón Registry, Folio Real number 90980, rights 001 and 002; granted at the time in favor of Mr. Eugene Rose Calphen, holder of identity card number 8-0048-0333 and the plaintiff Mrs. Cantillano Obando, identity card number 7-0122-0048, with the corresponding cadastral plan number L-0505554-1998 and through which the adjudication, segregation, and transfer of parcel number 7-A-107 of the BIRF project was approved, must necessarily be annulled, for having been issued contrary to the legal system. The foregoing will further imply the partial annulment of the public deed through which the segregation and transfer of the real estate was authorized, insofar as it concerns Mr. Eugene Rose Calphen and Mrs. Felicia Cantillano Obando, as well as the registry inscription of the real estate in their names and their subsequent transfers, as will be indicated further below, given that the initial adjudication made in favor of the plaintiff and who in life was her husband did not fulfill the normative requirements established for that purpose by the legal system. In view of that, once the examination of the indispensable prerequisites that are of rigor in this type of process has been carried out, as highlighted in the preceding whereas clause (considerando), this Chamber determines that the declaration of lesivity made by the plaintiff Administration fulfills the requirements indicated, which is explained as follows: i) As has been referenced, there exists a specific, final administrative act declaring rights, in favor of the person called to judicial proceedings, that is, Mrs. Felicia Cantillano Obando, as well as in favor of who in life was her husband, Eugene Rose Calphen (a right that was later transferred to Mrs. Cantillano), taken by the Board of Directors of IDA in its article XIV of session 074-99, of October 13, 1999, which ordered the segregation and transfer of several parcels of the BIRF Project, among them, number 7-A-107, which ultimately generated the titling of the farm of the Limón Registry, Folio Real number 90980, rights 001 and 002, described in cadastral plan number L-0505554-1998, with a measurement of 11 Ha and 4782 m2. Evidently then, the first prerequisite for lesivity is present, that is, the specific, final administrative act declaring subjective rights in favor of the adjudicatees of the indicated parcel. ii) The agreement referred to above is precisely the formal administrative conduct that is sought to be annulled through this process, INDER considering that it contains defects of absolute nullity due to non-compliance with requirements necessary for its adoption. In this regard, this Tribunal considers that, as argued by the filing entity, the agreement adopted at the time by the Board of Directors of the then IDA transgressed the legal system and therefore contains defects of absolute nullity perpetuated over time that it is necessary to reverse. First of all, it must be highlighted that despite the fact that the Law on the Titling of Lands in National Reserves (Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales), number 7599 of April 29, 1996, was declared unconstitutional through vote number 8560-2001 at 15:37 hours on August 28, 2001, it was in force at the time when the former IDA made the adjudication of the parcel identified with number 7-A-107, and therefore, was what served as the basis for said administrative act. However, based on the evidence provided by Inder and outlined in proven fact 4, but especially in proven fact 8 (official letter number IRT-0836-2018, of October 4, 2018, from Eng. Jimmy Garita Hernández, Chief of Information and Land Registry of INDER), it must be considered accredited in the present matter that “The property, according to the location of the plan that represents it, is affected by Indigenous Territory Kekoldi, in the sector with decree number 7267 dated August 9, 1977”. That is to say, that at the time when the IDA proceeded to agree to the transfer of parcel number 7-A-107 in favor of the plaintiff and her deceased husband, those properties already formed part of the Bribrí de Kekoldi (Cócles) Indigenous Reserve, endowed with the protection of inalienability contained in articles 3 and 5 of the Indigenous Law, a protection that has as a consequence the annulment of any transaction that attempts to dispose of said properties, even if it comes from a public authority like Inder. As this Tribunal has indicated in resolution 0074-2013 already transcribed, "In the event that the title has been granted in the exercise of some administrative power (titling by a public authority among others), this would necessarily entail the action by way of lesivity if applicable, without prejudice to what is provided in article 173 of the General Law of Public Administration or the direct action exercised by the holder of the right affected." Inder has determined, within its competencies, that the entirety of the plaintiff's property is part of the Reserve since 1977. Against this evidence provided, the party has not presented elements of conviction that cast doubt upon or openly contradict what was indicated by Inder. From the facts of the claim, it is evident, just as the original defendants alleged, a series of inconsistencies in the plaintiff's narrative since, registrally, it is recorded that right 001 over the farm in question was registered in her name only on March 6, 2012 (proven fact 7), while right 002 was registrally registered in her name on March 16, 2000 (proven fact 3). There is no evidence whatsoever in the judicial file of the possession alleged since 1982, nor of the acts of use and enjoyment of the property, nor of original possessions, prior to 1977, transferred in favor of the plaintiff or her husband. Nor is there evidence that, as the party alleges, the farm entered the Indigenous Reserve with its penultimate modification in 1996. The evidence provided by Inder, on the other hand, establishes with sufficient credibility that parcel number 7-A-107, which corresponds to farm number 90980, rights 001 and 002, forms part of the Kekoldi Indigenous Reserve since 1977, which renders the content of the administrative act of transfer of the property in favor of the plaintiff and her deceased husband unlawful, a reason for which the adjudication based on it becomes null. In sum of the foregoing, and in consideration of the arguments of the plaintiff's representative, it is important to highlight that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in vote 8560-2001 of August 28, 2001, annulled in its entirety Law No. 7599, dimensioning the effects of the judgment "in the sense that the unconstitutional nature declared does not affect those persons who have titled their lands under the protection of the Law now declared unconstitutional, provided that the term of three years to challenge the effects of that declaration has elapsed."

As a consequence of the foregoing, the three-year validation (convalidación) period from the date of the award (adjudicación) in favor of the plaintiff, which occurred on October 13, 1999, was also not met, since as of the date on which the aforementioned Ley N° 7599 was annulled, i.e., August 28, 2001, said period had not elapsed, as alleged by Mrs. Cantillano’s representative, and therefore these arguments must be rejected as unfounded. iii) Furthermore, this Tribunal has credited, as previously outlined, the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) made by the supreme hierarchical superior of INDER, based on Article 34.2 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) and numeral 176 and following of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), it being recorded in the case file that by means of an agreement taken by its Board of Directors in article number XXXVI of Ordinary Session 31, of October 8, 2018, the following was ordered: "The official communication AJ-425-2018, signed by Lic. Francisco Villegas Ramírez, Legal Affairs Attorney, and Máster Patricia Calderón Rodríguez, Director of Legal Affairs, is presented for the knowledge and consideration of the Directors, regarding the Urgent Request for Lesivity (Lesividad) Process for Lot 7-A-107, 'BIRF' Titling Project, in relation to the Contentious Administrative process being processed under case file number 15-007359-1027-CA. Also attached is official communication AJ-L-288-2018, in response to the Agreement taken by the Board of Directors in its Article 48, Ordinary Session 30, held on October 1, 2018, where, according to the requested expansion of criteria, official communication IRT-0836-2018, signed by Eng. Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registry, is also attached, through which the location of farm 90980, the object of the harmfulness proposal, is established. / Lic. Francisco Villegas Ramírez, Legal Affairs Attorney, enters the Session Room to provide an explanation of the Contentious Administrative process being processed under case file number 15-007359-1027-CA." In view thereof, it was decided: "To accept the recommendation contained in official communications AJ-L-288-2018 AND AJ-425-2018, signed by Lic. Francisco Villegas Ramírez, Legal Affairs Attorney, and Máster Patricia Calderón Rodríguez, Director of Legal Affairs, and based on it, it is agreed: / 1) The agreement taken by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) (today the Institute of Rural Development), by means of Article XIV of Session No. 074-99, held on October 13, 1999, in which the segregation and transfer of 42 parcels and lots of the 'BIRF 2764 CR' Titling Project is approved, is declared harmful to the public interests, solely in regard to parcel 7-A-107, granted in favor of Eugene Rose Calphen, residence ID 8-048-333 (now deceased), and Felicia María Cantillano Obando, identity card 7-122-060; because the same was titled improperly as it forms part of the Kekoldi (Cocles) Indigenous Reserve, whose ownership is, by virtue of the provisions of Article 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena), imprescriptible (imprescriptible) and inalienable (inalienable) and must be registered in the name of the Comprehensive Development Association (Asociación de Desarrollo Integral) of the respective reserve. / 2) To instruct the Directorate of Legal Affairs to file the corresponding harmfulness process before the Contentious Administrative Court." As we can see clearly, the full intention of the Board of Directors of INDER is recorded, to reverse the award made against the law, and therefore, the interest in annulling the agreement initially adopted, through the declaration of harmfulness that is known in this process. In this regard, it must be remembered that the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has stated that "said declaration, at the administrative level, is the mandatory precedent for the harmfulness process, through which the Administration seeks the nullity of its own final act, so that without it, it is impossible to challenge it at the jurisdictional level, as it would violate basic constitutional principles such as respect for acquired rights and the theory of one’s own acts, as well as those of legal security and certainty. Therefore, said declaration predetermines and conditions the scope of the lawsuit" (see in this regard vote No. 415-2003 of 8:30 a.m. on July 18, 2003, and vote No. 232-F-2005 of 9:50 a.m. on April 14, 2005). iv) Now, regarding the legally established period for initiating the harmfulness process, it must be remembered that as a general rule it is one year—according to the assumptions established in subsection 1 of Article 34 of the CPCA—; however, in the case under study, the applicable legal basis is that of Article 34.2 of the CPCA, which precisely provides for imprescriptibility (imprescriptibilidad) in the case of the protection of public domain (dominio público) assets, whose characteristics of inalienability (inalienabilidad) and imprescriptibility are shared by the lands comprising the Indigenous Reserves. By way of clarification, it is noted that this Tribunal is not saying in any way that indigenous territories constitute public domain assets (bienes demaniales). It has only been referenced that the indigenous collective property system shares with public domain assets the characteristics of being inalienable and imprescriptible, which allows the regulations of Article 34.2 of the CPCA to be extended to this case. Therefore, in the present case, there is no subjection to any period for the declaration of harmfulness of the illegitimately adopted act (which the party tacitly accepted by withdrawing its defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción)), much less to declare its nullity, since in the case of inalienable lands, because they are part of an Indigenous Reserve, no statute of limitations or expiration period could operate for their recovery, as they are subject to a special legal regime and affected or destined for a specific purpose of protecting the indigenous population, so that they are outside the commerce of men, in accordance with the jurisprudential precedents widely cited previously. v) In the case under review, we therefore reaffirm that the process has been initiated in time and form, having been declared prior to the filing of this lawsuit, by the superior hierarchical body of the Institute of Rural Development, the harmfulness of the agreement sought to be annulled, which is not subject to any period, as it involves the recovery of assets that formed part of an indigenous reserve since before the award, and which, as has been outlined in this judgment, are non-transferable. In accordance with the foregoing, this Tribunal holds it to have been credited that, in the award of parcel number 7-A-107, described in cadastral plan (plano catastrado) number L-0505554-1998, with an area of 11 Ha and 4782 m2, the necessary requirements established in the legal system were not fulfilled, which leads to the admission of the requested harmfulness and the declaration of nullity by this collegiate body, of the act of transfer of the aforementioned farm, which ultimately includes, by connection, the deed that gave rise to the registration of parcel number 7-A-107 in favor of Mrs. Cantillano and her late husband and the one that ordered the transfer in her favor of the right of her former spouse (only as to this extreme), as well as the registrations derived from these deeds, with parcel number 7-A-107 having to return, as an unavoidable registry consequence, to form part of the parent farm (finca madre), for which purpose the standard orders shall be issued. The nullity declared here is because this Tribunal has held it to be credited that, in the initial award and authorization of transfer and registration carried out by the former IDA, the major fact was overlooked that parcel number 7-A-107 was located in its entirety within the Bribrí Indigenous Reserve of Kekoldi (Cocles) since the description made in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 7267 of August 9, 1977, which removed this parcel from commerce, rendering the content of the award act impossible. Consequently, the unlawfulness of the content of the act and therefore its absolute nullity having been demonstrated, the harmfulness requested by INDER must be accepted. Lastly, and only for the sake of completeness, this Chamber must rule on the arguments of Mrs. Cantillano’s attorney, to the effect that the procedure followed by INDER to declare the agreement for the award of parcel number 7-A-107 harmful is null for non-compliance with the rules of Article 173 of the LGAP, an argument that must clearly be rejected because the party confuses the two most important avenues available to the Public Administration to review its own acts. In accordance with the rules established in chapter six of title six of the LGAP, as a matter of principle, the Administration is inhibited from annulling, through administrative channels, its own acts that have declared any right in favor of the administered parties (principle of intangibility of one’s own acts). In general terms, to render an act of this nature null and void, the Administration must resort to the judicial route and request that a jurisdictional body declare said nullity through the harmfulness process regulated in Articles 10.5, 34, and 39.2 of the Code of Contentious Administrative Procedure, as well as 183 of the LGAP, for which it is an indispensable requirement, as previously indicated, that there be a declaration of harmfulness by the supreme hierarchical superior of the Administration that authored the conduct, just as has been done in this case. We are not talking about an ordinary procedure, but only about a declaration of harmfulness, as a prerequisite for going to the judicial level to discuss, before the holder of the rights granted by the act sought to be annulled, whether the nullity is appropriate. Thus, the rights of defense, hearing, and due process that Mrs. Cantillano alleges were violated at the administrative level are not protected in that instance, but before the Contentious Court through this process, since the declaration of nullity, that is, the decision that would curtail her sphere of rights by eliminating from the legal world the agreement through which parcel number 7-A-107 was awarded to her, does not occur with the act that declares the award harmful, but with the judgment issued at the judicial level, after the adversarial proceedings. Thus, to declare an act harmful, the Administration does not need to follow the rules of Art. 173 of the LGAP, since this procedure regulates an exceptional mechanism for annulment of acts at the administrative level, without resorting to judicial aid for the modification of the legal situation of the administered party. In accordance with the procedure established in that rule, the Administration may annul administratively one of its own acts declaring rights, provided that said act presents a nullity that, in addition to being absolute, is evident and manifest. In this case, and being an exceptional avenue, the Administration must follow an ordinary procedure and guarantee in that venue due process and the right of defense in favor of the holder of the right that is being sought to be annulled, requiring, in that case, the favorable opinion of the PGR. But we are not facing the review of the exercise of that power by INDER. Note that the Board of Directors of the institution merely proceeded to declare the act harmful, not to annul it in its own venue, so that the nullities alleged by Mrs. Cantillano’s representative lack support, due to the party’s confusion regarding the procedure that has been used, which leads to the rejection of these arguments.

In conclusion of the foregoing, agreement number XIV taken by the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development, in Ordinary Session number 074-99, of October 13, 1999, shall be annulled, as well as the corresponding deed of transfer of the parcel, number 30 of volume 23 of the protocol of Notary Federico Villalobos Chacón, granted at 10:00 a.m. on October 29, 1999, and which gave rise to the registration of the farm of the Partido de Limón registration number 90980, rights 001 and 002, right 001 first in the name of Eugene Rose Calphen, and today registered in favor of Mrs. Cantillano Obando, and right 002 always in favor of Mrs. Cantillano, with an area of 11 Ha and 4782 m2, the annulment of which is also ordered in this act. By connection, deed number 171, granted before Public Notary Rigoberto Jiménez Vega at 11:00 a.m. on February 23, 2012, must also be annulled, only insofar as it awarded to Mrs. Cantillano right 001 over farm number 90980, located in district 2, Sixaola, of canton 4 Talamanca, of the Province of Limón, with plan L-0505554-1998, with parcel number 7-A-107 having to return, as an unavoidable registry consequence, to form part of the parent farm, for which purpose the standard orders shall be issued. Until this judgment becomes final, the precautionary measure of recording (anotación) of the lawsuit on the rights of the farm in question, ordered in the resolution of 8:57 a.m. on December 6, 2018, must be maintained, in order to give adequate protection to the indigenous property that is the object of this matter. Additionally, as an unavoidable consequence of what is ordered in this resolution, the third claim of the lawsuit is accepted, and consequently, Mrs. Cantillano Obando or any other natural or legal person who is on the property is ordered to vacate (desalojo) parcel 7-A-107, corresponding to the province of Limón registration number 90980, rights 001 and 002, plan number L-0505554-1998, as well as the respective delivery of possession thereof in favor of the Comprehensive Development Association of the Kekoldi (Cocles) Indigenous Reserve, within a period of one month once this resolution becomes final.

COROLLARY IN RELATION TO THE INDEMNIFICATION CLAIM.- The nullity of the agreement pursuant to which the parcel whose indemnification is now claimed was awarded to the plaintiff and her late husband having been declared, and as indicated in the preceding recitals (considerandos), it is necessary to resume the discussion as to whether the plaintiff meets the parameters set by Article 5 of the Indigenous Law to be indemnified, as a good faith holder of a right prior to the constitution of the reserve. As is clearly verifiable, the declaration of nullity of the title that supported the party’s legal position tears down her presumption of good faith for indemnification purposes. The existence of proceedings or even documents from CONAI or the Municipality of Talamanca authorizing certain uses or supposedly recognizing a legal situation cannot be opposable to this declaration, by virtue of the special protection regime established in Articles 3 and 5 of the Indigenous Law, so that the second of the elements required to be indemnified must be considered not satisfied. Along the same lines, it having been credited that parcel number 7-A-107 forms part of the Bribrí Indigenous Reserve Kekoldi (Cocles) since Executive Decree number 7267, dated August 9, 1977, and that the award of the parcel in favor of the plaintiff and her deceased spouse occurred on October 13, 1999 (the oldest time for which there is evidence of use or possession), it is clear that at that time the parcel was already entirely part of the reserve, so that the required temporal element is also not met. This being the case, and reviewing the claims of the lawsuit, the one seeking that an indemnification right for expropriation (expropiación) be declared in her favor under the framework of the Indigenous Law must be rejected, so that regarding this issue it is also not possible to impose any obligation on CONAI and INDER. As for the payment of the sums corresponding to the FONAFIFO contracts, it is sufficient to indicate that the party failed to prove the existence of the contracts or that they were entered into regarding the parcel in question. In any event, by virtue of the nullity of the award agreement, the plaintiff would also not be entitled to collect any sum for a parcel that has been located within the Indigenous Territory since 1977. Lastly, regarding the alleged damages, for the impossibility of using the land and disposing of the property, due to the way in which this matter is resolved, the recognition of any sum for these items is absolutely unfounded, since it has been proven that the award of the parcel in her favor should never have occurred, and consequently, no right of disposition of the property ever arose, so that the payment of what is claimed would constitute unjust enrichment (enriquecimiento sin causa). This being so, this claim must also be rejected, which leads to the declaration that the lawsuit filed within case file 15-007359-1027-CA is dismissed in all its aspects.

EXCEPTIONS.- As has been outlined in this judgment, against the harmfulness action, Mrs. Cantillano Obando raised the defenses of lack of right (falta de derecho), as well as statute of limitations and expiration. These last two were withdrawn at the preliminary hearing. As for the lack of right, it is clear, from the way the matter is resolved, that INDER has met all the prerequisites for harmfulness, and consequently, the declaration of nullity, with its derivative consequences, is appropriate, so the defense of lack of right is rejected. As for the lawsuit filed by Mrs. Cantillano Obando, INDER raised lack of right, lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), and improper joinder (indebida integración de la litis) with the State. CONAI, for its part, raised lack of right, lack of passive and active standing, and improper joinder, requesting the joinder of the State. ADITIK, despite the declaration of default (rebeldía), raised lack of right and lack of passive and active standing. Regarding the joinder, the issue was settled in the procedural phase. As for the lack of passive standing of the three defendants, it must be rejected, since the party claims from each of the defendants the direct causation of damages, whether by their action (ADITIK) or by their failure to act (CONAI and INDER), so that they have sufficient and necessary passive standing to be a procedural party in this litis. Regarding the lack of active standing raised by CONAI and ADITIK, it is indicated that the plaintiff, until this decision, held a title with a presumption of validity over the farm she claims, so her position is sufficiently well-founded to be a procedural party in this litis. Finally, as for the right, for the reasons explained in the preceding recitals, none of the claims of Mrs. Cantillano Obando can be accepted, and therefore, the aforementioned exception must be upheld, dismissing her lawsuit in all its aspects.

COSTS.- According to the regulation in Article 193 of the Code of Contentious Administrative Procedure, personal and procedural costs are a burden imposed on the losing party by the fact of being so, and their waiver only proceeds when there exists, in the Court’s judgment, sufficient cause to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence the opposing party was unaware of. Since there are two accumulated processes in this matter, it is appropriate to make provision for each of them separately. As for the harmfulness lawsuit (exp. 18-009473-1027-CA), we consider that there exists valid cause to vary the premise of condemnation, given that the award and registry registration carried out in favor of the plaintiff and her spouse was due to a provision made by the Public Administration itself. Ergo, we consider it appropriate to resolve said matter without a special condemnation in costs. As for the lawsuit in case file 15-007359-1027-CA, we consider that there is no valid cause to vary the premise, and therefore, the payment of both costs is imposed on the plaintiff, to be liquidated in the enforcement phase (vía de ejecución), in favor of the three co-defendants.

POR TANTO

All the evidence for a better ruling (prueba para mejor resolver) presented by the plaintiff is REJECTED, the first three elements for being unnecessary and the last for being openly unfounded. A) Regarding the harmfulness lawsuit (exp. 18-009473-1027-CA): The defense of lack of right raised by Mrs. Cantillano Obando is rejected, and therefore the harmfulness lawsuit filed by INDER against Felicia Cantillano Obando is declared with merit in all its aspects. Consequently, agreement number XIV taken by the Board of Directors of the then Institute of Agrarian Development, in Ordinary Session number 074-99, of October 13, 1999, is annulled, as well as the corresponding deed of transfer of the parcel, number 30 of volume 23 of the protocol of Notary Federico Villalobos Chacón, granted at 10:00 a.m. on October 29, 1999, and which gave rise to the registration of the farm of the Partido de Limón registration number 90980, rights 001 and 002, with an area of 11 Ha and 4782 m2, the annulment of which is also ordered in this act. By connection, deed number 171, granted before Public Notary Rigoberto Jiménez Vega at 11:00 a.m. on February 23, 2012, is also annulled, only insofar as it awarded to Mrs. Cantillano right 001 over farm number 90980, located in district 2, Sixaola, of canton 4 Talamanca, of the Province of Limón, with plan L-0505554-1998, with parcel number 7-A-107 having to return, as an unavoidable registry consequence, to form part of the parent farm, for which purpose the standard orders shall be issued. Until this judgment becomes final, the precautionary measure of recording of the lawsuit on the rights of the farm in question, ordered in the resolution of 8:57 a.m. on December 6, 2018, must be maintained, in order to give adequate protection to the indigenous property that is the object of this matter. Additionally, as an unavoidable consequence of what is ordered in this resolution, Mrs. Cantillano Obando or any other natural or legal person who is on the property is ordered to vacate parcel 7-A-107, corresponding to the province of Limón registration number 90980, rights 001 and 002, plan number L-0505554-1998, as well as the respective delivery of possession thereof in favor of the Comprehensive Development Association of the Kekoldi (Cocles) Indigenous Reserve, within a period of one month once this resolution becomes final. Without special condemnation in costs. B) Regarding the lawsuit in the main process (exp. 15-007359-1027-CA): The defense of lack of standing is rejected, and the exception of lack of right raised by the representatives of INDER, CONAI, and ADITIK is upheld. Consequently, the lawsuit is declared dismissed in all its aspects. Costs are borne by the plaintiff, to be liquidated in the enforcement phase, in favor of the three co-defendants. José Martín Conejo Cantillo. Francisco Hidalgo Rueda. Gustavo Irías Obando. Judges.-

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LVO1MR6GHHO61

Document signed by:

JOSE MARTIN CONEJO CANTILLO, DECISION-MAKING JUDGE
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, DECISION-MAKING JUDGE
GUSTAVO IRIAS OBANDO, DECISION-MAKING JUDGE

EXP: 15-007359-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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