Res. 06226-2023 Tribunal Contencioso Administrativo — INDER has no obligation to title lands in Golfo Dulce Forest ReserveINDER no tiene obligación de titular tierras en Reserva Forestal Golfo Dulce

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 06226 - 2023

Fecha de la Resolución: 06 de Diciembre del 2023 a las 13:00

Expediente: 15-005498-1027-CA

Redactado por: Fabián Nuñez Castrillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

15-005498-1027-CA - 0




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

MARIO GONZALEZ GONZALEZ




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2023006226

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas del seis de Diciembre del dos mil ventitres.-

 

 PROCESO DE CONOCIMIENTO, interpuesto por MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, mayor, cédula de identidad 6-0113-0875, en contra de INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER); 

CONSIDERANDO: 

 I).- GENERALIDADES EN CUANTO AL TRÁMITE DEL PROCESO:   

 1).- Que en su demanda, la parte actora pretende que en sentencia se disponga lo  siguiente: "°La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante acuerdo No 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965 (folio 55-56), acuerdo No VI de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974 (folio 102), acuerdo VI sesión 712 del 2 de mayo de 1967 (folio 72), encaminados a dar una solución al problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A. °Que se le reubique a mi representado en un fundo en iguales condiciones al que posee, mismo que se representa por medio del croquis que consta en autos (FOLIO 469), o en su defecto se le debe cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a peritaje que valore el inmueble que posee mi representada. °Que mi representado está en posesión del área en litis desde 1959, tal y como lo dice la carta de venta que consta al folio (463 al 467) misma que es prueba de la presente demanda. °Condenar en abstracto al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del croquis que consta en autos, y la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representado. °Que era de conocimiento del antiguo I.T.C.O. -hoy I.N.D.E.R.- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mi representado, el cual se representa por medio del croquis que consta en autos. °Que se reconozca a mi representado dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan en autos, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del croquis que consta en autos.  °Que el ente demandado recayó en otra conducta omisiva al no ejecutar el acuerdo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre del 2005. °Que se condene al demandado al pago de ambas costas." (Ver demanda reformulada por el actor, imágenes 975-977 del expediente digital. Pretensiones así fijadas en audiencia preliminar). 

 2).- Que la representación del INDER, contestó en forma negativa la demanda e interpuso las excepciones falta de legitimación, caducidad, prescripción y falta de derecho.  (Ver imágenes 1067-1168 del expediente digital). 

 3).- Que la audiencia preliminar, fue celebrada el 03 de octubre de 2018. En dicha audiencia, se rechazaron las defensas de litisconsorcio pasivo necesario y cosa juzgada interpuestas por el INDER y se reservaron las defensas de caducidad y prescripción para ser resueltas en sentencia de fondo. (Ver minuta en imágenes 1225-1227 del expediente principal, así como grabación de dicha audiencia).   

 4).- Que el juicio oral, se realizó el día 09 de noviembre de 2023. En dicha audiencia, se recibió la declaración de los testigos Sérvulo Sandoval Mata y Geovanny de Jesús Rosales Méndez (ofrecidos por el actor) y Mario Jiménez Quirós y Miguel Herra Miranda (ofrecidos por la entidad demandada). Con la anuencia expresa de las partes, se les otorgó el plazo de tres días hábiles para rendir conclusiones y se declaró el presente proceso complejo en los términos del numeral 111 de Código Procesal Contencioso Administrativo. (Ver grabación de dicha audiencia).  

 5).- Que ambas partes, rindieron sus conclusiones escritas. (Ver imágenes 1507-1541 del expediente digital). 

 6).- La presente resolución se dicta previa deliberación por unanimidad y en los procedimientos, no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. Redacta el Juez Fabián Núñez Castrillo; 

 II).- PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES: Parte actora: En síntesis, el actor argumenta que es poseedor de un inmueble sin inscribir y sin catastrar, ubicado en la localidad de Estero Guerra de Sierpe, Osa, el cual posee desde el 02 de enero de 1959. Que el 24 de octubre de 1975, mediante Decreto 5357-A, se creó el Parque Nacional Corcovado, aledaño a la propiedad en cuestión. Posterior a esa fecha, el entonces denominado ITCO (hoy INDER), inició censos en las tierras que conformaban el parque y en tierras aledañas, que demostraron que existían personas con derechos posesorios decenales consolidados, tal y como es su caso. Que igualmente y luego de una serie de conflictos en Bahía Drake de Osa en 1965 entre vecinos y una compañía norteamericana, el entonces ITCO inició negociaciones con la empresa Osa Forestales para solucionar el problema de ocupación precaria de tierras en presuntas propiedades de esa compañía, según consta en acuerdos 11 de la sesión 400 del 08 de junio de 1965 y VI de la sesión 1196 del 16 de junio de 1970, donde se reconoció el problema de ocupación precaria que estaba afectando a cientos de campesinos. Que prueba de ello, es que el Estado emitió un decreto de expropiación a la empresa Osa Forestal.  Que el entonces ITCO, ingresó a cada una de las propiedades de los campesinos para realizar levantamientos topográficos con el fin de solucionar la ocupación precaria y dotarlos de título de propiedad, pero la solución no llegaría. Que por los estudios realizados por la entidad demandada, se percataron que dentro de los terrenos ocupados por los campesinos de la Península de Osa, existían dos sectores que no le pertenecían a Osa Forestales y sobre los cuales habían derechos posesorios por más de diez años de las personas que los habitaban. Que la omisión de la entidad demandada de no resolver el conflicto de ocupación en precario data del año 1963, es decir, que dicha conducta omisiva tiene más de 50 años. Que el fundamento de la expropiación de Osa Productos Forestales S.A., era justamente resolver el conflicto de tenencia de las tierras de los campesinos. Que por medio del artículo 39 de la sesión 044-05 del 14 de noviembre de 2005, la Junta Directiva de la entidad demandada acordó realizar un procedimiento especial para solucionar el problema de posesión precario, pero nunca se llevó a cabo, continuando la conducta omisiva. Que aún y cuando el INDER tiene muy clara la problemática de posesión, no han hecho nada para solucionarlo. Que por medio de acuerdo de la Junta Directiva del INDER, artículo XIII de la sesión 2429 del 01 de diciembre de 1980 y artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980, lo declaró adjudicatario en virtud de la posesión que tenía desde el año 1959. Considera además que la omisión reclamada le ha ocasionado daños y perjuicios por la imposibilidad de poder ejercer los actos de propietario, al no poder inscribir la propiedad en el Registro Público, manteniéndolo en una constante zozobra por las constantes gestiones que el INDER ha realizado con el fin de desalojarlo. Que además, se le ha impedido realizar su vida normal, sin poder tener acceso a crédito para crecer en actividades como la agricultura, ganadería y ecoturismo. Que también, ha tenido que invertir dinero en honorarios profesionales y otros gastos. Que ha sufrido aflicción durante todos estos años que ha durado la conducta omisiva del INDER, provocándole daño moral. Que por ende, pide que declare con lugar la demanda formulada. Parte demandada: alega la representación del INDER, en síntesis, que no le consta que el actor sea poseedor de un inmueble sin inscribir desde el año 1959 y que también desconoce los actos de acoso a los que hace referencia. Que el actor no puede alegar que se trate de un inmueble sin inscribir, ya que la finca que conforma el asentamiento (finca del Partido de Puntarenas 39334-000), se encuentra inscrita a nombre del INDER desde el año 1979 y antes de ello, se encontraba inscrita a nombre de un particular. Que el croquis que aporta el actor, no permite establecer su ubicación dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce o del Patrimonio Natural del Estado, ni dentro de la finca propiedad del INDER. Que en todo caso, los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal de la Reserva Forestal Golfo Dulce y la finca del Partido de Puntarenas 39334-000 son bienes de dominio público, por lo que no pueden ser objeto de posesión. Que no es cierto que su representada haya iniciado censos, ya que el decreto que creó el Parque Nacional Corcovado disponía que dicha labor era de la Procuraduría General de la República. Que tampoco es cierto que se haya reconocido un problema ocupacional en el acuerdo VI de la sesión 1196 del 16 de junio de 1970, ya que en ese acuerdo lo que se ordenó fue realizar un estudio de la propuesta de la Compañía Osa Productos Forestales S.A., por lo que no se hizo referencia a ningún censo que demuestre que el actor sea legítimo poseedor de algún inmueble anterior a la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Que no existe ninguna omisión del INDER en el titularle al actor la finca indicada en el croquis que aporta como prueba, ya que es propiedad de dicha entidad. Que el actor no trajo al proceso prueba que permita determinar que solicitó que se le titulara el terreno que describe en el croquis, bajo el procedimiento especial de titulación en Osa y que era su responsabilidad según se estableció en el acuerdo de Junta Directiva 39 de la sesión 044-05 del 14 de noviembre de 2005, por lo que insiste en que no hay ninguna conducta omisiva. Que en todo caso, ese acuerdo fue revocado en sesión 040-2007, artículo 35 del 19 de noviembre de 2007, por existir una imposibilidad legal de titular en esa zona que forma parte del Patrimonio Natural del Estado. Que en ningún momento se le ha reconocido al actor posesión sobre el terreno descrito en el croquis, ya que no permite tener seguridad que se encuentre dentro del área que comprende la finca 39334-000. Que en razón de lo anterior, considera que los daños y perjuicios reclamados por el actor son improcedentes, por lo que pide que se declare sin lugar y se condene a los actores al pago de ambas costas.  

 III).- HECHOS PROBADOS: De especial relevancia para la resolución de este asunto, se tiene por demostrado el siguiente elenco fáctico: 1).- Que la Reserva Forestal de Golfo Dulce, fue creada mediante Decreto Ejecutivo 8494-A del 26 de abril de 1978 y, modificada su cabida mediante los Decretos Ejecutivos 9388-A del 30 de noviembre de 1978 y 10142-A del 12 de junio de 1979. (Ver consulta en SINALEVI,  www.pgr.cr/scij). 2).- Que mediante acuerdo 11 de la Sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, la Junta Directiva del entonces ITCO, acordó entre otras cosas, proponer a la empresa Arawak Trust Company la compra de la porción de tierras conocidas con el nombre Bahía Drake. (Ver imágenes 65-73 del expediente principal digital). 3).- Que mediante acuerdo VI de la Sesión 712 del 02 de mayo de 1967, la Junta Directiva del entonces ITCO dispuso entre otras cosas: "a) Ratificar el acuerdo contenido en el art. II de la sesión no. 628 celebrada el 4 de noviembre de 1966, por el cual se acordó que sin perjuicio de las conversaciones que se pudieran llevar a cabo para arreglar satisfactoriamente el conflicto de ocupación precaria en fincas de la Osa Productos Forestales, situadas en Bahía Drake de Osa, prosíganse los trámites señalados en el capítulo vi de la ley de tierras y colonización; b) Encargar al Depto. Legal la elaboración de un proyecto de Decreto Ejecutivo tendiente a inscribir a nombre del Estado, para su posterior al ITCO, de aquellos terrenos nacionales, con una superficie de aproximadamente 15.000 hectáreas, que se encuentran situados en el centro de la Península de Osa, rodeados de las fincas de la Osa Productos Forestales." (Ver imágenes 82-92 del expediente principal digital). 4).- Que mediante acuerdo IV de la Sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974, la Junta Directiva del entonces ITCO, dispuso entre otras cosas: "A) Ratificar la aprobación del Proyecto de Convenio preliminar para la solución del conflicto de tierras en la propiedad de Osa Productos Forestales S.A., haciendo hincapié en que al tenor de la clausula cuarta del mismo, la Osa, se obliga a traspasar al ITCO un área de Reserva del 20% de las tierras requeridas para cada Asentamiento, destinado al desarrollo futuro de aquellos ..." (Ver  imágenes 111-112 del expediente principal digital). 5).- Que mediante sentencia 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, la Sala Constitucional resolvió recurso de amparo N°3605-V-92, promovido por el Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa contra el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, ordenando al Ministerio de Ambiente y Energía: "...proceda a realizar -si no se ha hecho- el censo que se establece en el numeral 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A e iniciar las diligencias de expropiación o compra directa según corresponda, debiendo proceder a elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio". El aquí actor no fue parte en ese recurso. (Ver sistema de consulta del Poder Judicial). 6).- Que la finca del partido de Puntarenas con matrícula folio real 39334-000 correspondiente al asentamiento campesino denominado Osa, tuvo su origen en el decreto de expropiación  N°10088-G-H publicado en la gaceta N°102 del 1 de junio de 1979, reformado por el N°10233-G del 5 de julio de 1979, y refiere a las fincas 22048-000, 8947-000 y 22046-000 del Partido de  Puntarenas, reunidas en la finca 39334-000 y al plano P-0180757-1994 que tiene la siguiente leyenda: "Con base en la ubicación que aparece en este plano el inmueble se ubica DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley Forestal N°7174, su reglamento y el Decreto Ejecutivo Ley N°DE-10142-A del 12-06-79. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. Fecha 18 ABR 1994" (Ver imágenes 831-935 del expediente judicial). 7).- Que la entidad demandada mediante artículo 39 de la sesión 044-05 del 14 de noviembre de 2005 considerando, en lo que resulta de interés, dispuso: "1- Que las fincas inscritas en el Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Puntarenas, números 22048, 8974 y 22046,  las cuales fueron reunidas formando una sola finca inscrita al Folio Real 39334-000 del Partido  de Puntarenas propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, que conforman el Asentamiento  Campesino Osa, se ubican dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante decreto  ejecutivo número 8494-A del 1 de junio de 1978. 2- Que los indicados inmuebles los expropio el  Estado a la compañía Osa Productos Forestales y en el mismo acto los traspasó al Instituto de  Tierras y Colonización, hoy IDA, para el desarrollo de un plan agropecuario forestal a favor de  campesinos sin tierra (ver decretos Ejecutivos 10088-G-H de fecha 2 de mayo de 1979 y Decreto  10244-G de fecha 5 de julio de 1979). 3- Que según estudios efectuados por la Sección de  Inventario de Tierras de este Instituto las tierras expropiadas a la Compañía Osa Productores Forestales estaban por un conflicto de ocupación precaria que se originó en el año 1963 (véase  oficio SIT-059-78) (...) Acordó: PRIMERO: Se autoriza un procedimiento especial y exclusivo  para que en la finca número 39334-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que  conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se  pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una  posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se  creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce. SEGUNDO: El beneficiario que pretenda ser  sujeto de titulación deberá presentar los siguientes documentos ante la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa: a- Solicitud formal para que se le otorgue el título que deberá contener como mínimo: nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante y su cónyuge ubicación de la parcela o lote que se pretende titular y naturaleza del terreno. b- Documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de julio de 1978. e- Declaración jurada rendida ante un Notario Pública (sic) donde conste el tiempo de posesión del solicitante el nombre, apellidos y demás calidades de la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968. d- Certificación del estado civil del solicitante o solicitantes. e- Copia de la cédula de identidad del solicitante y su cónyuge. f- Plano catastrado del inmueble. Con toda la documentación antes señalada la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa procederá a la conformación del respectivo expediente administrativo (...) CUARTO: La Oficina Subregional de Rincón de Osa del IDA, en acción  conjunta con el funcionario que la Dirección del Área de Conservación Osa el MINAE designe,  deberá en todos los casos practicar inspección ocular en el predio que se pretende titular. La  indicada inspección ocular tendrá como objeto lo siguiente: a) Comprobar en el propio sitio la  presencia del ocupante como dueño del terreno. b) Comprobar linderos, comprobar que no  existen traslapes ni presencia de terceros ocupantes. e) Reseñar la naturaleza del inmueble. d)  Levanta el acta correspondiente que será suscrita por los funcionarios señalados. e) Verificar la  información investigada con la base de datos. censos y documentos que posea la oficina  subregional del IDA en Osa. QUINTO: Realizada la inspección de campo y habiéndose  verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el MINAE por medio de su representante  regional y el IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirán la recomendación  respectiva expresando su opinión favorable para el otorgamiento del título o las razones para  negarlo..." (Ver acuerdo contenido en el expediente digital). 8).- Que mediante acuerdo 35 de la Sesión Ordinaria 040-2007 del 19 de noviembre de 2007, la Junta Directiva de la entidad demandada, dispuso: "Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el cual indica que la afectación a Reserva  Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo  Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado  otorgar títulos de propiedad a particulares, se acuerda: Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reservo Forestal Golfo Dulce. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD". (Ver acuerdo contenido en el expediente digital). 9).- Que la entidad demandada adjudicó al actor los predios identificados como 10 y 10-A del Asentamiento Osa, sector 6, sin antes verificar la afectación de los predios por patrimonio natural del Estado, acuerdo que no se materializó debido a que el actor no firmó la respectiva escritura pública ni pagó el costo de la tierra. (Ver testimonios de Mario Jiménez Quirós y Miguel Herra Miranda).

 IV).- HECHOS NO PROBADOS: De relevancia para este asunto, se tienen como hechos indemostrados, los siguientes: 1).- Que el actor tuviera reconocidos derechos de usucapión o posesorios antes de la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce por parte del Instituto demandado (No existe prueba suficiente en autos). 2).- Que los Decretos Ejecutivos 8484-A del 28 de abril de 1978, DE-9388-A del 30 de noviembre de 1978 y DE 10088-GH reconocieran derechos de usucapión o posesión al actor (No existe prueba suficiente en autos). 3).- Que el "procedimiento especial y exclusivo" adoptado por la Junta Directiva del Instituto demandado, en el artículo 39 sesión 044-05 del 14 de noviembre de 2005, cumpliera todas las etapas dispuestas en el mismo, para el caso del actor (No existe prueba suficiente en autos). 4).- Que la entidad demandada haya incurrido en la conducta omisiva reclamada por el actor (No existe prueba suficiente en autos). 5).- Que los acuerdos 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, VI de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974 y VI de la sesión 712 del 2 de mayo de 1967, otorgaran algún derecho al actor. (No hay prueba que lo acredite). 6).- La existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa reclamada y los daños y perjuicios cuya indemnización pretende el actor. (No hay prueba que lo acredite).   

 V).- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO EN DISCUCIÓN: En su demanda, el actor pide que en sentencia se disponga lo siguiente: "°La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante acuerdo No 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965 (folio 55-56), acuerdo No VI de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974 (folio 102), acuerdo VI sesión 712 del 2 de mayo de 1967 (folio 72), encaminados a dar una solución a la problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A. °Que se le reubique a mi representado en un fundo en iguales condiciones al que posee, mismo que se representante por medio del croquis que consta en autos (FOLIO 469), o en su defecto se le debe cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a peritaje que valore el inmueble que posee mi representada. °Que mi representado está en posesión del área en litis desde 1959, tal y como lo dice la carta de venta que consta al folio (463 al 467) misma que es prueba de la presente demanda. °Condenar en abstracto al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del croquis que consta en autos, y la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representado. °Que era de conocimiento del antiguo I.T.C.O. -hoy I.N.D.E.R.- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mi representado, el cual se representa por medio del croquis que consta en autos. °Que se reconozca a mi representado dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan en autos, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del croquis que consta en autos.  °Que el ente demandado recayó en otra conducta omisiva al no ejecutar el acuerdo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre del 2005. °Que se condene al demandado al pago de ambas costas." Una vez analizados en su integralidad los argumentos de las partes, así como la prueba aportada y evacuada en autos, considera este Tribunal que lo pretendido por el actor no resulta procedente. En primer lugar, no existe en autos prueba suficiente que acredite la conducta omisiva del INDER que reclama. En efecto, el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre de 2005, se limitó a regular un procedimiento tendente a establecer en cada caso concreto, si el solicitante cumplía o no los requisitos previstos por el INDER, para que los ocupantes del Asentamiento Osa iniciaran los trámites para titular, era la vía o camino diseñado para alcanzar la titularidad sobre los bienes que poseían en aquél momento, pero del mismo no derivó o otorgó algún derecho a los poseedores, ya sea de forma individual o conjunta. Ese procedimiento "especial y exclusivo" establecido en dicho acuerdo, no representó el libre ejercicio de dominio sobre esos terrenos para los ocupantes; limitándose a regular o establecer en cada caso particular si el solicitante cumplía o no los requisitos previstos en el Decreto Ejecutivo 8494-A respecto de la posesión decenal previa a la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Consecuentemente, tal acuerdo no es un acto declarativo de derechos subjetivos para el actor, por lo que su no ejecución no podría considerarse como una conducta omisiva en detrimento de sus derechos o intereses. Ese procedimiento "especial y exclusivo" no superó la etapa inicial de recepción de documentos o preparatoria -al menos no se demostró lo contrario-, con lo cual no puede reconocerse un derecho o una expectativa de derecho en relación a la situación del actor. Pero en todo caso, debe subrayarse que el acuerdo 35 adoptado en la sesión ordinaria 040-2007 del 10 de noviembre de 2007, dispuso revocar el "procedimiento especial y exclusivo" tendente a la titulación de tierras por parte de los ocupantes del Asentamiento Osa en el inmueble P-3934-000 (adoptado en el acuerdo 39 de la sesión 44-05 de 14 de noviembre del 2005). Resulta de importancia destacar también, que los numerales 9, 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A, ordenaron la compra directa o expropiación, el traslado y reasentamiento de los ocupantes y la elaboración de un censo para adquirir los terrenos, pero no reconoce derechos de usucapión para los poseedores o titulares de los terrenos comprendidos en la Reserva Forestal Golfo Dulce. El Decreto Ejecutivo 10088-GH ordenó la expropiación de tres fincas de Osa Productos Forestales y posterior traspaso al entonces ITCO, pero no se refiere a la situación particular de los ocupantes del Asentamiento Campesino. Tampoco, encuentra este Tribunal la existencia de alguna conducta omisiva por parte del INDER derivada de los acuerdos 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, VI de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974 y VI de la sesión 712 del 2 de mayo de 1967, toda vez que de los mismos tampoco derivó algún derecho en la esfera jurídica del actor que la entidad demandada esté en la obligación de ejecutar. Nótese, que se tratan de acuerdos genéricos, que no conocieron o resolvieron sobre la situación particular del actor. Ahora bien, no existe prueba suficiente en autos que acredite que el actor tuviera reconocidos derechos de usucapión o posesorios antes de la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce. En primer lugar, el croquis y la carta de venta a los que alude el actor no permiten establecer con exactitud la identidad con el inmueble en discusión y que por ende, esté en posesión desde el año 1959, por cuanto alude a una porción indeterminada de terreno. Tal prueba, por sí sola no es suficiente en  esta sede para acreditar la afirmación del actor. Debe indicarse, que los testigos Sérvulo Sandoval Mata y Geovanny de Jesús Rosales Méndez (ofrecidos por el actor) tampoco aportan elementos suficientes para esa convicción, pues su conocimiento es muy posterior a la fecha invocada por el actor y además, no identifican con plenitud el inmueble. En efecto, la parte actora no demuestra la posesión de la parcela 10 años antes de la expropiación de las fincas folios reales del Partido de Puntarenas 22048 y 8947 pertenecientes a Agroindustrial Rincón S. A antes Osa Forestales S.A, así como la finca también del Partido de Puntarenas 22046 propiedad de O. Sociedad Anónima, según el Decreto Ejecutivo 10088-G-H. Además, es claro para este Tribunal que el INDER no es la institución que administra el Patrimonio Natural del Estado, de modo que tiene impedimento legal para titular o disponer los terrenos que conforman ese demanio público. El Estado fue quien expropió las fincas indicadas, no el INDER, por lo que cualquier discrepancia que tuviera el actor respecto a la presunta posesión de un fundo con ubicación indeterminada, es una discusión que no resulta imputable a dicha entidad. Es de importancia destacar, que la entidad demandada adjudicó al actor los predios identificados como 10 y 10-A del Asentamiento Osa, sector 6, pero sin antes verificar la afectación de los mismo por patrimonio natural del Estado, pero en todo caso el actor no reclama ningún extremo en ese sentido y según se acredita con el testimonio de los señores Mario Jiménez Quirós y Miguel Herra Miranda, dicho acuerdo no se materializó debido a que el actor no firmó la respectiva escritura pública ni pagó el costo de la tierra, que constituye una contraprestación necesaria. Así entonces, no es posible estimar ningunas de las pretensiones formuladas por el actor. Igual suerte corre la pretensión indemnizatoria, ya que en su condición accesoria, al no demostrarse la conducta omisiva reclamada, se descarta la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa alegada y los daños y perjuicios cuya indemnización pretende el actor, en los términos que dispone el numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública. 

 VI).- EXCEPCIONES: Al contestar la demanda, la representación del INDER interpuso las excepciones de falta de legitimación, caducidad y prescripción. En cuanto a la falta de legitimación, si bien no se especifica en cuál sentido se plantea, la misma debe ser rechazada, ya que sin perjuicio del derecho de fondo analizado, el actor reclama -según su teoría del caso- la existencia de una conducta omisiva por parte del INDER que lo vincula directamente con el objeto en discusión, de modo que ostenta legitimación para accionar en tutela de sus derechos e intereses en contra de dicha entidad pública en los términos de los numerales 10, 1) a) y 12, 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo. En cuanto a la caducidad y prescripción, las mismas deben rechazarse, ya que en primer lugar, el Código Procesal Contencioso Administrativo entró a regir posterior a la conducta omisiva que alega el actor y además, porque a criterio de este Tribunal, no hay prueba suficiente para establecer el punto de inicio de esa conducta para el cómputo de plazos. En cuanto a la falta de derecho, por las razones ya indicadas en los considerandos anteriores, dicha excepción debe acogerse, toda vez que las pretensiones y argumentos expuestos por el actor no encuentran asidero jurídico, por lo que la demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos.     

 VII).- COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no se encuentra motivo alguno que permita aplicar las excepciones citadas, toda vez que, se pudo corroborar la improcedencia de la acción ejercida en los términos expuestos; razón por lo cual las costas -procesales y personales- serán a cargo de la parte actora.   

POR TANTO: 

 Conforme a los términos expuestos, se rechazan las excepciones de falta de legitimación, caducidad y prescripción;  se acoge la excepción de falta de derecho, por lo que se declara SIN LUGAR, en todos sus extremos, la demanda interpuesta por MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en contra de INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se condena a la parte actora vencida al pago de las costas derivadas de este proceso, extremo que deberá ser liquidado en fase de ejecución de sentencia. Notifíquese.- Fabián Núñez Castrillo, Evelyn Solano Ulloa, Francisco José Chaves Torres.-



 

 




- Código Verificador -
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T0TCV8J1UKS61



 

Documento firmado por:

FABIAN NUÑEZ CASTRILLO, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-005498-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:01:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

**Resolución Nº 06226 - 2023**

**Date of Resolution:** December 6, 2023 at 13:00

**Expediente:** 15-005498-1027-CA

**Drafted by:** Fabián Nuñez Castrillo

**Type of matter:** Proceso de conocimiento

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Sentences from the same expediente**

**Text of the resolution**

**EXPEDIENTE:**

15-005498-1027-CA - 0

**PROCESO:**

CONOCIMIENTO

**ACTOR/A:**

MARIO GONZALEZ GONZALEZ

**DEMANDADO/A:**

EL ESTADO

**N° 2023006226**

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours on the sixth of December of two thousand twenty-three.-

PROCESO DE CONOCIMIENTO, filed by MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, of legal age, identity card 6-0113-0875, against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER);

**CONSIDERANDO:**

**I).- GENERAL ASPECTS REGARDING THE PROCEDURAL HISTORY:**

**1).-** That in his claim, the plaintiff seeks that the judgment order the following: "°The omission by INDER to execute the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through agreement No. 11, Session No. 400 of June 8, 1965 (folio 55-56), agreement No. VI of session No. 1832 of December 11, 1974 (folio 102), agreement VI session 712 of May 2, 1967 (folio 72), aimed at providing a solution to the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A. °That my represented party be relocated to a property (fundo) under equal conditions to the one he possesses, which is represented by the sketch that appears in the record (FOLIO 469), or failing that, he must be paid the monetary value of his exercised right of possession (posesión), based on an expert valuation that assesses the property my represented party possesses. °That my represented party has been in possession of the area in dispute since 1959, as stated in the purchase letter appearing on folio (463 to 467) which is evidence for this claim. °To impose an abstract judgment against INDER for the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a sound regime of possession of the land identified by the sketch appearing in the record, and the proper distribution of land and its riches to the detriment of my represented party. °That it was known to the former I.T.C.O. - today I.N.D.E.R. - that in the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there was a problem of precarious occupation (ocupación en precario), as is the case of my represented party, which is represented by the sketch that appears in the record. °That my represented party be recognized within the group of possessors described in the censuses appearing in the record, as a result of his continuous possession by successive chain of title (tracto sucesivo), which is represented by the sketch that appears in the record. °That the defendant entity incurred another omission by failing to execute agreement 39 of session 044-05, held on November 14, 2005. °That the defendant be ordered to pay both costs." (See amended claim by the plaintiff, images 975-977 of the digital file. Claims thus established at the preliminary hearing).

**2).-** That the INDER's representation answered the claim negatively and filed the exceptions lack of standing to sue (falta de legitimación), expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), and lack of right (falta de derecho). (See images 1067-1168 of the digital file).

**3).-** That the preliminary hearing was held on October 3, 2018. At said hearing, the defenses of necessary passive joinder (litisconsorcio pasivo necesario) and res judicata (cosa juzgada) filed by INDER were rejected, and the defenses of expiration and statute of limitations were reserved to be resolved in the final judgment on the merits. (See minutes in images 1225-1227 of the main file, as well as the recording of said hearing).

**4).-** That the oral trial was held on November 9, 2023. At said hearing, the testimony of witnesses Sérvulo Sandoval Mata and Geovanny de Jesús Rosales Méndez (offered by the plaintiff) and Mario Jiménez Quirós and Miguel Herra Miranda (offered by the defendant entity) was received. With the express consent of the parties, a period of three business days was granted to render conclusions, and the present proceeding was declared complex under the terms of numeral 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. (See recording of said hearing).

**5).-** That both parties rendered their written conclusions. (See images 1507-1541 of the digital file).

**6).-** This resolution is issued after unanimous deliberation and in the proceedings, no nullities have been observed that must be remedied or that cause defenselessness. Drafted by Judge Fabián Núñez Castrillo;

**II).- POSITIONS OF THE PARTIES:** Plaintiff: In summary, the plaintiff argues that he is the possessor of an unregistered and uncadastrated property, located in the locality of Estero Guerra de Sierpe, Osa, which he has possessed since January 2, 1959. That on October 24, 1975, through Decree 5357-A, the Parque Nacional Corcovado was created, adjacent to the property in question. After that date, the then-called ITCO (today INDER) initiated censuses on the lands that comprised the park and on adjacent lands, which demonstrated that there were individuals with consolidated decennial possessory rights, as is his case. That likewise, after a series of conflicts in Bahía Drake de Osa in 1965 between neighbors and a North American company, the then ITCO initiated negotiations with the company Osa Forestales to solve the problem of precarious occupation of lands on alleged properties of that company, as recorded in agreements 11 of session 400 of June 8, 1965, and VI of session 1196 of June 16, 1970, where the problem of precarious occupation affecting hundreds of farmers was recognized. That proof of this is that the State issued an expropriation decree against the company Osa Forestal. That the then ITCO entered each of the farmers' properties to conduct topographical surveys in order to solve the precarious occupation and provide them with title deeds, but the solution never came. That through the studies carried out by the defendant entity, they noticed that within the lands occupied by the farmers of the Península de Osa, there were two sectors that did not belong to Osa Forestales and over which there were possessory rights for more than ten years held by the people inhabiting them. That the omission by the defendant entity to resolve the precarious occupation conflict dates back to 1963, meaning that said omission has lasted more than 50 years. That the basis for the expropriation of Osa Productos Forestales S.A. was precisely to resolve the land tenure conflict of the farmers. That through article 39 of session 044-05 of November 14, 2005, the Board of Directors of the defendant entity agreed to carry out a special procedure to solve the problem of precarious possession (posesión precario), but it was never implemented, continuing the omission. That even though INDER is well aware of the possession problem, they have done nothing to solve it. That through an agreement of the Board of Directors of INDER, article XIII of session 2429 of December 1, 1980, and article XVI of session 2401 of August 18, 1980, he was declared an adjudicatee (adjudicatario) by virtue of the possession he had held since 1959. He also considers that the claimed omission has caused him damages due to the impossibility of exercising acts of ownership, by not being able to register the property in the Public Registry, keeping him in constant anxiety due to the constant efforts INDER has made to evict him. That furthermore, he has been prevented from living a normal life, unable to access credit to grow in activities such as agriculture, livestock, and ecotourism. That he has also had to invest money in professional fees and other expenses. That he has suffered distress throughout all these years that INDER's omission has lasted, causing him moral damages (daño moral). That therefore, he requests that the claim filed be granted. Defendant: INDER's representation argues, in summary, that it is not proven that the plaintiff is the possessor of an unregistered property since 1959 and that it also denies knowledge of the acts of harassment to which he refers. That the plaintiff cannot claim that it is an unregistered property, since the estate that forms the settlement (finca del Partido de Puntarenas 39334-000) has been registered in INDER's name since 1979, and before that, it was registered in the name of a private individual. That the sketch provided by the plaintiff does not allow his location to be established within the limits of the Reserva Forestal Golfo Dulce or the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), nor within the estate owned by INDER. That in any case, the forests and forest lands or lands of forest aptitude of the Reserva Forestal Golfo Dulce and the estate of the Partido de Puntarenas 39334-000 are public domain assets, therefore they cannot be objects of possession (posesión). That it is not true that its represented entity initiated censuses, since the decree that created the Parque Nacional Corcovado provided that such work was the responsibility of the Procuraduría General de la República. That it is also not true that an occupational problem was recognized in agreement VI of session 1196 of June 16, 1970, since what that agreement ordered was to conduct a study of the proposal by the Company Osa Productos Forestales S.A., thus no reference was made to any census demonstrating that the plaintiff is the legitimate possessor of any property prior to the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce. That there is no omission by INDER in titling to the plaintiff the estate indicated in the sketch he provides as evidence, since it is the property of said entity. That the plaintiff did not bring to the process evidence to determine that he requested titling of the land described in the sketch under the special titling procedure in Osa, and that it was his responsibility as established in the Board of Directors agreement 39 of session 044-05 of November 14, 2005, so he insists there is no omission. That in any case, that agreement was revoked in session 040-2007, article 35 of November 19, 2007, due to a legal impossibility of titling in that zone, which is part of the State's Natural Heritage. That at no time has the plaintiff been recognized as having possession of the land described in the sketch, as it does not provide certainty that he is located within the area comprising estate 39334-000. That based on the foregoing, it considers the damages claimed by the plaintiff to be improper, therefore requesting that the claim be dismissed and the plaintiffs be ordered to pay both costs.

**III).- PROVEN FACTS:** Of special relevance for the resolution of this matter, the following factual list is deemed proven: 1).- That the Reserva Forestal de Golfo Dulce was created by Decreto Ejecutivo 8494-A of April 26, 1978, and its area (cabida) was modified by Decretos Ejecutivos 9388-A of November 30, 1978, and 10142-A of June 12, 1979. (See query in SINALEVI, www.pgr.cr/scij). 2).- That through agreement 11 of Session No. 400 of June 8, 1965, the Board of Directors of the then ITCO agreed, among other things, to propose to the company Arawak Trust Company the purchase of the portion of lands known as Bahía Drake. (See images 65-73 of the main digital file). 3).- That through agreement VI of Session 712 of May 2, 1967, the Board of Directors of the then ITCO resolved, among other things: "a) To ratify the agreement contained in art. II of session no. 628 held on November 4, 1966, by which it was agreed that without prejudice to the conversations that could be held to satisfactorily arrange the conflict of precarious occupation (ocupación precaria) on estates of the Osa Productos Forestales, located in Bahía Drake de Osa, the procedures indicated in chapter vi of the ley de tierras y colonización should continue; b) To charge the Legal Dept. with the preparation of a draft Decreto Ejecutivo aimed at registering in the name of the State, for its subsequent transfer to ITCO, those national lands, with an area of approximately 15,000 hectares, that are located in the center of the Península de Osa, surrounded by the estates of Osa Productos Forestales." (See images 82-92 of the main digital file). 4).- That through agreement IV of Session No. 1832 of December 11, 1974, the Board of Directors of the then ITCO resolved, among other things: "A) To ratify the approval of the Preliminary Agreement Project for the solution of the land conflict on the property of Osa Productos Forestales S.A., emphasizing that under the terms of its fourth clause, Osa is obligated to transfer to ITCO a Reserve area of 20% of the lands required for each Settlement (Asentamiento), destined for their future development..." (See images 111-112 of the main digital file). 5).- That by judgment 2456-97 at 11:03 hours on May 2, 1997, the Sala Constitucional resolved amparo appeal N°3605-V-92, promoted by the Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa against the then Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, the Ministerio de Agricultura y Ganadería and the Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, ordering the Ministerio de Ambiente y Energía: "...proceed to carry out - if it has not been done - the census established in numeral 11 of Decreto Ejecutivo 8494-A and initiate the expropriation or direct purchase proceedings as appropriate, and must proceed to prepare, jointly with those appellants who result from the census as being legitimate owners or possessors, a land exploitation plan in accordance with the Regime to which the lands are subject and that allows the legitimate owners or possessors their sustenance and subsistence while the expropriation process lasts". The plaintiff herein was not a party to that appeal. (See consultation system of the Poder Judicial). 6).- That the estate of the Partido de Puntarenas with real folio registration number 39334-000 corresponding to the peasant settlement called Osa, had its origin in the expropriation decree N°10088-G-H published in La Gaceta N°102 of June 1, 1979, amended by N°10233-G of July 5, 1979, and refers to estates 22048-000, 8947-000, and 22046-000 of the Partido de Puntarenas, merged into estate 39334-000 and to map P-0180757-1994 which has the following legend: "Based on the location shown on this map, the property is located WITHIN THE RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE. The foregoing in accordance with the provisions of the Ley Forestal N°7174, its regulation, and Decreto Ejecutivo Ley N°DE-10142-A of 12-06-79. The registration of this map is authorized for cadastral purposes. Date 18 APR 1994" (See images 831-935 of the judicial file). 7).- That the defendant entity, through article 39 of session 044-05 of November 14, 2005, considering, in what is of interest, resolved: "1- That the estates registered in the Public Registry, Property Section, Partido de Puntarenas, numbers 22048, 8974, and 22046, which were merged to form a single estate registered under Folio Real 39334-000 of the Partido de Puntarenas, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, which comprise the Asentamiento Campesino Osa, are located within the Reserva Forestal Golfo Dulce, created by decreto ejecutivo number 8494-A of June 1, 1978. 2- That the indicated properties were expropriated by the State from the company Osa Productos Forestales and in the same act transferred to the Instituto de Tierras y Colonización, today IDA, for the development of an agricultural forestry plan for the benefit of landless farmers (see Decretos Ejecutivos 10088-G-H dated May 2, 1979, and Decreto 10244-G dated July 5, 1979). 3- That according to studies carried out by the Land Inventory Section of this Institute, the lands expropriated from the Company Osa Productores Forestales were subject to a conflict of precarious occupation (ocupación precaria) that originated in 1963 (see official letter SIT-059-78) (...) Agreed: FIRST: A special and exclusive procedure is authorized so that on estate number 39334-000 of the Partido de Puntarenas, property of the IDA, which comprises the Asentamiento Campesino Osa, located within the Reserva Forestal Golfo Dulce, property titles may be granted in favor of those occupants who prove possession (posesión) of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Reserva Forestal Golfo Dulce was created by decree. SECOND: The beneficiary who intends to be a subject of titling must present the following documents before the IDA Subregional Office in Rincón de Osa: a- Formal request for the granting of the title, which must contain at least: the applicant's and spouse's name, surnames, personal details, and domicile; the location of the parcel or lot to be titled; and the nature of the land. b- Legal documents proving the decennial possession exercised prior to July 1, 1978. e- Sworn statement (declaración jurada) made before a Notary Public (sic) stating the time of possession of the applicant, the name, surnames, and other details of the person from whom their right was acquired, as well as the chain of transmission thereof starting July 1, 1968. d- Certification of the marital status of the applicant or applicants. e- Copy of the identity card of the applicant and their spouse. f- Cadastral map of the property. With all the aforementioned documentation, the IDA Subregional Office in Rincón de Osa will proceed to form the respective administrative file (...) FOURTH: The IDA Subregional Office of Rincón de Osa, in joint action with the official designated by the Dirección del Área de Conservación Osa of MINAE, must in all cases conduct an on-site inspection (inspección ocular) on the property to be titled. The indicated on-site inspection shall have the following purpose: a) To verify on the site itself the presence of the occupant as owner of the land. b) To verify boundaries, verify that there are no overlaps or presence of third-party occupants. e) To describe the nature of the property. d) To draw up the corresponding record, which will be signed by the designated officials. e) To verify the investigated information with the database, censuses, and documents held by the IDA subregional office in Osa. FIFTH: Once the field inspection is completed and compliance with the required requirements has been verified, MINAE through its regional representative and the IDA through the Subregional Office of Osa will issue the respective recommendation, expressing their favorable opinion for the granting of the title or the reasons for denying it..." (See agreement contained in the digital file). 8).- That through agreement 35 of Ordinary Session 040-2007 of November 19, 2007, the Board of Directors of the defendant entity resolved: "Based on what is stated in official letter DAJ-1013-07, signed by the Legal Affairs Directorate, which indicates that the encumbrance as a Forest Reserve of the lands registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario makes their encumbrance as Natural Heritage automatic, and it is prohibited to grant property titles to private individuals, it is agreed: To revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, regarding titling in the Reserva Forestal Golfo Dulce. AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY". (See agreement contained in the digital file). 9).- That the defendant entity adjudicated to the plaintiff the parcels identified as 10 and 10-A of the Asentamiento Osa, sector 6, without first verifying the encumbrance of the parcels as State Natural Heritage, an agreement that did not materialize because the plaintiff did not sign the respective public deed nor pay the cost of the land. (See testimonies of Mario Jiménez Quirós and Miguel Herra Miranda).

**IV).- UNPROVEN FACTS:** Of relevance to this matter, the following are deemed unproven facts: 1).- That the plaintiff had recognized rights of usucapion (usucapión) or possessory rights prior to the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce by the defendant Institute (There is insufficient evidence in the record). 2).- That the Decretos Ejecutivos 8484-A of April 28, 1978, DE-9388-A of November 30, 1978, and DE 10088-GH recognized rights of usucapion or possession in favor of the plaintiff (There is insufficient evidence in the record). 3).- That the "special and exclusive procedure" adopted by the Board of Directors of the defendant Institute, in article 39 session 044-05 of November 14, 2005, completed all the stages provided therein for the plaintiff's case (There is insufficient evidence in the record). 4).- That the defendant entity incurred the omission claimed by the plaintiff (There is insufficient evidence in the record). 5).- That agreements 11 of session No. 400 of June 8, 1965, VI of session No. 1832 of December 11, 1974, and VI of session 712 of May 2, 1967, granted any right to the plaintiff. (There is no evidence to prove it). 6).- The existence of a causal link between the claimed administrative conduct and the damages whose compensation the plaintiff seeks. (There is no evidence to prove it).

**V).- ON THE MERITS OF THE MATTER UNDER DISCUSSION:** In his claim, the plaintiff requests that the judgment order the following: "°The omission by INDER to execute the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through agreement No. 11, Session No. 400 of June 8, 1965 (folio 55-56), agreement No. VI of session No. 1832 of December 11, 1974 (folio 102), agreement VI session 712 of May 2, 1967 (folio 72), aimed at providing a solution to the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A. °That my represented party be relocated to a property (fundo) under equal conditions to the one he possesses, which is represented by the sketch that appears in the record (FOLIO 469), or failing that, he must be paid the monetary value of his exercised right of possession (posesión), based on an expert valuation that assesses the property my represented party possesses. °That my represented party has been in possession of the area in dispute since 1959, as stated in the purchase letter appearing on folio (463 to 467) which is evidence for this claim. °To impose an abstract judgment against INDER for the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a sound regime of possession of the land identified by the sketch appearing in the record, and the proper distribution of land and its riches to the detriment of my represented party. °That it was known to the former I.T.C.O. - today I.N.D.E.R. - that in the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there was a problem of precarious occupation, as is the case of my represented party, which is represented by the sketch that appears in the record. °That my represented party be recognized within the group of possessors described in the censuses appearing in the record, as a result of his continuous possession by successive chain of title (tracto sucesivo), which is represented by the sketch that appears in the record. °That the defendant entity incurred another omission by failing to execute agreement 39 of session 044-05, held on November 14, 2005. °That the defendant be ordered to pay both costs." Having fully analyzed the parties' arguments, as well as the evidence provided and produced in the record, this Tribunal considers that what the plaintiff seeks is not admissible. First, there is insufficient evidence in the record to prove the omission by INDER that he claims. Indeed, agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, merely regulated a procedure aimed at establishing in each specific case whether the applicant met the requirements established by INDER, so that the occupants of the Asentamiento Osa could initiate the titling procedures; it was the way or path designed to achieve ownership over the properties they possessed at that time, but no right derived or was granted from it to the possessors, whether individually or jointly. That "special and exclusive" procedure established in said agreement did not represent the free exercise of domain over those lands for the occupants; it was limited to regulating or establishing in each particular case whether the applicant met the requirements set forth in Decreto Ejecutivo 8494-A regarding decennial possession prior to the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce. Consequently, such agreement is not a declaratory act of subjective rights for the plaintiff, and therefore its non-execution could not be considered an omission detrimental to his rights or interests. That "special and exclusive" procedure did not get past the initial document receipt or preparatory stage - at least the contrary was not proven - and thus a right or expectation of right cannot be recognized in relation to the plaintiff's situation. But in any case, it must be emphasized that agreement 35 adopted in ordinary session 040-2007 of November 10, 2007, resolved to revoke the "special and exclusive procedure" aimed at the titling of lands by the occupants of the Asentamiento Osa on property P-3934-000 (adopted in agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005). It is also important to highlight that numerals 9, 10, and 11 of Decreto Ejecutivo 8494-A ordered the direct purchase or expropriation, the relocation and resettlement of the occupants, and the preparation of a census to acquire the lands, but it does not recognize usucapion rights for the possessors or owners of the lands within the Reserva Forestal Golfo Dulce. Decreto Ejecutivo 10088-GH ordered the expropriation of three estates from Osa Productos Forestales and subsequent transfer to the then ITCO, but it does not refer to the particular situation of the occupants of the Asentamiento Campesino. Nor does this Tribunal find the existence of any omission by INDER derived from agreements 11 of session No. 400 of June 8, 1965, VI of session No. 1832 of December 11, 1974, and VI of session 712 of May 2, 1967, since no right derived from them in the plaintiff's legal sphere that the defendant entity is obligated to execute. Note that these are generic agreements, which did not address or resolve the plaintiff's particular situation. Now, there is insufficient evidence in the record to prove that the plaintiff had recognized usucapion or possessory rights prior to the constitution of the Reserva Forestal Golfo Dulce. First, the sketch and the purchase letter to which the plaintiff alludes do not establish with certainty the identity with the property in dispute and, consequently, that he has been in possession since 1959, as they refer to an undetermined portion of land. Such evidence alone is insufficient in this venue to prove the plaintiff's claim. It must be noted that the witnesses Sérvulo Sandoval Mata and Geovanny de Jesús Rosales Méndez (offered by the plaintiff) also do not provide sufficient elements for that conviction, as their knowledge is much later than the date invoked by the plaintiff, and moreover, they do not fully identify the property. Indeed, the plaintiff does not prove possession of the parcel 10 years before the expropriation of the real folio estates of Partido de Puntarenas 22048 and 8947 belonging to Agroindustrial Rincón S. A., formerly Osa Forestales S.A., as well as the estate also of Partido de Puntarenas 22046, property of O. Sociedad Anónima, according to Decreto Ejecutivo 10088-G-H. Furthermore, it is clear to this Tribunal that INDER is not the institution that administers the State's Natural Heritage, and therefore it has a legal impediment to titling or disposing of the lands that constitute that public demesne. It was the State that expropriated the indicated estates, not INDER, so any discrepancy the plaintiff may have regarding the alleged possession of a property of undetermined location is a discussion that is not attributable to said entity. It is of importance to highlight that the defendant entity adjudicated to the plaintiff the parcels identified as 10 and 10-A of the Asentamiento Osa, sector 6, but without first verifying their encumbrance as State Natural Heritage; however, in any case, the plaintiff does not claim any aspect in that regard and, as proven by the testimony of Messrs. Mario Jiménez Quirós and Miguel Herra Miranda, said agreement did not materialize because the plaintiff did not sign the respective public deed nor pay the cost of the land, which constitutes a necessary consideration. Thus, it is not possible to grant any of the claims made by the plaintiff.

The claim for compensation meets the same fate, since in its accessory condition, as the alleged omission is not demonstrated, the existence of a causal link between the claimed administrative conduct and the damages and losses for which the plaintiff seeks compensation is ruled out, under the terms set forth in Article 190 of the General Public Administration Act.

VI).- DEFENSES: When answering the complaint, INDER's representation raised the defenses of lack of standing, lapse (caducidad), and statute of limitations (prescripción). Regarding lack of standing, although it is not specified in which sense it is raised, it must be dismissed, since regardless of the substantive right analyzed, the plaintiff claims —according to his theory of the case— the existence of an omission by INDER that directly links him to the subject matter in dispute, so that he has standing to sue in protection of his rights and interests against said public entity under the terms of Articles 10(1)(a) and 12(1) of the Contentious Administrative Procedure Code. Regarding lapse (caducidad) and statute of limitations (prescripción), these must be dismissed, since first, the Contentious Administrative Procedure Code came into effect after the omission the plaintiff alleges and additionally, because in this Tribunal's view, there is insufficient evidence to establish the starting point of that conduct for the computation of time limits. Regarding lack of right, for the reasons already indicated in the preceding whereas clauses, said defense must be sustained, since the claims and arguments set forth by the plaintiff find no legal basis, and the complaint must therefore be dismissed in its entirety.

VII).- COSTS: Pursuant to Article 193 of the CPCA, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Exemption from this award is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient grounds to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, no grounds are found that would allow the application of the cited exceptions, since the inadmissibility of the action brought was corroborated under the terms set forth; for which reason the costs —procedural and personal— shall be borne by the plaintiff.

THEREFORE:

Under the terms set forth, the defenses of lack of standing, lapse (caducidad), and statute of limitations (prescripción) are dismissed; the defense of lack of right is sustained, and therefore the complaint filed by MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL is declared WITHOUT MERIT in its entirety. The unsuccessful plaintiff is ordered to pay the costs arising from this proceeding, an item that must be settled in the judgment enforcement phase. Notify.- Fabián Núñez Castrillo, Evelyn Solano Ulloa, Francisco José Chaves Torres.-



 



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Document signed by:

FABIAN NUÑEZ CASTRILLO, TRIAL JUDGE
EVELYN SOLANO ULLOA, TRIAL JUDGE
FRANCISCO CHAVES TORRES, TRIAL JUDGE

 

EXP: 15-005498-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Phone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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