Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Luego de valorar la posiciones de las partes, conforme consta supra, este Tribunal debe aclarar, que no desconoce las preocupaciones del apelante, en cuanto a la importancia que las personas en general se preocupen por la conservación ambiental y por la vigilancia y aplicación de los Principios Preventivo y Precautorio, que derivan de la Cumbre de Río; y del artículo 50 de la Constitución Política. No obstante lo indicado, en razón de la zonificación y fraccionamiento en la zona de conflicto (que no es combatida por el apelante ni juzgada en esta causa); los fraccionamientos de los inmuebles en la zona son una realidad; así como la titularidad del dominio sobre los inmuebles de diversos propietarios, seán personas físicas o jurídicas, que conforme al correlato dado en los artículos 45 de la Constitución Política y 264 del Código Civil, última norma que determina: "ARTÍCULO 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos: 1º.- De posesión. 2º.- De usufructo. 3º.- De transformación y enajenación. 4º.- De defensa y exclusión; y 5º.- De restitución e indemnización".
A partir de lo anterior, si en términos de la realidad jurídica ya operaron los fraccionamientos; se crearon nuevas fincas a partir de una finca madre, con titulares de dominio registrales e individuales diferentes; cada uno tendrá (en aplicación del 45 de la Constitución y del 264, inciso 3) previo cumplimiento de los requisitos de ley, la posibilidad de ejercer el derecho de "transformación" propio del dominio, o bien, del derecho de propiedad, lo cual implica desde luego los derechos de hacer movimientos de tierra y realizar construcciones.
Acorde con lo anterior, en el contexto individual de las fincas, no hay agravio que demuestre que se incumple con la normativa de viabilidad ambiental en lo concerniente al movimiento de tierras. Lo anterior se ve robustecido por el hecho que la resolución impugnada en su naturaleza de acto administrativo se rige entre otros, por la presunción de validez, regulada en el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública; en la cual se expresa claro motivo y claro contenido (como elementos del acto) que los movimientos de cada finca, en su consideración individualizada fueron menores de 200 m3; contenido resolutivo no combatido, en forma individual y que se ajusta con lo estipulado en el artículo 4 bis inciso 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Por los motivos expuestos, no existen los agravios planteados por la parte recurrente, se declara sin lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas por la naturaleza especial de este procedimiento recurso, razón por la cual, la parte recurrente deberá observar lo resuelto y se tendrá, para todo efecto legal, agotada la vía administrativa. A mayor abundamiento, luego de aprobado el fraccionamiento, constituidas las fincas, pertenecientes o no, a una o varias personas, es claro que a la hora de aprobar el fraccionamiento urbanístico, la Municipalidad tuvo que haber pedido la viabilidad ambiental, previo a la autorización de fraccionamiento, para la posterior constitución de fincas individuales; todo en atención a la finalidad y alcance del fraccionamiento; es decir, la viabilidad ambiental de los movimientos de tierra se tuvo que pedir, cuando existía la finca madre, como bien se indicó al momento de conocer el referido gobierno local, la solicitud de la licencia urbanística del fraccionamiento, pero no ahora que se trata de fincas individuales, cuyo titular puede ejercer o no, los derechos derivados del artículo 45 de la Constitución Política y 264 arriba indicados.
English (translation)After evaluating the parties' positions, as stated above, this Tribunal must clarify that it does not disregard the appellant's concerns regarding the importance of people in general caring about environmental conservation and the oversight and application of the Preventive and Precautionary Principles, which derive from the Rio Summit and Article 50 of the Political Constitution. However, given the zoning and subdivision in the conflict area (which is not contested by the appellant nor judged in this case), the subdivisions of properties in the area are a reality; as is the ownership of various owners, whether natural or legal persons, which, in accordance with Articles 45 of the Political Constitution and 264 of the Civil Code, the latter norm determining: 'ARTICLE 264.- Absolute ownership or property over a thing includes the rights: 1. Possession. 2. Usufruct. 3. Transformation and disposal. 4. Defense and exclusion; and 5. Restitution and indemnification.'
Based on the foregoing, if the subdivisions have already been legally consummated, new properties were created from a parent property with different registered individual owners, each one has (applying Article 45 of the Constitution and Article 264(3)), upon compliance with legal requirements, the possibility of exercising the right of 'transformation' inherent to ownership, or property rights, which of course includes the rights to carry out earthworks and construction.
Consistently, in the individual context of the properties, there is no grievance demonstrating non-compliance with environmental viability regulations concerning earthworks. This is reinforced by the fact that the challenged resolution, as an administrative act, is governed, among others, by the presumption of validity, regulated in Article 168 of the General Law of Public Administration; in which a clear reason and clear content (as elements of the act) are expressed that the earthworks on each property, in their individualized consideration, were less than 200 m3; a resolution not contested individually and which conforms to the provisions of Article 4 bis subsection 2 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures. For the reasons stated, the grievances raised by the appellant do not exist, the appeal is dismissed, without special condemnation in costs due to the special nature of this appeal procedure, for which reason the appellant must observe what has been resolved and, for all legal purposes, the administrative route will be deemed exhausted. Furthermore, once the subdivision is approved, the properties are constituted, whether belonging to one or several persons, it is clear that when approving the urban subdivision, the Municipality should have requested environmental viability prior to the subdivision authorization, for the subsequent constitution of individual properties; all in light of the purpose and scope of the subdivision; that is, the environmental viability of the earthworks should have been requested when the parent property existed, as was indicated when the local government was first informed of the application for the urban subdivision license, but not now when dealing with individual properties, whose owner may or may not exercise the rights derived from Articles 45 of the Political Constitution and 264 indicated above.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 05743 - 2023 Fecha de la Resolución: 24 de Noviembre del 2023 a las 11:29 Expediente: 22-002611-1027-CA Redactado por: Luis Arturo Polinaris Vives Clase de asunto: Jerarquía Impropia Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución *220026111027CA* EXPEDIENTE: 22-002611-1027-CA - 0 PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) ACTOR/A: EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE OSA N° 2023005743 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con veintinueve minutos del veinticuatro de Noviembre del dos mil veintitres.- Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad recurso de apelación presentado por Edgardo Vinicio Araya Sibaja cédula de identidad número 2-0483-0663 contra la resolución DAM-20-2022 dictada por la alcaldía de la Municipalidad de Osa.- I- Del antecedente procesal: 1-) La parte recurrente presentó un recurso de apelación argumentando que sobre ciertos movimientos de tierra no se estaba cumpliendo con la normativa de viabilidad ambiental y que debían considerarse los movimientos de tierra en forma conjunta y consolidada y no apreciarse por finca individual, ya que sería nocivo para el ambiente (Ver autos). 2-) La parte recurrida en términos muy concretos sustuvo en la resolución apelada que los permisos de movimiento de tierra eran menores de 200 m3, que se dieron a fincas individuales que no requieren viabilidad ambiental; que cada uno de los terrenos en los que se otorgaron los permisos de movimientos de tierra, son terrenos con numero de plano y numero de matrícula de fincas independientes; que se trata de un aparcelamiento agrícola debidamente constituido; que tienen acceso a calle publica a través de una servidumbre de agrícola; que cada uno de los propietarios a los que se le otorgó el permiso de movimientos de tierra, tienen derecho tramitar un permiso de tierra y posteriormente el permiso de construcción ante la Municipalidad de Osa, y no puede la Municipalidad, simplemente decir que la totalidad de las parcelas o lotes agrícolas deben obtener una viabilidad ambiental en conjunta para todas las fincas generadas; que el artículo 4 bis inciso 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, indica que, “(…) Las actividades, obras o proyectos de mejora, reconstrucción y reparación, que se ejecuten en infraestructura pública o privada y las obras menores definidas en las disposiciones Municipales, siempre y cuando no se encuentren localizadas en un área ambientalmente frágil, no impliquen obras constructivas mayores a los 500 m² o movimientos de tierra superiores a los 200 m³, ni manipulen, almacenen o trasieguen productos peligrosos. (…)” (el destacado no es del original); con lo cual adujo que los movimientos de tierra menores a 200 m3 no quieren viabilidad ambiental, únicamente requieren el permiso de la Municipalidad; que los permisos de movimiento de tierra otorgados, ya fueron ejecutados en su totalidad; que la mayoría de esos terrenos se encuentran cubiertos de capa vegetal como zacate; que cada uno de los permisos otorgados y cuestionados por el apelante cumplieron con cada uno de los requisitos que la Municipalidad solicitó; cada uno de esos proyectos cumplió con todos los requisitos técnicos y legales para poder realizar los movimientos de tierra. (Ver autos). II-) Criterio del Tribunal Luego de valorar la posiciones de las partes, conforme consta supra, este Tribunal debe aclarar, que no desconoce las preocupaciones del apelante, en cuanto a la importancia que las personas en general se preocupen por la conservación ambiental y por la vigilancia y aplicación de los Principios Preventivo y Precaturrio, que derivan de la Cumbre de Río; y del artículo 50 de la Constitución Política. No obstante lo indicado, en razón de la zonificación y fraccionamiento en la zona de conflicto (que no es combatida por el apelante ni juzgada en esta causa); los fraccionamientos de los inmuebles en la zona son una realidad; así como la titularidad del dominio sobre los inmuebles de diversos propietarios, seán personas físicas o jurídicas, que conforme al correlato dado en los artículos 45 de la Constitución Política y 264 del Código Civil, última norma que determina: "ARTÍCULO 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos: 1º.- De posesión. 2º.- De usufructo. 3º.- De transformación y enajenación. 4º.- De defensa y exclusión; y 5º.- De restitución e indemnización". A partir de lo anterior, si en términos de la realidad jurídica ya operaron los fraccionamientos; se crearon nuevas fincas a partir de una finca madre, con titulares de dominio registrales e individuales diferentes; cada uno tendrá (en aplicación del 45 de la Constitución y del 264, inciso 3) previo cumplimiento de los requisitos de ley, la posibilidad de ejercer el derecho de "transformación" propio del dominio, o bien, del derecho de propiedad, lo cual inmplica desde luego los derechos de hacer movimientos de tierra y realizar construcciones. Acorde con lo anterior, en el contexto individual de las fincas, no hay agravio que demuestre que se incumple con la normativa de viabilidad ambiental en lo concerciente al movimiento de tierras. Lo anterior se ve robustecido por el hecho que la resolución impugnada en su naturaleza de acto administragtivo se rige entre otros, por la presunción de validez, regulada en el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública; en la cual se expresa claro motivo y claro contenido (como elementos del acto) que los movimientos de cada finca, en su consdieración individualziada fueron menores de 200 m3; contenido resolutivo no combatido, en forma individual y que se ajusta con lo estipulado en el artículo 4 bis inciso 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Por los motivos expuestos, no existen los agravios planteados por la parte recurrente, se declara sin lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas por la naturaleza especial de este procedimiento recurso, razón por la cual, la parte recurente deberá observar lo resuelto y se tendrá, para todo efecto legal, agotada la vía administrativa. A mayor abundamiento, luego de aprobado el fraccionamiento, constituidad las fincas, pertecientes o no, a una o varias personas, es claro que a la hora de aprobar el fraccionamiento urbanístico, la Municipalidad tuvo que haber pedido la viabilidad ambiental, previo a la autorización de fraccionamiento, para la posterior constitución de fincas individuales; todo en atención a la finalidad y alcalce del fracccionamiento; es decir, la viabilidad ambiental de los movimientos de tierra se tuvo que pedir, cuando existia la finca madr, como bien se indicó al momento de conocer el referido gobierno local, la solicitud de la licencia urbanística del fraccionamiento, pero no ahora que se trata de fincas individuales, cuyo titular puede ejercer o no, los derechos derivados del articulo 45 de la Constitución Política y 264 arriba indicados. En todo caso, la Municipalidad debe entender que si al momomento de aprobar el fraccionamiento, se omitieron deberes legales, reglamentario y urbanísticos, debe asumir la responsabilidad que le corresponde; de conformidad con los artículos: 9, 41 y 49 de la Constitución Política; 156 del Código Municipal y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para lo cual, se ordena al gobierno local para que inicie una investigación a lo interno que valore si fueron omitidos los requisitos de impacto ambiental del proyecto de fraccionamiento original, determine en consecuencia los funcionarios responsables; determine los posibles daños al ambiente, cobre en la vía adminsitrativa cualquier daño resultante de las eventuales omisiones de permisos ambientales; y comunique en caso de ser necesario el resultado de la investigaión al Ministerio Público, para que se investigue si existen tipos pensales lesionados en contra del ambiente o de la función pública. POR TANTO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado contra la resolución DAM-20-2022 dictada por la alcaldía de la Municipalidad de Osa. Tome nota y cumpla el gobierno local de lo instruido en el párrafo final de considerando II) de esta resolución. Notifíquese a las partes. LUIS ARTURO POLINARIS VIVES. Juez Contencioso Administrativo.- *HRHQGCQFR4861* HRHQGCQFR4861 LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 22-002611-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-04-2026 10:05:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 22-002611-1027-CA - 0 PROCEEDING: IMPROPER HIERARCHY (Municipal) PLAINTIFF: EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA DEFENDANT: MUNICIPALIDAD DE OSA No. 2023005743 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and twenty-nine minutes of the twenty-fourth of November, two thousand twenty-three.- This Court hears, in its capacity as non-hierarchical controller of legality, an appeal filed by Edgardo Vinicio Araya Sibaja, identity card number 2-0483-0663, against resolution DAM-20-2022 issued by the mayor's office of the Municipalidad de Osa.- I- Procedural background: 1-) The appellant filed an appeal arguing that certain earthworks (movimientos de tierra) were not complying with environmental viability (viabilidad ambiental) regulations and that the earthworks should be considered jointly and consolidated and not assessed per individual property, as that would be harmful to the environment (See case file). 2-) The respondent, in very specific terms, maintained in the appealed resolution that the earthworks permits were for less than 200 m³, that they were granted for individual properties that do not require environmental viability; that each of the lands for which the earthworks permits were granted are lands with independent plan numbers and property registration numbers; that it is a duly constituted agricultural parceling (aparcelamiento agrícola); that they have access to a public street through an agricultural easement (servidumbre de agrícola); that each of the owners to whom an earthworks permit was granted has the right to process an earthworks permit and subsequently a construction permit before the Municipalidad de Osa, and the Municipalidad cannot simply say that all the agricultural parcels or lots must obtain a joint environmental viability for all the created properties; that Article 4 bis, subsection 2 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) states, “(…) Improvement, reconstruction, and repair activities, works, or projects, executed on public or private infrastructure and minor works as defined in Municipal provisions, provided they are not located in an environmentally fragile area, do not involve construction works larger than 500 m² or earthworks exceeding 200 m³, nor handle, store, or transship hazardous products. (…)” (emphasis not in original); with which it argued that earthworks of less than 200 m³ do not require environmental viability, they only require a permit from the Municipalidad; that the earthworks permits granted have already been fully executed; that most of those lands are covered with a plant layer such as grass; that each of the permits granted and questioned by the appellant complied with each of the requirements that the Municipalidad requested; each of those projects complied with all the technical and legal requirements to carry out the earthworks. (See case file). II-) Court's Criterion After evaluating the parties' positions, as set out supra, this Court must clarify that it is not unaware of the appellant's concerns regarding the importance of people in general being concerned about environmental conservation and the oversight and application of the Preventive and Precautionary Principles, which derive from the Rio Summit; and from Article 50 of the Political Constitution. Notwithstanding the foregoing, due to the zoning and subdivision (fraccionamiento) in the conflict zone (which is not contested by the appellant nor adjudicated in this case); the subdivisions of the properties in the zone are a reality; as is the ownership over the properties by various owners, whether natural or legal persons, which is in accordance with the correlative provisions of Article 45 of the Political Constitution and Article 264 of the Civil Code, the latter provision determining: "ARTICLE 264.- Absolute ownership or property over a thing includes the rights: 1º.- Of possession. 2º.- Of usufruct. 3º.- Of transformation and disposition. 4º.- Of defense and exclusion; and 5º.- Of restitution and indemnification". Based on the foregoing, if in terms of legal reality the subdivisions have already occurred; new properties were created from a mother property, with different individual registered titleholders; each one will have (in application of Article 45 of the Constitution and Article 264, subsection 3) upon prior compliance with legal requirements, the possibility of exercising the right of "transformation" inherent in ownership, or rather, of the property right, which of course implies the rights to carry out earthworks and constructions. In accordance with the above, in the individual context of the properties, there is no grievance demonstrating that the environmental viability regulations regarding earthworks are not being complied with. The foregoing is reinforced by the fact that the challenged resolution, in its nature as an administrative act, is governed, among others, by the presumption of validity, regulated in Article 168 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública); in which it expresses as clear grounds and clear content (as elements of the act) that the earthworks of each property, in their individualized consideration, were less than 200 m³; a resolutory content not contested, individually, and which conforms to the stipulations in Article 4 bis, subsection 2 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures. For the reasons stated, the grievances raised by the appellant do not exist, the appeal is declared without merit, without special condemnation for costs due to the special nature of this appeal proceeding, for which reason the appellant must observe what is resolved and the administrative channel will be considered exhausted for all legal purposes. For greater abundance, after the subdivision has been approved, the properties constituted, whether belonging or not to one or several persons, it is clear that when approving the urbanistic subdivision, the Municipalidad must have requested the environmental viability, prior to the subdivision authorization, for the subsequent constitution of individual properties; all in consideration of the purpose and scope of the subdivision; that is, the environmental viability of the earthworks must have been requested when the mother property existed, as was properly indicated when the referred local government heard the request for the urbanistic license for the subdivision, but not now that it concerns individual properties, whose titleholder may or may not exercise the rights derived from Article 45 of the Political Constitution and Article 264 indicated above. In any case, the Municipalidad must understand that if, at the time of approving the subdivision, legal, regulatory, and urbanistic duties were omitted, it must assume the corresponding responsibility; in accordance with Articles: 9, 41, and 49 of the Political Constitution; Article 156 of the Municipal Code (Código Municipal) and Article 190 and following of the General Law on Public Administration, for which purpose, the local government is ordered to initiate an internal investigation to assess whether the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) requirements of the original subdivision project were omitted, consequently determine the responsible officials; determine the possible damages to the environment, collect through administrative channels any damage resulting from the eventual omissions of environmental permits; and communicate, if necessary, the result of the investigation to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), so that it is investigated whether there are criminal offenses harmed against the environment or the public function. THEREFORE: The appeal filed against resolution DAM-20-2022 issued by the mayor's office of the Municipalidad de Osa is declared WITHOUT MERIT. The local government shall take note of and comply with the instructions in the final paragraph of considering II) of this resolution. Notify the parties. LUIS ARTURO POLINARIS VIVES. Contentious-Administrative Judge.-