Res. 01095-2023 Tribunal Agrario — Requirements for titling within Los Santos Forest Reserve via possessory informationRequisitos para titular dentro de la Reserva Forestal Los Santos mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01095 - 2023

Fecha de la Resolución: 20 de Diciembre del 2023 a las 11:28

Expediente: 21-000080-0699-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas.
Titulación de área dentro de zona protectora.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

21-000080-0699-AG - 2




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

SILVIA ROSA SERRANO  CHAVES

 

   

VOTO N°  N° 2023001095

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas veintiocho minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por SILVIA ROSA SERRANO CHAVES mayor, casada una vez, de oficios del hogar, cédula de identidad uno- trescientos noventa y nueve- setecientos doce, vecina de San José, Vásquez de Coronado, San Francisco. Intervienen como partes, el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL por medio de su apoderada general judicial, Marjorie Mayela Madrigal Muñoz,  mayor, divorciada dos veces, abogada, cédula uno- quinientos noventa y ocho- ciento uno, vecina de San Ramón de Alajuela; y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en representación de los intereses del Estado, apersonándose la procuradora adjunta, licenciada Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos - cero quinientos cuarenta y cinco - cero seiscientos uno, vecina de San Ramón. Actúa como apoderada especial judicial de la parte promovente la licenciada Fercinta Esquivel Godínez. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.

  Redacta el Juez  Darcia Carranza: y,

CONSIDERANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1. La titulante plantea las presentes diligencias a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así:  Terreno de naturaleza potrero, sito en San Gerardo del distrito tercero Copey del Cantón diecisiete Dota, de la provincia de San José. Linda al Norte, Sur y Este con calle pública con frente de doscientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y cuatro centímetros; al Oeste con Rafael Alexander Serrano Vega y Bernardo Serrano Chávez.- Mide: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CON OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS, descrito según plano catastrado número SJ-855885-2003. (ver expediente electrónico imágenes 1 a 4, y 140).  2.Apersonamiento de colindantes en  imágenes 15 y 17 del expediente electrónico. 3. Se tuvo como partes al Estado por medio de la Procuraduría General de la República, y, al Instituto de Desarrollo Rural,  quienes se apersonaron en autos (imágenes 52 a 55    la PGR e imágenes 46 a 48 el INDER). 4.- La jueza Silvia Elena Sánchez Blanco en  sentencia número 2023000167 de las nueve  horas cuarenta y cuatro  minutos del  once  de julio del dos mil veintitrés, resolvió: «POR TANTO:  Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por SILVIA ROSA SERRANO CHAVES mayor, casada una vez, de oficios del hogar, cédula de identidad uno- trescientos noventa y nueve- setecientos doce, vecina de San José, Vásquez de Coronado, San Francisco.- Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre, sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones de Ley que se dirá, la finca que a continuación se detalla: Terreno de naturaleza potrero, sito en San Gerardo del distrito tercero Copey del Cantón diecisiete Dota, de la provincia de San José. Linda al Norte, Sur y Este con calle pública con frente de doscientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y cuatro centímetros; al Oeste con Rafael Alexander Serrano Vega y Bernardo Serrano Chávez.- Mide: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CON OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS CUADRADOS, descrito según plano catastrado número SJ-855885-2003.- El inmueble a titular fue estimado en la suma de cinco millones de colones y las diligencias en la suma de un millón de colones. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada. El terreno queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía en calles públicas según lo disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. De conformidad con el numeral 33, inciso b) de la Ley Forestal número 7575, queda prohibida la corta o eliminación de árboles. Firme esta resolución extiéndase la certificación de ejecutoria correspondiente para su inscripción en el Registro Inmobiliario.- Deberá la parte gestionante cumplir con las observaciones y recomendaciones otorgadas en el Estudio de Suelos presentado.» (imágenes 134 a 140  del expediente electrónico). 5.- La representante estatal Yamileth Monestel Vargas interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya,  para refutar la tesis del juzgado de instancia.» (Imágenes 144  a 150   del expediente electrónico).

II.-  Hechos Probados . Se prohíjan los hechos probados contenidos en la sentencia dictada.

III- Apelación. La Procuraduría General de la República a través de la Procuradora  Yamileth Monestel Vargas apela el fallo dictado con fundamento en lo siguiente: "... 1) INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS QUE AFECTARON A DOMINIO PÚBLICO EL TERRENO. LA PRUEBA TESTIMONIAL ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN NECESARIA PARA USUCAPIR: Al contestar la audiencia final de este trámite aportamos la certificación n° SINAC-ACOLS-of-593-2022 (ver carpeta electrónica 08/06/2023 21:13:49), que expresamente indica: El plano No. SJ-855885-2003, se encuentra ubicado dentro de los 2 kilómetros contiguos a la carretera Interamericana Sur, que estuvieron afectados al domino público para la protección de los robledales”. En este expediente la prueba testimonial resultó insuficiente para acreditar la posesión previa a la entrada en vigencia de la Ley General sobre Terrenos Baldíos No. 13 de 10 de enero de 1939, la cual en su artículo 6°, estableció: “Artículo 6°-No podrán enajenarse baldíos situados en una zona…de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la carretera panamericana.”. Los testigos Miguel Víquez Gómez y Nelson Abarca Hernández, quienes rindieron declaración el 13 de diciembre de 2022, afirmaron conocer el terreno hacía 60 años, lo que nos remonta a 1962, fecha para la cual el predio estaba afectado al dominio público. Esta Procuraduría mantiene el criterio de que durante el tiempo que el área estuvo afectada al dominio público, previo a la declaratoria de la Reserva Forestal Los Santos, no era susceptible de ser poseída a título de dueño, pues, desde 1939, tales áreas eran susceptibles únicamente de contratos de arrendamiento, conforme a esa misma Ley: “Artículo 62.- El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6°, en una extensión no mayor de doscientas cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, si se destinan a cultivos agrícolas…”. Como es sabido, la posesión apta para usucapir es aquella en calidad de propietario (artículo 856 del Código Civil), no de arrendatario, y nadie puede cambiar unilateralmente la naturaleza de su título: “La posesión adquirida en virtud de un título no traslativo, no es apta para la usucapión civil. Si, verbigracia, se ha entrado en posesión en virtud de un arrendamiento o por mera tolerancia, no se cuenta con el requisito del título y si se trata de un derecho real diverso del dominio, como podría ser, por ejemplo, el usufructo, se podría adquirir éste por usucapión mas no el de propiedad.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, votos 45-1996, 607-F-2004 y 934-F-2006). La Ley No. 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General sobre Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos “comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana y del resto del trazado por construir que tengan robles”. La Ley de Tierras y Colonización No. 2825 de 14 de octubre de 1961 reiteró dicha afectación (arts. 7, inc. a) y 10): “Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo dominio privado, los siguientes: Los comprendidos en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la Carretera Panamericana en las zonas donde existan robles;” (artículo 7, inciso a). Si bien esa norma fue derogada el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley No. 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, apenas dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante el Decreto No. 5389-A del 28 de octubre de 1975, y un bienio es insuficiente para la consolidación de la prescripción positiva o usucapión (artículo 860 del Código Civil). El Tribunal Agrario, en voto No. 472-F-04 de 14 horas 20 minutos del 30 de junio del 2004, indicó que “Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público.”. Y en el voto No. 26 de las 8 horas del 30 de enero del 2002 ese Tribunal consideró: “Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. (…) Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho.” (El destacado no pertenece al original). La Sala Constitucional, en el voto No. 4587 de las 15 horas 45 minutos del 5 de agosto de 1997, analizando el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, destacó la importancia de contemplar, en el cálculo del tiempo para la usucapión, la existencia de normas que antaño declararan inalienables los terrenos: “(…) resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan en relación con esos temas, y que obligan al juez -en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo -que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio - que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieran esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud que favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular -mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene una personas de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que -por un lado- deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y -por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público.” (la negrita no pertenece al original).Ha de tenerse presente, además, que el Derecho abolido supervive para regular los derechos, situaciones o relaciones jurídicas nacidas a su amparo (afectación a dominio público de la franja de 2000 metros de ancho a ambos lados de la Carretera Panamericana). Sala Constitucional, sentencias 738-2003, 15753-2005, 7989-2005, 12239, 12240 y 12241, todas del 2006, etc. En otro voto el Tribunal Agrario acogió el razonamiento expuesto por la representación estatal, reconociendo la inalienabilidad de la franja:“es importante mencionar que ante los problemas de traslape detectados no sólo dentro de la Reserva Forestal, sino también en fincas del Estado y área inalienable de la carretera interamericana, no es procedente alegar derechos sobre dicho inmueble mediante el ejercicio de la posesión, debido a que por su naturaleza, y al ser en su mayoría terreno con bosque, no son suceptibles de apropiación, sino que incluso pueden formar parte del Patrimonio Natural del Estado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Forestal, por lo que la posesión ejercida por el promovente o sus anteriores transmitentes no sería válida.” (Voto No. 649-F-12 de 16 horas 5 minutos del 29 de mayo del 2012).Además, en el considerando IV) la resolución recurrida tuvo por cierto que “la totalidad de la prueba aportada dentro del presente asunto, evidencia que en efecto, el inmueble se ubica en parte de los límites de la Reserva Forestal Los Santos, creada según Decreto Ejecutivo #5389-A del 12-10-75, y Decreto Reserva Biológica Cerro Vueltas #24439-MIRENEM del 26-07-95, afectado no sólo por Decreto Ejecutivo, sino anteriormente desde la Ley de Terrenos Baldíos de 1939 por ubicarse dentro de los 2km de margen a la Carretera Interamericana, pues según su plano se ubican dentro del perímetro.” Sin embargo, aprobó el trámite teniendo por acreditada la posesión decenal apenas desde el año 1962 (Ver hecho probado 3), lo cual es contradictorio e improcedente.2) LA INFORMACIÓN POSESORIA FUE APROBADA A PESAR DE QUE NO SE CUMPLIÓ CON EL EJERCICIO DE UNA POSESIÓN ECOLÓGICA: El bien objeto de este trámite ha estado bajo régimen de área silvestre protegida desde 1939. Para que proceda la titulación es exigible a la promovente la demostración del ejercicio de posesión ecológica, que en el caso no quedó acreditada. El plano base de las diligencias indica que la naturaleza del predio es de potrero. En el escrito inicial, ptos 1 y 3, la titulante manifestó que predio está destinado a potrero y en el punto 8 afirmó que los actos posesorios consistente en” darle mantenimiento al potrero y sembrar mora silvestre”. El acta de reconocimiento judicial, del 13 de diciembre de 2022, consigna: “se trata de un terreno de topografía irregular (…) dedicado a potrero con árboles de ciprés y otros nativos” y los testigos aseveraron que el predio está dedicado a potrero. El Tribunal Agrario ha considerado que ese tipo de actividades son contrarias a la vocación de terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas: “Adicionalmente, la utilización del terreno como potrero, tampoco es compatible con la naturaleza del Refugio de Vida Silvestre, pues más bien se requiere una posesión ecológica, que promueva la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la zona. Al no demostrar la promovente la posesión decenal acorde a la naturaleza del área silvestre protegida, ejercida con al menos diez años de antelación a la fecha de vigencia del decreto que creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, procede confirmar la resolución recurrida, en lo que fue objeto de apelación…”. (Voto No. 1229-F-11 de 10 horas 10 minutos del 10 de noviembre del 2011).“…Considera esta Instancia que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, exige el ejercicio de una posesión acorde con la función ambiental que cumplen las áreas silvestres protegidas, el cual debe estar encaminado a la protección y conservación de los recursos naturales existentes en los terrenos…Es por ello, que los actos de posesión exigidos a estos poseedores, van más allá de los que podrían ser requeridos en un terreno cuya finalidad sea diversa y no pretenda o tenga como función la conservación del ambiente y sus ecosistemas. Es deber de estos propietarios y poseedores, el resguardo de los recursos existentes, o bien procurar la generación de los recursos que en esas zonas sean necesarios para cumplir con los fines de creación de las áreas silvestres protegidas, y en este caso de una zona protectora”. (Tribunal Agrario, Voto No. 836-F-12 de 16 horas 55 minutos del 29 de junio del 2012)."el primer plano catastrado que describe el inmueble es del 2006, y en él se evidencia que el terreno forma parte, como bien lo indicó la Procuradora, de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada desde el año 1979, lo que significa que desde esa fecha debió de haberse conservado el recurso forestal, sin embargo, no ha ocurrido así. Aún más se evidencia en el estudio de suelos del INTA, en donde se indica como "uso actual"  "zona verde", indicándose que es un terreno con pendiente ondulada, con erosión leve, estando en una zona de vida bosque muy húmedo tropical. Por lo cual, si el terreno es zona verde, y se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, se concluye que la posesión no se ha ejercido de manera sostenible". (Voto No. 931-F-15 de 16 horas 47 minutos del 16 de setiembre del 2015).“se evidencia la necesidad de cumplir con los dos requisitos expuestos en la ley para poder adquirir este tipo de terrenos, siendo éstos la posesión decenal anterior a la creación del área silvestre protegida y el ejercicio de la posesión ecológica y al no haberse acreditado en el presente caso el último de los requisitos, lo procedente es revocar la resolución recurrida y en su lugar improbar las presentes diligencias de información posesoria”. (Votos números 38-F-13 de 16 horas 30 minutos del 24 de enero del 2013, 1210-F-14 de 17 horas 40 minutos del 19 de abril del 2014). Tales argumentos fueron expresados al contestar la audiencia final. Sin embargo, el Juzgado no expresó los motivos por los cuales desestimó el alegato. Por el contrario, aprobó el tramite estimando que la posesión “ha sido ejercida protegiendo los recursos forestales, pues incluso la titulante tiene debidamente delimitado el inmueble” y que “no hay elementos probatorios suficientes que permitan considerar que la cobertura forestal fue afectada directamente por la titulante”. En suma, no justifica por qué es ecológica la posesión ejercida sobre un terreno destinado a potrero en un área silvestre protegida. En virtud de lo expuesto, estima esta representación que las diligencias debieron rechazarse, por estar indemostrado el ejercicio de posesión decenal anterior a la afectación a dominio público, y por no haberse probado el ejercicio de posesión ecológica necesaria para usucapir dentro de las áreas silvestres protegidas. Así las cosas, solicito tener por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia n°2023000167, de las 9:44 horas del 11 de julio del 2023, y remitir el expediente al Superior para que conozca del mismo e impruebe las diligencias, por incumplimiento de requisitos legales y pretenderse la inscripción a nombre de un particular de un bien de dominio público Pido no se expedir la ejecutoria de la sentencia impugnada mientras no adquiera firmeza. NOTIFICACIONES: de primera y segunda instancia al medio de enlace Poder Judicia Procuraduría General de la República, denominado “domicilio electrónico permanente de entidades jurídicas” y subsidiariamente al fax de la Procuraduría General de la República, números 2255-0997 o 2233-7010. Favor rotular a mi nombre..." (ver recurso al escritorio virtual bandejas de escritos agregado el 19/07/2023 a las 23:44:33).

 

IV.- Alega la Procuradora la tesis de la Procuradora referida a que la afectación es a partir de 1945; al haber sido Parque Nacional la Zona de los dos Kilómetros contiguo a la carretera Panamericana sitio en el cual se localiza el fundo objeto de titulación y que dado la derogatoria de la ley en 1973 y al crearse el área silvestre protegida en 1975, el bien realmente no salió del patrimonio demanial del Estado.  Con este proceso se pretende la titulación de un inmueble ubicado en San Gerardo de Copey, distrito quinto de Dota, cantón diecisiete de la provincia de San José, con una medida de cuatro mil quinientos ochenta y tres metros cuadrados, destinada a cultivo de mora y tacotal, según se desprende de la certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, certificado de uso conforme de suelo visible a imagen 6 agregado con la solicitud inicial el 01/07/2021 12:10:02 Asociar demanda), en el cual se establece el terreno a titular se encuentra con un uso actual  encharralado con las especies de mora y helechos y arbolado de las especies Quercus copenayensis y Quercus costarricensis (roble y encino). De las fotografías aportadas con el estudio de suelos se logra determinar no se trata de un área de bosques de robledales como lo pretende establecer la procuradora para buscar como aplicarle la normativa sobre la franja de lo dos kilómetros a los lados de la carretera Panamericana que fueron en algún momento Parque Nacional y derogado desde 1973. Si bien el terreno se localiza en la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. En dicho bien se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada y se cumple con la demostración de la posesión decenal previa a la creación de dicha área silvestre protegida.

V.- En cuanto a las áreas de robledales tal argumento expuesto no podría tenerse como válido e infalible por cuanto en toda la zona lo que predomina por naturaleza es el árbol de la especie Quercus, tanto dentro como fuera de la franja de los dos kilómetros dicha. Hay que tener presente que la misma ley que habla de los robledales hace referencia a que se declaran Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. De ello también se desprende que podían existir áreas dentro de estos dos kilómetros que no tuviesen tal especie arborea, pues sino se hubiese declarado parque nacional toda la franja de los dos kilómetros y no solo aquella que tuviese robles. No es suficiente el criterio vertido por cuanto hay en el fundo algunos árboles de encino desperdigados en el contexto de todo el terreno, pues no se trata de un bosque de robledales pues en su mayoría el bien está encharralado con las especies de mora y helechos con árboles entre tales cultivos formando un sistema agroforestal, sin indicarse edad de los mismos por cuanto se denota son nacidos con posterioridad a las fechas de la normativa citada por la Procuradora, incluso, a la fecha en que se derogó la ley y no se podría aplicar retroactivamente ello. No se trata de árboles de gran tamaño según se desprende de las fotografías agregadas sino de árboles en tacotal o charral que implican más bien una regeneración natural reciente y no bosques de robledales que permitan su establecimientos desde tales épocas de los cuarenta a los setenta, pues tendríamos árboles de gran tamaño, lo cual no sucede en este caso. En virtud de lo expuesto y partiendo de la existencia del inmueble en principio en manos particulares desde 1960, se rechaza el alegato en dicho sentido expuesto por la señora procuradora. Si bien la procuradora cita una serie de votos de este Tribunal cada caso se analiza en concreto conforme a las especificaciones de cada caso y no podría tenerse que se debe aplicar a todos los casos, pues cada uno tiene sus propias particularidades que hacen sean diferentes situaciones en uno y otro caso, por lo que el los fallos dictados son en razón de un caso en concreto.

VI- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas , ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse a la luz de lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En este caso, dados los reproches de apelación, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1965 o antes. Sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo Reserva Forestal Los Santos ocurrida en 1975, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, debe serle reconocido. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996,resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Lineamiento propio del principio del Desarrollo Sostenible. Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los testimonios vertidos en el subjúdice. En el caso en estudio, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe demostrarse mediante prueba testimonial una posesión ejercida al menos diez años antes al año 1975, fecha en que se creó la Reserva Forestal Los Santos y se afectaron las fincas existentes dentro de sus límites, al menos desde el año 1965, y que la misma se ha ejercido acorde con la protección de los recursos naturales existentes en el fundo. Tal y como fue analizado, esa posesión fue acreditada aún desde la década de los años 60 por los testigos. En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en otro antecedente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la Carretera Panamericana, tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la carretera panamericana."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la Carretera Panamericana del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­" (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010). En otro voto, se señaló lo siguiente: "V.- En este proceso, de igual manera, los testigos María Mena Torres (folio 189), Isidoro Abarca Hernández (folio 190) e Hilario Meliso Abarca Romero (folio 192), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1964, incluso los testigos se refieren a que conocen la finca desde los años 1950 y 1951, respectivamente. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Río Macho, y haberse protegido el recurso forestal. Los testimonios describen una cadena posesoria diáfana. Por lo tanto, se tiene por cumplido el requisito del ordinales 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido al haber sido creada el área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos en fecha 12 de octubre de 1975. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado, por lo que no posible acoger el recurso planteado y en lo apelado deberá confirmarse la sentencia dictada. (En  igual sentido puede verse Voto N° 774-F-2013 de las 15:27 horas del 16 de agosto de 2013, Voto N° 558-2023 de las 07:49 horas del 5 de julio de 2023).

VII - Por los motivos expuestos se concluye, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, Silvia Rosa Serrano Chaves ha aprovechado la posesión ejercida por sus transmitentes, desde la década de 1960, en un plazo decenal superior anterior de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Posesión ejercida en forma idónea para usucapir, de lo cual aportó documento público, donde consta el traspaso de su derecho y mediante los tres testigos, se acreditó claramente la cadena posesoria y la condición de la posesión apta, acorde con el artículo 863 del Código Civil y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, necesaria para adquirir el derecho a que se le expida título inscribible en el Registro Público de su inmueble.

POR TANTO:

En lo apelado se confirma el fallo dictado.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-000080-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:28:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

21-000080-0699-AG - 2

**PROCEEDING:**

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

**PROMOTED BY:**

SILVIA ROSA SERRANO CHAVES

**VOTE No. 2023001095**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eleven hours and twenty-eight minutes on the twentieth of December, two thousand and twenty-three.-

**POSSESSORY INFORMATION** promoted by SILVIA ROSA SERRANO CHAVES, of legal age, married once, homemaker, identity card number one-three hundred ninety-nine-seven hundred twelve, resident of San José, Vásquez de Coronado, San Francisco. Appearing as parties are the RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL) through its general judicial attorney-in-fact, Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced twice, attorney, identity card number one-five hundred ninety-eight-one hundred one, resident of San Ramón de Alajuela; and the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representing the interests of the State, with the deputy procuradora, licensed attorney Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, attorney, identity card number two - zero five hundred forty-five - zero six hundred one, resident of San Ramón, appearing. Acting as special judicial attorney-in-fact for the promoting party is licensed attorney Fercinta Esquivel Godínez. Processed before the Agrarian Court of Cartago.

Drafted by Judge Darcia Carranza: and,

**WHEREAS:**

**I.- DETAIL OF PROCEEDINGS:** 1. The title applicant files these proceedings so that the property she describes as follows may be registered in her name in the Public Property Registry: Land of pasture nature, located in San Gerardo of the third district Copey of Canton seventeen Dota, of the province of San José. Bounded on the North, South and East by a public road with a frontage of two hundred forty-nine meters and fifty-four centimeters; on the West by Rafael Alexander Serrano Vega and Bernardo Serrano Chávez.- Measuring: FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-THREE POINT EIGHTY-EIGHT SQUARE METERS, described according to cadastral map number SJ-855885-2003. (see electronic file images 1 to 4, and 140). 2. Appearance of adjoining landowners in images 15 and 17 of the electronic file. 3. The State, through the Procuraduría General de la República, and the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural, INDER), were included as parties, who appeared in the proceedings (images 52 to 55 for the PGR and images 46 to 48 for INDER). 4.- Judge Silvia Elena Sánchez Blanco, in judgment number 2023000167 at nine hours and forty-four minutes on the eleventh of July, two thousand and twenty-three, resolved: "THEREFORE: By virtue of the foregoing, in accordance with LAW OF POSSESSORY INFORMATION No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, THESE PROCEEDINGS OF POSSESSORY INFORMATION promoted by SILVIA ROSA SERRANO CHAVES, of legal age, married once, homemaker, identity card number one- three hundred ninety-nine- seven hundred twelve, resident of San José, Vásquez de Coronado, San Francisco, ARE APPROVED.- Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, proceed to register in her name, without prejudice to third parties with better rights and with the limitations of law as stated below, the property detailed as follows: Land of pasture nature, located in San Gerardo of the third district Copey of Canton seventeen Dota, of the province of San José. Bounded on the North, South and East by a public road with a frontage of two hundred forty-nine meters and fifty-four centimeters; on the West by Rafael Alexander Serrano Vega and Bernardo Serrano Chávez.- Measuring: FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-THREE POINT EIGHTY-EIGHT SQUARE METERS, described according to cadastral map number SJ-855885-2003.- The property to be titled was valued at the sum of five million colones and the proceedings at the sum of one million colones. Let the certification of this judgment serve to register the cited property in the Property Registry. The land remains subject to reservations regarding rights-of-way on public roads as provided by articles 4 of the General Law of Public Roads and 19, subsection a, of the Law of Possessory Information. In accordance with subsection b) of numeral 33 of the Forest Law (Ley Forestal) number 7575, the cutting or elimination of trees is prohibited. Once this resolution is final, issue the corresponding certificate of finality for its registration in the Real Estate Registry.- The managing party must comply with the observations and recommendations granted in the Soil Study presented." (images 134 to 140 of the electronic file). 5.- State representative Yamileth Monestel Vargas filed an appeal with an express indication of the reasons on which it is based, to refute the trial court's thesis." (Images 144 to 150 of the electronic file).

**II.- Proven Facts.** The proven facts contained in the judgment rendered are adopted.

**III- Appeal.** The Procuraduría General de la República, through Procuradora Yamileth Monestel Vargas, appeals the judgment rendered based on the following: "... 1) IMPROPER INTERPRETATION OF THE NORMS THAT AFFECTED THE LAND TO THE PUBLIC DOMAIN. TESTIMONIAL EVIDENCE IS INSUFFICIENT TO DEMONSTRATE THE POSSESSION NECESSARY FOR USUCAPIÓN: When responding to the final hearing of this proceeding, we provided certification no. SINAC-ACOLS-of-593-2022 (see electronic folder 06/08/2023 21:13:49), which expressly states: 'Map No. SJ-855885-2003, is located within the 2 kilometers contiguous to the South Inter-American Highway, which were affected to the public domain for the protection of the oak groves (robledales)'. In this file, the testimonial evidence was insufficient to prove possession prior to the entry into force of the General Law on Vacant Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos) No. 13 of January 10, 1939, which in its article 6, established: 'Article 6- Vacant lands (baldíos) situated in a zone…2000 meters wide on each side of the Pan-American Highway route may not be alienated.' The witnesses Miguel Víquez Gómez and Nelson Abarca Hernández, who testified on December 13, 2022, stated they had known the land for 60 years, which takes us back to 1962, a date by which the property was affected to the public domain. This Procuraduría maintains the criterion that during the time the area was affected to the public domain, prior to the declaration of the Los Santos Forest Reserve, it was not susceptible to being possessed as an owner, since, as of 1939, such areas were only susceptible to lease contracts, according to that same Law: 'Article 62.- The Executive Branch may lease, by contract and for a term of four years, renewable at the will of the parties, the strips of land referred to in article 6, in an extension no greater than two hundred and fifty hectares, if dedicated to cattle raising or fattening, and no greater than one hundred and twenty-five hectares, if destined for agricultural crops…'. As is known, the possession suitable for usucapión (usucapión) is that held as an owner (Article 856 of the Civil Code), not as a lessee, and no one can unilaterally change the nature of their title: 'Possession acquired by virtue of a non-translative title is not suitable for civil usucapión. If, for example, one has entered into possession by virtue of a lease or mere tolerance, the title requirement is not met, and if it is a real right different from ownership, such as, for example, usufruct, one could acquire the latter by usucapión but not the right of ownership.' (First Chamber of the Supreme Court of Justice, votes 45-1996, 607-F-2004 and 934-F-2006). Law No. 197 of August 29, 1945, reformed the General Law on Vacant Lands adding the element of oaks, declaring as a National Park the lands 'comprised within the zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway and the rest of the route to be built that have oaks'. The Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of October 14, 1961, reiterated said affectation (arts. 7, subsection a) and 10): 'While the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Agrarian Development Institute, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be kept under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denuncio or possession, except for those that were under private domain: Those comprised in a zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway route in the zones where oaks exist;' (article 7, subsection a). Even though that norm was repealed on November 9, 1973, by Law No. 5385 of October 30, 1973, nevertheless, barely two years later the Los Santos Forest Reserve was created, by Decree No. 5389-A of October 28, 1975, and a biennium is insufficient for the consolidation of positive prescription or usucapión (article 860 of the Civil Code). The Agrarian Tribunal, in vote No. 472-F-04 at 14 hours 20 minutes on June 30, 2004, indicated that 'When possession of a public domain (demanial) good is discussed, that discussion will only be appropriate when the right was acquired before the good was declared as public domain.' And in vote No. 26 at 8 hours on January 30, 2002, this Tribunal considered: 'Given the nature of the good sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapión must elapse before the good's affectation to the public domain occurs. (…) The foregoing is only the natural result of applying the concepts about the object of possession and its condition of exercise as an owner, necessary for possession ad usucapionem. Remember that goods affected to the public domain, whatever their specifications may be, are not susceptible to acquisition by usucapión, if before the affectation occurred, the necessary conditions for acquiring the right were not met.' (The highlighting does not belong to the original). The Constitutional Chamber, in vote No. 4587 at 15 hours 45 minutes on August 5, 1997, analyzing article 7 of the Law of Possessory Information, highlighted the importance of contemplating, in the calculation of time for usucapión, the existence of norms that formerly declared lands inalienable: '(...) it is important to synthesize the basic elements that at the level of doctrine and jurisprudence are handled in relation to these issues, and that oblige the judge -in relation to the challenged norm- to determine in each case the specific type of possessory act that has been exercised on the property -that becomes part of the protected wilderness area (área silvestre protegida)- sought to be titled. The foregoing is for the purpose of giving the judge a broader criterion - not limited to the date of entry into force of the law or executive decree defining the limits of a specific wilderness area- to establish with greater precision the moment in which said goods became inalienable and imprescriptible, for the purposes of determining whether possession ad usucapionem was exercised over them for ten years prior to acquiring that condition. This broader perspective that favors the protection of the Nation's environmental heritage determines that when it is sought to title -through the procedure of possessory information- land located within a protected wilderness area, the discussion should not be reduced to the simple calculation of the time a person has been on a property in relation to the date the declaration of the protected wilderness area occurred, since -on one hand- the elements that each specific type of possession contemplates must be accounted for to prove possession ad usucapionem during the term established in article 7 of the Law of Possessory Information, and -on the other hand- the possible existence of norms that formerly declared those lands inalienable, even before their specific affectation to the public domain.' (The bold does not belong to the original). It must also be kept in mind that the abolished Law survives to regulate the rights, situations, or legal relationships born under its protection (affectation to the public domain of the strip of 2000 meters wide on both sides of the Pan-American Highway). Constitutional Chamber, judgments 738-2003, 15753-2005, 7989-2005, 12239, 12240 and 12241, all from 2006, etc. In another vote, the Agrarian Tribunal accepted the reasoning expressed by the state representation, recognizing the inalienability of the strip: 'it is important to mention that given the overlap problems detected not only within the Forest Reserve, but also on State properties and the inalienable area of the Inter-American Highway, it is not appropriate to allege rights over said property through the exercise of possession, because due to its nature, and being mostly forested land, it is not susceptible to appropriation, but rather may even form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in accordance with the provisions contained in the Forest Law, so the possession exercised by the petitioner or their prior transferors would not be valid.' (Vote No. 649-F-12 at 16 hours 5 minutes on May 29, 2012). Furthermore, in whereas clause IV) the appealed resolution considered it certain that 'the entirety of the evidence provided within this matter shows that, indeed, the property is located partly within the limits of the Los Santos Forest Reserve, created by Executive Decree #5389-A of 10-12-75, and Decree Cerro Vueltas Biological Reserve #24439-MIRENEM of 07-26-95, affected not only by Executive Decree, but previously since the Vacant Lands Law of 1939 because it is located within the 2km margin of the Inter-American Highway, as according to its map it is located within the perimeter.' However, it approved the proceeding considering the ten-year possession proven only from the year 1962 (See proven fact 3), which is contradictory and improper. 2) THE POSSESSORY INFORMATION WAS APPROVED DESPITE NOT COMPLYING WITH THE EXERCISE OF ECOLOGICAL POSSESSION: The good subject to this proceeding has been under a protected wilderness area regime since 1939. For the titling to proceed, the demonstrating of the exercise of ecological possession (posesión ecológica) is required of the petitioner, which in this case was not proven. The base map of the proceedings indicates the nature of the property is pasture (potrero). In the initial document, points 1 and 3, the title applicant stated that the property is destined for pasture and in point 8 she affirmed that the possessory acts consist of 'maintaining the pasture and planting wild blackberry'. The judicial inspection (reconocimiento judicial) record, dated December 13, 2022, states: 'it is a land of irregular topography (…) dedicated to pasture with cypress trees and other native ones' and the witnesses asserted that the property is dedicated to pasture. The Agrarian Tribunal has considered that these types of activities are contrary to the vocation of lands located in protected wilderness areas: 'Additionally, the use of the land as pasture is also not compatible with the nature of the Wildlife Refuge, because rather an ecological possession is required, which promotes the protection of the natural resources and biodiversity of the area. As the petitioner did not demonstrate the ten-year possession in accordance with the nature of the protected wilderness area, exercised at least ten years prior to the effective date of the decree that created the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, it is appropriate to confirm the appealed resolution, insofar as it was the object of appeal…'. (Vote No. 1229-F-11 at 10 hours 10 minutes on November 10, 2011). '…This Instance considers that article seven of the Law of Possessory Information requires the exercise of a possession consistent with the environmental function that protected wilderness areas fulfill, which must be aimed at the protection and conservation of the natural resources existing on the lands…It is for this reason that the acts of possession required of these possessors go beyond those that might be required on land whose purpose is diverse and does not intend or have as its function the conservation of the environment and its ecosystems. It is the duty of these owners and possessors to safeguard the existing resources, or to ensure the generation of the resources that in those zones are necessary to fulfill the creation purposes of the protected wilderness areas, and in this case, of a protective zone (zona protectora)'. (Agrarian Tribunal, Vote No. 836-F-12 at 16 hours 55 minutes on June 29, 2012). 'the first cadastral map describing the property is from 2006, and it shows that the land forms part, as the Procuraduría well indicated, of the Golfo Dulce Forest Reserve, created in 1979, meaning that since that date the forest resource should have been conserved, however, this has not occurred. It is further evidenced in the INTA soil study, where it is indicated as 'current use' 'green zone', indicating that it is land with an undulating slope, with slight erosion, being in a life zone of very humid tropical forest. Therefore, if the land is a green zone, and is located within the Golfo Dulce Forest Reserve, it is concluded that possession has not been exercised in a sustainable manner'. (Vote No. 931-F-15 at 16 hours 47 minutes on September 16, 2015). 'the need to comply with the two requirements set forth in the law to be able to acquire this type of land is evident, these being ten-year possession prior to the creation of the protected wilderness area and the exercise of ecological possession, and since the last of the requirements has not been proven in the present case, the appropriate course is to revoke the appealed resolution and instead disapprove these proceedings of possessory information'. (Votes numbers 38-F-13 at 16 hours 30 minutes on January 24, 2013, 1210-F-14 at 17 hours 40 minutes on April 19, 2014). Such arguments were expressed when responding to the final hearing. However, the Court did not express the reasons why it dismissed the argument. On the contrary, it approved the proceeding, considering that possession 'has been exercised protecting the forest resources, since the title applicant even has the property duly delimited' and that 'there is not sufficient probative element to consider that the forest cover (cobertura forestal) was directly affected by the title applicant'. In short, it does not justify why the possession exercised on land destined for pasture in a protected wilderness area is ecological. By virtue of the foregoing, this representation considers that the proceedings should have been rejected, as the exercise of ten-year possession prior to the affectation to the public domain is unproven, and since the exercise of ecological possession necessary for usucapión within protected wilderness areas has not been proven. Thus, I request that the appeal filed against judgment no. 2023000167, at 9:44 hours on July 11, 2023, be accepted, and the case file be sent to the Superior Body so that it may hear the matter and disapprove the proceedings, for non-compliance with legal requirements and because the registration in the name of a private party of a public domain good is sought. I request that the certificate of finality of the challenged judgment not be issued until it becomes final. NOTIFICATIONS: from the first and second instance to the link means Judiciary Procuraduría General de la República, called 'permanent electronic address of legal entities' and subsidiarily to the fax of the Procuraduría General de la República, numbers 2255-0997 or 2233-7010. Please label to my name..." (see the appeal in the virtual office incoming documents trays added on 07/19/2023 at 23:44:33).

**IV.-** The Procuradora alleges the thesis of the Procuraduría referring to the fact that the affectation is from 1945; as the Zone of the Two Kilometers contiguous to the Pan-American Highway, site in which the property being titled is located, was a National Park, and given the repeal of the law in 1973 and the creation of the protected wilderness area in 1975, the good really never left the State's public domain heritage. This process seeks the titling of a property located in San Gerardo de Copey, fifth district of Dota, canton seventeen of the province of San José, with an area of four thousand five hundred eighty-three square meters, destined for blackberry cultivation and scrubland (tacotal), as derived from the certification issued by the National Institute of Agricultural Technology Innovation and Transfer, certificate of conforme soil use visible as image 6 added with the initial application on 07/01/2021 12:10:02 Associate demand), in which it is established that the land to be titled is currently with a scrubby use with blackberry and fern species and wooded with the species Quercus copenayensis and Quercus costarricensis (oak and encino). From the photographs provided with the soil study, it can be determined that it is not an area of oak grove forests as the Procuraduría intends to establish in order to apply the regulations regarding the two-kilometer strip along the sides of the Pan-American Highway that were at some point a National Park and repealed since 1973. Although the land is located in the Los Santos Forest Reserve, created by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975. On said good, conforme land use has been exercised for the activity carried out according to the approved methodology and the demonstration of ten-year possession prior to the creation of said protected wilderness area is fulfilled.

**V.-** Regarding the areas of oak groves, such an argument cannot be considered valid and infallible since throughout the entire zone what naturally predominates is the tree species Quercus, both inside and outside the said two-kilometer strip. It must be kept in mind that the same law that speaks of the oak groves refers to the fact that the lands comprised within the zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway and the rest of the route to be built that have oaks are declared a National Park. From this, it also follows that there could be areas within these two kilometers that did not have such tree species, because otherwise the entire two-kilometer strip would have been declared a national park and not only that which had oaks. The criterion expressed is not sufficient since there are some scattered encino trees on the property within the context of the whole land, as it is not an oak grove forest since most of the good is scrubby with blackberry and fern species with trees among such crops forming an agroforestry system, without indicating the age of the same since it denotes they were born after the dates of the norms cited by the Procuraduría, even after the date on which the law was repealed, and this could not be applied retroactively. They are not large trees as derived from the attached photographs but rather trees in scrubland (tacotal) or thicket (charral) that imply rather a recent natural regeneration and not oak grove forests that would allow their establishment from such eras from the forties to the seventies, because then we would have very large trees, which is not the case here. By virtue of the foregoing and based on the existence of the property in principle in private hands since 1960, the allegation in that sense put forth by the Procuradora is rejected. While the Procuraduría cites a series of votes from this Tribunal, each case is analyzed specifically according to the specifications of each case and it could not be considered that it must be applied to all cases, since each one has its own particularities that make situations different from one case to another, so the judgments rendered are based on a specific case.

**VI- Regarding the land tenure regime in protected wilderness areas**, it must be indicated that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. MINAET is responsible for their administration, management, and guardianship, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographical zones, consisting of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest for the protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express referral to the Organic Law of the Environment on the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law falls exclusively on the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, except for Natural Monuments. For its part, the Forest Law provides that when a state-owned protected wilderness area is declared, it must immediately become part of the Natural Heritage of the State, regulated by article 13 of the cited norm which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This set of norms must be interpreted in light of what is prescribed in article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the rights acquired by indigenous populations, peasant communities, physical or legal persons, over lands that are declared protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by article 7 of the Law of Possessory Information when it states: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wilderness area was created." In this case, given the objections on appeal, it must be verified whether the possessory chain from the year 1965 or earlier is demonstrated. That is, for a period greater than ten years prior to the affectation of the zone through the management category Los Santos Forest Reserve that occurred in 1975, in order to understand that the acquired rights of the petitioner to request the recognition of his property right over the land must be recognized. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in vote 144-96- at 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones and national wildlife refuges, the option is given for the owner to conserve his land, since, by following the management plan, he can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent him from exploiting his property, so they do not render his right nugatory." A guideline characteristic of the principle of Sustainable Development. In addition to the above, it must be analyzed in this venue whether the exercise of ecological possession has been fulfilled, in light of the soil study, the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out to that effect by the judge, and the testimonies given in this matter. In the case under study, in accordance with article 7 of the Law of Possessory Information, a possession exercised at least ten years before the year 1975, the date on which the Los Santos Forest Reserve was created and existing properties within its limits were affected, at least from the year 1965, must be demonstrated through testimonial evidence, and that the same has been exercised in accordance with the protection of the natural resources existing on the land. As was analyzed, that possession was proven even from the decade of the 1960s by the witnesses. In a case similar to the one now before us, this Tribunal, in another precedent, pointed out regarding the Procuraduría's objections, the following: "In this case, both the testimonial and documentary evidence allude to a time prior to the year 1965.

Nevertheless, the State's representative alleges that the affectation of public domain (afectación al dominio público) predates that date, since it concerns a property (inmueble) that has oak trees (robles) and is located in a zone of two thousand meters on both sides of the route of the Pan-American Highway, as provided in subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973 through Ley Nº 5385 of October 30, 1973; however, she points out, two years later the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos) was created, through Decreto Nº 5389-A of October 28, 1975. She even cites earlier regulations that imposed limitations on that sector. In that regard, the Court considers that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias came into force, which allows the titling of properties with forest located within protected areas, a release from public domain (desafectación al dominio público) occurred, requiring proof of a ten-year possession (posesión decenal) prior to the effective date of the law or decree that created the protected area. That possession, evidently, must have been exercised as owner (a título de dueño), that is, a situation that in the appellant's opinion did not occur because, pursuant to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 of January 10, 1939 —already repealed— possession of that area could only have been exercised by means of a lease agreement (contrato de arrendamiento). Those provisions stated: "Baldíos located in a zone ... of 2000 meters in width on each side of the route of the Pan-American Highway may not be alienated"; and: "The Executive Branch may lease, by means of a contract and for a term of four years, extendable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an area no greater than two hundred fifty hectares, if dedicated to livestock breeding or fattening, and no greater than one hundred twenty-five hectares, if destined for agricultural crops...". She adds that Ley Nº 197 of August 29, 1945 amended the Ley General de Terrenos Baldíos by adding the element of oak trees, declaring as a National Park (Parque Nacional) the lands included in the zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway of the remaining stretch to be built that have oak trees. According to the cited regulatory framework, possession in the capacity of a lease could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which took place on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to enter into possession of those lands in the capacity of owner. Now, on that date, the lands included in the zone of two thousand meters on both sides of the Pan-American Highway of the remaining stretch to be built that have oak trees were declared a National Park. The National Park category was maintained until the Ley de Tierras y Colonización came into force, under which lands located in that sector having oak trees were declared as public domain (dominio público). The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is included, constituted a national park, given its absolute protection, no agrarian possessory acts (actos posesorios agrarios) could have been exercised until the effective date of the Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category changed, and those lands could be possessed on a ten-year basis until the creation of the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos), through Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence submitted to the proceedings. Indeed, the Ley de Tierras y Colonización declared those areas as public domain, excepting those that were under private domain, as occurs in this case; coupled with that, it made such declaration through a subsection that has already been repealed. Consequently, the State's representative's reasoning is not shared." (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, at 8:40 a.m. on April 9, 2010). In another ruling, the following was stated: "V.- In this proceeding, likewise, witnesses María Mena Torres (page 189), Isidoro Abarca Hernández (page 190), and Hilario Meliso Abarca Romero (page 192), attest not only to the chain of transferors (cadena de transmitentes), but also to the ten-year possession (posesión decenal) prior to 1964; indeed, the witnesses state that they have known the farm (finca) since the years 1950 and 1951, respectively. Thereby, the provisions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias are satisfied, by demonstrating a ten-year possession prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve (Reserva Forestal Río Macho), and having protected the forest resource. The testimonies describe a transparent possessory chain (cadena posesoria). Therefore, the requirement of Articles 6 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias is deemed satisfied with respect to the demonstration of suitable possession for the legal term required, since the protected wildland area Los Santos Forest Reserve was created on October 12, 1975. Consequently, the reasoning of the State's representative is not shared, and thus it is not possible to uphold the appeal filed, and the appealed decision must be confirmed. (In the same sense, see Voto N° 774-F-2013 at 3:27 p.m. on August 16, 2013, Voto N° 558-2023 at 7:49 a.m. on July 5, 2023.)

VII - For the reasons set forth, it is concluded, in compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos and its Regulation, as well as the Ley Forestal, that Silvia Rosa Serrano Chaves has availed herself of the possession exercised by her transferors, since the 1960s, for a ten-year period superior and prior to the creation of the Los Santos Forest Reserve. Possession exercised in a manner suitable for adverse possession (usucapir), of which she provided a public document (documento público), recording the transfer of her right, and through the three witnesses, the possessory chain and the condition of suitable possession were clearly demonstrated, in accordance with Article 863 of the Código Civil and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, necessary to acquire the right to be issued a registrable title (título inscribible) in the Public Registry (Registro Público) for her property.

POR TANTO:

The appealed ruling is confirmed.

 

 

 

 

 

	

 
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ANTONIO DARCIA CARRANZA - DECIDING JUDGE

	






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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECIDING JUDGE

	


	

 
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ENRIQUE ULATE CHACÓN - DECIDING JUDGE

 

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II Judicial Circuit of San José, 4th Floor, Courts Building, Calle Blancos de Goicoechea, opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica, Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

 

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