Res. 00487-2023 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago — Restitution of things to prior state in forestry crimes despite acquittalRestitución de cosas al estado anterior en delitos forestales pese a absolutoria penal

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Resolución Nº 00487 - 2023

Fecha de la Resolución: 20 de Diciembre del 2023 a las 14:00

Expediente: 16-000306-0567-PE

Redactado por: Iris Lucia Valverde Usaga

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Aprovechamiento ilegal de productos forestales
Subtemas:
Inexistencia de legitimación de terceros para impedir la restauración de áreas afectadas en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad.
Temas (descriptores): Infracción a la ley forestal
Subtemas:
Inexistencia de legitimación de terceros para impedir la restauración de áreas afectadas en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad.
Temas (descriptores): Propiedad
Subtemas:
Inexistencia de legitimación de terceros para impedir la restauración de áreas afectadas en razón del régimen de restricción legal.
Temas (descriptores): Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Subtemas:
Inexistencia de legitimación de terceros para impedir la restauración de áreas afectadas en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencia con Voto Salvado

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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Documento PJEDITOR

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Res: 2023-487

Exp:  16-000306-0567-PE

 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda. A las catorce horas del veinte de diciembre del dos mil veintitrés.

 Causa penal 16-000306-0567-PE seguida contra [Nombre 003] por el delito de Invasión de Área de Protección y otro  en perjuicio de Los Recursos Naturales.

 Recurso de apelación de sentencia penal formulado por el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en representación de la Procuraduría General de la República. Resuelven la jueza Iris Valverde Usaga, así como, los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Christian Fernández Mora;

Resultando:

 ÚNICO. Que mediante sentencia número 792-2023 de las ocho horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Juicio de Cartago, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41, 50, 89 de la Constitución Política; 1, 30, 45, 103 inciso 1) todos del Código Penal; 1, 7, 9, 140, 265, 360, 361 y 366 del Código Procesal Penal,1045, 1048 del Código Civil, 122, 123, 124, 125, de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal del 1941, 33, 34, 58, 62 de la Ley Forestal, se ABSUELVE, de toda pena y responsabilidad a [Nombre 003] por los delitos de APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREA DE PROTECCIÓN Y UN DELITO DE INVASIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN que en daño de LOS RECURSOS NATURALES se le ha venido atribuyendo en este asunto. Se declara sin lugar la Querella establecida por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA bajo la representación del procurador Andrés Alfaro Ramírez en contra del querellado [Nombre 003], sin especial condenatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria establecida por PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA bajo la representación del procurador Andrés Alfaro Ramírez en contra del querellado [Nombre 003] sin especial condenatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Se ordena el levantamiento de las medidas cautelares existentes en contra del imputado. Se resuelve sin especial condenatoria por los gastos del proceso penal. Así mismo se rechaza solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior. Firme esta sentencia se ordena el archivo de la causa y en caso de existir evidencia material se ordena su destrucción, previa audiencia a las partes. En este acto quedan notificadas todas las partes. Susana Wittmann Stengel. Jueza Decisora."             

Informa la jueza Iris Valverde Usaga, y;

Considerando:

 I.- El licenciado Andrés Alfaro Ramírez, procurador penal, impugna la sentencia número 792-2023, dictada a las 08:00 horas del 24 de octubre del presente año por el Tribunal Penal del Cartago. La apelación fue presentada en tiempo y con arreglo a los requisitos establecidos en los artículos 458, 459 y 460 del Código Procesal Penal, en orden a garantizar el derecho al recurso y el examen integral del juicio y la sentencia, consagrados por el numeral 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se admite para su valoración.

    II.- Sobre la prueba ofrecida. El recurrente aporta la certificación literal de propiedad del inmueble matrícula [Valor 001], plano [Valor 004], a efecto de que se considere la fecha de adquisición (año 2022) y para que el Tribunal Penal de Cartago, de cara a un posible nuevo debate, determine si se tiene al propietario como parte interesada. Se rechaza la prueba ofrecida. Conforme a lo dispuesto en el artículo 464 del Código Procesal Penal, la parte interesada podrá ofrecer en el recurso pruebas nuevas sobre la forma en que fue realizado un acto “cuando se contradiga lo señalado en las actuaciones, en el acta, en los registros del debate o la propia sentencia”. Por otra parte, dispone la norma que el tribunal aceptará como nueva solo la prueba que, no obstante haber sido ofrecida en su oportunidad, “fue arbitrariamente rechazada; la que aparezca como novedosa con posterioridad a la sentencia y aquella que, aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva de ser ofrecida por el interesado en su momento”. La regulación determina que la posibilidad de ofrecer elementos probatorios en la fase de apelación es muy limitada, toda vez que no estamos ante un nuevo debate o una etapa en que se haya previsto la producción de prueba, sino que lo que corresponde es revisar y controlar de manera amplia e integral la sentencia dictada por el tribunal de juicio y el respeto a las garantías del debido proceso en el debate oral y público en que aquella se sustentó. La prueba documental que se ofrece no cumple con los presupuestos de la norma antes citada. En primer lugar, no se trata de un elemento que haya surgido como novedoso con posterioridad al dictado del fallo, pues indica el recurrente que fue mencionado por la defensa en sus conclusiones en el debate, esto es, antes de que se emitiera la sentencia. Tampoco es una prueba que se haya ofrecido en el momento procesal correspondiente y haya sido rechazada en forma arbitraria, o que por motivos claramente establecidos la parte haya estado imposibilitada de ofrecer en forma oportuna. Aún más, indica que la ofrece a pesar de tener claro que el conocimiento de la identidad del propietario del fundo no es requisito para que se ordene la restitución de las cosas a su estado anterior, de modo que no queda claro el interés en dicha probanza. De allí que se declara inadmisible la prueba ofrecida.

 III.- El único motivo del recurso se formula por falta de fundamentación respecto al rechazo de la solicitud de restitución de las cosas al estado anterior, que violenta el numeral 142 del Código Procesal Penal, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la tutela judicial efectiva. Informa el recurrente que en esta causa recayó una sentencia absolutoria en favor del imputado [Nombre 003], ya que no se acreditó en juicio que fuese él la persona responsable de cometer el delito de invasión al área de protección hídrica al colocar cultivos de café y plátano y construir un camino sobre el inmueble folio real [Valor 001], plano [Valor 004], ubicado en [Nombre 006]. Expone que el único motivo de inconformidad es el rechazo a la solicitud de restitución de cosas al estado anterior, formulada por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio Público. Señala que los argumentos empleados para rechazar dicha petición fueron: primero, que no se aportó prueba que determinara la identidad del propietario registral del inmueble sobre el que se realizaron las afectaciones ambientales y segundo, que no se pudo corroborar que las afectaciones se mantengan en el sitio. Indica que la sentencia desarrolló un análisis probatorio para explicar por qué se absolvió al imputado bajo el principio in dubio pro reo, sin embargo, no se fundamentó adecuadamente el rechazo a la solicitud planteada por la Procuraduría y por el Ministerio Público, que solicitaron la absolutoria del encartado, pero a la vez, con base en la prueba recabada en juicio, solicitaron que se ordenara la restitución de cosas al estado anterior, tomando en cuenta que para ello no se requiere que recaiga una sentencia condenatoria. Argumenta que se contaba con elementos suficientes para determinar que en fecha no determinada, pero antes del seis de julio del año 2016, dentro de la finca matrícula [Valor 001], plano [Valor 004], ubicada en [Nombre 006], se plantaron cultivos de café y de plátano dentro del área de protección de varias nacientes de carácter permanente y se construyó o habilitó un camino de tierra que también se ubica dentro del área de protección, pues de la prueba evacuada en debate se podía determinar la existencia de dichos sembradíos y camino, así como su ubicación, lo que fue corroborado por los testigos [Nombre 004], [Nombre 005] y el perito José Pablo Araya Pacheco. Refiere que los primeros en su condición de funcionarios del SINAC explicaron lo que hallaron en el sitio: cultivos de café y plátano en zona de protección hídrica de varias nacientes, que posteriormente fueron catalogadas por la Dirección de Aguas del SINAC como de carácter permanente. Ambos confirmaron la existencia del camino que también invade el área de protección de dichas nacientes y refirieron que hasta pocos meses antes del debate han pasado por el lugar, y desde la calle pública que tiene una vista parcial hacia la finca han podido confirmar la presencia de los cultivos, a los que se les da mantenimiento. Por su parte el perito José Pablo Araya Pacheco expuso los resultados de la valoración realizada, que consta en el dictamen pericial número DCF: 2018-01059-ING visible a folios 994 a 100 del expediente digital, que determinó la invasión a las áreas de protección hídricas de varias nacientes por parte de los cultivos en la finca objeto del proceso, confirmando también la invasión de éstas por parte del camino de tierra. Reclama que la sentencia se limita rechazar la solicitud de restitución simplemente por desconocer quién es el dueño actual del fundo y porque no se le trajo al proceso como parte interesada. Indica el procurador que el nombre del actual dueño del inmueble fue conocido durante la fase de conclusiones, cuando el defensor del imputado hizo lectura de una certificación registral que no fue aportada como prueba al expediente, por cuanto durante la tramitación de la presente causa se tuvo como propietario al acusado [Nombre 003]. Es hasta ese momento que las demás partes se enteran de que el imputado ya no era el dueño. La juzgadora consideró que por no haber citado como tercero interesado al actual propietario no resultaba factible ordenar la restitución de las cosas al estado anterior (desarraigo de cultivos y destrucción e inhabilitación del camino existente sobre el área de protección) conclusión que no comparte el recurrente, toda vez que la restitución debe ordenarse para salvaguardar un interés superior de la sociedad, cual es el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que implica la necesidad de eliminar cualquier afectación causada, independientemente de quién haya sido el autor de ésta o de qué persona esté ejerciendo el dominio sobre el inmueble. Señala que la sentencia, más allá de la duda sobre la identidad del propietario, no explica fundadamente por qué a pesar de que reconoce la existencia de las plantaciones de café y plátano, así como de un camino, todos ellos dentro el área de protección de varias nacientes, optó por rechazar la solicitud de restitución de cosas al estado anterior, manteniendo y perpetrando en el tiempo una situación prohibida por el ordenamiento jurídico, específicamente por la Ley Forestal, con violación del numeral 142 del Código Procesal Penal y 50 de la Constitución Política. Agrega que el desconocimiento sobre la identidad del actual propietario del inmueble donde se presentan afectaciones ambientales es un aspecto irrelevante, que no impide ordenar el cese de las mismas, ya que quien ostente la titularidad sobre una finca donde se presentó un hecho irregular no tiene derecho a reivindicar o a conservar aquello que lesiona el ambiente y transgrede el ordenamiento jurídico. Cita al efecto la resolución 2010-341 del 21 de octubre del 2010, del Tribunal de Casación Penal de Cartago, en la que se indicó: “En este sentido el Voto 450-2003 del Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José expone:"... la única forma de restituir las cosas al estado anterior en caso de daños al medio ambiente como el caso que se conoce, a fin de revertir el daño causado, es ordenando la restitución del área al estado anterior, como un remedio para impedir que se mantengan los efectos del daño. Contrario a ese deber, la sentencia que condena al encartado no hace pronunciamiento alguno en tal sentido, inobservando los artículos 103 del código penal y 123 del Código Penal de 1941 que le obligaban a declarar en sentencia que el imputado estaba obligado a restituir el área afectada por el hecho punible a efecto de que pueda regenerarse. El no ordenar nada en ese sentido resulta un beneficio para el infractor que con ello ha visto legalizada su actuación y en lo sucesivo podrá usufructuar en beneficio propio un área de bosque y una zona de protección que estaba obligado por ley a preservar, todo en detrimento del bien jurídico tutelado, no sólo del ordenamiento jurídico sino de la Constitución Política. Se declara con lugar el motivo alegado y se resuelve por el fondo. Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del código penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primero párrafos establece que: "Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este."; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito. Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto." (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado." De esta forma se procede a ordenar la restitución de las cosas a su estado original, ordenándose la suspensión de esa actividad ganadera en la finca de los imputados, con excepción de las partes de dicha finca, en las cuales el MINAET indique que no se afecta el ambiente” (sic). Agrega el procurador que al referirse a la restitución, en lo relativo al derribo de obras ubicadas dentro de un área de protección, mediante resolución número 199-2014 del 27 de marzo del 2014 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón indicó que, aun si no se pudo determinar quién cometió el ilícito acusado, esto no implica que el delito no se produjo, por lo que sería procedente, con fundamento en el artículo 140 del Código Procesal Penal, ordenar el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho. En similar sentido se pronunció el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, en la resolución 2014-292 del 10 de julio de ese año, que analizó la importancia de la tutela a las áreas de protección hídrica, al considerar que no era procedente rechazar la restitución de las cosas al estado anterior por no conocerse quién era el propietario registral del inmueble, señalando que, sin importar quién tuviera la titularidad, no existe posibilidad alguna de reivindicación de derechos respecto a obras realizadas de manera ilegítima en áreas de protección. Agrega el recurrente que, ratificando el criterio de que para ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior no es requisito conocer la identidad del propietario del fundo en el que ocurrieron los hechos, o que se le haya dado parte en el proceso, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela dictó el voto N°686 de las 14:51 del 31 de julio de 2020, en el que se estimó que en un delito forestal resultaba irrelevante que la propiedad en cuestión estuviera nombre de un tercero y que a este no se le hubiera dado traslado de la causa, pues no le asistía derecho de oponerse a la orden de restituir el bosque a su estado original. Reclama que en el caso concreto no se fundamentó debidamente el por qué se rechazaron los argumentos jurídicos que el procurador expuso en sus conclusiones en lo referente a la solicitud de restitución de cosas al estado anterior, más allá de sostener sin mayor análisis que no se conocía a la persona propietaria del fundo donde acaecieron las afectaciones ambientales, decisión que provoca la perpetuación de una situación irregular, contraria al Ley Forestal y al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Subraya que la ausencia de una visita o inspección más reciente en el sitio de los hechos por parte del SINAC o de otra autoridad no constituye un obstáculo o impedimento para que el Tribunal Penal se pronunciara, dado que el dictamen elaborado por el perito José Pablo Araya Pacheco, DCF: 2018-01059-ING, cuantificó la cantidad de metros cuadrados de invasión a las áreas de protección de cada naciente involucrada, además de localizar en el terreno, con ayuda de los planos catastrados y coordenadas, los sectores en los debe procederse a la inhabilitación del camino de tierra y al desarraigo de los cultivos, por lo que no existe riesgo de que se abarquen otras áreas que no estén perjudicando al ambiente. Señala que, si con el paso del tiempo las afectaciones han desaparecido parcialmente, esto no impediría el dictado de la medida solicitada y la intervención siempre resultaría necesaria. Reprocha el quebranto al deber de fundamentación jurídica y de análisis de la prueba, ante el rechazo infundado de la solicitud de restitución. Solicita se declare con lugar el recurso y se anule lo resuelto, ordenando el reenvío únicamente para que se resuelva lo relativo a la restitución de cosas al estado anterior al hecho. Posición del Ministerio Público: durante la audiencia conferida al efecto el licenciado Julián Martínez Madriz, fiscal de impugnaciones de Cartago, solicitó por escrito se acogiera el recurso de la Procuraduría General de la República. Indicó que la resolución, en el punto cuestionado, carece de fundamentación y es contraria al artículo 50 de la Constitución Política. Manifiesta que, lejos de requerirse algún elemento adicional para ordenar la restitución de las cosas a su estado original, era suficiente con saber que el área afectada es de dominio público y por ende no podría generar siquiera expectativa alguna a los propietarios del inmueble donde se dieron los hechos, de allí que no resultaba necesario identificarlos o emplazarlos, pues la invasión a zona de protección no afecta ningún derecho privado sobre el cual deba advertirse, ya que se está hablando de un área pública que no está sujeta al dominio privado. Aunado a lo anterior, hace ver que lo procedente es ordenar de oficio y por economía procesal la restitución de las cosas a su estado original, a fin de que la zona afectada sea regenerada en vista de que es un área de protección no sujeta al derecho privado. Cita al respecto la resolución de este mismo Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Sección Segunda, número 291-2015 de las 13:50 horas del 15 de mayo de 2015, que por razones de economía procesal resolvió sobre el fondo el asunto planteado y ordenó la restauración del bosque a su estado anterior a los hechos. En igual sentido, por no existir expectativa alguna a favor de terceros, solicita se declare con lugar el recurso y se ordene de oficio la restitución de las cosas a su estado original conforme a lo solicitado en juicio por las partes acusadoras. Posición de la defensa técnica: no consta en autos contestación alguna de la defensa. Por mayoría, se declara con lugar el reclamo. Una vez examinada la sentencia, así como los argumentos del recurrente, estima esta Cámara que le asiste razón. Agregada al expediente electrónico se encuentra la resolución impugnada, que se dictó en forma oral y en la que se respetaron, en términos generales, los requisitos que prescribe para este tipo de actos nuestra legislación procesal penal, específicamente, los establecidos en los artículos 142 y 363 del Código Procesal Penal. Cuenta con una parte introductoria, en la que se brindan los datos del Tribunal, el imputado y demás partes intervinientes, número de sentencia, hora y fecha de su emisión. Al contador horario 00:02:06 la juzgadora da lectura a los hechos acusados por el Ministerio Público, haciendo ver que son los mismos de la querella formulada por el Estado. En estos se identifica el número de propiedad donde ocurrieron los hechos y el número de plano: folio real [Valor 001], [Valor 004], así como su ubicación exacta en la provincia de San José, cantón de Tarrazú, distrito San Lorenzo, Santa Rosa, 2 kilómetros al sur de la escuela de Sana Marta, describiendo que en ésta se encuentran dos nacientes y una quebrada permanente, sin nombre, brindando las coordenadas de ubicación de estas fuentes de agua. Además, se menciona en el hecho primero que el inmueble pertenece al acusado [Nombre 003], a quien se atribuye la tala de 45 árboles de diferentes especies en la finca citada, en un terreno con pendiente superior al 50%, a una distancia de 15 metros de la quebrada permanente sin nombre, donde el único uso de suelo autorizado era la conservación de la cobertura vegetal y protección de las fuentes hídricas (hecho 2). Además se le imputa haber invadido el área de protección de la quebrada en mención, cambiando el uso de suelo al sembrar plantas de café en un terreno con pendiente superior al 50% (hecho 3); de igual manera se le atribuye, sin precisar fecha exacta pero antes del 6 de julio de 2016, haber invadido el área de protección de las dos nacientes permanentes sin nombre ubicadas dentro del inmueble, cambiando el uso de suelo mediante la siembra de plantas de café y plátano en un área donde el único uso permitido es la protección de la cobertura vegetal y del recurso hídrico (hechos 4, 5 y 6 y 7); finalmente, se le acusó de haber construido dentro de la finca en cuestión un camino de tierra de 4 metros de ancho y 370 metros de largo, mediante la utilización de maquinaria, invadiendo un área de 1660 m2 que se encuentra dentro de la zona de protección de la naciente indicada. Una vez enunciados los hechos de la acusación, la juzgadora da lectura al hecho 9 de la acción civil resarcitoria -único que difiere del cuadro fáctico antes reseñado-. Al minuto 19:29 se inicia la exposición del considerando primero de la sentencia, que contiene el sumario de la prueba aportada al debate, iniciando con un recuento de la documental y, de seguido, un resumen de las declaraciones de los testigos y el perito escuchados en juicio. En el marcador 35:08 se expone el considerando segundo, limitándose a indicar que no se tuvo por acreditado ningún hecho relevante. En el marcador 35:11 se inicia el considerando tercero, indica la jueza que va a exponer la “fundamentación fáctica”, si bien en realidad se refiere al análisis probatorio o fundamentación intelectiva. Hace una primera observación, en el sentido de que la acusación fiscal y la querella carecen de la adecuada precisión y circunstanciación de los hechos, ya que se acusa una invasión del área de protección de una quebrada y dos nacientes, que en apariencia se mantiene, sin establecer un tiempo aproximado en que se cometió el delito, lo que es necesario para establecer si se ha dado la prescripción y se pueda ejercer eficazmente la defensa. Indica que al menos en cuanto al delito de tala ilegal esto es relevante, ya que únicamente se menciona que ocurrió “sin preciar fecha exacta pero antes del 6 de julio de 2016”, lo que significa que la eliminación de 45 árboles pudo haber ocurrido cinco años atrás, veinte años atrás, o en cualquier momento, omitiendo establecer un margen temporal razonable. En este punto cabe acotar que le asiste razón a la juzgadora, no obstante, como ella misma lo indica, con respecto a la presunta invasión del área de protección de una quebrada y dos nacientes, por ser delitos de efectos permanentes que en apariencia se mantienen aun afectando el inmueble, no habría iniciado el cómputo del plazo de prescripción, pues de conformidad con el artículo 32 del Código Procesal Penal este plazo comienza a correr una vez que cesa su permanencia. A partir del marcador 40:15 analiza el Tribunal la solicitud de absolutoria por duda planteada por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio Público, y la absolutoria por certeza que solicitó la defensa, al señalar que según los datos registrales el imputado adquirió la propiedad en setiembre del año 2017, es decir, con posterioridad a la fecha en que se situaron los hechos acusados. Se decanta el Tribunal por absolver por duda, indicando que no se requiere ser propietario registral del bien para cometer el delito, sino que basta con haber ejecutado los actos prohibidos, sobre lo cual, si bien no se contó con prueba que permitiera acreditar la autoría del imputado, sí existían elementos que señalaban la probabilidad de comisión del delito. Analizó la prueba testimonial, para concluir que no hubo ninguna persona que presenciara al justiciable realizando la acción, o lo ubicara en el sitio, sino que quien lo mencionó fue el señor [Nombre 009] al interponer la denuncia ante los funcionarios del SINAC, no obstante, don [Nombre 009] se acogió a su derecho de abstención y no declaró en el debate, resultando insuficiente la mención del imputado en la prueba documental, particularmente en la denuncia formulada por [Nombre 009] y el acta de inspección ocular del 22 de agosto de 2016, donde se consigna la manifestación del denunciante de haber observado al imputado realizando la plantación en el sitio, siendo sus manifestaciones contestes con los hallazgos que hicieron los funcionarios del SINAC en la propiedad, consignados en las actas, informes y secuencia fotográfica que aportaron,  donde se observan las labores realizadas en la zona de protección tal como se acusó, pero sin que con estos elementos pudiera demostrarse qué persona ejecutó la acción. Se refirió a los peritajes realizados, que determinan el daño ambiental, pero no ayudan a esclarecer la identidad del autor, dictando así la absolutoria por duda. A partir del contador 01:01:31 expone por qué se declara sin lugar la acción civil resarcitoria, de igual forma motiva la decisión en cuanto no se condena a la parte querellante y actora civil en costas, por haber litigado de buena fe y existir razón plausible para litigar. Hasta aquí no existe ninguna inconformidad con lo resuelto. En el contador 01:05:30 la a quo se refiere a la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior planteada por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio Público con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, normas de la Ley Forestal y artículos 140 del Código Procesal Penal y 103 del Código Penal, acotando que las partes pidieron otorgar un plazo al imputado como propietario del inmueble para que retornara la finca a su estado original. La fundamentación del rechazo a dicha gestión se escucha del minuto 01:06:45 en adelante, por lo que procedemos a transcribir lo resuelto, dada la importancia que tiene para establecer la pertinencia del reclamo. Se razonó sobre el punto: “Sí es importante indicar que  el Tribunal o por lo menos esta juzgadora tiene claro que normalmente pues en este tipo de hechos delictivos, es importante la restitución de las cosas, porque prevalece la protección del medio ambiente, lo que pasa es que el Tribunal no puede ordenarle la restitución en este caso de manera antojadiza, porque de la prueba que ha sido allegada en este proceso penal, el tribunal tiene que ni la Procuraduría ni el Ministerio Público le han demostrado a esta juzgadora en la actualidad quién es el propietario de esta finca, matrícula folio real [Valor 001], el Ministerio Público y la Procuraduría no han demostrado quién es el nombre de esta persona, su forma de ubicación y en el expediente no consta por lo menos hasta el momento de las conclusiones, quién era esta persona y su ubicación, para que hubiera sido llamado a este debate y de alguna manera se le hubiera comunicado como tercero de buena fe la solicitud que estaba realizando el Ministerio Público y la Procuraduría. La defensa mencionó de manera muy tímida, sin hacer realmente un ofrecimiento formal sobre un documento que no va a mencionar esta juzgadora porque no fue aceptado, ni se hizo el ofrecimiento como prueba para mejor resolver como corresponde, como establece el artículo 355 del Código Procesal Penal, ni siquiera presentó el documento en sí físicamente para ponerlo en conocimiento de las partes, sino que solamente, únicamente hizo mención que la propiedad pues estaba a nombre de otra persona. El tribunal va a rechazar esa solicitud de restitución que ha solicitado el Ministerio Público y la Procuraduría, porque el tribunal no tiene un documento actual donde  … se establezca quién es la persona actual e incluso dónde se puede localizar esta persona, porque el tribunal no puede andar por todo el país  buscando quién es la persona, dónde se ubica, para poder citarlo en el proceso, las partes interesadas tienen que presentar la prueba correspondiente,  lo cual no se ha realizado en este caso. Y esta juzgadora pues piensa, o toma en cuenta que no es usted el actual propietario, no solo porque su defensor lo mencionó en sus conclusiones, sino porque don [Nombre 010], quien fue la persona que le vendió a usted junto con su hermano originalmente esta propiedad que nos tiene en debate el día de hoy, él claramente señaló que [Nombre 003] había vendido esa propiedad y que la información que él tiene en la actualidad es otra persona la propietaria. Y en ese sentido indudablemente el tribunal no conoce quién es esa persona, dónde se puede ubicar la misma, y además tampoco se ha presentado prueba, por lo menos al momento del dictado de la sentencia, si las afectaciones que se establecen en la acusación fiscal de los caminos y de los sembradíos de café y plátano o banano, en la actualidad se mantienen. ¿Por qué? Porque para poder ordenarle a un tercero de buena fe que todo vuelva a su estado original, se requiere primero que esta persona tenga el derecho de defensa, y además también se requiere que esta juzgadora pueda decir sin lugar a dudas que en la actualidad todavía se mantienen los caminos y que en la actualidad todavía se mantienen esos cafetales. Hay testigos del SINAC que dicen que han pasado por el camino y que ellos han visto como unas matas de café, pero el tribunal necesita no solo que mencionen que unas matas de café, porque por ejemplo con respecto a las nacientes no se observan desde la calle, entonces el tribunal necesita una información cierta, que se pueda utilizar, para corroborar que efectivamente esa afectación de los recursos naturales actualmente se está dando. Y en ese sentido pues que también se hubiera contado con la información adecuada para determinar quién era el propietario actual y también su forma de ubicación, para haberle puesto en conocimiento de la solicitud que estaba realizando tanto el Ministerio Público como la Fiscalía. Y en ese sentido por eso el Tribunal señala que se rechaza la restitución de las cosas a su estado anterior, debido a que no se ha contado con las probanzas correspondientes para realizar dicha orden a la persona o personas correspondientes” [sic]. Ciertamente se observa que la juzgadora se limita a recalcar que no se probó quién es el propietario registral del inmueble para el momento de dictado de la sentencia, pero no hizo referencia a la prueba constante en autos, que señala al imputado como dueño cuando se planteó la denuncia y se formularon las acusaciones en su contra (consulta al Registro Nacional de la Propiedad y plano catastrado, ofrecidos en la pieza acusatoria e incorporados por lectura al debate). Tampoco explicó por qué no podía ordenársele al encausado la restitución de las cosas a su estado anterior, aun si eventualmente vendió la finca (lo que tampoco se tuvo como un hecho acreditado) pues lo habría hecho con conocimiento de que estaba pendiente de resolución el presente proceso penal, en el que, desde que se plantearon la acusación del Ministerio Público y la querella del Estado, se hizo la solicitud de restitución aquí comentada. En efecto, consta en autos que el justiciable fue indagado el 31 de enero de 2019, acompañado por un defensor público, momento en que se le puso en conocimiento de los hechos que se le imputaban y de la finca a la cual se referían estos. El 13 de febrero de 2019 sustituyó al defensor público y designó como defensor particular al licenciado Lisandro Valverde Porras, señalando medio para notificaciones, quien lo acompañó en lo sucesivo y hasta la etapa de debate. Al formularse la acción civil resarcitoria el 26 de agosto de 2019, lo mismo que en la querella planteada por la Procuraduría General de la República, se incluyó la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior y de estos actos se notificó personalmente al imputado, como también fue notificado su defensor por el medio señalado al efecto. El informe registral incorporado por lectura al debate donde consta que [Nombre 003] es propietario registral del inmueble se emitió el 8 de agosto de 2019, la acusación fiscal en la que se ofreció esta prueba fue fechada el mismo día, 8 de agosto de 2019 y en ella también se planteó la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior. El tribunal no explica por qué no era posible exigir al imputado, quien era el propietario del inmueble y conoció en tal carácter de las solicitudes de restitución de la finca a su estado anterior a los hechos, hacerse cargo de las acciones necesarias para volver las cosas a su condición original, bajo la supervisión de los órganos correspondientes de la Administración Forestal. Tampoco hace referencia alguna a la prueba que apunta a la existencia de invasión de áreas de protección de una quebrada sin nombre y dos nacientes en el citado inmueble, con cultivos y con la construcción de un camino, particularmente cabe mencionar el Informe OSRS-DEN-022-16 del MINAE de 13 de setiembre de 2016 y el dictamen pericial número DCF: 2018-01059-ING, acompañado por fotografías y que contiene un levantamiento topográfico que describe con precisión las áreas afectadas, lo que, a pesar de dictar una absolutoria por no haberse podido determinarse quién ejecutó los actos de invasión de zona protegida y cambio de uso de suelo, debió ser examinado, a fin de establecer si se demostraron los actos ilícitos en perjuicio del ambiente, lo que daría lugar a resolver la solicitud de restitución, independientemente de quién fuera el propietario actual del fundo afectado. Y es que, aun si no estamos ante un bien de dominio público sino ante una propiedad privada, donde existe un interés jurídicamente tutelado del propietario (que podría ser un tercero de buena fe) respecto a lo que suceda en el inmueble, la jurisprudencia nacional ha sostenido en forma reiterada que prevalece el derecho al ambiente y que es legítima la restricción al derecho de propiedad en cuanto a su uso, establecida en la ley y derivada del artículo 50 de la Constitución Política. Así se resolvió en el voto que cita el recurrente, número 2014-292 de las 11:00 horas del 10 de julio del 2014 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, en cuanto señaló: “Para tener en claro este tema, debe partirse de que en Costa Rica el régimen de propiedad sobre bienes inmuebles tiene una serie de restricciones que devienen, justamente, de la regulación que ha hecho la Constitución Política, en su artículo 50, del Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En tutela de ese Derecho Fundamental, el Estado costarricense ha impuesto restricciones al derecho de propiedad, así como a algunos de aquellos derechos derivados o relacionados con el mismo. Como consecuencia de lo anterior se aprecia, por ejemplo, la exclusión absoluta de ejercicio de aquel derecho patrimonial para particulares, que se hace respecto del denominado patrimonio natural del Estado, es decir, los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre de dicho Estado y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública; inmuebles para los cuales la propia ley declara su condición de inalienables e inembargables, e incluso estipula que se trata de bienes sobre los cuales los particulares, incluso cuando los posean, no podrán consolidar derecho alguno, verbigracia por vía de usucapión o prescripción positiva (así se infiere de la lectura sistemática de los artículos 50 de la Constitución Política, y de los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal). Con distinta intensidad, pero también derivadas del derecho fundamental que tutela el artículo 50 de la Ley Fundamental de la República de Costa Rica, se pueden tener como otro ejemplo las limitaciones que se imponen al régimen de la propiedad privada en terrenos con cobertura boscosa (…). Para sumar más ejemplos de limitación al derecho de propiedad sobre inmuebles se tiene, justamente, la declaratoria de áreas de protección junto a nacientes, en las riberas de los ríos, quebradas y arroyos, así como también de los lagos y embalses naturales y artificiales, así como en las áreas de recarga y en los acuíferos de los manantiales (artículo 33 de la Ley Forestal). Para esas zonas, aún cuando estén ubicadas en terrenos de dominio particular, existen prohibiciones de aprovechamiento, de tala o eliminación de árboles y, en lo que resulta relevante para la adecuada resolución de este tema, también existe una prohibición de invadir (ergo, de construir) tanto en zonas de conservación, como en las zonas de protección indicadas (art 58 de la Ley Forestal). De esta prohibición legal puede derivarse, con certeza, que nadie podría esgrimir legítimamente un derecho con el fin de aprovechar los recursos forestales, o para invadir esos espacios ubicados en una zona de protección. Para el caso concreto en estudio, quiere decir entonces que ningún tercero podría verse afectado en sus derechos legítimos mediante una orden de derribo dictada en virtud del delito juzgado en autos, por la razón de que, irrefutablemente, en aquellas zonas de protección, dada la prohibición aludida, no existe ninguna posibilidad de reivindicación de derechos o de una expectativa de derechos legítimos, que pudiese evitar el derribo del inmueble a que se ha hecho mención.” [sic]. En sentido similar se pronunció este mismo Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Sección Primera, en la resolución número 2014-032 de las 14:57 horas del 28 de enero de 2014, que a continuación se cita en extenso debido a la solidez con que se aborda el tema, con cita de los precedentes jurisprudenciales más relevantes y atinentes a la cuestión. En ésta se indicó: “De previo a resolver el fondo del recurso, de la petitoria del señor Procurador se desprende que el objeto del presente recurso resulta ser la falta de aplicación del "principio de irreductibilidad" del bosque, es decir el ordenar por parte del Tribunal las medidas concernientes para volver la zona de protección al estado en que se encontraba antes de los hechos acusados. Por ende, esta Cámara se pronunciará únicamente sobre ese punto del fallo. Efectivamente como lo indica el señor Procurador la sentencia tiene por demostrado que dentro de la propiedad objeto del proceso, situada en Puna de Biolley de Buenos Aires se talaron dos hectáreas de bosque y que se sembraron árboles de aguacate precisamente en una zona protectora por estar al margen de una naciente de agua con lo cual resulta y de hecho se desprende de la prueba testimonial y documental recibida (vgr. E; R y el Informe del Minaet ACLA-PILA-133), que se produjo un cambio de uso del suelo en la finca objeto de ésta investigación. Por ende, independientemente de la responsabilidad penal de los imputados, resultaba obligatorio que el Tribunal de Juicio se pronunciara sobre la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de los hechos. En este caso, el ordenar las medidas correctivas para regenerar el bosque talado y destruir todo aquello que haya generado el cambio en el uso del suelo dentro de una zona protectora. De lo contrario, se estarían perpetrando las consecuencias del hecho ilícito en perjuicio del derecho de todo ciudadano a un ambiente sano y equilibrado conforme lo dispone el numeral 50 de la Constitución Política. La restitución procede incluso de oficio, según la lectura que se le ha dado a los artículos 361 inciso d) del Código Procesal Penal y 103 del Código Penal. En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia nacional indicando: "En la casación por el fondo se invoca errónea aplicación de los artículos 50 de la Constitución Política, 99 inciso h) de la Ley del Ambiente, 96, 103 inciso 1) del Código Penal, 122, 123 de las reglas vigentes de responsabilidad civil del Código Penal de 1941 y 140 del Código Procesal Penal. Afirma que ni el propio Estado solicitó la restitución del daño causado, pues se acreditó que no existe un daño ambiental, con lo cual no resultaba aplicable el artículo 50 de la Constitución Política. En cuanto al artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, estima que se trata de una norma con sanciones administrativas, no aplicables en sede penal. También reprocha la aplicación del artículo 103 del Código Penal, pues tal requiere una solicitud de restitución, que no fue planteada por la Procuraduría General de la República. Además, estima que al absolverse al imputado quedó demostrada la inexistencia de un delito y por ello no es posible ordenar el derribo de las obras. Agrega que la aplicación de los artículos 122 y 123 del Código Penal de 1941 exigen la presentación de la acción civil resarcitoria, la cual no fue presentada por la Procuraduría General de la República. Finalmente, estima que el artículo 140 del Código Procesal Penal tampoco resulta aplicable, pues se trata de una medida preventiva, antes del dictado de la sentencia. Sin lugar los reclamos. El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003. En el último fallo se dispuso sobre el particular: "Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primeros párrafos establece que: "Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este."; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito. Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto." (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado. Tratándose de un delito de Infracción a la Ley de Uso y Conservación de Suelos ( No. 7779 de 309 abril de 1998) el artículo 52 de dicha ley establece que: "Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente.", de donde se deriva una regulación específica que obliga al infractor a indemnizar los daños y perjuicios o a reparar los daños causados. Desde la perspectiva procesal, el artículo 140 y 466 del Código Procesal Penal obligan al Juez a disponer la restitución de las cosas al estado anterior al delito, lo cual omite el fallo recurrido como bien lo apunta la Procuraduría en su gestión, por lo que establecido en la sentencia la autoría del hecho por parte del imputado y la lesión al medio ambiente por la apertura de un camino en el bosque hasta el río, es procedente ordenar la restitución del área afectada al estado anterior al hecho, a fin de que el infractor no derive provecho de la ilicitud realizada y se logre restaurar el medio ambiente alterado con su acción en pro de la tutela de los intereses de la colectividad. En sentido similar ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "En cuanto a la condición impuesta en sí, esta corte de casación la encuentra racional y proporcionada a los hechos generadores de la condena penal. Obsérvese que el § 28 de la Constitución Política establece la imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en algunos años se alcanzará. Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques consagrada en los §§ 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) el bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al Estado mayor agresividad en la recuperación y conservación del bosque. Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la promoción de actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible por esas vías (principio de irreductibilidad del bosque). De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por el juzgador. Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma el valor normativo de la Constitución Política, que en sus §§ 50 y 74 garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Amén de lo anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la disposición legislativa adoptada en § 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…" (Sentencia 2003-0366, de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 con redacción del Juez Dall'anese Ruiz. Este criterio fue reiterado en sentencia 2003-396). Referido al caso que nos ocupa, la sentencia no contempló la restitución de las cosas al estado anterior como ordena la normativa citada, no obstante, por provenir el fallo de un procedimiento abreviado y por ser la restitución una consecuencia directa de la comisión del delito y no requerir acción civil, lo propio es acoger el recurso de casación planteado y resolver en esta sede disponiendo la restitución del área de bosque afectada a su estado anterior a los hechos. (…)". En el caso en estudio quedó demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal. En esta causa se acreditó la existencia del injusto, pues la acción de ordenar las construcciones, cuyo derribo ahora se acuerda, resultaban violatorias de la Ley Forestal. Además, no había una norma que autorizara dichas acciones, con lo cual la acción también resultaba antijurídica. De tal forma que era obligación del juzgador ordenar el derribo o destrucción de la serie de obras que se mencionan en el fallo, pues estas fueron construidas en un área de protección. Consecuentemente, no es atendible el reproche formulado.” (cfr. Voto 450-2003 de las 11:48 horas del 22 de mayo de 2003. Tribunal de Casación Penal de San José) El criterio externado por la cita jurisprudencial es plenamente aplicable al presente proceso, en el que en igual forma se sustituyó el bosque por cultivos de aguacate en una zona protectora, razón por la cual el Tribunal de Juicio debió pronunciarse sobre la restitución del bosque y la eliminación de los cultivos de aguacate independientemente del hecho de que los imputados fueran absueltos. Ahora bien, la omisión de pronunciamiento en ese aspecto constituye un vicio de fundamentación de la sentencia que genera su nulidad parcial del fallo en ese punto y el reenvío respectivo para su nueva sustanciación. Debe indicarse que de previo a realizar el reenvío, y dado que en apariencia la finca en cuestión no pertenece a los imputados sino a un tercero, debe el Tribunal de reenvío otorgar audiencia al propietario de la finca para que pueda apersonarse al juicio a hacer valer sus derechos conforme lo manda el Principio Constitucional del Debido Proceso” (la cita es literal, el destacado es suplido). Como puede apreciarse, se trata de una situación similar a la que se presenta en el caso en examen, donde no puede invocarse la presunta afectación a terceros para impedir la restauración de áreas afectadas por hechos ilícitos, que deben ser protegidas debido al régimen de restricción legal al derecho de propiedad y el mandato constitucional de preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En la sentencia no se analizó la prueba aportada sobre la afectación ambiental que se dio en el inmueble y la invasión de las zonas de protección de una quebrada y dos nacientes de aguas permanentes, descritas en las acusaciones del Ministerio Público y del Estado. Tampoco se justificó de manera objetiva por qué se denegaba la restitución, salvo hacer referencia una y otra vez a que no se ha demostrado quién es el propietario actual del inmueble, sin demostrar por qué era indispensable determinarlo para poder resolver la cuestión. En ningún momento se descartó de manera fundada que los hechos en perjuicio de los recursos naturales hayan acaecido, sino que la a quo se enfocó en indicar que no se sabe quién es el dueño actual ni cómo ubicarlo. Se aprecia que, en esa línea de análisis, no estableció hechos probados que eran relevantes, dado que no tuvo por acreditado el cambio de uso de suelo y la invasión de zonas de protección en los términos descritos en la acusación y la querella, omitiendo valorar la prueba recibida a fin de establecer si ésta permitía demostrar el hecho y pronunciarse sobre la restitución de las cosas a su estado original. Tampoco explica por qué no se podía resolver sin llamar al proceso al titular registral del inmueble, habida cuenta de que, conforme a los criterios elaborados por la jurisprudencia nacional que se citó supra, el tercero que ostente la titularidad actual no tendría legitimidad procesal para oponerse a la orden de restablecer el bosque y la zona de protección afectada al estado anterior al daño ambiental. Un eventual tercero de buena fe que hubiese entrado en posesión del fundo no podría alegar que tiene derecho, por esa causa, para impedir que dichas áreas sean restauradas, debido al régimen de restricción legal del derecho de propiedad que rige en nuestro ordenamiento al que hacen referencia los votos citados. De tal modo que aun si el dueño actual de la finca no es el imputado sino un tercero que recibió el terreno en su estado alterado, quien por esa razón no tendría la obligación de restituir, sí estaría obligado a permitir el ingreso al inmueble de las autoridades que correspondan y no podría oponerse a las medidas para volver la tierra a su estado anterior, a fin de impedir que se perpetúe un hecho a todas luces ilegal, siempre y cuando no se afecten otros aspectos de su derecho de propiedad. Así las cosas, aunque no se haya logrado determinar quién fue el autor de las acciones ilícitas y, por ende, quién es el obligado directo a cumplir con la restitución y restauración de la zona protectora afectada, sí podría ordenarse la restitución a cargo del Estado, lo que no fue considerado por la juzgadora, incurriendo en un vicio por falta de fundamentación respecto a una cuestión esencial que le fue planteada en el debate. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Se anula parcialmente la sentencia y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, proceda a realizar un nuevo juicio a fin de conocer exclusivamente lo relativo a la restitución y restauración de las cosas al estado que tenían antes del hecho acusado, debiendo resolver si es posible imponer dicha obligación al imputado o si deberá asumirla el Estado. Cabe acotar que, en resguardo de los derechos de todas las personas que puedan verse afectadas, deberá darse audiencia al actual propietario registral del inmueble, quien podrá intervenir en el juicio de reenvío independientemente de que, en caso de no ser ubicado o no mostrar interés, se pueda resolver prescindiendo de su participación, lo que no contradice lo señalado respecto a que la restitución procede, si se demuestra el daño ambiental, aun si no se conoce quién es el dueño actual del fundo. Sin embargo, existiendo medios que permiten fácilmente establecer la identidad del titular, lo procedente es garantizar su derecho a ser informado y a intervenir en el proceso, en caso de que así lo disponga.

 IV.- Voto salvado del juez Mora Fernández Mora: En este asunto debo disentir del criterio de mayoría al acoger el recurso del representante estatal y ordenar un juicio de reenvío para que se discuta nuevamente el tema de la “restitución de las cosas a su estado anterior, debido a las siguientes consideraciones:  A.- Sobre la legitimación pasiva y la posibilidad de defensa del tercero civilmente interesado: La sentencia impugnada constituye una resolución absolutoria, que atendió a la solicitud de las partes para que así se resolviera por parte del órgano juzgador, tanto en lo penal como en lo civil. La inconformidad del recurrente tiene que ver con que el tribunal no admitió su otra petición para que se ordenara la “restitución de las cosas a su estado anterior”;  solicitud que realizó en su condición de actor civil desde que planteó el escrito de acción civil resarcitoria el 26 de agosto de 2019. Sin embargo, lo que omite señalar el impugnante es que dicha solicitud fue para que “…se le ordene al imputado [Nombre 003] quien figura como propietario del inmueble de [...], matricula folio real [Valor 001], plano [Valor 004], la restitución de las cosas a su estado anterior a los hechos investigados, y se ordene la restitución de los daños que se ubiquen dentro de las áreas de protección de la naciente permanente sin nombre…”. De lo expuesto, resulta claro que quien figuraba como demandado civil en la presente causa era única y exclusivamente el imputado [Nombre 003], por lo que la legitimación del Estado para reclamar responsabilidad se encuentra limitada a dicha persona. No podría estimarse de ninguna forma, que las obligaciones que personalmente puedan exigírsele al imputado sean transmitidas al nuevo propietario registral de la finca, quien habría adquirido al amparo de la fe pública registral, que no establecía anotación o limitación alguna sobre la propiedad. A diferencia de lo que ocurre con la anotación de una demanda, que constituye una medida cautelar establecida por el artículo 87 del Código Procesal Civil, la llamada “restitución de las cosas a su estado anterior” no tiene previsión alguna para ser opuesta ante terceros mediante la publicidad registral, por la razón obvia de que el legislador no la contempló como una medida cautelar de carácter real, sino de una simple medida de carácter personal, que sólo afectaría al imputado y no a terceros. En este caso, el actor civil nunca solicitó que se anotara la demanda sobre el bien en el que se habrían producido los daños ambientales reclamados, de conformidad con la legislación vigente en aquél momento procesal, por lo que no podría esperar que el nuevo adquirente de buena fe supiera sobre la existencia de la misma y se le pretenda obligar al resultado de un proceso del que no formó parte. Debido a que en materia civil opera el principio dispositivo, incluso respecto de una acción civil resarcitoria dentro de un proceso penal, resulta evidente que para atender cualquiera de las consecuencias de la reparación civil, resulta necesaria una acción civil dirigida hacia la persona contra la que se pretende que se le obligue al cumplimiento de determinado deber. Entender que procede una consecuencia jurídica sin una acción procesal dirigida hacia una persona determinada, resulta contrario a las más elementales nociones de la Teoría General del Proceso, ya sea en materia penal como en materia civil, pues "La acción es un poder que corresponde frente al adversario respecto del que se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley" (Chiovenda, J. (1922). Derecho Procesal Civil. Tomo I. Madrid: Editorial Reus S.A., p. 62). Carece de sentido pensar que el imputado tendría la obligación de realizar modificaciones en una propiedad que ya no le pertenece y todavía más considerar que una persona que adquirió la finca pueda resultar obligado por una acción de cuya existencia nunca se enteró y en la que no pudo ejercer oposición o defensa alguna, máxime lo que se pretende es realizar una afectación a un derecho fundamental de una persona, como lo es la propiedad privada, garantizada por el artículo 45 de la Constitución Política. Evidentemente, tal situación resultaría inaceptable en un Estado de derecho, puesto que equivaldría a vulnerar toda la normativa internacional relacionada con los derechos fundamentales de toda persona a ser oída, “con las debidas garantías” para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, como lo dispone el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reza: “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá´ derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciacio´n de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil”. Entonces, cómo entender un proceso en el que se determinen disposiciones que perjudiquen el patrimonio de una persona, sin que existan las “debidas garantías” (derecho de defensa, derecho de audiencia, derecho de contradicción y de reconvención) para que pueda ser escuchada en relación con sus derechos, si tampoco se le informó al momento de adquirir un bien que existía una demanda anotada sobre la finca y que su adquisición quedaba expuesta a las resultas de proceso. Es importante señalar que la obligación de reparar el daño e indemnizar los daños y perjuicios no es solo en favor del ofendido, sino también incluye la obligación de reparar a terceros que se hayan visto afectados con el hecho punible, lo que pone en evidencia la necesidad de que se planteen oportunamente los respectivos litisconsorcios hacia esos terceros que podrían ser demandados como obligados o perjudicados (art. 22.1 del Código Procesal Civil), correspondiendo al juzgador realizar las prevenciones necesarias para ello, tal como lo establece el artículo 15 del Código Procesal Penal. No puede olvidarse que: "En particular, desde el punto de vista pasivo, el obligado a restituir no es el imputado-acusado en el proceso penal, sino un tercero no responsable penalmente, que deberá ser demandado y convertido en auténtica parte civil para poder ser condenado" (Parra Lucan, M. (1995). El tercero obligado a restituir la cosa. Acción civil en proceso penal: declaración de nulidad de títulos por la jurisdicción penal e indemnización de daños (A propósito de la STC 278/1994, de 17 de octubre). Derecho privado y Constitución. Núm. 5. Enero-abril, p. 315-316), si es que ello procediera. Cuando se ordena la restitución mediante una sentencia judicial se está realizando una afectación de un derecho constitucional que la Carta Magna en su artículo 45 ha considerado "inviolable", salvo "por interés público legalmente comprobado". Lo anterior pasa por la acreditación no solo de que los terrenos constituían un bosque antes de su alteración o constitutivos de una zona protegida, sino de los supuestos legales para que se produzca la reparación ordenada por la ley, en aras de proteger otro derecho constitucional protegido por el artículo 50 de la Carta Magna. La única forma de garantizar al ciudadano que se respeta ese derecho a que se demuestre un interés público legalmente comprobado a que el Estado le prive de sus derechos reales, consiste en darle la oportunidad al perjudicado de que con dicha decisión, se cumpla el debido proceso y que exista una acción clara en la que se acrediten las razones por las que procedía dicha restitución. No puede dejarse de lado que el artículo 37 del Código Procesal Penal contempla expresamente que el ejercicio de la acción civil constituye la forma procesal para solicitar la restitución del objeto del hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios. Es por eso que, resulta inadmisible contemplar la restitución sin que se garanticen los derechos constitucionales de audiencia, defensa y contradicción existentes en todo proceso moderno. El proceso penal en el que se tramita la acción civil resarcitoria no es la excepción, pues solo así se garantiza la existencia de un proceso con reglas claras para presentar los reclamos, evitar sorpresas para cualquier interviniente que debiera comparecer al proceso (imputado, terceros adquirentes de buena fe, acreedores de un bien, etc.), quienes necesariamente deberán ser demandados de acuerdo con las reglas del litisconsorcio pasivo necesario, para que ejerzan las acciones que consideren pertinentes en atención a sus derechos. No porque se le brinde espacio a una persona para ser escuchado como “tercero”, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala Tercera en múltiples ocasiones que se citan en el voto de mayoría, quiere decir que se cumplen los presupuestos constitucionales y supraconstitucionales para una adecuada defensa, sino que debe estar clara la pretensión de la parte dirigida hacia ese interesado, de ahí la necesidad de que exista una demanda dirigida hacia esa persona a la que se le pretende privar o limitar de su derecho de propiedad privada. De qué sirve que para cumplir con la formalidad se llame a una persona a comparecer a debate como propietario registral, si la litis se encuentra trabada desde la audiencia preliminar y no tiene mayor margen de maniobra para ejercer su defensa, oponer excepciones y ofrecer prueba. En criterio de esta posición minoritaria, se trata de una invención jurisprudencial que aunque puede tener las mejores intenciones, al tratar de balancear los costos procesales de una demanda mal planteada frente al derecho fundamental establecido por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no resuelve adecuadamente el problema jurídico en cuestión. Ese intento jurisprudencial olvida que dicha norma supraconstitucional establece el derecho de toda persona de ser oída con las debidas garantías en la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil y no la de simplemente comparecer, pese a no tener garantía real para poder ejercer la defensa de sus intereses, que es lo que en la práctica ocurre. Sobre la importancia de los derechos de audiencia y de defensa, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: "La tesis de la consultante es correcta, en el sentido de que a nadie puede causársele perjuicio, a raíz de un pronunciamiento jurisdiccional si no ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa, derecho que deriva directamente de los artículos 39 y 41 de la Constitución, según los cuales toda persona tiene derecho a accesar [sic] la justicia y ser oída, para obtener reparación de un daño, o evitar -conforme a la ley- que se le ocasione un daño o sanción que no está obligado a soportar; pero ello no conlleva a que las normas consultadas sean inconstitucionales, aunque lo fuera el procedimiento empleado por los tribunales para aplicarlas. Como bien lo afirma la Sala Tercera podría darse el caso de que el propietario dueño del bien utilizado con fines de narcotráfico, no esté siquiera enterado que fue utilizado para esa deleznable actividad, ya sea porque lo arrendó o lo dio en administración, por ello tiene derecho a ser oído por el juez, en cuanto a su participación -si la hay- antes de sufrir una sanción por su carácter de interesado directo y en esa condición, debe atender al proceso para ser escuchado, con el derecho de presentar las pruebas legales pertinentes en la defensa de sus intereses, pues a nadie se le puede afectar en sus derechos si no se le ha oído y concedido oportunidad efectiva de ejercer su defensa" (Sala Constitucional, voto 3149-96 de las 09:39 horas del 28 de junio de 1996). No es aceptable que en un estado donde rige el derecho como el nuestro, se considere que no existe un procedimiento claramente establecido en la ley para generar la afectación de un derecho constitucional como el de propiedad, por el simple hecho de que los más altos tribunales hayan interpretado, sin que exista norma expresa para ello, que no resulta necesario cumplir con el procedimiento establecido para el reclamo de las pretensiones civiles dentro del proceso penal. Si la costumbre judicial ha sido la de negarle un verdadero acceso a la justicia a aquellas personas a quienes mediante un proceso penal se les pretende despojar o restringir su derecho de propiedad, eso no quiere decir que debamos continuar haciéndolo de esa manera simplemente porque así se ha hecho siempre. Citando la célebre sentencia del juez Oliver Wendell Holmes: “No tenemos que contentarnos con fórmulas vacías simplemente porque hayan sido utilizadas y repetidas con frecuencia de un extremo al otro del país. Tenemos que pensar cosas, no palabras, o por lo menos tenemos que traducir constantemente nuestras palabras a los hechos que ellas representan, si queremos atenernos a la realidad y a la verdad” (citado por Olivercrona, K. (2007). Lenguaje jurídico y realidad. Buenos Aires: Editorial Fontamara S.A., pág. 16). En este proceso, según se tuvo por acreditado en sentencia, la propiedad donde se dio la afectación ambiental reclamada actualmente no le pertenece al imputado, sino a un tercero y como la acción civil existente no se dirigió en contra de este último, tampoco es posible establecer consecuencias civiles en su contra. En otras palabras, existe una falta de legitimación pasiva que impediría ordenar en este proceso la restitución de las cosas a su estado anterior como lo solicitó la Procuraduría General de la República en el debate, razón por la que considero que la resolución impugnada resolvió conforme a derecho la denegatoria de dicha petición; razón por la que procede el rechazo del recurso planteado en ese sentido. B.- Sobre la imposibilidad de ordenar la restitución ambiental en supuestos no contemplados por la ley. Otra razón no analizada en la sentencia impugnada, pero por la cual también considero que en el presente asunto resultaba improcedente acoger la solicitud del recurrente para que se diera una suerte de restitución ambiental consiste en que, a diferencia de lo que entienden los tribunales nacionales, la ley no establece que sea en el proceso penal donde debe discutirse el tema de la restitución ambiental, sino que esto debe dilucidarse en sede administrativa. El principio de irreductibilidad de los ecosistemas boscosos corresponde a una obligación que el legislador le ha impuesto al Estado, como forma de actuación frente a los comportamientos que impliquen un daño al medio ambiente. Es así que el Estado no podría renunciar o claudicar en su accionar para que los terrenos que constituían ecosistemas boscosos vuelvan a serlo, pero no significa que, de manera automática, en una sentencia absolutoria, en la que no fue posible establecer ningún tipo de responsabilidad civil subjetiva u objetiva de alguna persona, deba la autoridad jurisdiccional ordenar acciones u omisiones que necesariamente conllevan un criterio técnico, respecto de cuál es la mejor manera de proceder en tales casos de daño ambiental. En otras palabras, cuando exista una sentencia absolutoria contra determinadas personas acusadas de ese daño ambiental, el Estado tendrá la obligación de poner en marcha las potestades legales administrativas para cumplir con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Biodiversidad que establece que: “El estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad”. El juez penal tiene limitadas sus competencias a la reparación civil establecida por el artículo 103 del Código Penal, que no es la misma restitución o restauración ambiental de la que habla la legislación. El artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece una serie de sanciones administrativas que puede realizar la Administración Forestal del Estado, entre las que se encuentran los incisos d), e) g) y h) de dicha norma, en donde se estatuye la posibilidad de restringir u ordenar la paralización inmediata de los actos que originaron la denuncia; la clausura total o parcial, temporal o definitiva de dichos actos; la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica; y la modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente, entre otras. Se trata de una potestad que ha brindado el legislador exclusivamente a la Administración y no a los órganos jurisdiccionales, debido al carácter técnico de las decisiones que deben tomarse. Así lo ha resuelto esta Cámara en una integración parcialmente distinta, al señalar: “Si en el presente asunto, lo que se le atribuyó a los encartados fue el haber alterado el ecosistema forestal existente al haber talado una importante cantidad de árboles en zona de protección y boscosa, pero dentro de un terreno que legítimamente es poseído por los encartados, no resulta acertado hablar de una restitución, puesto que no hay a nadie a quien devolverle nada, sino que lo que se pretende es conseguir la regeneración natural o inducida del ecosistema, pero no una restitución civil propiamente dicha. Al no encontrarnos ante un supuesto de restitución civil, cabe analizar cuando es posible sostener que procede establecer medidas tendientes a revertir el daño ambiental producido, lo cual necesariamente debe ser objeto de reserva legal, puesto que dichas medidas implican obligaciones de hacer o de no hacer para los derechos de las personas acusadas de dañar el medio ambiente, pero también para los poseedores y propietarios de los fundos en los que se haya cometido dichos perjuicios ambientales, como lo es la obligación de no ejercer los distintos derechos derivados del dominio. Es por eso que, distintas normas del ordenamiento jurídico contemplan la posibilidad de que se realicen derribos de obras que afecten el patrimonio natural del Estado, como lo estable el artículo 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, o el artículo 36 de la Ley Forestal, que autoriza el desalojo de inmuebles sometidos a régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, el artículo 55 de la Ley de uso y conservación del suelos N° 7779, que expresamente dispone que el Estado puede “tomar las medidas pertinentes a fin de evitar daños al suelo o restablecer, en lo posible, la situación anterior, cuando el daño ya se haya producido”, o las diferentes medidas protectoras del ambiente que establece el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre las que se incluyen la demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente (inciso h) y la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica (inciso g). No obstante, en dichas normas se establece un procedimiento administrativo que debe ser cumplido antes de poder disponerse alguna de dichas medidas protectoras, pues son las autoridades del Ministerio del Ambiente y Energía las encargadas de supervisar técnicamente cada caso y recomendar cuáles son las medidas más adecuadas, a lo que debe concederse el debido proceso a los posibles afectados. En el presente asunto, no se cuenta con un criterio técnico que señale cuáles son las medidas que deben adoptarse pues no existen obras que demoler, ni tampoco se logró determinar la responsabilidad penal de los imputados en la conducta acusada, como para establecer que son ellos quienes deben correr con la responsabilidad ambiental de cumplir con dichas medidas protectoras, por lo que resulta imposible en esta sede acceder a una pretensión como la de la Procuraduría General de la República, en la que solicita que se le ordene a los imputados, en su condición de propietarios del fundo, no realizar actividad alguna que impida la regeneración de la zona afectada. Por lo anterior, es criterio de la mayoría de este Tribunal que lo que corresponde es declarar sin lugar el presente motivo de apelación de sentencia, pero en aras de proteger el derecho fundamental consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y el principio precautorio que rige en materia ambiental, se ordena comunicar esta sentencia al Área de Conservación Amistad Pacífico del Ministerio del Ambiente y Energía, para que le brinde seguimiento a la zona afectada en este asunto y disponga, en caso de ser necesario, las medidas protectoras que correspondan” (Voto 2018-101 de las 10:47 horas del 28 de febrero de 2018, jueces Fernández Mora, Carranza Cambronero, con voto salvado del juez Mena Artavia). Tal criterio es plenamente aplicable en el presente caso, en donde como se indicó, no se logró determinar la responsabilidad del imputado en los hechos que le fueron atribuidos en el proceso penal, por lo que tampoco se logró determinar responsabilidad civil o ambiental alguna en su contra. De ahí que resultaba improcedente disponer una “restitución de las cosas a su estado anterior” como lo solicitó la representación Estatal, pues dicha disposición debía tomarse de manera técnica y dentro del procedimiento administrativo indicado por la Ley Orgánica del Ambiente, razón por la que nuevamente se aprecia que no ha existido ningún vicio en la decisión a la que arribó el órgano juzgador de rechazar la solicitud estatal para restituir las cosas a su estado anterior, por resultar legalmente improcedente. En virtud de lo anterior, para este criterio minoritario, procede declarar sin lugar el recurso incoado y confirmar la sentencia impugnada en todos sus extremos.

POR TANTO:

Por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el procurador penal. Se anula parcialmente la sentencia y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, proceda a realizar un nuevo juicio, en el que se conocerá exclusivamente lo relativo a la restauración de las cosas al estado que tenían antes del hecho acusado y definirá quién es el responsable de realizar dicha restitución. En resguardo de los derechos de todas las personas que puedan verse afectadas, deberá darse audiencia al actual propietario registral del inmueble, quien podrá intervenir en el juicio de reenvío independientemente de que, en caso de no ser ubicado o no mostrar interés, se pueda resolver prescindiendo de su participación. El juez Christian Fernández Mora salva el voto y declara sin lugar el recurso. NOTIFÍQUESE.

 

	


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IRIS VALVERDE USAGA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A 

 

EXP: 16-000306-0567-PE

 

Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:14:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Cartago Criminal Sentencing Appeals Tribunal

Resolution No. 00487 - 2023

Date of Resolution: December 20, 2023, at 2:00 p.m.

File: 16-000306-0567-PE

Drafted by: Iris Lucia Valverde Usaga

Type of matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Type of content: Majority vote
Topics (descriptors): Illegal harvesting of forest products
Subtopics:
Lack of third-party standing to prevent the restoration of affected areas by reason of the legal restriction regime on property rights.
Topics (descriptors): Violation of the Forestry Law
Subtopics:
Lack of third-party standing to prevent the restoration of affected areas by reason of the legal restriction regime on property rights.
Topics (descriptors): Property
Subtopics:
Lack of third-party standing to prevent the restoration of affected areas by reason of the legal restriction regime.
Topics (descriptors): Right to a healthy and ecologically balanced environment
Subtopics:
Lack of third-party standing to prevent the restoration of affected areas by reason of the legal restriction regime on property rights.

Strategic topics: Environmental

Judgment with Dissenting Vote

Judgments in the same vein

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

PJEDITOR Document

1

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Res: 2023-487

Exp: 16-000306-0567-PE

Cartago Criminal Sentencing Appeals Tribunal, Second Section. At two o'clock in the afternoon on December twenty, two thousand twenty-three.

Criminal case 16-000306-0567-PE against [Name 003] for the crime of Invasion of a Protection Area and another to the detriment of Natural Resources.

Appeal of criminal judgment filed by attorney Andrés Alfaro Ramírez, representing the Procuraduría General de la República. Resolved by Judge Iris Valverde Usaga, as well as Judges Jaime Robleto Gutiérrez and Christian Fernández Mora;

Whereas:

ONLY. That by means of judgment number 792-2023 at eight o'clock in the morning on October twenty-fourth, two thousand twenty-three, the Trial Court of Cartago resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, articles 39, 41, 50, 89 of the Constitución Política; 1, 30, 45, 103 subsection 1) all of the Código Penal; 1, 7, 9, 140, 265, 360, 361 and 366 of the Código Procesal Penal, 1045, 1048 of the Código Civil, 122, 123, 124, 125, of the rules in force on civil liability of the Código Penal of 1941, 33, 34, 58, 62 of the Ley Forestal, [Name 003] is ACQUITTED of all penalty and liability for the crimes of FOREST HARVESTING IN A PROTECTION AREA AND A CRIME OF INVASION OF A PROTECTION AREA that to the detriment of NATURAL RESOURCES have been attributed to them in this matter. The Complaint filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA under the representation of prosecutor Andrés Alfaro Ramírez is declared without merit against the respondent [Name 003], without special condemnation in costs as there was plausible reason to litigate. The Civil Action for Damages filed by PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA under the representation of prosecutor Andrés Alfaro Ramírez is declared without merit against the respondent [Name 003] without special condemnation in costs as there was plausible reason to litigate. The lifting of the cautionary measures existing against the defendant is ordered. It is resolved without special condemnation for the expenses of the criminal proceedings. The request for restitution of things to their prior state is also rejected. Once this judgment is final, the archiving of the case is ordered and if material evidence exists, its destruction is ordered, after prior hearing of the parties. In this act all parties are notified. Susana Wittmann Stengel. Deciding Judge."

Judge Iris Valverde Usaga reports, and;

Considering:

I.- Attorney Andrés Alfaro Ramírez, criminal prosecutor, challenges judgment number 792-2023, issued at 08:00 on October 24 of this year by the Criminal Court of Cartago. The appeal was filed in a timely manner and in accordance with the requirements established in articles 458, 459 and 460 of the Código Procesal Penal, in order to guarantee the right to appeal and the comprehensive review of the trial and judgment, enshrined by numeral 8.2.h of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, and is therefore admitted for review.

II.- On the evidence offered. The appellant provides the literal property certification of the property registered under folio [Value 001], plan [Value 004], for the purpose of considering the acquisition date (year 2022) and so that the Cartago Criminal Court, in light of a possible new hearing, determines whether the property owner is considered an interested party. The offered evidence is rejected. Pursuant to the provisions of article 464 of the Código Procesal Penal, the interested party may offer new evidence in the appeal regarding the manner in which an act was carried out "when it contradicts what is indicated in the proceedings, in the record, in the records of the hearing or the judgment itself." Furthermore, the rule provides that the court will accept as new only that evidence which, despite having been offered in its due time, "was arbitrarily rejected; that which appears as new after the judgment and that which, although previously existing, the interested party was not effectively in a position to offer at the time." The regulation determines that the possibility of offering evidentiary elements in the appeal phase is very limited, since this is not a new hearing or a stage in which the production of evidence has been provided for, but rather what is appropriate is to broadly and comprehensively review and control the judgment issued by the trial court and the respect for the guarantees of due process in the oral and public hearing on which it was based. The documentary evidence offered does not meet the requirements of the aforementioned rule. Firstly, it is not an element that has emerged as new after the issuance of the judgment, since the appellant indicates that it was mentioned by the defense in its conclusions during the hearing, that is, before the judgment was issued. Nor is it evidence that was offered at the appropriate procedural stage and was arbitrarily rejected, or that for clearly established reasons the party was unable to offer in a timely manner. Furthermore, the appellant indicates that they offer it despite being clear that knowing the identity of the landowner is not a requirement for ordering the restitution of things to their prior state, so the interest in such proof is unclear. Therefore, the offered evidence is declared inadmissible.

III.- The sole ground of the appeal is formulated as a lack of justification regarding the rejection of the request for restitution of things to their prior state, which violates numeral 142 of the Código Procesal Penal, as well as the right to a healthy and ecologically balanced environment and effective judicial protection. The appellant reports that this case resulted in an acquittal judgment in favor of the defendant [Name 003], since it was not established at trial that they were the person responsible for committing the crime of invading the water protection area by planting coffee and banana crops and building a road on the property registered under real folio [Value 001], plan [Value 004], located in [Name 006]. The appellant states that the sole point of disagreement is the rejection of the request for restitution of things to their prior state, made by the Procuraduría General de la República and the Ministerio Público. Points out that the arguments used to reject said request were: first, that no evidence was provided to determine the identity of the registered owner of the property on which the environmental impacts were made, and second, that it could not be corroborated that the impacts remain at the site. Indicates that the judgment developed an evidentiary analysis to explain why the defendant was acquitted under the principle in dubio pro reo, however, the rejection of the request made by the Procuraduría and the Ministerio Público, who requested the acquittal of the accused, was not adequately justified. These parties, based on the evidence gathered at trial, also requested that the restitution of things to their prior state be ordered, taking into account that a conviction is not required for this. Argues that there were sufficient elements to determine that on an unspecified date, but before July 6, 2016, within the property registered under folio [Value 001], plan [Value 004], located in [Name 006], coffee and banana crops were planted within the protection area of several permanent springs (nacientes) and a dirt road was built or enabled which is also located within the protection area, since the evidence presented at trial could determine the existence of said plantings and road, as well as their location, which was corroborated by witnesses [Name 004], [Name 005] and expert José Pablo Araya Pacheco. Notes that the former, in their capacity as SINAC officials, explained what they found at the site: coffee and banana crops in the water protection zone of several springs (nacientes), which were later classified by the Dirección de Aguas of SINAC as permanent. Both confirmed the existence of the road that also invades the protection area of said springs (nacientes) and reported that up until a few months before the hearing they had passed by the site, and from the public road that has a partial view of the property they have been able to confirm the presence of the crops, which are being maintained. For his part, expert José Pablo Araya Pacheco presented the results of the assessment carried out, which are contained in expert report number DCF: 2018-01059-ING visible on folios 994 to 100 of the digital file, which determined the invasion of the water protection areas of several springs (nacientes) by the crops on the property subject to the proceedings, also confirming the invasion of these by the dirt road. Complains that the judgment is limited to rejecting the request for restitution simply because it does not know who the current owner of the property is and because they were not brought into the process as an interested party. The prosecutor indicates that the name of the current owner of the property was learned during the conclusions phase, when the defense counsel for the defendant read a registry certification that was not admitted as evidence to the file, since during the processing of this case the accused [Name 003] was considered the owner. It was only at that moment that the other parties learned that the defendant was no longer the owner. The judge considered that because the current owner had not been summoned as an interested third party, it was not feasible to order the restitution of things to their prior state (uprooting of crops and destruction and disabling of the existing road within the protection area), a conclusion the appellant does not share, since restitution must be ordered to safeguard a superior interest of society, which is the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which implies the need to eliminate any impact caused, regardless of who the author of it may have been or which person is exercising ownership over the property. Points out that the judgment, beyond the doubt about the identity of the owner, does not substantiate why, despite acknowledging the existence of the coffee and banana plantations, as well as a road, all of them within the protection area of several springs (nacientes), it opted to reject the request for restitution of things to their prior state, maintaining and perpetuating over time a situation prohibited by the legal system, specifically by the Ley Forestal, in violation of numeral 142 of the Código Procesal Penal and 50 of the Constitución Política. Adds that ignorance of the identity of the current owner of the property where environmental impacts occur is an irrelevant aspect, which does not prevent ordering the cessation thereof, since whoever holds title to a property where an irregular event occurred has no right to claim or preserve that which harms the environment and violates the legal system. Cites, for this purpose, resolution 2010-341 of October 21, 2010, of the Cartago Criminal Cassation Tribunal, which stated: "In this sense, Voto 450-2003 of the Cassation Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José states: '... the only way to restore things to their prior state in case of damages to the environment such as the one under consideration, in order to reverse the damage caused, is by ordering the restitution of the area to its prior state, as a remedy to prevent the effects of the damage from continuing. Contrary to that duty, the judgment that convicts the accused makes no pronouncement whatsoever in such regard, ignoring articles 103 of the criminal code and 123 of the Código Penal of 1941 that obligated it to declare in the judgment that the accused was obliged to restore the area affected by the punishable act so that it could regenerate. Not ordering anything in this regard constitutes a benefit for the offender who has thereby legitimized their action and will henceforth be able to exploit for their own benefit a forest area and a protection zone that they were legally obligated to preserve, all to the detriment of the protected legal interest, not only of the legal system but of the Constitución Política. The alleged ground is declared with merit and is resolved on the merits. Regardless of the principal or accessory penalty established by each criminal type for the criminal conduct, the commission of the crime entails a series of civil consequences, as established in articles 103 of the criminal code, 123 and 124 of the Rules in Force on Civil Liability of the Código Penal of 1941, among them the restitution of the material object of the crime. Precisely, one of the scopes of a criminal judgment is to order the offended party's restitution in the full exercise of their injured right, which has the nature of a fundamental right due to its regulation in article 41 of the Constitución Política which establishes that "Resorting to the laws, all must find redress for the injuries or damages they have received in their person, property or moral interests..." (Judgment 346-98 at 9:30 a.m. on 04-03-98, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), which includes, among other aspects, the restitution of the material object of the crime (Judgment 511-2000 at 9:20 a.m. on 5-19-00 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Article 123 of the Rules in Force on Civil Liability of the Código Penal of 1941, in its first two paragraphs, establishes that: "The convicted person must restore to the offended party, with allowance for any deterioration or impairment, the thing that is the object of the punishable act, and if they cannot do so, they will be obligated to provide its value according to an expert appraisal referring to the date of the infraction. If such appraisal is not possible to perform because the thing has been destroyed or has disappeared, the judges will determine the respective value, adhering to the data of the trial. The restitution will be ordered even when the thing is in the possession of a third party, without prejudice to the rights that civil law grants to the latter."; all of which can be ordered ex officio because the regulation of articles 103, 123 and 124 cited above is mandatory, and it does not require that a civil action for damages has been filed, as jurisprudence has well established in the sense that "... the claim for damages and losses arising from the crime must be made through the civil action for damages, because procedural regulations so condition it; however, that same condition does not exist when it comes to the restitution of the material object of the crime. This is so, as this same Chamber has previously interpreted, because restitution does not constitute a form of compensation in the strict sense." (Judgment No. 52-F 10:35 a.m. January 31, 1990 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterated in Voto # 604-F-91, at 9:25 a.m. on November 7, 1991 and in Judgment 511-2000 at 9:20 a.m. on 5-19-2000). The right to the environment, described as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, since article 50 of the Constitución Política provides that: "Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment." and grants individuals and the State the right and the duty to guarantee and defend that right on behalf of all inhabitants, so the commission of the crime makes the community a victim or offended party by the act, and from that perspective it acquires the right to the redress of the damage caused." In this way, the restitution of things to their original state is ordered, ordering the suspension of said livestock activity on the defendants' property, with the exception of the parts of said property in which the MINAET indicates that the environment is not affected" (sic). The prosecutor adds that when referring to restitution, regarding the demolition of works located within a protection area, by means of resolution number 199-2014 of March 27, 2014, the San Ramón Criminal Sentencing Appeals Tribunal indicated that, even if it could not be determined who committed the alleged unlawful act, this does not imply that the crime did not occur, so it would be appropriate, based on article 140 of the Código Procesal Penal, to order the restoration of things to the state they were in before the fact. In a similar vein, the Cartago Criminal Sentencing Appeals Tribunal ruled, in resolution 2014-292 of July 10 of that year, which analyzed the importance of protecting water protection areas, considering that it was not appropriate to reject the restitution of things to their prior state because the registered owner of the property was unknown, noting that, regardless of who held title, there is no possibility of claiming rights regarding works carried out illegitimately in protection areas. The appellant adds that, confirming the criterion that in order to order the restitution of things to their prior state, it is not a requirement to know the identity of the owner of the property where the events occurred, or that they were given notice in the proceedings, the Criminal Sentencing Appeals Tribunal of the III Judicial Circuit of Alajuela issued Voto N°686 at 2:51 p.m. on July 31, 2020, in which it was deemed that in a forest crime it was irrelevant that the property in question was in the name of a third party and that said party had not been given notice of the case, as they had no right to oppose the order to restore the forest to its original state. Complains that in the specific case, the legal arguments that the prosecutor set forth in their conclusions regarding the request for restitution of things to their prior state were not duly substantiated, beyond holding without further analysis that the person owning the property where the environmental impacts occurred was unknown, a decision that causes the perpetuation of an irregular situation, contrary to the Ley Forestal and the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Emphasizes that the absence of a more recent visit or inspection at the site of the events by SINAC or another authority does not constitute an obstacle or impediment for the Criminal Court to rule, given that the expert report prepared by expert José Pablo Araya Pacheco, DCF: 2018-01059-ING, quantified the square meters of invasion of the protection areas of each involved spring (naciente), in addition to locating on the ground, with the help of cadastral plans and coordinates, the sectors where the disabling of the dirt road and the uprooting of crops must proceed, so there is no risk of encompassing other areas that are not harming the environment. Points out that, even if over time the impacts have partially disappeared, this would not prevent the issuance of the requested measure and the intervention would still be necessary. Reproaches the violation of the duty of legal justification and evidentiary analysis, given the unfounded rejection of the request for restitution. Requests that the appeal be declared with merit and that the lower court's ruling be annulled, ordering the remand solely so that the matter relating to the restitution of things to their prior state before the event can be resolved. Position of the Ministerio Público: during the hearing granted for this purpose, attorney Julián Martínez Madriz, appeals prosecutor of Cartago, requested in writing that the appeal of the Procuraduría General de la República be upheld. He indicated that the resolution, on the questioned point, lacks justification and is contrary to article 50 of the Constitución Política. He states that, far from requiring any additional element to order the restitution of things to their original state, it was sufficient to know that the affected area is of public domain and therefore could not even generate any expectation for the owners of the property where the events occurred, hence it was not necessary to identify or summons them, since the invasion of a protection zone does not affect any private right that must be warned about, as it concerns a public area that is not subject to private domain. In addition to the above, he notes that the appropriate course is to order ex officio and for procedural economy the restitution of things to their original state, so that the affected area is regenerated in view of it being a protection area not subject to private law. Cites in this regard the resolution of this same Criminal Sentencing Appeals Tribunal, Second Section, number 291-2015 at 1:50 p.m. on May 15, 2015, which for reasons of procedural economy resolved the matter on its merits and ordered the restoration of the forest to its state prior to the events. In the same sense, as no expectation exists in favor of third parties, he requests that the appeal be declared with merit and that the restitution of things to their original state be ordered ex officio as requested at trial by the accusing parties. Position of the technical defense: there is no response from the defense on file. By majority, the claim is declared with merit. Once the judgment has been examined, as well as the arguments of the appellant, this Chamber considers that they are right. The challenged resolution is added to the electronic file, which was issued orally and in which the requirements prescribed for this type of acts by our criminal procedural legislation were generally respected, specifically, those established in articles 142 and 363 of the Código Procesal Penal. It has an introductory part, in which the data of the Tribunal, the defendant and other intervening parties, judgment number, time and date of its issuance are provided. At time counter 00:02:06 the judge reads the facts accused by the Ministerio Público, noting that they are the same as those in the complaint filed by the State. These identify the property number where the events occurred and the plan number: real folio [Value 001], [Value 004], as well as its exact location in the province of San José, canton of Tarrazú, district San Lorenzo, Santa Rosa, 2 kilometers south of the school of Sana Marta, describing that in it there are two springs (nacientes) and a permanent creek (quebrada), unnamed, providing the location coordinates of these water sources. Additionally, it is mentioned in the first fact that the property belongs to the accused [Name 003], who is attributed the felling of 45 trees of different species on the cited property, on land with a slope greater than 50%, at a distance of 15 meters from the unnamed permanent creek (quebrada), where the only authorized land use (uso de suelo) was the conservation of vegetation cover (cobertura vegetal) and protection of water sources (fact 2). The accused is also charged with having invaded the protection area of the mentioned creek (quebrada), changing the land use (cambio de uso del suelo) by planting coffee plants on land with a slope greater than 50% (fact 3); similarly, the accused is attributed, without specifying an exact date but before July 6, 2016, of having invaded the protection area of the two unnamed permanent springs (nacientes) located within the property, changing the land use (uso de suelo) by planting coffee and banana plants in an area where the only permitted use is the protection of vegetation cover (cobertura vegetal) and water resources (facts 4, 5 and 6 and 7); finally, the accused was charged with having built a dirt road 4 meters wide and 370 meters long within the property in question, through the use of machinery, invading an area of 1660 m2 that is within the protection zone of the indicated spring (naciente). Once the facts of the accusation have been stated, the judge reads fact 9 of the civil action for damages - the only one that differs from the factual framework previously summarized -. At minute 19:29, the exposition of the first considering clause of the judgment begins, which contains the summary of the evidence provided to the hearing, starting with a recount of the documentary evidence and, following, a summary of the testimonies of the witnesses and the expert heard at trial. At marker 35:08, the second considering clause is presented, merely indicating that no relevant fact was deemed proven. At marker 35:11, the third considering clause begins; the judge indicates that she will present the "factual justification," although in reality she refers to the evidentiary analysis or intellectual justification. She makes an initial observation, in the sense that the prosecutorial accusation and the complaint lack the adequate precision and detailing of the facts, since an invasion of the protection area of a creek (quebrada) and two springs (nacientes) is accused, which apparently persists, without establishing an approximate time in which the crime was committed, which is necessary to establish whether the statute of limitations has run and so that the defense can be effectively exercised. She indicates that at least regarding the crime of illegal logging this is relevant, since it is only mentioned that it occurred "without specifying an exact date but before July 6, 2016," which means that the elimination of 45 trees could have occurred five years ago, twenty years ago, or at any time, omitting to establish a reasonable time frame. At this point, it is worth noting that the judge is correct, however, as she herself indicates, regarding the alleged invasion of the protection area of a creek (quebrada) and two springs (nacientes), being crimes of permanent effects that apparently persist, still affecting the property, the computation of the statute of limitations period would not have begun, since according to article 32 of the Código Procesal Penal this period begins once their permanence ceases. Starting at marker 40:15, the Tribunal analyzes the request for acquittal by doubt raised by the Procuraduría General de la República and the Ministerio Público, and the acquittal by certainty requested by the defense, noting that according to registry data the defendant acquired the property in September 2017, that is, after the date on which the accused events were situated. The Tribunal opts for acquittal by doubt, indicating that being the registered owner of the property is not required to commit the crime, but it is sufficient to have performed the prohibited acts, on which, although there was no evidence to establish the defendant's authorship, there were elements that pointed to the probability of the crime's commission. It analyzed the testimonial evidence, to conclude that no person witnessed the defendant performing the act, or located them at the site, but rather the one who mentioned them was Mr. [Name 009] when filing the complaint with SINAC officials, however, Mr. [Name 009] availed himself of his right of abstention and did not testify at the hearing, making the mention of the defendant in the documentary evidence insufficient, particularly in the complaint filed by [Name 009] and the ocular inspection report of August 22, 2016, where the complainant's statement of having observed the defendant carrying out the planting at the site is recorded, their statements being consistent with the findings that the SINAC officials made on the property, recorded in the reports, reports and photographic sequence they provided, where the work carried out in the protection zone as charged is observed, but without these elements it could be demonstrated which person performed the action. It referred to the expert assessments carried out, which determine the environmental damage, but do not help clarify the identity of the author, thus issuing the acquittal by doubt.

From counter 01:01:31, she explains why the civil action for damages is dismissed, and likewise provides reasons for the decision insofar as the complainant and civil claimant are not ordered to pay costs, because they litigated in good faith and there was plausible reason to litigate. Up to this point, there is no disagreement with what was decided. At counter 01:05:30, the lower-court judge addresses the request for restoration of things to their prior state filed by the Procuraduría General de la República and by the Ministerio Público based on Article 50 of the Constitución Política, provisions of the Ley Forestal, and Articles 140 of the Código Procesal Penal and 103 of the Código Penal, noting that the parties requested that a deadline be granted to the defendant as owner of the property to return the farm to its original state. The reasoning for rejecting that request can be heard from minute 01:06:45 onward, so we proceed to transcribe what was decided, given the importance it has for establishing the relevance of the claim. The following was reasoned on this point: “It is important to indicate that the Court, or at least this judge, is clear that normally in this type of criminal acts, the restoration of things is important, because the protection of the environment prevails, but the problem is that the Court cannot order restoration in this case in a capricious manner, because from the evidence that has been submitted in this criminal proceeding, the court has that neither the Procuraduría nor the Ministerio Público have demonstrated to this judge currently who the owner of this farm is, registration folio real [Value 001], the Ministerio Público and the Procuraduría have not demonstrated what this person's name is, their means of location, and the case file does not contain, at least up to the moment of closing arguments, who that person was and their location, so that they could have been called to this hearing and somehow notified, as a good-faith third party, of the request being made by the Ministerio Público and the Procuraduría. The defense mentioned very timidly, without really making a formal offer regarding a document that this judge will not mention because it was not accepted, nor was the offer made as evidence for a better decision as appropriate, as established in Article 355 of the Código Procesal Penal, nor did they even physically present the document itself to make it known to the parties, but rather only, merely mentioned that the property was indeed in the name of another person. The court will reject that request for restoration requested by the Ministerio Público and the Procuraduría, because the court does not have a current document where … it is established who the current person is and even where this person can be located, because the court cannot go around the entire country looking for who the person is, where they are located, in order to summon them to the proceeding, the interested parties must present the corresponding evidence, which has not been done in this case. And this judge therefore thinks, or takes into account, that you are not the current owner, not only because your defense counsel mentioned it in his closing arguments, but because Mr. [Name 010], who was the person who sold this property that is under debate today, originally to you along with your brother, he clearly stated that [Name 003] had sold that property and that the information he currently has is that another person is the owner. And in that sense, undoubtedly the court does not know who that person is, where they can be located, and furthermore, no evidence has been presented, at least at the time of rendering judgment, as to whether the impacts established in the prosecutorial accusation regarding the roads and the coffee and plantain or banana plantations currently remain. Why? Because in order to order a good-faith third party to return everything to its original state, it is required first that this person has the right of defense, and also it is required that this judge can say without a doubt that currently the roads still remain and that currently those coffee plantations still remain. There are witnesses from SINAC who say they have passed by the road and that they have seen some coffee bushes, but the court needs not only that they mention some coffee bushes, because, for example, regarding the springs (nacientes), they are not observable from the road, so the court needs certain information, that can be used, to corroborate that this impact on natural resources is currently indeed occurring. And in that sense, it would also have been necessary to have the adequate information to determine who the current owner was and also their means of location, to have informed them of the request that was being made by both the Ministerio Público and the Fiscalía. And in that sense, that is why the Court states that the restoration of things to their prior state is rejected, due to the fact that the corresponding evidence was not available to issue such an order to the corresponding person or persons” [sic]. It is certainly observed that the judge merely emphasizes that it was not proven who the registered owner of the property was at the time judgment was rendered, but she did not refer to the evidence present in the case file, which points to the defendant as the owner when the complaint was filed and the accusations were formulated against him (consultation to the Registro Nacional de la Propiedad and cadastral map, offered in the accusatory brief and incorporated into the hearing by reading). Nor did she explain why restoration of things to their prior state could not be ordered against the accused, even if he eventually sold the farm (which was also not taken as an accredited fact), since he would have done so with knowledge that this criminal proceeding was pending resolution, in which, from the time the Ministerio Público's accusation and the State's complaint were filed, the request for restoration discussed here was made. Indeed, the case file shows that the defendant was investigated on January 31, 2019, accompanied by a public defender, at which time he was informed of the facts imputed to him and the farm to which they referred. On February 13, 2019, he replaced the public defender and appointed attorney Lisandro Valverde Porras as private defense counsel, indicating a means for notifications, who accompanied him thereafter and up to the hearing stage. When the civil action for damages was filed on August 26, 2019, as well as in the complaint filed by the Procuraduría General de la República, the request for restoration of things to their prior state was included, and the defendant was personally notified of these acts, as was his defense counsel notified through the means indicated for that purpose. The registry report incorporated by reading into the hearing, stating that [Name 003] is the registered owner of the property, was issued on August 8, 2019; the prosecutorial accusation in which this evidence was offered was dated the same day, August 8, 2019, and it also raised the request for restoration of things to their prior state. The court does not explain why it was not possible to require the defendant, who was the owner of the property and became aware, in that capacity, of the requests for restoration of the farm to its state prior to the acts, to undertake the necessary actions to return things to their original condition, under the supervision of the corresponding bodies of the Forest Administration. Nor does she make any reference to the evidence pointing to the existence of encroachment (invasión) on protection areas (áreas de protección) of an unnamed stream and two springs (nacientes) on the said property, with crops and the construction of a road; in particular, it is worth mentioning Informe OSRS-DEN-022-16 from MINAE dated September 13, 2016, and expert opinion number DCF: 2018-01059-ING, accompanied by photographs and containing a topographic survey that precisely describes the affected areas, which, despite issuing an acquittal because it could not be determined who carried out the acts of encroachment on protected areas and land-use change (cambio de uso de suelo), should have been examined, in order to establish whether the illicit acts damaging the environment were demonstrated, which would give rise to resolving the request for restoration, regardless of who the current owner of the affected property was. And this is because, even if we are not dealing with a public domain asset but with private property, where there is a legally protected interest of the owner (who could be a good-faith third party) regarding what happens on the real estate, national jurisprudence has repeatedly held that the right to the environment prevails and that the restriction on property rights regarding its use, established in law and derived from Article 50 of the Constitución Política, is legitimate. This was decided in the ruling cited by the appellant, number 2014-292 of 11:00 a.m. on July 10, 2014, from the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, in which it stated: “To be clear on this issue, one must start from the premise that in Costa Rica, the property regime over real estate has a series of restrictions that arise, precisely, from the regulation made in the Constitución Política, in its Article 50, of the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. In protection of that Fundamental Right, the Costa Rican State has imposed restrictions on the right to property, as well as on some of those rights derived from or related to it. As a consequence of the foregoing, one can appreciate, for example, the absolute exclusion of the exercise of that patrimonial right for private individuals, which is made regarding the so-called natural heritage of the State, that is, the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in the name of said State, and of those belonging to the municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration; real estate for which the law itself declares their condition as inalienable and unseizable, and even stipulates that these are assets over which private individuals, even when they possess them, may not consolidate any right, for instance, by way of usucapion or adverse possession (as inferred from the systematic reading of Article 50 of the Constitución Política, and of numerals 13 and 14 of the Ley Forestal). With a different intensity, but also derived from the fundamental right protected by Article 50 of the Fundamental Law of the Republic of Costa Rica, another example can be seen in the limitations imposed on the private property regime on lands with forest cover (cobertura boscosa) (…). To add more examples of limitation of property rights over real estate, there is, precisely, the declaration of protection areas next to springs (nacientes), on the banks of rivers, streams, and creeks, as well as natural and artificial lakes and reservoirs, and also in recharge areas and in the aquifers of springs (artículo 33 de la Ley Forestal). For those areas, even when they are located on privately owned lands, there are prohibitions on exploitation, on logging or removal of trees, and, in what is relevant for the proper resolution of this issue, there is also a prohibition on encroachment (hence, on construction) both in conservation zones and in the indicated protection areas (art. 58 of the Ley Forestal). From this legal prohibition, it can be derived with certainty that no one could legitimately assert a right for the purpose of exploiting forest resources, or to encroach upon those spaces located in a protection area. For the specific case under study, this means, then, that no third party could be affected in their legitimate rights by means of a demolition order issued by virtue of the crime judged in the case file, for the reason that, irrefutably, in those protection areas, given the aforementioned prohibition, there exists no possibility of reivindication of rights or of an expectation of legitimate rights that could prevent the demolition of the construction that has been mentioned.” [sic]. In a similar vein, this same Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, First Section, ruled in resolution number 2014-032 of 2:57 p.m. on January 28, 2014, which is cited at length below due to the solidity with which the issue is addressed, with citation of the most relevant and pertinent jurisprudential precedents on the matter. In it, the following was indicated: “Before ruling on the substance of the appeal, from the petition of the Procurador it is evident that the object of this appeal is the failure to apply the 'principle of lifetime tenure (irreductibilidad)' of the forest, that is, the ordering by the Court of the pertinent measures to return the protection area to the state it was in before the accused acts. Therefore, this Chamber will rule only on that point of the judgment. Indeed, as the Procurador indicates, the judgment holds it as proven that within the property subject to the proceedings, located in Puna de Biolley de Buenos Aires, two hectares of forest were logged and avocado trees were planted precisely in a protection area for being on the margin of a water spring (naciente), which results, and in fact is evident from the testimonial and documentary evidence received (e.g., E; R and the Minaet Report ACLA-PILA-133), that a land-use change (cambio de uso del suelo) occurred on the farm under investigation. Therefore, regardless of the criminal liability of the accused, it was obligatory for the Trial Court to rule on the restoration of things to the state in which they were before the acts. In this case, ordering the corrective measures to regenerate the logged forest and destroy everything that caused the land-use change within a protection area. Otherwise, the consequences of the illicit act would be perpetuated to the detriment of every citizen's right to a healthy and balanced environment, as provided by numeral 50 of the Constitución Política. Restoration is appropriate even sua sponte, according to the interpretation that has been given to Articles 361 subsection d) of the Código Procesal Penal and 103 of the Código Penal. In that sense, national jurisprudence has pronounced, indicating: 'In the cassation appeal on the merits, erroneous application is invoked regarding Articles 50 of the Constitución Política, 99 subsection h) of the Ley del Ambiente, 96, 103 subsection 1) of the Código Penal, 122, 123 of the current rules on civil liability of the 1941 Código Penal, and 140 of the Código Procesal Penal. It asserts that not even the State itself requested the restoration of the damage caused, since it was accredited that there is no environmental damage, thereby making Article 50 of the Constitución Política inapplicable. Regarding Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente, it deems it to be a norm with administrative sanctions, not applicable in criminal court. It also criticizes the application of Article 103 of the Código Penal, since such requires a request for restoration, which was not raised by the Procuraduría General de la República. Furthermore, it estimates that upon acquittal of the accused, the non-existence of a crime was demonstrated and therefore it is not possible to order the demolition of the works. It adds that the application of Articles 122 and 123 of the 1941 Código Penal require the filing of the civil action for damages, which was not filed by the Procuraduría General de la República. Finally, it estimates that Article 140 of the Código Procesal Penal is also not applicable, since it is a preventive measure, before the rendering of the judgment. The claims are without merit. The issue in question has already been the subject of pronouncements by this Chamber, among others in judgments No. 193-02, of 9:00 a.m., on March 8, 2002, and No. 450-03, of 8:48 a.m., on May 22, 2003. In the last judgment, it was decided on the matter: "Regardless of the principal or accessory penalty that each criminal offense establishes for the criminal conduct, the commission of the crime entails a series of civil consequences, as established in Articles 103 of the Código Penal, 123 and 124 of the Current Rules on Civil Liability of the 1941 Código Penal, among them the restoration of the material object of the crime. Precisely, one of the scopes of the criminal judgment is to order the restoration to the victim of the full exercise of their injured right, which has the nature of a fundamental right due to its regulation in Article 41 of the Constitución Política which establishes that 'Turning to the laws, all shall find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests…' (Judgment 346-98 of 9:30 a.m. on 03-04-98, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), which includes, among other aspects, the restoration of the material object of the crime (Judgment 511-2000 of 9:20 a.m. on 19-5-00 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Article 123 of the Current Rules on Civil Liability of the 1941 Código Penal, in its first two paragraphs, establishes that: 'The convicted person shall restore to the victim, with allowance for all deterioration or diminishment, the thing that is the object of the punishable act, and if they cannot do so, they shall be obliged to pay its value according to expert appraisal referred to the date of the infraction. If such assessment is not possible because the thing has been destroyed or has disappeared, the judges shall fix the respective value, adhering to the data from the trial. The restoration shall be ordered even when the thing is in the possession of a third party, without prejudice to the rights that civil law grants to the latter.'; all of which may be ordered sua sponte because the regulation of Articles 103, 123, and 124 cited above is mandatory, and it does not require that the civil action for damages has been brought, as jurisprudence has well established in the sense that '... the claim for damages and losses arising from the crime must be made through the civil action for damages, because the procedural regulations condition it so; however, that same condition does not exist when it concerns the restoration of the material object of the crime. That is so, as this same Chamber has previously interpreted, because restoration does not constitute a form of compensation in the strict sense.' (Judgment Nº 52-F 10:35 a.m. January 31, 1990, of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterated in Voto # 604-F-91, of 9:25 a.m. on November 7, 1991, and in Judgment 511-2000 of 9:20 a.m. on 19-5-2000). The right to the environment, classified as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, for Article 50 of the Constitución Política provides that: 'Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.' and grants private individuals and the State the right and the duty to guarantee and defend that right in the name of all inhabitants, so the commission of the crime converts the community into a victim or aggrieved party by the act, and from that perspective, it acquires the right to reparation for the damage caused. In the case of a crime of Infraction to the Ley de Uso y Conservación de Suelos (No. 7779 of April 30, 1998), Article 52 of said law establishes that: 'Whoever contaminates or deteriorates the soil resource, regardless of the existence of fault or intent or the degree of participation, shall be liable to compensate, in the appropriate judicial venue, and to repair the damages caused to the environment.', from which a specific regulation is derived that obligates the offender to compensate damages and losses or to repair the damages caused. From the procedural perspective, Articles 140 and 466 of the Código Procesal Penal obligate the Judge to order the restoration of things to the state prior to the crime, which the appealed judgment omits, as the Procuraduría rightly points out in its motion, so given that the judgment established the authorship of the act by the accused and the injury to the environment from the opening of a road in the forest up to the river, it is appropriate to order the restoration of the affected area to the state prior to the act, so that the offender does not derive benefit from the illegality committed and the environment altered by their action can be restored in favor of protecting the interests of the community. In similar fashion, this Court has resolved the following: 'Regarding the condition imposed in itself, this cassation court finds it rational and proportionate to the facts giving rise to the criminal conviction. Observe that § 28 of the Constitución Política establishes the impossibility of legal intervention regarding private actions that do not cause harm, from which it derives that the limit of state reaction is marked by the magnitude or gravity of the injury or danger caused. In the present case, where the damage is the change in land use from forest to agriculture, the state reaction has its limit in the reparation of the damage, which will in any case not be completed in the three years of conditional execution of the sentence, since the forest is the product of years and years of birth, development, and death of many plant and animal beings; however, the exclusion of the crops and of every element with which the forest has been substituted, as well as the reestablishment of plant species to the extent adequate to regenerate what was destroyed, are a beginning for the reparation that will be achieved in some years. It must be clear that the protection of forest soils enshrined in §§ 2, 6, 10.c, 19, and 38.f of the Ley Forestal, 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54, and 55 of the Ley Orgánica del Ambiente, 53 and 54 of the Ley de Biodiversidad, does not end or is suspended when, due to acts of human beings (provoked fires, illegal logging, etc.) or due to forces of nature (floods, earthquakes, fires, etc.), the forest diminishes; on the contrary, in the face of those situations, greater aggressiveness in the recovery and conservation of the forest is imposed on the State. To think that the duty to protect forest soil and other elements of the forest ends by any of the indicated events would translate into the promotion of illicit activities harmful to the environment, to substitute ecology with agricultural or other types of exploitation, whereby there would be no true protection; that is, the space occupied by forests is irreducible by those means (principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest). In this way, anyone who damages the forest by logging or fires with the purpose of changing the destination of the land, or anyone who intends to obtain benefit from natural disasters that damage the forest soil, must understand that there is no possible way to change the destination of the soil, and that the State will do whatever is necessary to recover the forest. That is, in the case at hand, the agricultural activity must disappear from the place where the forest must be regenerated, whether it is done by the convicted person in compliance with the clause by which the benefit of conditional execution of the sentence is granted almost as an incentive, or by action of the State; the officials responsible for execution will see to the effectiveness of the judgment on the merits. There is no disproportion or abuse in the condition imposed by the judge. This manner of resolving by the trial judge reaffirms the normative value of the Constitución Política, which in its §§ 50 and 74 guarantee to all humanity, with the character of inalienable, the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition to the foregoing, the judicial disposition in this case is identical to the legislative disposition adopted in § 52 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 of April 30, 1998…' (Judgment 2003-0366, of 11:54 a.m. on May 5, 2003, with wording by Judge Dall'anese Ruiz. This criterion was reiterated in judgment 2003-396). Referring to the case at hand, the judgment did not contemplate the restoration of things to the prior state as the cited regulations order, however, because the judgment arises from an abbreviated procedure and because restoration is a direct consequence of the commission of the crime and does not require a civil action, the proper course is to uphold the cassation appeal filed and resolve in this venue ordering the restoration of the affected forest area to its state prior to the acts. (...)" In the case under study, it was demonstrated that a protection area was encroached upon, through the construction of a series of works, which must be demolished or destroyed in order to maintain the equilibrium of nature. The commission of a criminal act is not required for courts, even sua sponte, to decree the restoration of things to the state prior to their modification. Note that Article 103 of the Código Penal itself only requires a punishable act, the scope of which is limited to a criminal wrong. In this case, the existence of the wrong was accredited, since the action of ordering the constructions, whose demolition is now agreed, was violative of the Ley Forestal. Furthermore, there was no norm authorizing said actions, whereby the action was also unlawful. Thus, it was the obligation of the judge to order the demolition or destruction of the series of works mentioned in the judgment, since they were built in a protection area. Consequently, the reproach formulated is not admissible.' (cf. Voto 450-2003 of 11:48 a.m. on May 22, 2003. Tribunal de Casación Penal de San José) The criterion expressed by the jurisprudential citation is fully applicable to the present proceeding, in which in like manner the forest was replaced by avocado crops in a protection area, reason for which the Trial Court should have pronounced on the restoration of the forest and the elimination of the avocado crops regardless of the fact that the accused were acquitted. Now, the omission of a pronouncement in that respect constitutes a defect in the reasoning of the judgment that generates its partial nullity in that point and the respective remand for its new substantiation. It must be indicated that prior to carrying out the remand, and given that, apparently, the farm in question does not belong to the accused but to a third party, the Remand Court must grant a hearing to the owner of the farm so that they can appear in the trial to assert their rights as mandated by the Constitutional Principle of Due Process” (the citation is verbatim, emphasis supplied). As can be seen, this is a situation similar to that which arises in the case under examination, where the alleged impact on third parties cannot be invoked to prevent the restoration of areas affected by illicit acts, which must be protected due to the regime of legal restriction on the right to property and the constitutional mandate of preservation of a healthy and ecologically balanced environment. The judgment did not analyze the evidence provided regarding the environmental impact that occurred on the property and the invasion of the protection areas of a stream and two permanent water springs (nacientes), described in the accusations of the Ministerio Público and the State. Nor was it objectively justified why restoration was denied, except to refer over and over again to the fact that the current owner of the property has not been demonstrated, without demonstrating why it was indispensable to determine this in order to resolve the issue. At no time was it discarded in a reasoned manner that the acts to the detriment of the natural resources occurred, but rather the lower-court judge focused on indicating that the current owner and how to locate them is unknown. It is appreciated that, in that line of analysis, she did not establish proven facts that were relevant, given that she did not hold the land-use change (cambio de uso de suelo) and the encroachment on protection areas as accredited in the terms described in the accusation and the complaint, omitting to assess the evidence received in order to establish whether it allowed demonstrating the fact and ruling on the restoration of things to their original state. Nor does she explain why a decision could not be made without calling the registered owner of the property to the proceeding, bearing in mind that, according to the criteria developed by national jurisprudence cited supra, the third party who holds current ownership would lack procedural legitimacy to oppose the order to reestablish the forest and the affected protection area to the state prior to the environmental damage. An eventual good-faith third party who had entered into possession of the property could not claim that they have a right, for that cause, to prevent said areas from being restored, due to the regime of legal restriction of the right to property that prevails in our legal system, to which the cited rulings refer. In such a way that even if the current owner of the farm is not the defendant but a third party who received the land in its altered state, who, for that reason, would not have the obligation to restore, they would be obligated to allow entry onto the property by the corresponding authorities and could not oppose the measures to return the land to its prior state, in order to prevent the perpetuation of a clearly illegal act, provided other aspects of their property right are not affected.

That being the case, although it was not possible to determine who perpetrated the unlawful actions and, therefore, who is directly obligated to carry out the restitution and restoration of the affected protective zone, restitution at the State’s expense could indeed be ordered, which was not considered by the judge, who thereby incurred a defect due to lack of reasoning regarding an essential issue that was raised before her in the debate. Consequently, the appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted. The judgment is partially annulled, and the case is remanded to the court of origin so that, with a different panel, it may proceed to hold a new trial for the exclusive purpose of hearing matters related to the restitution and restoration of things to the state they were in before the accused act, and it must decide whether it is possible to impose said obligation on the accused or whether the State must assume it. It should be noted that, in order to safeguard the rights of all persons who may be affected, the current registered owner of the property must be heard; said owner may intervene in the remand trial regardless of the fact that, should they not be located or show no interest, the matter may be resolved without their participation, which does not contradict what was stated regarding the fact that restitution is appropriate, if environmental damage is proven, even if the current owner of the land is unknown. However, since there are means that make it easy to establish the identity of the titleholder, the proper course is to guarantee their right to be informed and to intervene in the proceeding, should they so decide.

IV.- Dissenting vote of Judge Mora Fernández Mora: In this matter, I must dissent from the majority opinion that grants the State representative’s appeal and orders a remand trial so that the issue of “restitution of things to their prior state” may be discussed anew, based on the following considerations: A.- Regarding passive standing and the possibility of defense by the civilly interested third party: The challenged judgment constitutes an acquittal, which addressed the parties’ request that the court resolve accordingly, both in criminal and civil matters. The appellant’s disagreement stems from the court’s failure to grant its other request for an order of “restitution of things to their prior state”; a request made in its capacity as civil plaintiff since it filed the civil action for damages on August 26, 2019. However, what the appellant omits to mention is that said request was for “…that the accused [Name 003], who appears as owner of the property [...], real property folio registration [Value 001], cadastral map [Value 004], be ordered to restore things to their prior state before the investigated facts, and that the restitution of damages located within the protection areas of the unnamed permanent spring be ordered…”. From the foregoing, it is clear that the party named as civil defendant in the present case was solely and exclusively the accused [Name 003]; therefore, the State’s standing to claim liability is limited to that person. It could in no way be considered that the obligations that can be personally demanded of the accused are transferred to the new registered owner of the farm, who would have acquired the property under the protection of the public registry’s good faith, which did not establish any annotation or limitation on the property. Unlike what occurs with the annotation of a lawsuit, which constitutes a precautionary measure established by Article 87 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), the so-called “restitution of things to their prior state” has no provision for being asserted against third parties through public registry publicity, for the obvious reason that the legislator did not contemplate it as a precautionary measure of a real nature, but merely a measure of a personal nature, which would only affect the accused and not third parties. In this case, the civil plaintiff never requested that the lawsuit be annotated on the property where the claimed environmental damages would have occurred, in accordance with the legislation in force at that procedural stage; therefore, it could not expect the new good-faith purchaser to know of its existence and seek to bind that purchaser to the outcome of a proceeding in which they did not participate. Given that the principle of party disposition operates in civil matters, even with respect to a civil action for damages within a criminal proceeding, it is evident that to address any of the consequences of civil reparation, a civil action directed against the person sought to be compelled to fulfill a specific duty is necessary. To understand that a legal consequence is appropriate without a procedural action directed against a specific person is contrary to the most elementary notions of the General Theory of Process, whether in criminal or civil matters, since “The action is a power that corresponds against the adversary with respect to whom the legal effect of the operation of the law is produced” (Chiovenda, J. (1922). Derecho Procesal Civil. Tomo I. Madrid: Editorial Reus S.A., p. 62). It makes no sense to think that the accused would have the obligation to make modifications to a property that no longer belongs to them, and even less so to consider that a person who acquired the farm could be obligated by an action whose existence they never learned of and in which they could not exercise any opposition or defense, especially when what is sought is to affect a fundamental right of a person, such as private property, guaranteed by Article 45 of the Political Constitution. Evidently, such a situation would be unacceptable in a State governed by the rule of law, as it would be equivalent to violating all international regulations related to the fundamental rights of every person to be heard, “with due guarantees” for the determination of their rights and obligations of a civil nature, as provided in Article 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which reads: “1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.” So, how can one understand a proceeding in which provisions are determined that harm a person's patrimony, without the existence of “due guarantees” (right to defense, right to be heard, right to contradiction and counterclaim) for that person to be heard in relation to their rights, if they were also not informed at the time of acquiring a property that there was an annotated lawsuit on the farm and that their acquisition was subject to the outcome of the proceeding? It is important to note that the obligation to repair the damage and compensate for losses and damages is not only in favor of the offended party, but also includes the obligation to compensate third parties who have been affected by the punishable act, which highlights the need for the respective necessary joinder of parties to be timely raised regarding those third parties who could be sued as obligors or injured parties (Art. 22.1 of the Code of Civil Procedure), it being the judge's responsibility to issue the necessary warnings for this, as established by Article 15 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). It cannot be forgotten that: “In particular, from the passive standpoint, the person obligated to make restitution is not the accused-defendant in the criminal proceeding, but a third party not criminally liable, who must be sued and become a true civil party in order to be condemned” (Parra Lucan, M. (1995). El tercero obligado a restituir la cosa. Acción civil en proceso penal: declaración de nulidad de títulos por la jurisdicción penal e indemnización de daños (A propósito de la STC 278/1994, de 17 de octubre). Derecho privado y Constitución. No. 5. January-April, pp. 315-316), if that were appropriate. When restitution is ordered through a judicial judgment, a constitutional right is being affected, which the Magna Carta in its Article 45 has deemed “inviolable,” except “for a legally proven public interest.” The foregoing requires proof not only that the lands constituted a forest before their alteration or were part of a protected zone, but also of the legal assumptions for the reparation ordered by law to occur, in order to protect another constitutional right protected by Article 50 of the Magna Carta. The only way to guarantee the citizen that this right will be respected, so that a legally proven public interest for the State to deprive them of their real rights is demonstrated, consists of giving the injured party the opportunity, through that decision, to have due process fulfilled and to have a clear action in which the reasons why restitution was appropriate are proven. It cannot be overlooked that Article 37 of the Code of Criminal Procedure expressly provides that the exercise of the civil action constitutes the procedural means to request the restitution of the object of the punishable act, as well as the reparation of losses and damages. That is why it is inadmissible to contemplate restitution without guaranteeing the constitutional rights to be heard, to a defense, and to contradiction that exist in every modern proceeding. The criminal proceeding in which the civil action for damages is processed is no exception, since only in this way is the existence of a proceeding guaranteed with clear rules for presenting claims and avoiding surprises for any intervener who must appear in the proceeding (accused, third-party good-faith purchasers, creditors of a property, etc.), who must necessarily be sued in accordance with the rules of necessary passive joinder, so that they may exercise the actions they deem pertinent in attention to their rights. Just because a person is given space to be heard as a “third party,” as the jurisprudence of the Third Chamber has indicated on multiple occasions cited in the majority vote, does not mean that the constitutional and supra-constitutional prerequisites for an adequate defense are met; rather, the plaintiff's claim directed against that interested party must be clear—hence the need for a lawsuit directed against that person whom the proceedings seek to deprive or limit in their right to private property. What is the use of calling a person to appear at the hearing as the registered owner to comply with a formality, if the dispute has been joined since the preliminary hearing and they have little room for maneuver to exercise their defense, raise defenses, and offer evidence? In the opinion of this minority position, this is a jurisprudential invention that, although it may have the best intentions in attempting to balance the procedural costs of a poorly filed lawsuit against the fundamental right established by Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, does not adequately resolve the legal problem in question. That jurisprudential attempt forgets that said supra-constitutional norm establishes the right of every person to be heard with due guarantees in the determination of their civil rights and obligations, and not simply to appear, despite having no real guarantee to be able to defend their interests, which is what happens in practice. Regarding the importance of the rights to be heard and to a defense, the jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated: “The consultant's thesis is correct, in the sense that no one can be caused harm as a result of a jurisdictional pronouncement if they have not had the opportunity to exercise their defense, a right that derives directly from Articles 39 and 41 of the Constitution, according to which every person has the right to access [sic] justice and be heard, to obtain reparation for harm, or to avoid—in accordance with the law—being caused harm or a sanction they are not obligated to bear; but this does not imply that the norms consulted are unconstitutional, although the procedure employed by the courts to apply them might be. As the Third Chamber rightly states, it could be the case that the owner of a property used for drug trafficking purposes is not even aware that it was used for that despicable activity, whether because they leased it or placed it under administration; therefore, they have the right to be heard by the judge regarding their participation—if any—before suffering a sanction in their capacity as a directly interested party, and in that capacity, must attend the proceeding to be heard, with the right to present the relevant legal evidence in defense of their interests, since no one can have their rights affected if they have not been heard and given an effective opportunity to exercise their defense” (Constitutional Chamber, ruling 3149-96 of 09:39 a.m. on June 28, 1996). It is not acceptable that in a State governed by the rule of law like ours, it be considered that there is no procedure clearly established by law to effectuate the impairment of a constitutional right such as property, for the simple reason that the highest courts have interpreted—without an express norm to that effect—that it is not necessary to comply with the procedure established for claiming civil remedies within the criminal proceeding. If the judicial custom has been to deny true access to justice to those persons whom a criminal proceeding seeks to dispossess or restrict in their property right, that does not mean we must continue to do so simply because it has always been done that way. Quoting the famous judgment of Justice Oliver Wendell Holmes: “We must not be content with empty formulas simply because they have been frequently used and repeated from one end of the country to the other. We must think things, not words, or at least we must constantly translate our words into the facts they represent, if we want to stick to reality and truth” (cited by Olivercrona, K. (2007). Lenguaje jurídico y realidad. Buenos Aires: Editorial Fontamara S.A., p. 16). In this proceeding, as was deemed proven in the judgment, the property where the claimed environmental impact occurred does not currently belong to the accused, but to a third party, and since the existing civil action was not directed against the latter, it is also impossible to establish civil consequences against them. In other words, there is a lack of passive standing that would prevent ordering in this proceeding the restitution of things to their prior state as requested by the Procuraduría General de la República at trial, which is why I consider that the challenged decision lawfully denied said request; therefore, the rejection of the appeal filed in that regard is proper. B.- On the impossibility of ordering environmental restitution in situations not contemplated by law. Another reason not analyzed in the challenged judgment, but for which I also consider that it was improper in the present matter to grant the appellant’s request for a sort of environmental restitution, is that, contrary to what national courts understand, the law does not establish that the issue of environmental restitution must be discussed in the criminal proceeding, but rather that it should be resolved in the administrative venue. The principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of forest ecosystems corresponds to an obligation that the legislator has imposed on the State, as a mode of action against conduct involving damage to the environment. Thus, the State could not renounce or yield in its action to ensure that lands that constituted forest ecosystems return to being so, but this does not mean that, automatically, in an acquittal judgment where it was not possible to establish any type of subjective or objective civil liability of any person, the jurisdictional authority must order actions or omissions that necessarily involve a technical criterion regarding the best way to proceed in such cases of environmental damage. In other words, when there is an acquittal judgment against certain persons accused of that environmental damage, the State will have the obligation to activate its administrative legal powers to comply with the provisions of Article 45 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which establishes: “The State has the obligation to avoid any risk or danger that threatens the permanence of ecosystems. It must also prevent, mitigate, or restore environmental damages that threaten life or deteriorate its quality.” The criminal judge's powers are limited to the civil reparation established by Article 103 of the Penal Code (Código Penal), which is not the same as the environmental restitution or restoration spoken of in legislation. Article 99 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) establishes a series of administrative sanctions that the State Forestry Administration can carry out, among which are subsections d), e), g), and h) of said norm, which establish the possibility of restricting or ordering the immediate suspension of the acts that gave rise to the complaint; the total or partial, temporary, or definitive closure of said acts; the imposition of compensatory or stabilization obligations for the environment or biological diversity; and the modification or demolition of constructions or works that damage the environment, among others. This is a power that the legislator has granted exclusively to the Administration and not to jurisdictional bodies, due to the technical nature of the decisions that must be made. This is how this Chamber, with a partially different panel, resolved, stating: “If in the present matter, what the defendants were accused of was having altered the existing forest ecosystem by felling a significant number of trees in a protection and forested zone, but within land legitimately possessed by the defendants, it is not accurate to speak of restitution, since there is no one to whom to return anything; rather, what is sought is to achieve the natural or induced regeneration of the ecosystem, but not a civil restitution per se. Since we are not facing a case of civil restitution, it is appropriate to analyze when it is possible to maintain that measures aimed at reversing the environmental damage caused are appropriate, which must necessarily be subject to legal reservation, since said measures imply obligations to do or not to do for the rights of the persons accused of damaging the environment, but also for the possessors and owners of the lands on which said environmental harms were committed, such as the obligation not to exercise the various rights derived from ownership. That is why various norms of the legal system contemplate the possibility of carrying out demolitions of works that affect the State's natural heritage, as established in Article 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), or Article 36 of the Forestry Law (Ley Forestal), which authorizes the eviction of properties subject to forestry regime or dedicated to forestry activity; Article 55 of the Law on the Use and Conservation of Soils No. 7779 (Ley de uso y conservación del suelos N° 7779), which expressly provides that the State may “take the pertinent measures in order to avoid damage to the soil or restore, as far as possible, the prior situation, when the damage has already occurred”; or the different environmental protective measures established by Article 99 of the Organic Law of the Environment, which include the demolition of constructions or works that damage the environment (subsection h) and the imposition of compensatory or stabilization obligations for the environment or biological diversity (subsection g). However, these norms establish an administrative procedure that must be completed before any of these protective measures can be ordered, since the authorities of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE) are responsible for technically supervising each case and recommending the most appropriate measures, and due process must be granted to the potentially affected parties. In the present matter, there is no technical criterion indicating which measures should be adopted since there are no works to demolish, nor was it possible to determine the criminal liability of the defendants in the accused conduct so as to establish that they are the ones who must bear the environmental responsibility of complying with said protective measures; therefore, it is impossible in this venue to grant a claim such as that of the Procuraduría General de la República, which requests that the defendants, in their capacity as owners of the land, be ordered not to carry out any activity that impedes the regeneration of the affected zone. For the foregoing reasons, it is the opinion of the majority of this Tribunal that the appropriate course is to dismiss this ground of appeal of the judgment, but in order to protect the fundamental right enshrined in Article 50 of the Political Constitution and the precautionary principle that governs in environmental matters, it is ordered that this judgment be communicated to the Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación Amistad Pacífico) of the MINAE, so that it may follow up on the zone affected in this matter and, if necessary, order the corresponding protective measures” (Ruling 2018-101 of 10:47 a.m. on February 28, 2018, judges Fernández Mora, Carranza Cambronero, with dissenting vote by Judge Mena Artavia). Such a criterion is fully applicable in the present case, where, as indicated, it was not possible to determine the liability of the accused for the acts attributed to him in the criminal proceeding, and therefore no civil or environmental liability could be determined against him. Hence, ordering a “restitution of things to their prior state” as requested by the State representation was improper, since said provision had to be made technically and within the administrative procedure indicated by the Organic Law of the Environment, which is why it is once again evident that there has been no defect in the decision reached by the adjudicating body to reject the State's request to restore things to their prior state, as it was legally improper. By virtue of the foregoing, in this minority view, it is proper to dismiss the appeal filed and uphold the challenged judgment in its entirety.

POR TANTO:

By majority, the appeal filed by the criminal prosecutor is granted. The judgment is partially annulled, and the case is remanded to the court of origin so that, with a different panel, it may proceed to hold a new trial, in which it shall hear exclusively matters related to the restoration of things to the state they were in before the accused act, and it shall define who is responsible for carrying out such restitution. In safeguarding the rights of all persons who may be affected, the current registered owner of the property must be heard; said owner may intervene in the remand trial regardless of the fact that, should they not be located or show no interest, the matter may be resolved without their participation. Judge Christian Fernández Mora dissents and dismisses the appeal. NOTIFY.

 

	

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IRIS VALVERDE USAGA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A 

 

EXP: 16-000306-0567-PE

 

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