Res. 00128-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Acquittal for doubt in illegal timber acquisition crime overturned for insufficient reasoningAbsolución por duda en delito de adquisición ilegal de madera anulada por falta de fundamentación

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00128 - 2024

Fecha de la Resolución: 29 de Enero del 2024 a las 08:35

Expediente: 20-002816-0485-PE

Redactado por: Rodrigo Obando Santamaría

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución:2024-0128

Expediente: 20-002816-0485-PE             

 

 TRIBUNAL PENAL DE APELACIÓN ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José (En función del T.A.S.P. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea),   San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos, del día veintinueve de enero del año dos mil veinticuatro.-

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...], por el delito de ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTOS ILEGAL en perjuicio de MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Rodrigo Obando Santamaría, Edwin Salinas Durán y Raúl Madrigal Lizano. Se apersona en apelación de sentencia, el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de la Procuraduría General de la República.

                                                        RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia ORAL E INTEGRAL N° 494-2023, de las quince horas cuarenta minutos del doce de julio del dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolvió: "POR TANTO: Razones dichas, reglas de la sana crítica racional y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 9, 142, 181,184, 360 a 366 todos del Código Procesal Penal, 6 y 61 de la Ley Forestal al resolver el presente asunto, se acuerda: En aplicación del principio universal de in dubio pro reo, absolver de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] de haber cometido un delito de adquisión ilegal de productos forestales, en perjuicio del Estado. Se declara sin lugar la querella y acción civil resarcitoria incoada por la P.G.R. Levántese cualquier medida cautelar que se haya dictado en el presente asunto. Se resuelve el presente asunto sin especial condenatoria en costas. Se ordena el comiso a favor del estado de las 486 piezas de madera, aserrada de varias especies, la cual está resguardada por el señor [Nombre 001], para lo cual se le ordena al Minaet que realice el traslado de la misma a sus instalaciones, conforme a derecho. Se le previene a [Nombre 001], que debe tener las 486 piezas de madera en disposición de las autoridades administrativas o de lo contrario podrá ser acusado por el delito de desobediencia a la Autoridad. [Nombre 001] En este acto quedan notificadas todas las partes de acuerdo a las reglas de la oralidad Lic Juan Carlos Jiménez Marin  Jueza de Juicio." (sic).

      II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de la Procuraduría General de la República, interpuso el recurso de apelación de sentencia penal, mismo que es resuelto por la presente integración del Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.

  III.-  Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta el juez Obando Santamaría; y,                           

CONSIDERANDO

              I- Admisibilidad: Revisadas las actuaciones que constan en autos, puntualmente la notificación de la sentencia y la fecha de interposición del escrito recursivo se concluye que fue presentado dentro del plazo legal y por el sujeto procesal legitimado; además se expresan los agravios correspondientes contra un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, cumpliendo con los requisitos que permiten conocer los motivos de inconformidad se declara admisible el recurso para su correspondiente examen.

 II- Contenido de la impugnación: En el recurso presentado por el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación de la Procuraduría General de la República (visible a folios 106 hasta 112) se expone dos motivos de impugnación; en el primero invoca “Falta de fundamentación intelectiva y errada valoración de la prueba al absolver al imputado por duda y declarar sin lugar la acción civil” (sic). Argumenta que hubo errónea valoración de la prueba y falta de fundamentación intelectiva en la determinación de los hechos, cuando dictó la absolutoria por duda respecto de si el imputado era el propietario de la mueblería o del inmueble donde se localizó la madera que se tiene como ilegal; no obstante, sí constaba prueba documental, que, analizada juntamente con la testimonial, determinaría la autoría del justiciable. Apunta que el numeral 61, inciso b de la Ley 7575 no exige, como un presupuesto para su configuración, que el sujeto activo sea el dueño de un bien inmueble, sino que es suficiente con determinar que haya adquirido madera de manera ilegal. Afirma que existe una incorrecta valoración del a quo en cuanto al hecho querellado en el cual se imputó que el imputado “a sabiendas de la ilicitud de su actual (sic) y con el fin de obtener un hecho antijurídico al aprovechar madera en su negocio de fabricación de muebles eludiendo controles estatales”, pues en la prueba aportada constaba el oficio ACTO-DRFVS-EPMF-392-2020, donde está asentado que cuando se visitó el sitio fue el acusado [Nombre 001] quien atendió a los funcionarios del SINAC y les manifestó que mantenía algunos grupos de madera con los que laboraba, tras ser advertido de su derecho legal de abstención realizó una descripción de la ubicación de la madera, la cual se hallaba alrededor de un local con máquinas para trabajo. Sostiene que el análisis de esa documentación que consta de folios 1 al 7, fue superficial porque no toma en cuenta el contenido vinculado con la prueba testimonial, específicamente la declaración del funcionario del SINAC David Arias Guzmán, quien aseguró que llegó al lugar del abordaje inicial y que esa mueblería la ha visitado en otros momentos, conociendo que la persona a cargo del establecimiento siempre ha sido el aquí enjuiciado [Nombre 001], quien directamente le ha indicado que él es el encargado de la mueblería, además que en la misma ya ha habido otros decomisos. De allí que, analizada la prueba en conjunto lo que correspondía era concluir que el propietario del negocio y quien trabajaba aprovechando esa madera era el acusado. Alega que a partir del principio de libertad probatoria la prueba aportada era suficiente para determinar la autoría del imputado. Además, reprocha que el Tribunal de manera errada concluyó que el dueño de la mueblería era el hijo del imputado, [Nombre 002], sin embargo, lo único que constaba en la prueba es que era la persona que conducía un vehículo que llevaba una carga considerable de madera, pero que la guía de transporte acreditaba que pertenecía a otra persona. En cuanto a la determinación de la adquisición de madera, señala que este delito normalmente ocurre en la clandestinidad, por lo que es difícil establecer quién la aserró, dónde o quién la transportó y sobre todo en cuál momento se entró en posesión de la madera decomisada; sin embargo, sí se podía determinar el rango de fechas en que fue adquirida porque el testigo David Arias precisó que fue talada varios meses antes de visitar el lugar, conforme al secado de la madera que se logra en unos cuantos meses y luego se procede a su almacenaje. Por todo lo expuesto considera que existe una errada valoración de la prueba y falta de fundamentación intelectiva, lo cual acarrea la ineficacia de lo resuelto, por ello solicita que se anule la sentencia y se ordene un nuevo juicio. Como segundo motivo plantea “Falta de fundamentación fáctica e intelectiva, e inobservancia de los numerales 1045 del Código Civil, 41 y 50 Constitucional al rechazar la pretensión civil” (sic). Considera que existe errónea fundamentación en la sentencia al establecer la inexistencia del daño ambiental y el consecuente rechazo de la pretensión civil. Explica que a pesar que no se puede determinar en dónde fueron cortados los árboles, conforme a la lógica y experiencia, justamente no se tramitan los permisos de corta, transporte y aprovechamiento porque la madera se extrae de lugar, zonas o bosques de áreas protegidas donde no se puede obtenerlos, de allí que las acciones se realizan en la clandestinidad, por lo que sí existe un daño ambiental, social y por ende afecta a la colectividad, por el menoscabo de los recursos naturales y ese daño social, generado a las presentes y futuras generaciones, puede ser equiparable a un daño moral. Además, que el único parámetro con el que se cuenta para determinar el daño es por el valor de la madera decomisada. Postula como agravio que el tribunal partió de un razonamiento erróneo con lo cual se rechazó indebidamente la pretensión indemnizatoria. Solicita se anule el fallo y se ordene reenvío para nuevo juicio. Con lugar la queja. Ante la impugnación presentada, debe señalarse que la fundamentación de un fallo judicial es conformante del debido proceso, por lo cual su ausencia, en términos de que sea completa, suficiente y legítima, genera la ineficacia de lo resuelto (artículo 142 del Código Procesal Penal); en atención a ese principio y frente los alegatos de interés que facultan el examen integral del fallo, según lo regula el numeral 459 del Código Procesal Penal, esta Cámara ha analizado con detalle las actuaciones que desembocan en la decisión jurisdiccional, observando la presencia de vicios de motivación que la invalidan. La parte recurrente construye sus reclamos alrededor de una incorrecta fundamentación intelectiva y probatoria que afectó sus intereses como actor penal y civil, toda vez que el a quo habría analizado erróneamente prueba esencial para acreditar los hechos debidamente imputados en la querella. De una revisión del fundamento intelectivo de la sentencia absolutoria que fue dictada oralmente y cuya grabación audiovisual consta en el archivo digital E:\200028160485PE-12072023034037-2_Multi--0, puede notarse que el tribunal de instancia describió la prueba, estableció el elenco de hechos acreditados e hizo una explicación relativa a la incerteza sobre la existencia del delito acusado (Cfr. secuencia horaria 00:15:44 a 00:31:50). En dicha motivación de la absolutoria, la persona juzgadora expone, esencialmente, que hay duda respecto de la fecha del acta de decomiso de las piezas de madera y la individualización de [Nombre 001] como el dueño de la propiedad o el negocio donde se incautaron. Sin embargo, lleva razón el recurrente cuando alude al insuficiente análisis de la prueba documental y, especialmente, del testimonio del funcionario David Arias Guzmán. Del legajo correspondiente se observa que en el informe ACTo-DRFVS-EPMF-392-2020 (folios 01 a 07), se describió con detalle las actuaciones de los personeros del SINAC - Ministerio de Ambiente y Energía, entre cuyos participantes estaba el testigo Arias Guzmán, quien, aunque llegó minutos después sí estuvo presente en la conversación con el justiciable y en el decomiso de la madera, por lo cual es un testigo de primera mano. De ese documento se confirma que la visita al negocio donde se ubicó la madera fue el día 02 de noviembre de 2020, al informe se adjunta evidencia fotográfica de las piezas de madera en el sitio, por lo cual dudar de la veracidad de la fecha porque en el acta de decomiso (folio 08) se consignó erróneamente el 02 de diciembre, refleja un análisis segmentado de todo el conjunto probatorio pues el resto de documentos y la misma deposición del testigo en juicio, confirman la fecha en que se ejecutó. A pesar de lo dicho, el error más grosero de la apreciación del juzgador a cargo es referente a la declaración del testigo Arias Guzmán y su correlación con el citado informe, pues de ambas probanzas sí era factible derivar, al menos si se hacía un serio razonamiento indiciario, que el acusado tenía un ligamen con el negocio en el cual se estaba aprovechando ilegalmente las piezas de madera. El a quo exigió al órgano acusador que demostrara la propiedad del encartado sobre la mueblería mediante documentos públicos (menciona patentes, permisos de salud, hacienda, etcétera), a pesar de que el tipo penal establecido en el numeral 61, inciso b de la Ley 7575, lo único que requiere es que se compruebe que sea el sujeto que está sacando provecho de la madera. Además, el expediente sí contenía elementos probatorios que dejó de considerar en su análisis, descartándolos sin razones válidas, por ejemplo del testigo Arias Guzmán aduce que no es suficiente que afirmara que en otras ocasiones haya visitado la citada mueblería y quien se presentó siempre como dueño fue el acusado [Nombre 001], utilizando como justificación para no considerarlo que no hay copia de otros procesos donde se verifique el dicho del funcionario, con lo cual está realizando una tasación que no corresponde a nuestro sistema de apreciación razonable de la prueba. Es resaltable que en ningún momento consta que se tildara el testimonio de Arias Guzmán como falso, mentiroso o interesado en perjudicar al encartado.  Aunado a ello, omitió cotejar el dicho del testigo con la restante prueba documental, que señalaba expresamente que el mismo justiciable les afirmó ser el propietario de las piezas de madera que se estaban aprovechando (cfr. informe en folio 02) y fue el acusado [Nombre 001] y no otra persona, quien firmó como interesado el acta de decomiso número 2380 (folio 08) y la orden administrativa número 0019 (folios 09 a 12). Tales elementos no fueron considerados por el órgano sentenciador para establecer si la duda de la participación del imputado en los hechos era razonable o no, por lo que la absolutoria quebranta el principio de razón suficiente toda vez que de la totalidad de los elementos de convicción no surge la incerteza que señala el a quo. Estimando que la motivación incumple con los criterios de suficiencia y respeto de las reglas de la sana crítica racional, lo que corresponde es acoger el primer reclamo planteado por el recurrente, en consecuencia, anular el fallo en su totalidad, siendo innecesario el pronunciamiento sobre el segundo motivo que versa sobre el rechazo de la acción civil resarcitoria, toda vez que se está ordenando juicio de reenvío para nueva sustanciación.

POR TANTO

              Se declara con lugar el primer motivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Randall Aguirre Mena en representación de la Procuraduría General de la República. Se anula el fallo venido en alzada y se ordena el reenvío para nuevo juicio. Por la forma en que se resuelve es innecesario el pronunciamiento sobre el segundo motivo planteado por el recurrente.  NOTIFÍQUESE.

  

 

 

Rodrigo Obando Santamaría

 

 

 

Edwin Salinas Durán     Raúl Madrigal Lizano

 

Jueza y Jueces del Tribunal Penal de Apelación

Especializado en Delincuencia Organizada

(En función del T.A.S.P. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea)

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 20-002816-0485-PE.

Imputado: [Nombre 001].

Delito: Adquisición Ilegal de Productos Forestales.

Ofendido: Ministerio de Ambiente y Energía.

 

 

 

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Expediente N° 20-002816-0485-PE - Voto N°2024-0128      - Pág.: 1

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:15:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sentencia with Protected Data, in accordance with current regulations


Text of the Resolution

Resolution: 2024-0128

Expediente: 20-002816-0485-PE

SPECIALIZED CRIMINAL APPEALS COURT FOR ORGANIZED CRIME. Primer Circuito Judicial de San José (Acting for the T.A.S.P. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea), San José, at eight thirty-five hours, on the twenty-ninth day of January, two thousand twenty-four.-

CRIMINAL SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name 001], [...], for the crime of ILLEGAL ACQUISITION OR PROCESSING to the detriment of the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. The judges Rodrigo Obando Santamaría, Edwin Salinas Durán, and Raúl Madrigal Lizano participate in the decision on the appeal. Appearing on appeal of the sentence is Lic. Randall Aguirre Mena, representing the Procuraduría General de la República.

WHEREAS:

I.- That by way of ORAL AND INTEGRAL JUDGMENT No. 494-2023, at fifteen hours forty minutes on the twelfth of July, two thousand twenty-three, the Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolved: "THEREFORE: For the reasons stated, rules of sound critical judgment and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 9, 142, 181, 184, 360 to 366 all of the Criminal Procedure Code, 6 and 61 of the Ley Forestal, in resolving this matter, it is agreed: In application of the universal principle of in dubio pro reo, to acquit [Name 001] of all penalty and responsibility for having committed a crime of illegal acquisition of forest products, to the detriment of the State. The complaint and civil action for compensation filed by the Procuraduría General de la República are declared without merit. Lift any precautionary measure that has been issued in this matter. This matter is resolved without special ruling on costs. The confiscation in favor of the state of the 486 pieces of lumber, sawn from various species, which are guarded by Mr. [Name 001], is ordered, for which Minaet is ordered to carry out the transfer of the same to its facilities, in accordance with the law. [Name 001] is warned that he must have the 486 pieces of lumber available to the administrative authorities, otherwise he may be charged with the crime of disobedience to authority. [Name 001] In this act, all parties are notified in accordance with the rules of orality. Lic Juan Carlos Jiménez Marin Trial Judge." (sic).

II.- That, against the preceding ruling, Lic. Randall Aguirre Mena, representing the Procuraduría General de la República, filed the criminal sentence appeal, which is resolved by the present panel of the Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, according to agreement number XXVI of the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 53-2023, of June 23, 2023.

III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions raised in the appeal.

IV.- That in the procedures, the pertinent legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Obando Santamaría; and,

CONSIDERING

I- Admissibility: Upon reviewing the actions contained in the case file, specifically the notification of the sentence and the date of filing of the appeal brief, it is concluded that it was filed within the legal deadline and by the legitimate procedural party; furthermore, the corresponding grievances against a decision on the merits are expressed. Consequently, fulfilling the requirements that allow the reasons for disagreement to be known, the appeal is declared admissible for its corresponding examination.

II- Content of the appeal: In the appeal filed by Lic. Randall Aguirre Mena, representing the Procuraduría General de la República (visible at folios 106 through 112), two grounds for appeal are set forth; in the first, he invokes "Lack of intellectual reasoning and erroneous assessment of the evidence when acquitting the defendant due to doubt and declaring the civil action without merit" (sic). He argues that there was an erroneous assessment of the evidence and a lack of intellectual reasoning in the determination of the facts, when it issued an acquittal based on doubt as to whether the defendant was the owner of the furniture store or the property where the wood deemed illegal was located; however, documentary evidence did exist which, when analyzed together with the testimonial evidence, would determine the authorship of the defendant. He notes that section 61, subsection b of Ley 7575 does not require, as a prerequisite for its configuration, that the active subject be the owner of a real property, but rather it is sufficient to determine that he acquired wood illegally. He affirms that there is an incorrect assessment by the trial court (a quo) regarding the fact complained of, in which it was alleged that the defendant "knowingly of the unlawfulness of his action (sic) and with the aim of obtaining an unlawful result by taking advantage of wood in his furniture manufacturing business, evading state controls," since in the evidence provided, there was official communication ACTO-DRFVS-EPMF-392-2020, where it is recorded that when the site was visited, it was the accused [Name 001] who attended to the officials of SINAC and told them that he kept some groups of wood with which he worked; after being advised of his legal right of abstention, he gave a description of the location of the wood, which was found around a premises with machinery for work. He maintains that the analysis of that documentation contained in folios 1 through 7 was superficial because it does not take into account the content linked to the testimonial evidence, specifically the statement of SINAC official David Arias Guzmán, who assured that he arrived at the place of the initial approach, and that he has visited this furniture store at other times, knowing that the person in charge of the establishment has always been the defendant here, [Name 001], who has directly indicated to him that he is the manager of the furniture store; moreover, there have already been other seizures there. Hence, analyzing the evidence as a whole, what was appropriate was to conclude that the owner of the business and the one who worked taking advantage of that wood was the accused. He alleges that, based on the principle of freedom of proof, the evidence provided was sufficient to determine the defendant's authorship. Furthermore, he reproaches that the Court erroneously concluded that the owner of the furniture store was the defendant's son, [Name 002]; however, the only thing that appeared in the evidence is that he was the person driving a vehicle carrying a considerable load of wood, but the transport guide proved it belonged to another person. Regarding the determination of the acquisition of wood, he points out that this crime normally occurs clandestinely, so it is difficult to establish who sawed it, where or who transported it, and especially at what moment possession of the seized wood was taken; however, it was possible to determine the range of dates on which it was acquired because witness David Arias specified that it was felled several months before visiting the site, according to the drying of the wood that is achieved in a few months and then it is stored. For all the foregoing, he considers that there is an erroneous assessment of the evidence and a lack of intellectual reasoning, which entails the ineffectiveness of the decision; therefore, he requests that the sentence be annulled and a new trial be ordered. As a second ground, he raises "Lack of factual and intellectual reasoning, and non-observance of sections 1045 of the Civil Code, 41 and 50 of the Constitution by rejecting the civil claim" (sic). He considers that there is an erroneous reasoning in the sentence by establishing the non-existence of environmental damage and the consequent rejection of the civil claim. He explains that although it cannot be determined where the trees were cut, according to logic and experience, just as the cutting, transport, and harvesting permits are not processed because the wood is extracted from places, zones, or forests of protected areas where they cannot be obtained, hence the actions are carried out clandestinely, so there is environmental and social damage, and therefore it affects the community, due to the impairment of natural resources, and this social damage, generated to present and future generations, can be comparable to moral damage. Additionally, the only parameter available to determine the damage is the value of the seized wood. He postulates as a grievance that the court started from an erroneous reasoning with which the compensation claim was improperly rejected. He requests that the judgment be annulled and a remand for a new trial be ordered. The complaint is granted. In view of the appeal filed, it must be noted that the reasoning of a judicial decision forms part of due process, so its absence, in terms of it being complete, sufficient, and legitimate, generates the ineffectiveness of the decision (Article 142 of the Criminal Procedure Code); in consideration of that principle and in the face of the arguments of interest that enable the comprehensive examination of the judgment, as regulated by section 459 of the Criminal Procedure Code, this Chamber has analyzed in detail the actions leading to the jurisdictional decision, observing the presence of reasoning defects that invalidate it. The appellant constructs his claims around an incorrect intellectual and probative reasoning that affected his interests as a penal and civil actor, since the trial court (a quo) would have erroneously analyzed essential evidence to prove the facts duly alleged in the complaint. From a review of the intellectual basis of the acquittal that was delivered orally and whose audiovisual recording is contained in digital file E:\\200028160485PE-12072023034037-2_Multi--0, it can be noted that the trial court described the evidence, established the set of proven facts, and gave an explanation regarding the uncertainty about the existence of the accused crime (Cf. time sequence 00:15:44 to 00:31:50). In said reasoning for the acquittal, the judge essentially states that there is doubt regarding the date of the seizure report for the pieces of lumber and the identification of [Name 001] as the owner of the property or the business where they were seized. However, the appellant is correct when he alludes to the insufficient analysis of the documentary evidence and, especially, of the testimony of official David Arias Guzmán. From the corresponding file, it is observed that in report ACTo-DRFVS-EPMF-392-2020 (folios 01 to 07), the actions of the representatives of SINAC - Ministerio de Ambiente y Energía were described in detail, among whose participants was witness Arias Guzmán, who, although he arrived minutes later, was present during the conversation with the defendant and the seizure of the wood, making him a first-hand witness. That document confirms that the visit to the business where the wood was located was on November 2, 2020; photographic evidence of the pieces of wood at the site is attached to the report, therefore doubting the veracity of the date because the seizure report (folio 08) erroneously recorded December 2 reflects a segmented analysis of the entire body of evidence, as the rest of the documents and the witness's own statement at trial confirm the date on which it was carried out. Despite this, the grossest error in the assessment by the presiding judge refers to the statement of witness Arias Guzmán and its correlation with the aforementioned report, since from both pieces of evidence it was indeed feasible to derive, at least if a serious circumstantial reasoning had been made, that the accused had a connection with the business in which the pieces of wood were being illegally exploited. The trial court (a quo) required the prosecuting body to prove the defendant's ownership of the furniture store through public documents (it mentions patents, health permits, tax permits, etc.), despite the fact that the criminal offense established in section 61, subsection b of Ley 7575, only requires proof that he is the subject who is profiting from the wood. Furthermore, the case file did contain evidentiary elements that the court failed to consider in its analysis, discarding them without valid reasons; for example, regarding witness Arias Guzmán, it argues that it is insufficient that he affirmed that on other occasions he visited the said furniture store and the person who always presented himself as the owner was the accused [Name 001], using as a justification for not considering it that there is no copy of other proceedings verifying the official's statement, thereby making an appraisal that does not correspond to our system of reasonable assessment of evidence. It is noteworthy that at no time is it recorded that Arias Guzmán's testimony was branded as false, lying, or interested in harming the defendant. In addition to this, it omitted to compare the witness's statement with the remaining documentary evidence, which expressly indicated that the defendant himself stated to them that he was the owner of the pieces of wood being exploited (cf. report on folio 02) and it was the accused [Name 001] and no other person, who signed seizure report number 2380 (folio 08) and administrative order number 0019 (folios 09 to 12) as an interested party. Such elements were not considered by the sentencing body to establish whether the doubt about the defendant's participation in the facts was reasonable or not, so the acquittal violates the principle of sufficient reason, given that from the totality of the evidentiary elements, the uncertainty indicated by the trial court (a quo) does not arise. Deeming that the reasoning fails to meet the criteria of sufficiency and respect for the rules of sound critical judgment, the appropriate course is to grant the first claim raised by the appellant, consequently, annulling the judgment in its entirety, making a ruling on the second ground, which concerns the rejection of the civil action for compensation, unnecessary, given that a retrial is being ordered for a new proceeding.

THEREFORE

The first ground of the appeal filed by Lic. Randall Aguirre Mena representing the Procuraduría General de la República is granted. The appealed judgment is annulled, and a remand for a new trial is ordered. Due to the manner in which this is resolved, a ruling on the second ground raised by the appellant is unnecessary. NOTIFY.

Rodrigo Obando Santamaría

Edwin Salinas Durán     Raúl Madrigal Lizano

Judge and Judges of the Tribunal Penal de Apelación
Especializado en Delincuencia Organizada
(Acting for the T.A.S.P. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea)

Expediente: 20-002816-0485-PE.

Defendant: [Name 001].

Crime: Illegal Acquisition of Forest Products.

Victim: Ministerio de Ambiente y Energía.

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Expediente N° 20-002816-0485-PE - Voto N°2024-0128     - Pág.: 1
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