Res. 00474-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Registry inscription does not validate private ownership of mangroves and maritime-terrestrial zoneInscripción registral no convalida dominio privado sobre manglares y zona marítimo terrestre

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 00474 - 2024

Fecha de la Resolución: 25 de Enero del 2024 a las 11:38

Expediente: 20-002643-1027-CA

Redactado por: José Iván del Socorro Salas Leitón

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Patrimonio natural

Subtemas:

Tutela jurídica de los manglares.

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Régimen jurídico aplicable.

"VIII.- DE LA TUTELA JURÍDICA DE LOS MANGLARES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia patria, los manglares son unidades ecológicas muy frágiles, en los que se realiza una gran variedad de procesos naturales, muy complejos e importantes para la sostenibilidad de los seres humanos y para el ecosistema en general. Son un importante sitio de alimentación, refugio y reproducción para especies silvestres, se trata de un laboratorio natural, por lo que su tutela, protección y conservación por parte del Estado reviste especial relevancia. Los manglares como parte de los humedales colaboran con el suministro de agua, para la explotación directa como para la recarga de acuíferos; regulación de flujos para el control de inundaciones; prevención y protección contra el ingreso de aguas saladas que afecten aguas subterráneas y aguas dulces superficiales; protección contra las fuerzas de la naturaleza como tormentas, huracanes, etc.; retención de sedimentos, nutrientes. Para la ciencia, es una zona suplidora de productos naturales derivados de la vida silvestre y acuáticos como moluscos, crustáceos y peces; conservación, recreación y turismo; investigación y educación; biodiversidad y patrimonio cultural; paisaje y belleza escénica; y mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. Los manglares específicamente junto con los estuarios, los pastos marinos y las demás zonas marino costeras, constituyen zonas de gran importancia para la reproducción de especies marinas. Por tanto, poseen un gran valor ambiental, económico, social, cultural, científico y recreativo, razón por la cual su protección como bien jurídico, es fundamental para la sociedad, ya que su destrucción, menoscabo o pérdida, ocasiona grandes perjuicios, pues impacta de manera negativa un medio ambiente sustentanble, y cuando su explotación es irracional afecta de manera directa el habitat marino costero. Es por ello que el Estado costarricense a través de diversas leyes lo ha protegido y por su importancia natural, los manglares fueron afectos al "Patrimonio Natural del Estado

".

En este mismo sentido de protección, los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, establecen que las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, aún sin concurrencia de la Administración, situación que fue avalada por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587. En cuanto a la demanialidad de los manglares la ley 6043; la Ley Orgánica del Ambiente; la Ley 7224; la Ley Forestal; la Ley de Biodiversidad y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre le da igual tutela que desde la citada "

Ley de Aguas

" y sus reformas y que como bienes inalienables los mismos se encuentran fuera del comercio de los hombres y no pueden ser reducidos a propiedad privada, y por tratarse de bienes afectos al Dominio Público, y por ende imprescriptibles, inalienables e inembargables. En cuanto a su tutela, le corresponde al Estado su protección en forma directa, sin necesidad de acudir al ámbito jurisdiccional, aunque desde luego puede hacerlo.

Conforme a lo expuesto es que la norma constitucional y legal tutelan de una manera especial las zonas de manglar como parte de los humedales, y su apropiación por parte de particulares está vedada, por calificarse como un bien de dominio público, y por ende, se le aplica los principios de imprescriptibilidad, enajenabilidad e inembargabilidad, y los particulares que reclamen su titularidad deben acreditarlo, correspondiéndole a estos la carga de la prueba y no al Estado. Ello es así, porque los procesos naturales que se llevan a cabo por parte de la naturaleza en estas especiales zonas (manglares), son de suma importancia para el mantenimiento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual a su vez constituye un derecho fundamental de los ciudadanos, conforme a la normativa supranacional, constitucional, legal e infralegal y una obligación del Estado protegerlos, efectiva y eficazmente.

IX.- DE LA PROTECCIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN COSTA RICA

: Por la naturaleza de bien sobre el que recae este proceso, consideramos oportuno referirnos al régimen jurídico de la zona marítima terrestre. En primer término se debe tener claro, que se trata de un bien demanial, cuya característica es que el Estado la ha sujetado a un especial régimen calificándolo como bien de dominio público y por esa razón la ha declarado imprescriptible, inembargable e inalienable.

Al respecto la Sala Constitucional en reiterados fallos ha señalado en cuanto a la naturaleza jurídica de este bien: "...

En sentencias anteriores, este Tribunal ha reconocido reiteradamente (entre otras, ver las sentencias número 2360-93, 5399-93, 5977-93, 5976-93, y 0502-I-95), que la zona marítimo terrestre es un bien demanial; así, por sentencia número 0447-91, de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991, claramente consideró que en efecto se trata de un bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil: " El carácter demanial de la zona marítimo terrestre (o ribera marina como se le denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano mismo recoge ese status, como "res comunes" y "extra comercium". En nuestro medio, con toda claridad desde el siglo pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja marina adyacente al territorio nacional, en la que ejerce su soberanía ... no es posible tener por violado el artículo 45 Constitucional, ya que no se imponen limitaciones a la propiedad privada, sino que al regularse el dominio público, la ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es posible el uso y disfrute de la zona marítimo terrestre, por parte de los particulares. Así quien pretenda por medios no autorizados ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada la posibilidad de consumarlo, pues es aceptable también, desde tiempo inmemorial, que se trata de bienes imprescriptibles en favor de particulares y que están fuera de comercio

." (VSC No. 2241-09, de las doce horas once minutos del trece de febrero de dos mil nueve)

Conforme a la jurisprudencia tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Primera, es claro que la zona marítimo terrestre es un bien propio del Estado calificado como bien de dominio público y como tal resulta imprescriptible, inembargable, e inalienable, de manera que no pueden los particulares alegar derecho sobre ellos, salvo que se otorgue una concesión de acuerdo al ordenamiento aplicable, que permita el uso privativo por parte de particulares.

X.

Criterio del Tribunal:

No concuerda esta Cámara con el alegato de la representación de la sociedad Coffee Zombi en razón de lo que a continuación se detalla. Ciertamente ha sido acreditado que en el año de 1987 el Instituto Geográfico Nacional realizó un amojonamiento en el área de Playa Hermosa de Jacó, y que dicho amojonamiento fue considerado a la hora del confeccionar el Plan Regulador de la Zona del año 1992, sin embargo el amojonamiento del año 1987 no consideró la existencia de un manglar en la zona e incluyo este manglar dentro de los 200 metros de la zona marítimo terrestre. Ahora bien, tal y como se indicó en el considerando noveno; los manglares son unidades ecológicas muy frágiles, en los que se realiza una gran variedad de procesos naturales, muy complejos e importantes para la sostenibilidad de los seres humanos, para el ecosistema en general y poseen un gran valor ambiental, económico, social, cultural, científico y recreativo, razón por la cual su protección como bien jurídico, es fundamental para la sociedad, ya que su destrucción, menoscabo o pérdida, ocasiona grandes perjuicios, pues impacta de manera negativa un medio ambiente sustentable, y cuando su explotación es irracional afecta de manera directa el habitat marino costero.

Y es que como se ha explicado enla presnete sentencia en razón de la naturaleza jurídica de los humedales y de la zona marítimo terrestre, ningún particular puede sostener derecho de propiedad, incluso cuando se haya inscrito registralmente. Solamente podrá sostener propiedad sobre dicha porción de tierra quien logre acreditar que se inscribió -entre 1970 y 1974- de conformidad en el Transitorio III de la Ley No. 4558 de 1970 lo cual se reitera, no ha sido acreditado por la accionada Coffee Zombi S.A.

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Texto de la resolución
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*200026431027CA*

 

EXPEDIENTE:

	

20-002643-1027-CA - 2




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

COFFEE ZOMBI S.A.




DEMANDADO/A:

	

CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A

 

 N° 2024000474

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con treinta y ocho minutos del venticinco de Enero del dos mil venticuatro.-

 

Proceso de conocimiento establecido por las sociedades VALLE PERDIDO DOS S.A. cédula jurídica número 3-101-350128 y COFFEE ZOMBI S.A. cédula jurídica número 3-101-461232, representadas por los señores Charles William Kuhn, mayor, divorciado una vez, empresario pasaporte número 13225390 y John Goodwin Futch, mayor, soltero, empresario, pasaporte número Z6773196 contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO, el señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, las sociedades CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. cédula jurídica número 3-101-208011, TERRA-MARE UNUS S.A. cédula jurídica número 3-101-162456 y TERRA-MARE DUO S.A. cédula jurídica número 3-101-162678, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO en adelante el ICT y el ESTADO. Interviene como apoderado especial judicial de las sociedades actoras el Licenciado Orlando Hidalgo Gallegos.

RESULTANDO:

I.- En fecha 23 de mayo del 2020, las sociedades actoras presentaron demanda y precisaron sus pretensiones en la Audiencia Preliminar realizada el día 09 de mayo de 2022 de la siguiente manera: En relación a la MUNICIPALIDAD DE GARABITO: 1) Que se declare la responsabilidad objetiva de la Municipalidad de Garabito por resultar disconforme con el ordenamiento jurídico el otorgamiento que hizo al señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, de la concesión número ZM 1926 inscrita bajo la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas, 001360-Z-000, sobre un terreno de 700.15 metros cuadrados de terreno; donde 365.26 m2 pertenecen a Valle Perdido Dos S.A. lo que le ocasionó daños en su patrimonio por violación al derecho de propiedad privada y por ende se anule la indicada concesión y se ordene a la Municipalidad de Garabito respetar el límite dispuesto por el Plan Regulador Vigente publicado en La Gaceta No.30, el 12 de febrero de 1992. 2) Que se declare violatorio del ordenamiento jurídico y a la propiedad privada el proceder de la Municipalidad de Garabito al permitir tras el cobro de un canon a la sociedad CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. el uso provisional  sobre una porción de terreno de 493 m2 incluidos en el plano P-1077275-2006 que pertenecen a Valle Perdido Dos S.A. Que se le prohíba a la Municipalidad realizar el estudio de la solicitud de concesión de CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. utilizando para ello el citado plano. 3) Que se condene a la Municipalidad de Garabito, a pagar los daños ocasionados a Valle Perdido Dos S.A, los cuales se establecerán pericialmente y al pago de ambas costas. Sobre la sumas establecidas se deberá reconocer su indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. En relación a la demanda interpuesta contra el señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO: 1) Que se declare que invadió ilegalmente -al no contar con título ni concesión-, un área de 494.74 m2 de terreno, de la propiedad inscrita en el partido de Puntarenas, a folio real número 6-150867-000; con plano catastrado P-1100396-2006 a nombre de la sociedad Coffee Zombi S.A. Porción de terreno que deberá ser devuelta en forma inmediata una vez firme la sentencia. 2) Que se le condene a pagar los daños ocasionados los cuales se establecerán pericialmente y al pago de ambas costas. Sobre la sumas establecidas se deberá reconocer su indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. En relación a la demanda interpuesta contra CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A.: 1) Que se declare que es un acto violatorio del ordenamiento y de la propiedad privada y se le prohíba a la accionada, presentar solicitud de concesión ante la Municipalidad de Garabito utilizando para ello el plano P-1077275-2006, donde 493 m2 de terreno pertenece a Valle Perdido Dos S.A. 2) Que se anule el plano P-1077275-2006 por incluir 493 m2 de terreno perteneciente a Valle Perdido Dos S.A. 3) Que de estar dicha empresa en posesión de los terrenos propiedad de Valle Perdido Dos S.A. se ordene su desalojo de inmediato. 4) Que se le condene a pagar los daños ocasionados los cuales se establecerán pericialmente y al pago de ambas costas. Sobre la sumas establecidas se deberá reconocer su indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. En relación a la demanda interpuesta contra TERRA-MARE UNUS S.A. y la empresa TERRA-MARE DUO S.A.: Pretensión Principal: 1) Que se les declare responsables por haber invadido 266 m2 propiedad de Valle Perdido Dos S.A., adquirida el día 26 de diciembre del 2007 de SARAGUEZ LTDA, según escritura pública No. 29 del protocolo de la Notario Lucrecia Rojas Calvo, y que no les permite inscribir la totalidad de dicha compraventa por no poder confeccionar el plano catastrado y se les condene al pago de esa porción de terreno. Monto que se establecerá pericialmente. 2) Que se les condene al pago de los daños cuya cuantificación se determinará en forma definitiva con la prueba pericial solicitada y al pago de las costas procesales y personales de esta acción, así como a los intereses y la indexación de las sumas que se otorguen en sentencia hasta el efectivo pago. Pretensión Subsidiaria: De no acogerse la pretensión principal; se ordene la puesta en posesión inmediata a Valle Perdido Dos S.A. de los 266 m2. (Ver imágenes de la 2 a la 43 y de la 624 a la 626 del expediente digital judicial y respaldo judicial de la audiencia preliminar).

 

II.- La representación de la Municipalidad de Garabito, del señor José Antonio Chavarría Picado, la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., el Instituto Costarricense de Turismo y el Estado, contestaron de forma negativa la demanda. Solicitaron se condene en costas a las actoras e interpusieron en su orden las excepciones de caducidad de la acción, prescripción del derecho las cuales fueron reservadas para sentencia, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y falta de derecho. (Ver imágenes de la 164 a la 169, de la 217 a la 227, de la 358 a la 369, de la 636 a la 645 y de la 700 a la 713 del expediente digital judicial).

 

III.- La representación del Estado presentó contrademanda y las pretensiones quedaron fijadas en la Audiencia Preliminar realizada el día 09 de mayo de 2022 de la siguiente forma: 1) Declarar que las sociedades Coffee Zombi S.A., cédula jurídica 3-101-461232 y Valle Perdido Dos S.A., cédula jurídica 3-101-350128, carecen de derecho de propiedad con justo título anterior a la afectación demanial y oponible al Estado, lo mismo que de concesión para el aprovechamiento legítimo de la zona restringida de la zona marítimo terrestre descrita en los oficios DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021 del Instituto Geográfico Nacional. 2) Declarar que es de dominio público el área de la zona marítimo terrestre que comprende el inmueble 6-150867-000, plano P-1100396-2006, en un 32% de su cabida, equivalente a 4932,28 m2, y en la que regirán las potestades de autotutela demanial a cargo de la Administración activa competente. Ante ello, se declarará la nulidad parcial de la matrícula 6-150867-000, plano P-1100396-2006, originada el 28 de febrero de 2007, con la presentación de la escritura número 196 otorgada ante la notaria Lucrecia Rojas Calvo a las 9:00 hrs. el 7 de diciembre de 2006 (tomo 569, asiento 84750), comprendiendo esa nulidad también a ésta última, en tanto abarcó para la cabida del inmueble en mención un 32% de la zona restringida de la zona marítimo terrestre. 3) Al acogerse la pretensión dos, y dentro del plazo de tres meses a partir de la firmeza de la sentencia, deberá Coffee Zombi S.A., por su cuenta y costo, excluir de la matrícula 6-150867-000 la zona restringida de la zona marítimo terrestre descrita en los oficios DIG-TOT-0613-2021 y DIG-TOT-0650-2021, cumpliendo las conductas necesarias para la debida ejecución, entre ellas, reducir la cabida, rectificar linderos, confeccionar nuevo plano y cancelar el número P-1100396-2006. El Juez ejecutor ejercerá todos los poderes que le confiere el ordenamiento jurídico para la plena efectividad y eficacia de la pretensión tres y dispondrá, a solicitud del Estado, todas las medidas adecuadas y necesarias para su oportuna y debida ejecución, incluida la de autorizar la protocolización de la sentencia por la Notaria del Estado para rectificar los linderos y reducir la cabida del inmueble 6-150867-000 en la porción del 32 % indicada en los oficios números DIG-TOT-0613-2021 y DIG-TOT-0650-2021, es decir, 4932,28 mts2. 4) En caso de oposición, se impondrán ambas costas y sus intereses. (Ver imágenes de la 714 a la 722 del expediente digital judicial).

 

IV.- Por escrito recibido el día 02 de diciembre de 2021 la representación de las sociedades contestaron negativamente la reconvención y en su defensa opusieron la excepción de falta de derecho. (Ver imágenes de la 751 a la 783 del expediente digital judicial).

V.- Por auto de las 10:26 horas del 13 de noviembre de 2020, se declaró en rebeldía a las sociedades TERRA-MARE UNUS S.A. y TERRA-MARE DUO S.A. por no haber contestado en tiempo y forma la demanda. (Ver imagen 375 del expediente digital judicial).

 

VI.- La Audiencia Preliminar se realizó el día 09 de mayo de 2022, en presencia de las partes, se definieron las pretensiones de la demanda y reconvención, se reservó para sentencia las excepciones de prescripción y caducidad para sentencia. Se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba documental y testimonial pericial. (Ver imágenes de la 907 a la 916 del expediente digital judicial).

 

VII.- Que el juicio oral y público fue celebrado el 9 de enero de 2024. En la misma en lo que resulta relevante, se recibió el alegato de apertura, se evacuó la prueba testimonial y pericial y finalmente las partes rindieron sus alegatos de conclusiones y este Tribunal dispuso darle al presente proceso el trámite previsto en el artículo 111, inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Respaldo digital judicial).

 

VIII.- Que en los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados.

 

Redacta el Juez Salas Leitón;

CONSIDERANDO:

I.- DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER OFRECIDA: Por escrito de fecha 10 de junio de 2022, la representación de las sociedades actoras solicitó a título de prueba para mejor resolver; que este Despacho procediera a solicitar al Instituto Geográfico Nacional determinara con base en los mojones originales que sirvieron de base para la creación y publicación del Plan Regulador vigente del Sector en Garabito, Playa Hermosa, publicado en La Gaceta No.30, el 12 de febrero de 1992, lo siguiente: Realizar una sobre posición gráfica del plano P-1100396-2006 del inmueble 6-150867-000, así también de los inmuebles 6-45951-000 y 6-32362-000 sobre las ortofotos oficiales, en relación a los mojones originales que sirvieron para la creación del Plan Regulador vigente publicado en La Gaceta No. 30, el 12 de febrero de 1992, a fin de determinar con dichos mojones originales, si algún sector de dichos inmuebles corresponden a Zona Marítimo Terrestre, según la demarcación realizada por el IGN que dio origen al Plan Regulador vigente que utiliza la Municipalidad de Garabito, publicado el 12 de febrero de 1992. También, por escrito de fecha 23 de noviembre de 2023, la representación de las sociedades actoras presentó a título de prueba para mejor proveer, el Informe Registral de la finca del Partido de Puntarenas No. 00045951 con una cabida de 240.795.30 m2. donde consta que sobre esa propiedad existe una anotación que es la presentación realizada el día 04 de octubre de 2023 de la escritura pública No. 39 del Protocolo de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo de fecha 26 de diciembre de 2007, en la que compareció la representación de Saraguez Ltda como titular de dicho inmueble y los representantes de la sociedad Valle Perdido Dos S.A. y la primera vendió a los segundos por un monto de 500 mil colones un "resto reservado" de la citada finca. La anterior a efectos de acreditar su derecho de propiedad sobre el indicado "resto reservado". En atención a la ya conocida admisión facultativa de la prueba para mejor resolver, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el rechazo de la misma no produce la indefensión de las partes. Entre otras sentencias, se transcribe en lo que interesa el texto de la número 547-F2002 de las dieciséis horas del doce de julio de dos mil dos, que indica: “(…) IV.- Múltiples precedentes de esta Sala, refiriéndose a la prueba para mejor resolver, han señalado que esta es prueba del juez, y no de las partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna. Ergo, la omisión de pronunciamiento a su respecto, precisamente porque ha sido rebasada la etapa probatoria, en la cual deben las partes demostrar los hechos constitutivos de su derecho, según lo imponen las normas sobre la carga de la prueba y precluida aquella etapa, será facultad exclusiva del juzgador, determinar si deben allegarse a los autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión del litigio. Pueden consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones; 59 de las 15:20 horas del 31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992, 34 de las 10:45 horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993. (…)”.  En abono a lo anterior, la sentencia número 29-1995 de las quince horas treinta minutos del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco, también dictada por la Sala Primera, aclara lo siguiente: “(…) Dentro de las facultades instructoras y ordenatorias del juez, está la de ordenar prueba para mejor proveer (artículo 97, inciso 2, y 331 del Código Procesal Civil), cuando las probanzas por practicar tengan una influencia decisiva en el resultado del proceso (…). El aspecto medular de la prueba para mejor proveer es su carácter facultativo o discrecional, no pudiendo ser exigida por las partes; su ordenación depende enteramente, de la iniciativa, prudente y criterio del órgano jurisdiccional, consecuentemente su denegatoria no causa indefensión alguna”. Dicho todo esto, estima esta Cámara que la petición planteada, no resulta pertinente, útil y necesaria para resolver el fondo de la presente litis, pues es claro que las sociedades actoras adquirieron las propiedades entre el año 2006 y el año 2009, cuando en la zona resultaba aplicable para delimitar la zona marítimo terrestre tanto pública como restringida, el amojonamiento realizado por el Instituto Geográfico Nacional publicado en la Gaceta No. 193 del 8 de octubre de 2003, y no el amojonamiento utilizado para la elaboración del Plan Regulador publicado en la Gaceta No. 30 del 12 de febrero de 1992. De manera que determinar si con base en el Plan Regulador publicado en La Gaceta No. 30, el 12 de febrero de 1992 y los mojones considerados para esos efectos; algún sector de los inmuebles 6-150867-000 (plano P-1100396-2006), 6-45951-000 y 6-32362-000 no se correspondía en aquel momento con la Zona Marítimo Terrestre, no tendría pertinencia, pues es claro que el amojonamiento considerado en el año 1992 quedó sin efecto con la nueva demarcación realizada por el IGN publicado en la Gaceta No. 193 del 8 de octubre de 2003, y por tanto se inadmite. Se admite la prueba ofrecida el día 23 de noviembre de 2023 (certificación registral de fecha 15 de noviembre de 2023, y copia de la escritura 29 de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo) por tener relación con el punto que se dicute.

 

II.- ARGUMENTOS DE LAS SOCIEDADES ACTORAS: Que la sociedad Coffee Zombi S.A. adquirió el día 7 de diciembre de 2006 por escritura pública otorgada por la Notaria Lucrecia Rojas Calvo  el inmueble del partido de Puntarenas No. 6-150867-000 con plano catastrado No. P-1100396-2006. Inmueble que asegura colinda al sur con la ZMT de la Municipalidad de Garabito según Plan Regulador publicado en la Gaceta No. 30 del 12 de febrero de 1992. Que la sociedad Valle Perdido Dos S.A. adquirió las siguientes propiedades: a) El día 26 de diciembre de 2006 por escritura pública otorgada por la Notaria Lucrecia Rojas Calvo de la sociedad Saraguez S.A. el resto de la finca madre no pudiendo inscribirse esa parte por no poder levantarse el plano por estar invadida por los aquí demandados describiendo esa porción como "resto reservado" hasta que se pueda obtener el plano catastrado. b) El día 11 de marzo de 2009 por escritura pública adquirió otro inmueble que fue segregado de la finca madre con plano No. P-981391-1991. Que la Municipalidad de Garabito dispuso por las vías de hecho de 365.26 mts2 y bajo expediente No. 1407-98 otorgó la concesión No. ZM1926 -junto con otro terreno que es parte de la ZMT bajo su administración- al señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, inscrita bajo matrícula No. P-001360-Z-000 con una cabida de 700.15 mts2, de los cuales 365.26 mts2 son propiedad de la sociedad Valle Perdido 2 S.A. En otro orden de ideas, acusó que el señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, invadió adicionalmente una área de 494.74 mts2 del terreno propiedad Coffee Zombi S.A. Que la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. con base en el plano No. P-1077275-2006 solicitó a la Municipalidad de Garabito una concesión sobre la ZMT la cual se tramita bajo expediente No. 1539-00 con una cabida de 1430 mts2 de los cuales 493mts2 pertenecen a la sociedad Valle Perdido Dos S.A. (del inmueble que fue segregado de la finca madre No. P-981391-1991). Que la Municipalidad de Garabito tramitó bajo expediente administrativo No. 1162-95 solicitud de concesión sobre la ZMT y le otorgó a las sociedades TERRA-MARE UNUS S.A. y TERRA-MARE DUO S.A. una concesión sobre la ZMT inscrita a matrícula del partido de Puntarenas No. 000114-000 y la No. 000115-000 ; sin embargo acusó que ambas sociedades extendieron su dominio otorgado sobre la concesión e invadieron una porción de terreno de 266 mts2 propiedad de Valle Perdido Dos S.A. Lo anterior conforme a los planos Nos. P-237603-1995 y P-237605-1995. Daños reclamados: 1) A LA MUNICIPALIDAD: i. Que otorgó la concesión ZM-1926 al señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO inscrita bajo No. P-001360-Z-000 con una cabida de 700.15 mts2 de los cuales 365.26 pertenecen a Valle Perdido Dos S.A. ii Que está tramitando una concesión sobre la ZMT a nombre de la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. con una cabida de 1430 mts2 de los cuales 493mts2 pertenecen a la sociedad Valle Perdido Dos S.A. 2) DE LAS CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A.: Por haber realizado el plano catastrado No. P-1077275-2006 describiendo un terreno de 1430mts2 de los cuales 493m2 pertenecen a la sociedad Valle Perdido Dos S.A. 3) DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO: Sin tener concesión alguna, invadió una porción de terreno de 494.74 mts2 pertenecientes al inmueble propiedad de la sociedad Coffee Zombi S.A. inscrito en el partido de Puntarenas a folio real No. 150867-000 con plano catastrado No. P-1100396-2006. 4) DE LAS SOCIEDADES TERRA-MARE UNUS S.A. y TERRA-MARE DUO S.A.: Por haber invadido 266m2 propiedad de la sociedad Valle Perdido Dos S.A. En la audiencia complementaria de juicio oral y público reiteró: Que sus representadas acuden a esta jurisdicción con el fin de que se le restituyan las las porciones de terreno que fue tomado ilegítimamente por el señor José Antonio Chavarría Picado, Cabinas Arenas Calientes de Jacó y Terra Mare Unus y Terra Mare Duo. Sostuvo que en el plano de la finca madre No. 981391-91 describe en su parte baja el lote donado por Doña Isidora y Doña Rosario a la Municipalidad de Garabito para que pudiesen elaborar el plan regulador creado en el año de 1987 y vigente a la fecha. Alegó que sus representadas adquirieron el inmueble en tractos. Que en el año 2007 adquirieron 1964 m2 de Saraguez Ltda. y que no se pudo levantar plano porque de los 1964 m2; 1124 estaban invadidos por los accionados y por ello se denominó esa porción como resto. Acusó que José Antonio Chavarría Picado el día 30 de abril de 2010 se apropió directamente de 494.74 m2 propiedad de Coffee Zombi, cercándolo con una malla ciclón, sin que a la fecha el señor Chavarría Picado haya acreditado fuese su dueño, concesionario o permisionario. Continuó indicando que el señor Chavarría Picado utilizó el plano No. 566770-1999 para solicitar una concesión de un  terreno que está al lado del que invadió. Que la Municipalidad le otorgó al señor Chavarría Picado en el año 2000 una concesión sobre un terreno de 700.15m2 de los cuales 365.26m2 son propiedad de Valle Perdido Dos confeccionando para ello el plano P-480899-98 correspondiéndose con el inmueble inscrito al partido de Puntarenas No. 6-0001361-Z-000, de manera que la Municipalidad otorgó en concesión una porción de 365.26 m2 propiedad de Valle Perdido Dos en clara violación a la propiedad privada y ahora se escudan diciendo que conforme al amojonamiento realizado por el IGN en el año 2003, dicha zona constituye parte de la zona marítimo restringida. Por ello solicitó que en sentencia se haga respetar el Plan Regulador del año 1992; anule la concesión identificada como la No. 1926, correspondiente a la propiedad del partido de Puntarenas No. 6-0001360-Z-000 y se ordene la inmediata devolución de los 494.74 m2 propiedad de Coffee Zombi invadido por el señor Chavarría Picado y los 365.26m2 otorgados por la Municipalidad en concesión propiedad de Valle Perdido Dos o en su defecto la cancelación de su valor conforme al monto establecido pericialmente. Indicó también, que la Municipalidad está valorando otorgar a la sociedad Arenas Calientes de Jacó una concesión sobre un inmueble de 1430 m2 conforme al plano P-1077275-06 y 493 m2 de esos 1430m2 son propiedad de Valle Perdido Dos, excediéndose de los límites de la zona marítimo terrestre conforme al Plan Regulador de 1992. Que su representada se quejó a la Municipalidad y lo que le indicaron fue que la franja de terreno descrita entre la zona restringida según el plan regulador de 1992 y la finca No. 150867-000, no posee propietario particular por lo que conforme al artículo 35 de la Ley No. 6043 su administración le corresponde a la Municipalidad. Sin embargo reiteró que con la compra por parte de Valle Perdido Dos de la finca 45951-000 se demuestra  que ese resto que la Municipalidad dice no pertenecerle a nadie, en realidad forma parte integral de su inmueble. Que a imágenes de la 1032 a la 1046 consta los traslados de propiedad de Isidora a Rosario a Saraguez y finalmente a Valle Perdido Dos y la escritura suscrita el día 26 de diciembre de 2007. Que la Municipalidad es del criterio que con el nuevo amojonamiento puede dar ese terreno en concesión, lo que constituye una violación al numeral 45 constitucional. Solicitó que se le prohíba a la Municipalidad la solicitud de concesión presentada por Cabinas Arenas Calientes de Jacó con base en el plano P-1077275-2006. Que de esta forma Arenas Calientes de Jacó solicitó a la Municipalidad una concesión aportando el citado plano en el que se tomó para su elaboración las distancias consignadas en el amojonamiento que realizó el IGN en el año 2003 y no conforme a la delimitación que consideró el Plan Regulador del año 1992. De ahí que tanto la Municipalidad como Cabinas Arenas Calientes deben acatar las distancias contempladas en el Plan Regulador de 1992. Por ello solicitó que se anule el plano No. 1077275-2006 y se ordene el desalojo inmediato de los 493m2 o en su defecto se le indemnice conforme al valor asignado pericialmente. Finalmente respecto a Terra Madre Unus y Dos acusó que estas sociedades si bien tienen un concesión sobre la zona marítimo terrestre en la zona, sin justificación alguna irrespetaron el terreno otorgado en concesión e invadieron de la propiedad de la propiedad de Valle Perdido Dos un total de 266 m2 y por ello solicitó que en sentencia se les ordene desalojar dicho inmueble o en su defecto se les cancele su valor fijado pericialmente. Al ICT porque simplemente se limita a decir que en la zona hubo un nuevo amojonamiento y eso pudo generar las diferencias que se acusan. Finalmente a la Procuraduría ya que esta dice que Coffee Zombi inscribió indebidamente una área de un 32% que hoy es zona marítimo terrestre y que ello fue confirmado por el IGN en sendos oficios y que a la fecha Coffee Zombi no tiene terrenos que inscribir. Con base en lo anterior solicitó que en sentencia se disponga: En relación a la MUNICIPALIDAD DE GARABITO: 1) Que se declare la responsabilidad objetiva de la Municipalidad de Garabito por resultar disconforme con el ordenamiento jurídico el otorgamiento que hizo al señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, de la concesión número ZM 1926 inscrita bajo la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas, 001360-Z-000, sobre un terreno de 700.15 metros cuadrados de terreno; donde 365.26 m2 pertenecen a Valle Perdido Dos S.A. lo que le ocasionó daños en su patrimonio por violación al derecho de propiedad privada y por ende se anule la indicada concesión y se ordene a la Municipalidad de Garabito respetar el limite dispuesto por el Plan Regulador Vigente publicado en La Gaceta No.30, el 12 de febrero de 1992. 2) Que se declare violatorio del ordenamiento jurídico y a la propiedad privada el proceder de la Municipalidad de Garabito al permitir tras el cobro de un canon a la sociedad CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. el uso provisional  sobre una porción de terreno de 493 m2 incluidos en el plano P-1077275-2006 que pertenecen a Valle Perdido Dos S.A. Que se le prohíba a la Municipalidad realizar el estudio de la solicitud de concesión de CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. utilizando para ello el citado plano. 3) Que se condene a la Municipalidad de Garabito, a pagar los daños ocasionados a Valle Perdido Dos S.A, los cuales se establecerán pericialmente y al pago de ambas costas. Sobre la sumas establecidas se deberá reconocer su indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. En relación a la demanda interpuesta contra el señor JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO: 1) Que se declare que invadió ilegalmente -al no contar con título ni concesión-, un área de 494.74 m2 de terreno, de la propiedad inscrita en el partido de Puntarenas, a folio real número 6-150867-000; con plano catastrado P-1100396-2006 a nombre de la sociedad Coffee Zombi S.A. Porción de terreno que deberá ser devuelta en forma inmediata una vez firma la sentencia. 2) Que se le condene a pagar los daños ocasionados los cuales se establecerán pericialmente y al pago de ambas costas. Sobre la sumas establecidas se deberá reconocer su indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. En relación a la demanda interpuesta contra CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A.: 1) Que se declare que es un acto violatorio del ordenamiento y de la propiedad privada y se le prohíba a la accionada, presentar solicitud de concesión ante la Municipalidad de Garabito utilizando para ello el plano P-1077275-2006, donde 493 m2 de terreno pertenece a Valle Perdido Dos S.A. 2) Que se anule el plano P-1077275-2006 por incluir 493 m2 de terreno perteneciente a Valle Perdido Dos S.A. 3) Que de estar dicha empresa en posesión de los terrenos propiedad de Valle Perdido Dos S.A. se ordene su desalojo de inmediato. 4) Que se le condene a pagar los daños ocasionados los cuales se establecerán pericialmente y al pago de ambas costas. Sobre la sumas establecidas se deberá reconocer su indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. En relación a la demanda interpuesta contra TERRA-MARE UNUS S.A. y TERRA-MARE DUO S.A.: Pretensión Principal: 1) Que se les declare responsables por haber invadido 266 m2 propiedad de Valle Perdido Dos S.A., adquirida el día 26 de diciembre del 2007 de SARAGUEZ LTDA, según escritura pública No. 29 del protocolo de la Notario Lucrecia Rojas Calvo, y que no les permite inscribir la totalidad de dicha compraventa por no poder confeccionar el plano catastrado y se les condene al pago de esa porción de terreno. Monto que se establecerá pericialmente. 2) Que se les condene al pago de los daños cuya cuantificación se determinará en forma definitiva con la prueba pericial solicitada y al pago de las costas procesales y personales de esta acción, así como a los intereses y la indexación de las sumas que se otorguen en sentencia hasta el efectivo pago. Pretensión Subsidiaria: De no acogerse la pretensión principal; se ordene la puesta en posesión inmediata a Valle Perdido Dos S.A. de los 266 m2. La representación municipal indicó: Que la sociedad Valle Perdido Dos S.A. adquirió la totalidad del resto de la finca No. 6-032362-000 y parte de la finca No. 6-045951-000 y mediante plano No. P-981391-1991 reunió parte de la finca No. 6-045951-000 y parte de la finca No. 6-032362-000. Que de esa forma el plano No. P-981391-1991 no se corresponde con la finca No. 6-045951-000. Que el plano No. P-981391-1991 sólo se corresponde en parte con la finca No. 6-045951-000. Que a partir de dicha aclaración se establece que no es posible afirmar que la porción de terreno existente entre la zona restringida de la ZMT y el límite de la finca No. 6-150867-000 cuya titular es la sociedad Coffee Zombi S.A., sea una porción de terreno adquirido por la sociedad Valle Perdido Dos S.A., por lo que conforme al artículo 35 de la LSZMT No. 6043 la administración y custodia de esa porción de tierra le corresponde a la Municipalidad de Garabito. Que al 24 de agosto de 2020 la finca No. 6-045951-000 pertenecía a la sociedad Saraguez situada en el Distrito de Cóbano, sin plano que permita ubicarla. Que si bien el plano No. P-981391-1991 dio origen a la concesión No. 6-1360-Z-000 a nombre del señor José Antonio Chavarría Picado, abarcando para el 19 de julio de 2000 áreas fuera del límite del Plan Regulador vigente en Playa Hermosa, dicha porción no había sido reducida a propiedad privada mediante título habilitante y por ello la custodia y administración de dicha porción de terreno le correspondió a la Municipalidad de Garabito conforme al artículo 35 de la LSZMT No. 6043. Que a partir del amojonamiento realizado por el IGN  y publicado en la Gaceta No. 193 del 08/10/2003 (antes del negocio de de Valle Perdido Dos S.A. y la sociedad Saraguez Ltda) toda la concesión No. 6-1360-Z-000 quedó dentro de la zona restringida de la ZMT y en la actualidad se encuentra en proceso de renovación (Venció el 19/7/20) y el Plan Regulador de Playa Hermosa se encuentra en revisión. Que el terreno que describe el plano P-1077275-2006 es objeto de una solicitud de concesión por parte de la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. y dicho terreno conforme al amojonamiento realizado por el IGN publicado en la Gaceta No. 193  del 8/10/2003, se encuentra dentro de la zona restringida de la ZMT. El señor José Antonio Chavarría Picado, en lo de interés indicó que el Concejo Municipal de Garabito por acuerdo adoptado en su sesión ordinaria No. 132, artículo III, C, del 19 de julio del 2000 le otorgó en concesión la finca identificada como la No. 6-1360-Z-000 con plano catastrado No. P-480899 del 31 de mayo de 1998 con una cabida de 700.15 mts2. Rechazó que ese inmueble forme parte de la propiedad de las actoras. La representación de la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. señaló que al oeste de la propiedad No. 6-1360-Z-000 con plano No. P-0480889-1998, con una cabida de 700.15 mts2 a nombre del señor José Antonio Chavarría Picado existe una zona que forma parte de la ZMT con una área de 1430.00 mts2 con plano catastrado No. 6-1077275-2006. Que sobre ese inmueble tramitó una solicitud de concesión ante la Municipalidad de Garabito. La representación del ICT indicó: Que la Municipalidad de Garabito remitió al ICT el expediente administrativo mediante el que se tramitó el otorgamiento de la concesión a nombre del señor José Antonio Chavarría Picado, bajo código 611323, en el que se localiza el plano catastrado No. 480899-98 que define el área de 700.15 mts2 y otorgado por esa Municipalidad. Plano que presenta el amarre a mojones del IGN No. 9-B y 10-B, mojones localizados en la lámina de zonificación del Plan Regulador de Playa Hermosa de Garabito. Que en el expediente remitido se indicó que no hubo oposición al edicto publicado por el señor Chavarría Picado en la Gaceta No. 83 del 21 de octubre de 1998 y por ende el expediente remitido se encuentra acorde para la zona de alojamiento turístico. Que en el oficio G-1567-2000 del 14 de julio de 2000 se otorgó por parte de la gerencia del ICT el aval para su trámite final. Señaló que el IGN publicó en la Gaceta No. 193 del 08 de octubre de 2003 una nueva demarcación de la zona pública de la ZMT, derogando los mojones 9-B y 10-B lo que implica una variación a las condiciones originales de la época en que fue resuelto ese trámite, ya que podría incidir sobre el límite posterior a los 150 mts de la ZMT. La representación estatal manifestó: Que el inmueble 6-150867-000 con plano P-1100396-2006 inscrito a nombre de Coffee Zombi S.A. abarca en un 32% de su cabida, terrenos que forman parte de zona marítimo terrestre conforme con los oficios del IGN números DIG-TOT-0613-2021 y DIG-TOT-0650-2021. Que esos oficios coinciden con el informe del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario de fecha 7 de noviembre de 2017 dentro del expediente 2017-818-RIM. Rechazó lo afirmado por Valle Perdido Dos S.A. respecto a la falta de área por inscribir que dice adquirió de la sociedad Saraguez Limitada, pues como se aprecia en las sobreposiciones de ortofoto contenidas en el informe del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario; el lindero sur del plano P-1064849-2006 asociado a la matrícula 6-147342-000, coincide con el graficado por el plano P-1100396-2006 (ligado a la matrícula 6-150867-000) y por consiguiente, no hay en ese sector resto por inscribir a su nombre pues se trata también de áreas de la zona marítimo terrestre según la información contenida en los oficios DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021. Que el plano P-981391-1991 no está asociado a ninguna de las matrículas 6-147342-000 y 6-150867-000 inscritas a nombre de las accionantes. Que tampoco se aportó prueba de haber estado asociado registralmente a las fincas madres, más allá de los datos que consigna en su cajetín. Que se aporta copia certificada del plano P-981391-1991 donde se aprecia por el sur y oeste la franja de la milla marítimo que refiere estar en concesión de Saraguez Ltda, ello por cuanto la contenida en informe privado, que corre a página 4 de la carpeta judicial, imagen 48, resulta ilegible a ese propósito. Que de acuerdo con la sobreposición realizada en el informe del 7 de noviembre de 2017 por el Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario, el terreno descrito en el plano P-1077275-2006 (bordeado negro intermitente con fondo lila) se encuentra al sur de los planos P-1100396-2006 (color frambuesa) y P-1064849-2006 (color amarillo), dentro de la zona marítimo terrestre y esa misma situación se aprecia en el oficio DIG-TOT-0651-2021 del IGN al describir el polígono del plano P-1100396-2006 en color verde. En la audiencia complementaria de juicio oral y público la representación estatal reiteró: A) Falta de legitimación de las actoras: Que los planos en sí mismos no generan derecho alguno y que lo que genera el derecho sobre un inmueble es su publicidad registral y sobre las zonas en discusión no aparece dueño y así lo indicó la perito Marcela Anchía al manifestar que el total del resto del área que no se pudo inscribir en la escritura de compra venta a favor de Valle Perdido Dos es de 1964m2 de los cuales 1124m2 son los invadidos. Es decir, la zona en discusión no es propiedad registral de Valle Perdido Dos y en este sentido los artículos 455 y 459 del Código Civil establecen que para efectos de terceros la escritura como tal no tiene valor alguno para acreditar que son su propietarios. Que por ello las actoras no tienen el vínculo necesario con el objeto del proceso y por ende con la relación jurídico administrativa que requiere esta demanda según el artículo 10 de la CPCA. Que al no ser las actoras las dueñas registrales de la porción de terreno que reclaman como suyo, y resultando que los plano por sí mismo no acreditan dicha condición; por ende carecen de legitimación activa para acudir a esta vía a sostener un reclamo sobre un bien que no acreditan les pertenece registralmente. B) Prescripción del derecho a reclamar: Afirmó la representación que el reclamo está prescrito ya que el hecho dañoso por el que supuestamente las actoras no pudieron inscribir la totalidad del terreno a su nombre se dio el 04 de febrero de 2009, momento en que la Notaria Lucrecia Rojas Calvo solicitó al Registro Público inscribir el inmueble parcialmente reservando un resto a condición de levantarle el plano respectivo. Sin embargo es un plano que no se puede levantar porque esa zona constituye zona marítimo terrestre. De esta forma, y siendo que la LGAP establece en su artículo 198 que el administrado tiene 4 años para reclamarle a la Administración y si la demanda se notificó al Estado el día 27 de setiembre de 2021, es claro que el reclamo está prescrito. (Ver voto Sala 1 No. 615-2010). Que en su réplica a esta excepción la representación de las actores adujo que por tratarse de un bien de dominio público no corre la prescripción, no obstante es claro que es al estado al que no le corre plazo para plantear su reclamo, al administrado sí y por ende a las actoras le sobrevino el plazo extintivo del derecho para accionar su reclamo. Que tampoco es de recibo que el acto de inscripción parcial de la propiedad posea un efecto continuado, pues la inscripción parcial de su derecho no tiene esa condición, pues se trata de una acto jurídico de efectos instantáneos. (Ver votos 818-2018 y 1426-2002). Que la actora nunca inscribió la porción de terreno que reclama. Que el artículo 455 del C.C. establece que es el título inscrito el que surte efectos frente a terceros y como las actoras no tienen inscrito la porción de terreno que reclaman por ende carecen de legitimación y en todo caso, aún en el supuesto de que estuvieran legitimadas, el reclamo está prescrito. C) Que el reclamo versa sobre una porción de tierra que forma parte de la zona marítimo terrestre: Que conforme a la prueba ofrecida, consta el oficio del IGN No. DIG-TOC-651-2021 del 19 de octubre de 2021, donde se confirmó más allá de toda duda que la zona reclama es parte de la Zona Marítimo Terrestre y por ende inalienable (fuera del comercio de los hombres) e imprescriptible. Que la perito Marcela Anchía Garbanzo reconoció que el terreno no está inscrito a su nombre y acude al amojonamiento en la zona considerado en el Plan Regulador para sustentar su tesis, sin embargo, el amojonamiento del año 2003 no se dio con causa en un cambio generado por hechos endilgables a la naturaleza. El manglar existente ha estado en dicho lugar desde siempre y conforme a los numerales 6, 7 y 172 de la LGAP el Plan Regulador no puede vulnerar lo dispuesto en los artículos 1, 7, 9 y 10 de la Ley No. 6043. Que en todo caso el amojonamiento del año 2003 lo que hizo fue subsanar un yerro que se cometió al amojonar el área en el año de 1987, pues al medir la distancia de los 200 metros de la zona marítimo terrestre, no se respetó el manglar existente, debiendo excluir de esa medida y medir dicha área al final del manglar que se adentra a la plataforma continental. Que el amojonamiento es una potestad exclusiva y excluyente del IGN y que dicho amojonamiento se hizo por parte del IGN en el año 2003  antes de que las actoras adquirieran los inmuebles en la zona. Que la calificación de un bien como demanial no lo genera el acto de demarcación, sino que es la Ley la que califica que es público y que no. Que en este caso el manglar es de naturaleza pública porque así lo establece la Ley No. 6043 y la Ley Forestal indica que a estas zonas se les debe brindar una protección absoluta. Que de los hechos de la demanda se desprende que el lindero sur del plano P-1100396296 que describe la fina No. 6-150867. Que el plano No. P-981391-91 no está asociado a la finca No. 6-147342, ni a la 6-150867, y ya ni siquiera existe porque nunca generó título. Que al sur y al oeste se aprecia la franja de la zona marítimo terrestre en concesión se Saraguez Ltda. Que el terreno con plano P-1100390-06 se encuentra al sur del plano P-1100390-06 y P-1064849-06, todos dentro de la zona marítimo terrestre , lo cual encuentra respaldo en los oficios IGN-TOC-0651-2021 al describir el polígono del plano No. P-107727-06. Esa representación concluyó indicando que las actoras, nunca inscribieron el terreno que reclaman, por lo cual carecen de legitimación. Que aún en el supuesto de que hubiesen inscrito dicho terreno, el reclamo civil estaría prescrito. Que el plano que referenciaron, si existe, no generó derecho alguno y dichos terrenos de no estar inscritos a nombre de particular de ser susceptibles de matricula, pues residualmente pertenecen al Estado.

 

III.- HECHOS PROBADOS: De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes hechos demostrados: 1) Que el Instituto Geográfico Nacional en sus oficios DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021 indicó en su orden: "...el terreno matrícula 6150867-000, corresponde a Zona Marítimo Terrestre, según la demarcación realizada por el IGN y publicada en La Gaceta N° 193 del 8 de octubre de 2003, para lo cual indicamos: De acuerdo con su consulta, el predio descrito por el plano P-1100396-2006, ubicado en Pochotal, distrito 01 Jacó, cantón 11° Garabito, provincia 06 Puntarenas, se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre en un 32% según la demarcación realizada por el IGN y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 8 de octubre de 2003. La emisión de este criterio técnico y análisis de resultados es con base en: a) La ubicación geográfica del predio dada por el profesional responsable del plano catastrado P-1100396-2006, conforme a la hoja cartográfica Herradura 3344-I, III Edición, 1991, escala 1:50000. b) La información de referencia y levantamiento topográfico contenida en el plano catastrado P-1100396-2006. c) La cartografía básica oficial a escalas 1:1.000 y 1:5.000 según Aviso N° 01-2011 del 14 de julio de 2011 oficializado vía publicación en el Diario La Gaceta N° 146 del 29 de julio de 2011, y la base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 1:25.000, denominada CR_IGN_ IGF_BCC_25.000 (edición 2018), conforme a la Directriz N° 001-2018 del 30 de abril de 2018 oficializada vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 101 del 7 de junio de 2018. d) Los datos actualizados sobre Zona Marítimo Terrestre que posee el Instituto Geográfico Nacional. El predio descrito en el plano P-1100396-2006, corresponde al inmueble de la finca Folio Real N° 6150867-000. El presente proceso atiende la causa bajo el Expediente N° 20-002643-1027-CA. El presente criterio técnico se fundamenta en los datos anteriormente citados, sin menoscabo de las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía en el manejo y tutela de los ecosistemas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, dentro y fuera de la Zona Marítimo Terrestre..." (...) DIG-TOT-0650-2021: “En complemento a su oficio DIG-TOT-0613-2021, emitido en fecha 08 de octubre de 2021, me permito solicitarle se sirva realizar una sobre posición gráfica del plano P-1100396-2006 en la ortofoto describiendo e identificando el 32% del inmueble matrícula 6-150867-000 que se ubica dentro de la zona marítimo terrestre.” Le indicamos que, en atención a su solicitud, de forma adjunta al presente oficio, y como complemento al oficio DIG-TOT-0613-2021 estamos haciendo entrega de una lámina que muestra la sobreposición gráfica del plano P-1100396-2006 que describe el inmueble matrícula N° 6-150867-000, sobre las ortofotos oficiales del IGN (2013-2017) donde se puede apreciar en color morado el 32% que el predio se encuentra dentro de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre..." (Ver lámina infra). DIG-TOT-0651-2021: "...Asunto: Respuesta a oficio DPB-OFI-1625-2021. Expediente No. 20-002643-1027-CA. Reciba un cordial saludo. Con autorización de la dirección del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y en atención a su oficio DPB-OFI-1625-2021 de fecha 14 de octubre de 2021, recibido en nuestra secretaria vía correo electrónico, donde nos solicita: “…certificarnos si el terreno que se incluye en el plano P-1077275-2006 excede la zona marítimo terrestre invadiendo propiedad privada, según la demarcación por ustedes realizada y publicada en La Gaceta N°193 del ocho de octubre del 2003…” El predio descrito en el plano P-1077275-2006, se localiza en su totalidad dentro del Patrimonio del Estado constituido por la Zona Marítimo Terrestre, la emisión de este criterio técnico y análisis de resultados es con base en: a) La ubicación geográfica del predio dada por el profesional responsable del plano P-1077275-2006, conforme a la hoja cartográfica Herradura 3244-I, III Edición, 1991, escala 1:50000. b) La información de referencia y levantamiento topográfico contenida en el plano catastrado P-1077275-2006. c) La cartografía básica oficial a escalas 1:1.000 y 1:5.000 según Aviso N° 01-2011 del 14 de julio de 2011 oficializado vía publicación en el Diario La Gaceta N° 146 del 29 de julio de 2011, y la base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 1:25.000, denominada CR_IGN_ IGF_BCC_25.000 (edición 2018), conforme a la Directriz N° 001-2018 del 30 de abril de 2018 oficializada vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 101 del 7 de junio de 2018. d) Los datos actualizados sobre Zona Marítimo Terrestre que posee el Instituto Geográfico Nacional. De forma adjunta al presente oficio, estamos haciendo entrega de una lámina que muestra la sobreposición gráfica del plano P-1077275-2006 y su relación con la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre, demarcada por el IGN y publicada en la Gaceta N° 193 del 8 de octubre de 2003..." (Ver lámina infra). 2) Que por Escritura Pública No. 196 del Protocolo de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo del 07 de diciembre de 2006, la sociedad Valle Perdido II S.A. de su finca inscrita en el Partido de Puntarenas No. 147352-000 con plano P-1064849-000 con una cabida de 163.995.12 m2 sita en el Distrito Primero Jacó, cantón 11 Garabito del Partido de Puntarenas, segregó y vendió a la sociedad Coffee Zombi S.A. un lote con una cabida de 14.413.39 m2 que dio paso a la finca inscrita en el Registro Público No. 150867-000 con plano No. P-1100396-06. (Ver imagen 86 y 87 del expediente digital judicial). 3) Que el Registro Nacional de la Propiedad en su certificación de fecha 15 de noviembre de 2023 ubicó el inmueble No. 45951-000  en el Distrito 11 Cóbano, Cantón 01 de la Provincia de Puntarenas. (Ver prueba admitida para mejor resolver.) 4) Que en el informe pericial aportado por las sociedades actoras, los puntos para medir la distancia de los 200 metros de la zona marítimo terrestre se consideró el amojonamiento contemplado en el Plan Regulador de 1992 (amojonamiento de 1987) y no los puntos de referencia del amojonamiento realizado en el año 2003.  (Ver imagen 45 a la 61 del expediente digital judicial).

 

IV.- HECHOS NO PROBADOS: No se logró acreditar en el presente asunto lo siguiente: 1) Que el "resto reservado" de la finca No. 45951-000, que indicó la Notaria Lucrecia Rojas Calvo en su Escritura Pública No. 29 del Protocolo del 26 de diciembre de 2007, sea propiedad registral de la sociedad Valle Perdido II S.A. y que dicha propiedad se ubique en el Distrito 1, Jacó, Cantón 11 Garabito, Puntarenas. (ya que el Registro Público en su certificación de fecha 15 de noviembre de 2023 ubicó el inmueble No. 45951-000  en el Distrito 11 Cóbano, Cantón 01 de la Provincia de Puntarenas). (No se ubica prueba en este sentido). 2) Que el amojonamiento realizado por el Instituto Geográfico Nacional en el año 2003 y respectivo cambio de distancias en la ZMT, se diera con causa en un cambio en las condiciones topográficas de la zona debido a causas naturales, en los términos que lo indica el numeral 24 de la Ley No. 6043. (No hay prueba en tal sentido). 3) Que la Municipalidad de Garabito entregara en la concesión identificada como la No. ZM-1926 al señor José Antonio Chavarría Picado una porción de terreno de 365.26 m2 pertenecientes a la propiedad privada de la sociedad Valle Perdido II S.A. que describió como el "resto reservado" de la finca del Partido de Puntarenas inscrita a matrícula folio real No. 4595-000 sita en Cóbano. (No hay prueba en tal sentido). 4) Que en el plano No. P-1077275-2006 a nombre de Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. se hayan incluido 493 m2 pertenecientes a la propiedad privada de la sociedad Valle Perdido II S.A. que describió como el "resto reservado" de la finca del Partido de Puntarenas inscrita a matrícula folio real No. 4595-000 sita en Cóbano. (No hay prueba en tal sentido). 5) Que las sociedades Terra Mare Uno y Terra Mare Dos, invadieran una porción de terreno de 266 m2 propiedad privada de la sociedad Valle Perdido II S.A. que describió como el "resto reservado" de la finca del Partido de Puntarenas inscrita a matrícula folio real No. 4595-000 sita en Cóbano. (No hay prueba en tal sentido). 6) Que el señor José Antonio Chavarría Picado  invadiera una porción de 494.74 m2 propiedad de Coffee Zombi S.A. (No hay prueba en tal sentido). 7) Que la zona marítimo terrestre que abarca la propiedad a nombre de Coffee Zombi del partido de Puntarenas No. 6-150867-000 con plano P-110396 se hubiese inscrito como tal, de conformidad en el Transitorio III de la Ley No. 4558 de 1970. (No se ubica prueba en ese sentido).

 

V.- DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA: 1) La representación de las sociedades actoras sostuvo en su demanda que la Municipalidad de Garabito les afectó su derecho de propiedad consagrado en el numeral 45 constitucional en razón que le otorgó al señor José Antonio Chavarría Picado una concesión identificada como número ZM 1926 inscrita bajo la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas, 001360-Z-000, sobre un terreno de 700.15 m2 de los cuales aseguró 365.26 m2 forman parte del "resto reservado" de la finca No. 45951 sita en el Distrito 01 Jacó, Cantón 11, Garabito de la Provincia de Puntarenas, que la sociedad Valle Perdido Dos S.A. adquirió de la sociedad Saraguez Ltda. mediante escritura pública No. 29 del Protocolo de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo de fecha 26 de diciembre de 2007. También acusó que la Municipalidad de Garabito se encuentra analizando la solicitud de concesión que presentó la representación de la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. utilizando para ello el plano No. P-1077275-2006 con una cabida de 1430m2 de los cuales 493m2 también son parte del "resto reservado" de la finca No. 45951. Por lo anterior solicitó que se anule la concesión No. ZM 1926 y se le restituyan los 365.26 m2 o en su defecto se condene a la corporación municipal al pago del valor que sobre dicha porción de terreno estableció el perito valuador Luis Eduardo Vargas Méndez, y que sobre dichos montos de les reconozca la indexación e intereses contabilizados desde la presentación de la demanda y hasta el efectivo pago. También solicitó que se le ordene a la Municipalidad respetar los linderos de la zona marítimo terrestre contemplados en el Plan Regulador de 1993, conforme al amojonamiento levantado en el año de 1987 y se abstenga conocer la solicitud de concesión que presentó la representación de la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. y de otorgar la concesión se condene a la corporación municipal al pago del valor que sobre dicha porción de terreno estableció el perito valuador Luis Eduardo Vargas Méndez. Respecto al señor Chavarría Picado en lo personal, solicitó que en sentencia se le ordene la inmediata devolución de los 494.74 m2 propiedad inscrita en el partido de Puntarenas, a folio real número 6-150867-000; con plano catastrado P-1100396-2006 a nombre de sociedad Coffee Zombi S.A. Igualmente solicitó se orden a la representación de las sociedades TERRA-MARE UNUS S.A. y TERRA-MARE DUO S.A. la devolución inmediata de los 266 m2 que también aseguró forman parte del "resto reservado" de la finca que identificó como la No. 45951 que que la sociedad Valle Perdido Dos S.A. adquirió de la sociedad Saraguez Ltda. mediante escritura pública No. 29 del Protocolo de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo de fecha 26 de diciembre de 2007, o en su defecto se les ordene el pago del valor establecido pericialmente mas su indexación e intereses desde la presentación de la demanda y hasta su firmeza definitiva. La representación del ICT y del Estado opusieron en su defensa la excepción de falta de legitimación ad causam activa señalando en lo medular que los planos no generan derecho alguno y que el derecho de propiedad sobre un inmueble lo genera exclusivamente su publicidad registral. Que en tal sentido los artículos 455 y 459 del Código Civil establecen que para efectos de terceros la escritura como tal no tiene valor alguno para acreditar que son su propietarios. Que por ello las actoras no tienen el vínculo necesario con el objeto del proceso y por ende con la relación jurídico administrativa que requiere esta demanda según el artículo 10 de la CPCA. Que al no ser las actoras las dueñas registrales de la porción de terreno que reclaman como suyo, y resultando que los plano por sí mismo no acreditan dicha condición; por ende carecen de legitimación activa para acudir a esta vía a sostener un reclamo sobre un bien que no acreditan les pertenece registralmente. Finalmente otorgada la audiencia de la contestación de la demanda por parte de la representación del ICT y del Estado -conforme a lo indicado en el artículo 70 del CPCA-; la representación de las sociedades actoras se limitó a señalar que la intervención del ICT en la presente causa fue requerida por el Despacho y por el Tribunal de Apelaciones por mediar terrenos concesionados por la Municipalidad de Garabito, con intervención del ICT en su aprobación indicando, "...de ahí que las excepciones de falta de derecho y la excepción de falta de legitimación ad causam activa y pasiva no tiene asidero jurídico, son improcedentes y por ello deben rechazarce (sic) dada la necesaria intervención de dicho instituto sobre las pretensiones nuestras en la presente demanda..." Opuesta de esa forma la excepción de falta de legitimación ad causam activa y por tratarse dicha legitimación de uno de los presupuestos materiales, se analizará de primero ya que de prosperar, por innecesario se haría manifestación sobre el fondo del asunto. Respecto a este tipo de defensa esta Sección del Tribunal con redacción del señor Co-Juez don Felipe Córdoba indicó en su sentencia No. 106-2015-IV de las 14:00 horas del 23 de octubre de 2015: "...1.- Sobre la legitimación activa en el proceso judicial.- La legitimación es un presupuesto de fondo de todo proceso jurisdiccional y como tal, su análisis resulta obligado para los Juzgadores, incluso de oficio con todo y que no se haya opuesto la respectiva excepción. El aspecto atiende a: "... la específica situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte "eficaz". " (Gimeno Sendra, Vicente; Saborìo Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.). De esta manera, véase que se trata de la aptitud residenciada en los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso de esta naturaleza, cosa que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos, en relación directa con la conducta administrativa impugnada. Así, se dice que: "... un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados" (Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso administrativo . Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.). Si las partes intervinientes carecen de legitimación, se puede concluir que el desarrollo de todo el proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo en concreto planteado en estrados judiciales porque justamente esa falta, determinará la inexistencia de la relación jurídica entre partes. En esta jurisdicción -contencioso-administrativa- son tulelables las "situaciones jurídicas de toda persona", clarifica el inciso 1) del numeral 01 y 10, ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con las diversas manifestaciones de la conducta administrativa, de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos "un interés legítimo " derivado u originado en una relación jurídico administrativa (artículo 49 de la Constitución Política) respecto de la cual dada su situación jurídica, se pueda pedir la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico, la anulación, modificación o adaptación de la conducta administrativa, el restablecimiento, reconocimiento o declaración de una situación jurídica, la fijación de límites y reglas impuestos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de potestades administrativas, la condena de hacer alguna conducta determinada, la condena de abstención de una conducta y la condena de daños y perjuicios (artículo 42 del citado Código Procesal). Este presupuesto debe ser entendido en una doble dimensión, a saber, la legitimación activa, relativa a quien o quienes figuran como actores, referida cabalmente a la supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo alegado infringido, que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y por su parte, la legitimación pasiva , en relación a la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrenta así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. Finalmente, cobra importancia referirse a los conceptos claves para determinar si se cumple o no este presupuesto de fondo, a saber el de derecho subjetivo y de interés legítimo. El primero, ha sido definido en la doctrina nacional como "... aquel poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público (y en concreto de la Administración), por un medio coactivo, si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el Ordenamiento Jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines e intereses ." (González Camacho, Óscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo II. El Control Judicial de la Inactividad Administrativa. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) Por su parte, el segundo es sustancial, no procesal, en tanto forma parte de la esfera jurídica material del administrado, que: "debe llevar aparejado un beneficio como consecuencia de la eliminación de la actuación administrativa, o un perjuicio derivado de su mantenimiento, beneficio o perjuicio que pueden ser, tanto materiales o jurídicos, como de índole moral, religioso, científico o económico (257 LGAP)" (Gimeno Sendra, Vicente; Saborìo Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); y como tal, requiere ser legítimo, esto es, resulta imprescindible que esté amparado, aunque sea de manera indirecta, en el ordenamiento jurídico. Éste ha sido el sentido en el que se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, al señalar: "... Se hace necesario en consecuencia reiterar el concepto de legitimación que descansa, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, en la necesaria correspondencia que ha de existir entre el actor demandante y el titular del derecho o interés legítimo pretendido. Constituye como se sabe, un presupuesto esencial de la relación jurídico procesal, imprescindible para una sentencia estimatoria. La ostenta, por lo general, aquella persona (física, jurídica, pública o privada), que sufre una lesión a consecuencia de una conducta administrativa (activa u omisiva), contra la que protesta ante el Juez, en requerimiento de la protección de su situación jurídica o de aquella que pertenece al colectivo que integra. Deriva, como se puede ver, del vínculo o relación que se mantiene con la pretensión procesal formulada." (Sentencia número 11-F-S1-2012, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de enero del dos mil doce). Cabe indicarse además, que la legitimación activa comprende dos aspectos jurídicos ampliamente diferenciables o separables: el primero "formal-procesal" que en la doctrina y jurisprudencia se ha dado en llamar “legitimatio ad procesum”, la cual tiene que ver con la capacidad procesal de quien acciona, con arreglo a la legislación civil; y en tal virtud, se refiere a la capacidad genérica de demandar o bien de deducir una determinada pretensión frente a un tercero. Para la doctrina procesal, la capacidad jurídica procesal y la capacidad de obrar procesal son dos condiciones abstractas referentes, la primera a la titularidad de los derechos, cargas y responsabilidades del proceso y la segunda, a la realización de actos procesales y recepción de sus efectos, que se reconocen en atención a cualidades o aptitudes físicas y jurídicas. El sujeto que posea capacidad jurídica procesal y capacidad de obrar procesal, está en condiciones de incoar un proceso o de defenderse en él, haciendo uso de la facultad general de accionar, o sea, de promover un proceso, reconocida a los ciudadanos, y de hacer uso de la bilateralidad de la acción. La legitimación ad processum se ha denominado también como legitimación meramente aducida o alegada. (JIMÉNEZ MEZA, Manrique, La legitimación administrativa, Editorial Investigaciones Jurídicas, 3era. ed., San José, 2000.) Esto por cuanto, esta legitimación se refiere a la titularidad que aduce tener la parte que interpone el proceso, y la cual desde luego no se demostrará tener hasta tanto no haya transcurrido la totalidad o parte importante del proceso. Y el segundo ámbito es el que se ha denominado -también- en la doctrina y jurisprudencia nacional como “legitimatio ad causam”, atinente al derecho de fondo, esto es, a la titularidad o no de una relación jurídica, que refiere a la legitimación como requisito del ejercicio del poder de acción y afecta la eficacia del proceso. A diferencia de la legitimación ad processum, este no es un requisito de validez, por lo que no debe confundirse con ella. Al tenor de lo cual, es válido concluir que la legitimación es la aptitud de ser parte en un proceso concreto, derivado de la posesión de un derecho o interés legítimo, que cuando se refiere a la capacidad de demandar en un proceso, se trata de la legitimación activa. Ésta debe estar debidamente justificada, a través de los documentos que acompañan al escrito de interposición de cualquier demanda -no importando la Jurisdicción de que se trate, sea civil, penal, de familia, contenciosa o constitucional, etc.-, entre los que necesariamente deben encontrarse los relativos a la acreditación de la representación aducida por quien ejerce el derecho acción, y en caso de no existir, el Juzgador podría declarar inadmisible el reclamo y archivar el expediente incluso de manera oficiosa, por cuanto quien acciona en tales circunstancias, no tiene un derecho a la tutela judicial efectiva de parte del ámbito jurisdiccional. En razón de lo dicho, resulta evidente que el instituto de la legitimación pertenece a la teoría general del proceso, en tanto refieren al carácter de efecto que tiene en relación con el poder de acción, es decir, opera como requisito de eficacia del fallo jurisdiccional que se requiere para la resolución del conflicto planteado. En otras palabras, es la presencia de las cualidades que condicionan la válida comparecencia de las partes en el proceso. Esto implica que el Juez tendrá por reconocida la legitimación aducida, no la legitimación sustancial, a la hora de admitir el proceso o reclamo y darle curso. Esta primera actuación del Juez no le compromete, puesto que será hasta la sustanciación del proceso que corresponde hacerse la valoración de este presupuesto de fondo, en tanto está directamente relacionado con la determinación de si hay o no una relación entre quien acciona y los derechos e intereses legítimos cuya tutela se persigue, y que como se ha indicado, constituye la base de la legitimación de todo proceso jurisdiccional. Es por ello que, la doctrina ha reconocido que el concepto de legitimación debe reservarse a la relación sujeto-objeto, por lo que en consecuencia la única legitimación que se considera es la referida a la titularidad del derecho respecto del objeto. Es una peculiar situación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respecto del objeto que se controvierte, que es lo que lo autoriza a pretender en forma eficaz, y al demandado contradecir hábilmente. (VESCOVI, Enrique, Teoría del proceso, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990.) En razón de lo anterior, no puede haber tutela ni pretensión alguna ante el Juez, sin un derecho a la acción, ejercido a través de un proceso jurisdiccional. Con esto se vincula el derecho y el interés legítimo a la pretensión, otorgándoles el rol de elemento legitimador (legitimatio ad procesum) y de presupuesto material imprescindible para su estimación definitiva en sentencia (legitimatio ad causam) donde bastaría como elemento legitimador (legitimatio ad procesum) la existencia de un interés legítimo, que en este caso se traduce en la vinculación debida entre el sujeto accionante y la pretensión esbozada en su demanda. Obviamente el análisis de este importante presupuesto de fondo de la demanda debe dejarse para sentencia, en tanto es hasta ese momento que se puede comprobar si se da la supuesta titularidad -del derecho subjetivo o interés legítimo- aducida en la interposición de la acción..." Más recientemente esta misma Sección indicó respecto a este tema: "...La representación estatal opuso en su defensa al contestar la demanda, la excepción de falta de legitimación ad causam activa, y por tratarse de una excepción de fondo, quedó reservada para sentencia. En razón de que se trata de uno de los presupuestos materiales, se analizará de primero ya que de prosperar, sería imposible conocer sobre el fondo del asunto. Dicho lo anterior, debe tenerse presente que para que una demanda pueda ser cursada, el órgano jurisdiccional debe revisar ya sea a instancia de la parte accionada o aun oficiosamente, al dictarse la sentencia, si ésta reúne los presupuestos materiales, entre estos la legitimación ad causam activa de quien acciona. Si ésta legitimación no existe, la demanda no podrá encontrar respuesta positiva. Ahora, debe advertirse que la legitimación constituye la capacidad, la aptitud para ser parte de un proceso concreto, como parte activa o pasiva, dependiendo de las condiciones que para tal efecto, la ley procesal preceptúa con relación a la pretensión que se plantea. En cuanto a la legitimación activa, el artículo 10) inciso 1), apartado a) del CPCA señala que estarán legitimados para demandar, quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o de un derecho subjetivo. Así, la legitimación deviene ya sea de la relación jurídico-administrativa establecida entre el actor y la Administración, o bien de la ley, de acuerdo a la que ella haya establecido al respecto, siempre y cuando quien acciona haya sufrido en su esfera jurídica o patrimonial una afectación. Y es que en un proceso existen dos tipos de legitimación, para la causa (ad causam) y para el proceso (ad processum). La primera (ad causam) versa en verificar si la persona que interpone la demanda tiene jurídicamente hablando un derecho que reclamar por la afectación sufrida, es decir; la parte legitimada es aquella persona que al tenor del derecho de fondo tiene una determinada relación-jurídica con el objeto del proceso, sea la pretensión. La segunda (ad processum) consiste en una cuestión procesal, en otras palabras, si quien se apersona tiene capacidad de actuar conforme a la ley o si actúa por otro con el tipo de representación legal adecuada ajustada a nuestra normativa..." (Voto No. 77-2020-IV de las catorce y treinta horas del veintinueve de julio del dos mil veinte.) 2.- Sobre los hechos que se han tenido por probados dentro de la presente causa. Las actoras presentan la demanda sosteniendo que mediante escritura No. 29 de la Notoria Lucrecia Rojas Calvo del 26 de diciembre de 2007, la sociedad Valle Perdido Dos adquirió de la sociedad Saraguez Ltda. el "resto reservado" de la finca No. 45951, cuya escritura fue presentada al Registro Nacional el día 04 de octubre de 2023. De esta forma, las actoras residencian su legitimación ad causam activa, en que en su criterio, la sociedad Valle Perdido Dos es la propietaria de ese "resto reservado" de la citada finca. Además, indican que la sociedad Coffee Zombi es titular del inmueble inscrito en el Partido de Puntarenas No. 6-150867-000 con plano P-110396. Acusaron en su demanda que la Municipalidad de Garabito les violentó su derecho de propiedad consagrado en el artículo 45 constitucional debido a que

en la concesión sobre la zona marítimo terrestre que identificó con como la No. ZM-1926 a nombre del señor José Antonio Chavarría Picado, la Municipalidad otorgó 365.26 m2 que se ubican dentro del "resto reservado" de la finca No. 45951 que aseguran es propiedad de Valle Perdido II. También acusaron que la Municipalidad se encuentra estudiando la solicitud de concesión que presentó la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó y para ello aportó el plano P-1077275-2006 que incluye una porción de su terreno de 493 m2. Que las sociedades Terra Mare Unus y Terra Mare Duo invadieron 266 m2 de su terreno. Finalmente indicaron que el señor José Antonio Chavarría Picado invadió un total de 494.74 m2 de la propiedad de Coffee Zombi No. 6-150867-000 con Plano No. P-110396-2006. Por lo anterior solicitó que se condene a la Municipalidad de Garabito, al señor José Antonio Chavarría Picado, a la sociedad Cabinas Arenas Calientes de Jacó y a Terra Mare Unus y Terra Mare Duo devolver las porciones de terreno señaladas o en su defecto se proceda a su pago conforme al valor de los terrenos establecidos pericialmente. Para acreditar su dicho, las sociedades actoras aportaron copia de la escritura No. 96 de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo del 7 de diciembre de 2006 por la que Valle Perdido Dos vendió de su finca No. 147352-000 con plano P-1064849-06 con una cabida de 163.995.12 m2 a la sociedad Coffee Zombi una porción de terreno que dio paso a la finca No. 150867-000 con plano 1100396-06 con una cabida de 15.413.39 m2. Y la escritura No. 29 de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo del 26 de diciembre de 2007 por la que la sociedad Saraguez Ltda. vendió a la sociedad Valle Perdido Dos lo que describió como el "resto reservado" de la finca No. 45951. Acto jurídico que no ha generado la creación de una finca inscrita en el Registro Nacional, ni cuenta con plano catastrado. Además aportó un peritaje de parte, realizado por los Ing. Topógrafos Jorge Segura y Marcela Anchía, a efectos de determinar la distancia de los 200 metros de la zona marítimo terrestre del lugar, con base en los mojones existentes al año 1992 fecha en que se publicó el Plan Regulado de la zona publicado en la Gaceta No. 30 del 12 de febrero de 1992. Lo anterior con el fin de acreditar que el "resto reservado" de la finca No. 45951-000 que asegura es propiedad de Valle Perdido Dos y la propiedad No. 6-150867-000 con plano P-110396-000 no se encuentran afectas a la zona marítimo terrestre. Criterio del Tribunal: Para esta Cámara la excepción de falta de legitimación ad causam activa se debe acoger y por ende declarar inadmisible la demanda en todos sus extremos en razón de lo que a continuación se detalla. La sociedad Valle Perdido Dos utiliza como única prueba para acreditar su derecho de propiedad sobre lo que denominó como el "resto reservado" de la finca No. 45951 copia de la escritura pública No. 29 del Protocolo de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo del 26 de diciembre de 2007 y certificación del Registro Nacional donde consta que dicho instrumento fue presentado al Registro Nacional hasta el día 04 de octubre de 2023. Para esta Cámara dicha prueba no alcanza para acreditar la titularidad sobre el inmueble que referenció en razón de lo siguiente. Conforme a la doctrina y jurisprudencia patria; el numeral 455 del Código Civil, establece que los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a terceros, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Dicho artículo señala: "Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se considerará como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro. Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, éstas prevalecerán sobre aquélla, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978. Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u ocurso, o de resolución que así lo declare, y el Registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones, razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos respectivos, en virtud de lo dispuesto en este artículo." La norma en comentario establece una serie de supuestos que integran lo que se ha dado en conocer como Principio de Publicidad Registral, a partir del cual, los documentos sujetos a inscripción solamente resultan oponibles a terceros que no haya participado en la suscripción del negocio inscribible, a partir de la fecha en que son presentados al Registro Público. Se trata de una consigna formal de existencia de circunstancias en torno a un determinado bien, a efectos de que terceros tengan posibilidad de conocer tal situación, dando seguridad jurídica al tráfico de los bienes y derechos inscribibles. El párrafo inicial regula precisamente la oponibilidad de esos títulos a partir del acto de presentación al respectivo registro. Luego, el párrafo segundo define y precisa quien ha de tenerse como tercero, por tanto, las personas respecto de quienes resulta aplicable el citado principio, indicando que es tercero todo aquel que no haya participado en el acto o contrato a inscribir, lo que implica que los efectos de esos negocios son oponibles entre las partes suscribientes a partir de su otorgamiento, al margen de que presentación o no para la registración. Finalmente, nótese que el artículo sanciona la omisión de presentar la escritura luego de transcurridos 3 meses desde su otorgamiento. Es por ello que este Tribunal en reiteradas oportunidades a dicho que por tratarse de un bien sujeto a inscripción, la titularidad se demuestra con la inscripción en el Registro, o por lo menos con el documento de traspaso pendiente, y será su inscripción la que genera todos los atributos del dominio, incluido, entre estos, la reivindicación o indemnización que se intenta en el presente proceso. Sin embargo, es claro que la actora no ha inscrito dicho inmueble a su nombre y lo que acredita mediante la certificación registral que aportó es que fue hasta el día 04 de octubre de 2023 que presentó la escritura No. 29 del Protocolo de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo de fecha 26 de diciembre de 2007. De manera que la presentación lo que le da es un derecho solamente sobre presentaciones posteriores a esa fecha que pudiese presentar otro gestionante pero no para acreditar su derecho de propiedad sobre ese "resto reservado" de la finca No. 45951. De manera que al no acreditar su titularidad registral carece de legitimación ad causam activa como para pedir a partir de dicha prueba, la reivindicación o la indemnización de terrenos que asegura le pertenecen, pues para encontrar respuesta afirmativa a sus pretensiones, como requisito sine qua nom, será que el inmueble se encuentre registrado a su nombre, lo cual no sucede en el presente caso. Aunado a ello, y no menos importante, es de resaltar que la Notaria Rojas Calvo en su escritura No. 29 de fecha 26 de diciembre de 2007, ubicó el "RESTO RESERVADO DE LA FINCA CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CERO CERO" (45951-000) en el Distrito 01 uno Jacó, Cantón 11 Garabito de la Provincia de Puntarenas, y el Registro Público en la certificación aportada como prueba para mejor resolver, ubica para todo efecto legal, esta finca en el Distrito 11 Cóbano Cantón 01 de la Provincia de Puntarenas. De esta forma, es notorio que la ubicación geográfica de dicha finca y el "Resto Reservado" que reclaman las actoras como propiedad de Valle Perdido II S.A. no se corresponden en una misma zona geográfica, lo cual resulta física y materialmente imposible. Del modo indicado, no acreditó la sociedad Valle Perdido II encontrarse vinculada en relación jurídica alguna con las porciones del inmueble que reclama como propias, a saber del "resto reservado" que se reitera, aseguró haber adquirido de la sociedad Saraguez Ltda. mediante escritura No. 29 del 26 de diciembre de 2007 de la Notaria Lucrecia Rojas Calvo, y si bien aporta copia de esa escritura y certificación donde consta que fue presentada ante el Registro Nacional el día 04 de octubre de 2023, es decir, aproximadamente 16 años después de su otorgamiento, ello por lo que se indicó no acredita su titularidad sobre dicho inmueble y las porciones de terreno que reclama su reivindicación o indemnización en este proceso. Finalmente tampoco logró acreditar la sociedad Coffee Zombi que el señor José Antonio Chavarría Picado este invadiendo un total de 494.74 m2 de su propiedad No. 6-150867-000 con plano P-110396-2006, y lo referenciado al respecto por los Ing. Topógrafos Anchía Garbanzo y Segura López no resulta suficiente para acreditar que esos 494.74 m2 sean parte de la finca No. 6-150867-000, ya que el estudio topográfico que se les encargó por parte de las actoras fue determinar la existencia o no de posible invasión de terrenos, sea por parte de la Municipalidad de Garabito, o bien de particulares o concesionarios en propiedad privada, "de acuerdo al Plan Regulador de la Municipalidad de garabito (La Gaceta #30 FECHA 12-2-1992)". De manera que el estudio topográfico fue llevado a cabo tomando como referencia el amojonamiento realizado por el Instituto Geográfico Nacional de 1987, sin embargo ese amojonamiento quedó sin efecto al realizarse por parte del IGN un nuevo amojonamiento en el año 2003, de forma que la actora no logra acreditar que la parte que reclama como invadida por el señor Chavarría Picado sea propiedad privada y no parte de la zona marítimo terrestre. Corolario de lo expuesto, se acoge la excepción de falta de legitimación ad causam activa y por ende inadmisible la demanda en todos sus extremos.

 

VI. EXCEPCIONES: Por la forma en que se resuelve la demanda, por innecesario se hace manifestación al respecto de las excepciones de caducidad, prescripción y falta de derecho opuestas a la demanda por parte de los accionados.

 

VII.- SOBRE LA CONTRA-DEMANDA DEL ESTADO: La representación estatal presentó contrademanda señalando en lo que interesa, que si bien la Sociedad Coffee Zombi por escritura No. 196 otorgada ante la notaria Lucrecia Rojas Calvo a las 9:00 hrs. el 7 de diciembre de 2006 adquirió de la sociedad Valle Perdido II un inmueble con una cabida de 15,413.39 m2 y que dio paso a la finca No. 6-150867-000 con plano P-1100396-2006; de conformidad con lo indicado por el Instituto Geográfico Nacional en los oficios DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021, dicho inmueble abarca un 32% de la zona restringida de la zona marítimo terrestre equivalente a 4932,28 m2. Que por ello la  la sociedad Coffee Zombi S.A. carece de derecho de propiedad con justo título anterior a la afectación demanial y oponible al Estado, lo mismo que de concesión para el aprovechamiento legítimo de ese 32% de la zona restringida de la zona marítimo terrestre. Que en razón de ello , deberá Coffee Zombi S.A., por su cuenta y costo, excluir de la matrícula 6-150867-000 la zona restringida de la zona marítimo terrestre descrita en los citados oficios del IGN, cumpliendo las conductas necesarias para la debida ejecución, entre ellas, reducir la cabida, rectificar linderos, cancelar el plano No. P-1100396-2006 y confeccionar uno nuevo que se ajuste a la realidad. En síntesis indicó: Que la inscripción registral no convalida la nulidad de un título, pues el Registro Nacional no subsana los vicios que puede tener el documento inscrito o el acto contenido y subsistan con prescindencia de la misma. (Ver artículo 456 del C.C, y voto de la Sala de Casación, No. 35 de 15 hrs. de 2 de abril de 1976). Que la naturaleza del bien de dominio público, excluye cualquier bien del tráfico jurídico y le hace por completo inidóneo para reducirlo a propiedad privada, en tanto conserve esa calidad modificable sólo por ley (Código Civil, numerales 261, 262; Sala Primera, sentencias 230-90 y 104-96, votos constitucionales 5026-97 y 2408-07, Tribunal Contencioso Administrativo, Nos. 7747-85-1, 9172-87-1, 7-2018-II). Que por el registro ilegítimo, el particular no adquiere derecho alguno y el acto sigue siendo absolutamente nulo (votos constitucionales 1975-91 y 6170-98, Sala Primera, votos 104-96, 952-05 y 352-2021). Que el plano P-1100396-2006 tampoco confiere derecho de propiedad o posesión. (Ver Código Civil, artículo 301; Decreto 34331, artículo 57 párrafo 3°; Sala Primera Civil, sentencias de 2:30 pm. de 23 de octubre de 1936, 40 de 14:20 hrs. de 9 de enero de 1960, 95 de 9:10 hrs. de 6 de abril1979, Sala de Casación, 16:30 hrs. de 20 de mayo de 1938, 15:10 hrs. de 24 de mayo de 1944; 69 de 14:30 hrs. de 10 de agosto de 1960, 31 de 15:30 hrs. de 8 de mayo de 1981, Sala Primera, votos 6-90, 230-90, 241-90, 243-90, 123-92, 126-92, 171-92, 56-1994, 66-1994, 33-1995, Tribunal Contencioso Administrativo, 86-2021-I). Que los actos y convenios realizados privativamente sobre un tramo inmobiliario demanial, por la naturaleza del bien, ante la ausencia de titularidad hábil y contrariar leyes prohibitivas, devienen nulos (artículos 28 constitucionales párrafo 2 -a contrario sensu- y 129 párrafo 4; Ley 6227, ordinal 18.2; Ley 6043, arts. 1, 7 y 45, Código Civil, artículos 10, 261, 262, 627 inciso 2, 629, 631, 835, 837 y 844; votos de casación 10 hrs. de 1° de agosto de 1946, 3-53, 79-55,78-76 y 121-79, Sala Primera, 506-2007). Que los bienes demaniales están fuera del comercio y no cabe alegato de propiedad y posesión a título de dueño. (Código Civil, artículos 261 y 262; votos constitucionales 2306-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 6758-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94,6192-95, 422-96, 3227-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 790-01, 2408-07, Sala Primera, 104-96, 597-00, 237-07, 506-07 y 535-14, Tribunal Contencioso Administrativo 433-2010-11, 84-2014-11, 2018-11, 95-2013-V y 148-2012-VII). Que su detentación particular no tiene efectos adquisitivos (votos constitucionales 6758-93 y 6192-95), y los particulares no ejercen posesión sobre esos bienes ya que ni, de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad. (Tribunal Contencioso Administrativo, 9282-87-I, 10019-88-I, 10166-88-I, 10418-88-I, 230-95-I, 107-2008-II, 868-2011-III y 19-2009-VII). Que por ello, quien los enajene transmite el vicio en la causa de adquisición: "La razón es obvia, nadie puede cambiar por si mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comienza tal continúa siempre" (Ramírez Gronda, Juan Diego. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7a ed., 1974, p. 227). Que los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad y la publicidad legal del demanio, se oponen a que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen, y la acción o reconvención para revertir inscripciones en perjuicio del dominio público, no prescribe, ni caduca. Que de acuerdo con los numerales 41.1.2 de la Ley 9342 y 64.2 de la Ley 8508, quien invoca una excepción tiene la carga de demostrar su fundamento. Que en este caso, como el derecho está declarado por Ley a favor del Estado, hay carga probatoria a cargo de quien esgrime propiedad privada. Que es al particular a quien incumbe demostrar la titularidad invocada con ajuste a derecho, es decir, con la posesión decenal previa a la afectación demanial, (Voto constitucional 4587-97, Tribunal Contencioso Administrativo, 86-2021-I). Que la Sala Primera de Apelaciones en sentencia 87-1961 señaló que corresponde al particular acreditar la posesión decenal previa con título legítimo y de no hacerlo, se reputará pública por ministerio de ley. Que la tesis tiene soporte en el principio del onus probandi (carga de la prueba), porque el que tiene presunción o precepto normativo a su favor (Código Civil, numerales 261, 262 y 486; Ley 2825, artículos 7 y 11), carga el peso de la prueba a su oponente. La Sala Primera en sentencia 409-F-S1-2019 comparte el criterio: "Ante una pretensión declarativa del dominio público...se presume la demanialidad y el llamado al desvirtuarla es el particular...Dicha regla presuntiva también torna inaplicables de entrada las reglas de propiedad privada y posesión..." La misma Sala Primera en sentencia 352-2021 agregó: "IX...en el presente proceso la demandada no acreditó hubiera adquirido con tal fundamento, ni que alguno de los anteriores propietarios adquiriera al cobijo de tal norma transitoria. Valga agregar, esto es así de acuerdo con la evolución histórica de la demanialidad de la zona costera, la cual tiene su origen en 1828, y así continúa hasta la actualidad de acuerdo con lo regulado en la LZMT". Que la pretensión de nulidad del título, el Estado la ejerce contra el titular o adquirente registral actual del fundo, sin necesidad de integrar a los anteriores titulares o transmitentes, ello por cuanto la Sala Primera de Apelaciones en voto de 3:45 hrs. de 21 de agosto de 1936, indicó que cada uno de los adquirentes tenía conocimiento de que la inscripción se hacía sin perjuicio de tercero mejor derecho. En esta línea la Sala Primera sentencia 480-2019 resolvió: "III ...consideran los casacionistas que al ser una de  las pretensiones la cancelación de la inscripción sobre la finca, se debe  llamar al proceso a todos  los que alguna vez fueron propietarios del bien, dado que podrían ser susceptibles de indemnización...no comparte esta Cámara el criterio de los codemandados sobre la integración de la litisconsorcio pasiva necesaria, sugerida, pues es evidente que quienes tienen una relación actual con el bien objeto del proceso, son los coaccionados, quienes reclaman tener derechos sobre el terreno, no así sus anteriores propietarios lo cual evidencia no existe obstáculo alguno para que exista pronunciamiento en torno a lo pretendido...". Que esta Jurisdicción en sentencias No. 35-2007-IV y 69-2018-II ordenó modificar linderos, reducir cabidas, cancelar y confeccionar nuevos planos por afectación a la zona marítimo terrestre, en dicha sentencia dispuso: "...también es zona marítimo terrestre, la franja de los doscientos metros contigua a las rías...de manera que la medición de las fincas debe excluir el área de protección de tales bienes de dominio público, esto es doscientos metros contiguos a la ría y ciento cincuenta metros en la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares y esteros salados, si se extienden por más de cincuenta metros de pleamar ordinaria; linderos que debe modificarse en el Registro Público de la Propiedad al igual que los planos catastrados respectivos (...) V.-...Como documento público que representa el Oficio DIG-TOT-0049- 201Z éste tiene valor probatorio que hace plena prueba de la existencia material de los hechos que el oficial público del Instituto Geográfico Nacional afirmó en él en el ejercicio de sus competencias (arts. 451 y 452 CPC vigente), y como tal este Tribunal tiene como en efecto se declara, acredita y demostrada la sobreposición de los planos catastros de las fincas arriba citadas sobre el área restringida de la zona marítimo terrestre...Se declara que es de dominio público...se ordena al demandado...que, por su cuenta y costo, cancele el plano...y confeccione uno nuevo, rectifique los linderos y disminuya, mediante escritura pública que deberá inscribir cabal y diligentemente ante el Registro Público, la cabida de la matrícula..., excluyendo los 3581 m2 pertenecientes a la zona restringida. Lo anterior dentro de los dos meses posteriores a la firmeza de la sentencia." En la audiencia complementaria de juicio oral y público la representación estatal reiteró: Que las reconvenidas se refirió al Plan Regulador de 1992, sin embargo omitieron analizar la colindancia sur del asiento registral. El Plano P-1100396-2006 y viendo el trayecto de la costanera sur; en esa descripción registral, ese lindero con el amojonamiento del año 1987 y el Plan Regulador de 1992, se dio un error que fue corregido con el amojonamiento del año 2003, pues en el amojonamiento de 1987 no se consideró el manglar existente en la zona y omitió su obligada protección legal. De esta forma de acuerdo al amojonamiento del año 2003, la propiedad inscrita bajo No. 6-150867-000 con plano L110396-2006 tiene vicios de nulidad, porque dicha finca está afecta en parte (32%) al dominio público, y sobre ese porcentaje la sociedad Coffee Zombi carece de un justo título legítimo, pues independientemente del amojonamiento de 1987 por su naturaleza se encuentra afecto al dominio público. Que el plano P-981391-91 nunca estuvo asociado a ninguna finca y por ello el Registro lo canceló en razón de lo que dice el numeral 301 del C.C. ya que el plano por sí mismo no acredita derecho alguno, ni de posesión ni de propiedad. Que la Sala I ha señalado que cuando se discute la prevalencia del dominio privado por sobre el dominio público, le corresponde al particular demostrar su justo título previo. Que en el presente asunto no se acreditó tal situación. Que se trató de hacer con el peritaje de parte realizado por la Ing. Top. Marcela Anchía, pero resulta que el Plano P-981391-91 nunca estuvo asociado a finca alguna y ya no existe pues fue cancelado. Y aun cuando se usara ese plano, la finca No. 150867 a nombre de Coffee Zombi afecta la zona pública de la ZMT en cuanto a su asiento registral en el lindero sur. La Ley 6043 en sus artículos 1, 7, 9 y 10 establece una afectación de 200 metros lineales perpendiculares a la playa denominada ZMT cuyo antecedente legal viene desde el año 1628. Esos 200 metros se componen de 50 metros de la zona pública que proyecta en linea perpendicular hacia el continente y 150 metros que conforman la zona restringida. Que con base en la prueba aportada se tiene que la carretera costanera en este caso se ubica más o menos a la mitad de la zona restringida. Que esos 200 metros no nacieron con la ley 6043 de 1977, o en 1987 con el primer amojonamiento, ni en el año 1992 con el Plan Regulador o en el 2003 con el nuevo amojonamiento, sino desde 1628, porque así lo hizo el legislador. Así no se trata acá de que el dominio público sea más importante que el dominio privado, ni se trata de irrespetar el derecho de los particulares consagrado en el artículo 45 constitucional. Que de lo que se trata acá, independientemente de que se acoja la reconvención, es que se está recuperando un 32% de zona marítimo terrestre hoy en manos privadas, y que se debe proyectar desde los límites de manglar como si fuese una sombra. Que la PGR ha dicho que de acuerdo al numeral 24 de la Ley 6043, cuando hay un desplazamiento de la distancia, el afectado debe demostrar que el cambio se diera por causas naturales, pero en la presente causa las actoras no acreditaron que el nuevo amojonamiento del año 2003 se diera por esa razón. Que las actoras no impugnaron el amojonamiento del año 2003 y los mojones de 1987 ya no existen y no surten ningún efecto legal a la fecha. Que la Topógrafa admitió en su declaración que en las láminas que consideró en su pericia; ya la Municipalidad había incluido como límites de la ZMT del lugar los puntos de amojonamiento del año 2003. Es decir, el Plan Regulador de 1992 tuvo la previsión y fue actualizado con las nuevas líneas intermitentes. Que la Sala I en sus votos 598-13, 783-13, 507-2014, 413-15, 129-16, 145-16 y 733-17, ha reiterado que cuando un particular adquiere al amparo del Registro y en la misma escritura se consigna que la inscripción se solicita sin perjuicio de tercero con mejor derecho, el gestionante bajo el principio de rogación asume las consecuencias de que el inmueble esté afectado al dominio público, ocasionando una ruptura del esquema de responsabilidad estatal cayendo la responsabilidad por daño bajo la responsabilidad de un tercero (el vendendor) o culpa de la víctima por comprar e inscribir un terreno en tales condiciones, por lo que la PGR al pretender recuperar dicho bien en razón de su naturaleza no violenta el numeral 45 constitucional. Que de esa forma al no acreditar las actoras justo título sobre ese 32%  es decir, 4,932.28 m2 deben serle reintegrados al Estado, para lo cual se identificó la finca, el plano, la escritura y se aportó la prueba técnica a cargo del Instituto Geográfico Nacional que determinó el grado de afectación a la luz de lo que ordena la Ley No. 6043. De manera que el oficio que acreditó tal situación, no está confiscando propiedad privada sino proyectando en forma cartográfica y esquemática lo que la Ley manda. Otorgado el traslado de la reconvención, la representación de las sociedades accionadas indicó en lo que interesa: El inmueble partido de Puntarenas, folio real número 6-150867-000, con plano catastrado P-1100396-2006, con una cabida de 1 ha 5.413.39 m2, no está inscrito en zona marítimo terrestre, y mucho menos como lo indica la representación del Estado, que dicha inscripción "abarque un 32% de zona demanial" Que cuando se inscribió ese terreno a nombre de Coffee Zombi S.A., ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble, se hizo sin ninguna restricción, ni advertencia que se estuviera inscribiendo terreno propiedad estatal, pues de haber sido así así el Registro no lo inscribe. Que tan clara es la posición de sus representadas en haber comprado e inscrito a derecho, que se reitera lo dicho en página 5 de la reconvención por la misma Procuraduría General de la República, en la transcripción del voto 480-F-S1-2019 de las 14:40 horas del 30 de mayo del 2019, mediante la cual define lo que significan terrenos dentro de zona marítimo terrestre, y explica que son terrenos que pertenecen al Estado donde el particular "No pueden apropiarse de ellos ni legalizarlos a su nombre". Que si fuera cierto que dicho terreno se corresponde en un 32% con la Zona Marítimo Terrestre, nunca hubiesen podido legalizarlos a su nombre, pero la realidad es que sí se compraron y sí se legalizaron, lo cual viene a confirmar que la tesis del Estado es incorrecta, por ende, no son terrenos en zona marítimo terrestre. Que el ente estatal ha argumentado que como el Instituto Geográfico Nacional le ha emitido un dibujo de lo que abarcaría un área de 150 metros de zona restringida a partir de un nuevo amojonamiento ocurrido en el año 2003, en los oficios DIG-TOT-0613-2021 y DIG-TOT-0650-2021, entonces la zona restringida se corre hacia adentro en perjuicio de la propiedad privada en menoscabo de sus inmuebles. Que esa postura del Estado es una transgresión al derecho de propiedad privada consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política, párrafo primero que reza con claridad: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia (...)" Que el texto constitucional garantiza que el Estado no pueda privar a una persona de su propiedad si previamente no lo ha indemnizado. Que esta garantía implica, naturalmente que la Administración Pública no puede dictar disposiciones o ejecutar actos que de hecho limiten excesivamente el disfrute de ese derecho; es decir, que se le impidan al dueño realizar los actos que normalmente puede ejecutar en relación con su propiedad. Que así lo ha dicho este Tribunal en varias de sus sentencias, entre otras, se pronunció así en sentencia No. 2006-1216 de las 15:48 horas del 7 de febrero del 2006: "...acerca de las limitaciones al derecho a la propiedad privada como aquel derecho estatal de indemnizarlas, cuando resulten expropiatorias, en sentencia No. 2004-02162 de las 12:22 horas del 27 de febrero del 2004, indicó el Tribunal: "Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad como aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. En nuestro Estado Democrático de Derecho, la Constitución Política en su artículo 45 establece que la propiedad es inviolable y que nadie puede ser privado de la suya sino es por un interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, de lo que se desprende que no se trata de un derecho absoluto..." Que la manifestación del Estado indicando que el inmueble partido de Puntarenas, folio real número 6-150867-000, plano catastrado P-1100396-2006, carece de justo título es una falacia sin fundamento jurídico por lo dicho en cuanto a que nuestros títulos de propiedad están debidamente inscritos según lo hacen constar las certificaciones registrales que amparan nuestros derechos como legítimos propietarios según lo indica la misma publicidad registral emanada del Registro Público de la Propiedad Inmueble, certificaciones literales que constan en la prueba documental que ampara nuestro derecho para estar en este proceso. Que no en vano el Registro Público tiene como logo en su página web la frase: "El Registro Nacional de Costa Rica es la Institución Pública, rectora y responsable de la actividad registral y geoespacial; protege los derechos inscritos de personas físicas y jurídicas, ofreciendo servicios de calidad y seguridad jurídica a los usuarios..." Que las certificaciones que amparan su derecho son brindadas por el único ente público estatal que da tranquilidad y sostenibilidad de seguridad jurídica a todos los administrados. Que a mayor abundamiento, la posición del Estado al indicar que carecemos de justo título previo a la afectación demanial; nada más falaz. Que en la adenda presentada a este expediente judicial en fecha del 15 de diciembre del 2020, a raíz de la duda que quiso generar la Municipalidad de Garabito afirmando que no era posible determinar jurídica o técnicamente que la franja de terreno ubicada entre la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre y la finca 6-045951-000 titulada a favor de Coffee Zombi S.A., sea efectivamente la porción adquirida por su representada Valle Perdido Dos S.A., se explicó el histórico de la finca madre donde se demostró con planos y dibujos, que el terreno bajo el plano catastrado P-692801-1987, la colindancia al norte de la posesión de la propiedad corresponde a la finca inscrita y en su momento era propiedad de doña Rosario Rodríguez Solera. Que ese plano del año 1987, desde el año 1971 tenía el derecho de posesión a favor de las señoras Rosario Rodríguez Solera y la señora Isidora Rodríguez Solera. Que posteriormente, la posesión pasa a favor de doña Isidora Rodríguez Solera. Doña Isidora Rodríguez Solera donó una parte de la propiedad a favor de la Municipalidad de Puntarenas, zona que es la que hoy representa el Plan Regulador vigente de la Municipalidad de Garabito, mismo que nace a la vida jurídica mediante publicación en La Gaceta No. 30 del 12 de febrero de 1992. Que lo anterior significa que el terreno de quien en vida fue doña Isidora Rodríguez, nace después de la afectación del Plan Regulador vigente de la Municipalidad de Garabito. Que el Estado indica que un 32% de nuestros terrenos son propiedad demanial, porque el IGN reubicó los mojones y por ello ahora nuestro terreno en ese porcentaje es demanial; eso no es cierto y es legalmente imposible. Es legalmente imposible por lo dicho en cuanto al régimen de propiedad privada tutelado por la Constitución Política, dado que nuestro terreno goza de protección constitucional, y lo único que pueda atentar contra él sería la excepción que dicho artículo menciona si existe un interés público declarado bajo una indemnización previa por parte del Estado, es decir, un proceso de expropiación donde se indemnice al administrado del despojo de su propiedad. Que si un nuevo amojonamiento mueve la línea de 150 metros restringida en perjuicio de la propiedad privada, antes se debe respetar el principio constitucional del artículo 45, que obliga al Estado a indemnizar al propietario por medio de una expropiación, y pagar una indemnización, pues no existe otra opción para el Estado. Que el Estado con esta demanda en contra de sus representadas pretende violentar el régimen de propiedad privada sin pagar indemnización alguna, y sólo por un nuevo amojonamiento que nunca siquiera fue nofiticado a sus representadas, pretende violentar su patrimonio, sus derechos adquiridos, sin pago indemnizatorio alguno. Que las condiciones naturales han cambiado por el nuevo amojonamiento, y el Estado pretende ahora atropellar sus derechos adquiridos cuando existe abundante jurisprudencia, como el voto de la Sala Constitucional No. 07246-2001 en el que explicó por qué no es legalmente posible semejante propósito del Estado en procurar violentar sus inmuebles por las situaciones jurídicas consolidadas que merecen respeto cuando surgen nuevas condiciones que no deben atentar dichos derechos adquiridos. Sobre los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidades, la Sala Constitucional ha dicho: "...I.- Sobre los Derechos Adquiridos y las Situaciones jurídicas Consolidadas. "...Numerosos pronunciamientos de la Sala Constitucional atestiguan sobre la vigencia e importancia de la garantía de la irretroactividad de la ley (donde "ley" debe entenderse en su sentido genérico, como referido a las normas jurídicas en general: sentencia no 473-94). Por ejemplo, en resolución No. 1879-94 de las 17:30 Hrs del 20 de abril de 1994 (reiterando lo que previamente se había dispuesto en sentencia no 1147-90 de las 16:00 hrs del 21 de setiembre de 1990), que se expresó: Derechos patrimoniales adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas "...el principio de irretroactividad, al igual que los demás relativos a los derechos o libertades fundamentales, no es tan solo formal, sino también y sobre todo material, de modo que resulta violado, no solo cuando una nueva norma o la reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al amparo de la dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la interpretación o la aplicación de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del derecho o situación que ella misma consagra..." Que del mismo modo, en la sentencia No. 1119-90 sostuvo: "...Una situación jurídica puede consolidarse -lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución." Que los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista y es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- no ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Que lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado- haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Que desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...», vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. Que en ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege tornándola intangible. La situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. Que la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Que en punto a ésta última, se ha entendido también que nadie tiene un "derecho a la inmutabilidad del ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que -como se explicó- si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Que ello es así porque lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. Que de este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla. Que de esa referencia a la situación jurídica consolidada es que se debe respetar lo ya inscrito como propiedad privada; de ahí que la pretensión del Estado en procurarse terreno para declararlo como bien demanial, no está correcto sin antes expropiar dichos terrenos, pagando la indemnización que corresponda, de lo contrario, sus pretensiones son solo intentos infructuosos de procurar un atropello al artículo 45 de la Constitución Política. Entonces, ejemplificando -y, a la vez, aplicando- los elementos de juicio expuestos supra, se puede decir que: La protección de los derechos adquiridos significa, en este caso, que no obstante un nuevo amojonamiento, resultaría absurdo -e inconstitucional- pretender que debamos devolver terreno privado al Estado para convertirlo en demanial, o cosa semejante. Que la misma Constitución Política contempla tanto el régimen de propiedad privada como el régimen de dominio público, por lo que debe darse una armoniosa coexistencia entre ambos y no la superposición antojadiza de uno sobre otro como irregularmente pretende la Procuraduría General de la República en este caso. El hecho de que nuevos re-amojonamientos cambien reglas anteriores, no pueden tener la virtud de producir perjuicio a nuestras representadas sobre el régimen de propiedad privada al cual tenemos derecho constitucional de proteger como derecho adquirido. Esto sólo podría ocurrir, ex nunc, para quienes a futuro no hubiesen adquirido título inscrito a su favor, que no es nuestro caso. (Ver en igual sentido la resolución No. 7331-97 de las quince horas veinticuatro minutos del treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, y el Considerando III de la resolución número 1341-93 de las diez horas treinta minutos del veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y tres de la Sala Constitucional). La representación de las sociedades actoras señaló en la audiencia de juicio: Que según la PGR -con apoyo en 2 oficios de la IGN, con el nuevo amojonamiento del año 2003- un 32% de la propiedad de Coffee Zombi es zona marítimo terrestre y por ende no existe tampoco resto por inscribir y a la fecha no hay título inscrito a nombre ni a nombre de Coffee Zombi, ni a nombre de Valle Perdido Dos, si hacer mención al Plan Regulador de 1992. Que la contrademanda se debe rechazar ya que si bien nadie puede inscribir un bien demanial, lo cierto es que cuando los terrenos objeto del proceso se inscribieron no existía en la zona Plan Regulador y cuando existió se respetó. Que tanto doña Isidora, doña Rosario, luego Saraguez y por último sus representadas siempre respetaron sus linderos del Plan Regulador de 1992. Que no se discute el nuevo amojonamiento. Que sus representadas inscribieron sus inmuebles al amparo del artículo 45 de la C.P. y esa porción de tierra nunca fue zona perteniente a la zona marítimo terrestre y cuando se inscribieron estaban dentro del comercio de los hombres. Así entonces, se inscribieron en el marco del ordenamiento jurídico existente y la PGR no acreditó que en su inscripción se diera un vicio. Que sólo hay un Plan Regulador y fue el Publicado en la Gaceta del 02 de febrero de 1992 y gracias a que Isidora donara una parte de su finca para esos efectos. Que si bien se realizó un nuevo amojonamiento, -no discutido-, este nuevo amojonamiento no puede afectar la propiedad privada y en materia de zona marítimo terrestre no hay una sobreposición en cuanto al régimen privado y público. Ningún régimen prevalece sobre el otro. Que las actoras nunca inscribieron propiedad alguna perteneciente a la ZMT, ni medió vicio alguno en su inscripción. Que la Ley no dice que ante un nuevo amojonamiento el titular pueda perder su propiedad sin indemnización. Que le Ley dice que el Estado no puede apropiarse de la propiedad privada por acto administrativo frente a un nuevo amojonamiento. Que si el estado pretende ese 32%, debe declarar previamente el interés público y proceder con la indemnización respectiva, todo conforme al artículo 45 constitucional. Véase que el numeral 24 de la Ley No. 6043 dice que si por causas naturales se da un cambio en la topografía, el titular mantiene sus derechos y así lo dijo la PGR en su dictamen OJ-2532-2003 del 2 de diciembre de 2003, si su finca está debidamente inscrita. Que de esa forma por acto administrativo del Instituto Geográfico Nacional, no puede el Estado apropiarse de un 32% de la propiedad privada, la cual es inviable. Que la PGR conoce el procedimiento a seguir y no puede obviar el proceso de expropiación.

 

VIII.- DE LA TUTELA JURÍDICA DE LOS MANGLARES COMO PARTE DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia patria, los manglares son unidades ecológicas muy frágiles, en los que se realiza una gran variedad de procesos naturales, muy complejos e importantes para la sostenibilidad de los seres humanos y para el ecosistema en general. Son un importante sitio de alimentación, refugio y reproducción para especies silvestres, se trata de un laboratorio natural, por lo que su tutela, protección y conservación por parte del Estado reviste especial relevancia. Los manglares como parte de los humedales colaboran con el suministro de agua, para la explotación directa como para la recarga de acuíferos; regulación de flujos para el control de inundaciones; prevención y protección contra el ingreso de aguas saladas que afecten aguas subterráneas y aguas dulces superficiales; protección contra las fuerzas de la naturaleza como tormentas, huracanes, etc.; retención de sedimentos, nutrientes. Para la ciencia, es una zona suplidora de productos naturales derivados de la vida silvestre y acuáticos como moluscos, crustáceos y peces; conservación, recreación y turismo; investigación y educación; biodiversidad y patrimonio cultural; paisaje y belleza escénica; y mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. Los manglares específicamente junto con los estuarios, los pastos marinos y las demás zonas marino costeras, constituyen zonas de gran importancia para la reproducción de especies marinas. Por tanto, poseen un gran valor ambiental, económico, social, cultural, científico y recreativo, razón por la cual su protección como bien jurídico, es fundamental para la sociedad, ya que su destrucción, menoscabo o pérdida, ocasiona grandes perjuicios, pues impacta de manera negativa un medio ambiente sustentanble, y cuando su explotación es irracional afecta de manera directa el habitat marino costero. Es por ello que el Estado costarricense a través de diversas leyes lo ha protegido y por su importancia natural, los manglares fueron afectos al "Patrimonio Natural del Estado". Así por ejemplo, a partir de los artículos 1 y 3 de la Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942, el manglar está afectado como bien de dominio público. Al respecto el artículo 1 señala: "Son aguas del dominio público: I.- Las de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional; II.- Las de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; III.- Las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; V.- Las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su extensión o parte de ella, sirva de límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas corrientes a lo que se haya establecido en tratados internacionales celebrados con los países limítrofes y, a falta de ellos, o en cuanto a lo no previsto, a lo dispuesto por esta ley; VI.- Las de toda corriente que directa o indirectamente afluyan a las enumeradas en la fracción V; VII.- Las que se extraigan de las minas, con la limitación señalada en el artículo 10; VIII.- Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público; IX.- Las subterráneas cuyo alumbramiento no se haga por medio de pozos; y X.- Las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyos cauces sean de dominio público". Por su parte el artículo tercero indica: " Son igualmente de propiedad nacional: I.- Las playas y zonas marítimas; II.- Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; III.- Los cauces de las corrientes de dominio público; IV.- Los terrenos ganados al mar por causas naturales o por obras artificiales; V.- Los terrenos ganados a las corrientes, lagos, lagunas o esteros, por obras ejecutadas con autorización del Estado; y VI.- Las islas que se forman en los mares territoriales, en los vasos de los lagos, lagunas o esteros o en cauces de las corrientes de propiedad nacional, siempre que éstas no procedan de una bifurcación del río en terrenos de propiedad particular ". Esta naturaleza jurídica de los manglares como un bien de dominio público, fue confirmada por la misma antigua Sala de Casación al indicar en el voto No. 121 de las 16 horas del 14 de noviembre de 1979; que las aguas cubiertas por el manglar no brotan en el interior de las fincas, sino que provienen del mar, y que por tanto esas aguas y los vasos comunicantes que las contienen son de dominio público y no pueden ser reducidas a propiedad privada. En este mismo sentido de protección, los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, establecen que las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, aún sin concurrencia de la Administración, situación que fue avalada por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587. En cuanto a la demanialidad de los manglares la ley 6043; la Ley Orgánica del Ambiente; la Ley 7224; la Ley Forestal; la Ley de Biodiversidad y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre le da igual tutela que desde la citada "Ley de Aguas" y sus reformas y que como bienes inalienables los mismos se encuentran fuera del comercio de los hombres y no pueden ser reducidos a propiedad privada, y por tratarse de bienes afectos al Dominio Público, y por ende imprescriptibles, inalienables e inembargables. En cuanto a su tutela, le corresponde al Estado su protección en forma directa, sin necesidad de acudir al ámbito jurisdiccional, aunque desde luego puede hacerlo. Por su parte, la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha dicho que: “...Las Áreas Silvestres Protegidas declaradas por el Poder Ejecutivo, son bienes sujetos al régimen del Patrimonio Natural del Estado, por tener un alto valor para los ecosistemas, especies amenazadas o desde el punto de vista científico. Son delimitadas por el Poder Ejecutivo; a partir de su declaratoria se pretende dotar a estas zonas geográficas de una vocación conservacionista y proteccionista necesarias para cumplir su función. Como lo ha interpretado esta Sala, este Patrimonio alcanza tanto los terrenos públicos como los privados, sometidos a un régimen jurídico especial aunque pertenezca a un sujeto derecho público o de derecho privado. De conformidad con la legislación contenida en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, estos bienes del Patrimonio Natural del Estado, soportan intereses y restricciones que superan los límites propios de los cantones, para dar lugar a un interés nacional e incluso internacional de protección...”(Sentencia No. 2010-021258 de las catorce horas del veintidós de diciembre de dos mil diez). En cuanto a la tutela jurídica del patrimonio natural del Estado, esta Sala ha manifestado: “...En virtud de que las normas impugnadas se refieren en forma específica al Patrimonio Natural del Estado, es necesario recordar cómo ha definido la Sala este concepto: “El Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)” (ver sentencia No. 2008-016975 de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Visto lo anterior, del examen del caso, lo primero que debe decirse es que no lleva razón el accionante cuando afirma que hay manglares o humedales que no forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Más concretamente, está claro, de acuerdo con los elementos normativos de juicio que citan las partes, incluyendo a la accionante, que todos los humedales que se encuentren en propiedades del Estado (que pertenezcan a cualquier ente, órgano u organismo estatal), forman parte de ese patrimonio, dado que se les clasifica como terrenos forestales (ver Decreto Ejecutivo 36786 del 12 de agosto de 2011); además, los manglares o bosques salados y los esteros, al formar parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, área inalienable según el artículo 1 de la Ley sobre la zona marítimo terrestre “el carácter demanial de la zona marítimo terrestre (o ribera marina como se le denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano mismo recoge ese status, como "res communes" y "extra comercium" (ver voto No. 447-91 de 15:30 horas del 21 de febrero de 1991), constituyen reserva forestal y están afectados a la Ley Forestal 7575 del 13 de febrero de 1996 de acuerdo con el artículo 13 de esa ley. En todo caso, la Sala ha venido precisando este tema en la misma forma, con anterioridad al precedente que se citó al inicio de este considerando: “Interesa resaltar la forma en que está conformado el patrimonio forestal del Estado, en tanto en él se da una doble naturaleza, en primer lugar, por el patrimonio natural del Estado, conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco), al cual se le dota de la condición de bien de dominio público, al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575...” (Ver sentencia de la Sala Constitucional No. 2011-16938). Ahora, esta tutela normativa hay que entenderla en el sentido que es la forma que el Estado le asegura a los y las ciudadanas el derecho que tienen a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acuerdo al artículo 50 constitucional. La Sala ha definido al medio ambiente, de la siguiente manera: “...Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objeto central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable. El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y para el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro en la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presente y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la “lesión”, ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. (...) Toda política ambiental gubernamental debe ir en primer lugar en función del acatamiento de la Constitución y los Tratados Internacionales, haciendo converger las diferentes acciones públicas y privadas hacia el objetivo común de la preservación del ambiente, en otros términos deben hacerse converger las políticas, las iniciativas, competencias de los diferentes entes públicos y de los operadores económicos y sociales hacia objetivos comunes, ello en razón del carácter transversal que el medio ambiente importa, y ello solo puede ser posible si existe por parte del gobierno central, una planificación estratégica...". (Voto de la Sala Constitucional No. 3795 de las 15 horas del 30 de julio de 1993). Por su parte la Sala Primera en su jurisprudencia ha considerado que el derecho al medio ambiente se deriva de los principios generales del derecho internacional y de los movimientos conservacionistas y reconocen la existencia de un principio general de cada persona no consagrado formalmente en la Constitución, pero sí vivo en la Constitución material. En esta línea de pensamiento, el inciso 1° del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reza así: “...Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos...”. Garantía que se encuentra expresamente regulada en el párrafo 2° del artículo 50 de nuestra Constitución Política. Este derecho tiene como corolario el deber de los Estados de promover de manera efectiva a través de su poder de policía, de manera expedita y diligente la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente a través de controles efectivos establecidos por las autoridades administrativas, circunstancia que a la vez implica la necesidad de establecer una serie de regulaciones -tanto de carácter nacional como internacional- que tiendan a impedir la contaminación y el aprovechamiento irracional de los recursos naturales. De lo expuesto se colige entonces que la normativa emitida por nuestros legisladores en tutela de los humedales y específicamente sobre los manglares, lo hace por su incidencia en el medio ambiente. Finalmente conviene señalar que la Sala Constitucional en sus votos No. 2233-93 y 3705-93, ha hecho una integración armónica de los artículos 6, 21, 69 y 89 constitucionales y ha señalado al respecto: "... que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental; que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado está ligado al derecho a la vida, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna ...". Deduce que es el artículo 21 en relación con el 89, el fundamento para declarar que el derecho al ambiente sano es un derecho fundamental; que incluso en el ordinal 89 se encuentra expresamente consagrado tal derecho. A nivel internacional, tenemos que Costa Rica ha suscrito una serie de instrumentos normativos supranacionales cuyo fin es la tutela del medio ambiente y obligan al Estado a su tutela efectiva, entre otros tenemos: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, la Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Habitad de Aves Acuáticas, el Convenio de Viene para la Protección del a Capa de Ozono, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Conforme a lo expuesto es que la norma constitucional y legal tutelan de una manera especial las zonas de manglar como parte de los humedales, y su apropiación por parte de particulares está vedada, por calificarse como un bien de dominio público, y por ende, se le aplica los principios de imprescriptibilidad, enajenabilidad e inembargabilidad, y los particulares que reclamen su titularidad deben acreditarlo, correspondiéndole a estos la carga de la prueba y no al Estado. Ello es así, porque los procesos naturales que se llevan a cabo por parte de la naturaleza en estas especiales zonas (manglares), son de suma importancia para el mantenimiento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual a su vez constituye un derecho fundamental de los ciudadanos, conforme a la normativa supranacional, constitucional, legal e infralegal y una obligación del Estado protegerlos, efectiva y eficazmente.

 

IX.- DE LA PROTECCIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN COSTA RICA: Por la naturaleza de bien sobre el que recae este proceso, consideramos oportuno referirnos al régimen jurídico de la zona marítima terrestre. En primer término se debe tener claro, que se trata de un bien demanial, cuya característica es que el Estado la ha sujetado a un especial régimen calificándolo como bien de dominio público y por esa razón la ha declarado imprescriptible, inembargable e inalienable. Al respecto la Sala Constitucional en reiterados fallos ha señalado en cuanto a la naturaleza jurídica de este bien: "...En sentencias anteriores, este Tribunal ha reconocido reiteradamente (entre otras, ver las sentencias número 2360-93, 5399-93, 5977-93, 5976-93, y 0502-I-95), que la zona marítimo terrestre es un bien demanial; así, por sentencia número 0447-91, de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991, claramente consideró que en efecto se trata de un bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil: " El carácter demanial de la zona marítimo terrestre (o ribera marina como se le denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el Derecho Romano mismo recoge ese status, como "res comunes" y "extra comercium". En nuestro medio, con toda claridad desde el siglo pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja marina adyacente al territorio nacional, en la que ejerce su soberanía ... no es posible tener por violado el artículo 45 Constitucional, ya que no se imponen limitaciones a la propiedad privada, sino que al regularse el dominio público, la ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es posible el uso y disfrute de la zona marítimo terrestre, por parte de los particulares. Así quien pretenda por medios no autorizados ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada la posibilidad de consumarlo, pues es aceptable también, desde tiempo inmemorial, que se trata de bienes imprescriptibles en favor de particulares y que están fuera de comercio." (VSC No. 2241-09, de las doce horas once minutos del trece de febrero de dos mil nueve). Por su parte la Sala Primera realizó un análisis del régimen jurídico que a lo largo de la historia ha regulado dicho bien, y al respecto señaló: "...Si bien el actual régimen jurídico de la Zona Marítimo Terrestre lo establece básicamente la Ley Nº 6043 de 2 de marzo de 1977, y sus reformas y adiciones, para la correcta comprensión de las implicaciones jurídicas de este asunto, conviene analizar la evolución legislativa sobre el tema, pero subrayando los aspectos referidos tanto a la determinación de su naturaleza jurídica, en tanto bien de dominio público, como a su extensión superficial. Al respecto, muchas han sido las disposiciones normativas que de alguna u otra forma han establecido regulaciones sobre la zona marítima terrestre, antes más conocida como milla marítima. Algunas de ellas -las más importantes- son las siguientes: Ley Nº 162 de 8 de junio de 1828, Decreto Nº 12 de 10 de diciembre de 1839, Ley Nº 14 de 26 de febrero de 1840, Ley Nº 128 de 19 de agosto de 1853, Decreto Nº 4 de 30 de julio de 1858, Ley Nº 7 de 31 de agosto de 1868, Ley Nº 42 de 13 de agosto de 1875, Ley Nº 22 de 7 de febrero de 1881, Ley de Aguas Nº 8 de 26 de mayo de 1884 y sus reformas, Código Fiscal de 1885 (Ley Nº 8 de 31 de octubre de 1885), Ley Nº 58 de 29 de julio de 1892, Ley Nº 7 de 4 de noviembre de 1892, Ley Nº 15 de 27 de marzo de 1896, Ley Nº 60 de 13 de agosto de 1914, Ley Nº 82 de 5 de abril de 1923, Ley Nº 75 de 30 de agosto de 1924, Ley Nº 11 de 22 de octubre de 1926, mediante la cual se reformó el Código Fiscal de 1885, Ley Nº 29 de 3 de diciembre de 1934, Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939, Decreto Nº 6 de 2 de abril de 1940 (Reglamento a la Ley General de Terrenos Baldíos), Ley Nº 19 de 12 de noviembre de 1942, Ley No. 201 de 26 de agosto de 1943, Decreto Ley Nº 500 de 19 de abril de 1949, Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961, Ley Nº 2906 de 24 de noviembre de 1961, Ley Nº 4071 de 22 de enero de 1968, Ley Forestal Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre Nº 4558 de 22 de abril de 1970, Ley Nº 4928 de 17 de diciembre de 1971 que reformó la anterior y Ley Nº 5602 de 4 de noviembre de 1974, que la suspendió. No es del caso hacer un exhaustivo análisis de las diversas disposiciones normativas sobre la materia; sin embargo, es necesario señalar que desde la primera disposición jurídica emanada en la época republicana -Ley Nº 162 de 28 de junio de 1828- se estableció la reserva de una milla marítima en las costas de ambos mares, que según lo consignado en el Ley Nº 128 de 19 de agosto de 1953, era así desde la época colonial por disposición de la Real Cédula de 15 de octubre de 1754. A todo lo largo del siglo XIX, las diversas leyes emanadas reafirman este concepto disponiendo la reserva de una milla marítima a lo largo de ambos litorales. Los Reglamentos Generales de la Hacienda Pública de 1839, 1858 y 1868, mantuvieron la reserva creada en 1828; pero, para los efectos, lo importante a tomar en cuenta es la clara determinación, en la legislación promulgada en el siglo pasado, de la llamada milla marítima como un bien de dominio público, con su consiguiente carácter de inalienabilidad e indenunciabilidad. Así, por ejemplo, el Código General de 1841 consideraba el flujo y reflujo del mar y sus riberas de dominio público; la precitada Ley Nº 7 de 31 de agosto de 1868, reafirmó el carácter indenunciable de los terrenos de la milla marítima; en la Ley de Aguas Nº 8 de 26 de mayo de 1884 -única disposición del siglo XIX en la cual se usó el término Zona Marítimo Terrestre- se calificó a dicha zona como de dominio público; y el Código Fiscal de 1885 estableció que no podían enajenarse los terrenos comprendidos en una zona de una milla de latitud a lo largo de las costas de ambos mares. Resulta claro entonces, sin demérito del antecedente de la época colonial señalado, que desde el nacimiento de Costa Rica como Estado independiente, la reserva de terreno a lo largo de ambos litorales no ha sido parte de los baldíos -las tierras realengas de la Colonia- sino que siempre ha estado sometido a un régimen jurídico distinto, el propio de los bienes de dominio público y, por lo tanto, no reducibles a propiedad privada. En la legislación sobre la materia promulgada a lo largo del siglo XX -hasta culminar con la actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Nº 6043 de 2 de marzo de 1977- se mantuvo, obviamente, el calificativo de bienes de dominio público de los terrenos comprendidos en dicha zona. Como resultado de la evolución legislativa del siglo XIX, la zona marítima terrestre comprendía la parte de las costas de ambos mares bañadas por el flujo y reflujo, extendiéndose hasta la distancia de una milla tierra adentro. Comprendía, además, las márgenes de los ríos hasta el sitio en que fueran navegables o fueran afectados por las mareas. La legislación de este siglo fue precisando la extensión de la zona así como los elementos que formaban parte de ella, pero en ningún momento negó su carácter de bien demanial y, en consecuencia, su imprescriptibilidad e inalienabilidad; de este modo, la primera ley dictada en el presente siglo en la cual se hizo referencia a la zona marítimo terrestre -Nº 75 de 30 de agosto de 1924- reafirmó en su artículo 6 el carácter demanial de esos terrenos y la imposibilidad de explotar y usufructuar de ellos. Siempre reafirmando su carácter inalienable, fue en la Ley Nº 11 de 22 de octubre de 1922 -que reformó el Código Fiscal de 1855- donde por primera vez se precisó la extensión en 1.672 metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de las costas de ambos mares y de 500 metros a lo largo de ambos márgenes de los ríos. Esta medida se mantuvo hasta el año 1942, y fue reafirmada en la Ley sobre Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 y en la Ley de Aguas Nº 276 de 27 de agosto de 1942. La Ley Nº 19 de 12 de noviembre de 1942 redujo la extensión de la zona marítima terrestre a 200 metros a partir de la pleamar ordinaria para la costa del Atlántico, y lo propio hizo la Ley Nº 201 de 26 de enero de 1943 para la costa del Pacífico. Estas dos leyes constituyeron, sin duda, las más importantes desafectaciones operadas en la zona, pues permitieron la adquisición privada de sus terrenos, exceptuando 200 metros a partir de la pleamar ordinaria. A partir de estas dos disposiciones y a excepción de los 200 metros contados a partir de la pleamar ordinaria, el resto de los 1.672 metros dejaron de ser de dominio público desde el momento en que pudieron ser reducidos a dominio privado. Sin embargo, los terrenos contenidos en los 200 metros exceptuados por las dos leyes precitados, continuaron siendo bienes de dominio público, no reducibles a dominio privado por ser inalienables e imprescriptibles. Entonces, es correcto sostener que la zona marítima terrestre quedó, a partir de las leyes mencionadas, con una extensión de 200 metros contados a partir de la pleamar, que es la que actualmente tiene, manteniendo su carácter de bien demanial. Esta medida de 200 metros, junto con el carácter demanial de los terrenos allí comprendidos, se reafirmó en el entonces vigente artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 y se repitió en la Ley Forestal Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969 y en la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre Nº 4558 de 22 de abril de 1970. Pero en esta última ley, debido a la intención del legislador de traspasar a la Municipalidad importantes áreas ubicadas dentro de los 200 metros inalienables, con la idea de ir desarrollando zonas turísticas, se llegó a definir como absolutamente inalienables solo 50 metros, pasándose los restantes 150 bajo administración de dichas municipalidades cuando así lo definiera el Instituto de Turismo, pero seguirían bajo la administración del entonces Instituto de Tierras y Colonización aquellas áreas de aptitud agraria y no turística. Los 200 metros señalados es la medida establecida por el artículo 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Nº 6043 de 2 de marzo de 1977, actualmente vigente...". (Sala Primera, Voto No. 007-93, de las quince horas cinco minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y tres). Conforme a la jurisprudencia tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Primera, es claro que la zona marítimo terrestre es un bien propio del Estado calificado como bien de dominio público y como tal resulta imprescriptible, inembargable, e inalienable, de manera que no pueden los particulares alegar derecho sobre ellos, salvo que se otorgue una concesión de acuerdo al ordenamiento aplicable, que permita el uso privativo por parte de particulares.

 

X.- SOBRE EL FONDO DE LA RECONVENCIÓN: Una vez revisados los argumentos de las partes y las pruebas que constan en autos, esta Cámara determina que la contrademanda debe ser declarada con lugar por las razones que de seguido se indican. La representación estatal señala que el plano P-110396-2006, correspondiente al inmueble 6-150867-000 a nombre de la sociedad Coffee Zombi S.A. abarca en un 32% la zona restringida de la zona marítimo terrestre. Lo anterior conforme a los oficios del Instituto Geográfico Nacional Nos. DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021, los cuales fueron aportados como prueba. En el oficio DIG-TOT-0613-2021 se indicó: "...Asunto: Respuesta a oficio DPB-OFI-1315-2021. Expediente No. 20-002643-1027-CA. Reciba un cordial saludo. Con autorización de la dirección del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y en atención a su oficio DPB-OFI-1315-2021 de fecha 01 de octubre de 2021, recibido en nuestra secretaria vía correo electrónico, donde nos solicita determinar si el terreno matrícula 6150867-000, corresponde a Zona Marítimo Terrestre, según la demarcación realizada por el IGN y publicada en La Gaceta N° 193 del 8 de octubre de 2003, para lo cual indicamos: De acuerdo con su consulta, el predio descrito por el plano P-1100396-2006, ubicado en Pochotal, distrito 01 Jacó, cantón 11° Garabito, provincia 06 Puntarenas, se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre en un 32% según la demarcación realizada por el IGN y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 8 de octubre de 2003. La emisión de este criterio técnico y análisis de resultados es con base en: a) La ubicación geográfica del predio dada por el profesional responsable del plano catastrado P-1100396-2006, conforme a la hoja cartográfica Herradura 3344-I, III Edición, 1991, escala 1:50000. b) La información de referencia y levantamiento topográfico contenida en el plano catastrado P-1100396-2006. c) La cartografía básica oficial a escalas 1:1.000 y 1:5.000 según Aviso N° 01-2011 del 14 de julio de 2011 oficializado vía publicación en el Diario La Gaceta N° 146 del 29 de julio de 2011, y la base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 1:25.000, denominada CR_IGN_ IGF_BCC_25.000 (edición 2018), conforme a la Directriz N° 001-2018 del 30 de abril de 2018 oficializada vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 101 del 7 de junio de 2018. d) Los datos actualizados sobre Zona Marítimo Terrestre que posee el Instituto Geográfico Nacional. El predio descrito en el plano P-1100396-2006, corresponde al inmueble de la finca Folio Real N° 6150867-000. El presente proceso atiende la causa bajo el Expediente N° 20-002643-1027-CA. El presente criterio técnico se fundamenta en los datos anteriormente citados, sin menoscabo de las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía en el manejo y tutela de los ecosistemas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, dentro y fuera de la Zona Marítimo Terrestre..." En el oficio DIG-TOT-0650-2021: "...Asunto: Respuesta a oficio DPB-OFI-1632-2021. Expediente No. 20-002643-1027-CA. Reciba un cordial saludo. Con autorización de la dirección del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y en atención a su oficio DPB-OFI-1632-2021 de fecha 14 de octubre de 2021, recibido en nuestra secretaria vía correo electrónico, donde nos solicita: “En complemento a su oficio DIG-TOT-0613-2021, emitido en fecha 08 de octubre de 2021, me permito solicitarle se sirva realizar una sobre posición gráfica del plano P-1100396-2006 en la ortofoto describiendo e identificando el 32% del inmueble matrícula 6-150867-000 que se ubica dentro de la zona marítimo terrestre.” Le indicamos que, en atención a su solicitud, de forma adjunta al presente oficio, y como complemento al oficio DIG-TOT-0613-2021 estamos haciendo entrega de una lámina que muestra la sobreposición gráfica del plano P-1100396-2006 que describe el inmueble matrícula N° 6-150867-000, sobre las ortofotos oficiales del IGN (2013-2017) donde se puede apreciar en color morado el 32% que el predio se encuentra dentro de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior tal y como se aprecia, de forma previa, en la imagen a continuación:

Sobreposición gráfica del plano P-1100396-2006 que describe el inmueble matrícula N° 6-150867-000, sobre las ortofotos oficiales..." Finalmente en el oficio DIG-TOT-0651-2021 se consignó: "...Asunto: Respuesta a oficio DPB-OFI-1625-2021. Expediente No. 20-002643-1027-CA. Reciba un cordial saludo. Con autorización de la dirección del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y en atención a su oficio DPB-OFI-1625-2021 de fecha 14 de octubre de 2021, recibido en nuestra secretaria vía correo electrónico, donde nos solicita: “…certificarnos si el terreno que se incluye en el plano P-1077275-2006 excede la zona marítimo terrestre invadiendo propiedad privada, según la demarcación por ustedes realizada y publicada en La Gaceta N°193 del ocho de octubre del 2003…” El predio descrito en el plano P-1077275-2006, se localiza en su totalidad dentro del Patrimonio del Estado constituido por la Zona Marítimo Terrestre, la emisión de este criterio técnico y análisis de resultados es con base en: a) La ubicación geográfica del predio dada por el profesional responsable del plano P-1077275-2006, conforme a la hoja cartográfica Herradura 3244-I, III Edición, 1991, escala 1:50000. b) La información de referencia y levantamiento topográfico contenida en el plano catastrado P-1077275-2006. c) La cartografía básica oficial a escalas 1:1.000 y 1:5.000 según Aviso N° 01-2011 del 14 de julio de 2011 oficializado vía publicación en el Diario La Gaceta N° 146 del 29 de julio de 2011, y la base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 1:25.000, denominada CR-IGN-IGF-BCC-25.000 (edición 2018), conforme a la Directriz N° 001-2018 del 30 de abril de 2018 oficializada vía publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 101 del 7 de junio de 2018. d) Los datos actualizados sobre Zona Marítimo Terrestre que posee el Instituto Geográfico Nacional. De forma adjunta al presente oficio, estamos haciendo entrega de una lámina que muestra la sobreposición gráfica del plano P-1077275-2006 y su relación con la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre, demarcada por el IGN y publicada en la Gaceta N° 193 del 8 de octubre de 2003. Lo anterior tal y como se aprecia, de forma previa previa, en la imagen a continuación:

 

Sobreposición gráfica del plano P-1077275-2006 sobre las ortofotos oficiales del IGN..." A partir de dicha información, la representación estatal plantea que, el inmueble No. 6-150867-000 con plano P-110396-2006, carece de justo título anterior y oponible a la afectación del demanio costero en un 32% de su cabida equivalente a 4.932.28m2. Al contrario, la parte demandada menciona que, su inmueble fue inscrito conforme a los límites del amojonamiento realizado en el año 1987 y que se referenciaron en el Plan Regulador de la zona aprobado y publicado en La Gaceta del 12 de febrero de 1992. Que de esa forma el Estado no puede pretender apropiarse de esa porción  de terreno, si no es a través de la figura de la expropiación, contra el pago de la indemnización correspondiente. Que pretender la titularidad por parte del Estado sin indemnizar violenta la garantía constitucional sobre la propiedad privada prevista en el numeral 45 constitucional, así como una violación de un situación jurídicamente consolidada y a un derecho adquirido sobre el inmueble por parte de la sociedad Coffee Zombi S.A. Criterio del Tribunal: No concuerda esta Cámara con el alegato de la representación de la sociedad Coffee Zombi en razón de lo que a continuación se detalla. Ciertamente ha sido acreditado que en el año de 1987 el Instituto Geográfico Nacional realizó un amojonamiento en el área de Playa Hermosa de Jacó, y que dicho amojonamiento fue considerado a la hora del confeccionar el Plan Regulador de la Zona del año 1992, sin embargo el amojonamiento del año 1987 no consideró la existencia de un manglar en la zona e incluyo este manglar dentro de los 200 metros de la zona marítimo terrestre. Ahora bien, tal y como se indicó en el considerando noveno; los manglares son unidades ecológicas muy frágiles, en los que se realiza una gran variedad de procesos naturales, muy complejos e importantes para la sostenibilidad de los seres humanos, para el ecosistema en general y poseen un gran valor ambiental, económico, social, cultural, científico y recreativo, razón por la cual su protección como bien jurídico, es fundamental para la sociedad, ya que su destrucción, menoscabo o pérdida, ocasiona grandes perjuicios, pues impacta de manera negativa un medio ambiente sustentable, y cuando su explotación es irracional afecta de manera directa el habitat marino costero. Es por ello que el Estado costarricense a través de diversas leyes lo ha protegido y por su importancia natural, los manglares fueron afectos al "Patrimonio Natural del Estado" a partir de los artículos 1 y 3 de la Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942. Naturaleza jurídica que fue confirmada por la antigua Sala de Casación al indicar en el voto No. 121 de las 16 horas del 14 de noviembre de 1979. En este mismo sentido de protección, los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, establecen que las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, aún sin concurrencia de la Administración, situación que fue avalada por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587. En cuanto a la demanialidad de los manglares la ley 6043, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley 7224, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre le da igual tutela que desde la citada "Ley de Aguas" y sus reformas y que como bienes inalienables los mismos se encuentran fuera del comercio de los hombres y no pueden ser reducidos a propiedad privada, y por tratarse de bienes afectos al Dominio Público, y por ende imprescriptibles, inalienables e inembargables. En cuanto a su tutela, le corresponde al Estado su protección en forma directa, sin necesidad de acudir al ámbito jurisdiccional, aunque puede hacerlo. Es claro entonces que el amojonamiento realizado en el año 1987 al no cumplir con la protección del manglar existente, omitió su deber legal de brindarle esa tutela especial al manglar, al incluirlos en su medición dentro de los 200 metros de la zona marítimo terrestre, debiendo haberlos excluidos y determinar la existencia de los 200 metros a partir de su finalización, pues es claro que lo manglares provienen del mar y no nacen en la plataforma continental como parte de una finca y separado del mar. Dicha omisión fue subsanada en el año 2003 cuando el Instituto Geográfico Nacional llevó a cabo un nuevo amojonamiento ahora sí, brindando la protección legal debida al manglar por lo que como resultado obvio, los límites de la zona marítimo terrestre se vieron alterados respecto a los señalados en el año 1987 y considerados en el Plan Regulador del año 1992. Ahora bien, por otro lado la zona marítimo terrestre también goza de una protección legal especial. Conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, la ZMT es un bien de dominio público y por esa razón la ha declarado imprescriptible, inembargable e inalienable, cuya protección y titularidad estatal se remonta a la Ley Nº 162 de 28 de junio de 1828 y en la actualidad bajo lo dispuesto en la Ley No. 6043. Así, la zona marítimo terrestre siempre ha sido de dominio público con ligeras variaciones en el transcurso del tiempo. Su actual régimen jurídico es el establecido por la Ley No. 6043 de 2 de marzo de 1977, sus reformas, y su reglamento (Decreto No.7841-P de 16 de diciembre de 1977), siendo esta Ley la primera específica sobre la materia y conforme a su contenido a ese tipo de inmueble le son inherentes las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad. Ello resulta claro de los estipulado en su artículo primero, que al efecto dispone: "Artículo 1-. La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley." Por ser bienes de dominio público pertenecen al Estado, están sujetos a un régimen jurídico especial y su finalidad -destino- es el uso y el aprovechamiento común. La inalienabilidad de estos bienes no significa otra cosa que su no pertenencia al comercio de los hombres de manera similar a la figura romanista de los bienes "extra comercium". Por lo tanto, dichos bienes no pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquiriese mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se haya poseído, ni la naturaleza del negocio jurídico que haya mediado para su adquisición por parte de particulares, como por ejemplo la compra-venta. La actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre desarrolla la imprescriptibilidad en su artículo 7. Establece que este tipo de bien no puede ser objeto de informaciones posesorias, no pudiendo ser apropiados ni legalizados a nombre de particular por ese u otro medio, como la realización de un negocio jurídico -compra venta- entre particulares y posteriror inscripción registral. Y cualquier negocio sobre dicho bien resulta absolutamente nulo, así como cualquier inscripción registral que se haya otorgado, por mandarlo así la ley. La regulación que la Ley hace de la Zona Marítimo Terrestre es, en todo, consecuente con el carácter demanial de los terrenos en ella comprendidos, y es definida -artículo 9- como la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales del Atlántico y Pacífico de la República, incluyendo, también, los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja, así como las islas, islotes y peñascos marítimos, toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro de mar territorial de la República, con la excepción de la Isla del Coco y otras islas cuyo dominio o administración se determine en esa ley o en leyes especiales. El artículo 10 divide la Zona marítimo terrestre en dos secciones: la Zona pública y la Zona restringida, siendo que la primera lo constituye la faja de 50 metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria, así como las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalen del mar, y los manglares de los litorales continentales e insulares y los esteros (artículo 11); y la segunda lo constituye los 150 metros restantes o, en caso de las islas, por los demás terrenos. La ley prohíbe cualquier tipo de ocupación -bajo el título que sea- en la Zona pública, pero permite las concesiones en la Zona restringida, según lo dispuesto en sus artículos 20 y 39, respectivamente, técnica propia de los bienes demaniales que, por lo mismo, no desmerecen su carácter. Dichas concesiones (artículo 41) podrán serlo únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas, en las condiciones y durante el plazo que esa ley determine, regulándose esto último en sus artículos 48, 49 y 50, y lo relativo a su extinción y cancelación en el 51 y 52, respectivamente. En el numeral 56 se estipula la reversión del uso y disfrute plenos a la municipalidad respectiva, una vez extinguida una concesión. Resulta claro, en consecuencia, que siendo los terrenos y demás formaciones comprendidas en la zona marítimo terrestre de dominio público, se debe descartar la posibilidad legal de su reducción a dominio privado bajo forma alguna; la única manera en que los sujetos privados pueden usar y gozar de dichos terrenos -sin que ello implique su apropiación privada- es mediante la concesión que las municipalidades hagan, pero sólo en los 150 metros de la Zona restringida, o bien por inscrito -entre 1970 y 1974- de conformidad en el Transitorio III de la Ley No. 4558 de 1970 lo cual no ha sido acreditado por la accionada Coffee Zombi S.A. De esta forma, con base en lo indicado por el Instituto Geográfico Nacional en sus oficios Nos. DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021, con el amojonamiento del año 2003, y otorgando la protección debida al manglar existente en la zona -amojonamiento que no ha sido impugnado por las accionadas-, la finca No. 150867-000 con plano P-110396-2006 con una cabida de 15413.39 m2 abarca un total de 4,932.28m2 (32%) parte de la zona marítimo terrestre y llevando razón el Estado procede la reivindicación de la zona afectada. Y es que no resulta de recibo el alegato de las sociedades reconvenidas al alegar que sobre el 32% que contempla la propiedad No. 6-150867-000 con plano P-110396-2006, se adquirió un derecho en razón de que estamos freente a una situación jurídica consolidada. Y es que como se ha explicado enla presnete sentencia en razón de la naturaleza jurídica de los humedales y de la zona marítimo terrestre, ningún particular puede sostener derecho de propiedad, incluso cuando se haya inscrito registralmente. Solamente podrá sostener propiedad sobre dicha porción de tierra quien logre acreditar que se inscribió -entre 1970 y 1974- de conformidad en el Transitorio III de la Ley No. 4558 de 1970 lo cual se reitera, no ha sido acreditado por la accionada Coffee Zombi S.A.

XI.- SOBRE LA RECTIFICACIÓN DEL PLANO P-110396-2006 Y LOS DATOS DE LA MATRICULA 6-150867-000: Por lo ya indicado en el considerando anterior, se ordena a la sociedad Coffee Zombi S.A. que proceda a rectificar el plano P-110396-2006, confeccionado otro plano en el cual se modifiquen los linderos y se excluya la zona restringida concesionable señalada en los oficios del Instituto Geográfico Nacional. En ese mismo sentido deberá comparecer su representante mediante escritura pública a rectificar ante el Registro de la Propiedad Inmueble, los linderos y la medida de la finca matrícula número 6-150867-000. Lo anterior, dentro del plazo de tres meses, prorrogables a juicio del Juez Ejecutor, conforme lo dispone el artículo 157 del Código Procesal Contencioso Administrativo, advirtiendo que, en caso de renuencia, será aplicable lo dispuesto en el artículo 62.5 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 220 del CPCA, siendo posible la ejecución sustitutiva a favor del accionante, con recargo a la demandada, junto con el eventual pago de daños y perjuicios que se provoquen.

XII.- EXCEPCIONES: la representación de las sociedades reconvenidas opusieron en su defensa la excepción de falta de derecho. Sobre esta excepción, retomando lo dicho por nuestra Sala Primera, es menester remitirse a la demostración de los hechos, como parte fundamental de ello, porque de lo que en ese acápite se determina, se podrá desprender si existen o no las bases legales para lo pretendido. Establece la legislación vigente que una de las excepciones oponibles en los procesos judiciales es la Falta de Derecho y sobre esa excepción la doctrina nos indica: "...Hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica falta de derecho parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la "acción" o requisitos de la pretensión y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar  en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión. Tales requisitos de la pretensión, que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la misma, la cual busca la resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal. Entonces la falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada caso concreto...". Habiéndose acreditado derecho amparable a favor del Estado, lo procedente es rechazar la excepción de falta de derecho y declarar con lugar la reconvención en todos sus extremos.

XIII.- SOBRE LAS COSTAS: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En este caso, las actoras resultaron vencidas, debiendo asumir la condenatoria en ambas costas tanto de la demanda como de la contrademanda, cuyo importe será establecido en la fase de ejecución de sentencia a ruego de las partes interesadas. 

POR TANTO:

Respecto a la demanda: Se admite la prueba para mejor resolver consistente en el Informe Registral de la finca del Partido de Puntarenas No. 6-45951-000. La demás se rechaza. Por innecesario se omite pronunciamiento en relación con las excepciones de prescripción, caducidad y falta de derecho opuestas por los demandados. Se acoge la excepción de falta de legitimación ad causam activa y en consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por parte de las sociedades Valle Perdido Dos S.A. y Coffee Zombi S.A. Respecto a la contrademanda: Se rechaza la excepción de falta de derecho. En consecuencia se declara con lugar la contrademanda. Se ordena a la sociedad sociedad Coffee Zombi S.A. que proceda a rectificar el plano P-110396-2006, confeccionado otro plano en el cual se modifiquen los linderos y se excluya la zona restringida concesionable señalada en los oficios del Instituto Geográfico Nacional Nos. DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021 y DIG-TOT-0651-2021. Así mismo deberá comparecer su representante mediante escritura pública a rectificar ante el Registro de la Propiedad Inmueble, los linderos y la medida de la matrícula número 6-150867-000. Lo anterior, dentro del plazo de tres meses, prorrogables a juicio del Juez Ejecutor, conforme lo dispone el artículo 157 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Con fundamento en los artículos 122 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 62.5 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia, en caso de incumplimiento de la parte reconvenida, podrá el Estado cumplir lo ordenado en condición sustitutiva, para realizarlo por cuenta del vencido, quien deberá pagar, además, los daños y perjuicios ocasionados con su negativa. Son ambas costas a cargo de las sociedades actoras y reconvenidas, las cuales se establecerán en fase de ejecución de sentencia a ruego de los interesados. Se les condena asimismo al pago de intereses a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que fija la suma de las costas concedidas en la etapa de ejecución de sentencia exclusivamente respecto al Instituto Costarricense de Turismo y del Estado por haberse solicitado así expresamente. NOTIFÍQUESE. José Iván Salas Leitón. Elías Baltodano Gómez. Felipe Córdoba Ramírez. Jueces.

 

 




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Documento firmado por:

JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A
ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-002643-1027-CA

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VIII. ON THE LEGAL PROTECTION OF MANGROVES AS PART OF THE STATE'S NATURAL HERITAGE: As national case law has indicated, mangroves are very fragile ecological units, in which a great variety of natural processes occur, processes that are very complex and important for the sustainability of human beings and for the ecosystem in general. They are an important site for feeding, refuge, and reproduction for wild species; they constitute a natural laboratory, and therefore their legal protection, protection, and conservation by the State is of special relevance. Mangroves, as part of wetlands, contribute to the water supply, both for direct exploitation and for aquifer recharge; flow regulation for flood control; prevention and protection against the intrusion of saltwater that affects groundwater and surface freshwater; protection against the forces of nature such as storms, hurricanes, etc.; and retention of sediments and nutrients. For science, it is a zone that supplies natural products derived from wildlife and aquatic life such as mollusks, crustaceans, and fish; conservation, recreation, and tourism; research and education; biodiversity and cultural heritage; landscape and scenic beauty; and the maintenance of essential ecological processes. Mangroves specifically, together with estuaries, seagrasses, and other coastal marine zones, constitute areas of great importance for the reproduction of marine species. Therefore, they possess great environmental, economic, social, cultural, scientific, and recreational value, which is why their protection as a legal asset is fundamental for society, since their destruction, impairment, or loss causes great harm, as it negatively impacts a sustainable environment, and when their exploitation is irrational, it directly affects the coastal marine habitat. It is for this reason that the Costa Rican State, through various laws, has protected them, and due to their natural importance, mangroves were attached to the "Patrimonio Natural del Estado" (Natural Heritage of the State).

In this same vein of protection, Articles 13 and 14 of the Ley Forestal (Forestry Law) establish that forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, and wetlands are immediately attached to this Patrimony, even without the concurrence of the Administration, a situation that was endorsed by the Constitutional Chamber in rulings 1992-03789 and 1997-04587. Regarding the public domain status (demanialidad) of mangroves, Law 6043; the Ley Orgánica del Ambiente (Organic Law of the Environment); Law 7224; the Ley Forestal (Forestry Law); the Ley de Biodiversidad (Biodiversity Law); and the Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife Conservation Law) grant it the same protection as that originating from the cited "Ley de Aguas" (Water Law) and its reforms. As inalienable assets, they are outside the commerce of men and cannot be reduced to private property, and because they are assets attached to the Public Domain, they are therefore imprescriptible, inalienable, and unseizable. Regarding their protection, the State is responsible for their protection directly, without the need to resort to the jurisdictional sphere, although it may certainly do so.

According to the above, constitutional and legal norms specially protect mangrove zones as part of wetlands, and their appropriation by private individuals is prohibited, as they are classified as a public domain asset, and therefore, the principles of imprescriptibility, inalienability, and unseizability apply to them. Private individuals who claim ownership must prove it, as the burden of proof falls on them and not on the State. This is so because the natural processes that are carried out by nature in these special zones (mangroves) are of utmost importance for the maintenance of a healthy and ecologically balanced environment, which in turn constitutes a fundamental right of citizens, in accordance with supranational, constitutional, legal, and infra-legal regulations, and it is an obligation of the State to protect them effectively and efficiently.

IX. ON THE PROTECTION OF THE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (MARITIME-TERRESTRIAL ZONE) IN COSTA RICA: Due to the nature of the asset involved in this proceeding, we consider it appropriate to refer to the legal regime of the zona marítimo terrestre (maritime-terrestrial zone). Firstly, it must be clear that it is a public domain asset, whose characteristic is that the State has subjected it to a special regime classifying it as a public domain asset and for that reason has declared it imprescriptible, unseizable, and inalienable.

In this regard, the Constitutional Chamber, in repeated rulings, has stated regarding the legal nature of this asset: "... In previous rulings, this Court has repeatedly recognized (among others, see rulings number 2360-93, 5399-93, 5977-93, 5976-93, and 0502-I-95) that the zona marítimo terrestre is a public domain asset; thus, by ruling number 0447-91, at 3:30 p.m. on February 21, 1991, it clearly considered that it is indeed a public domain asset, in the terms of Article 261 of the Civil Code: 'The public domain character of the zona marítimo terrestre (or marine shore as it was formerly called) has been recognized since time immemorial, and Roman Law itself recognizes that status, as "res communes" and "extra commercium." In our context, with complete clarity since the last century, the public character of that marine strip adjacent to the national territory, over which it exercises its sovereignty, has been recognized ... it is not possible to consider Article 45 of the Constitution violated, since limitations are not being imposed on private property, but rather, by regulating the public domain, the law establishes conditions by which the use and enjoyment of the zona marítimo terrestre by private individuals is possible. Thus, whoever attempts by unauthorized means to exercise a private use of that zone will be barred from the possibility of consummating it, since it has also been accepted since time immemorial that these are imprescriptible assets in favor of private individuals and that they are outside of commerce.'" (VSC No. 2241-09, at twelve hours eleven minutes on February thirteenth, two thousand nine)

In accordance with the case law of both the Constitutional Chamber and the First Chamber, it is clear that the zona marítimo terrestre is an asset belonging to the State, classified as a public domain asset and as such is imprescriptible, unseizable, and inalienable, such that private individuals cannot claim rights over them, except when a concession is granted in accordance with the applicable regulations, which permits private use by private individuals.

X. Criteria of the Tribunal:

This Chamber does not agree with the argument of the legal representation of the company Coffee Zombi for the reasons detailed below. It has certainly been proven that in 1987, the Instituto Geográfico Nacional (IGN) carried out a demarcation (amojonamiento) in the area of Playa Hermosa de Jacó, and that said demarcation was considered when preparing the Plan Regulador (Regulatory Plan) for the Zone in 1992; however, the 1987 demarcation did not consider the existence of a mangrove in the zone and included this mangrove within the 200 meters of the zona marítimo terrestre. Now then, as was indicated in the ninth considerando, mangroves are very fragile ecological units, in which a great variety of natural processes occur, processes that are very complex and important for the sustainability of human beings, for the ecosystem in general, and they possess great environmental, economic, social, cultural, scientific, and recreational value. This is why their protection as a legal asset is fundamental for society, since their destruction, impairment, or loss causes great harm, as it negatively impacts a sustainable environment, and when their exploitation is irrational, it directly affects the coastal marine habitat.

And it is that, as has been explained in this judgment, due to the legal nature of wetlands and the zona marítimo terrestre, no private individual can claim property rights, even when they have been registered. Only someone who manages to prove that the property was registered —between 1970 and 1974— in accordance with Transitorio III of Law No. 4558 of 1970 can claim ownership over that portion of land, which, it is reiterated, has not been proven by the defendant Coffee Zombi S.A.

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*200026431027CA*

EXPEDIENT:

20-002643-1027-CA - 2

PROCEEDING:

CONOCIMIENTO (ORDINARY)

PLAINTIFF:

COFFEE ZOMBI S.A.

DEFENDANT:

CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A

N° 2024000474

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and thirty-eight minutes on the twenty-fifth of January, two thousand twenty-four.-

Ordinary proceeding (Proceso de conocimiento) brought by the companies VALLE PERDIDO DOS S.A., legal identification number 3-101-350128, and COFFEE ZOMBI S.A., legal identification number 3-101-461232, represented by Mr. Charles William Kuhn, of legal age, divorced once, businessman, passport number 13225390, and Mr. John Goodwin Futch, of legal age, single, businessman, passport number Z6773196, against the MUNICIPALIDAD DE GARABITO, Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, the companies CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A., legal identification number 3-101-208011, TERRA-MARE UNUS S.A., legal identification number 3-101-162456, and TERRA-MARE DUO S.A., legal identification number 3-101-162678, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, hereinafter ICT, and the STATE. The attorney Orlando Hidalgo Gallegos appears as the special judicial representative of the plaintiff companies.

WHEREAS (RESULTANDO):

I.- On May 23, 2020, the plaintiff companies filed the complaint and specified their claims in the Preliminary Hearing held on May 9, 2022, as follows: Regarding the MUNICIPALIDAD DE GARABITO: 1) That the objective liability of the Municipalidad de Garabito be declared for having granted to Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO concession number ZM 1926, registered under the real estate folio number of the Partido de Puntarenas, 001360-Z-000, for a plot of land measuring 700.15 square meters, which is non-conforming with the legal system; where 365.26 m2 belong to Valle Perdido Dos S.A., causing damages to its patrimony due to violation of the right to private property, and therefore said concession be annulled and the Municipalidad de Garabito be ordered to respect the limit set by the Plan Regulador in force, published in La Gaceta No. 30, on February 12, 1992. 2) That the conduct of the Municipalidad de Garabito be declared violatory of the legal system and private property, by allowing, after charging a fee to the company CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A., the provisional use of a portion of land of 493 m2 included in plan P-1077275-2006 that belongs to Valle Perdido Dos S.A. That the Municipality be prohibited from studying the concession application of CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. using said plan for that purpose. 3) That the Municipalidad de Garabito be ordered to pay the damages caused to Valle Perdido Dos S.A., which will be established by expert examination, and to pay both costs. Indexation and interest shall be recognized on the amounts awarded, calculated from the filing of the complaint until effective payment. Regarding the complaint filed against Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO: 1) That it be declared that he illegally invaded —having neither title nor concession— an area of 494.74 m2 of land from the property registered in the Partido de Puntarenas, under real estate folio number 6-150867-000, with cadastral plan P-1100396-2006 in the name of the company Coffee Zombi S.A. A portion of land that must be returned immediately once the judgment is final. 2) That he be ordered to pay the damages caused, which will be established by expert examination, and to pay both costs. Indexation and interest shall be recognized on the amounts awarded, calculated from the filing of the complaint until effective payment. Regarding the complaint filed against CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A.: 1) That it be declared an act violatory of the legal system and private property, and that the defendant be prohibited from submitting a concession application to the Municipalidad de Garabito using plan P-1077275-2006 for that purpose, where 493 m2 of land belongs to Valle Perdido Dos S.A. 2) That plan P-1077275-2006 be annulled because it includes 493 m2 of land belonging to Valle Perdido Dos S.A. 3) That if said company is in possession of the lands owned by Valle Perdido Dos S.A., its immediate eviction be ordered. 4) That it be ordered to pay the damages caused, which will be established by expert examination, and to pay both costs. Indexation and interest shall be recognized on the amounts awarded, calculated from the filing of the complaint until effective payment. Regarding the complaint filed against TERRA-MARE UNUS S.A. and the company TERRA-MARE DUO S.A.: Main Claim: 1) That they be declared liable for having invaded 266 m2 owned by Valle Perdido Dos S.A., acquired on December 26, 2007, from SARAGUEZ LTDA, according to Public Deed No. 29 of the protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo, and that does not allow them to register the entirety of said sale because the cadastral plan cannot be drafted, and that they be ordered to pay for that portion of land. The amount will be established by expert examination. 2) That they be ordered to pay the damages, the quantification of which will be definitively determined with the requested expert evidence, and to pay the procedural and personal costs of this action, as well as interest and indexation on the amounts awarded in the judgment until effective payment. Alternative Claim: If the main claim is not granted, that the immediate possession of the 266 m2 be ordered in favor of Valle Perdido Dos S.A. (See images 2 through 43 and 624 through 626 of the digital judicial file and the judicial backup of the preliminary hearing).

II.- The legal representations of the Municipalidad de Garabito, Mr. José Antonio Chavarría Picado, the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., the Instituto Costarricense de Turismo, and the State, answered the complaint in the negative. They requested that the plaintiffs be ordered to pay costs and, in their respective order, filed the exceptions of expiration of the action (caducidad de la acción) and statute of limitations (prescripción) on the right, which were reserved for judgment; lack of active and passive legal standing (falta de legitimación ad causam activa y pasiva); and lack of right (falta de derecho). (See images 164 through 169, 217 through 227, 358 through 369, 636 through 645, and 700 through 713 of the digital judicial file).

III.- The representation of the State filed a counterclaim and the claims were set in the Preliminary Hearing held on May 9, 2022, as follows: 1) To declare that the companies Coffee Zombi S.A., legal identification number 3-101-461232, and Valle Perdido Dos S.A., legal identification number 3-101-350128, lack a property right with a valid prior title that predates the public domain attachment and is enforceable against the State, as well as a concession for the legitimate use of the restricted zone of the zona marítimo terrestre described in official letters DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021 from the Instituto Geográfico Nacional. 2) To declare that the area of the zona marítimo terrestre comprising property 6-150867-000, plan P-1100396-2006, in an amount of 32% of its area, equivalent to 4932.28 m2, is part of the public domain, and that the powers of public-domain self-protection (autotutela demanial) shall be exercised by the competent active Administration. Consequently, the partial nullity of registration 6-150867-000, plan P-1100396-2006, originating on February 28, 2007, with the filing of deed number 196 granted before Notary Lucrecia Rojas Calvo at 9:00 a.m. on December 7, 2006 (volume 569, entry 84750), shall be declared, said nullity also encompassing the latter, insofar as it included 32% of the restricted zone of the zona marítimo terrestre in the area of said property. 3) Upon granting claim two, and within three months from the finality of the judgment, Coffee Zombi S.A. must, at its own account and cost, exclude from registration 6-150867-000 the restricted zone of the zona marítimo terrestre described in official letters DIG-TOT-0613-2021 and DIG-TOT-0650-2021, carrying out the necessary actions for proper execution, including reducing the area, rectifying boundaries, drafting a new plan, and canceling number P-1100396-2006. The enforcement Judge shall exercise all powers conferred by the legal system for the full effectiveness and efficacy of claim three and shall order, at the State's request, all adequate and necessary measures for its timely and proper execution, including authorizing the notarization of the judgment by the State Notary to rectify boundaries and reduce the area of property 6-150867-000 by the 32% portion indicated in official letters numbers DIG-TOT-0613-2021 and DIG-TOT-0650-2021, that is, 4932.28 mts2. 4) In case of opposition, both costs and their interest shall be imposed. (See images 714 through 722 of the digital judicial file).

IV.- By written submission received on December 2, 2021, the legal representative of the companies answered the counterclaim in the negative and raised the exception of lack of right in their defense. (See images 751 through 783 of the digital judicial file).

V.- By order issued at 10:26 a.m. on November 13, 2020, the companies TERRA-MARE UNUS S.A. and TERRA-MARE DUO S.A. were declared in default for not having answered the complaint in a timely and proper manner. (See image 375 of the digital judicial file).

VI.- The Preliminary Hearing was held on May 9, 2022, in the presence of the parties. The claims of the complaint and counterclaim were defined, and the exceptions of statute of limitations and expiration of the action were reserved for judgment. The disputed facts were determined, and the documentary, testimonial, and expert evidence was admitted. (See images 907 through 916 of the digital judicial file).

VII.- The oral and public trial was held on January 9, 2024. In it, relevantly, the opening arguments were heard, the testimonial and expert evidence was taken, and finally the parties presented their closing arguments, and this Tribunal ordered the present proceeding to follow the procedure provided for in Article 111, subsection 1) of the Code of Civil and Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). (Judicial digital backup).

VIII.- That no nullities that must be declared, nor defects that must be corrected, have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge Salas Leitón;

WHEREAS (CONSIDERANDO):

I.- ON THE PROPOSED EVIDENCE FOR BETTER DECISION: By written submission dated June 10, 2022, the legal representative of the plaintiff companies requested, as evidence for better decision, that this Office proceed to request that the Instituto Geográfico Nacional determine, based on the original boundary markers (mojones) that served as the basis for the creation and publication of the Regulatory Plan in force for the Sector in Garabito, Playa Hermosa, published in La Gaceta No. 30, on February 12, 1992, the following: To perform a graphic overlay of plan P-1100396-2006 for property 6-150867-000, as well as of properties 6-45951-000 and 6-32362-000, onto the official orthophotos, in relation to the original boundary markers that served for the creation of the Regulatory Plan in force published in La Gaceta No. 30, on February 12, 1992, in order to determine with said original boundary markers whether any sector of those properties corresponds to Zona Marítimo Terrestre, according to the demarcation made by the IGN that gave rise to the Regulatory Plan in force used by the Municipalidad de Garabito, published on February 12, 1992. Also, by written submission dated November 23, 2023, the legal representative of the plaintiff companies submitted, as evidence for better provision (prueba para mejor proveer), the Registral Report for the property of the Partido de Puntarenas No. 00045951 with an area of 240,795.30 m2, which shows that there is an annotation on that property, namely, the filing made on October 4, 2023, of Public Deed No. 39 of the Protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo dated December 26, 2007, in which the representative of Saraguez Ltda appeared as owner of said property and the representatives of the company Valle Perdido Dos S.A., and the former sold to the latter the amount of 500,000 colones for a "resto reservado" (reserved remainder) of said property. The above for the purpose of proving its property right over the indicated "resto reservado." Given the well-known discretionary admission of evidence for better decision, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has held that the rejection of such evidence does not cause defenselessness to the parties. Among other rulings, the following is transcribed, in relevant part, from ruling number 547-F2002 at sixteen hours on July twelfth, two thousand two, which states: "(…) IV. Numerous precedents of this Chamber, referring to evidence for better decision, have indicated that this is evidence of the judge, and not of the parties. Consequently, the decision to gather it is discretionary for the jurisdictional body, and it may dispense with it without the need for any resolution. Ergo, the omission of a ruling regarding it —precisely because the evidentiary stage has been exceeded, in which the parties must demonstrate the constitutive facts of their right, as required by the rules on the burden of proof, and once that stage has precluded— is the exclusive prerogative of the judge to determine whether new evidence necessary for the correct decision of the dispute should be added to the record. The following resolutions may be consulted, among many others: 59 at 3:20 p.m. on May 31, 1996; 23 at 2:20 p.m. on March 4, 1992; 34 at 10:45 a.m. on May 28, 1993; and 83 at 2:40 p.m. on December 22, 1993. (…)” In support of the above, ruling number 29-1995 at fifteen hours thirty minutes on February twenty-second, nineteen ninety-five, also issued by the First Chamber, clarifies the following: “(…) Within the judge's instructional and ordering powers is the power to order evidence for better provision (prueba para mejor proveer) (Article 97, subsection 2, and 331 of the Code of Civil Procedure), when the evidence to be taken has a decisive influence on the outcome of the proceeding (…). The core aspect of evidence for better provision is its optional or discretionary nature, which cannot be demanded by the parties; its ordering depends entirely on the initiative, prudence, and criterion of the jurisdictional body, and consequently, its denial does not cause any defenselessness.” Having said all this, this Chamber considers that the request made is not relevant, useful, or necessary to resolve the merits of the present dispute, because it is clear that the plaintiff companies acquired the properties between 2006 and 2009, when the demarcation carried out by the Instituto Geográfico Nacional and published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003, was applicable to delimit the zona marítimo terrestre, both public and restricted, and not the demarcation used for the preparation of the Plan Regulador published in La Gaceta No. 30 of February 12, 1992. Therefore, determining whether, based on the Plan Regulador published in La Gaceta No. 30, on February 12, 1992, and the boundary markers considered for those purposes, any sector of properties 6-150867-000 (plan P-1100396-2006), 6-45951-000, and 6-32362-000 did not correspond at that time to the Zona Marítimo Terrestre would not be pertinent, because it is clear that the demarcation considered in 1992 was rendered ineffective by the new demarcation carried out by the IGN and published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003, and therefore it is denied. The evidence offered on November 23, 2023 (registral certification dated November 15, 2023, and copy of deed 29 of Notary Lucrecia Rojas Calvo) is admitted, as it is related to the point in dispute.

II.- ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF COMPANIES: That the company Coffee Zombi S.A. purchased, on December 7, 2006, by public deed granted by Notary Lucrecia Rojas Calvo, the property of the Partido de Puntarenas No. 6-150867-000 with cadastral plan No. P-1100396-2006. A property that, it assures, borders to the south with the ZMT of the Municipalidad de Garabito according to the Plan Regulador published in La Gaceta No. 30 of February 12, 1992. That the company Valle Perdido Dos S.A. purchased the following properties: a) On December 26, 2006, by public deed granted by Notary Lucrecia Rojas Calvo from the company Saraguez S.A., the remainder of the mother property, with that part not being able to be registered because the plan could not be drawn up as it was invaded by the defendants herein, describing that portion as "resto reservado" until the cadastral plan can be obtained. b) On March 11, 2009, by public deed, it purchased another property that was segregated from the mother property with plan No. P-981391-1991. That the Municipalidad de Garabito disposed, by de facto means, of 365.26 mts2 and under file No. 1407-98 granted concession No. ZM1926 —together with another piece of land that is part of the ZMT under its administration— to Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, registered under registration No. P-001360-Z-000 with an area of 700.15 mts2, of which 365.26 mts2 are the property of the company Valle Perdido 2 S.A. In another line of argument, it accused that Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO additionally invaded an area of 494.74 mts2 of the land owned by Coffee Zombi S.A. That the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., based on plan No. P-1077275-2006, requested a concession from the Municipalidad de Garabito over the ZMT, which is being processed under file No. 1539-00, with an area of 1430 mts2, of which 493 mts2 belong to the company Valle Perdido Dos S.A. (from the property that was segregated from the mother property No. P-981391-1991). That the Municipalidad de Garabito processed, under administrative file No. 1162-95, a concession application over the ZMT and granted to the companies TERRA-MARE UNUS S.A. and TERRA-MARE DUO S.A. a concession over the ZMT registered under the registries of the Partido de Puntarenas No. 000114-000 and No. 000115-000; however, it accused that both companies extended their granted domain over the concession and invaded a portion of land of 266 mts2 owned by Valle Perdido Dos S.A. The above according to plans Nos. P-237603-1995 and P-237605-1995. Damages claimed: 1) AGAINST THE MUNICIPALITY: i. That it granted concession ZM-1926 to Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO, registered under No. P-001360-Z-000, with an area of 700.15 mts2, of which 365.26 belong to Valle Perdido Dos S.A. ii That it is processing a concession over the ZMT in the name of the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., with an area of 1430 mts2, of which 493 mts2 belong to the company Valle Perdido Dos S.A. 2) AGAINST CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A.: For having made cadastral plan No. P-1077275-2006 describing a piece of land of 1430 mts2, of which 493 m2 belong to the company Valle Perdido Dos S.A. 3) AGAINST MR. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO: Without having any concession, he invaded a portion of land of 494.74 mts2 belonging to the property owned by the company Coffee Zombi S.A., registered in the Partido de Puntarenas under real estate folio No. 150867-000 with cadastral plan No. P-1100396-2006. 4) AGAINST THE COMPANIES TERRA-MARE UNUS S.A. and TERRA-MARE DUO S.A.: For having invaded 266 m2 owned by the company Valle Perdido Dos S.A. In the supplementary oral and public trial hearing, it reiterated: That its represented parties come to this jurisdiction in order to seek the restitution of the portions of land that were illegitimately taken by Mr. José Antonio Chavarría Picado, Cabinas Arenas Calientes de Jacó, and Terra Mare Unus and Terra Mare Duo. It maintained that the plan of the mother property No. 981391-91 describes on its lower part the lot donated by Mrs. Isidora and Mrs. Rosario to the Municipalidad de Garabito so that they could prepare the plan regulador created in 1987 and in force to date. It alleged that its represented parties acquired the property in tracts. That in 2007 they acquired 1964 m2 from Saraguez Ltda.

and that a plat could not be prepared because, of the 1964 m2, 1124 were occupied by the defendants and therefore that portion was designated as remainder. It alleged that José Antonio Chavarría Picado, on April 30, 2010, directly appropriated 494.74 m2 of Coffee Zombi's property, enclosing it with a chain-link fence, without Mr. Chavarría Picado having proven to date that he is the owner, concessionaire, or permit holder. It continued, stating that Mr. Chavarría Picado used plat No. 566770-1999 to request a concession for a piece of land that is next to the one he occupied. That the Municipality granted Mr. Chavarría Picado a concession in the year 2000 over a 700.15 m2 piece of land, of which 365.26 m2 are the property of Valle Perdido Dos, preparing for that purpose plat P-480899-98, corresponding to the property registered under the Puntarenas District No. 6-0001361-Z-000, such that the Municipality granted as a concession a 365.26 m2 portion belonging to Valle Perdido Dos in clear violation of private property, and they now shield themselves by saying that according to the demarcation (amojonamiento) carried out by the IGN in 2003, that zone constitutes part of the restricted maritime zone (zona marítimo restringida). For this reason, it requested that the judgment enforce the 1992 Regulatory Plan (Plan Regulador); annul the concession identified as No. 1926, corresponding to the property of the Puntarenas District No. 6-0001360-Z-000; and order the immediate return of the 494.74 m2 belonging to Coffee Zombi occupied by Mr. Chavarría Picado, and the 365.26 m2 granted by the Municipality as a concession belonging to Valle Perdido Dos, or failing that, the payment of its value according to the amount established by expert appraisal. It also stated that the Municipality is considering granting the company Arenas Calientes de Jacó a concession over a 1430 m2 property according to plat P-1077275-06, and 493 m2 of those 1430 m2 are the property of Valle Perdido Dos, exceeding the limits of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) according to the 1992 Regulatory Plan. That its represented party complained to the Municipality and what they indicated was that the strip of land described between the restricted zone according to the 1992 Regulatory Plan and farm No. 150867-000 has no private owner, so pursuant to Article 35 of Law No. 6043, its administration corresponds to the Municipality. However, it reiterated that the purchase by Valle Perdido Dos of farm 45951-000 demonstrates that this remainder that the Municipality says belongs to no one is, in reality, an integral part of its property. That images 1032 through 1046 contain the transfers of ownership from Isidora to Rosario to Saraguez and finally to Valle Perdido Dos, and the deed executed on December 26, 2007. That the Municipality is of the opinion that with the new demarcation (amojonamiento), it can give that land in concession, which constitutes a violation of constitutional numeral 45. It requested that the Municipality be prohibited from processing the concession application submitted by Cabinas Arenas Calientes de Jacó based on plat P-1077275-2006. That in this way, Arenas Calientes de Jacó requested a concession from the Municipality, providing the aforementioned plat, in whose preparation the distances recorded in the demarcation (amojonamiento) carried out by the IGN in 2003 were taken, and not the delimitation considered by the 1992 Regulatory Plan. Hence, both the Municipality and Cabinas Arenas Calientes must observe the distances contemplated in the 1992 Regulatory Plan. For this reason, it requested that plat No. 1077275-2006 be annulled and the immediate eviction (desalojo) of the 493 m2 be ordered, or failing that, that it be compensated according to the value assigned by expert appraisal. Finally, regarding Terra Madre Unus and Dos, it alleged that these companies, although they have a concession over the maritime-terrestrial zone in the area, without any justification disregarded the land granted in concession and occupied a total of 266 m2 of the property of Valle Perdido Dos, and for this reason it requested that the judgment order them to vacate (desalojar) said property, or failing that, that its value established by expert appraisal be paid. Against ICT because it simply limits itself to saying that in the zone there was a new demarcation (amojonamiento), and that could have generated the differences being alleged. Finally, against the Attorney General's Office (Procuraduría), as it states that Coffee Zombi improperly registered an area of 32% that today is maritime-terrestrial zone and that this was confirmed by the IGN in various official communications, and that to date Coffee Zombi has no land to register. Based on the foregoing, it requested that the judgment provide: Regarding the MUNICIPALITY OF GARABITO: 1) That the strict liability (responsabilidad objetiva) of the Municipality of Garabito be declared for the granting to Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO of concession number ZM 1926, registered under the real folio registration number of the Puntarenas District, 001360-Z-000, over a 700.15 square meter plot of land, where 365.26 m2 belong to Valle Perdido Dos S.A., which caused damage to its patrimony for violation of private property rights, being non-conforming with the legal system (ordenamiento jurídico), and therefore the indicated concession be annulled, and the Municipality of Garabito be ordered to respect the limit established by the current Regulatory Plan published in La Gaceta No. 30 on February 12, 1992. 2) That the conduct of the Municipality of Garabito be declared in violation of the legal system and private property by allowing, upon charging a fee (canon) to the company CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A., the provisional use of a 493 m2 portion of land included in plat P-1077275-2006 that belongs to Valle Perdido Dos S.A. That the Municipality be prohibited from conducting the study of the concession application of CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A. using said plat. 3) That the Municipality of Garabito be ordered to pay the damages caused to Valle Perdido Dos S.A., which shall be established by expert appraisal, and to pay both costs (costas). On the amounts established, their indexation and interest calculated from the filing of the complaint until effective payment must be recognized. Regarding the complaint filed against Mr. JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA PICADO: 1) That it be declared that he illegally occupied—lacking title or concession—an area of 494.74 m2 of land, from the property registered in the Puntarenas District, at real folio number 6-150867-000; with cadastral plat P-1100396-2006 in the name of the company Coffee Zombi S.A. A portion of land that must be returned immediately once the judgment becomes final. 2) That he be ordered to pay the damages caused, which shall be established by expert appraisal, and to pay both costs. On the amounts established, their indexation and interest calculated from the filing of the complaint until effective payment must be recognized. Regarding the complaint filed against CABINAS ARENAS CALIENTES DE JACÓ S.A.: 1) That the act be declared a violation of the legal system and private property, and the defendant be prohibited from submitting a concession application before the Municipality of Garabito using plat P-1077275-2006, where 493 m2 of land belong to Valle Perdido Dos S.A. 2) That plat P-1077275-2006 be annulled for including 493 m2 of land belonging to Valle Perdido Dos S.A. 3) That if said company is in possession of the lands belonging to Valle Perdido Dos S.A., its immediate eviction (desalojo) be ordered. 4) That it be ordered to pay the damages caused, which shall be established by expert appraisal, and to pay both costs. On the amounts established, their indexation and interest calculated from the filing of the complaint until effective payment must be recognized. Regarding the complaint filed against TERRA-MARE UNUS S.A. and TERRA-MARE DUO S.A.: Principal Claim: 1) That they be declared liable for having occupied 266 m2 belonging to Valle Perdido Dos S.A., acquired on December 26, 2007, from SARAGUEZ LTDA, according to public deed No. 29 of the protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo, and which prevents them from registering the entirety of said sale because the cadastral plat cannot be prepared, and that they be ordered to pay for that portion of land. An amount that shall be established by expert appraisal. 2) That they be ordered to pay the damages, the quantification of which shall be definitively determined by the expert evidence requested, and to pay the procedural and personal costs (costas procesales y personales) of this action, as well as the interest and indexation on the amounts granted in judgment until effective payment. Subsidiary Claim: If the principal claim is not admitted, immediate possession of the 266 m2 be granted to Valle Perdido Dos S.A. The municipal representative stated: That the company Valle Perdido Dos S.A. acquired the entirety of the remainder of farm No. 6-032362-000 and part of farm No. 6-045951-000, and by means of plat No. P-981391-1991, it combined part of farm No. 6-045951-000 and part of farm No. 6-032362-000. That in this way, plat No. P-981391-1991 does not correspond to farm No. 6-045951-000. That plat No. P-981391-1991 corresponds only partially to farm No. 6-045951-000. That based on this clarification, it is established that it is not possible to affirm that the portion of land existing between the restricted zone of the ZMT and the boundary of farm No. 6-150867-000, whose owner is the company Coffee Zombi S.A., is a portion of land acquired by the company Valle Perdido Dos S.A., so that pursuant to Article 35 of the LSZMT No. 6043, the administration and custody of that portion of land corresponds to the Municipality of Garabito. That as of August 24, 2020, farm No. 6-045951-000 belonged to the company Saraguez, located in the District of Cóbano, without a plat that allows it to be located. That although plat No. P-981391-1991 gave rise to concession No. 6-1360-Z-000 in the name of Mr. José Antonio Chavarría Picado, encompassing as of July 19, 2000, areas outside the limit of the current Regulatory Plan in Playa Hermosa, said portion had not been reduced to private property by an enabling title (título habilitante), and therefore the custody and administration of said portion of land corresponded to the Municipality of Garabito pursuant to Article 35 of the LSZMT No. 6043. That based on the demarcation (amojonamiento) carried out by the IGN and published in La Gaceta No. 193 of 10/08/2003 (before the transaction between Valle Perdido Dos S.A. and the company Saraguez Ltda), the entire concession No. 6-1360-Z-000 fell within the restricted zone of the ZMT and is currently in the process of renewal (it expired on 7/19/20), and the Regulatory Plan of Playa Hermosa is under review. That the land described by plat P-1077275-2006 is the subject of a concession application by the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., and said land, according to the demarcation (amojonamiento) carried out by the IGN published in La Gaceta No. 193 of 10/8/2003, is within the restricted zone of the ZMT. Mr. José Antonio Chavarría Picado, in what is of interest, stated that the Municipal Council of Garabito, by agreement adopted in its ordinary session No. 132, article III, C, of July 19, 2000, granted him the concession of the farm identified as No. 6-1360-Z-000 with cadastral plat No. P-480899 of May 31, 1998, with an area of 700.15 m2. He denied that this property forms part of the plaintiffs' property. The representative of the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. pointed out that to the west of property No. 6-1360-Z-000 with plat No. P-0480889-1998, with an area of 700.15 m2 in the name of Mr. José Antonio Chavarría Picado, there is a zone that forms part of the ZMT with an area of 1430.00 m2 with cadastral plat No. 6-1077275-2006. That over this property, it processed a concession application before the Municipality of Garabito. The representative of ICT stated: That the Municipality of Garabito sent to ICT the administrative file through which the granting of the concession in the name of Mr. José Antonio Chavarría Picado was processed, under code 611323, in which cadastral plat No. 480899-98 is located, which defines the area of 700.15 m2 and was granted by that Municipality. A plat that shows the tie to IGN markers (mojones) No. 9-B and 10-B, markers located on the zoning sheet of the Regulatory Plan of Playa Hermosa de Garabito. That in the file sent, it was indicated that there was no opposition to the edict published by Mr. Chavarría Picado in La Gaceta No. 83 of October 21, 1998, and therefore the file sent is in accordance with the tourist accommodation zone. That in official communication G-1567-2000 of July 14, 2000, the endorsement for its final processing was granted by the ICT management. It pointed out that the IGN published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003, a new demarcation of the public zone of the ZMT, repealing markers 9-B and 10-B, which implies a variation from the original conditions at the time that proceeding was resolved, as it could affect the boundary 150 meters inland from the ZMT. The State representative stated: That property 6-150867-000 with plat P-1100396-2006, registered in the name of Coffee Zombi S.A., encompasses, in 32% of its area, lands that form part of the maritime-terrestrial zone, according to IGN official communications numbers DIG-TOT-0613-2021 and DIG-TOT-0650-2021. That these official communications coincide with the report of the Technical Cadastral Department of the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario) dated November 7, 2017, within file 2017-818-RIM. It rejected what was affirmed by Valle Perdido Dos S.A. regarding the lack of area to register that it says it acquired from the company Saraguez Limitada, since, as can be seen in the orthophoto overlays contained in the report of the Technical Cadastral Department of the Real Estate Registry, the southern boundary of plat P-1064849-2006 associated with registration number 6-147342-000 coincides with that plotted by plat P-1100396-2006 (linked to registration number 6-150867-000), and consequently, there is no remainder in that sector to be registered in its name, as it is also an area of the maritime-terrestrial zone according to the information contained in official communications DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021. That plat P-981391-1991 is not associated with any of the registrations 6-147342-000 and 6-150867-000 registered in the name of the plaintiffs. That no evidence was provided that it had been registeredly associated with the parent farms, beyond the data it records in its title block. That a certified copy of plat P-981391-1991 is provided, where the strip of the maritime mile that it states is under concession to Saraguez Ltda. can be seen to the south and west, this because the content in the private report, which appears on page 4 of the judicial file, image 48, is illegible for that purpose. That according to the overlay performed in the report of November 7, 2017, by the Technical Cadastral Department of the Real Estate Registry, the land described in plat P-1077275-2006 (outlined in dashed black with a lilac background) is located to the south of plats P-1100396-2006 (raspberry color) and P-1064849-2006 (yellow color), within the maritime-terrestrial zone, and this same situation is seen in official communication DIG-TOT-0651-2021 from the IGN when describing the polygon of plat P-1100396-2006 in green. In the supplementary hearing of the oral and public trial, the State representative reiterated: A) Lack of standing (legitimación) of the plaintiffs: That plats in themselves do not generate any right, and that what generates the right over a property is its registry publicity (publicidad registral), and over the zones in dispute, no owner appears, as stated by expert Marcela Anchía when she indicated that the total of the remaining area that could not be registered in the deed of sale in favor of Valle Perdido Dos is 1964 m2, of which 1124 m2 are the ones occupied. That is, the zone in dispute is not the registered property of Valle Perdido Dos, and in this sense, Articles 455 and 459 of the Civil Code establish that for the purposes of third parties, the deed as such has no value to prove that they are owners. That therefore, the plaintiffs do not have the necessary link with the object of the process, and thus with the administrative-legal relationship that this claim requires according to Article 10 of the CPCA. That since the plaintiffs are not the registered owners of the portion of land they claim as theirs, and given that the plats by themselves do not prove that condition, they therefore lack active standing (legitimación activa) to come before this venue to sustain a claim over an asset they do not prove belongs to them registeredly. B) Prescription (prescripción) of the right to claim: The representative affirmed that the claim is prescribed, since the harmful act by which the plaintiffs supposedly could not register the entirety of the land in their name occurred on February 4, 2009, the moment when Notary Lucrecia Rojas Calvo requested the Public Registry to register the property partially, reserving a remainder on the condition of preparing the respective plat. However, it is a plat that cannot be prepared because that zone constitutes a maritime-terrestrial zone. Thus, and given that the LGAP establishes in its Article 198 that the administered party has 4 years to claim from the Administration, and if the complaint was notified to the State on September 27, 2021, it is clear that the claim is prescribed. (See ruling of Chamber 1 No. 615-2010). That in its reply to this defense, the representation of the plaintiffs argued that because it is a public-domain asset, prescription does not run; however, it is clear that it is the State for which the period to file its claim does not run—for the administered party it does, and therefore the plaintiffs were overtaken by the extinction period of the right to pursue their claim. That it is also not acceptable that the act of partial registration of the property has a continued effect, since the partial registration of their right does not have that condition, as it is a legal act of instantaneous effects. (See rulings 818-2018 and 1426-2002). That the plaintiff never registered the portion of land it claims. That Article 455 of the C.C. establishes that it is the registered title that has effects against third parties, and since the plaintiffs do not have the portion of land they claim registered, they therefore lack standing, and in any case, even assuming they did have standing, the claim is prescribed. C) That the claim concerns a portion of land that forms part of the maritime-terrestrial zone: That according to the evidence offered, official communication IGN No. DIG-TOC-651-2021 of October 19, 2021, is recorded, where it was confirmed beyond any doubt that the claimed zone is part of the Maritime-Terrestrial Zone, and therefore inalienable (outside of commerce) and imprescriptible. That expert Marcela Anchía Garbanzo recognized that the land is not registered in its name and resorts to the demarcation (amojonamiento) in the zone considered in the Regulatory Plan to support her thesis; however, the 2003 demarcation (amojonamiento) did not occur due to a change generated by facts attributable to nature. The existing mangrove has been in that place forever, and pursuant to numerals 6, 7, and 172 of the LGAP, the Regulatory Plan cannot violate the provisions of Articles 1, 7, 9, and 10 of Law No. 6043. That in any case, the 2003 demarcation (amojonamiento) merely corrected an error made when demarcating (amojonar) the area in 1987, because when measuring the 200-meter distance of the maritime-terrestrial zone, the existing mangrove was not respected, and it should have been excluded from that measurement, measuring said area from the end of the mangrove that extends into the continental platform. That the demarcation (amojonamiento) is an exclusive and excluding power of the IGN, and that said demarcation was carried out by the IGN in 2003, before the plaintiffs acquired the properties in the zone. That the classification of an asset as public domain (demanial) is not generated by the act of demarcation; rather, it is the Law that classifies what is public and what is not. That in this case, the mangrove is of a public nature because Law No. 6043 establishes it as such, and the Forestry Law (Ley Forestal) indicates that absolute protection must be provided to these zones. That from the facts of the complaint, it is clear that the southern boundary of plat P-1100396296 describes farm No. 6-150867. That plat No. P-981391-91 is not associated with farm No. 6-147342, nor with 6-150867, and it no longer even exists because it never generated a title. That to the south and west, the strip of the maritime-terrestrial zone under concession to Saraguez Ltda. is visible. That the land with plat P-1100390-06 is located south of plat P-1100390-06 and P-1064849-06, all within the maritime-terrestrial zone, which finds support in official communications IGN-TOC-0651-2021 when describing the polygon of plat No. P-107727-06. That representation concluded by indicating that the plaintiffs never registered the land they claim, for which reason they lack standing. That even assuming they had registered said land, the civil claim would be prescribed. That the plat they referenced, if it exists, did not generate any right, and those lands, not being registered in the name of a private individual and being susceptible to registration, residually belong to the State.

III.- PROVEN FACTS: The following proven facts are of relevance for the purposes of this process: 1) That the National Geographic Institute, in its official communications DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021, indicated in their respective order: "...the land registration number 6150867-000 corresponds to the Maritime-Terrestrial Zone, according to the demarcation carried out by the IGN and published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003, for which we indicate: According to your inquiry, the property described by plat P-1100396-2006, located in Pochotal, district 01 Jacó, canton 11° Garabito, province 06 Puntarenas, is 32% within the Maritime-Terrestrial Zone according to the demarcation carried out by the IGN and published in the Official Gazette La Gaceta No. 193 of October 8, 2003. The issuance of this technical criterion and analysis of results is based on: a) The geographic location of the property provided by the professional responsible for cadastral plat P-1100396-2006, according to the cartographic sheet Herradura 3344-I, III Edition, 1991, scale 1:50000. b) The reference and topographic survey information contained in cadastral plat P-1100396-2006. c) The official basic cartography at scales 1:1,000 and 1:5,000 according to Notice No. 01-2011 of July 14, 2011, made official via publication in the Gazette La Gaceta No. 146 of July 29, 2011, and the continuous cartographic base of the Republic of Costa Rica at scale 1:25,000, called CR_IGN_IGF_BCC_25,000 (2018 edition), according to Directive No. 001-2018 of April 30, 2018, made official via publication in the Official Gazette La Gaceta No. 101 of June 7, 2018. d) The updated data on the Maritime-Terrestrial Zone held by the National Geographic Institute. The property described in plat P-1100396-2006 corresponds to the real estate of farm Real Folio No. 6150867-000. This process addresses the case under File No. 20-002643-1027-CA. This technical criterion is based on the data cited above, without prejudice to the competencies of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) in the management and protection of ecosystems that form part of the Natural Patrimony of the State, within and outside the Maritime-Terrestrial Zone..." (...) DIG-TOT-0650-2021: "In complement to your official communication DIG-TOT-0613-2021, issued on October 8, 2021, I hereby request that you perform a graphic overlay of plat P-1100396-2006 on the orthophoto, describing and identifying the 32% of the property registration number 6-150867-000 that is located within the maritime-terrestrial zone." We inform you that, in response to your request, attached to this official communication, and as a complement to official communication DIG-TOT-0613-2021, we are delivering a sheet that shows the graphic overlay of plat P-1100396-2006, which describes the property registration No. 6-150867-000, onto the official IGN orthophotos (2013-2017), where the 32% of the property that is within the restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone can be seen in purple..." (See sheet below). DIG-TOT-0651-2021: "...Subject: Response to official communication DPB-OFI-1625-2021. File No. 20-002643-1027-CA. Cordial greetings. With the authorization of the directorate of the National Geographic Institute (IGN), and in response to your official communication DPB-OFI-1625-2021 dated October 14, 2021, received in our secretariat via email, where you request: "…to certify to us whether the land included in plat P-1077275-2006 exceeds the maritime-terrestrial zone encroaching on private property, according to the demarcation carried out by you and published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003…" The property described in plat P-1077275-2006 is located in its entirety within the Patrimony of the State constituted by the Maritime-Terrestrial Zone; the issuance of this technical criterion and analysis of results is based on: a) The geographic location of the property provided by the professional responsible for plat P-1077275-2006, according to the cartographic sheet Herradura 3244-I, III Edition, 1991, scale 1:50000. b) The reference and topographic survey information contained in cadastral plat P-1077275-2006. c) The official basic cartography at scales 1:1,000 and 1:5,000 according to Notice No. 01-2011 of July 14, 2011, made official via publication in the Gazette La Gaceta No. 146 of July 29, 2011, and the continuous cartographic base of the Republic of Costa Rica at scale 1:25,000, called CR_IGN_IGF_BCC_25,000 (2018 edition), according to Directive No. 001-2018 of April 30, 2018, made official via publication in the Official Gazette La Gaceta No. 101 of June 7, 2018. d) The updated data on the Maritime-Terrestrial Zone held by the National Geographic Institute. Attached to this official communication, we are delivering a sheet that shows the graphic overlay of plat P-1077275-2006 and its relationship with the restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone, demarcated by the IGN and published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003..." (See sheet below). 2) That by Public Deed No. 196 of the Protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo of December 7, 2006, the company Valle Perdido II S.A., from its farm registered in the Puntarenas District No. 147352-000 with plat P-1064849-000 having an area of 163,995.12 m2, located in the First District Jacó, canton 11 Garabito of the Province of Puntarenas, segregated and sold to the company Coffee Zombi S.A. a lot with an area of 14,413.39 m2 that gave rise to the farm registered in the Public Registry No. 150867-000 with plat No. P-1100396-06. (See image 86 and 87 of the judicial digital file). 3) That the National Property Registry, in its certification dated November 15, 2023, located property No. 45951-000 in District 11 Cóbano, Canton 01 of the Province of Puntarenas. (See evidence admitted for better resolution.) 4) That in the expert report provided by the plaintiff companies, the points for measuring the 200-meter distance of the maritime-terrestrial zone considered the demarcation (amojonamiento) contemplated in the 1992 Regulatory Plan (1987 demarcation (amojonamiento)), and not the reference points of the demarcation (amojonamiento) carried out in 2003. (See images 45 through 61 of the judicial digital file).

IV.- UNPROVEN FACTS: The following could not be proven in the present matter: 1) That the "reserved remainder" of farm No. 45951-000, which Notary Lucrecia Rojas Calvo indicated in her Public Deed No. 29 of the Protocol of December 26, 2007, is the registered property of the company Valle Perdido II S.A., and that said property is located in District 1, Jacó, Canton 11 Garabito, Puntarenas. (since the Public Registry, in its certification dated November 15, 2023, located property No. 45951-000 in District 11 Cóbano, Canton 01 of the Province of Puntarenas). (No evidence is located in this regard). 2) That the demarcation (amojonamiento) carried out by the National Geographic Institute in 2003 and the respective change of distances in the ZMT occurred due to a change in the topographic conditions of the zone caused by natural causes, in the terms indicated by numeral 24 of Law No. 6043. (There is no evidence in this regard). 3) That the Municipality of Garabito delivered, in the concession identified as No. ZM-1926 to Mr. José Antonio Chavarría Picado, a portion of land of 365.26 m2 belonging to the private property of the company Valle Perdido II S.A., which it described as the "reserved remainder" of the farm of the Puntarenas District registered under real folio registration number No. 4595-000 located in Cóbano. (There is no evidence in this regard). 4) That plat No. P-1077275-2006 in the name of Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A. included 493 m2 belonging to the private property of the company Valle Perdido II S.A., which it described as the "reserved remainder" of the farm of the Puntarenas District registered under real folio registration number No. 4595-000 located in Cóbano. (There is no evidence in this regard). 5) That the companies Terra Mare Uno and Terra Mare Dos occupied a portion of land of 266 m2 that is private property of the company Valle Perdido II S.A., which it described as the "reserved remainder" of the farm of the Puntarenas District registered under real folio registration number No. 4595-000 located in Cóbano. (There is no evidence in this regard). 6) That Mr. José Antonio Chavarría Picado occupied a 494.74 m2 portion belonging to Coffee Zombi S.A. (There is no evidence in this regard).

7) That the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) encompassing the property in the name of Coffee Zombi of the Puntarenas district No. 6-150867-000 with plan P-110396 had been registered as such, in accordance with Transitorio III of Law No. 4558 of 1970. (No evidence to that effect is found).

V.- OF THE LACK OF ACTIVE LEGITIMATION AD CAUSAM: 1) The representation of the plaintiff companies maintained in their complaint that the Municipality of Garabito affected their right of property enshrined in constitutional article 45 because it granted Mr. José Antonio Chavarría Picado a concession identified as number ZM 1926 registered under the real folio registration number of the Puntarenas District, 001360-Z-000, over a 700.15 m2 plot of land, of which they asserted 365.26 m2 form part of the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951 located in District 01 Jacó, Canton 11, Garabito of the Province of Puntarenas, which the company Valle Perdido Dos S.A. acquired from the company Saraguez Ltda. by public deed No. 29 of the Protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo dated December 26, 2007. They also alleged that the Municipality of Garabito is analyzing the concession application filed by the representation of the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., using for this purpose plan No. P-1077275-2006 with an area of 1430 m2, of which 493 m2 are also part of the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951. Due to the foregoing, they requested that concession No. ZM 1926 be annulled and the 365.26 m2 be restored to them, or failing that, the municipal corporation be ordered to pay the value that expert appraiser Luis Eduardo Vargas Méndez established for said portion of land, and that on said amounts they be granted indexation and interest calculated from the filing of the complaint until effective payment. They also requested that the Municipality be ordered to respect the boundaries of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) contemplated in the Regulatory Plan of 1993, according to the demarcation (amojonamiento) carried out in the year 1987, and to refrain from hearing the concession application filed by the representation of the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó S.A., and if the concession is granted, that the municipal corporation be ordered to pay the value that expert appraiser Luis Eduardo Vargas Méndez established for said portion of land. Regarding Mr. Chavarría Picado personally, they requested that the judgment order him to immediately return the 494.74 m2, property registered in the Puntarenas district, under real folio number 6-150867-000; with cadastral plan P-1100396-2006 in the name of the company Coffee Zombi S.A. They likewise requested that the representation of the companies TERRA-MARE UNUS S.A. and TERRA-MARE DUO S.A. be ordered to immediately return the 266 m2 that they also asserted form part of the "reserved remainder (resto reservado)" of the farm they identified as No. 45951, which the company Valle Perdido Dos S.A. acquired from the company Saraguez Ltda. by public deed No. 29 of the Protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo dated December 26, 2007, or failing that, that they be ordered to pay the value established by expert appraisal plus its indexation and interest from the filing of the complaint until its final firmness. The representation of the ICT and the State raised in their defense the exception of lack of active legitimation ad causam, arguing essentially that plans do not generate any right and that the right of property over a real estate is exclusively generated by its registry publicity. That in this sense, articles 455 and 459 of the Civil Code establish that for purposes of third parties, the deed as such has no value to prove that they are its owners. That therefore, the plaintiffs do not have the necessary link with the object of the proceedings and thus with the administrative legal relationship required by this complaint according to article 10 of the CPCA. That since the plaintiffs are not the registered owners of the portion of land they claim as theirs, and given that the plan by itself does not prove said condition; they therefore lack active legitimation to resort to this venue to sustain a claim over a property they do not prove belongs to them by registry. Finally, once the opportunity for responding to the complaint was granted to the representation of the ICT and the State -in accordance with what is indicated in article 70 of the CPCA-; the representation of the plaintiff companies limited itself to pointing out that the intervention of the ICT in this case was required by the Office and by the Court of Appeals because lands concessioned by the Municipality of Garabito are involved, with the intervention of the ICT in their approval, indicating, "...hence the exceptions of lack of right and the exception of lack of active and passive legitimation ad causam have no legal basis, are improper, and must therefore be rejected (sic) given the necessary intervention of said institute regarding our claims in this complaint..." With the exception of lack of active legitimation ad causam having been raised in this way, and since said legitimation is one of the material prerequisites, it will be analyzed first because if it succeeds, it would be unnecessary to make a statement on the merits of the matter. Regarding this type of defense, this Section of the Court, with drafting by Co-Judge Mr. Felipe Córdoba, indicated in its judgment No. 106-2015-IV of 2:00 p.m. on October 23, 2015: "...1.- On active legitimation in the judicial process.- Legitimation is a substantive prerequisite of every jurisdictional process and as such, its analysis is mandatory for the Judges, even ex officio even if the respective exception has not been raised. The aspect addresses: '... the specific material legal situation in which a subject, or plurality of subjects, finds themselves, in relation to what constitutes the litigious object of a specific process; legitimation, in short, will indicate to us in each case who are the true holders of the material relationship that is intended to be elucidated in the sphere of the process; who are the subjects whose procedural participation is necessary for the Judgment to be "effective".' (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José and González-Cuellar Serrano, Nicolás. Costa Rican Administrative Procedural Law. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.). In this way, note that it concerns the aptitude residing in the intervening subjects to be a party in a process of this nature, something that derives or originates from the relationship existing between the sphere of their interests and rights, in direct relation to the administrative conduct being challenged. Thus, it is said that: '... a subject becomes legitimated in a procedure or in a specific process by virtue of the prior affectation suffered in their qualified interests or rights' (Jiménez Meza, Manrique. The New Contentious-Administrative Process. Collective Work. Judicial Branch. Judicial School. San José. Costa Rica. p. 79.). If the intervening parties lack legitimation, it can be concluded that the development of the entire process will not serve to resolve the intersubjective conflict specifically raised in judicial court because precisely that lack will determine the nonexistence of the legal relationship between the parties. In this jurisdiction -contentious-administrative- the 'legal situations of every person' are protectable, clarifies subsection 1) of articles 01 and 10, both of the Contentious-Administrative Procedural Code, in relation to the various manifestations of administrative conduct, so that to obtain effective and substantive judicial protection in a contentious process, it is required to be the holder of a subjective right or at least 'a legitimate interest' derived or originating from an administrative legal relationship (article 49 of the Political Constitution) regarding which, given their legal situation, one can request the declaration of non-conformity with the legal system, the annulment, modification, or adaptation of the administrative conduct, the restoration, recognition, or declaration of a legal situation, the fixing of limits and rules imposed by the legal system for the exercise of administrative powers, an order to perform a certain conduct, an order to abstain from a conduct, and an award of damages and losses (article 42 of the cited Procedural Code). This prerequisite must be understood in a double dimension, namely, active legitimation, relating to who or those who appear as plaintiffs, properly referring to the supposed ownership of the subjective right or legitimate interest claimed to be infringed, which is conceived as the suitability to perform acts exercising the power of action that empowers them to demand the satisfaction of a determined provision or object; and on the other hand, passive legitimation, in relation to the defendant party, which manifests as the aptitude to bear the exercise of said power. Thus, a subjective right or legitimate interest is confronted against public powers or competences. Finally, it is important to refer to the key concepts for determining whether this substantive prerequisite is met or not, namely subjective right and legitimate interest. The former has been defined in national doctrine as '... that power to act validly within certain limits, and/or to be the beneficiary of public conduct, demanding from the Public Power (and specifically from the Administration), by a coercive means, if necessary, the corresponding concrete and specific conduct, granted by the Legal System to that subject or those subjects for the satisfaction of their ends and interests.' (González Camacho, Óscar Eduardo. Administrative Justice. Volume II. Judicial Control of Administrative Inactivity. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) For its part, the second is substantial, not procedural, as it forms part of the material legal sphere of the administered party, which: 'must entail a benefit as a consequence of the elimination of the administrative action, or a prejudice derived from its maintenance, a benefit or prejudice that may be material or legal, as well as of a moral, religious, scientific, or economic nature (257 LGAP)' (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José and González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); and as such, it needs to be legitimate, that is, it is essential that it is protected, even if indirectly, by the legal system. This has been the sense in which the First Chamber of the Supreme Court of Justice has pronounced itself in its jurisprudence, stating: '... It is consequently necessary to reiterate the concept of legitimation which rests, according to reiterated jurisprudence of this Chamber, on the necessary correspondence that must exist between the plaintiff claimant and the holder of the claimed right or legitimate interest. It constitutes, as is known, an essential prerequisite of the procedural legal relationship, indispensable for a favorable judgment. It is generally held by that person (physical, legal, public or private), who suffers an injury as a consequence of administrative conduct (active or omissive), against which they protest before the Judge, requesting the protection of their legal situation or that belonging to the collective they integrate. It derives, as can be seen, from the link or relationship maintained with the procedural claim formulated.' (Judgment number 11-F-S1-2012, of nine hours twenty-five minutes on January twelve, two thousand twelve). It should also be noted that active legitimation comprises two widely differentiable or separable legal aspects: the first 'formal-procedural' which in doctrine and jurisprudence has been called 'legitimatio ad procesum', which has to do with the procedural capacity of the one filing the action, in accordance with civil legislation; and by virtue of that, it refers to the generic capacity to sue or to bring a specific claim against a third party. For procedural doctrine, procedural legal capacity and procedural capacity to act are two abstract conditions referring, the first to the ownership of the rights, burdens, and responsibilities of the process, and the second, to the performance of procedural acts and receipt of their effects, which are recognized in view of physical and legal qualities or aptitudes. The subject who possesses procedural legal capacity and procedural capacity to act is in a position to initiate a process or defend themselves in it, making use of the general power to bring an action, that is, to promote a process, recognized to citizens, and to make use of the bilaterality of the action. Legitimation ad processum has also been called merely adduced or alleged legitimation. (JIMÉNEZ MEZA, Manrique, Administrative Legitimation, Editorial Investigaciones Jurídicas, 3rd ed., San José, 2000.) This is because this legitimation refers to the ownership that the party instituting the process claims to have, and which of course will not be demonstrated to be held until the whole or a significant part of the process has elapsed. And the second scope is what has been denominated -also- in national doctrine and jurisprudence as 'legitimatio ad causam', concerning the substantive right, that is, the ownership or not of a legal relationship, which refers to legitimation as a requirement for the exercise of the power of action and affects the effectiveness of the process. Unlike legitimation ad processum, this is not a validity requirement, so it should not be confused with it. By virtue of which, it is valid to conclude that legitimation is the aptitude to be a party in a specific process, derived from the possession of a right or legitimate interest, which when it refers to the capacity to sue in a process, involves active legitimation. This must be duly justified, through the documents accompanying the filing brief of any claim -regardless of the Jurisdiction involved, be it civil, criminal, family, contentious, or constitutional, etc.-, among which must necessarily be those related to proving the representation claimed by whoever exercises the right of action, and failing this, the Judge could declare the claim inadmissible and archive the file even ex officio, because whoever brings an action under such circumstances does not have a right to effective judicial protection from the jurisdictional sphere. By reason of what has been said, it is evident that the institute of legitimation belongs to the general theory of the process, as it refers to the character of effect it has in relation to the power of action, that is, it operates as a requirement for the effectiveness of the jurisdictional ruling required for the resolution of the raised conflict. In other words, it is the presence of the qualities that condition the valid appearance of the parties in the process. This implies that the Judge will have recognized the adduced legitimation, not the substantive legitimation, at the time of admitting the process or claim and giving it course. This first action by the Judge does not commit them, since it will be up to the substantiation of the process when the assessment of this substantive prerequisite must be made, as it is directly related to the determination of whether or not there is a relationship between the person filing the action and the rights and legitimate interests whose protection is being pursued, and which, as indicated, constitutes the basis of legitimation in every jurisdictional process. It is for this reason that doctrine has recognized that the concept of legitimation should be reserved for the subject-object relationship, so consequently the only legitimation considered is that referring to the ownership of the right concerning the object. It is a peculiar legal situation that the subject acting in the process holds with respect to the object being disputed, which is what authorizes them to claim effectively, and the defendant to skillfully contradict. (VESCOVI, Enrique, Theory of the Process, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990.) In light of the foregoing, there can be no protection nor any claim before the Judge, without a right of action, exercised through a jurisdictional process. This links the right and the legitimate interest to the claim, granting them the role of legitimating element (legitimatio ad procesum) and of indispensable material prerequisite for its final estimation in judgment (legitimatio ad causam) where the existence of a legitimate interest would suffice as a legitimating element (legitimatio ad procesum), which in this case translates into the proper link between the suing subject and the claim outlined in their complaint. Obviously the analysis of this important substantive prerequisite of the complaint must be left for judgment, as it is only at that moment that it can be verified if the supposed ownership -of the subjective right or legitimate interest- adduced in the filing of the action exists..." More recently, this same Section indicated regarding this topic: "...The state representation raised in its defense, upon answering the complaint, the exception of lack of active legitimation ad causam, and since it is a substantive exception, it was reserved for judgment. Given that it is one of the material prerequisites, it will be analyzed first because if it succeeds, it would be impossible to rule on the merits of the matter. Having said that, it must be borne in mind that for a complaint to be processed, the jurisdictional body must review, either at the instance of the sued party or even ex officio, when issuing the judgment, whether it meets the material prerequisites, among these the active legitimation ad causam of the person filing the action. If this legitimation does not exist, the complaint will not be able to find a positive response. Now, it should be noted that legitimation constitutes the capacity, the aptitude to be a party in a specific process, as an active or passive party, depending on the conditions that procedural law prescribes for this purpose in relation to the claim being made. Regarding active legitimation, article 10) subsection 1), paragraph a) of the CPCA indicates that those who invoke the affectation of legitimate interests or a subjective right will be legitimated to sue. Thus, legitimation arises either from the administrative legal relationship established between the plaintiff and the Administration, or from the law, according to what it has established in this regard, provided that the person filing the action has suffered an affectation in their legal or patrimonial sphere. And it is that in a process there are two types of legitimation, for the cause (ad causam) and for the process (ad processum). The first (ad causam) deals with verifying whether the person filing the complaint has, legally speaking, a right to claim due to the affectation suffered, that is; the legitimated party is that person who under the substantive law has a specific legal relationship with the object of the process, that is, the claim. The second (ad processum) consists of a procedural matter, in other words, whether the person appearing has the capacity to act according to the law or acts on behalf of another with the appropriate type of legal representation in accordance with our regulations..." (Voto No. 77-2020-IV of two thirty in the afternoon on July twenty-nine, two thousand twenty.) 2.- On the facts that have been held as proven within this case. The plaintiffs file the complaint maintaining that by deed No. 29 of Notary Lucrecia Rojas Calvo of December 26, 2007, the company Valle Perdido Dos acquired from the company Saraguez Ltda. the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951, which deed was presented to the National Registry on October 4, 2023. In this way, the plaintiffs base their active legitimation ad causam on the fact that, in their view, the company Valle Perdido Dos is the owner of that "reserved remainder (resto reservado)" of the cited farm. Furthermore, they indicate that the company Coffee Zombi is the holder of the property registered in the Puntarenas District No. 6-150867-000 with plan P-110396. They alleged in their complaint that the Municipality of Garabito violated their right of property enshrined in constitutional article 45 because

in the concession over the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) that they identified as No. ZM-1926 in the name of Mr. José Antonio Chavarría Picado, the Municipality granted 365.26 m2 that are located within the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951 that they assure is the property of Valle Perdido II. They also alleged that the Municipality is studying the concession application filed by the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó and for this contributed plan P-1077275-2006 that includes a 493 m2 portion of their land. That the companies Terra Mare Unus and Terra Mare Duo invaded 266 m2 of their land. Finally, they indicated that Mr. José Antonio Chavarría Picado invaded a total of 494.74 m2 of the property of Coffee Zombi No. 6-150867-000 with Plan No. P-110396-2006. Due to the foregoing, they requested that the Municipality of Garabito, Mr. José Antonio Chavarría Picado, the company Cabinas Arenas Calientes de Jacó, and Terra Mare Unus and Terra Mare Duo be ordered to return the indicated portions of land or, failing that, payment be made according to the value of the lands established by expert appraisal. To prove their claim, the plaintiff companies provided a copy of deed No. 96 of Notary Lucrecia Rojas Calvo of December 7, 2006, by which Valle Perdido Dos sold from its farm No. 147352-000 with plan P-1064849-06 with an area of 163,995.12 m2 to the company Coffee Zombi a portion of land that gave rise to farm No. 150867-000 with plan 1100396-06 with an area of 15,413.39 m2. And deed No. 29 of Notary Lucrecia Rojas Calvo of December 26, 2007, by which the company Saraguez Ltda. sold to the company Valle Perdido Dos what it described as the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951. A legal act that has not generated the creation of a farm registered in the National Registry, nor does it have a cadastral plan. They also provided a party expert report, prepared by Topographical Engineers Jorge Segura and Marcela Anchía, for the purpose of determining the distance of the 200 meters of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the place, based on the boundary markers (mojones) existing as of the year 1992, the date on which the Regulatory Plan for the zone was published in Gazette No. 30 of February 12, 1992. The foregoing for the purpose of proving that the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951-000, which they assure is the property of Valle Perdido Dos, and property No. 6-150867-000 with plan P-110396-000 are not affected by the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). Court's Criterion: For this Chamber, the exception of lack of active legitimation ad causam must be upheld, and therefore the complaint must be declared inadmissible in all its aspects for the reasons detailed below. The company Valle Perdido Dos uses as the sole evidence to prove its right of property over what it called the "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951, a copy of public deed No. 29 of the Protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo of December 26, 2007, and certification from the National Registry noting that said instrument was presented to the National Registry only on October 4, 2023. For this Chamber, said evidence is insufficient to prove ownership over the property it referred to, for the following reason. According to national doctrine and jurisprudence; article 455 of the Civil Code establishes that titles subject to registration that are not registered do not prejudice third parties, except from the date of their presentation to the Registry. Said article states: "Titles subject to registration that are not registered do not prejudice a third party, except from the date of their presentation to the Registry. A person who has not been a party to the act or contract to which the registration refers shall be considered a third party. The annotator for a personal credit shall not have the status of a third party, with respect to rights in rem created in a public deed prior to the annotation of the attachment or seizure order. However, if the public deed were presented to the Registry later than three months after its execution and there already existed an annotation of attachment, or seizure, these shall prevail over the former, unless the person deriving their right from the deed manages to prove in an ordinary trial against the annotator that their right is certain and not simulated, a trial that must be filed within the three months following the date of presentation of the deed and regarding which the provisions of article 978 shall apply. Upon registering deeds for rights in rem presented within three months following their execution, the aforementioned annotations or registrations of attachment shall be disregarded without the need for any proceeding or petition, or resolution so declaring, and the Registrar shall note in the margin of the entries of the referred annotations or registrations, a note stating they have been rendered without any value or effect, with respect to the respective goods or rights, by virtue of what is provided in this article." The provision under discussion establishes a series of assumptions that make up what has come to be known as the Principle of Registry Publicity, according to which, documents subject to registration are only opposable to third parties who did not participate in the execution of the registrable transaction, starting from the date they are presented to the Public Registry. It is a formal indication of the existence of circumstances regarding a specific property, so that third parties have the possibility of knowing such a situation, providing legal certainty to the traffic of registrable goods and rights. The initial paragraph precisely regulates the opposability of those titles from the act of presentation to the respective registry. Following that, the second paragraph defines and specifies who is to be considered a third party, therefore, the persons with respect to whom the cited principle applies, indicating that a third party is anyone who has not participated in the act or contract to be registered, which implies that the effects of those transactions are opposable between the subscribing parties from their execution, regardless of whether they are presented for registration or not. Finally, note that the article penalizes the omission to present the deed after 3 months have elapsed from its execution. It is for this reason that this Court has repeatedly stated that for property subject to registration, ownership is proven by registration in the Registry, or at least by the pending transfer document, and it will be its registration that generates all the attributes of ownership, including, among these, the recovery or indemnification sought in this proceeding. However, it is clear that the plaintiff has not registered said property in its name, and what it proves by the registry certification it provided is that it was only on October 4, 2023, that it presented deed No. 29 of the Protocol of Notary Lucrecia Rojas Calvo dated December 26, 2007. Thus, the presentation only gives it a right over presentations subsequent to that date that another applicant might present, but not to prove its right of property over that "reserved remainder (resto reservado)" of farm No. 45951. Therefore, by not proving its registry ownership, it lacks active legitimation ad causam to request, based on said evidence, the recovery or indemnification of lands it assures belong to it, since to find an affirmative answer to its claims, as a sine qua non requirement, the property must be registered in its name, which is not the case here. In addition to this, and no less important, it must be highlighted that Notary Rojas Calvo in her deed No. 29 dated December 26, 2007, located the "RESERVED REMAINDER OF FARM FORTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-ONE ZERO ZERO" (45951-000) in District 01 Jacó, Canton 11 Garabito of the Province of Puntarenas, and the Public Registry in the certification provided as evidence for better resolution, locates, for all legal purposes, this farm in District 11 Cóbano Canton 01 of the Province of Puntarenas. In this way, it is notorious that the geographical location of said farm and the "Reserved Remainder (Resto Reservado)" that the plaintiffs claim as property of Valle Perdido II S.A. do not correspond in the same geographical zone, which is physically and materially impossible. As indicated, the company Valle Perdido II did not prove itself to be linked in any legal relationship with the portions of the property it claims as its own, namely of the "reserved remainder (resto reservado)" that, it bears repeating, it assured it had acquired from the company Saraguez Ltda. by deed No. 29 of December 26, 2007, of Notary Lucrecia Rojas Calvo, and although it provides a copy of that deed and certification stating that it was presented to the National Registry on October 4, 2023, that is, approximately 16 years after its execution, this, for the reasons stated, does not prove its ownership over said property and the portions of land whose recovery or indemnification it claims in this process. Finally, the company Coffee Zombi also failed to prove that Mr. José Antonio Chavarría Picado is invading a total of 494.74 m2 of its property No. 6-150867-000 with plan P-110396-2006, and what was referenced in this regard by the Engineers.

The surveyors Anchía Garbanzo and Segura López’s work is not sufficient to prove that those 494.74 m2 are part of farm No. 6-150867-000, since the topographic study commissioned by the plaintiffs was to determine the existence or not of a possible land invasion, whether by the Municipality of Garabito, or by private individuals or concessionaires on private property, “according to the Regulatory Plan of the Municipality of Garabito (La Gaceta #30 DATE 12-2-1992).” Thus, the topographic study was carried out using as a reference the boundary demarcation performed by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) in 1987; however, that boundary demarcation was rendered void when the IGN carried out a new boundary demarcation in 2003, so the plaintiff fails to prove that the portion she claims was invaded by Mr. Chavarría Picado is private property and not part of the maritime-terrestrial zone. As a corollary of the foregoing, the defense of lack of active standing to sue is granted, and therefore the claim is inadmissible in its entirety.

VI. DEFENSES: Due to the manner in which the claim is resolved, it is unnecessary to rule on the defenses of expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), and lack of right raised against the claim by the defendants.

VII.- ON THE STATE’S COUNTERCLAIM: The State’s representative filed a counterclaim stating, in pertinent part, that although the company Coffee Zombi, by deed No. 196 granted before notary Lucrecia Rojas Calvo at 9:00 a.m. on December 7, 2006, acquired from the company Valle Perdido II a property with an area of 15,413.39 m2, which gave rise to farm No. 6-150867-000 with survey plan P-1100396-2006; according to what was indicated by the National Geographic Institute in official letters DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021, said property encompasses 32% of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, equivalent to 4,932.28 m2. That, therefore, the company Coffee Zombi S.A. lacks a property right with a lawful title predating the public-domain designation and enforceable against the State, as well as a concession for the lawful use of that 32% of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. That for this reason, Coffee Zombi S.A. must, at its own expense and cost, exclude from registration entry 6-150867-000 the restricted zone of the maritime-terrestrial zone described in the cited IGN official letters, carrying out the necessary actions for proper execution, among them, reducing the area, rectifying boundaries, canceling survey plan No. P-1100396-2006, and preparing a new one that conforms to reality. In summary, it stated: That registration does not validate the nullity of a title, since the National Registry does not cure the defects that the registered document or the act contained therein may have, which subsist regardless of the registration. (See Article 456 of the Civil Code, and ruling of the Cassation Chamber, No. 35 of 3:00 p.m. on April 2, 1976). That the nature of a public-domain asset excludes any asset from legal commerce and renders it completely unsuitable for reduction to private property, as long as it retains that quality, modifiable only by law (Civil Code, numerals 261, 262; First Chamber, judgments 230-90 and 104-96, constitutional rulings 5026-97 and 2408-07, Administrative Litigation Court, Nos. 7747-85-1, 9172-87-1, 7-2018-II). That by virtue of the illegitimate registration, the private individual acquires no right whatsoever, and the act remains absolutely null (constitutional rulings 1975-91 and 6170-98, First Chamber, rulings 104-96, 952-05, and 352-2021). That survey plan P-1100396-2006 likewise confers no right of property or possession. (See Civil Code, Article 301; Decree 34331, Article 57, paragraph 3; First Civil Chamber, judgments of 2:30 p.m. on October 23, 1936, 40 of 2:20 p.m. on January 9, 1960, 95 of 9:10 a.m. on April 6, 1979, Cassation Chamber, 4:30 p.m. on May 20, 1938, 3:10 p.m. on May 24, 1944; 69 of 2:30 p.m. on August 10, 1960, 31 of 3:30 p.m. on May 8, 1981, First Chamber, rulings 6-90, 230-90, 241-90, 243-90, 123-92, 126-92, 171-92, 56-1994, 66-1994, 33-1995, Administrative Litigation Court, 86-2021-I). That acts and agreements carried out privately over a portion of public-domain real estate, given the nature of the asset, in the absence of valid ownership and contravening prohibitory laws, are null (Constitution, Articles 28, paragraph 2 –a contrario sensu– and 129, paragraph 4; Law 6227, section 18.2; Law 6043, Arts. 1, 7, and 45; Civil Code, Articles 10, 261, 262, 627 subsection 2, 629, 631, 835, 837, and 844; cassation rulings of 10:00 a.m. on August 1, 1946, 3-53, 79-55, 78-76, and 121-79, First Chamber, 506-2007). That public-domain assets are outside commerce, and no claim of property and possession under title of owner is admissible. (Civil Code, Articles 261 and 262; constitutional rulings 2306-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 6758-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 6192-95, 422-96, 3227-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 790-01, 2408-07; First Chamber, 104-96, 597-00, 237-07, 506-07, and 535-14; Administrative Litigation Court, 433-2010-11, 84-2014-11, 2018-11, 95-2013-V, and 148-2012-VII). That private occupancy thereof has no acquisitive effects (constitutional rulings 6758-93 and 6192-95), and private individuals do not exercise possession over those assets since neither in fact nor in law do they hold them under their power and will. (Administrative Litigation Court, 9282-87-I, 10019-88-I, 10166-88-I, 10418-88-I, 230-95-I, 107-2008-II, 868-2011-III, and 19-2009-VII). That, therefore, whoever alienates them transmits the defect in the cause of acquisition: “The reason is obvious: no one can change, by himself or by the passage of time, the cause of his possession. Nor can one change, by one’s own will or by the passage of time, the qualities or the defects of possession; as it begins, so it always continues” (Ramírez Gronda, Juan Diego. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7th ed., 1974, p. 227). That the principles of inalienability, imprescriptibility, and the legal publicity of public domain oppose the possibility of invoking the figure of the registry third party against it to consolidate private property illicitly removed from that regime, and the action or counterclaim to reverse registrations prejudicial to the public domain does not prescribe (no prescribe) or expire (no caduca). That according to numerals 41.1.2 of Law 9342 and 64.2 of Law 8508, whoever invokes a defense has the burden of proving its basis. That in this case, since the right is declared by Law in favor of the State, the evidentiary burden falls on whoever asserts private property. That it is incumbent upon the private individual to prove the ownership invoked in accordance with the law, that is, with the ten-year possession prior to the public-domain designation (Constitutional Ruling 4587-97, Administrative Litigation Court, 86-2021-I). That the First Appeals Chamber, in judgment 87-1961, stated that it is up to the private individual to prove the ten-year prior possession with a legitimate title, and failing to do so, it will be deemed public by operation of law. That this thesis is supported by the principle of onus probandi (burden of proof), because whoever has a presumption or normative precept in their favor (Civil Code, numerals 261, 262, and 486; Law 2825, Articles 7 and 11) places the burden of proof on their opponent. The First Chamber, in judgment 409-F-S1-2019, shares the criterion: “In the face of a declaratory claim of public domain... demaniality is presumed, and it is the private individual who is called upon to rebut it... Said presumptive rule also renders the rules of private property and possession inapplicable from the outset...” The same First Chamber, in judgment 352-2021, added: “IX... in the present proceeding, the defendant did not prove that she had acquired on such a basis, nor that any of the previous owners acquired under the protection of such a transitory norm. It is worth adding that this is consistent with the historical evolution of the demaniality of the coastal zone, which originated in 1828 and continues to the present day in accordance with the provisions of the LZMT.” That the action for nullity of title is exercised by the State against the current registered owner or acquirer of the property, without the need to join the previous owners or transferors, because the First Appeals Chamber, in a ruling of 3:45 p.m. on August 21, 1936, indicated that each of the acquirers was aware that the registration was made without prejudice to third parties with better rights. Along these lines, the First Chamber, in judgment 480-2019, held: “III... the appellants consider that since one of the claims is the cancellation of the registration of the farm, all those who were once owners of the property must be joined to the proceeding, given that they might be eligible for compensation... this Chamber does not share the co-defendants’ criterion regarding the suggested necessary passive joinder of parties, since it is evident that those who have a current relationship with the property that is the subject of the proceeding are the co-defendants, who claim to have rights over the land, but not their previous owners, which shows there is no obstacle to a ruling on what is sought...” That this Jurisdiction, in judgments No. 35-2007-IV and 69-2018-II, ordered the modification of boundaries, reduction of areas, cancellation, and preparation of new survey plans due to encroachment on the maritime-terrestrial zone; in said judgment it ordered: “...the maritime-terrestrial zone also includes the two-hundred-meter strip adjacent to the river mouths (rías)... so that the measurement of the farms must exclude the protection area of such public-domain assets, that is, two hundred meters adjacent to the river mouth and one hundred and fifty meters at the vegetation line at the edge of the estuaries (esteros) and the limit of the mangroves and salt estuaries, if they extend more than fifty meters from the ordinary high tide line; boundaries that must be modified in the Public Property Registry, as well as the respective cadastral survey plans (...) V.-... As a public document represented by Official Letter DIG-TOT-0049-201Z, it has probative value that constitutes full proof of the material existence of the facts that the public official of the National Geographic Institute affirmed therein in the exercise of his powers (Arts. 451 and 452 of the current CPC), and as such, this Court holds, as it hereby declares, that the overlap of the cadastral survey plans of the above-cited farms over the restricted area of the maritime-terrestrial zone is proven and demonstrated... It is declared that it is of public domain... the defendant is ordered... at his own expense and cost, to cancel the survey plan... and prepare a new one, rectify the boundaries, and reduce, by public deed that he must fully and diligently register before the Public Registry, the area of the registration entry..., excluding the 3,581 m2 belonging to the restricted zone. The foregoing within the two months following the finality of this judgment.” In the supplementary oral and public trial hearing, the State’s representative reiterated: That the counterclaim-defendants referred to the Regulatory Plan of 1992; however, they failed to analyze the southern boundary of the registry entry. Survey Plan P-1100396-2006, looking at the route of the southern coastal road; in that registry description, that boundary, with the 1987 boundary demarcation and the 1992 Regulatory Plan, an error occurred that was corrected with the 2003 boundary demarcation, since the 1987 demarcation did not consider the existing mangrove in the area and omitted its mandatory legal protection. Thus, according to the 2003 boundary demarcation, the property registered under No. 6-150867-000 with survey plan L110396-2006 has defects of nullity, because said farm is partially (32%) encumbered by the public domain, and over that percentage, the company Coffee Zombi lacks a lawful, legitimate title, because regardless of the 1987 boundary demarcation, by its nature it is encumbered by the public domain. That survey plan P-981391-91 was never associated with any farm, and for that reason the Registry canceled it pursuant to numeral 301 of the Civil Code, since a survey plan by itself does not prove any right, neither of possession nor of property. That Chamber I has held that when the prevalence of private domain over public domain is disputed, it is up to the private individual to prove their prior lawful title. That in the present matter, such a situation was not proven. That an attempt was made to do so with the party expert report carried out by Topographical Engineer Marcela Anchía, but it turns out that Survey Plan P-981391-91 was never associated with any farm and no longer exists because it was canceled. And even if that survey plan were used, farm No. 150867 in the name of Coffee Zombi encroaches on the public zone of the ZMT as to its registry entry on the southern boundary. Law 6043, in its Articles 1, 7, 9, and 10, establishes a designation of 200 linear meters perpendicular to the beach, called ZMT, whose legal antecedent dates back to the year 1628. Those 200 meters consist of 50 meters of the public zone that projects perpendicularly toward the continent and 150 meters that make up the restricted zone. That based on the evidence provided, it is established that the coastal road in this case is located approximately in the middle of the restricted zone. That those 200 meters were not born with Law 6043 of 1977, or in 1987 with the first boundary demarcation, or in 1992 with the Regulatory Plan, or in 2003 with the new boundary demarcation, but rather from 1628, because the legislator so established. Thus, this is not a case about the public domain being more important than the private domain, nor is it about disrespecting the rights of private individuals enshrined in Article 45 of the Constitution. That what this case is about, regardless of whether the counterclaim is granted, is that 32% of the maritime-terrestrial zone currently in private hands is being recovered, and that it must be projected from the mangrove limits as if it were a shadow. That the PGR has said that according to numeral 24 of Law 6043, when there is a shift in distance, the affected party must prove that the change occurred due to natural causes, but in the present case, the plaintiffs did not prove that the new 2003 boundary demarcation occurred for that reason. That the plaintiffs did not challenge the 2003 boundary demarcation, and the 1987 boundary markers no longer exist and have no legal effect today. That the Topographical Engineer admitted in her testimony that in the sheets she considered in her expert report, the Municipality had already included the ZMT boundary points of the 2003 demarcation as the limits of the area. That is, the 1992 Regulatory Plan had the foresight and was updated with the new intermittent lines. That Chamber I, in its rulings 598-13, 783-13, 507-2014, 413-15, 129-16, 145-16, and 733-17, has reiterated that when a private individual acquires under the protection of the Registry, and the same deed states that registration is requested without prejudice to third parties with better rights, the applicant, under the principle of rogation, assumes the consequences of the property being encumbered by the public domain, causing a rupture of the State liability framework, with liability for damages falling under the responsibility of a third party (the seller) or the fault of the victim for purchasing and registering land under such conditions; therefore, the PGR, in seeking to recover said asset due to its nature, does not violate numeral 45 of the Constitution. That thus, the plaintiffs not having proven a lawful title over that 32%, i.e., 4,932.28 m2 must be returned to the State, for which purpose the farm, the survey plan, the deed were identified, and technical evidence was provided by the National Geographic Institute, which determined the degree of encroachment in light of what Law No. 6043 mandates. So the official letter that proved such a situation is not confiscating private property but rather projecting, in cartographic and schematic form, what the Law commands. Once the counterclaim was served for response, the representative of the defendant companies stated, in pertinent part: The property in the Partido of Puntarenas, real folio number 6-150867-000, with cadastral survey plan P-1100396-2006, with an area of 1 ha 5,413.39 m2, is not registered in the maritime-terrestrial zone, much less, as the State’s representative states, does said registration “encompass 32% of demanial zone.” That when that land was registered in the name of Coffee Zombi S.A. before the Public Registry of Real Property, it was done without any restriction or warning that State-owned land was being registered, since had that been the case, the Registry would not have registered it. That so clear is their clients’ position in having purchased and registered lawfully, that they reiterate what was stated on page 5 of the counterclaim by the same Office of the Attorney General of the Republic, in the transcription of ruling 480-F-S1-2019 of 2:40 p.m. on May 30, 2019, by which it defines what lands within the maritime-terrestrial zone mean, and explains that they are lands belonging to the State where private individuals “cannot appropriate them nor legalize them in their name.” That if it were true that said land corresponds 32% to the Maritime-Terrestrial Zone, they could never have legalized them in their name, but the reality is that they were purchased and they were legalized, which confirms that the State’s thesis is incorrect; therefore, they are not lands in the maritime-terrestrial zone. That the State entity has argued that since the National Geographic Institute issued a drawing of what a 150-meter restricted zone area would encompass based on a new boundary demarcation that occurred in 2003, in official letters DIG-TOT-0613-2021 and DIG-TOT-0650-2021, then the restricted zone moves inward to the detriment of private property and to the impairment of their properties. That this State position is a violation of the right to private property enshrined in Article 45 of the Political Constitution, first paragraph, which clearly reads: “Property is inviolable; no one may be deprived of their own except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law. In the event of war or internal unrest, it is not essential that compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made at the latest two years after the state of emergency has ended (...).” That the constitutional text guarantees that the State cannot deprive a person of their property without having previously compensated them. That this guarantee naturally implies that the Public Administration cannot issue provisions or execute acts that in fact excessively limit the enjoyment of that right; that is, that prevent the owner from performing the acts they can normally perform in relation to their property. That this Court has so held in several of its judgments; among others, it so ruled in judgment No. 2006-1216 of 3:48 p.m. on February 7, 2006: “...regarding limitations on the right to private property as that State right to compensate them, when they are expropriatory, in judgment No. 2004-02162 of 12:22 p.m. on February 27, 2004, the Court stated: ‘Doctrinally, the right of property has been defined as the right to exclusively possess a thing, to enjoy and dispose of it, without limitations other than those established by law or by the will of the owner. In our Democratic State of Law, the Political Constitution in its Article 45 establishes that property is inviolable and that no one may be deprived of their own except for a legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law, from which it follows that it is not an absolute right...’” That the State’s statement indicating that the property in the Partido of Puntarenas, real folio number 6-150867-000, cadastral survey plan P-1100396-2006, lacks a lawful title is a fallacy without legal basis, given what has been said regarding the fact that our property titles are duly registered, as evidenced by the registry certifications that protect our rights as legitimate owners, according to the same registry publicity issued by the Public Registry of Real Property, literal certifications that appear in the documentary evidence that supports our right to be in this proceeding. That it is not for nothing that the Public Registry has as its logo on its website the phrase: “The National Registry of Costa Rica is the Public Institution, governing and responsible for registry and geospatial activity; it protects the registered rights of natural and legal persons, offering quality services and legal certainty to users...” That the certifications that support their right are provided by the sole State public entity that gives tranquility and sustainability of legal certainty to all administered parties. That, furthermore, the State’s position in indicating that we lack a lawful title prior to the public-domain designation is nothing more than a fallacy. That in the addendum submitted to this judicial file on December 15, 2020, as a result of the doubt that the Municipality of Garabito sought to generate by asserting that it was not possible to determine legally or technically that the strip of land located between the restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone and farm 6-045951-000 titled in favor of Coffee Zombi S.A., is indeed the portion acquired by its represented party Valle Perdido Dos S.A., the history of the parent farm was explained, where it was demonstrated with survey plans and drawings that the land under cadastral survey plan P-692801-1987, the northern boundary of the possession of the property corresponds to the registered farm and at the time was owned by Mrs. Rosario Rodríguez Solera. That that 1987 survey plan, since 1971, had the right of possession in favor of Mrs. Rosario Rodríguez Solera and Mrs. Isidora Rodríguez Solera. That subsequently, the possession passed in favor of Mrs. Isidora Rodríguez Solera. Mrs. Isidora Rodríguez Solera donated a part of the property in favor of the Municipality of Puntarenas, an area that is what today represents the current Regulatory Plan of the Municipality of Garabito, the same that came into legal existence through publication in La Gaceta No. 30 of February 12, 1992. That the foregoing means that the land of the late Mrs. Isidora Rodríguez arose after the designation of the current Regulatory Plan of the Municipality of Garabito. That the State indicates that 32% of our lands are demanial property because the IGN relocated the boundary markers and, for that reason, our land in that percentage is now demanial; that is not true and is legally impossible. It is legally impossible because of what has been said regarding the private property regime protected by the Political Constitution, given that our land enjoys constitutional protection, and the only thing that could threaten it would be the exception that said article mentions if there is a public interest declared under prior compensation by the State, i.e., an expropriation proceeding where the administered party is compensated for the dispossession of their property. That if a new boundary demarcation moves the restricted 150-meter line to the detriment of private property, the constitutional principle of Article 45 must first be respected, which obliges the State to compensate the owner through an expropriation and to pay compensation, since there is no other option for the State. That the State, with this counterclaim against our clients, seeks to violate the private property regime without paying any compensation, and merely based on a new boundary demarcation that was never even notified to our clients, it seeks to violate their assets, their acquired rights, without any compensatory payment. That the natural conditions have changed due to the new boundary demarcation, and the State now seeks to trample their acquired rights when there is abundant case law, such as Constitutional Chamber ruling No. 07246-2001, in which it explained why such an intent by the State to seek to violate their properties is not legally possible, due to consolidated legal situations that deserve respect when new conditions arise that must not threaten said acquired rights. Regarding acquired rights and consolidated legal situations, the Constitutional Chamber has stated: “...I.- On Acquired Rights and Consolidated Legal Situations. ‘...Numerous rulings of the Constitutional Chamber attest to the validity and importance of the guarantee of non-retroactivity of the law (where ‘law’ must be understood in its generic sense, as referring to legal norms in general: judgment No. 473-94). For example, in resolution No. 1879-94 of 5:30 p.m. on April 20, 1994 (reiterating what had previously been provided in judgment No. 1147-90 of 4:00 p.m. on September 21, 1990), it was stated: Acquired patrimonial rights and consolidated legal situations “...the principle of non-retroactivity, like the others relating to fundamental rights or freedoms, is not only formal, but also and above all material, so that it is violated not only when a new norm or the amendment of a previous one illegitimately alters acquired rights or situations consolidated under the protection of said previous norm, but also when the effects, interpretation, or application of the latter produces unreasonable or disproportionate harm to the holder of the right or situation that it itself enshrines...”’ That likewise, in judgment No. 1119-90, it held: ‘...A legal situation may be consolidated—as the Full Court has previously stated—by a judicial judgment that declares or recognizes a disputed right, and also under the protection of a legal norm that establishes or guarantees certain consequences that a subsequent law cannot disregard without incurring a defect of unconstitutionality for infringement of Article 34 of the Constitution.’ That the concepts of ‘acquired right’ and ‘consolidated legal situation’ appear closely related in constitutional doctrine, and it is possible to affirm that, in general terms, the former denotes that consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, be it a previously alien asset or a previously non-existent right—has entered into (or impacted upon) the person’s patrimonial sphere, so that the person experiences a verifiable advantage or benefit. For its part, the ‘consolidated legal situation’ represents not so much a patrimonial gain, but a state of affairs fully defined as to its legal characteristics and effects, even if those effects have not yet been extinguished. That what is relevant regarding the consolidated legal situation, precisely, is not whether those effects still endure or not, but that—by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared—a clear and defined rule has emerged in legal life, connecting a factual presupposition (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). That from this perspective, the person’s situation is given by a logical proposition of the type “if..., then...,” that is: if the conditioning fact has occurred, then the ‘consolidated legal situation’ implies that the conditioned effect must necessarily also occur. That in both cases (acquired right or consolidated legal situation), the legal system protects it by rendering it intangible. The situation of the one who obtained the right or enjoys the situation, for reasons of equity and legal certainty. That the constitutional guarantee of the non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of removing the asset or the right already acquired from the person’s patrimony, or of causing that, if the factual presupposition occurred prior to the legal reform, the (advantageous, it is understood) consequence that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. That regarding the latter, it has also been understood that no one has a ‘right to the immutability of the legal system,’ that is, that the rules never change. Therefore, the constitutional precept does not consist of the rule that connects the fact with the effect, once it has emerged in legal life, not being able to be modified or even suppressed by a later norm; what it means is that—as explained—if the conditioning event has occurred, a legal reform that changes or eliminates the rule cannot have the effect of preventing the conditioned effect that was expected under the rule of the previous norm from arising. That this is so because what is relevant is that the state of affairs the person enjoyed was already defined as to its elements and effects, even if these are still being produced or have not even begun to be produced. That in this way, what the person has a right to is the consequence, not the rule. That from this reference to the consolidated legal situation, what is already registered as private property must be respected; hence, the State’s claim in procuring land to declare it as a demanial asset is not correct without first expropriating said lands, paying the corresponding compensation; otherwise, its claims are merely futile attempts to procure a violation of Article 45 of the Political Constitution.

Therefore, illustrating—and, at the same time, applying—the elements of judgment set forth above, it can be stated that: The protection of acquired rights means, in this case, that notwithstanding a new demarcation (amojonamiento), it would be absurd—and unconstitutional—to seek to require that we return private land to the State to convert it into public domain, or anything similar. That the Political Constitution itself contemplates both the private property regime and the public domain regime, and therefore there must be harmonious coexistence between the two and not the arbitrary superimposition of one over the other, as the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) irregularly seeks in this case. The fact that new re-demarcations (re-amojonamientos) change previous rules cannot have the effect of causing harm to our represented parties regarding the private property regime that we have a constitutional right to protect as an acquired right. This could only occur, ex nunc, for those who in the future had not acquired a registered title in their favor, which is not our case. (See in the same sense resolution No. 7331-97 of fifteen hours twenty-four minutes of October thirty-first, nineteen ninety-seven, and Considering III (Considerando III) of resolution number 1341-93 of ten hours thirty minutes of March twenty-first, nineteen ninety-three of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional)). The representation of the plaintiff companies stated at the trial hearing: That according to the PGR—supported by 2 official letters from the IGN, with the new demarcation (amojonamiento) of 2003—32% of Coffee Zombi's property is maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and therefore there is also no remainder to register and to date there is no registered title in the name of Coffee Zombi or in the name of Valle Perdido Dos, without mentioning the Regulatory Plan (Plan Regulador) of 1992. That the counterclaim must be rejected since although no one can register a public domain asset, the truth is that when the lands subject to the process were registered, there was no Regulatory Plan (Plan Regulador) in the area and when it existed, it was respected. That both Mrs. Isidora, Mrs. Rosario, then Saraguez, and finally their represented parties always respected their boundaries from the 1992 Regulatory Plan (Plan Regulador). That the new demarcation (amojonamiento) is not disputed. That their represented parties registered their properties under the protection of Article 45 of the Political Constitution (C.P.) and that portion of land was never an area pertaining to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and when they were registered, they were within the commerce of men. Thus then, they were registered within the framework of the existing legal system and the PGR did not prove that there was any defect in their registration. That there is only one Regulatory Plan (Plan Regulador) and it was the one Published in the Official Gazette (Gaceta) of February 2, 1992 and thanks to Isidora donating a part of her estate for those purposes. That although a new demarcation (amojonamiento) was carried out—not disputed—this new demarcation (amojonamiento) cannot affect private property and in matters of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) there is no overlap regarding the private and public regime. No regime prevails over the other. That the plaintiffs never registered any property belonging to the ZMT, nor was there any defect in their registration. That the Law does not say that in the face of a new demarcation (amojonamiento) the titleholder can lose their property without compensation. That the Law says the State cannot appropriate private property by administrative act in the face of a new demarcation (amojonamiento). That if the State claims that 32%, it must first declare the public interest and proceed with the respective compensation, all in accordance with constitutional Article 45. See that number 24 of Law No. 6043 says that if due to natural causes there is a change in topography, the titleholder maintains their rights and so stated the PGR in its opinion OJ-2532-2003 of December 2, 2003, if their estate is duly registered. That in this way, by administrative act of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), the State cannot appropriate 32% of private property, which is unfeasible. That the PGR knows the procedure to follow and cannot circumvent the expropriation process.

VIII.- OF THE LEGAL PROTECTION OF MANGROVES AS PART OF THE STATE'S NATURAL HERITAGE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO): As national jurisprudence has pointed out, mangroves are very fragile ecological units, in which a great variety of natural processes take place, very complex and important for the sustainability of human beings and for the ecosystem in general. They are an important site for feeding, refuge, and reproduction for wild species; they are a natural laboratory, therefore their protection and conservation by the State is of special relevance. Mangroves, as part of wetlands, collaborate with water supply, both for direct exploitation and for aquifer recharge; flow regulation for flood control; prevention and protection against the ingress of saltwater that affects groundwater and surface freshwater; protection against the forces of nature such as storms, hurricanes, etc.; retention of sediments and nutrients. For science, it is a zone that supplies natural products derived from wildlife and aquatic life such as mollusks, crustaceans, and fish; conservation, recreation, and tourism; research and education; biodiversity and cultural heritage; landscape and scenic beauty; and maintenance of essential ecological processes. Mangroves specifically, together with estuaries, seagrass beds, and other marine-coastal zones, constitute areas of great importance for the reproduction of marine species. Therefore, they possess great environmental, economic, social, cultural, scientific, and recreational value, which is why their protection as a legal asset is fundamental for society, since their destruction, impairment, or loss causes great harm, as it negatively impacts a sustainable environment, and when their exploitation is irrational, it directly affects the marine-coastal habitat. It is for this reason that the Costa Rican State, through various laws, has protected them and, due to their natural importance, mangroves were attached to the "State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado)". Thus, for example, from Articles 1 and 3 of the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942, the mangrove is affected as a public domain asset. In this regard, Article 1 states: "The following are waters of the public domain: I.- Those of the territorial seas in the extension and terms established by international law; II.- Those of the lagoons and estuaries (esteros) of the beaches that communicate permanently or intermittently with the sea; III.- Those of natural inland lakes that are directly linked to constant currents; IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge until their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries (esteros); V.- Those of constant or intermittent currents whose channel, in all or part of its extension, serves as a boundary of the national territory, the dominion of those currents being subject to what has been established in international treaties concluded with neighboring countries and, in the absence thereof, or regarding what is not provided for, to the provisions of this law; VI.- Those of any current that directly or indirectly flows into those listed in section V; VII.- Those extracted from mines, with the limitation indicated in Article 10; VIII.- Those of springs (manantiales) that emerge on beaches, maritime zones, channels, beds, or banks of national property and, in general, all those that arise on public domain lands; IX.- Underground waters whose extraction is not done by means of wells; and X.- Rainwater that flows through ravines or watercourses whose channels are of the public domain". For its part, Article three indicates: "The following are equally national property: I.- Beaches and maritime zones; II.- The beds of lakes, lagoons, and estuaries (esteros) of national property; III.- The channels of public domain currents; IV.- Lands gained from the sea by natural causes or by artificial works; V.- Lands gained from currents, lakes, lagoons, or estuaries (esteros), by works executed with State authorization; and VI.- Islands that form in the territorial seas, in the beds of lakes, lagoons, or estuaries (esteros), or in channels of national property currents, provided that these do not originate from a bifurcation of the river on privately owned lands". This legal nature of mangroves as a public domain asset was confirmed by the same former Court of Cassation when indicating in vote No. 121 of 4:00 p.m. on November 14, 1979; that the waters covered by the mangrove do not emerge within the estates, but rather come from the sea, and that therefore those waters and the communicating beds that contain them are of public domain and cannot be reduced to private property. In this same sense of protection, Articles 13 and 14 of the Forestry Law (Ley Forestal) establish that forested zones, lands with forestry aptitude, mangroves, and wetlands are immediately affected to this Heritage, even without the concurrence of the Administration, a situation that was endorsed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in judgments 1992-03789 and 1997-04587. Regarding the public domain status (demanialidad) of mangroves, Law 6043; the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente); Law 7224; the Forestry Law (Ley Forestal); the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) provide the same protection as the aforementioned "Water Law (Ley de Aguas)" and its reforms, and as inalienable assets, they are outside the commerce of men and cannot be reduced to private property, and being assets affected to the Public Domain, they are therefore imprescriptible, inalienable, and unattachable. Regarding their protection, the State is responsible for their protection directly, without needing to resort to the jurisdictional sphere, although of course it may do so. For its part, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its jurisprudence has stated that: “...Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas) declared by the Executive Branch are assets subject to the regime of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), for having high value for ecosystems, threatened species, or from a scientific point of view. They are delimited by the Executive Branch; from their declaration, the intention is to endow these geographical areas with a conservationist and protectionist vocation necessary to fulfill their function. As this Chamber has interpreted, this Heritage reaches both public and private lands, subjected to a special legal regime even if it belongs to a subject of public or private law. In accordance with the legislation contained in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and the Forestry Law (Ley Forestal), these assets of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) bear interests and restrictions that surpass the proper limits of cantons, to give rise to a national and even international interest in protection...”(Judgment No. 2010-021258 of fourteen hours on December twenty-second, two thousand ten). Regarding the legal protection of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), this Chamber has stated: “...By virtue of the fact that the challenged rules refer specifically to the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), it is necessary to recall how this Chamber has defined this concept: “The State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Forestry Law (Ley Forestal), arts. 6 subs. a and 13 para. 2, and 14; Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Article 32, para. 2). It is composed of two important components: a) Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Forestry Law (Ley Forestal) 7575, arts. 1, para. 2, 3 subsection i; Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) 7554, Article 32; Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788, arts. 22 et seq. and 58; National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales) No. 6084, Article 3 subs. d and f, in relation to the Organic Law of MINAE No. 7152 and its Regulation; Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317, Article 82, subsection a). b) Other forests and forest lands or lands of forestry aptitude of the State and public institutions (Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal)), which have an immediate legal affectation. For the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the same Law 6043 (Article 73) excludes Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas) from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forestry aptitude on the coastlines are also under the administration of the Ministry of Environment and are governed by its specific regulations (Forestry Law (Ley Forestal), Article 13 and concordant)” (see judgment No. 2008-016975 of fourteen hours fifty-three minutes on November twelve, two thousand eight). In view of the foregoing, from the examination of the case, the first thing that must be said is that the plaintiff is not correct when affirming that there are mangroves or wetlands that are not part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). More specifically, it is clear, according to the normative elements of judgment cited by the parties, including the plaintiff, that all wetlands found on State properties (belonging to any entity, organ, or state body) form part of that heritage, given that they are classified as forest lands (see Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 36786 of August 12, 2011); furthermore, mangroves or salt forests and estuaries (esteros), forming part of the public zone in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), an inalienable area according to Article 1 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone "the public domain character of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (or marine shoreline as it was formerly called) has been recognized since time immemorial, and Roman Law itself records that status, as 'res communes' and 'extra comercium' (see vote No. 447-91 of 3:30 p.m. on February 21, 1991), constitute a forest reserve and are affected by Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of February 13, 1996 in accordance with Article 13 of that law. In any case, the Chamber has been clarifying this topic in the same manner, prior to the precedent cited at the beginning of this considering: "It is important to highlight the way in which the State's forest heritage is constituted, since it has a dual nature, firstly, by the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), formed by forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Article 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteen, nineteen ninety-five), which is endowed with the condition of a public domain asset, under the provisions of Article 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575...” (See judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 2011-16938). Now, this normative protection must be understood in the sense that it is the way the State assures citizens the right they have to a healthy and ecologically balanced environment, in accordance with constitutional Article 50. The Chamber has defined the environment as follows: “...All human life occurs in an inevitable relationship with its environment, especially with the improvement of the quality of life, which is the central objective that development needs, but this must be in relation to the environment in such a way that it is harmonious and sustainable. The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used appropriately, acting in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since otherwise, its productivity is degraded for the present and the future, and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socio-economic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of natural resource exploitation give rise to a degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which leads to broad sectors of the population being prejudiced and generating a high environmental and social cost that results in a deterioration in the quality of life; because precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury', already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (...) All governmental environmental policy must be primarily in compliance with the Constitution and International Treaties, making the different public and private actions converge towards the common objective of preserving the environment; in other terms, the policies, initiatives, and competencies of the different public entities and economic and social operators must converge towards common objectives, due to the transversal character that the environment entails, and this can only be possible if there is strategic planning on the part of the central government...". (Vote of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 3795 of 3:00 p.m. on July 30, 1993). For its part, the First Chamber (Sala Primera) in its jurisprudence has considered that the right to the environment derives from the general principles of international law and conservationist movements and recognize the existence of a general principle of every person not formally enshrined in the Constitution, but alive in the material Constitution. In this line of thought, subsection 1 of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, reads as follows: “...Every person has the right to live in a healthy environment and to have basic public services...”. This guarantee is expressly regulated in paragraph 2 of Article 50 of our Political Constitution. This right has as a corollary the duty of States to effectively promote, through their police power, in an expeditious and diligent manner, the protection, preservation, and improvement of the environment through effective controls established by the administrative authorities, a circumstance that in turn implies the need to establish a series of regulations—both national and international in character—that tend to prevent pollution and the irrational exploitation of natural resources. From the foregoing, it follows then that the regulations issued by our legislators in protection of wetlands and specifically regarding mangroves, do so because of their impact on the environment. Finally, it should be noted that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its votes No. 2233-93 and 3705-93, has made a harmonious integration of constitutional Articles 6, 21, 69, and 89 and has pointed out in this regard: "... that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right; that a healthy and ecologically balanced environment is linked to the right to life, a right that is enshrined in Article 21 of our Magna Carta ...". It deduces that it is Article 21 in relation to 89, the foundation for declaring that the right to a healthy environment is a fundamental right; that even in ordinal 89, such right is expressly enshrined. At the international level, we have that Costa Rica has signed a series of supranational normative instruments whose purpose is the protection of the environment and obligate the State to its effective protection, among others we have: The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights; the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America; the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat; the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer; the UN Convention on the Law of the Sea. In accordance with the foregoing, it is that constitutional and legal norms specially protect mangrove areas as part of wetlands, and their appropriation by private individuals is prohibited, as they are classified as a public domain asset, and therefore, the principles of imprescriptibility, inalienability, and unattachability apply, and private individuals claiming ownership must prove it, the burden of proof corresponding to them and not to the State. This is so because the natural processes carried out by nature in these special zones (mangroves) are of utmost importance for the maintenance of a healthy and ecologically balanced environment, which in turn constitutes a fundamental right of citizens, in accordance with supranational, constitutional, legal, and infra-legal regulations, and an obligation of the State to protect them, effectively and efficiently.

IX.- OF THE PROTECTION OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE (ZONA MARÍTIMO TERRESTRE) IN COSTA RICA: Due to the nature of the asset upon which this process falls, we consider it opportune to refer to the legal regime of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). First, it must be clear that it is a public domain asset, whose characteristic is that the State has subjected it to a special regime, classifying it as a public domain asset, and for that reason declared it imprescriptible, unattachable, and inalienable. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in repeated rulings has pointed out regarding the legal nature of this asset: "...In previous judgments, this Tribunal has repeatedly recognized (among others, see judgments number 2360-93, 5399-93, 5977-93, 5976-93, and 0502-I-95), that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is a public domain asset; thus, by judgment number 0447-91, of 3:30 p.m. on February 21, 1991, it clearly considered that it is in effect a public domain asset, in the terms of Article 261 of the Civil Code: 'The public domain character of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (or marine shoreline as it was formerly called) has been recognized since time immemorial, and Roman Law itself records that status, as 'res comunes' and 'extra comercium'. In our milieu, quite clearly since the last century, the public character of that marine strip adjacent to the national territory, over which it exercises its sovereignty, has been recognized ... it is not possible to consider constitutional Article 45 violated, since limitations are not imposed on private property, but rather, in regulating the public domain, the law establishes conditions by which the use and enjoyment of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) by private individuals is possible. Thus, whoever intends by unauthorized means to exercise a private use of that zone will be barred from the possibility of consummating it, since it is also acceptable, since time immemorial, that these are assets imprescriptible in favor of private individuals and outside of commerce.'" (VSC No. 2241-09, of twelve hours eleven minutes on February thirteen, two thousand nine). For its part, the First Chamber (Sala Primera) analyzed the legal regime that throughout history has regulated said asset, and in this regard pointed out: "...Although the current legal regime of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) is basically established by Law No. 6043 of March 2, 1977, and its reforms and additions, for a correct understanding of the legal implications of this matter, it is advisable to analyze the legislative evolution on the topic, but underlining the aspects referring both to the determination of its legal nature, as a public domain asset, and to its surface extension. In this regard, many have been the normative provisions that in one way or another have established regulations on the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), formerly better known as the maritime mile. Some of them—the most important—are the following: Law No. 162 of June 8, 1828, Decree No. 12 of December 10, 1839, Law No. 14 of February 26, 1840, Law No. 128 of August 19, 1853, Decree No. 4 of July 30, 1858, Law No. 7 of August 31, 1868, Law No. 42 of August 13, 1875, Law No. 22 of February 7, 1881, Water Law (Ley de Aguas) No. 8 of May 26, 1884 and its reforms, Fiscal Code of 1885 (Law No. 8 of October 31, 1885), Law No. 58 of July 29, 1892, Law No. 7 of November 4, 1892, Law No. 15 of March 27, 1896, Law No. 60 of August 13, 1914, Law No. 82 of April 5, 1923, Law No. 75 of August 30, 1924, Law No. 11 of October 22, 1926, by which the Fiscal Code of 1885 was reformed, Law No. 29 of December 3, 1934, General Law of Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) No. 13 of January 10, 1939, Decree No. 6 of April 2, 1940 (Regulation to the General Law of Vacant Lands (Reglamento a la Ley General de Terrenos Baldíos)), Law No. 19 of November 12, 1942, Law No. 201 of August 26, 1943, Decree Law No. 500 of April 19, 1949, Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of October 14, 1961, Law No. 2906 of November 24, 1961, Law No. 4071 of January 22, 1968, Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969, Law of Tourist Urbanization of the Maritime-Terrestrial Zone (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre) No. 4558 of April 22, 1970, Law No. 4928 of December 17, 1971 that reformed the previous one, and Law No. 5602 of November 4, 1974, that suspended it. It is not relevant to conduct an exhaustive analysis of the various normative provisions on the matter; however, it is necessary to point out that from the first legal provision issued in the republican era—Law No. 162 of June 28, 1828—the reservation of one maritime mile on the coasts of both seas was established, which, according to what was recorded in Law No. 128 of August 19, 1853, had been so since the colonial era by provision of the Royal Decree of October 15, 1754. Throughout the entire 19th century, the various laws issued reaffirm this concept, providing for the reservation of one maritime mile along both coastlines. The General Regulations of the Public Treasury of 1839, 1858, and 1868 maintained the reservation created in 1828; but, for these purposes, what is important to take into account is the clear determination, in the legislation enacted in the last century, of the so-called maritime mile as a public domain asset, with its consequent character of inalienability and non-denounceability. Thus, for example, the General Code of 1841 considered the ebb and flow of the sea and its shores as public domain; the aforementioned Law No. 7 of August 31, 1868, reaffirmed the non-denounceable character of the maritime mile lands; in the Water Law (Ley de Aguas) No. 8 of May 26, 1884—the only provision of the 19th century in which the term Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) was used—said zone was classified as public domain; and the Fiscal Code of 1885 established that the lands within a zone of one mile in latitude along the coasts of both seas could not be alienated. It is clear then, without demerit to the indicated colonial-era antecedent, that since the birth of Costa Rica as an independent State, the reservation of land along both coastlines has not been part of the vacant lands (baldíos)—the crown lands of the Colony—but rather has always been subject to a different legal regime, that proper to public domain assets and, therefore, not reducible to private property. In the legislation on the matter enacted throughout the 20th century—culminating with the current Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) No. 6043 of March 2, 1977—the classification as public domain assets of the lands within said zone was, obviously, maintained. As a result of the legislative evolution of the 19th century, the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) comprised the part of the coasts of both seas bathed by the ebb and flow, extending up to the distance of one mile inland. It also comprised the banks of rivers up to the point where they were navigable or were affected by the tides. The legislation of this century refined the extension of the zone as well as the elements that formed part of it, but at no time denied its character as a public domain asset and, consequently, its imprescriptibility and inalienability; in this way, the first law enacted in the present century in which reference was made to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)—No. 75 of August 30, 1924—reaffirmed in its Article 6 the public domain character of those lands and the impossibility of exploiting and usufructing them.

Always reaffirming its inalienable character, it was in Law No. 11 of October 22, 1922—which reformed the Fiscal Code of 1855—where for the first time the extent was specified as 1,672 meters from the ordinary high tide line along the coasts of both seas and 500 meters along both banks of rivers. This measurement was maintained until 1942, and was reaffirmed in the Law on Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 and in the Water Law No. 276 of August 27, 1942. Law No. 19 of November 12, 1942 reduced the extent of the maritime-terrestrial zone to 200 meters from the ordinary high tide line for the Atlantic coast, and Law No. 201 of January 26, 1943 did the same for the Pacific coast. These two laws undoubtedly constituted the most important deaffectations carried out in the zone, as they allowed the private acquisition of its lands, excepting 200 meters from the ordinary high tide line. From these two provisions onward, and with the exception of the 200 meters counted from the ordinary high tide line, the remainder of the 1,672 meters ceased to be public domain from the moment they could be reduced to private domain. However, the lands contained within the 200 meters excepted by the two aforementioned laws continued to be public domain property, not reducible to private domain because they are inalienable and imprescriptible. Thus, it is correct to maintain that the maritime-terrestrial zone remained, as of the laws mentioned, with an extent of 200 meters counted from the high tide line, which is what it currently has, maintaining its character as public domain property (bien demanial). This measurement of 200 meters, together with the public domain character of the lands comprised therein, was reaffirmed in the then-applicable Article 7 of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961 and was repeated in the Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969 and in the Law on Tourist Urbanization of the Maritime-Terrestrial Zone No. 4558 of April 22, 1970. But in this last law, due to the legislator’s intention to transfer to the Municipality important areas located within the inalienable 200 meters, with the idea of developing tourist zones, only 50 meters came to be defined as absolutely inalienable, the remaining 150 meters passing under administration of said municipalities when so defined by the Tourism Institute, but those areas of agricultural and non-tourist suitability would continue under the administration of the then Institute of Lands and Colonization. The indicated 200 meters is the measurement established by Article 9 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone No. 6043 of March 2, 1977, currently in force…”. (First Chamber, Vote No. 007-93, at fifteen hours and five minutes of January twentieth, nineteen ninety-three). According to the jurisprudence of both the Constitutional Chamber and the First Chamber, it is clear that the maritime-terrestrial zone is a property of the State classified as public domain property (bien de dominio público) and as such is imprescriptible, unattachable, and inalienable, such that private parties cannot claim any right over them, except that a concession be granted in accordance with applicable regulations, permitting exclusive use by private parties.

X.- ON THE MERITS OF THE COUNTERCLAIM: Having reviewed the arguments of the parties and the evidence contained in the record, this Chamber determines that the counterclaim must be granted for the reasons indicated below. The State representation indicates that the cadastral map (plano) P-110396-2006, corresponding to property 6-150867-000 in the name of the corporation Coffee Zombi S.A., encompasses 32% of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. This is pursuant to official communications from the National Geographic Institute (IGN) Nos. DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021, which were submitted as evidence. Communication DIG-TOT-0613-2021 stated: “…Subject: Response to communication DPB-OFI-1315-2021. Case File No. 20-002643-1027-CA. Please receive cordial greetings. With authorization from the directorate of the National Geographic Institute (IGN), and in response to your communication DPB-OFI-1315-2021 dated October 1, 2021, received in our secretariat via email, in which you request that we determine whether the land with registration number 6150867-000 corresponds to the Maritime-Terrestrial Zone, according to the demarcation carried out by the IGN and published in La Gaceta No. 193 of October 8, 2003, for which we indicate: In accordance with your query, the property described by cadastral map (plano) P-1100396-2006, located in Pochotal, district 01 Jacó, canton 11° Garabito, province 06 Puntarenas, is located within the Maritime-Terrestrial Zone at 32% according to the demarcation carried out by the IGN and published in the Official Gazette La Gaceta No. 193 of October 8, 2003. The issuance of this technical criterion and analysis of results is based on: a) The geographical location of the property provided by the professional responsible for the cadastral map (plano catastrado) P-1100396-2006, according to the Herradura 3344-I cartographic sheet, III Edition, 1991, scale 1:50000. b) The reference information and topographical survey contained in the cadastral map (plano catastrado) P-1100396-2006. c) The official basic cartography at scales 1:1,000 and 1:5,000 according to Notice No. 01-2011 of July 14, 2011 made official via publication in the Gazette La Gaceta No. 146 of July 29, 2011, and the continuous cartographic base of the Republic of Costa Rica at scale 1:25,000, denominated CR_IGN_IGF_BCC_25.000 (2018 edition), according to Guideline No. 001-2018 of April 30, 2018 made official via publication in the Official Gazette La Gaceta No. 101 of June 7, 2018. d) The updated data on the Maritime-Terrestrial Zone held by the National Geographic Institute. The property described in cadastral map (plano) P-1100396-2006, corresponds to the property of the estate with Real Folio No. 6150867-000. The present proceeding addresses the case under Case File No. 20-002643-1027-CA. The present technical criterion is based on the data previously cited, without prejudice to the competencies of the Ministry of Environment and Energy in the management and guardianship of the ecosystems that form part of the Natural Heritage of the State, within and outside the Maritime-Terrestrial Zone…” In communication DIG-TOT-0650-2021: “…Subject: Response to communication DPB-OFI-1632-2021. Case File No. 20-002643-1027-CA. Please receive cordial greetings. With authorization from the directorate of the National Geographic Institute (IGN), and in response to your communication DPB-OFI-1632-2021 dated October 14, 2021, received in our secretariat via email, in which you request: “In complement to your communication DIG-TOT-0613-2021, issued on October 8, 2021, I request you to please carry out a graphic overlay of the cadastral map (plano) P-1100396-2006 on the orthophoto, describing and identifying the 32% of property registration number 6-150867-000 that is located within the maritime-terrestrial zone.” We indicate that, in response to your request, attached to this communication, and as a complement to communication DIG-TOT-0613-2021, we are delivering a sheet that shows the graphic overlay of cadastral map (plano) P-1100396-2006, which describes property registration No. 6-150867-000, over the official orthophotos of the IGN (2013-2017), where the 32% of the property that is located within the restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone can be seen in purple. This is as shown, beforehand, in the image below:

Graphic overlay of cadastral map (plano) P-1100396-2006, which describes property registration No. 6-150867-000, over the official orthophotos…” Finally, communication DIG-TOT-0651-2021 recorded: “…Subject: Response to communication DPB-OFI-1625-2021. Case File No. 20-002643-1027-CA. Please receive cordial greetings. With authorization from the directorate of the National Geographic Institute (IGN), and in response to your communication DPB-OFI-1625-2021 dated October 14, 2021, received in our secretariat via email, in which you request: “…to certify to us whether the land included in cadastral map (plano) P-1077275-2006 exceeds the maritime-terrestrial zone, invading private property, according to the demarcation carried out by you and published in La Gaceta No. 193 of October eighth, two thousand three…” The property described in cadastral map (plano) P-1077275-2006, is located entirely within the State Heritage constituted by the Maritime-Terrestrial Zone; the issuance of this technical criterion and analysis of results is based on: a) The geographical location of the property provided by the professional responsible for cadastral map (plano) P-1077275-2006, according to the Herradura 3244-I cartographic sheet, III Edition, 1991, scale 1:50000. b) The reference information and topographical survey contained in the cadastral map (plano catastrado) P-1077275-2006. c) The official basic cartography at scales 1:1,000 and 1:5,000 according to Notice No. 01-2011 of July 14, 2011 made official via publication in the Gazette La Gaceta No. 146 of July 29, 2011, and the continuous cartographic base of the Republic of Costa Rica at scale 1:25,000, denominated CR-IGN-IGF-BCC-25.000 (2018 edition), according to Guideline No. 001-2018 of April 30, 2018 made official via publication in the Official Gazette La Gaceta No. 101 of June 7, 2018. d) The updated data on the Maritime-Terrestrial Zone held by the National Geographic Institute. Attached to this communication, we are delivering a sheet that shows the graphic overlay of cadastral map (plano) P-1077275-2006 and its relationship with the restricted zone of the Maritime-Terrestrial Zone, demarcated by the IGN and published in the Gazette No. 193 of October 8, 2003. This is as shown, beforehand, in the image below:

 

Graphic overlay of cadastral map (plano) P-1077275-2006 over the official orthophotos of the IGN…” Based on said information, the State representation argues that property No. 6-150867-000 with cadastral map (plano) P-110396-2006 lacks a prior rightful title (justo título) that can be opposed to the encumbrance of the coastal public domain on 32% of its area, equivalent to 4,932.28 m2. On the contrary, the defendant party states that its property was registered according to the boundaries of the survey (amojonamiento) carried out in 1987 and that were referenced in the Regulating Plan of the area approved and published in La Gaceta of February 12, 1992. That, therefore, the State cannot seek to appropriate that portion of land except through the figure of expropriation, against payment of the corresponding compensation. That seeking ownership by the State without compensation violates the constitutional guarantee of private property provided for in constitutional article 45, as well as constituting a violation of a legally consolidated situation and of a vested right over the property by the corporation Coffee Zombi S.A. Criterion of the Tribunal: This Chamber does not agree with the argument of the representation of the corporation Coffee Zombi for the reasons detailed below. It has certainly been proven that in 1987 the National Geographic Institute carried out a survey (amojonamiento) in the Playa Hermosa area of Jacó, and that said survey was considered when drawing up the Regulating Plan of the Area of 1992; however, the 1987 survey did not consider the existence of a mangrove swamp in the area and included this mangrove swamp within the 200 meters of the maritime-terrestrial zone. Now, as indicated in considerando nine, mangroves are very fragile ecological units, in which a great variety of very complex natural processes are carried out, which are important for the sustainability of human beings, for the ecosystem in general, and possess great environmental, economic, social, cultural, scientific, and recreational value, for which reason their protection as a legal right is fundamental for society, since their destruction, impairment, or loss causes great harm, as it negatively impacts a sustainable environment, and when their exploitation is irrational, it directly affects the coastal marine habitat. It is for this reason that the Costa Rican State, through various laws, has protected them, and because of their natural importance, mangrove swamps were encumbered to the “Natural Heritage of the State” (Patrimonio Natural del Estado) as of Articles 1 and 3 of the Water Law No. 276 of August 27, 1942. This legal nature was confirmed by the former Court of Cassation when stating in vote No. 121 of 16 hours of November 14, 1979. In this same sense of protection, Articles 13 and 14 of the Forestry Law establish that forested areas, lands of forestry suitability, mangrove swamps, and wetlands are immediately encumbered to this Heritage, even without the concurrence of the Administration, a situation that was endorsed by the Constitutional Chamber in judgments 1992-03789 and 1997-04587. Regarding the public domain character (demanialidad) of mangrove swamps, Law 6043, the Organic Law of the Environment, Law 7224, the Forestry Law, the Biodiversity Law, and the Wildlife Conservation Law afford the same protection as the aforementioned “Water Law” and its amendments, and as inalienable property, they are outside of commerce among men and cannot be reduced to private property, and because they are property encumbered to the Public Domain, they are therefore imprescriptible, inalienable, and unattachable. Regarding their guardianship, the State is responsible for their direct protection, without the need to resort to the jurisdictional sphere, although it may do so. It is clear, then, that the survey (amojonamiento) carried out in 1987, by not complying with the protection of the existing mangrove swamp, omitted its legal duty to provide that special protection to the mangrove swamp by including them in its measurement within the 200 meters of the maritime-terrestrial zone, when it should have excluded them and determined the existence of the 200 meters from their termination, for it is clear that mangrove swamps come from the sea and do not originate on the continental shelf as part of an estate and separated from the sea. Said omission was corrected in 2003 when the National Geographic Institute carried out a new survey (amojonamiento), this time providing the due legal protection to the mangrove swamp, so that as an obvious result, the limits of the maritime-terrestrial zone were altered with respect to those indicated in 1987 and considered in the Regulating Plan of 1992. Now, on the other hand, the maritime-terrestrial zone also enjoys special legal protection. According to the reiterated jurisprudence of the First Chamber and of the Constitutional Chamber, the ZMT is a public domain property (bien de dominio público) and for that reason they have declared it imprescriptible, unattachable, and inalienable, the State’s protection and ownership of which dates back to Law No. 162 of June 28, 1828 and currently falls under the provisions of Law No. 6043. Thus, the maritime-terrestrial zone has always been public domain, with slight variations over time. Its current legal regime is that established by Law No. 6043 of March 2, 1977, its amendments, and its regulations (Decree No. 7841-P of December 16, 1977), this Law being the first specific one on the matter and according to its content, the characteristics of inalienability and imprescriptibility are inherent to this type of property. This is clear from Article first, which provides: “Article 1-. The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national heritage, belongs to the State and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, of its institutions, and of all inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.” Because they are public domain property (bienes de dominio público), they belong to the State, are subject to a special legal regime, and their purpose—destination—is common use and exploitation. The inalienability of these properties means nothing other than their not belonging to commerce among men, similar to the Romanist figure of property “extra comercium”. Therefore, said properties cannot be alienated—by any means of Private law or Public law—it being consubstantial to their legal nature that they not be reduced to private domain under any form. Hence, another of their characteristics is their imprescriptibility, that is, the inability to be acquired through the passage of time under the legal figure of adverse possession (usucapión), since possession exercised by private parties does not generate any right of ownership, no matter how long it has been possessed, nor the nature of the legal transaction that may have mediated for their acquisition by private parties, such as a sale-purchase. The current Law on the Maritime-Terrestrial Zone develops imprescriptibility in its Article 7. It establishes that this type of property cannot be the object of possessory proceedings, and it cannot be appropriated or legalized in the name of a private party through that or any other means, such as carrying out a legal transaction—sale-purchase—between private parties and subsequent registry inscription. And any transaction regarding said property is absolutely null, as is any registry inscription that may have been granted, as mandated by law. The Law’s regulation of the Maritime-Terrestrial Zone is, in all respects, consistent with the public domain character of the lands comprised therein, and it is defined—Article 9—as the strip of two hundred meters wide along the entire Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, also including the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide, as well as maritime islands, islets, and crags, any land or natural formation that rises above the ocean level within the territorial sea of the Republic, with the exception of Cocos Island and other islands whose domain or administration is determined in that law or in special laws. Article 10 divides the Maritime-terrestrial Zone into two sections: the Public Zone and the Restricted Zone, the former being constituted by the strip of 50 meters wide from the ordinary high tide line, as well as the areas left uncovered during low tide, the islets, crags, and other small areas and natural formations that rise out of the sea, and the mangrove swamps of the continental and insular coastlines and the estuaries (esteros) (Article 11); and the latter being constituted by the remaining 150 meters or, in the case of islands, by the rest of the lands. The law prohibits any type of occupation—under any title whatsoever—in the Public Zone, but permits concessions in the Restricted Zone, according to Articles 20 and 39, respectively, a technique typical of public domain properties which, for that very reason, does not detract from their character. Said concessions (Article 41) may only be for the use and enjoyment of determined areas, under the conditions and during the term that said law determines, the latter being regulated in its Articles 48, 49, and 50, and matters relating to their extinction and cancellation in 51 and 52, respectively. Article 56 stipulates the reversion of full use and enjoyment to the respective municipality once a concession has expired. It is consequently clear that, since the lands and other formations comprised in the maritime-terrestrial zone are public domain, the legal possibility of their reduction to private domain under any form must be discarded; the only way in which private subjects can use and enjoy said lands—without this implying their private appropriation—is through the concession that municipalities grant, but only within the 150 meters of the Restricted Zone, or by having been inscribed—between 1970 and 1974—in accordance with Transitional Provision III of Law No. 4558 of 1970, which has not been proven by the defendant Coffee Zombi S.A. Thus, based on what was indicated by the National Geographic Institute in its official communications Nos. DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021, with the survey (amojonamiento) of 2003, and granting the due protection to the mangrove swamp existing in the area—a survey that has not been challenged by the defendants—, the estate No. 150867-000 with cadastral map (plano) P-110396-2006 with an area of 15,413.39 m2 encompasses a total of 4,932.28 m2 (32%) that are part of the maritime-terrestrial zone, and the State being correct, the recovery (reivindicación) of the affected zone proceeds. And it is that the argument of the counterclaim defendant corporations, in alleging that a right was acquired over the 32% covered by property No. 6-150867-000 with cadastral map (plano) P-110396-2006, because we are facing a legally consolidated situation, is not admissible. And it is that, as explained in this judgment, by reason of the legal nature of wetlands and of the maritime-terrestrial zone, no private party can claim right of ownership, even when it has been registered. Only the one who manages to prove that it was inscribed—between 1970 and 1974—in accordance with Transitional Provision III of Law No. 4558 of 1970 will be able to claim ownership over said portion of land, which, it is reiterated, has not been proven by the defendant Coffee Zombi S.A.

XI.- ON THE RECTIFICATION OF CADASTRAL MAP (PLANO) P-110396-2006 AND THE DATA OF REGISTRATION 6-150867-000: For what was already indicated in the preceding considerando, the corporation Coffee Zombi S.A. is ordered to proceed to rectify cadastral map (plano) P-110396-2006, creating another cadastral map (plano) in which the boundaries are modified and the restricted concessionable zone indicated in the official communications of the National Geographic Institute is excluded. In the same sense, its representative must appear by public deed to rectify before the Real Property Registry the boundaries and the measurement of the estate registration number 6-150867-000. The foregoing, within a period of three months, extendable at the discretion of the Enforcement Judge, as provided for in Article 157 of the Contentious Administrative Procedure Code, warning that, in case of refusal, the provisions of Article 62.5 of the Civil Procedure Code, of supplementary application according to Article 220 of the CPCA, will be applicable, making substitutive execution possible in favor of the plaintiff, with charge to the defendant, together with the eventual payment of damages and losses caused.

XII.- DEFENSES: The representation of the counterclaim defendant corporations raised in their defense the defense of lack of right (falta de derecho). Regarding this defense, returning to what was said by our First Chamber, it is necessary to refer to the demonstration of the facts, as a fundamental part thereof, because from what is determined in that section, it will be possible to deduce whether or not the legal bases for what is claimed exist. The current legislation establishes that one of the defenses that can be raised in judicial proceedings is Lack of Right and regarding that defense, the doctrine indicates to us: “…To speak of lack of right is like speaking of lack of legal norm, so the correct thing would be to speak then of lack of material requirements or lack of elements in the material claim—not procedural, since we all possess the latter; despite the terminological imprecision, lack of right seems then to refer to what is denominated by Italian doctrine as conditions of the ‘action’ or requisites of the claim and which, it is known, comprises the constitutive requisites, to make it understood that without them the right of action is not adequately exercised and that they must, consequently, be considered as the necessary and sufficient extremes to determine in concrete terms the birth of the right to the claim. Such requisites of the claim, which must concur for the claim to be considered estimable and seek a favorable resolution, are, according to the doctrine, three: (a) a certain specific legal fact, that is, a certain relationship between a fact and a norm; (b) standing, (c) procedural interest. Then the lack of right would be represented by the inexistence of the material requirements for each specific case…”. Having proven a protectable right in favor of the State, the proper course is to reject the defense of lack of right and grant the counterclaim in its entirety.

XIII.- ON COSTS: Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party by the sole fact of being so. Dispensation from this condemnation is only viable when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is handed down by virtue of evidence that the opposing party was unaware of. In this case, the plaintiffs were defeated, and must bear the condemnation of both costs, of the claim as well as the counterclaim, the amount of which will be established in the judgment execution phase at the request of the interested parties.

POR TANTO:

Regarding the claim: The evidence for better resolution consisting of the Registry Report of the estate of Partido de Puntarenas No. 6-45951-000 is admitted. The rest is rejected. As unnecessary, any ruling in relation to the defenses of prescription, expiration, and lack of right raised by the defendants is omitted. The defense of lack of active standing (falta de legitimación ad causam activa) is upheld, and consequently, the claim filed by the corporations Valle Perdido Dos S.A. and Coffee Zombi S.A. is declared without merit in all its respects. Regarding the counterclaim: The defense of lack of right is rejected. Consequently, the counterclaim is granted. The corporation Coffee Zombi S.A. is ordered to proceed to rectify cadastral map (plano) P-110396-2006, creating another cadastral map (plano) in which the boundaries are modified and the restricted concessionable zone indicated in the official communications of the National Geographic Institute Nos. DIG-TOT-0613-2021, DIG-TOT-0650-2021, and DIG-TOT-0651-2021 is excluded. Likewise, its representative must appear by public deed to rectify before the Real Property Registry the boundaries and the measurement of registration number 6-150867-000. The foregoing, within a period of three months, extendable at the discretion of the Enforcement Judge, as provided for in Article 157 of the Contentious Administrative Procedure Code. Based on Articles 122 subsection k) of the Contentious Administrative Procedure Code and 62.5 of the Civil Procedure Code, of supplementary application in the matter, in the event of non-compliance by the counterclaim defendant party, the State may fulfill what was ordered in a substitutive condition, carrying it out at the expense of the defeated party, who must pay, in addition, the damages and losses caused by their refusal. Both costs are borne by the plaintiff and counterclaim defendant corporations, which will be established in the judgment execution phase at the request of the interested parties. They are likewise condemned to pay interest starting from the day following the firmness of the resolution that sets the sum of the costs awarded in the judgment execution stage, exclusively with respect to the Costa Rican Tourism Institute and the State, as expressly requested. NOTIFY. José Iván Salas Leitón. Elías Baltodano Gómez. Felipe Córdoba Ramírez. Judges.