Res. 00848-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Appeal dismissed for lack of illegality claims and Cartago minimum frontageApelación rechazada por falta de agravios de ilegalidad y frente mínimo en Cartago

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 00848 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Febrero del 2024 a las 13:29

Expediente: 22-005170-1027-CA

Redactado por: Karla Gabriela Solís Valverde

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

22-005170-1027-CA - 0




PROCESO:

	

JERARQUÍA IMPROPIA (Municipal)




ACTOR/A:

	

ANA ROSA CAMPOS MATA




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

 

Nº N° 2024000848

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con veintinueve minutos del trece de Febrero del dos mil veinticuatro.-

 

Conoce este Tribunal como contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de apelación interpuesto por Ana Rosa Campos Mata y Marcos Vinicio Campos Mata en contra de la resolución de las diez horas y cincuenta y tres minutos del 06 de abril del año 2022 emitida por la Alcaldía Municipal de Cartago.-

 

CONSIDERANDO

 

I.-DE PREVIO. Se hace la indicación que la casilla donde se tramita el presente expediente fue asumida por esta Juzgadora el día primero de setiembre del año 2023.-

II.-HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución del presente caso -con foliatura según el expediente generado en el escritorio virtual de forma ascendente- se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) La recurrente presenta solicitud de certificado de uso de suelo. (Folio 17, 19 y 20); 2) Que la Oficina de Planificación Urbana resuelve el uso de suelo solicitado como uso no conforme por no cumplir con los parámetros establecidos por el Plan Regulador para segregar, trámite 76959. (Folio 17); 3) La parte recurrente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del certificado de uso de suelo no conforme otorgado. (Folio 08 a 18); 4) Por resolución DU-OF-1316-2021 de las diez horas doce minutos del 25 de noviembre del año 2021 emitida por la Dirección de Urbanismo Municipal, se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto en contra del certificado de uso de suelo. (Folio 28); 5) Por resolución de las diez horas y cincuenta y tres minutos del 06 de abril del año 2022 emitida por la Alcaldía Municipal, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra del certificado de uso de suelo. (Folio 31); 6) Mediante escrito de fecha 18 de abril del año 2022 la parte recurrente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución de las diez horas y cincuenta y tres minutos del 06 de abril del año 2022 emitida por la Alcaldía Municipal. (Folio 33 a 35); 7) Por resolución de las once horas y veinticinco minutos del 29 de abril del año 2022 emitida por la Alcaldía Municipal, se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución de las diez horas y cincuenta y tres minutos del 06 de abril del año 2022 emitida por la Alcaldía Municipal y se admite la apelación ante este despacho. (Folio 36).-

III.-SOBRE EL CASO CONCRETO. A efectos de analizar la gestión que se conoce, es conveniente recordar, que conforme al enunciado del artículo 173 de la Constitución Política, desarrollado en los numerales 162, 165, 166, 170 y 171 del Código Municipal y 189 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, se define la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para actuar como contralor no jerárquico de legalidad del régimen municipal, lo cual, conforme al numeral 181 de la Ley General de la Administración Pública, se circunscribe a ejercer un control eminentemente de legalidad de la función formal de las corporaciones municipales, en tanto se limita a verificar un control de las decisiones administrativas de las Municipalidades, emanadas de sus autoridades, sea, del Concejo y del Alcalde, dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por la parte recurrente. En el caso que nos ocupa, se conoce impugnación que recae sobre el acto de la Alcaldía Municipal  resolución de las diez horas y cincuenta y tres minutos del 06 de abril del año 2022; a efectos de atender la impugnación formulada, se procederá a conocer por parte de este Tribunal los agravios planteados por la parte recurrente con respecto al contenido del acto administrativo. Agravios de la parte recurrente: En este sentido, indica que la propiedad que se pide segregar es un gran resto de la finca 174621-001 y 002, que una vez fue segregada con lotes de 7 metros de frente y que en ese tiempo la cavidad era menor a la hoy exigida y que si cumplen con la cavidad exigida al reunir dos lotes de 280 metros cuadrados y que frente a ruta nacional no han conseguido la aprobación por el uso de suelo rechazado y que actualmente si cumplen y que de previo los lotes fueron segregados en lotes de menos de 280 metros cuadrados, señala que estos y otros lotes de vecinos fueron segregados con un total de 175 metros cuadrados e inscritos en el Registro de la Propiedad y visados por la Municipalidad con menos de 7 metros de frente. Señala que ha sido un lugar armonizado por el Plan Regulador sobre el plan de vivienda y que se podría consultar al INVU para que emita criterio, hace referencia a la autonomía municipal para conceder un uso de suelo conforme al considerar que no perjudica a terceros ni al gobierno local. Refiere que el rechazo es legal porque deriva de una norma actual, porque se incumple el Plan Regulador pero señala que la Municipalidad puede en su legalidad facultativa en vista de la realidad y lógica como se ha desarrollado la ancha urbana para el sector de Agua Caliente y por reconsideración bajo su personal ajustar su propiedad a una forma más armonizada al resto de propiedades, para que le aplique el mínimo y no el máximo de 8 metros de frente como la norma lo exige. Manifiesta que han respetado la ley 7575 de no construir dentro de la ribera de un área de 10 metros de lado a lado de cada lote por las aguas de la Quebrada María Antonieta. Refiere la Alcaldía puede solicitar de nuevo al Departamento de Planificación Urbana, a la Unidad Resolutora encontrar el área legal, para que su finca sea ajustada por las facultades y se autorice al Director de Urbanismo Municipal a plasmar la firma de conformidad a su solicitud de segregar por única vez al ser un resto de finca. Adiciona que segregar los dos lotes con un frente de 7 metros no afecta al Estado ni al Gobierno Municipal, al ser la finca un resto de una herencia que se dejo para dos hermanos y así poder dividir dos fracciones frente a calle pública cantonal y que el Estado debe velar por el mejor desarrollo y ayudar a una solución familiar. Por su parte la Municipalidad recurrida en el acto que se impugna refiere en lo de interés que, la segregación solicitada incumple con el parámetro de 8 metros de frente determinado para la zona residencial en la que se ubica conforme al Plan Regulador, por lo que señala en ese entendido ningún reparo es capaz de enervar el incumplimiento al frente mínimo exigido y que a su vez incumple el artículo 102 del Reglamento de Construcciones del INVU, por lo que en aplicación del principio de legalidad e inderogabilidad singular de las normas no es dable certificar como permitida la segregación solicitada. CRITERIO DEL DESPACHO: A criterio de quien Juzga el recurso de apelación que se conoce debe ser declarado sin lugar, por los motivos que de seguido se exponen. En primer lugar, es importante traer a colación la naturaleza de los usos de suelo, la cual ha sido analizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la resolución número 2017009565 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en donde en lo de interés señaló: "VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del administrado –favorable y desfavorablemente a la vez-; y que genera efecto jurídicos independientes. Ello por cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece limitaciones, es decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo establecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas y el régimen ambiental vigente. Al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación de los requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (véanse, entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832, 2010-12815, y 2010-4161)...". Así las cosas, es importante tener claro que para que se otorgue un uso de suelo como conforme, es requisito sine qua non que el acto administrativo que nace de una potestad otorgada a las Municipalidades cumpla con todos los requisitos que la ley establece. Dicho lo anterior en el caso concreto debe tenerse claridad de lo señalado en el artículo 171 del Código Municipal que dispone expresamente: "Artículo 171- Las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales que no dependan directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria, ante el órgano que lo dictó y, el de apelación, para ante la alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto. Cualquier decisión de la alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de revocatoria ante la misma alcaldía y el de apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso...", lo que implica que la parte recurrente debe indicar cuál es el motivo de ilegalidad por el que impugna una determinada conducta, así como el fundamento para la interposición del recurso. En el caso concreto una vez analizado el recurso de apelación interpuesto, esta Juzgadora determina que en el mismo no se observan reproches de ilegalidad del acto impugnado, es decir, no se evidencia ni se alega por parte de quien recurre violación alguna al ordenamiento jurídico que rige la materia, obviando que la norma impone que en el memorial donde se interpone el recurso de apelación deberá fundamentarse con los agravios del mismo, cosa que se echa de menos en el caso concreto. Más bien y por el contrario, la misma parte recurrente de manera expresa reconoce en su escrito de interposición del recurso de apelación que, el terreno sobre el cual solicita se conceda un certificado de uso de suelo conforme, no cumple con lo que establece el plan regulador en la zona donde se ubica la propiedad a segregar, al respecto de manera expresa refiere: "... 3-El rechazo es legal por una cuestión de legalidad derivado a que la norma es tajante actual. Porque se incumple el Plan Regulador públicamente por esa aplicación normativa...", en ese sentido, no existe agravio de ilegalidad que deba ser analizado por este jerarca impropio, cuando la misma parte acepta en su recurso, que el acto administrativo que se recurre se ajusta a la legalidad derivada de lo que establece el Plan Regulador del cantón, por lo que no existe agravio al respecto que analizar. Nótese que quien recurre no expone cuál es la violación en que incurrió la corporación municipal, lo que impide a este Tribunal realizar el análisis correspondiente. En ese sentido el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública expresa: "Artículo 181.-El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso". Sea, que en materia de procedimientos administrativos, sí existen ciertos recursos que deben ser motivados al momento de su presentación, requisito que se echa de menos en el caso concreto. En segundo orden; es criterio del despacho que no lleva razón la parte recurrente al señalar que, la Municipalidad esta facultada y por ende, puede autorizar al Director de Urbanismo Municipal a plasmar la firma de conformidad a su solicitud de segregar por única vez su propiedad al ser un resto de finca, toda vez que segregar los dos lotes con un frente de 7 metros no afecta al Estado ni al Gobierno Municipal, al ser la finca un resto de una herencia que dejo su madre a dos hermanos y así poder dividir dos fracciones frente a calle pública cantonal y que el Estado debe velar por el mejor desarrollo y ayudar a una solución familiar. Al respecto, debe recordar quien recurre que la autonomía municipal no ampara al ente municipal a desaplicar una norma concreta para un caso específico, tal actuación sería contraria al principio de inderogabilidad singular de la norma, es decir, contrario al ordenamiento jurídico, si bien es cierto el gobierno local debe velar por el buen desarrollo de su cantón, ello no implica que pueda desaplicar normativa vigente en aras de satisfacer el interés de un administrado como lo pretende la parte apelante. No puede obviarse que el Plan Regulador del cantón de Cartago establece un frente mínimo de 8 metros en la zona donde se ubica la propiedad 3-174621-001 y 002, sea, ZRMD (S3) del distrito de San Francisco, por lo que la resolución que se recurre lo que hace es indicar a la parte recurrente cual es el frente mínimo que debe tener su propiedad para otorgar un uso de suelo conforme y al no cumplir con el mínimo exigido en la normativa cantonal, es que la Municipalidad procede a resolver su trámite con un uso de suelo no conforme, es decir, la afirmación que realiza quien apela, además de no constituir un agravio de legalidad también debe ser rechazada por lo indicado. Finalmente como bien se indicó, en concreto el recurso no expresa agravios de ilegalidad y; no puede esta alzada cuya competencia viene dada por el agravio, buscar vicios oficiosamente en favor de los intereses del recurrente, ya que se lesionarían los Principios de Independencia y Objetividad de la función judicial, por cuanto es su deber expresar agravios en forma correcta, soportar la carga de la prueba, formular correctamente las pretensiones, en el contexto que los actos administrativos, como el que se impugna, tienen como característica la presunción de validez dada por los artículos 128, 168, 171 y 176  de la Ley General de la Administración Pública; y que tal presunción, conforme a los artículos 11 y 34 de la Constitución Política, solo puede ser desvirtuada, oficiosamente, a través de los distintos procedimientos legalmente establecidos para ello, tales como la revocación (arts. 152 a 156 LGAP), la declaración judicial de lesividad (arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-) y excepcionalmente por la declaratoria de nulidad oficiosa o de pleno derecho en sede administrativa (art. 173 de la Ley General de la Administración Pública –LGAP-); o bien por una petición de nuidad o recurso, conforme al Libro II de la recién referida ley, no obsante, en este último caso, el recurrente no fue capaz de expresar agravio alguno. En virtud de todas las consideraciones de hecho y derecho esbozadas, lo procedente es rechazar el recurso de apelación interpuesto. Por no haber ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa.-

IV.- DE LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.-

POR TANTO

Se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la  resolución de las diez horas y cincuenta y tres minutos del 06 de abril del año 2022 emitida por la Alcaldía Municipal de Cartago. Se da por agotada la vía administrativa. Es todo. Notifíquese. Karla Solís Valverde, Jueza.-


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FA543PRFVHUC61
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-005170-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:17:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Administrative Appeals Court

Resolution No. 00848 - 2024

Resolution Date: February 13, 2024 at 13:29

Case File: 22-005170-1027-CA

Drafted by: Karla Gabriela Solís Valverde

Type of Matter: Improper Hierarchy

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Text of the resolution

 

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CASE FILE:

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22-005170-1027-CA - 0



PROCEEDING:

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IMPROPER HIERARCHY (Municipal)



PLAINTIFF:

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ANA ROSA CAMPOS MATA



DEFENDANT:

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MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

 

No. 2024000848

ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCIAL COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours and twenty-nine minutes of February thirteenth, two thousand twenty-four.-

 

This Court hears, as a non-hierarchical comptroller of legality, the appeal filed by Ana Rosa Campos Mata and Marcos Vinicio Campos Mata against the resolution issued at ten hours and fifty-three minutes on April 6, 2022 by the Alcaldía Municipal de Cartago.-

 

CONSIDERING

 

I.-PRELIMINARY. It is noted that the casilla where this case file is being processed was assumed by this Judge on September first, 2023.-

II.-PROVEN FACTS. Of interest for the resolution of the present case -with foliation according to the case file generated in the virtual desk in ascending order- the following facts are taken as accredited: 1) The appellant files a request for a land-use certificate (certificado de uso de suelo). (Folio 17, 19 and 20); 2) That the Urban Planning Office resolves the requested land use as non-conforming (uso no conforme) for not meeting the parameters established by the Plan Regulador for subdivision (segregar), processing number 76959. (Folio 17); 3) The appellant files a motion for revocation (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio) against the granted non-conforming land-use certificate. (Folio 08 to 18); 4) By resolution DU-OF-1316-2021 at ten hours twelve minutes on November 25, 2021 issued by the Municipal Urban Planning Directorate, the motion for revocation filed against the land-use certificate is declared without merit. (Folio 28); 5) By resolution at ten hours and fifty-three minutes on April 6, 2022 issued by the Alcaldía Municipal, the appeal filed against the land-use certificate is declared without merit. (Folio 31); 6) By brief dated April 18, 2022, the appellant files a motion for revocation with a subsidiary appeal against the resolution at ten hours and fifty-three minutes on April 6, 2022 issued by the Alcaldía Municipal. (Folio 33 to 35); 7) By resolution at eleven hours and twenty-five minutes on April 29, 2022 issued by the Alcaldía Municipal, the motion for revocation filed against the resolution at ten hours and fifty-three minutes on April 6, 2022 issued by the Alcaldía Municipal is declared without merit and the appeal before this office is admitted. (Folio 36).-

III.-ON THE SPECIFIC CASE. In order to analyze the proceeding under consideration, it is convenient to recall that, according to the statement of Article 173 of the Political Constitution, developed in numerals 162, 165, 166, 170 and 171 of the Código Municipal and 189 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the competence of the Administrative Appeals Court is defined to act as a non-hierarchical comptroller of legality of the municipal regime, which, pursuant to numeral 181 of the Ley General de la Administración Pública, is limited to exercising an eminently legality control of the formal function of the municipal corporations, insofar as it is limited to verifying a control of the administrative decisions of the Municipalities, emanating from their authorities, that is, the Concejo and the Alcalde, within the limit of the claims and questions of fact raised by the appellant. In the case at hand, we hear an appeal against the act of the Alcaldía Municipal, the resolution at ten hours and fifty-three minutes on April 6, 2022; in order to address the filed appeal, this Court will proceed to hear the grievances raised by the appellant regarding the content of the administrative act. Grievances of the appellant: In this sense, they indicate that the property they seek to subdivide is a large remainder (resto) of farm 174621-001 and 002, that it was once subdivided into lots of 7 meters of frontage and that at that time the area (cavidad) was less than what is required today and that they do meet the required area by combining two lots of 280 square meters and that facing a national route they have not obtained approval due to the rejected land use and that they currently do comply and that previously the lots were subdivided into lots of less than 280 square meters, they point out that these and other neighbors' lots were subdivided with a total of 175 square meters and registered in the Property Registry and approved (visados) by the Municipality with less than 7 meters of frontage. They point out that it has been a place harmonized by the Plan Regulador regarding the housing plan and that the INVU could be consulted to issue an opinion, they refer to municipal autonomy to grant a conforming land use by considering that it does not harm third parties or the local government. They state that the rejection is legal because it derives from a current norm, because the Plan Regulador is violated, but they point out that the Municipality can, in its discretionary legality in view of the reality and logic of how the urban area has developed for the Agua Caliente sector and by reconsideration under its personnel, adjust their property to a more harmonized form with the rest of the properties, so that the minimum and not the maximum of 8 meters of frontage applies as the norm requires. They state that they have respected Law 7575 not to build within the bank of an area of 10 meters on each side of each lot due to the waters of the Quebrada María Antonieta. They state that the Alcaldía can request again from the Urban Planning Department, from the Resolving Unit, to find the legal area, so that their farm is adjusted by the faculties and the Director of Urbanismo Municipal is authorized to sign in conformity to their request to subdivide for a single time as it is a remainder of a farm (resto de finca). They add that subdividing the two lots with a frontage of 7 meters does not affect the State or the Municipal Government, as the farm is a remainder of an inheritance left for two siblings and thus be able to divide two fractions facing a cantonal public street and that the State must ensure the best development and help a family solution. For its part, the respondent Municipality in the act being impugned states, in what is of interest, that the requested subdivision violates the parameter of 8 meters of frontage determined for the residential zone where it is located according to the Plan Regulador, therefore it points out that no objection is capable of overcoming the violation of the required minimum frontage and that it also violates Article 102 of the Reglamento de Construcciones of the INVU, therefore, in application of the principle of legality and singular non-derogability of norms, it is not feasible to certify the requested subdivision as permitted. CRITERION OF THE OFFICE: In the opinion of this Judge, the appeal being heard must be declared without merit, for the reasons set forth below. Firstly, it is important to bring up the nature of land uses, which has been analyzed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice through resolution number 2017009565 at nine hours forty-five minutes on June twenty-third, two thousand seventeen, where, in what is of interest, it stated: "VII. On land-use certificates (certificados de uso de suelo). Regarding this aspect, this Tribunal has defined that land-use certificates are an administrative act that arises from the exercise of the regulatory power of the corporate entity, which directly affects the legal sphere of the administered party –favorably and unfavorably at the same time–; and that generates independent legal effects. This is because its content benefits the administered party and at the same time establishes limitations, that is, it grants the right to use the property according to the land use established in the regulations once the respective permits are obtained and at the same time limits the exercise of the attributes of property rights, in application of urban planning regulations and the current environmental regime. Being favorable acts, they are covered by the principle of intangibility of one's own acts, so their annulment or review implies the observation of the formal and substantial requirements established for this purpose in ordinal 173 of the Ley General de la Administración Pública (see, among others, Votes 2016-015501, 2006-005832, 2010-12815, and 2010-4161)...". Thus, it is important to be clear that for a land use to be granted as conforming (conforme), it is a sine qua non requirement that the administrative act arising from a power granted to the Municipalities complies with all the requirements established by law. Having said the above, in the specific case, we must be clear on what is stated in Article 171 of the Código Municipal, which expressly provides: "Article 171- The decisions of municipal officials who do not depend directly on the Concejo shall have the remedies of revocation (revocatoria), before the body that issued it, and of appeal, before the alcaldía municipal, which must be filed within the fifth day; they may be based on grounds of illegality or inopportuneness and shall suspend the execution of the act. Any decision of the alcaldía municipal, issued directly or heard on appeal, against what was resolved by some hierarchically inferior municipal body, shall be subject to the remedies of revocation before the same alcaldía and appeal before the Administrative Appeals Court (Tribunal Contencioso-Administrativo), which must be filed within the fifth day; they may be based on grounds of illegality and shall not suspend the execution of the act, without prejudice to the superior or the same body that issued it being able to order the implementation of some precautionary measure upon receiving the appeal...", which implies that the appellant must indicate what the ground of illegality is for which they challenge a specific conduct, as well as the basis for filing the appeal. In the specific case, once the filed appeal has been analyzed, this Judge determines that no objections of illegality of the impugned act are observed therein, that is, no violation of the legal system governing the matter is evidenced or alleged by the appellant, ignoring that the norm imposes that the brief in which the appeal is filed must be substantiated with its grievances, something that is lacking in the specific case. Quite the contrary, the appellant themselves expressly acknowledges in their appeal filing brief that the land for which they request a conforming land-use certificate (certificado de uso de suelo conforme) does not comply with what the plan regulador establishes in the zone where the property to be subdivided is located, in this regard they expressly state: "... 3-The rejection is legal due to a matter of legality derived from the fact that the current norm is categorical. Because the Plan Regulador is violated publicly by that normative application..."; in that sense, there is no grievance of illegality that must be analyzed by this improper superior, when the same party accepts in their appeal that the administrative act being appealed conforms to the legality derived from what the Plan Regulador of the canton establishes, so there is no grievance in this regard to analyze. Note that the appellant does not state what the violation incurred by the municipal corporation was, which prevents this Tribunal from carrying out the corresponding analysis. In this sense, Article 181 of the Ley General de la Administración Pública states: "Article 181.-The non-hierarchical comptroller may review only the legality of the act and by virtue of an administrative appeal, and shall decide within the limit of the claims and questions of fact raised by the appellant, but may apply a norm not invoked in the appeal." That is, in administrative procedure matters, there are certain appeals that must be substantiated at the time of their filing, a requirement that is lacking in the specific case. Secondly; it is the opinion of the office that the appellant is incorrect in stating that the Municipality is empowered and, therefore, can authorize the Director of Urbanismo Municipal to sign in conformity to their request to subdivide their property for a single time as it is a remainder of a farm, since subdividing the two lots with a frontage of 7 meters does not affect the State or the Municipal Government, as the farm is a remainder of an inheritance that their mother left to two siblings and thus be able to divide two fractions facing a cantonal public street and that the State must ensure the best development and help a family solution. In this regard, the appellant must remember that municipal autonomy does not authorize the municipal entity to disapply a specific norm for a specific case; such action would be contrary to the principle of singular non-derogability of the norm, that is, contrary to the legal system; while it is true the local government must ensure the good development of its canton, that does not imply that it can disapply current regulations in order to satisfy the interest of an administered party as the appellant intends. It cannot be ignored that the Plan Regulador of the canton of Cartago establishes a minimum frontage of 8 meters in the zone where property 3-174621-001 and 002 is located, that is, ZRMD (S3) of the district of San Francisco, so the resolution being appealed does nothing but indicate to the appellant what the minimum frontage their property must have to grant a conforming land use and, by not meeting the minimum required in cantonal regulations, the Municipality proceeds to resolve their request with a non-conforming land use, that is, the affirmation made by the appellant, besides not constituting a grievance of legality, must also be rejected for what has been indicated. Finally, as well indicated, the appeal specifically does not express grievances of illegality and; this court of appeal, whose competence is derived from the grievance, cannot officially seek defects in favor of the interests of the appellant, since the Principles of Independence and Objectivity of the judicial function would be violated, as it is their duty to correctly express grievances, bear the burden of proof, correctly formulate the claims, in the context that administrative acts, like the one being impugned, have the characteristic of the presumption of validity given by Articles 128, 168, 171 and 176 of the Ley General de la Administración Pública; and that such presumption, pursuant to Articles 11 and 34 of the Political Constitution, can only be overturned, ex officio, through the different procedures legally established for this purpose, such as revocation (arts. 152 to 156 LGAP), the judicial declaration of harmfulness (lesividad) (arts. 183.1 of the LGAP, 10 subsection 5 and 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-) and exceptionally by the declaration of ex officio nullity or absolute nullity (nulidad de pleno derecho) in administrative headquarters (art. 173 of the Ley General de la Administración Pública –LGAP-); or by a petition for nullity or appeal, pursuant to Book II of the recently referred law, however, in this last case, the appellant was not capable of expressing any grievance. By virtue of all the considerations of fact and law outlined, it is proper to reject the filed appeal. As there is no further appeal, the administrative channel is deemed exhausted.-

IV.- ON THE RETURN OF THE CASE FILE. As this proceeding has been substantiated in electronic form, it is available to the parties to obtain a complete copy containing both the administrative case file remitted by the Municipal Corporation as well as the totality of the documents that make up this appeal, for which they must provide the electronic storage device (USB flash drive or compact disc). Likewise, in the event that physical or electronic documentation (blueprints, photographs, reports, etc.) that still remains in custody of the Office has been submitted, whoever provided it may withdraw it within a period of 30 business days, in accordance with the provisions of Article 12 of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.-

THEREFORE

The appeal filed against the resolution at ten hours and fifty-three minutes on April 6, 2022 issued by the Alcaldía Municipal de Cartago is declared Without Merit. The administrative channel is deemed exhausted. That is all. Notify. Karla Solís Valverde, Judge.-

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FA543PRFVHUC61
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - DECISION-MAKING JUDGE

 

EXP: 22-005170-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:17:52.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República