Res. 00109-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Invasion of a protection zone without joint evidence analysisInvasión de área de protección sin análisis conjunto de pruebas

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00109 - 2024

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2024 a las 15:41

Expediente: 19-002642-0305-PE

Redactado por: Adriana María Escalante Moncada

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

                          PODER JUDICIAL                              

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                      

           Tel: 2456-9069                        [email protected]                   Fax: 2445-5349    

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Exp: 19-002642-0305-PE

Res: 2024-00109

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, al ser las quince horas cuarenta y un minutos del veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], costarricense, documento de identidad número [Valor 001], por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, Francisco Lemus Víquez y José Alberto Rojas Chacón. Se apersonan en apelación de sentencia, el Procurador Penal, Manrique Ruiz Leal y el licenciado Erick Varela Vargas, en calidad de defensor particular del justiciable [Nombre 001].

                                                        RESULTANDO:

 1.- Que mediante sentencia número 849-2023 de las once horas veintidós minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De acuerdo con las pruebas recabadas , reglas de la sana crítica racional, numerales 39 y 41 de la Constitución Política; artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 30, 31, 227 y 307 del Código Penal, 58 de la Ley Forestal, artículos 1, 6, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal; este tribunal, en razón del principio universal de indubio pro reo, absuelve de toda pena y responsabilidad al señor [Nombre 001], por el delito de invasión a un área de conservación como acusado en contra de los Recursos Naturales. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en contra del encartado [Nombre 001]. Se ordena el cese de cualquier medida real o personal que se hubiera impuesto al imputado con motivo de este proceso. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Lic. Álvaro Campos Monge, Juez".

 2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Manrique Ruiz Leal, ha interpuesto recurso de apelación de sentencia.

 3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.

 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y,

CONSIDERANDO:

I. El Procurador Manrique Ruiz Leal, interpone recurso de apelación de sentencia contra el fallo escrito número 849-2023 dictado por el Tribunal de Juicio de Alajuela a las 11:22 horas del 09 de noviembre de 2023.

II. En el primer motivo combate la fundamentación intelectiva del fallo. Explica que el Tribunal de instancia absolvió al encartado [Nombre 001] del delito de invasión de zona de protección, debido a que consideró que no existía prueba suficiente para establecer que las obras a las que hicieron referencia los testigos se tratan de edificaciones nuevas, ya que sobre la longevidad de esas estructuras no se aportó prueba documental.  

 El recurrente objeta este argumento al estimar que, se hizo un análisis sesgado de las probanzas, en especial de las declaraciones de Orlando Vindas Mesén y Fabián Guerrero, quienes indicaron con detalles las razones por las cuales concluyeron que el imputado había levantado obras nuevas en la zona, debido a que, en la primera visita que hicieron estos funcionarios fijaron un límite para la construcción de edificaciones, el cual fue rebasado por el encartado, al construir otras obras, tales como una rampa de acceso, además de la compactación del terreno, además se apreciaba el cemento fresco y fragmentos de varilla.  Estas obras fueron observadas por los funcionarios en la segunda visita realizada y de ahí que se concluyeran que eran obras nuevas que invadían en área de protección de la naciente, situación que quedó documentada en la inspección OA-690 y en la denuncia respectiva. 

Añade que, además, el testigo Orlando Vindas, dio una explicación elocuente y gráfica mediante un dibujo, y detalló la ubicación de las obras antiguas, como de las nuevas levantadas dentro del área de protección. Además, la pericia elaborada por la sección de planimetría forense estableció que dichas obras invaden la zona de protección.

Estima que la valoración de la prueba es incorrecta y le causa un perjuicio al Estado al impedir el ejercicio de la acción penal y sus consecuencias civiles para el ambiente. Peticiona que se anule el fallo y se ordene el juicio de reenvío.

En el segundo motivo indica que el Tribunal de Juicio, para absolver al encartado de la responsabilidad civil, argumentó que existía duda si el demandado civil tuvo la intención de invadir el área de protección de la naciente, estima este argumento errado, debido a que la responsabilidad civil descansa en un criterio objetivo, en el que no es necesario la demostración del dolo o la culpa, para que se configure la responsabilidad civil objetiva por daño ambiental, consagrada en los artículos 98 y 10 de la Ley Orgánica del ambiente, además de los artículos 8, 11 y 45 de la leu de Biodiversidad y numeral 50 de la ley de conservación y uso de suelos.

 Afirma que la lesión ambiental, consistente en la invasión del área de protección de la naciente, se derivó de la actividad de venta de madera desarrollada en la propiedad del demandado civil, por lo que dicho demandado debe responder por dicho actuar.

 Indica que la errónea interpretación y aplicación de la normativa ambiental por parte del juez de instancia le causa un agravio al Estado debido a que le impide conseguir la restitución de las cosas a su estado original, además del daño ambiental que se causó. Solicita se anule la sentencia de instancia.

III. Por estar los dos motivos relacionados con la fundamentación del fallo se resuelven de forma conjunta.   Con lugar el recurso.

El Procurador objeta la valoración que hizo el Tribunal de Juicio en cuanto a la prueba testimonial y documental. Revisado el fallo, se tiene que la asiste razón al recurrente, debido a que en la labor intelectiva realizada por el A quo, se advierte que las probanzas, tanto testimoniales como documentales ofrecidos por el querellante y actor civil, así como por el Ministerio Público, se analizaron de forma laxa e incompleta.

En este sentido, en la fase plenaria declaró el testigo Orlando Vindas Mesén, quien es funcionario del SINAC, y en su amplia exposición dio información referente a las obras que existían en la propiedad del imputado. Para ello, hizo una distinción entra las estructuras que había en el sitio para la primera visita de inspección que se realizó a dicha finca, debido a que le dan seguimiento por la actividad de venta de madera que se ejecuta en dicho lugar.  Al respecto indicó que en esa ocasión no había obras que estuvieran invadiendo el área de protección de una naciente situada en dicha propiedad.  Además, señaló que con en otra visita, en el lote se demarcó él área de protección de la naciente, y se le explicó al encartado los límites respectivos a fin de que no se hicieran edificaciones en dicha zona. También narró que meses después se le notificó al imputado una prevención administrativa a fin de que no invadiera el área de protección, lo cual se hace como una medida preventiva a nivel administrativo a fin de que no se construya en el área de protección de la naciente.  También, añadió que después le dieron seguimiento al caso y se hizo otra inspección, y para esta oportunidad ya se habían construido obras nuevas en el área de protección. Al respecto describió el tipo de construcciones nuevas que se habían realizado, e indicó que se emitieron los informes respectivos a fin de documentar la situación que se daba en el sitio.  Incluso el testigo con base en el informe visible de folios 1 al 4, explicó cuáles eran las obras nuevas que se habían realizado y el lugar en el que estaban situadas, detallando que esas edificaciones nuevas eran una ampliación del galerón y una rampa de acceso y un movimiento de tierra. Asimismo, este deponente relacionó un croquis que hizo en una pizarra con la fotografía de folio 4 a fin de explicar lo relativo a las obras construidas en el área de protección. Además, hizo una amplia exposición de las diversas labores que se ejecutaron con ocasión de este caso, lo cual incluyó visita de los funcionarios del Departamento de Aguas para el registro de la naciente y de los peritos judiciales. 

Por otra parte, también en debate declaró Fabián Guerrero Fonseca, funcionario del SINAC, quien narró que para la primera visita que hizo a la propiedad del acusado no había obras en el área de protección, que a fin de evitar que se construyeran edificaciones en dicha zona se le giró una advertencia administrativa al imputado, y se le demarcó el área de protección.  Añadió que en otra visita e inspección de seguimiento observaron obras nuevas ejecutadas en el área de protección, y las describió como relleno del terreno, confección de una loza de cemento, una ampliación de las bodegas con un techado. Además, detalló que esas obras eran recientes, porque estaban en obra gris y había rastros de materiales de construcción, y no estaban en la primera visita que hicieron. También explicó de forma amplia otras labores que se hicieron tales como visita de los funcionarios del Departamento de Aguas, para efectos del registro de la naciente.

 Ahora bien, en el fallo de instancia la valoración que se hace de los testimonios de los citados funcionarios del SINAC fue la siguiente:

“Para iniciar con la fundamentación de los elementos probatorios y por lo tanto su apreciación, interpretación y valoración, es de suma importancia realizar un análisis de cada uno de los elementos de prueba que han sido sometidos a estudio en este caso. Primero contamos con prueba testimonial que se compone de cinco testigos, dos de ellos de cargo y tres de descargo, por lo que, para iniciar el análisis de estos elementos, entraremos a conocer el testimonio del señor Orlando Vindas Mesén. Este testigo ha realizado una declaración espontanea, clara y concisa, y ha brindado información importante, donde se ha ubicado en modo, tiempo y lugar, cabe indicar que además el señor Vindas Mesén se ha visto en total anuencia de contestar a las preguntas que han realizado tanto el ente fiscal, el representante de la Procuraduría General y el abogado defensor. Este testigo en su declaración ha brindado información  de relevancia, por ejemplo ha confirmado la presencia de construcciones en el radio de los 100 metros del área protegida, de igual manera, ha indicado la existencia de obras antiguas y obras nuevas, pero lo más importante para este juzgador al consultársele la ubicación de la supuesta obra nueva indica lo siguiente:  “Es una colindancia y los dos es una colindancia y muro, es una colindancia construida con baldosa, que va casi casi desde la calle principal hasta casi el fondo de la propiedad que divide las propiedades de este caso que estamos viendo y de los vecinos”. Esto nos da una razón de que la supuesta construcción nueva se encuentra en los límites de la propiedad y los predios vecinales. Ahora bien contamos con el testimonio del señor Fabian Guerrero Fonseca, que si bien es cierto este cuenta también con elementos que permiten dar credibilidad a su testimonio, tales como la ubicación en modo, tiempo y lugar, es conciso y claro, y concordante con la declaración del señor Orlando Vindas, en medio de su declaración el Abogado Defensor le preguntó o si él había revisado los expedientes previo a la declaración y este contestó “Ahora yo lo leí en el expediente yo leo la denuncia que interpuso Orlando posteriormente después de la segunda visita que nosotros hicimos en la denuncia se dice que el día tal llega a la oficina una llamada anónima donde dice que en esta propiedad están haciendo construcciones y cosas así” y ante la pregunta de cuando leyó el expediente dijo que “ahora en la mañana”, para concluir con si esa expediente lo leyó para prepararse para la declaración a lo que dijo que sí, de igual manera en diferentes momentos de la declaración indicó haber hablado sobre el tema con el señor Orlando Vindas, quien había declarado en días anteriores, por lo que si bien es cierto, esto no es suficiente para restarle credibilidad como testigo, pues ha venido a ser conteste con la declaración del señor Orlando, lo que si es cierto es que elimina el elemento de espontaneidad de su declaración y permite generar una duda de si su declaración es lo que el testigo sabe o recuerda o si lo que le fue impuesto a la hora de leer dichos documentos.”

 Una simple revisión de esta argumentación que contiene el análisis intelectivo de la prueba testimonial de cargo evidencia el examen exiguo y descontextualizado que se hizo de los testimonios de los dos funcionarios del SINAC.  Con respecto a lo narrado por el funcionario Orlando Vindas, se aprecia que se cercenó su declaración, ya que el juez solamente hizo mención del muro de baldosas que existe en esa propiedad, sin embargo, se aprecia que el juez desconoció la otra información que al dio dicho funcionario, relativa a otras obras que estaban en el área de protección, tales como un planché de cemento, así como la ampliación de un galerón y los movimientos de tierra realizados en ese sector.  Además, se aprecia con facilidad que la información que dio este funcionario no fue valorada de forma conjunta con la información que contiene el informe visible a folios 1-5 del expediente principal, ni con los datos que se aprecian a folios 20 y 21, ni con la información que arrojaba el informe forense de folios 65 al 66.   Por lo que la conclusión en la que base el juez la absolutoria en torno a que no es posible establecer la antigüedad de las obras no se ajusta al mérito de las probanzas, ya que la prueba antes reseñada, brinda información que permite ubicar temporalmente la construcción del planche de cemento, así como la ampliación del galerón. 

 En cuanto al análisis del testimonio del funcionario Fabián Guerrero Fonseca, el yerro es más grave, debido a que ni siquiera se analizó la información relevante que dio este funcionario, en torno a las diversas visitas que realizó a dicha propiedad, así como la situación de las obras existentes en cada ocasión que realizó una inspección en dicha finca.  Tampoco, se analizó si lo que esta persona declaró concordaba con la prueba documental, a saber, los informes visibles de folios 1-5, 20-22, y 65-66 de los autos.  Adicionalmente, si bien durante su deposición en juicio, el funcionario Guerrero Fonseca, relató que de previo a rendir su declaración leyó el informe que en una oportunidad se había confeccionada para ese caso, esa circunstancia no constituye una razón suficiente para restarle valor probatorio a su deposición, cuando ni siquiera se confrontó los datos brindados por este testigo con otros elementos de prueba, sino que, simplemente se asumió de que lo relatado por este testigo no era confiable por haber leído los documentos de forma previa a su declaración.  Aquí hay que indicar que, al revisar el testimonio de Fabian Guerrero, su exposición abarcó la descripción de varias diligencias de campo realizadas por dicho funcionario, así como una explicación detallada de las edificaciones antiguas y nuevas existentes en la propiedad del imputado, y como se lleva dicho esa información ni siquiera fue analizada por el juez de instancia.

Una situación similar ocurre con la valoración de la prueba documental, la cual simplemente se cita, sin que se haga un examen riguroso de la información que contiene cada uno de esos documentos, y tampoco se hace un análisis concatenado de información documental con relación a lo declarado por los funcionarios del SINAC, y a manera de ejemplo se transcribe la forma en que se hizo el análisis de dos pruebas documentales:

 

“En cuanto a la prueba documental se cuenta con el oficio OA-678 de fecha 23 de mayo del 2019, en este se puede leer el informe de don Orlando Vindas Mesén, que contiene una narración de hechos que son los que llevan a la acusación, además como el punto más importante de este documento se encuentra en el hecho segundo, que indica que en fecha 23 de agosto del año 2018, se le llevó una prevención administrativa al imputado, donde se le indicaba no realizar obras dentro del radio de protección al cuerpo de agua, la cual no quiso recibir. Por otra partes se cuenta con el acta de inspección ocular y fotografías realizadas por los funcionarios Orlando Vindas Mesén y Fabian Guerrero Fonseca, folios 3 y 4, donde lo más relevante de este documento son las fotografías visibles a folio 4, estas muestran las estructuras existentes y cierto material de construcción, sin embargo, estas están en blanco y negro y a pesar de que se logra observar la estructura no permite a este juzgador realizar un análisis adecuado de las mismas, por ejemplo, en la existencia de elementos que permitan determinar la longevidad de cada obra”

 

Del anterior extracto se comprueba lo exiguo del examen que se hizo de la prueba documental, debido a que con relación al informe OA-678 de folios 1-4, solo se cita su existencia, pero no se analiza la gran cantidad de información que este contiene, como la fecha de las diligencias de inspección que se realizaron, así como el tipo de construcción que se detectó fue construida como obra nueva en el área de protección, tampoco se analiza la información que contiene el acta de inspección de folio 3, en la cual se hace una descripción de la situación encontrada en la finca con ocasión a la inspección realizada el 20 de mayo de 2019, y lo más grave es que la conclusión del juez de instancia referente a que no es posible establecer la longevidad de cada obra, lo único que refleja es la falta de un examen conjunto de la prueba documental, en relación con la amplia información que dieron los dos funcionarios del SINAC. 

Finalmente, también lleva razón el Procurador, en cuanto a la falta de análisis de la normativa ambiental aplicable al caso concreto, ya que en la sentencia ni siquiera se hace una valoración de las regulaciones que contiene los artículos 98 y 10 de la Ley Orgánica del Ambiente, además de los artículos 8, 11 y 45 de la ley de Biodiversidad y numeral 50 de la ley de conservación y uso de suelos, legislación relevante aplicable al caso en estudio por regular lo relativo a la responsabilidad civil por daño ambiental.

 En consecuencia, por las falencias que contiene el fallo de instancia en lo atinente a la fundamentación intelectiva de las probanzas, se anula el fallo íntegramente el fallo de instancia, y se ordena el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de la responsabilidad civil y penal del acusado [Nombre 001].

POR TANTO

 Se declara con lugar el recurso de apelación formulado por la Procuraduría.  Se anula la sentencia de instancia y se ordena el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de la responsabilidad civil y penal del acusado [Nombre 001].

 

 

 

 

Adriana Escalante Moncada

 

 

 

 

 

Francisco Lemus Víquez                                José Alberto Rojas Chacón                                                     

Jueces de Apelación de Sentencia

 

 

Expediente Nº 19-002642-0305-PE

Contra: [Nombre 001]

Delito: Invasión a un Área de Conservación

En perjuicio de: Los Recursos Naturales

angie

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:17:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PODER JUDICIAL

COURT OF CRIMINAL SENTENCE APPEALS OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN

Tel: 2456-9069 [email protected] Fax: 2445-5349

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Exp: 19-002642-0305-PE

Res: 2024-00109

COURT OF CRIMINAL SENTENCE APPEALS OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECTION ONE. San Ramón, at fifteen hours forty-one minutes on the twentieth of February two thousand twenty-four.

SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Nombre 001], Costa Rican, identity document number [Valor 001], for the crime of INVASION OF A CONSERVATION AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Participating in the decision on the appeal are judges Adriana Escalante Moncada, Francisco Lemus Víquez, and José Alberto Rojas Chacón. Appearing in the sentence appeal are the Criminal Prosecutor, Manrique Ruiz Leal, and attorney Erick Varela Vargas, as private defense counsel for the accused [Nombre 001].

RESULTANDO:

1.- That through judgment number 849-2023 at eleven hours twenty-two minutes on the ninth of November two thousand twenty-three, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, resolved: "POR TANTO: In accordance with the evidence collected, rules of sound rational criticism, numerals 39 and 41 of the Political Constitution; articles 8 and 9 of the American Convention on Human Rights; 1, 30, 31, 227 and 307 of the Penal Code, 58 of the Ley Forestal, articles 1, 6, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365 and 366 of the Procedural Code; this court, by reason of the universal principle of in dubio pro reo, acquits Mr. [Nombre 001] of all penalty and responsibility for the crime of invasion of a conservation area as charged against Natural Resources. The civil damages action brought against the accused [Nombre 001] is declared without merit. The cessation of any real or personal measure that may have been imposed on the defendant by reason of this proceeding is ordered. Ruled without special condemnation in costs. Lic. Álvaro Campos Monge, Judge."

2.- That against the foregoing ruling, attorney Manrique Ruiz Leal has filed a sentence appeal.

3.- That having verified the respective deliberation, in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedural Code, the Court of Criminal Sentence Appeals of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Criminal Sentence Appeals Judge Escalante Moncada; and,

CONSIDERANDO:

I. Prosecutor Manrique Ruiz Leal files a sentence appeal against written judgment number 849-2023 issued by the Trial Court of Alajuela at 11:22 hours on November 9, 2023.

II. In the first ground, he challenges the intellectual reasoning of the judgment. He explains that the lower Court acquitted the accused [Nombre 001] of the crime of invasion of a protection zone, because it considered that there was insufficient evidence to establish that the works referenced by the witnesses were new buildings, since no documentary evidence was provided regarding the longevity of those structures.

The appellant objects to this argument, considering that a biased analysis of the evidence was made, especially of the statements of Orlando Vindas Mesén and Fabián Guerrero, who indicated in detail the reasons why they concluded that the defendant had erected new works in the zone, because on the first visit these officials made, they set a limit for the construction of buildings, which was exceeded by the accused by constructing other works, such as an access ramp, as well as ground compaction; moreover, fresh cement and fragments of rebar could be seen. These works were observed by the officials on the second visit made, and hence they concluded that they were new works that invaded the protection area of the spring (naciente), a situation that was documented in inspection OA-690 and in the respective complaint.

He adds that, furthermore, witness Orlando Vindas gave an eloquent and graphic explanation by means of a drawing, and detailed the location of the old works, as well as the new ones erected within the protection area. In addition, the expert report prepared by the forensic planimetry section established that said works invade the protection zone.

He considers that the assessment of the evidence is incorrect and causes harm to the State by impeding the exercise of criminal action and its civil consequences for the environment. He requests that the judgment be annulled and a retrial ordered.

In the second ground, he indicates that the Trial Court, to acquit the accused of civil liability, argued that there was doubt as to whether the civil defendant had the intention of invading the protection area of the spring (naciente). He considers this argument erroneous, because civil liability rests on an objective criterion, in which it is not necessary to prove intent (dolo) or fault (culpa) for objective civil liability for environmental damage to be established, enshrined in articles 98 and 10 of the Ley Orgánica del Ambiente, in addition to articles 8, 11 and 45 of the Biodiversity Law and numeral 50 of the Soil Conservation and Use Law.

He states that the environmental injury, consisting of the invasion of the protection area of the spring (naciente), derived from the wood sales activity carried out on the civil defendant’s property, and therefore said defendant must be held liable for that conduct.

He indicates that the erroneous interpretation and application of environmental regulations by the lower court judge causes an injury to the State by preventing it from achieving the restoration of things to their original state, in addition to the environmental damage caused. He requests that the lower court judgment be annulled.

III. Because both grounds are related to the reasoning of the judgment, they are resolved jointly. The appeal is granted.

The Prosecutor objects to the assessment made by the Trial Court regarding the testimonial and documentary evidence. Upon reviewing the judgment, it is found that the appellant is right, because in the intellectual work carried out by the A quo, it is noted that the evidence, both testimonial and documentary, offered by the complainant and civil plaintiff, as well as by the Public Prosecutor's Office, was analyzed in a lax and incomplete manner.

In this sense, during the plenary phase, witness Orlando Vindas Mesén, who is an official of SINAC, testified, and in his extensive statement he provided information regarding the works that existed on the defendant’s property. To this end, he drew a distinction between the structures that were on the site at the time of the first inspection visit made to that property, because they were monitoring it due to the wood sales activity carried out there. In that regard, he stated that on that occasion there were no works that were invading the protection area of a spring (naciente) located on said property. Furthermore, he pointed out that during another visit, the protection area of the spring (naciente) was demarcated on the lot, and the respective limits were explained to the accused so that no buildings would be made in that zone. He also recounted that months later, an administrative warning (prevención administrativa) was notified to the defendant so that he would not invade the protection area, which is done as a preventive measure at the administrative level so that no construction is undertaken in the protection area of the spring (naciente). He also added that they later followed up on the case and another inspection was made, and on that occasion new works had already been built in the protection area. In this regard, he described the type of new constructions that had been undertaken, and indicated that the respective reports were issued to document the situation occurring at the site. The witness even explained, based on the report visible at folios 1 to 4, which new works had been built and the place where they were situated, detailing that those new buildings were an expansion of the shed (galerón), an access ramp, and earthworks (movimiento de tierra). Likewise, this deponent linked a sketch he made on a whiteboard with the photograph at folio 4 in order to explain matters relating to the works built in the protection area. Furthermore, he gave an extensive account of the various tasks carried out on the occasion of this case, which included a visit by officials from the Department of Waters for the registration of the spring (naciente) and by judicial experts.

Moreover, Fabián Guerrero Fonseca, an official of SINAC, also testified during the trial, narrating that on the first visit he made to the accused’s property, there were no works in the protection area; that in order to prevent buildings from being constructed in that zone, an administrative warning was issued to the defendant, and the protection area was demarcated for him. He added that on another follow-up visit and inspection, they observed new works executed in the protection area, and he described them as fill on the ground, the making of a concrete slab, and an expansion of the warehouses with roofing. In addition, he detailed that those works were recent, because they were in unfinished construction (obra gris) and there were traces of construction materials, and they had not been there on the first visit they made. He also explained extensively other tasks undertaken, such as a visit by officials from the Department of Waters for the purpose of registering the spring (naciente).

Now, the assessment made in the lower court judgment of the testimonies of the aforementioned SINAC officials was the following:

“In order to begin with the reasoning of the evidentiary elements and therefore their appreciation, interpretation, and assessment, it is of utmost importance to analyze each of the elements of evidence that have been subjected to study in this case. First, we have testimonial evidence consisting of five witnesses, two of them for the prosecution and three for the defense; therefore, to start the analysis of these elements, we will examine the testimony of Mr. Orlando Vindas Mesén. This witness has given a spontaneous, clear, and concise statement, and has provided important information, placing himself in mode, time, and place. It should be noted that Mr. Vindas Mesén has been fully willing to answer the questions posed by both the prosecuting entity, the representative of the Procuraduría General, and the defense attorney. In his statement, this witness has provided relevant information, for example, he has confirmed the presence of constructions within the 100-meter radius of the protected area; likewise, he has indicated the existence of old works and new works, but most importantly for this adjudicator, when asked about the location of the alleged new work, he indicates the following: ‘It is an adjoining boundary and both are an adjoining boundary and wall, it is an adjoining boundary built with tile, which runs almost, almost from the main road to nearly the back of the property, dividing the properties of this case we are dealing with and those of the neighbors.’ This gives us reason to believe that the alleged new construction is located on the boundary of the property and neighboring properties. Now, we have the testimony of Mr. Fabian Guerrero Fonseca; while it is true that this testimony also contains elements that lend credibility to his statement, such as placement in mode, time, and place, it is concise and clear, and consistent with the statement of Mr. Orlando Vindas. In the midst of his statement, the Defense Attorney asked him if he had reviewed the case files prior to his testimony, and he answered: ‘Now I read it in the file, I read the complaint that Orlando filed later after the second visit we made. In the complaint it says that such a day an anonymous call comes to the office saying that on this property they are doing constructions and things like that.’ And when asked when he read the file, he said ‘this morning,’ concluding with whether he read that file to prepare for his statement, to which he said yes. Likewise, at different times in his statement, he indicated having spoken about the matter with Mr. Orlando Vindas, who had testified days earlier; therefore, while it is true that this is not sufficient to detract from his credibility as a witness, as he has been consistent with Mr. Orlando’s statement, what is true is that it eliminates the element of spontaneity from his statement and allows doubt to arise as to whether his statement is what the witness knows or remembers, or if it was what was imposed on him when reading said documents.”

A simple review of this argumentation containing the intellectual analysis of the testimonial evidence for the prosecution reveals the meager and decontextualized examination made of the testimonies of the two SINAC officials. Regarding the account given by official Orlando Vindas, it is observed that his statement was truncated, since the judge only mentioned the tile wall existing on that property; however, it is apparent that the judge disregarded the other information that this official provided, relating to other works that were in the protection area, such as a concrete slab, as well as the expansion of a shed (galerón) and the earthworks (movimientos de tierra) carried out in that sector. Furthermore, it is easily observed that the information this official provided was not assessed jointly with the information contained in the report visible at folios 1-5 of the main file, nor with the data seen at folios 20 and 21, nor with the information yielded by the forensic report at folios 65 to 66. Therefore, the conclusion on which the judge based the acquittal—that it is not possible to determine the age of the works—does not conform to the merits of the evidence, since the aforementioned evidence provides information that allows for the temporal placement of the construction of the concrete slab, as well as the expansion of the shed (galerón).

With respect to the analysis of the testimony of official Fabián Guerrero Fonseca, the error is more serious, because the relevant information this official provided regarding the various visits he made to said property, as well as the situation of the existing works on each occasion he conducted an inspection of that property, was not even analyzed. Nor was it analyzed whether what this person declared was consistent with the documentary evidence, namely, the reports visible at folios 1-5, 20-22, and 65-66 of the case file. Additionally, although during his testimony at trial, official Guerrero Fonseca related that prior to giving his statement he read the report that had been prepared for this case at one point, that circumstance does not constitute a sufficient reason to detract from the evidentiary value of his testimony, when the data provided by this witness was not even compared with other elements of evidence; rather, it was simply assumed that the account given by this witness was unreliable because he had read the documents prior to his statement. It must be pointed out here that upon reviewing Fabian Guerrero’s testimony, his statement covered the description of several field diligences carried out by said official, as well as a detailed explanation of the old and new buildings existing on the defendant’s property, and as stated, that information was not even analyzed by the lower court judge.

A similar situation occurs with the assessment of the documentary evidence, which is merely cited without performing a rigorous examination of the information contained in each of those documents, and neither is a concatenated analysis of the documentary information made in relation to what was declared by the SINAC officials. As an example, the way in which the analysis of two pieces of documentary evidence was conducted is transcribed:

“Regarding the documentary evidence, we have official communication OA-678 dated May 23, 2019. In this, one can read the report of Mr. Orlando Vindas Mesén, which contains a narration of facts that are those leading to the accusation. Furthermore, the most important point of this document is found in the second fact, which indicates that on August 23, 2018, an administrative warning (prevención administrativa) was served upon the defendant, indicating he should not carry out works within the protection radius of the body of water, which he refused to accept. On the other hand, we have the record of ocular inspection and photographs taken by officials Orlando Vindas Mesén and Fabian Guerrero Fonseca, folios 3 and 4, where the most relevant aspects of this document are the photographs visible at folio 4. These show the existing structures and some construction material; however, these are in black and white, and although the structure can be observed, it does not allow this adjudicator to perform an adequate analysis thereof—for example, regarding the existence of elements that allow the longevity of each work to be determined.”

From the above extract, the meagerness of the examination made of the documentary evidence is confirmed, because regarding report OA-678 at folios 1-4, only its existence is cited, but the large amount of information it contains is not analyzed—such as the date of the inspection diligences that were carried out, as well as the type of construction detected as having been built as a new work in the protection area; nor is the information contained in the inspection record at folio 3 analyzed, in which a description is made of the situation encountered on the property on the occasion of the inspection carried out on May 20, 2019. Most seriously, the lower court judge’s conclusion—that it is not possible to determine the longevity of each work—only reflects the lack of a joint examination of the documentary evidence in relation to the extensive information provided by the two SINAC officials.

Finally, the Prosecutor is also correct regarding the lack of analysis of the environmental legislation applicable to the specific case, since the judgment does not even assess the regulations contained in articles 98 and 10 of the Ley Orgánica del Ambiente, in addition to articles 8, 11 and 45 of the Biodiversity Law and numeral 50 of the Soil Conservation and Use Law, legislation relevant and applicable to the case under study because it regulates civil liability for environmental damage.

Consequently, due to the deficiencies contained in the lower court judgment regarding the intellectual reasoning of the evidence, the lower court judgment is annulled in its entirety, and a retrial is ordered for a new substantiation of the civil and criminal liability of the accused [Nombre 001].

POR TANTO

The sentence appeal filed by the Procuraduría is granted. The lower court judgment is annulled, and a retrial is ordered for a new substantiation of the civil and criminal liability of the accused [Nombre 001].

Adriana Escalante Moncada

Francisco Lemus Víquez José Alberto Rojas Chacón

Criminal Sentence Appeals Judges

Expediente Nº 19-002642-0305-PE

Against: [Nombre 001]

Crime: Invasion of a Conservation Area

To the detriment of: Natural Resources

angie

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:17:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República