Res. 00148-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Restitution to original state is not a precautionary measure: it must be reasoned even if the accused is acquittedRestitución al estado original no es medida cautelar: debe motivarse aun si se absuelve al imputado

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00148 - 2024

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2024 a las 13:00

Expediente: 11-000899-0485-PE

Redactado por: Rosaura Chinchilla Calderón

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Restitución de las cosas objeto del hecho punible
Subtemas:
Requisitos de procedencia e imposibilidad ordenarla de oficio.
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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

Resolución: 2024-0148

Expediente: 11-000899-485-PE (7)

 

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas del treinta de enero de dos mil veinticuatro.

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 004], quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Limón, Pococí, el 23 de enero de 1976, hijo de [Nombre 002] y de [Nombre 003], casado, guía turístico, vecino de Limón, Pococí, Barra del Tortuguero; por el delito de INVASIÓN A ÁREA DE ZONA PROTEGIDA, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón, Ivette Carranza Cambronero y Kathya Jiménez Fernández. Se apersonó en esta sede el licenciado Randall Albán Aguirre Mena, procurador penal y,

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 53-2022, de las 19:00 horas del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 30,31, 45, 103 del Código Penal, 33 inciso b), 58 de la Ley Forestal 7575, 1, 4 de la Ley General de Aguas, 1, 5, 6, 9, 40, 142,, 182 al 184, 265 al 267, 324, 360, 361, 363, 365 y 366 del Código Procesal Penal; se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre 004] del delito de INVASIÓN ÁREA DE ZONA PROTEGIDA, que se le venía atribuyendo en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, mismo que se le venía atribuyendo por parte del Ministerio Público. Se levanta cualquier medida cautelarse haya dictado a consecuencia de esta causa penal. Se rechaza la medida cautelar atípica de Derribo solicitada por el ente acusador y el Representante de la Procuraduría General de la República; Asimismo se declara SIN LUGAR la acción civil resarcitoria y la Querella incoada por la Procuraduría General de la República, contra el acusado [Nombre 004]. Son las costas a cargo del Estado y por concepto de interposición de la acción civil y querella, se resuelve sin especial condenatoria en costas por estimarse que existió razón plausible para litigar. Firme el fallo, archívese el expediente y cancélese del libro de entradas. QUEDAN EN ESTE ACTO INFORMADOS DE LA SENTENCIA INTEGRAL DICTADA DE MANERA ORAL."

 II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el licenciado Randall Albán Aguirre Mena, procurador penal.

 III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza Chinchilla Calderón; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Cuestiones procesales. (A) Admisibilidad. El licenciado Randall Albán Aguirre Mena, procurador penal, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por esta vía (taxatividad objetiva). Esta impugnación se planteó mediante escrito motivado aportado ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal y, por ello, debe admitirse el recurso, dado que quien lo interpone está legitimado para ello (taxatividad subjetiva), sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2014. (B) Recuento procesal. A fin de clarificar la competencia de esta cámara y el respeto al principio de imparcialidad, conviene hacer un recuento de lo sucedido en autos: i. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí (integrado por el juez Alejandro Pérez García), emitió la sentencia N° 318-2019, de las 16:00 horas, del 15 de mayo de 2019. Dicha sentencia absolvió al imputado de toda pena y responsabilidad, ordenó el desalojo y derribo de la construcción restituyendo la zona a su estado original y declaró sin lugar la acción civil planteada por el Estado, sin especial condena en costas. ii. Tanto el Ministerio Público como por la Procuraduría General de la República presentaron recurso de apelación y este tribunal (integrado por E. Montero; A. Valenciano y R. Badilla) acogió los recursos y dispuso la nulidad de lo actuado según voto N° 2020-1002, de las 14:50 horas del 19 de junio de 2020 (cfr. folio 376). iii. Al celebrarse el juicio de reenvío, se emitió una segunda decisión absolutoria tanto penal como civil y resolvió sin especial condena en costas, rechazándose el derribo solicitado, esto a través de la sentencia N° 53-2022, de las 19:00 del 24 de enero de 2022 dictada por el tribunal integrado por el juez Rodrigo Mora Ramírez (cfr. folio 517). iv. Respecto de esta decisión interpuso apelación el Ministerio Público y este fue emplazado y decidido por este tribunal con otra integración (A. Araya, G. Mena y M. Bustillo) declarándolo sin lugar mediante sentencia N° 2022-1053, de las 09:24 horas del 26 de julio de 2022 (cfr. folio 528). v. Luego de lo anterior la Procuraduría General de la República hizo ver que ella también había apelado y que su recurso no se había resuelto, lo que hizo que se localizara su recurso en el órgano de mérito y se emplazara ante esta sede. vi. La misma integración de este tribunal ya descrita (A. Araya, G. Mena y M. Bustillo) al conocer de ese recurso y a través del voto número 2022-1383 de las 08:22 horas del 23 de setiembre de 2023, dispuso que: a)- no podían conocer la nueva impugnación por afectar el principio de imparcialidad y b)- no podían turnarlo a otra sección pues esta podría plegarse al criterio anterior afectando el citado principio o bien tener uno diverso, generando sentencias contradictorias, por lo que, invocando el voto de la Sala Tercera número 2013-1703 (J. Ramírez, J.M. Arroyo, M. Pereira, D. Arias y C. Chinchilla), consideraron que este tribunal como un todo, carecía de competencia funcional para pronunciarse y que la parte debía recurrir ante el órgano superior en grado de estimarlo pertinente. vii. La Procuraduría General de la República presentó casación y la Sala Tercera (J. Ramírez, G.R. Alfaro, S. Zúñiga, P. Vargas y P. Solano) mediante voto número 2023-1090, dispuso: a)- que debía variar el criterio sostenido en el voto número 2013-1703 a fin de establecer que, en casos atípicos como estos, otra integración del órgano de apelación era la que debía conocer pues no era dable que conociera la primera, por afectar el principio de imparcialidad, ni tampoco podía estimarse agotada la competencia funcional (pues esta se da con el recurso y se agota cuando este se decide pero, en este caso, había una apelación que otorgaba dicha competencia y estaba pendiente de decidir). Indicó que por sobre el principio abstracto de inmutabilidad de la sentencia (que implica no modificar su propia decisión, pero no aplicaría a cuando es otro órgano quien hace ese pronunciamiento en ejercicio de su competencia funcional) invocado en la primera de esas decisiones estaba el principio constitucional y convencional de acceso a la justicia. Asimismo, que en caso de pronunciamientos contradictorios al resolver ambos recursos de apelación, la parte sí debía recurrir en casación; b)- que por lo anterior, procedía anular el voto de apelación número 2022-1383 (con el que se declinó la competencia) y ordenar el reenvío ante esta cámara para conocer el recurso de la procuraduría; c)- que, no obstante, dado que el recurso de la Procuraduría cuestionaba tanto lo penal como lo civil y posterior a su interposición había operado una ley que establecía la prohibición de recurrir dos veces la absolutoria penal, que era lo que había sucedido acá, de conformidad con el voto número 2023-8843 de la Sala Constitucional debía entenderse aplicable esa ley a este caso concreto pues, aunque se trate de una ley procesal y al momento de presentarse el recurso de apelación no estaba en vigor la prohibición de recurrir, era lo más favorable a la libertad al incidir en el tema de fondo de la libertad del imputado. Por ello, se dimensionó el reenvío a fin de que el pronunciamiento que se echa de menos, aunque fuese todo lo amplio que procediera inclusive modificando la base fáctica (para lo que se invocó a Llobet Rodríguez) quedara circunscrito al tema civil, dado que en ese campo no existe dicha prohibición y la citada parte también ostenta tal condición y expuso argumentos impugnativos de ambos perfiles. En consecuencia, esta decisión asume esa competencia de reenvío (solo para el recurso de la Procuraduría y solo en temas civiles) no solo por emitirla el órgano superior en grado en un caso concreto (aspecto en el que sí debe atenderse dicho criterio por ser este vinculante al tenor del principio de cosa juzgada) sino por compartir en un todo (tanto respecto a la competencia funcional de esta cámara como en relación con los alcances de una ley posterior, aunque procesal, para casos en trámite) el razonamiento allí expresado. Empero, este tribunal salva su responsabilidad en tres temas: i. los yerros procesales que se han venido dando en esta sumaria (algunos subsanados al emplazarse el segundo recurso que originalmente no fue agregado a los autos o, por la Sala Tercera, al anular la decisión de este órgano, con otra integración, que impedía conocer de otro recurso) y su impacto en la duración del proceso que data de 2011; ii. que, al conocerse en apelación de sentencia la primera decisión, solo había recurso de las partes acusadoras y actoras civiles, no de la defensa, por lo que el tema del desalojo y el derribo dispuesto en la primera decisión de instancia, no podía ser modificado en contra de los apelantes por impedirlo el principio de prohibición de reforma en perjuicio, pese a lo cual la decisión fue anulada en su totalidad sin ser impugnada por la parte perjudicada en tal extremo y sin que luego ese tema fuera rectificado en las sucesivas sentencias y iii. la forma en que se resolvió el último recurso de apelación del Ministerio Público en donde, más que una revisión integral de lo decidido, se hace un examen de la técnica impugnativa del ente fiscal quien tampoco, valga decirlo, recurrió dicha decisión.

 II.- El procurador penal, en el primer motivo de su impugnación alega la falta de fundamentación intelectiva y la errada valoración de la prueba al absolver al encartado (tema ya zanjado en firme) y al declarar sin lugar la acción civil. Luego de transcribirse parte del voto de apelación que había originado el reenvío, de los hechos de la querella y de los hechos probados contenidos en la sentencia oral, se dice que el fallo se basó en que el encartado no era el dueño de la construcción ni vivía en el sitio y que el cuerpo de agua es un canal de un humedal, pero allí se vuelve incurrir en yerros de motivación respecto de la determinación de la naturaleza del cuerpo de agua (quebrada, humedal o agua estancada) conforme a los artículos 1 y 4 de la Ley General de Aguas y dicha naturaleza no se establece en tales hechos demostrados, lo que era medular en el fallo. Considera que se hizo una lectura fragmentada de la prueba documental y pericial pues de los distintos documentos aportados a los autos (a los que alude con indicaciones concretas) deriva que lo localizado era una quebrada y en ello fue conteste la prueba testimonial, pese a lo cual se afirma que lo que hay era un canal de un humedal, conclusión que se extrae del dicho de un lugareño ([Nombre 005], testigo de la defensa) y de un bachiller en geología contratado por el sindicado (luego de que la Dirección de Aguas indicara que, a solicitud de la conviviente del encartado, lo que había era una quebrada). Sostiene que no se dan las razones por las que no merece credibilidad aquellos otros documentos y testigos. Remite al archivo audiovisual que contiene la decisión impugnada, contador horario a partir de la secuencia 1:23:46, para que se escuche el análisis de este tema y afirma que la bióloga Elena Vargas nunca dijo, como afirmó el juez, que probablemente el origen de la quebrada era un humedal pues ella no llega a certificar el origen del cuerpo de agua porque no fue al sitio en que inicia y porque dijo que eso no era parte de sus competencias. En cuanto a Jorge Cedeño este sí afirmó la existencia de una quebrada, pero su dicho se valoró solo en una parte, no en esa. Se queja de que se le dé carácter de experto al testigo de defensa [Nombre 005], pero a la bióloga no cuando ella sí tiene el conocimiento técnico a este respecto, el cual se desacredita a partir de conocimientos generales del propio juez. También, afirma, se hizo una valoración fragmentada de la prueba pericial, pues se examina en partes y se omiten otras, pero se le da pleno valor a un informe de un bachiller en biología aportado por la defensa. Agrega que: “los informes técnicos que existen tanto en de la (sic) Perito Daniela Villegas como Andrey Bolaños tienen conclusiones diferentes ya que utilizaron metodologías distintas mientras el perito Bolaños no pudo llegar al lugar donde se origina el cuerpo de Agua la perito Villegas si lo hizo, el perito Bolaños establece que eso es un canal basado únicamente en la velocidad del agua y la perito Villegas lo hace utilizando lo que denomina medición de aforo del caudal, sobre este aspecto el Tribunal debió haber realizado alguna valoración, sin embargo solamente parte de lo que señala el Perito de la defensa sin valorar los argumentos técnicos indicados por la perito Villegas, tampoco pondero la experiencia, trayectoria y conocimiento de la perito  de Villegas pero si justifica la poca experiencia y trayectoria del perito de la defensa incluso restándole importancia al hecho que es el primer informe técnico que elabora don Andrey Bolaños (…) El otro aspecto que afirma el Tribunal para sostener la tesis de un canal es que el agua no tiene corriente y que es agua estancada, sobre este aspecto el señor juez no analizó la declaración de la perito Daniela Villegas quien declaró que es posible determinar la existencia de una quebrada sin hacer una medición de velocidad del agua ya que se hace una medición de aforo para el caudal, que el aforo es la medición de caudal de una fuente, este aspecto que es importante se antepone al criterio del Perito Andrey Bolaños quien señaló que el principal aspecto para determinar el tipo de cuerpo de agua que existe en el lugar era hace una medición de velocidad del agua, sobre esto el perito afirmó que él no fue al lugar donde se origina el cuerpo de agua, que no pudo pasar por las condiciones del sitio, entonces si existe un origen de ese cuerpo de agua, que inicia en el Parque Nacional Tortuguero y que pasa por el sitio donde se ubica la construcción del imputado y termina en la Laguna Penitencia, es claro que estamos en presencia de una quebrada tal y como lo han manifestado los testigos, Jorge Cedeño, Daniela Villegas y Elena Vargas y si bien es cierto para el 2021 año en que realiza el la inspección el perito Andrey Bolaños no encontró velocidad en el agua, ello es contrario a lo que encontraron en el lugar los funcionarios del SINAC en el año 2011 fecha en que ocurren los hechos, en el año 2019 año en que va al lugar la perito Daniela Villegas, no obstante si el agua tiene un punto donde nace (dentro del Parque Nacional Tortuguero y tiene un punto donde desfoga (en la laguna penitencia), lógicamente estamos hablando de agua que tiene corriente y que para los testigos y perito aportados por esta representación se trata de una quebrada. Por último, el Tribunal al analizar el criterio del geólogo Andrey Bolaños, plasmado en el documento aportado como prueba (el cual no ubica el sitio con coordenadas GPS) señala que dicho geólogo afirma en el dictamen que realice un recorrido siguiendo el caudal del cuerpo de agua a fin de encontrar una naciente o el ojo de agua y origen del caudal y que como no encontró evidencia que existiera una naciente para el cuerpo de agua determina que el agua que conforma el cuerpo de agua debe tener origen pluvial ver registro al 2:02:45 del contador digital de la sentencia oral ese aspecto es coincidente con el criterio emitido por la perito Daniela Villegas quien afirma que la quebrada en este caso no tiene un origen en una naciente sino en aguas que van formado un flujo y que luego conforman la quebrada, "el hecho que no exista una naciente no es un factor para establecer que en el lugar lo que hay es un canal tal y como lo sostiene de manera errada el Tribunal en el fallo que se recurre, no obstante el juzgador no analizó la declaración de la perito Daniela Villegas ni confrontó su declaración con la prueba pericial aportada, ya que se limitó a hacer un análisis de la prueba parcializado y segmentado.” (Cfr. recurso). Considera violadas las reglas de la sana crítica y que la motivación es errónea. También sostiene que la conclusión de que el encartado no era el dueño de la construcción fue errónea y derivó de yerros en la ponderación probatoria, y parece que el tribunal entendió que se le atribuye al encartado vivir en el inmueble o haberlo habitado (y a eso dedica el análisis de la prueba testimonial) cuando, en realidad, fue haberlo construido en un área protegida, para lo que remite al informe de folios 1 a 5 e, inclusive, al mismo geólogo contratado por el encartado. Pide la nulidad de lo resuelto. Como segundo motivo se alega la errónea aplicación de los artículos 33 y 58 a) de la Ley Forestal. Dice que el juez exige, para la configuración del delito de invasión a un área protegida, requisitos que no contiene el tipo penal. Sostiene que se hace un análisis confuso de la teoría de la imputación objetiva para afirmar que esta es un elemento normativo del tipo, lo que estima el apelante incorrecto. Eso conduce al juez a afirmar que el delito en cuestión se configura solo cuando el sujeto haya ocupado y permanecido en el sitio y que haya efectuado actos de ocupación. Para quien recurre invadir es irrumpir y eso se da al hacer una edificación, aunque la persona no permanezca en el sitio. Remite al voto 263-2018 de la Sala Tercera. Pide la nulidad de lo decidido. Como tercer alegato se alude a la falta de fundamentación fáctica, intelectiva y jurídica al rechazar la solicitud de derribo, tema que solo se abordó en la parte dispositiva, confundiéndose el derribo previsto en el numeral 367 del Código Procesal Penal (medida definitiva producto de una infracción legal al medio ambiente) con una medida cautelar atípica. Tampoco se valoró nada respecto al daño ambiental. Pide la nulidad de lo resuelto. No hubo respuesta de la contraparte. Se deben acoger las quejas que, por su conexidad (al aludir a temas de fundamentación y valoración probatoria), se tratarán en conjunto. (A) Resumen del debate y la sentencia. En este asunto la acusación y querella versaron sobre los siguientes hechos: “PRIMERO: El día 09 de marzo del 2011, al ser aproximadamente las 09:20 horas, funcionarios del MINAET se apersonaron en una propiedad ubicada en el límite sur del Parque Nacional Tortuguero de Colorado de Pococí, ahí sorprenden al imputado junto a nueve personas más, construyendo la segunda planta de una vivienda, la cual estaba dentro del área de protección de una quebrada que discurre por el sitio y que mantiene agua durante todo el año, ubicada en el punto GPS 116503 norte y 554330 oeste (coordenadas CRTM05) SEGUNDO: La propiedad afectada pertenece al encartado, quien con pleno dominio del hecho porque sabía que no tenía permisos de construcción, procedió a levantar la segunda planta de esa vivienda, siendo (sic) que dicha obra se encontraba, en un sector a un metro de distancia de la quebrada, en otro sector a 80 centímetros y en otro sector a 4 metro de la misma. La construcción fue medida por los funcionarios del MINAET quienes confirmaron que tenía 10 metros de largo, 8.5 metros de ancho y que los puntos delimitaban eran los siguientes: 1165312 norte y 554338 oeste, 1165310 norte y 554332 oeste, 1165302 norte y 554324 oeste, 1165301 norte y 554333 Oeste (coordenadas CRTM05)». En el segundo juicio, producto del reenvío originalmente ordenado, se recibieron las declaraciones de Daniela Villegas Loaiza, Carlos Calvo Gutiérrez y del perito Andrey Bolaños Quirós y se incorporó la prueba documental y pericial consistente en Oficio ACTo-GASP-CyP-D004 de folios 1 al 3, oficio ACTo-GASP-PNT-SubUd-010-11 de folios 5 al 6, secuencias fotográficas de folios 4 y7 a 10; oficio No.Acto-DAJ-61-2011 de folio 11 y mapa de folio 12; oficio DDCU-20-2011 de folio 17; oficio ACTo-GASP-PNT-SubAd010-11 de folios 5 y 6; valoración del daño ambiental de folios 187 a 190; oficio No. DA-UHCAROG-0398-2019; informe del geólogo Andrey Bolaños Quirós y certificación de juzgamientos. En conclusiones, la representación estatal pidió (en torno a lo civil, que es lo que aquí compete) la condena en abstracto del encartado y la solicitud de demolición del edificio. La sentencia se dictó en forma oral (con una duración de 02:15:37 de los cuales la primera hora se dedica a la fundamentación descriptiva —acusación y resumen de declaraciones orales—) y en ella se tuvieron los siguientes hechos acreditados y no acreditados: “HECHOS PROBADOS: 1- Que el señor [Nombre 004], no es la persona dueña de la construcción o que sea la persona que vive en la edificación ubicada en el límite sur del parque Nacional Tortuguero, límite con el pueblo de Tortuguero de colorado de Pococí. 2. Que la obra de construcción no se encuentra dentro de los límites dispuestos por la Ley General de Aguas, con respecto al cuerpo de agua objeto de este Debate, según lo establece el artículo primero de dicha ley. HECHOS NO PROBADOS: 1) El día 9 de marzo de 2011, al ser aproximadamente las 09:20 horas, funcionarios del MINAET del Área de Conservación Tortuguero, sorprendieron al acusado [Nombre 004], realizando ilegalmente, sin contar con permiso de la Administración Forestal del Estado ni de la Municipalidad de Pococí, la construcción de una vivienda dentro del área de protección de una quebrada natural, ubicada en el límite sur del Parque Nacional Tortuguero, límite con el pueblo de Tortuguero de Colorado de Pococí, por lo que en ese momento el acusado fue apercibido por los funcionarios del MINAET de que no podía continuar con la obra constructiva. 2) El día 6 de abril de 2011, en una nueva inspección realizada en el lugar antes citado, por los funcionarios del MINAET Jorge Cedeño Calderón y Elena Vargas Ramírez, se encontró que el acusado [Nombre 004] a pesar de la advertencia que ya se le había hecho en la visita anterior, la desconoció y continuó con la construcción invadiendo la zona de protección de la quebrada, ya que no respetó el retiro de 15 metros de ribera realizando la construcción a una distancia de un metro de la quebrada, manifestando en esta oportunidad que desconoce la Ley Forestal y que no va a dejar de construir pues ya ha invertido mucho dinero.” (Cfr. acta de debate y parte dispositiva en expediente virtual; se rectifican los errores ortográficos contenidos en el original). Si se escucha la sentencia indicada se podrá corroborar que el fundamento de esa decisión puede resumirse en los argumentos indicados por el apelante, a saber: i.- de la prueba testimonial surge una irregularidad respecto de la persona dueña de la construcción pus Jorge Cedeño Calderón dijo que era el encartado, pero no sabe a ciencia cierta si aún vive en la edificación y otros testigos lo ubican allí, junto con otras personas, pero luego se desdicen; ii.- [Nombre 005] que es una declaración que merece credibilidad, dijo que el acusado era el jefe de las personas de la cuadrilla en tanto que la perito Daniela Villegas identifica a la dueña como [Nombre 006]; iii.- el tipo penal castiga el “invadir” (se alude a su definición jurisprudencial) que significa irrumpir y la imputación objetiva es un elemento normativo (implícito) del tipo por lo que este delito castiga a quien ocupe, irrumpa o permanezca en un área de conservación o protección, establecerse, dejar de ser nómada, sedimentarse pero de la prueba no se tiene por acreditado que el encartado viva actualmente en la construcción que se encuentra ahí pues hubo al respecto importantes contradicciones que el tribunal no pudo determinar; iv.- La Ley Forestal, en su numeral 58 tutela cuerpos de agua como ríos,  quebradas o arroyos. Las quebradas o afluentes pueden ser de carácter privado. La Ley de Aguas tutela las zonas de protección. Era preciso determinar “si ese cuerpo de agua que pasa a escasos cuatro 1 m 80 cm de la propiedad, de la cual a usted se le viene, pues atribuyendo que usted construyó es una quebrada o no”. (sic. Cfr. sentencia, archivo audiovisual, minutero 1:23:47). Jorge Cedeño Calderón, Elena Vargas Ramírez, y Daniela Villalobos Loaeza, dijeron que sí lo era, pero el testigo [Nombre 005], una persona muy humilde de muchos años de vivir en la zona dice que en Tortuguero no hay quebradas y que como no hay tratamiento de aguas residuales, cuando estas empiezan a acumularse buscan salida y cogen hacia el río y hacen como un canal. Una nulidad anterior se dio porque el tribunal debía determinar qué tipo de cuerpo de agua es ese y se concluye que es un humedal por su altura, vegetación cercana, porque no hay quebradas señaladas en ciertos documentos y, por ende, no se está en presencia de lo que establece el numeral 33 de la Ley Forestal; v.- “La tipicidad de este delito, pues requiere determinar si el cuerpo de agua usurpado o invadido es un río o una quebrada o un arroyo, y esto debe relacionarse precisamente con el inciso cuarto del artículo 1 de la Ley de Aguas (…) inciso cuarto, no nos encontramos ante ninguno de los escenarios que establece la misma. Por ende, es esta necesaria demostración del elemento cognitivo del tipo que viene entonces a estudiar la complicidad y si no hay tipicidad, si no se cumple con unos elementos objetivos del tipo penal (…) la protección contemplada en el artículo 33 del inciso a de la Ley Forestal debe entenderse relacionada con las aguas de dominio público del inciso cuarto del artículo 1 de la Ley de Aguas. Consecuentemente, entonces el tipo objetivo se refiere a las aguas de dominio público. El elemento cognitivo del tipo subjetivo requerirá la conciencia de que se invade o se destruye la vegetación en la ribera de tales cuerpos de agua y no otros por ello entonces.” (Cf. 02:07:37 a 02:11:05); vi.- Como no hay delito por ausencia de causalidad entre la obra de construcción y la supuesta invasión, se debe rechazar la acción civil resarcitoria y la medida cautelar atípica de derribo (02:14:30), resolviéndose sin especial condena en costas. (B) Decisión de la queja. En primer término, es menester indicar que si bien esta causa data de hace más de 12 años y que el plazo de prescripción de las pretensiones civiles (meramente indemnizatorias o monetarias, como las referentes al pago del daño ambiental) es de 10 años y puede existir controversia sobre si se presentaron, o no, causales de suspensión o interrupción específicas de la materia (entre estas la interrupción por gestiones judiciales para el reconocimiento de la obligación que sería la fecha de presentación de la acción civil de folio 157 del tomo 1  que fue el 20 de agosto de 2012), conforme a los artículos 865, 867 y 868 y 879 del Código Civil, dicha excepción no es declarable de oficio, ni ha sido interpuesta por parte alguna, de modo que corresponde emitir pronunciamiento sobre el tema de fondo sin aludir a este mecanismo de extinción de la acción civil. Además de las pretensiones resarcitorias cuantificables, también la entidad del Estado ha pretendido la restitución de las cosas al estado anterior, producto de una invasión a un área protegida, tema este último que, por tener relación con bienes demaniales del Estado, son inalienables e imprescriptibles (artículos 261 a 263 del Código Civil y 121.14 de la Constitución Política): “Los bienes del Estado se caracterizan por ser de su exclusiva titularidad y porque tienen un régimen jurídico especial; integran la unidad del Estado y junto con su organización política, económica y social, persiguen la satisfacción -en plano de igualdad- de los intereses generales; su objetivo final es alcanzar, plenamente, el bien común. Es ésta la principal razón para justificar la existencia de un impedimento, por lo menos en principio, para la libre disposición de esta categoría de bienes...Los bienes demaniales o dominicales, como también se les conoce, tienen ese carácter en virtud de una afectación legal, que es la que determina su sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su demanialidad. De esta suerte, la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Ello conlleva, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les pueda privar o modificar el régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados. Requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado, sin que sea posible una desafectación genérica, y mucho menos implícita; es decir, en esta materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", que la Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete. Debe asimismo hacerse la advertencia de que toda desafectación, como proviene de un acto legislativo, está sujeta a los controles jurisdiccionales corrientes”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 2000-10466. Ahora bien, como lo indicara la Sala Tercera en el voto número 2023-1090 que dispuso el reenvío ante este tribunal, citando al autor nacional Javier Llobet, pese a que a esta cámara le compete conocer solo lo civil, eso no obsta para que la sentencia pueda anularse por completo (en su determinación fáctica y valoración de prueba solo para temas civiles) pues “el derecho que se concede al actor civil de recurrir debe ser admitido con amplitud, no estando limitado a aspectos relacionados con la procedencia de la indemnización con base en los hechos probados. Debe admitirse incluso que pueda discutir aspectos relacionados con los hechos con base en los cuales se dictó la sentencia absolutoria, de modo que pueda discutir, por ejemplo, falta de fundamentación o violación a las reglas de la sana crítica al respecto. Sin embargo, la anulación de la sentencia que se llegara a disponer solamente sería en lo civil, mas no en lo penal. Debe tenerse en cuenta que los poderes del actor civil están relacionados con su derecho y que si se concede derecho a discutir sobre la acción civil, puede discutir todos los aspectos en que se funde la misma, incluso aspectos que conciernen también a la fijación de los hechos relacionados con la acción penal” (Llobet Rodríguez, Javier. 2009. Proceso Penal Comentado, 4ta edición. Editorial Jurídica Continental. San José. Pág. 663). De lo expuesto se deduce que, como lo ha solicitado la Procuraduría, la decisión de instancia debe ser anulada pues, en efecto, contiene una serie de yerros y omisiones que afectan la logicidad de la resolución. De entrada, debe decirse que resolver el tema de la restitución de las cosas al estado original en un par de líneas y aludiendo a que se trata de una medida cautelar atípica es incorrecto y ya eso solo es causal para la nulidad. Nótese que, al margen de la posición que al respecto se tenga hay, al menos, otras dos tesis sobre este instituto, las cuales fueron reseñadas en el voto dividido de este tribunal número 2022-1773 (R. Chinchilla, P. Vargas y K. Jiménez) y a las que, al menos, el juez de mérito debió aludir para posicionarse en una de ellas:

«(C) Sobre los requisitos para la restitución. Aunque, como se verá, esta cámara coincide en que, en este asunto, el recurso es procedente, hay discrepancia en torno a los argumentos y requisitos para ello. (C.1) Posición de mayoría (juezas Chinchilla y Jiménez). Es importante tener en cuenta que la restitución de cosas al estado original no es una simple medida provisional penal (como sí sucede con el restablecimiento de las cosas al estado anterior estipulado en el numeral 140 del Código Procesal Penal) sino que forma parte de las pretensiones civiles que, en este caso, fueron ejercidas por la parte recurrente, quien es actora civil y se ordenan en la sentencia final (no durante la fase de investigación). En estos términos se indicó en el voto número 2016-633 (A. Solís, R. Chinchilla y E. Salinas) en el que se dijo que el sustento jurídico de este extremo se encuentra en el artículo 103 del Código Penal, el cual, en lo que interesa, indica: "Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará:1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor (...)". Esta disposición debe ser contextualizada, con el fin de obtener una interpretación ajustada a lo que el legislador pretendió con ella. Su ubicación en el Código Penal, en el Título VII denominado "Consecuencias Civiles del Hecho Punible", implica que tiene relación directa con el reclamo civil pretendido por la víctima de un hecho punible. Además, los tres incisos se sujetan a la determinación de "reparación civil" en sentencia (sobre el comiso, existe gran discusión en doctrina acerca de si es o no una consecuencia civil del hecho, no obstante, al no ser este el tema impugnado, esta cámara no va a entrar a discutir este punto). En relación con lo anterior, el numeral 122 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil, aclara que este tipo de reparación comprende "1° La restitución de la cosa ", lo que confirma que, efectivamente, cuando se alude a este extremo, debe considerarse una consecuencia civil del hecho. Ahora bien, el artículo 103 citado ordena que, en sentencia condenatoria (se entiende en lo civil pues hay independencia entre esa responsabilidad y la penal: artículo 40, in fine, del Código Procesal Penal), el tribunal deba pronunciarse en cuanto a la restitución de las cosas (y el numeral 491 del Código Procesal Penal reafirma el carácter indemnizatorio civil al decir que si hay controversia se remite a las personas interesadas a la vía civil). Con base en todo lo anterior se concluye que la restitución de las cosas a su estado anterior es parte de lo que puede disponerse cuando existe condenatoria civil (esto debe diferenciarse de la simple restitución de la cosa, que se ordena en sentencia cuando el objeto del delito deba ser devuelto a su legítimo dueño o poseedor, y que, generalmente, se encuentra en depósito provisional). Empero, la pregunta que se asoma de inmediato es si el tribunal puede condenar civilmente al imputado sin que exista petición de una de las partes (de oficio). De acuerdo con el artículo 368 del Código Procesal Penal, para que se emita una resolución que condene en lo civil, se requiere, obligatoriamente, que se haya ejercido la acción civil resarcitoria conforme con los artículos 37 a 41 de este mismo cuerpo legal. Asimismo, el numeral 111 del Código de rito señala: "Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (...)". La demanda que contiene las pretensiones de reparación o de restitución de las cosas a su estado anterior, debe cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentra, según el artículo 112 del Código en mención: "d) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y el daño cuya reparación se pretenda, aunque no se precise el monto". Estas pretensiones deben concretarse, conforme con el artículo 308 del Código Procesal Penal, al decirse: "Cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, el Ministerio Público también deberá poner la acusación en conocimiento del actor civil, para que dentro del plazo de cinco días concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación que demanda y liquide el monto de daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento (...)". De conformidad con eso, la audiencia que se confiere tiene como fin que el actor civil defina cuáles son sus intereses concretos, de acuerdo con lo solicitado en la demanda planteada, lo que debe incluir, por supuesto, la restitución, si es de su interés. Por ende, resulta imposible considerar que el reclamo dirigido a restituir las cosas a su estado anterior pueda hacerse de oficio, pues los extremos civiles deben declararse a partir de lo solicitado en la demanda respectiva. En este caso, sí hubo acción civil resarcitoria por lo que por esta razón más lo que se agregará procede conocer la queja. (C.2) Posición de la jueza Vargas González. Tal y como señalé en el voto salvado contenido en la resolución 2021-0921 de las 8:35 horas del 23 de junio de 2021, dictado por esta cámara, con una integración similar (R. Chinchilla Calderón, L. Murillo Mora y P. Vargas González) «[…] la restitución de las cosas a su estado original no es una consecuencia civil derivada del hecho punible, sino una sui generis que debe disponerse de oficio, entiéndase, al margen de que haya una sentencia condenatoria o incluso una acción civil resarcitoria, lo anterior con base en el numeral 366 del Código Procesal Penal. Al respecto ha apuntado esta cámara, con una integración similar a la actual (Porras Villalta, Vargas González y Murillo Mora) lo siguiente: “El cuestionamiento que plantea la abogada defensora, al argumentar que la restitución no puede disponerse cuando se absuelve penalmente al imputado y cuando no se ha ejercido la acción civil resarcitoria, no resulta novedoso, siendo que este tribunal de apelación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y no comparte tal posición. Así, con fundamento en lo que dispone de manera expresa el artículo 366 del Código Procesal Penal (que es una norma posterior al artículo 103 del Código Penal, que la impugnante cita en apoyo de su tesis), la jurisprudencia ha interpretado que aún en el supuesto de que se trate de un fallo absolutorio en cuanto a los extremos penales, el juzgador sí está facultado para ordenar ¿incluso de oficio? la restitución de los objetos afectados al procedimiento : “[…] Existe un error en el fallo en cuanto al fundamento jurídico para ordenar el desalojo, pues la norma que autoriza esa medida no es el artículo 142 del Código Procesal Penal, sino el 366 ibídem. En esta se regula en forma expresa “La sentencia absolutoria ordenará...la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujeto al comiso...”. En el caso en concreto el Tribunal tuvo por demostrado que el terreno ocupado por los imputados pertenece al Estado y es utilizado por el Ministerio del Ambiente y Energía, como parte del Proyecto de Ordenamiento Territorial Zona Núcleo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Sobre estos no puede alegarse la simple posesión o bien el derecho de posesión, en el tanto están fuera del comercio y resultan imprescriptibles (art. 262 del Código Civil y Sentencia 733-F-00, de las 15:12 horas del 4 de octubre del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Acreditada la pertenencia del predio y su destino a la preservación de la naturaleza, la consecuencia jurídica era la expulsión de los ocupantes, conforme se decretó en el fallo […]” (cfr. Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° 2004-00933 de las 11:00 horas del 09 de setiembre de 2004). En el mismo sentido, siempre con base en lo dispuesto por el artículo 366 del Código Procesal Penal, se estimado la procedencia de la restitución de cosas al estado anterior aún en caso del dictado de una absolutoria, cuando se esté ante una infracción a la zona marítimo terrestre (cfr. Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, votos 2004-0919 y 2004-0933). Incluso, se ha optado por esta solución aún en el supuesto de una sentencia absolutoria por el delito de usurpación: “[...] si según los hechos probados, la aquí acusada se encuentra ocupando un predio que era poseído por otra persona, lo consecuente es ordenar la restitución en la misma sentencia, con el fin de no retardar innecesariamente el regreso de la ofendida al inmueble. Al respecto, en un fallo de 1992, nuestra Sala de Casación indicó, para un caso en que se comprobó el hecho de usurpación, lo siguiente: “Debe admitirse que lo óptimo es que, en casos como el presente, la restitución de la posesión se ordene en la misma sentencia que condena por el delito de usurpación, a efecto de no retardar innecesariamente el regreso del ofendido al poder de hecho por el cual sometía a su control y voluntad el inmueble usurpado, sin embargo, si tal disposición se omite en la sentencia, nada impide que con posterioridad a ella se dicte una resolución que -en ejecución de aquella condena- venga a ordenar el desalojo del inmueble por parte del usurpador para que el ofendido entre en su posesión, como sucedió en el caso en examen. No sobra decir que tal solución es no solo la que deriva de la correcta aplicación y entendimiento de la ley, sino que además es la que imponen las normas más elementales del sentido común: resultaría absurdo que el imputado, amparándose a la sentencia que le condena por el delito de Usurpación, legitimara y mantuviese la posesión del mismo inmueble a que accedió en forma típica, antijurídica y culpable”. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, V-107-F, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y dos.- Este fallo es aplicable al subjúdice, no sólo porque advierte la necesidad de no mantener un sinsentido jurídico, el cual se daría al absolver a alguien por la usurpación, porque ostentaba una falsa creencia sobre su mejor derecho de poseer el bien y de obtener su adjudicación legal, y luego mantenerlo en la posesión hasta tanto se demuestre el mejor derecho de posesión de la ofendida, quien adquirió, con las dificultades probatorias y negociales que pudieran existir, el derecho a poseer ese bien. La prueba habida, así como las consideraciones técnicas y jurídicas que hace el defensor, hacen prevalecer el criterio de la juzgadora de mérito y de este Tribunal, que en este caso debe ordenarse el abandono del predio, y que si la señora S.E. considera que su derecho debe prevalecer, así habrá de plantearlo en otra sede, civil o agraria, según sea la naturaleza del fundo y de su dedicación. De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora R.M. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio [...] Así las cosas, no obstante la absolutoria dictada en cuanto a la imputación penal, el juez de mérito estaba obligado a ordenar que la titular del bien en litigio fuese puesta en posesión del mismo, por tener un mejor derecho de posesión. Al respecto se tiene que en la generalidad de los casos el bien en discusión se encuentra en poder del acusado absuelto, por lo cual si se llegara a acreditar que la titularidad sobre el mismo corresponde a un tercero (como sucedió en la especie), debe restituírsele a éste. […] El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado. Ello implica, entonces, que a dichos efectos el juzgador deberá determinar cuál es la persona que tiene mejor derecho sobre el objeto, aún y cuando se trate de un tercero. Si bien podría interpretarse que esta norma no se refiere a bienes inmuebles sino más bien a simples "objetos" (muebles), tal tesis debe rechazarse, no sólo porque el comiso también es aplicable a propiedades (artículo 465 del Código Procesal Penal), sino además porque el numeral 140 ibidem establece que en cualquier estado del proceso y a solicitud del ofendido, el juez podrá ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho. Si el juzgador ostenta esta potestad como medida provisional, con mucha más razón puede decretarla como restitución definitiva al dictar la sentencia de fondo, donde que se haya determinado la titularidad del bien que ostenta determinada persona. Por otra parte, debe reiterarse que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora R.M. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio, a partir de la cual se logró acreditar que ella lo adquirió en 1999 y desde entonces ha venido ejerciendo la posesión sobre el mismo. Al respecto se comprende que el artículo 366 párrafo 1º ya comentado, donde se le exige al juez que emita el respecto pronunciamiento en cuanto a este extremo, determina que esa decisión es oficiosa, pues a efectos de ordenar la restitución no se requiere que, como condición previa, la parte ofendida haya ejercido la acción civil resarcitoria, ni tampoco que en cuanto a ello haya formulado una pretensión directa y expresa. El hecho de que aún y cuando no haga falta hacerlo, la parte ofendida plantee dicha demanda (con lo cual podría obtenerse por dicha vía una "condena" a restituir, según lo dispone el artículo 464 del Código Procesal Penal), de ningún modo implica que la acción civil era necesaria. Por lo expuesto, sin lugar el recurso […]” (cfr. voto del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José N° 2006-1115 de las 09:18 horas del 20 de octubre de 2016, que a su vez cita y se apoya en el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 107-F-92 de las 08:55 horas del 03 de abril de 1992). En este mismo sentido, es decir, que la restitución procede, aunque no se haya ejercido acción civil resarcitoria, también pueden consultarse los votos de la Sala Tercera N° 1462-2004 y N° 604-F-91. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe precisar que, obviamente, la orden de restitución podrá disponerse siempre que dicha medida sea materialmente posible, lo cual por ejemplo sucederá cuando, tratándose de un bien mueble, el mismo esté en poder del despacho judicial (cfr. hipótesis regulada por el artículo 367 del Código Procesal Penal). De igual modo, tratándose de bienes inmuebles la restitución (de proceder) siempre será factible, en la medida en que la autoridad jurisdiccional podrá apersonarse al terreno respectivo y mediante un acto formal lo dejará en posesión de la persona legitimada para ello. Es claro que tal opción no sería posible en casos en los cuales se trate de bienes muebles que, al no estar secuestrados o entrados en depósito provisional, no se sepa dónde se hallan o si todavía existen, siendo en tal supuesto que, como medida subsidiaria, lo que corresponderá será una reparación económica mediante la condena al pago de daños y perjuicios […]” (Resolución N° 2018-0095, dictada a las 9:44 horas del 30 de enero de 2018, el destacado es suplido). Por lo expuesto, se concluye que la restitución del área de protección a su estado original no está supeditada a la condena de la persona acusada. Además —contrario a lo que señala la sentencia recurrida— el que por años algunos hayan invadido impunemente las áreas de protección señaladas por el legislador y que las autoridades municipales y estatales hayan tolerado esta situación en lugar de cumplir con sus deberes no cambia que los órganos jurisdiccionales, cuando así proceda, están obligados a disponer esa restitución, pues el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental de quienes habitan este país y el Estado debe garantizar y defender el mismo.» Como apunté entonces, considero que la restitución de las cosas a su estado original, dada su naturaleza sui generis, puede disponerse a pesar de que no exista una condena en lo penal, o de que no se haya ejercido la acción civil resarcitoria. Salvo en este punto, sobre el cual las demás integrantes de este tribunal tienen una posición distinta, coincido con ellas en cuanto que la decisión adoptada por el a quo carece de fundamentación y por ello, debe ser anulada. (C.3) No obstante, ya sea partiendo de la posición de mayoría o de la minoritaria, en este caso sí se ejerció la acción civil por la apelante, por lo que tal controversia no incide en el caso específico.» (algunos de los destacados son del texto original y otros no).

 Al margen de la posición que el juez tuviera al respecto, debió motivar su postura (Máxime que en el elenco de pretensiones de folio166, específicamente en el punto 5, se aludía ya no solo al pago de daños sino al resarcimiento de estos, una de cuyas modalidades puede ser la indicada) y no cambiar la naturaleza de la medida como lo hizo decidiendo en un par de líneas, en abierta contravención al numeral 142 del Código Procesal Penal. Como si eso no fuera poco, no es cierto que el tema de la imputación objetiva aluda a un elemento normativo del tipo. Se trata de un insumo para determinar la causalidad entre el hecho dañoso y el resultado, tema ajeno a los elementos, descriptivos o normativos, del tipo pero, como bien dice el apelante, nada de ello era relevante en el caso pues el tipo penal a aplicar alude a la invasión al área protegida y esta no se da porque se viva en determinado sitio sino que es un delito de mera actividad que se consuma cuando se despliega cualquier acto en la zona protegida, incluyendo la construcción pero también la siembra o la disposición sobre árboles en la zona. Dado que el énfasis del juez fue aludir a si el encartado vivía, permanecía o era titular de la obra o no, y no si fue él quien ordenó o participó de algún modo en los actos acusados, la motivación fue viciada. Por último, la determinación del juez de que se estaba en presencia de un canal de un humedal y no de una quebrada se hizo desconociendo la prueba técnica, pericial y testimonial, y dándole valor al dicho de un testigo cuyo conocimiento es meramente empírico, sin detenerse en la metodología por la cual las conclusiones de uno y otro grupo de declarantes surgieron para ver si eran comparables o no y, de no serlo, cuál tenía mayor peso y por qué. En efecto, se dio una lectura fragmentada de la prueba documental y pericial pues de los distintos documentos aportados a los autos aluden a una quebrada, pero estos no fueron expresamente. Por lo expuesto, sin necesidad de descender a otros alegatos, lo procedente es acoger el recurso y anular la sentencia en cuanto a su determinación fáctica, valoración de prueba y consecuencias para las pretensiones civiles y de derribo establecidas por el apelante y se ordenará el reenvío ante una nueva conformación del órgano de instancia que no haya intervenido antes. Se mantiene incólume la liberación de responsabilidad penal del encartado, aspecto que hace cosa juzgada.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Randall Albán Aguirre Mena, procurador penal. Se anula la sentencia impugnada en cuanto a su determinación fáctica, valoración de prueba y consecuencias para las pretensiones civiles y de derribo establecidas por el apelante y se ordena el reenvío ante una nueva conformación del órgano de instancia que no haya intervenido antes. Se mantiene incólume la liberación de responsabilidad penal del encartado, aspecto que hace cosa juzgada. Tome nota el órgano de instancia de lo indicado en esta resolución a fin de que se neutralicen los constantes yerros que se han dado en esta causa que ya data de hace más de 12 años. NOTIFÍQUESE.

Rosaura Chinchilla Calderón

 

Ivette Carranza Cambronero                         Kathya Jiménez Fernández

Juezas de apelación de sentencia penal

 

Expediente: 11-000899-485-PE (7)

Imputado: [Nombre 004]

Ofendido: Los recursos naturales

Delito: Invasión a zona protegida

  

 Expediente: 11-000899-485-PE (7) - pág.: 1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:39:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at thirteen hundred hours on January thirtieth, two thousand twenty-four.

APPEAL filed in the present case against [Name 004], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number [Value 001], born in Limón, Pococí, on January 23, 1976, son of [Name 002] and [Name 003], married, tour guide, resident of Limón, Pococí, Barra del Tortuguero; for the crime of INVASION OF A PROTECTED ZONE AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Rosaura Chinchilla Calderón, Ivette Carranza Cambronero, and Kathya Jiménez Fernández participate in the decision of the appeal. Attorney Randall Albán Aguirre Mena, criminal prosecutor, appeared before this court, and,

WHEREAS:

I.- That through judgment number 53-2022, at 19:00 hours on January twenty-fourth, two thousand twenty-two, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8, subsection 2 of the American Convention on Human Rights; 1, 30, 31, 45, 103 of the Criminal Code, 33 subsection b), 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575, 1, 4 of the General Water Law, 1, 5, 6, 9, 40, 142, 182 to 184, 265 to 267, 324, 360, 361, 363, 365 and 366 of the Criminal Procedure Code; [Name 004] is acquitted of all punishment and responsibility for the crime of INVASION OF A PROTECTED ZONE AREA, which had been attributed to him to the detriment of NATURAL RESOURCES, same which had been attributed to him by the Public Prosecutor's Office. Any precautionary measure issued as a result of this criminal case is lifted. The atypical precautionary measure of Demolition (Derribo) requested by the accusing entity and the Representative of the Procuraduría General de la República is rejected; Likewise, the civil action for damages and the Querella filed by the Procuraduría General de la República against the accused [Name 004] is declared WITHOUT MERIT. Costs are to be borne by the State and regarding the filing of the civil action and querella, it is resolved without a special award of costs because it is deemed that there was reasonable cause to litigate. Once the judgment is final, let the file be archived and the entry canceled from the logbook. THEY ARE HEREBY INFORMED OF THE FULL JUDGMENT DELIVERED ORALLY."

II.- That, against the previous ruling, attorney Randall Albán Aguirre Mena, criminal prosecutor, filed an appeal.

III.- That, after conducting the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the court considered the issues raised in the appeal.

IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Judge Chinchilla Calderón writes; and,

WHEREAS:

I.- Procedural Matters. (A) Admissibility. Attorney Randall Albán Aguirre Mena, criminal prosecutor, filed an appeal against the judgment issued in the record, a decision that is challengeable through this avenue (objective taxativity). This challenge was raised through a reasoned document submitted to the instance body and within the legal deadline and, therefore, the appeal must be admitted, given that the person filing it has standing to do so (subjective taxativity), with no further formalities being necessary since, otherwise, the mandate established in Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and the decision of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa v. Costa Rica, judgment of July 2, 2014, would be breached. (B) Procedural Summary. In order to clarify the competence of this chamber and respect for the principle of impartiality, it is appropriate to summarize what has occurred in the record: i. The Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue (composed of Judge Alejandro Pérez García), issued judgment No. 318-2019, at 16:00 hours, on May 15, 2019. Said judgment acquitted the accused of all punishment and responsibility, ordered the eviction and demolition of the construction, restoring the zone to its original state, and declared the civil action filed by the State without merit, without a special award of costs. ii. Both the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República filed an appeal and this court (composed of E. Montero; A. Valenciano and R. Badilla) granted the appeals and ordered the nullity of the proceedings according to vote No. 2020-1002, at 14:50 hours on June 19, 2020 (cf. folio 376). iii. Upon holding the remanded trial, a second decision was issued acquitting both criminally and civilly, and resolved without a special award of costs, rejecting the requested demolition, this through judgment No. 53-2022, at 19:00 hours on January 24, 2022, issued by the court composed of Judge Rodrigo Mora Ramírez (cf. folio 517). iv. Regarding this decision, the Public Prosecutor's Office appealed, and this was processed and decided by this court with a different composition (A. Araya, G. Mena and M. Bustillo), declaring it without merit through judgment No. 2022-1053, at 09:24 hours on July 26, 2022 (cf. folio 528). v. After the above, the Procuraduría General de la República pointed out that it had also appealed and that its appeal had not been resolved, which led to its appeal being located at the trial court and processed before this venue. vi. The same composition of this court already described (A. Araya, G. Mena and M. Bustillo), upon hearing that appeal and through vote number 2022-1383 at 08:22 hours on September 23, 2023, ordered that: a)- they could not hear the new challenge because it affected the principle of impartiality and b)- they could not assign it to another section since the latter could conform to the previous criterion, affecting the mentioned principle, or have a different one, generating contradictory judgments. Therefore, invoking vote of the Sala Tercera number 2013-1703 (J. Ramírez, J.M. Arroyo, M. Pereira, D. Arias and C. Chinchilla), they considered that this court as a whole lacked functional competence to rule and that the party had to appeal to the higher body in degree if it deemed appropriate. vii. The Procuraduría General de la República filed a cassation appeal and the Sala Tercera (J. Ramírez, G.R. Alfaro, S. Zúñiga, P. Vargas and P. Solano) through vote number 2023-1090, ordered: a)- that the criterion held in vote number 2013-1703 must be varied to establish that, in atypical cases such as these, a different composition of the appellate body was the one that should hear the matter because it was not feasible for the first one to hear it, as it affected the principle of impartiality, nor could the functional competence be considered exhausted (since this arises with the appeal and is exhausted when it is decided, but, in this case, there was an appeal that granted said competence and was pending decision). It indicated that above the abstract principle of immutability of the judgment (which implies not modifying its own decision, but would not apply when it is another body making that pronouncement in the exercise of its functional competence) invoked in the first of those decisions, was the constitutional and conventional principle of access to justice. Likewise, that in the event of contradictory pronouncements when resolving both appeals, the party did have to appeal in cassation; b)- that therefore, it was appropriate to annul appeal vote number 2022-1383 (by which competence was declined) and order the remand before this chamber to hear the prosecutor's appeal; c)- that, nevertheless, given that the appeal of the Procuraduría questioned both the criminal and civil aspects and after its filing a law had entered into effect establishing the prohibition of appealing a criminal acquittal twice, which is what had happened here, in accordance with vote number 2023-8843 of the Constitutional Chamber, that law must be understood to be applicable to this specific case because, although it is a procedural law and at the time of filing the appeal the prohibition of appealing was not in effect, it was more favorable to liberty as it affected the substantive issue of the accused's freedom. Therefore, the remand was dimensioned so that the pronouncement that is missed, even if it were as broad as procedurally appropriate, including modifying the factual basis (for which Llobet Rodríguez was invoked), would be circumscribed to the civil matter, given that in that field said prohibition does not exist, and the cited party also holds such status and presented challenging arguments on both profiles. Consequently, this decision assumes that remand competence (only for the appeal of the Procuraduría and only on civil matters) not only because it was issued by the higher body in degree in a specific case (an aspect in which such criterion must indeed be followed as it is binding per the principle of res judicata) but because it fully shares the reasoning expressed therein (both regarding the functional competence of this chamber and in relation to the scope of a subsequent law, though procedural, for ongoing cases). However, this court reserves its responsibility in three matters: i. the procedural errors that have been occurring in this summary proceeding (some corrected when the second appeal was submitted, which originally was not added to the record, or, by the Sala Tercera, when it annulled the decision of this body, with a different composition, that prevented hearing another appeal) and their impact on the duration of the process dating from 2011; ii. that, when the first decision was heard on appeal, there were only appeals from the accusing and civil plaintiff parties, not from the defense, so the issue of the eviction and demolition ordered in the first instance decision could not be modified to the detriment of the appellants because the principle of prohibition of reformatio in peius prevented it, despite which the decision was annulled in its entirety without being challenged by the party harmed in that part and without that issue later being rectified in the subsequent judgments; and iii. the manner in which the last appeal of the Public Prosecutor's Office was resolved, where, rather than a comprehensive review of what was decided, an examination was made of the prosecuting entity's challenging technique, which, it is worth saying, also did not appeal said decision.

II.- The criminal prosecutor, in the first ground of his challenge, alleges lack of intellectual reasoning and erroneous evaluation of the evidence when acquitting the defendant (an issue already finalized) and when declaring the civil action without merit. After transcribing part of the appellate vote that had originated the remand, the facts of the querella, and the proven facts contained in the oral judgment, it is stated that the ruling was based on the fact that the defendant was not the owner of the construction nor lived at the site and that the body of water is a channel of a wetland, but errors of reasoning are made there regarding the determination of the nature of the body of water (stream, wetland, or stagnant water) pursuant to Articles 1 and 4 of the General Water Law, and said nature is not established in such demonstrated facts, which was central to the ruling. He considers that a fragmented reading of the documentary and expert evidence was made, because from the various documents provided to the record (which he refers to with specific indications) it derives that what was located was a stream, and the testimonial evidence was consistent in this, despite which it is affirmed that what exists was a channel of a wetland, a conclusion drawn from the statement of a local resident ([Name 005], defense witness) and a bachelor in geology hired by the defendant (after the Dirección de Aguas indicated that, at the request of the defendant's cohabiting partner, what existed was a stream). He argues that no reasons are given as to why those other documents and witnesses do not deserve credibility. He refers to the audiovisual archive containing the challenged decision, time counter starting at sequence 1:23:46, so that the analysis of this topic can be heard, and affirms that biologist Elena Vargas never said, as the judge affirmed, that the stream probably originated from a wetland, because she did not certify the origin of the body of water since she did not go to the site where it begins and because she said that was not part of her competence. As for Jorge Cedeño, he did affirm the existence of a stream, but his statement was evaluated only in part, not in that respect. He complains that expert status is given to the defense witness [Name 005], but not to the biologist when she does have the technical knowledge in this regard, which is discredited based on the judge's own general knowledge. Also, he affirms, a fragmented evaluation of the expert evidence was made, as it is examined in parts and others are omitted, but full value is given to a report from a bachelor in biology provided by the defense. He adds that: "the existing technical reports from both Expert Daniela Villegas and Andrey Bolaños have different conclusions because they used different methodologies, while Expert Bolaños could not reach the place where the body of water originates, Expert Villegas did, Expert Bolaños establishes that it is a channel based solely on the speed of the water and Expert Villegas does so using what she calls flow gauging measurement, on this aspect the Court should have made some evaluation, however it only relies on part of what the Defense Expert states without evaluating the technical arguments indicated by Expert Villegas, nor did it weigh the experience, trajectory and knowledge of Expert Villegas but it justifies the limited experience and trajectory of the defense expert, even downplaying the fact that it is the first technical report prepared by Mr. Andrey Bolaños (…) The other aspect that the Court affirms to support the thesis of a channel is that the water has no current and is stagnant water, on this aspect the judge did not analyze the statement of Expert Daniela Villegas who declared that it is possible to determine the existence of a stream without measuring water speed, since a flow gauging measurement is made, that gauging is the measurement of the flow of a source, this important aspect takes precedence over the criterion of Expert Andrey Bolaños who pointed out that the main aspect to determine the type of body of water existing at the place was to measure water speed, on this the expert affirmed that he did not go to the place where the body of water originates, that he could not pass due to the site conditions, therefore if there is an origin of that body of water, which begins in the Parque Nacional Tortuguero and passes through the site where the defendant's construction is located and ends in the Laguna Penitencia, it is clear that we are in the presence of a stream, as indicated by the witnesses Jorge Cedeño, Daniela Villegas and Elena Vargas, and although it is true that in 2021, the year in which Expert Andrey Bolaños conducted the inspection, he found no water speed, this is contrary to what SINAC officials found at the site in 2011, the date the acts occurred, and in 2019, the year Expert Daniela Villegas went to the site. However, if the water has a point where it originates (within the Parque Nacional Tortuguero) and has a point where it drains (in the Laguna Penitencia), logically we are talking about water that has a current and that for the witnesses and expert provided by this representation, it is a stream. Finally, when the Court analyzes the criterion of geologist Andrey Bolaños, set forth in the document provided as evidence (which does not locate the site with GPS coordinates), it points out that said geologist affirms in the report that he made a tour following the flow of the body of water in order to find a spring (naciente) or the water eye and origin of the flow and that, as he found no evidence that a spring existed for the body of water, he determines that the water forming the body of water must have pluvial origin, see record at 2:02:45 of the digital counter of the oral judgment. This aspect is consistent with the criterion issued by Expert Daniela Villegas who affirms that the stream, in this case, does not have its origin in a spring but in waters that form a flow and later form the stream, 'the fact that there is no spring is not a factor to establish that what exists at the site is a channel, as erroneously held by the Court in the ruling under appeal. However, the judge did not analyze the statement of Expert Daniela Villegas nor did he contrast her declaration with the expert evidence provided, as he limited himself to making a biased and segmented analysis of the evidence.'" (Cf. appeal). He considers the rules of sound criticism violated and the reasoning erroneous. He also argues that the conclusion that the defendant was not the owner of the construction was erroneous and resulted from errors in the weighing of evidence, and it seems the court understood that the defendant is attributed with living in the property or having inhabited it (and that is where it dedicates the analysis of the testimonial evidence) when, in reality, it was having built it in a protected area, for which he refers to the report at folios 1 to 5 and, even, to the same geologist hired by the defendant. He requests the nullity of what was resolved. As a second ground, the erroneous application of Articles 33 and 58 a) of the Forestry Law is alleged. He says the judge demands, for the configuration of the crime of invasion of a protected area, requirements that the criminal statute does not contain. He argues that a confusing analysis of the theory of objective imputation is made to affirm that this is a normative element of the offense, which the appellant considers incorrect. This leads the judge to affirm that the crime in question is configured only when the subject has occupied and remained at the site and has carried out acts of occupation. For the appellant, to invade is to intrude, and this occurs when making a building, even if the person does not remain at the site. He refers to vote 263-2018 of the Sala Tercera. He requests the nullity of the decision. As a third argument, reference is made to the lack of factual, intellectual, and legal reasoning when rejecting the request for demolition (derribo), a topic that was only addressed in the dispositive part, confusing the demolition provided for in numeral 367 of the Criminal Procedure Code (a definitive measure resulting from a legal violation against the environment) with an atypical precautionary measure. Nor was anything evaluated regarding environmental damage. He requests the nullity of what was resolved. There was no response from the opposing party. The complaints must be granted which, due to their connection (by alluding to issues of reasoning and evidentiary evaluation), will be addressed jointly. (A) Summary of the debate and the judgment. In this matter, the accusation and querella addressed the following facts: “FIRST: On March 9, 2011, at approximately 09:20 hours, MINAET officials appeared at a property located on the southern boundary of the Parque Nacional Tortuguero in Colorado de Pococí, where they surprised the defendant together with nine other people building the second floor of a dwelling, which was within the protection area of a stream that runs through the site and maintains water throughout the year, located at GPS point 116503 north and 554330 west (CRTM05 coordinates) SECOND: The affected property belongs to the defendant, who, fully aware of the situation because he knew he did not have construction permits, proceeded to erect the second floor of that dwelling, said work being located, in one sector, one meter from the stream, in another sector 80 centimeters, and in another sector 4 meters from it. The construction was measured by MINAET officials who confirmed that it was 10 meters long, 8.5 meters wide, and the delimiting points were the following: 1165312 north and 554338 west, 1165310 north and 554332 west, 1165302 north and 554324 west, 1165301 north and 554333 West (CRTM05 coordinates)." In the second trial, resulting from the originally ordered remand, the statements of Daniela Villegas Loaiza, Carlos Calvo Gutiérrez, and expert Andrey Bolaños Quirós were received, and documentary and expert evidence was incorporated consisting of Official Letter ACTo-GASP-CyP-D004 from folios 1 to 3, official letter ACTo-GASP-PNT-SubUd-010-11 from folios 5 to 6, photographic sequences from folios 4 and 7 to 10; official letter No.Acto-DAJ-61-2011 from folio 11 and map from folio 12; official letter DDCU-20-2011 from folio 17; official letter ACTo-GASP-PNT-SubAd010-11 from folios 5 and 6; assessment of environmental damage from folios 187 to 190; official letter No. DA-UHCAROG-0398-2019; report from geologist Andrey Bolaños Quirós and certification of prior judgments. In closing arguments, the State representation requested (regarding the civil aspect, which is what is relevant here) the condemnation in abstract of the defendant and the request for demolition of the building. The judgment was delivered orally (with a duration of 02:15:37, of which the first hour is dedicated to the descriptive reasoning —accusation and summary of oral statements—) and in it the following facts were deemed proven and not proven: “PROVEN FACTS: 1- That Mr. [Name 004] is not the person who owns the construction or the person who lives in the building located on the southern boundary of the Parque Nacional Tortuguero, boundary with the town of Tortuguero de Colorado de Pococí. 2. That the construction work is not within the limits established by the General Water Law regarding the body of water subject to this Debate, as established in Article 1 of said law. UNPROVEN FACTS: 1) On March 9, 2011, at approximately 09:20 hours, officials of the MINAET of the Área de Conservación Tortuguero surprised the accused [Name 004], illegally carrying out, without permit from the State Forest Administration or the Municipality of Pococí, the construction of a dwelling within the protection area of a natural stream, located on the southern boundary of the Parque Nacional Tortuguero, boundary with the town of Tortuguero de Colorado de Pococí, at which time the accused was warned by the MINAET officials that he could not continue with the construction work. 2) On April 6, 2011, in a new inspection carried out at the aforementioned place by MINAET officials Jorge Cedeño Calderón and Elena Vargas Ramírez, it was found that the accused [Name 004], despite the warning already given on the previous visit, disregarded it and continued with the construction, invading the protection zone of the stream, since he did not respect the 15-meter bank line setback, carrying out the construction at a distance of one meter from the stream, stating on this occasion that he was unaware of the Forestry Law and that he would not stop building because he had already invested a lot of money.” (Cf. trial record and operative part in virtual file; the spelling errors contained in the original are rectified). If one listens to the indicated judgment, it can be corroborated that the basis for that decision can be summarized in the arguments indicated by the appellant, namely: i.- from the testimonial evidence arises an irregularity regarding the person who owns the construction since Jorge Cedeño Calderón said it was the defendant, but does not know for certain if he still lives in the building, and other witnesses place him there, along with other people, but then retract; ii.- [Name 005], whose statement deserves credibility, said the accused was the boss of the work crew, while expert Daniela Villegas identifies the owner as [Name 006]; iii.- the criminal statute punishes "invading" (its jurisprudential definition is alluded to), which means to intrude, and objective imputation is a normative (implicit) element of the offense, so this crime punishes whoever occupies, intrudes, or remains in a conservation or protection area, settling, ceasing to be nomadic, establishing themselves, but from the evidence it was not proven that the defendant currently lives in the construction that is there, as there were significant contradictions on this point that the court could not determine; iv.- The Forestry Law, in its numeral 58, protects bodies of water such as rivers, streams, or brooks. Streams or tributaries can be of a private nature. The Water Law protects protection zones. It was necessary to determine "if that body of water that passes a mere four, 1 m, 80 cm from the property, from which you are, well, attributed with having built, is a stream or not." (sic. Cf. judgment, audiovisual archive, timer 1:23:47). Jorge Cedeño Calderón, Elena Vargas Ramírez, and Daniela Villalobos Loaeza said it was, but witness [Name 005], a very humble person who has lived many years in the area, says that in Tortuguero there are no streams and that since there is no wastewater treatment, when it begins to accumulate it looks for an outlet and heads towards the river and forms something like a channel. A previous nullity occurred because the court had to determine what type of body of water it is, and it concludes that it is a wetland due to its height, nearby vegetation, because no streams are indicated in certain documents, and therefore, we are not in the presence of what numeral 33 of the Forestry Law establishes; v.- "The characterization of this crime requires determining if the usurped or invaded body of water is a river, a stream, or a brook, and this must be related precisely to subsection four of Article 1 of the Water Law (…) subsection four, we are not in any of the scenarios established by the same. Therefore, this necessary demonstration of the cognitive element of the offense comes then to study complicity and if there is no characterization, if objective elements of the criminal offense are not met (…) the protection contemplated in Article 33 of subsection a of the Forestry Law must be understood as related to the public domain waters of subsection four of Article 1 of the Water Law. Consequently, then the objective element refers to public domain waters. The cognitive element of the subjective offense will require awareness that one is invading or destroying vegetation on the banks of such bodies of water and not others, therefore." (Cf. 02:07:37 to 02:11:05); vi.- As there is no crime due to lack of causality between the construction work and the alleged invasion, the civil action for damages and the atypical precautionary measure of demolition must be rejected (02:14:30), resolved without a special award of costs. (B) Decision on the complaint. First, it is necessary to indicate that although this case dates back more than 12 years and the statute of limitations for civil claims (merely compensatory or monetary, such as those relating to payment for environmental damage) is 10 years, and there may be controversy over whether specific grounds for suspension or interruption of the matter occurred (among these, interruption by judicial actions for recognition of the obligation, which would be the date of filing the civil action at folio 157 of volume 1, which was August 20, 2012), pursuant to Articles 865, 867, 868, and 879 of the Civil Code, said exception is not declarable ex officio, nor has it been raised by any party, so a pronouncement on the substantive issue must be made without alluding to this mechanism for extinguishing the civil action. In addition to quantifiable compensatory claims, the State entity has also sought the restoration of things to their prior state, resulting from an invasion of a protected area, this latter topic which, having a relationship with public domain (demaniales) assets of the State, are inalienable and imprescriptible (Articles 261 to 263 of the Civil Code and 121.14 of the Political Constitution): "The assets of the State are characterized by being of its exclusive ownership and because they have a special legal regime; they integrate the unity of the State and together with its political, economic, and social organization, pursue the satisfaction -on a level of equality- of general interests; their ultimate goal is to fully achieve the common good.

This is the principal reason to justify the existence of an impediment, at least in principle, to the free disposition of this category of goods… Demanial or dominical goods, as they are also known, have that character by virtue of a legal affectation (afectación legal), which is what determines their subjection to a specific public purpose, insofar as it marks the destination of the good to public use or service or to another determining purpose that justifies its demaniality. In this manner, the affectation is the link, whether by formal act or not, by which a public good is integrated into the national patrimony by virtue of its destination and the corresponding legal provisions. This entails, as a logical consequence, that only by law may they be deprived of or have modified the special regime that regulates them, by disaffecting (desafectándolos) them, which means separating them from the public purpose to which they are linked. It requires an express and concrete legislative act, in such a way that there remains no doubt whatsoever of the legislator's will to remove a determined and individualized good from the public domain, without generic disaffection being possible, much less implicit disaffection; that is, in this matter there cannot exist an "open type of disaffection," which the Administration, through its discretionary acts, completes. It must also be warned that every disaffection, as it comes from a legislative act, is subject to the ordinary jurisdictional controls.” Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Voto number 2000-10466.

Now, as the Third Chamber indicated in voto number 2023-1090 that ordered the remand before this court, citing the national author Javier Llobet, despite the fact that this chamber is competent to hear only civil matters, that does not preclude the judgment from being annulled completely (in its factual determination and assessment of evidence only for civil matters) since “the right granted to the civil plaintiff (actor civil) to appeal must be admitted broadly, not being limited to aspects related to the appropriateness of compensation based on the proven facts. It must be admitted that they may even discuss aspects related to the facts on the basis of which the acquittal judgment was issued, so that they may discuss, for example, lack of reasoning or violation of the rules of sound criticism in that regard. However, the annulment of the judgment that might be ordered would only be in the civil sphere, but not in the criminal sphere. It must be taken into account that the powers of the civil plaintiff are related to their right and that if the right to discuss the civil action (acción civil) is granted, they may discuss all the aspects on which it is based, including aspects that also concern the determination of facts related to the criminal action (acción penal)” (Llobet Rodríguez, Javier. 2009. Proceso Penal Comentado, 4th edition. Editorial Jurídica Continental. San José. P. 663). From the foregoing, it follows that, as the Procuraduría has requested, the lower court’s decision must be annulled because, indeed, it contains a series of errors and omissions that affect the logical coherence of the ruling. To begin with, it must be said that resolving the issue of the restoration of things to their original state (restitución de las cosas al estado original) in a couple of lines and alluding to it being an atypical precautionary measure (medida cautelar atípica) is incorrect, and that alone constitutes grounds for nullity. Note that, regardless of the position one may have on the matter, there are at least two other theses regarding this institute, which were reviewed in the divided voto of this court number 2022-1773 (R. Chinchilla, P. Vargas and K. Jiménez) and to which, at the very least, the trial judge should have alluded in order to position himself in one of them:

«(C) On the requirements for restoration (restitución). Although, as will be seen, this chamber agrees that, in this matter, the appeal is admissible, there is disagreement regarding the arguments and requirements for it. (C.1) Majority position (judges Chinchilla and Jiménez). It is important to bear in mind that the restoration of things to their original state is not a simple provisional criminal measure (as is the case with the reestablishment of things to their prior state (restablecimiento de las cosas al estado anterior) stipulated in numeral 140 of the Code of Criminal Procedure) but rather forms part of the civil claims (pretensiones civiles) that, in this case, were exercised by the appellant, who is a civil plaintiff, and are ordered in the final judgment (not during the investigation phase). In these terms it was indicated in voto number 2016-633 (A. Solís, R. Chinchilla and E. Salinas) in which it was said that the legal basis for this claim is found in Article 103 of the Penal Code, which, as relevant, states: "Every punishable act has as a consequence civil reparation (reparación civil), which shall be determined in a conviction judgment; it shall order: 1) The restitution of the things or, failing that, the payment of their respective value (...)." This provision must be contextualized, in order to obtain an interpretation adjusted to what the legislator intended with it. Its placement in the Penal Code, in Title VII called "Civil Consequences of the Punishable Act," implies that it has a direct relationship with the civil claim sought by the victim of a punishable act. Moreover, the three subsections are subject to the determination of "civil reparation" in the judgment (regarding confiscation (comiso), there is great discussion in doctrine about whether or not it is a civil consequence of the act; however, since this is not the contested issue, this chamber will not discuss this point). In relation to the foregoing, numeral 122 of the Rules in Force on Civil Liability clarifies that this type of reparation includes "1° The restitution of the thing," which confirms that, indeed, when this aspect is alluded to, it must be considered a civil consequence of the act. Now, the cited Article 103 orders that, in a conviction judgment (understood in the civil sphere, since there is independence between that liability and criminal liability: Article 40, in fine, of the Code of Criminal Procedure), the court must rule regarding the restitution of the things (and numeral 491 of the Code of Criminal Procedure reaffirms the civil indemnification character by saying that if there is a dispute, the interested persons are referred to the civil courts). Based on all the foregoing, it is concluded that the restoration of things to their prior state is part of what may be ordered when there is a civil conviction (this must be differentiated from the simple restitution of a thing, which is ordered in a judgment when the object of the crime must be returned to its legitimate owner or possessor, and which, generally, is in provisional deposit). However, the question that immediately arises is whether the court may civilly convict the accused without there being a petition from one of the parties (ex officio). In accordance with Article 368 of the Code of Criminal Procedure, for a ruling that convicts in the civil sphere to be issued, it is required, obligatorily, that the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has been exercised in accordance with Articles 37 to 41 of this same body of law. Likewise, numeral 111 of the Code of procedure states: "To exercise the civil action for damages, its holder must constitute themselves as civil plaintiff (...)." The complaint containing the claims for reparation or for restoration of things to their prior state must satisfy a series of requirements, among which is found, according to Article 112 of the aforementioned Code: "d) The grounds on which the action is based, indicating the character invoked and the damage whose reparation is sought, even if the amount is not specified." These claims must be made concrete, in accordance with Article 308 of the Code of Criminal Procedure, when it states: "When the civil action for damages has been exercised, the Public Prosecution Service must also inform the civil plaintiff of the accusation, so that within a period of five days they may make concrete their claims, indicate the type and form of reparation they demand, and liquidate the amount of damages and losses they estimate to have suffered up to that moment (...)." In accordance with that, the hearing that is granted is intended for the civil plaintiff to define what their concrete interests are, in accordance with what was requested in the complaint filed, which must include, of course, restoration, if it is in their interest. Therefore, it is impossible to consider that the claim aimed at restoring things to their prior state may be made ex officio, since the civil claims must be declared based on what was requested in the respective complaint. In this case, there was indeed a civil action for damages, so for this reason, and for what will be added, it is appropriate to consider the complaint. (C.2) Position of Judge Vargas González. As I indicated in the dissenting vote contained in ruling 2021-0921 of 8:35 a.m. on June 23, 2021, issued by this chamber, with a similar panel (R. Chinchilla Calderón, L. Murillo Mora and P. Vargas González) «[…] the restoration of things to their original state is not a civil consequence derived from the punishable act, but rather a sui generis one that must be ordered ex officio, that is, regardless of whether there is a conviction judgment or even a civil action for damages, the foregoing based on numeral 366 of the Code of Criminal Procedure. In this regard, this chamber has pointed out, with a panel similar to the current one (Porras Villalta, Vargas González and Murillo Mora) the following: “The question raised by defense counsel, arguing that restoration cannot be ordered when the accused is acquitted criminally and when the civil action for damages has not been exercised, is not novel, as this appellate court has already had the opportunity to rule on the matter and does not share such position. Thus, based on what is expressly provided by Article 366 of the Code of Criminal Procedure (which is a later norm than Article 103 of the Penal Code, which the challenger cites in support of her thesis), the case law has interpreted that even in the event of an acquittal regarding criminal matters, the judge is empowered to order —even ex officio— the restitution of the objects involved in the proceeding: “[…] There is an error in the ruling regarding the legal basis for ordering the eviction, since the norm that authorizes that measure is not Article 142 of the Code of Criminal Procedure, but rather Article 366 ibidem. This expressly regulates that: ‘The acquittal judgment shall order... the restitution of the objects involved in the proceeding that are not subject to confiscation...’. In the specific case, the Trial Court held as proven that the land occupied by the accused belongs to the State and is used by the Ministry of Environment and Energy, as part of the Territorial Planning Project for the Core Zone of the Barra del Colorado Wildlife Refuge. Over these, simple possession or the right of possession cannot be claimed, insofar as they are outside of commerce and are imprescriptible (Art. 262 of the Civil Code and Sentencia 733-F-00, of 3:12 p.m. on October 4, 2000, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Once the ownership of the property and its dedication to nature preservation were accredited, the legal consequence was the expulsion of the occupants, as decreed in the ruling […]” (cf. Trial Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, Voto N° 2004-00933 of 11:00 a.m. on September 9, 2004). In the same vein, always based on the provisions of Article 366 of the Code of Criminal Procedure, the appropriateness of the restoration of things to their prior state has been upheld even in the event of an acquittal, when facing an infraction of the maritime-terrestrial zone (cf. Trial Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, Votos 2004-0919 and 2004-0933). Indeed, this solution has been chosen even in the event of an acquittal for the crime of usurpation: “[...] if according to the proven facts, the accused here is found occupying a property that was possessed by another person, the logical consequence is to order restitution in the same judgment, so as not to unnecessarily delay the victim’s return to the property. In this regard, in a 1992 ruling, our Court of Cassation indicated, for a case in which the fact of usurpation was proven, the following: ‘It must be admitted that the optimal course is that, in cases like the present one, the restitution of possession be ordered in the same judgment that convicts for the crime of usurpation, in order not to unnecessarily delay the victim’s return to the de facto power by which they subjected the usurped property to their control and will; however, if such disposition is omitted in the judgment, nothing prevents a resolution from subsequently being issued that—in execution of that conviction—orders the eviction of the property by the usurper so that the victim may enter into possession, as happened in the case under review. It is not superfluous to say that such solution is not only that which derives from the correct application and understanding of the law, but is also that imposed by the most elemental norms of common sense: it would be absurd for the accused, relying on the judgment that convicts them for the crime of Usurpation, to legitimize and maintain possession of the same property they accessed in a typical, unlawful, and culpable manner.’ Third Chamber of the Supreme Court of Justice, V-107-F, of eight hours fifty-five minutes on April three, nineteen ninety-two.— This ruling is applicable to the sub júdice, not only because it warns of the need not to maintain a legal absurdity, which would occur by acquitting someone for usurpation because they held a false belief about their better right to possess the property and to obtain its legal award, and then maintaining them in possession until the victim’s better right of possession is proven, the victim having acquired, with the evidentiary and negotiating difficulties that might exist, the right to possess that property. The evidence presented, as well as the technical and legal considerations made by the defender, make the criterion of the trial judge and this Tribunal prevail, that in this case the abandonment of the property must be ordered, and that if Ms. S.E. considers that her right must prevail, she must bring an action in another forum, civil or agrarian, depending on the nature of the estate and its use. In accordance with the foregoing, it is held that the order for restitution of the property in favor of Ms. R.M. could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence taken at trial [...] Thus, notwithstanding the acquittal ordered regarding the criminal charge, the trial judge was obliged to order that the titleholder of the property in dispute be placed in possession thereof, because of having a better right of possession. In this regard, it is understood that in the generality of cases the disputed property is in the power of the acquitted accused, so if it is proven that title to the same corresponds to a third party (as happened in this case), it must be restored to the latter. [...] Article 366, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure establishes that the judgment, even if acquitting, shall order the restitution of objects that are involved in the proceeding and that are not subject to confiscation, without specifying that such restitution must be made in favor of a determined subject. This implies, then, that for such purposes the judge must determine which person has the better right over the object, even if it concerns a third party. Although it could be interpreted that this norm does not refer to real property but rather to simple ‘objects’ (personal property), such a thesis must be rejected, not only because confiscation is also applicable to properties (Article 465 of the Code of Criminal Procedure), but also because numeral 140 ibidem establishes that at any stage of the proceedings and at the request of the victim, the judge may order, as a provisional measure, the reestablishment of things to the state in which they were before the act. If the judge holds this power as a provisional measure, with much greater reason they may decree it as definitive restitution when issuing the judgment on the merits, where the title of the property held by a certain person has been determined. On the other hand, it must be reiterated that the order for restitution of the property in favor of Ms. R.M. could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence taken at trial, from which it was possible to prove that she acquired it in 1999 and has since been exercising possession over it. In this respect, it is understood that the already-commented Article 366, paragraph 1, where the judge is required to issue the respective pronouncement regarding this aspect, determines that this decision is ex officio, since for the purpose of ordering restitution, it is not required that, as a prior condition, the victim has exercised the civil action for damages, nor that they have formulated a direct and express claim in this regard. The fact that even when it is not necessary to do so, the victim files such complaint (through which a “conviction” to restore could be obtained by that route, as provided by Article 464 of the Code of Criminal Procedure), in no way implies that the civil action was necessary. For the foregoing reasons, the appeal is dismissed […]” (cf. voto of the Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José N° 2006-1115 of 09:18 a.m. on October 20, 2016, which in turn cites and relies on voto of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice N° 107-F-92 of 08:55 a.m. on April 3, 1992). In this same vein, that is, that restoration is appropriate even if the civil action for damages has not been exercised, Votos of the Third Chamber N° 1462-2004 and N° 604-F-91 may also be consulted. Bearing in mind the foregoing, it must be specified that, obviously, the restoration order may be ordered as long as said measure is materially possible, which for example will occur when, concerning personal property, the same is in the power of the judicial office (cf. the hypothesis governed by Article 367 of the Code of Criminal Procedure). Similarly, concerning real property, restoration (if appropriate) will always be feasible, insofar as the jurisdictional authority may appear at the respective land and through a formal act leave it in the possession of the person legitimately entitled to it. It is clear that such an option would not be possible in cases involving personal property that, not being seized or placed in provisional deposit, it is unknown where they are or if they still exist, it being in such case that, as a subsidiary measure, what will be appropriate will be economic reparation through a conviction for the payment of damages and losses […]” (Resolution N° 2018-0095, issued at 9:44 a.m. on January 30, 2018, emphasis supplied). For the foregoing reasons, it is concluded that the restoration of the protection area (área de protección) to its original state is not contingent upon the conviction of the accused person. Likewise—contrary to what the appealed judgment states—the fact that for years some have with impunity invaded the protection areas designated by the legislator and that the municipal and State authorities have tolerated this situation instead of fulfilling their duties does not change the fact that the jurisdictional bodies, when so appropriate, are obliged to order that restoration, because the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right of those who inhabit this country and the State must guarantee and defend the same.» As I pointed out then, I consider that the restoration of things to their original state, given its sui generis nature, may be ordered even though there is no criminal conviction, or even though the civil action for damages has not been exercised. Except on this point, regarding which the other members of this court hold a different position, I agree with them in that the decision adopted by the a quo lacks reasoning and therefore must be annulled. (C.3) Nevertheless, whether starting from the majority or the minority position, in this case the civil action was indeed exercised by the appellant, so such controversy does not affect the specific case.» (some of the emphases are from the original text and others are not).

Regardless of the position the judge might have on the matter, he should have provided reasons for his stance (especially since in the list of claims on folio 166, specifically in point 5, reference was already made not only to the payment of damages but to their compensation, one of the modalities of which may be the one indicated) and not change the nature of the measure as he did, deciding in a couple of lines, in open contravention of numeral 142 of the Code of Criminal Procedure. As if that were not enough, it is not true that the issue of objective imputation (imputación objetiva) alludes to a normative element of the type (tipo). It is an input for determining causality between the harmful act and the result, a matter unrelated to the elements, whether descriptive or normative, of the type but, as the appellant correctly states, none of that was relevant in the case because the criminal type to be applied alludes to the invasion of the protected area (área protegida) and this does not occur because one lives in a certain place but rather is a crime of mere activity (delito de mera actividad) that is consummated when any act is carried out in the protected zone (zona protegida), including construction but also planting or the disposal of trees in the zone. Given that the judge's emphasis was on alluding to whether the accused lived in, remained in, or was the titleholder of the work or not, and not whether it was he who ordered or participated in some way in the acts charged, the reasoning was vitiated. Finally, the judge’s determination that one was in the presence of a wetland channel and not of a ravine (quebrada) was made by disregarding the technical, expert, and testimonial evidence, and by giving weight to the statement of a witness whose knowledge is merely empirical, without examining the methodology by which the conclusions of one and the other group of declarants arose to see if they were comparable or not and, if not, which carried greater weight and why. Indeed, a fragmented reading was given to the documentary and expert evidence, since the various documents contributed to the record allude to a ravine, but these were not expressly considered. For the foregoing reasons, without the need to address other allegations, it is appropriate to uphold the appeal and annul the judgment with respect to its factual determination, assessment of evidence, and consequences for the civil claims and the demolition established by the appellant, and the remand before a new panel of the lower court body that has not previously intervened is ordered. The acquittal from criminal liability of the accused, an aspect that constitutes res judicata, remains intact.

POR TANTO:

The appeal filed by attorney Randall Albán Aguirre Mena, criminal prosecutor (procurador penal), is declared with merit. The appealed judgment is annulled with respect to its factual determination, assessment of evidence, and consequences for the civil claims and the demolition established by the appellant, and the remand before a new panel of the lower court body that has not previously intervened is ordered. The acquittal from criminal liability of the accused, an aspect that constitutes res judicata, remains intact. The lower court body shall take note of what is indicated in this ruling in order to neutralize the constant errors that have occurred in this case, which already dates back more than 12 years. NOTIFÍQUESE.

Rosaura Chinchilla Calderón

Ivette Carranza Cambronero                         Kathya Jiménez Fernández

Appellate Judges for Criminal Judgments

Expediente: 11-000899-485-PE (7)

Accused: [Nombre 004]

Victim: Natural resources

Crime: Invasion of protected area (Invasión a zona protegida)

Expediente: 11-000899-485-PE (7) - pág.: 1

It is a true copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:39:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República