Res. 00259-2024 Tribunal Agrario — Ecological Possession and Usucapion on Forest Land Outside Protected AreaPosesión ecológica y usucapión en terreno forestal fuera de área protegida

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00259 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Marzo del 2024 a las 09:46

Expediente: 15-000220-0391-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Deber de demostrar posesión decenal anterior a la declaratoria del terreno como zona protegida.
Deber de acreditar una posesión ecológica acorde con los fines del área silvestre protegida como requisito de la información posesoria.
Temas (descriptores): Función ambiental de la propiedad agraria
Subtemas:
Deber de acreditar una posesión ecológica acorde con los fines del área silvestre protegida como requisito de la información posesoria.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Deber de acreditar una posesión ecológica acorde con los fines del área silvestre protegida como requisito de la información posesoria.
Sentencias en igual sentido

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

15-000220-0391-AG - 0




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

GREAT COAT SOCIEDAD ANONIMA

 

   

VOTO N°  N° 2024000259

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas cuarenta y seis minutos del trece de marzo de dos mil veinticuatro.-

  INFORMACIÓN POSESORIA  promovido por GREAT COAT SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres-ciento uno- trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos, representada por José Guillermo Brenes Fonseca, mayor, casado en segundas nupcias, pensionado, cédula nueve - cero cero diecisiete - cero ciento noventa y siete, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Intervienen como partes, el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL por medio de su apoderada general judicial, Marjorie Mayela Madrigal Muñoz,  mayor, divorciada dos veces, abogada, cédula uno- quinientos noventa y ocho- ciento uno, vecina de San Ramón de Alajuela; y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en representación de los intereses del Estado, apersonándose la procuradora adjunta, licenciada Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad dos - cero cuatrocientos sesenta y seis - cero cero sesenta y cinco, vecina de Alajuela. Actúa como apoderada especial judicial de la parte promovente la licenciada Marianela Moreno Paniagua, colegiada catorce mil doscientos noventa y uno. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.

RESULTANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1. La titulante plantea las presentes diligencias a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca  que se describe así:   «Terreno de montaña y potrero, ubicado en Lagunilla, Distritos 01 Santa Cruz y 03 Veintisiete de Abril del Cantón 03 Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, que según el plano catastrado adjunto N° 5-1832872-2015 posee una extensión de ochenta y dos hectáreas con dos mil cuatrocientos diez metros cuadrados, cuyos linderos son: Norte: José Guillermo Brenes Fonseca, Sur: Calle pública con un frente de 187.38 metros y [Nombre 001], Este: Julia Haidee e Hijos Sociedad Anónima y Oeste Loma Larga del Guis Sociedad Anónima». Indica la promovente que actualmente la Sucesión de [Nombre 001] esta representada por [Nombre 002] en su condición de albacea.  (Ver expediente electrónico imágenes 19  a 20,  96, 100, 197 a 201).  2. El edicto de ley salió publicado en el Boletín Judicial N° 242 del 21 de Diciembre de 2017. (Ver imagen 94). 3. Se tuvo como partes al Estado por medio de la Procuraduría General de la República, y, al Instituto de Desarrollo Rural,  quienes se apersonaron en autos (imágenes 30 a 32  la PGR e imagen 49 el INDER). 4.- El juez Joshua Zamora Méndez en  sentencia número 2023000391 de las dieciséis  horas cincuenta  y ocho  minutos del  doce  de diciembre del dos mil veintitrés, resolvió: «POR TANTO:   Se aprueba la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de GREAT COAT SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3- 101-351400, representada por José Guellermo Brenes Fonseca, mayor, casado en segundas nupcias, pensionado, cédula 9-0017-0197, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo, la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número 5-1832872-2015, que se describe así: Terreno de montaña y potrero, ubicado en Lagunilla, Distritos 01 Santa Cruz y 03 Veintisiete de Abril del Cantón 03 Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, que según el plano catastrado adjunto N° 5-1832872-2015 posee una extensión de ochenta y dos hectáreas con dos mil cuatrocientos diez metros cuadrados, cuyos linderos son: Norte: José Guillermo Brenes Fonseca, Sur: Calle púlbica (sic) con un frente de 187.38 metros y [Nombre 001], Este: Julia Haidee e Hijos Sociedad Anónima y Oeste Loma Larga del Guis Sociedad Anónima. El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de ocho millones de colones exactos. El inmueble a titular queda afecto a las reservas en cuanto a derechos de vía de las calles públicas que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias. Asímismo, se advierte que persiste la protección legal del área contigua a las corrientes que existen en el inmueble, según el artículo 33, incisos b) de la Ley Forestal n° 7575 y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles en dicha zona. De igual forma se establece que el cauce y las aguas de esad (sic) corriented (sic) y las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble, son de dominio público estatal y no forman parte de la finca (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III). Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada.» (imágenes 197 a 201  del expediente electrónico). 5.- La representante estatal Lydiana Rodríguez Paniagua interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya,  para refutar la tesis del juzgado de instancia. (Imágenes 203  a 213, 215 a 225   del expediente electrónico).

   4.- La  licenciada Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, en su condición de representante de la Procuraduría Genaral de la República, formuló recurso de apelación con indicación expresa de los motivos en que fundamenta su recurso.

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

 Redacta el juez Darcia Carranza; y ,

CONSIDERANDO:

I.- El Tribunal Agrario comparte lo dispuesto en relación con los hechos probados, por tener buen sustento en los autos.-

II.- La Procuradora Adjunta, Lydiana Rodríguez Paniagua, interpuso recurso de apelación, aduciendo, que "... 1) Obra en autos estudios técnicos y hasta por acreditado lo tiene el auto sentencia que se impugna que la naturaleza del inmueble a titular es boscosa. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos a dominio público, patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14. Aun cuando la legislación forestal permite titular inmueble fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto; haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado, ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio público forestal antes dicha. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir, en forma lógica, que los terrenos de bosque sólo podrán titularse si la usucapión se había consolidado antes de ingresar, por ley, a Patrimonio Natural del Estado: “…el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público”. SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales tienen una afectación legal inmediata a dominio público (art 13 de la Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-016975). Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente. A continuación se transcriben algunos precedentes jurisprudenciales, y pronunciamientos emitidos por la Procuraduría, con relación a lo antes citado: I.- SUPERVIVENCIA DEL DERECHO DEROGADO PARA REGULAR LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE NACIERON A SU ABRIGO. Protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio. Jurisprudencia vinculante erga omnes de la Sala Constitucional. Art. 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional: 1) Necesidad de demostrar una posesión decenal, apta para usucapir, con los requisitos de ley antes de las afectaciones a dominio público de los bosques y terrenos forestales. SALA CONSTITUCIONAL, en el voto 4587-97, cons. IV: "Dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. (…). Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho" (…). "… La posesión que cuenta para la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien". (Se añade el subrayado). 2) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 15753-2005: “… el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra su fundamento en la relación de los artículos 34 y 129 de la Constitución”. 3) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 7989-2005: “La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución Política es la que pretende interferir con derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, nacidas con anterioridad a la promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia perfeccionadas bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no pueden ser variadas por las nuevas disposiciones…” (Vid también sentencias 2791-1996 y 1998-0336 de la Sala Constitucional. Se incorpora el subrayado). 4) SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 738-2003: “…la derogación de las normas o cambio de criterios legales no producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados al momento de ser vigentes esas normas derogadas. Es el fenómeno jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho abolido, porque para los actos o contratos en vigor, la ley derogada continúa vigente contra las nuevas normas jurídicas”. (Vid también de la Sala Constitucional las sentencias 2006- 012239, 2006-012240 y 2006-012241). “Las situaciones jurídicas consolidadas se originan no sólo por una sentencia (…), sino por el simple imperio de la norma que rige cuando ocurre un acto o hecho jurídico subsumible en ella”. “La Derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley –en que se deroga la anterior- no tiene fuerza retroactiva “en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política. Todo ello da lugar a la doctrina de la supervivencia del derecho abolido. (…) En efecto, si una norma general abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor” (En igual sentido: sentencia de la Corte Plena de las 10:00 horas del 18 de marzo de 1982 y Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pga. 498 y 499).

“Del mismo modo, la sentencia N° 1119-90 de las 14:00hrs. del 18 de setiembre de 1990 sostuvo: “…una situación jurídica puede consolidarse –lo ha dicho antes la Corte Plena- con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, y también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución”. (…) Por otra parte, la situación jurídica consolidada representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos…”.

Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada es que “por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara, definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). (…) “En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia…” . “…es procedente en Derecho considerar que las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aun después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia”. (En el mismo sentido, sentencia de la Sala Primera de Casación números 79 de 1989 y 104 y 105, ambas de 1991. Los subrayados no son del original).

II.- IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE TITULAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: 1) Dictamen de la Procuraduría C-321-2003: “La titulación es propia de inmuebles de tráfico jurídico privado. Pero es del todo inaplicable a los de dominio público, en los que no tiene cabida la posesión ad usucapionem. VII.1) IMPEDIMENTO DE LOS PARTICULARES DE EJERCER POSESIÓN CON ANIMO DE DUEÑOS SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Como anotamos en otra ocasión, la inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de dominio público "no pueden ser objeto de posesión privada" y que "la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" (o la posesión). Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, entre muchas. Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario (SALA DE CASACIÓN sentencia 9:30 hrs. del 6/6/1936). Este criterio lo suscriben varias resoluciones de los Tribunales Superiores, que atribuyen al ente público titular la posesión iuris sobre el demanio, ejercida "per se mientras dure la afectación del bien". "Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, ya que ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad", ni pueden pretender la propiedad. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones números 10019, 10166 y 10418. Del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la resolución 1851 de 1976 y del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera la N° 910 de 1987). Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes las situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de terceros, aptos para usucapir VII.2) IMPROCEDENCIA DE LA USUCAPIÓN Y TITULACIÓN CONTRA EL DOMINIO PÚBLICO. De la inalienabilidad e imprescriptibilidad resulta que las cosas públicas "no son susceptibles de ser adquiridas por usucapión, ni nadie puede prevalerse de la posesión irregular que sobre las mismas tuviere" (…). "Correlativamente tampoco el Estado ni sus organismos pueden perderlas por prescripción negativa, ya que la posesión aun cuando no se manifiesta por hechos reales debe estimarse que se produce por imperio de las disposiciones legales que regulan su destino". (Casación, sentencia N° 122 de 16:15 hrs. del 16 de noviembre de 1965, y sentencia de Casación, año 1958, I Semestre de la Colección de Sentencias, pgs. 376 ss., considerando XIV). Y la SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia N° 007-93, considerando IV, insiste en el punto: Los bienes de dominio público "no pueden ser enajenados -por ningún medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que haya poseído". En el mismo sentido, cfr. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000, considerando IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, voto N° 1662 de 10:15 hrs. 11/12/75 y del TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO los números 523 de 1994 y 665 del 2002. "Los trámites de justificación de posesión señalados en las Leyes de Informaciones Posesorias", para obtener un título de dominio inscribible se refieren incuestionablemente a "los terrenos de dominio privado y de comercio de los hombres" (Código Civil, artículo 264), "pero no a aquellos bienes públicos o de dominio público, contemplados en los artículos 261 al 263 del mismo Código". (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, N° 860 de 14 hrs. del 21 de diciembre de 1971). Sobre la imposibilidad jurídica de titular el dominio público cfr: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 de 1994 y 665 del 2002. En bienes de dominio público "la usucapión tampoco es un medio para adquirirlos; las cosas inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas". (SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2988-99, cons. III). Esta tesis se ha seguido para dependencias públicas específicas: Es reiterada la jurisprudencia de que los bienes demaniales "son inalienables y por consiguiente no pueden ser objeto de titulación a efecto de inscribirlos en el Registro Público a nombre de particulares" (SALA DE CASACIÓN N° 19 de 15,30 hrs. del 30 de enero de 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, números 860 de 1971, 493 de 1971, 139 de 1972; 781 de 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, N° 1622 de 1975)”. 2) Dictamen de la Procuraduría C-146-2008: “La titulación de inmuebles integrantes del demanio, al decir de la SALA CONSTITUCIONAL en la sentencia N° 2007-02063, cons XII, desconoce las características esenciales de esos bienes y quebranta lo dispuesto en el artículo 262 del Código Civil, los cuales hacen que sea “absolutamente imposible su posesión, venta o gravación, sin antes haberse desafectado”. “II.3.2) PRINCIPIO DE INALIENABILIDAD. La inalienabilidad de los bienes demaniales los sustrae del comercio o tráfico jurídico privado, con la consiguiente prohibición legal de enajenar el dominio o constituir otros derechos reales por los procedimientos del Derecho Civil. El carácter extracomercial de las dependencias del dominio público las hace inhábiles de apropiación privada para satisfacer intereses individuales. Por ende, no pueden ser objeto de actos jurídicos o contratos que impliquen transferencia de la propiedad a particulares. Atentarían contra su naturaleza y destino público. (Cfr: Dictamen C-128-99). El principio protege contra actuaciones ilícitas de los administrados y los actos desaprensivos de los propios funcionarios de la Administración. II.3.3) INSUSCEPTIBLES DE ADQUIRIRSE POR POSESIÓN. Sobre los terrenos inalienables ningún particular puede alegar derechos de posesión. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653-97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, voto 733-F-2000 y del TRIBUNAL AGRARIO el voto N° 116-F-06). La demanialidad “…hace que por el transcurso del tiempo no se adquiera ningún derecho sobre este tipo de bienes, ni de propiedad ni siquiera la mera posesión.” (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 2005-012129, cons. IV y X; 2006-10097, cons. III). En el punto concuerda la doctrina dominante. A modo de ejemplo, se citan algunos autores: “El destino de las cosas públicas impide que sobre éstas haya posesión ni tenencia de particulares o personas privadas, que dispondrían de ellas según sus exclusivos intereses (…). “Si el dominio público sirve al uso público no puede caer en posesión privada ni ser objeto de prescripción”. (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pgs 403 y 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pgs. 127-128). (Vid tesis análoga en el voto 332-2000 del TRIBUNAL AGRARIO).  II.3.2) IMPRESCRIPTIBILIDAD. La imprescriptibilidad es consecuencia directa del principio de inalienabilidad. Va implícita en la incomercialidad del demanio. Al no ser objeto de posesión y dominio privados, hay imposibilidad jurídica para usucapirlos. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pgs. 128 y 129, 145 a 147. BIELSA, Ob cit., pgs. 409 y 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, entre otros). La imprescriptibilidad de los bienes de dominio público denota “la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por los particulares no genera derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se haya poseído”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia N° 7 de 1993). La prescripción adquisitiva, se sabe, es un medio de adquirir la propiedad de bienes privados ajenos por el transcurso del tiempo y el ejercicio continuo de la posesión, a título –o calidad- de dueño, con las demás condiciones que exige la legislación civil. La posesión así ejercida es requisito imprescindible, sine qua non, para que pueda producir el efecto usucapiente. Al ser inapropiables los inmuebles de dominio público por administrados, la usucapión no podría darse. “Como se trata de bienes que están fuera del comercio, no puede ejercerse sobre ellos posesión útil, que es la base indispensable de la prescripción, por lo que ésta tampoco cabe”. (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Sólo la posesión que se adquiera y disfrute en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio privado. Un particular nunca podría ejercer posesión en calidad de propietario y de buena fe sobre una parcela demanial, ni aducir la presunción de legitimidad del título por el cual la posee para fundar una prescripción adquisitiva, que no es legalmente posible. (BIELSA, Ob. Cit., pgs. 409 y 410). Su detentación abusiva y prolongada por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes. (SALA CONSTITUCIONAL, votos números 6758-93 y 6192-95, entre otros)”. Así las cosas, y por pretenderse la titulación de bienes pertenecientes al dominio público como lo es el patrimonio natural del Estado y por no haber cumplido con lo regulado en los artículos 6° y 7° de la Ley de Informaciones Posesorias solicito al señor Juez revocar la sentencia dicha y, en su lugar, proceda a improbar estas diligencias, conforme al artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias y los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal vigente..." (ver memorial en la bandeja del escritorio en escritos asociados  de fecha 10/12/2023 04:09:43,  del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste)

III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional.

IV.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113). V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003).

V.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal.  Dicho criterio, fue ratificado por la Sala Constitucional, en el Voto No. 2015-0098, de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales , y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que:Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal ; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos. De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada "Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales". Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas "reservas nacionales", conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales:"El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrar á el patrimonio.  Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobre ponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales , no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).  En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, los titulantes, aportaron el Plano Catastrado número A-446669-97 , donde se indica que el inmueble está dedicado a montaña una parte y ganadería y se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida, lo que significa que ha cuidado el recurso conservando las partes de bosque y el resto lo tiene dedicado a pastos para la ganadería. Se logró determinar en el reconocimiento judicial practicado al efecto incluso tiene cercas para dividir las áreas de repastos del área de bosque, para que el mismo se conserve. De ahí que la certificación del INTA (estudio de suelos, a imágenes 9 y 10 del expediente digitalizado agregado al escritorio virtual bandeja de Documentos asociados el 15/10/2013 a las 13:47:05), indica que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, y con base en la visita de campo se determinó que se ha ejercido  el uso conforme de suelos, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible sobre el inmueble a titular. En el acta de reconocimiento judicial, agregado a imagenes 78 y 79 del Expediente digitalizado  agregado al escritorio virtual bandeja de Documentos asociados el 15/10/2013 a las 13:47:05, se indica con claridad que se trata de un terreno de aproximadamente 82 hectáreas 400 metros cuadrados. Se encuentra dedicado cultivo de mango la parte que era de potreros y a bosque    (ver certificación de uso conforme de suelos). En el inmueble se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme del suelo. El inmueble que se pretende titular y descrito en el hecho probado anterior se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida  (ver expediente descargado en formato pdf, certificación a imagen 251).. Los testimonios de  Santiago Ruiz Ruiz, Laurita Romero Gutierrez y Alejandra Marjorie López Yong  son claros en demostra la posesión decenal del fundo por cuanto el primero de ellos dijo conocer el fund desde hace  setenta años, mientras que la segunda manifestó conocer el fundo desde hace treinta y cinco años, al igual que la señora Alejandra Lóipez Youn quine dijo tiene 35 años de conocer el fundo y además son contestes en la forma en la que se ha transmitido el fundo objeto de titulación,  dan fe del ejercicio de una posesión agroambiental, ratificando la cadena de transmisión del terreno. Por otra parte, es importante agregar, que el terreno queda afecto a las restricciones de la Ley Forestal, la Ley de Aguas, la Ley General de Caminos Públicos, tal y como se indica en la parte dispositiva del fallo. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-000220-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:18:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Agrario

Resolution No. 00259 - 2024

Resolution Date: March 13, 2024 at 09:46

Case File: 15-000220-0391-AG

Drafted by: Antonio Darcia Carranza

Type of Matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Content Type: Majority vote
Topics (descriptors): Agrarian possessory information
Subtopics:
Duty to demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the land as a protected zone.
Duty to prove ecological possession consistent with the purposes of the protected wilderness area as a requirement for possessory information.
Topics (descriptors): Environmental function of agrarian property
Subtopics:
Duty to prove ecological possession consistent with the purposes of the protected wilderness area as a requirement for possessory information.
Topics (descriptors): Ecological possession
Subtopics:
Duty to prove ecological possession consistent with the purposes of the protected wilderness area as a requirement for possessory information.
Decisions in the same vein

Decision with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution



 

    

CASE FILE:

\t

15-000220-0391-AG - 0



PROCEEDING:

\t

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY



PROMOTED BY:

\t

GREAT COAT SOCIEDAD ANONIMA

 

   

VOTE No. 2024000259

 

TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At nine hours forty-six minutes on the thirteenth of March, two thousand twenty-four.-

  POSSESSORY INFORMATION promoted by GREAT COAT SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number three-one hundred one-three hundred fifty-one thousand four hundred, represented by José Guillermo Brenes Fonseca, of legal age, married in second nuptials, pensioner, ID number nine - zero zero seventeen - zero one hundred ninety-seven, in his capacity as president with powers of unlimited general attorney. Appearing as parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL through its general judicial attorney, Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced twice, attorney, ID number one- five hundred ninety-eight- one hundred one, resident of San Ramón de Alajuela; and the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representing the interests of the State, with the deputy procurator, attorney Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, identity card number two - zero four hundred sixty-six - zero zero sixty-five, resident of Alajuela, appearing. Acting as special judicial attorney for the promoting party is attorney Marianela Moreno Paniagua, bar number fourteen thousand two hundred ninety-one. Processed before the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz.

WHEREAS:

 I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: 1. The title applicant files these proceedings so that the property described as follows may be registered in her name in the Public Property Registry: "Terrain of mountain and pastureland, located in Lagunilla, Districts 01 Santa Cruz and 03 Veintisiete de Abril of Canton 03 Santa Cruz, Province of Guanacaste, which according to the attached cadastral map No. 5-1832872-2015 has an area of eighty-two hectares and two thousand four hundred ten square meters, with boundaries as follows: North: José Guillermo Brenes Fonseca, South: Public road with a frontage of 187.38 meters and [Nombre 001], East: Julia Haidee e Hijos Sociedad Anónima and West Loma Larga del Guis Sociedad Anónima". The promoter indicates that the Succession of [Nombre 001] is currently represented by [Nombre 002] in his capacity as executor. (See electronic file images 19 to 20, 96, 100, 197 to 201). 2. The legal edict was published in the Judicial Bulletin No. 242 of December 21, 2017. (See image 94). 3. The State, through the Procuraduría General de la República, and the Instituto de Desarrollo Rural, were considered as parties, having appeared in the proceedings (images 30 to 32 for the PGR and image 49 for INDER). 4.- Judge Joshua Zamora Méndez, in judgment number 2023000391 at sixteen hours fifty-eight minutes on the twelfth of December, two thousand twenty-three, resolved: "POR TANTO: The possessory information is approved. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with better rights, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of GREAT COAT SOCIEDAD ANONIMA, legal ID number 3-101-351400, represented by José Guellermo Brenes Fonseca, of legal age, married in second nuptials, pensioner, ID number 9-0017-0197, in his capacity as president with powers of unlimited general attorney, the property described in the map registered in the Catastro Nacional under number 5-1832872-2015, described as follows: Terrain of mountain and pastureland, located in Lagunilla, Districts 01 Santa Cruz and 03 Veintisiete de Abril of Canton 03 Santa Cruz, Province of Guanacaste, which according to the attached cadastral map No. 5-1832872-2015 has an area of eighty-two hectares and two thousand four hundred ten square meters, with boundaries as follows: North: José Guillermo Brenes Fonseca, South: Public road (sic) with a frontage of 187.38 meters and [Nombre 001], East: Julia Haidee e Hijos Sociedad Anónima and West Loma Larga del Guis Sociedad Anónima. The property subject to this proceeding is valued at the exact sum of eight million colones. The property to be titled remains subject to the reservations regarding rights-of-way for public roads provided for in Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and Article 19, subsection a, of the Ley de Informaciones Posesorias. Likewise, it is warned that the legal protection of the area adjacent to the watercourses existing on the property persists, pursuant to Article 33, subsections b) of the Ley Forestal No. 7575, and that the cutting or elimination of trees in said area is prohibited. Similarly, it is established that the channel and waters of said (sic) watercourse (sic) and the surface and underground waters existing on the property are state public domain and do not form part of the property (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3, subsection III). Let the certification of this judgment serve to register the related property in the Property Registry." (images 197 to 201 of the electronic file). 5.- The state representative Lydiana Rodríguez Paniagua filed an appeal with an express indication of the reasons on which she relies to refute the trial court's thesis. (Images 203 to 213, 215 to 225 of the electronic file).

   4.- Attorney Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, in her capacity as representative of the Procuraduría General de la República, formulated an appeal with an express indication of the grounds on which she bases her appeal.

5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of producing its nullity is not noted.

 Drafted by Judge Darcia Carranza; and,

CONSIDERING:

I.- The Tribunal Agrario shares the provisions regarding the proven facts, as they have good support in the records.-

II.- The Deputy Procurator, Lydiana Rodríguez Paniagua, filed an appeal, arguing that "... 1) Technical studies appear in the records, and the judgment being challenged even holds it as proven that the nature of the property to be titled is forested (boscosa). Forest lands and forests of the national reserves are subject to public domain, the natural heritage (patrimonio natural) of the State, at least since the Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and public domain character maintained by Law 7575, Arts. 13 and 14. Even though forestry legislation allows titling property outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the promoter demonstrates his legitimate rights of ten-year possession, with the other conditions required for that purpose; having protected the resource and having the property duly demarcated, the previously mentioned declaration of forest public domain must be considered. The harmonious application of said provisions leads to the logical conclusion that forest lands may only be titled if the usucapion (usucapión) had been consolidated before entering, by law, the State's Natural Heritage: '...the period of possession suitable for usucapion must elapse before the property's encumbrance to the public domain occurs.' SALA CONSTITUCIONAL, vote 4587-97. Forest lands and forests of the national reserves have an immediate legal encumbrance to the public domain (Article 13 of the Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-016975). The witnesses' statements do not demonstrate the ten-year possession suitable for usucapion vested in the promoter. Below are transcribed some jurisprudential precedents, and pronouncements issued by the Procuraduría, in relation to the aforementioned: I.- SURVIVAL OF ABOLISHED LAW TO REGULATE LEGAL SITUATIONS THAT AROSE UNDER ITS SHELTER. Protection of the forest public domain right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment. Erga omnes binding jurisprudence of the Sala Constitucional. Art. 13 of the Ley de Jurisdicción Constitucional: 1) Need to demonstrate ten-year possession, suitable for usucapion, with legal requirements before the public domain encumbrances on forests and forest lands. SALA CONSTITUCIONAL, in vote 4587-97, cons. IV: "Given the nature of the property intended to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the property's encumbrance to the public domain occurs. (...). Remember that property encumbered to the public domain, whatever its specifications, is not susceptible to acquisition by usucapion if the necessary conditions for acquiring the right did not occur before the encumbrance" (...). "... The possession that counts for usucapion must be prior to the property's encumbrance". (Underlining added). 2) SALA CONSTITUCIONAL, judgment 15753-2005: "... the abolished law continues to protect the acts and contracts and other rights acquired during the law's validity, which finds its basis in the relationship of Articles 34 and 129 of the Constitution". 3) SALA CONSTITUCIONAL, judgment 7989-2005: "The retroactivity alluded to in Article 34 of the Political Constitution is that which seeks to interfere with acquired rights and consolidated legal situations, born prior to the law's promulgation, that is, those with characteristics of validity and effectiveness perfected under the rule of other regulations, such that their effects and consequences cannot be varied by new provisions..." (See also judgments 2791-1996 and 1998-0336 of the Sala Constitucional. Underlining added). 4) SALA CONSTITUCIONAL, judgment 738-2003: "...the repeal of norms or change in legal criteria do not produce the effect of also repealing the rights developed at the time those repealed norms were in force. This is the legal phenomenon defined by doctrine as the survival of the abolished law, because for acts or contracts in force, the repealed law remains in force against new legal norms." (See also Sala Constitucional judgments 2006-012239, 2006-012240, and 2006-012241). "Consolidated legal situations originate not only from a judgment (...), but from the simple rule of the norm governing when an act or legal fact subsumable therein occurs." "The repeal of a law does not completely eliminate its normative effectiveness, because if rights were acquired or legal situations were consolidated under its shelter, that law will continue to govern regarding those rights and situations, as the new law—repealing the previous one—has no retroactive force 'to the detriment of any person, or their acquired patrimonial rights or consolidated legal situations,' as provided in Article 34 of the Political Constitution. All this gives rise to the doctrine of the survival of the abolished law. (...) Indeed, if a general norm abrogates another general norm without retroactive effect, the authorities must continue applying the abrogated norm to all acts performed while it was still in force" (In the same vein: judgment of the Corte Plena at 10:00 hours on March 18, 1982, and Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1974, pp. 498 and 499).

"Similarly, judgment No. 1119-90 at 14:00 hrs. on September 18, 1990, held: '...a legal situation may be consolidated—as the Corte Plena has previously stated—by a judicial ruling declaring or recognizing a disputed right, and also under a legal norm establishing or guaranteeing certain consequences that a subsequent law cannot disregard without incurring a defect of unconstitutionality due to infringement of Article 34 of the Constitution.' (...) Furthermore, the consolidated legal situation represents not so much a patrimonial gain, but a state of affairs fully defined regarding its legal characteristics and its effects...".

The relevant aspect regarding the consolidated legal situation is that "by virtue of a legal mandate or a judgment so declaring, a clear, defined rule has already emerged in legal life, connecting a factual presupposition (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). (...) "In this case, the constitutional guarantee of the non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of removing a property or right already acquired from the person's patrimony, or of causing that if the factual presupposition had occurred prior to the legal reform, the consequence no longer arises..." . "...it is procedurally correct in Law to consider that laws and regulations continue to produce legal effects even after being modified or repealed, to regulate those situations born under their validity". (In the same vein, judgments of the Sala Primera de Casación numbers 79 of 1989 and 104 and 105, both of 1991. The underlines are not in the original).

II.- LEGAL IMPOSSIBILITY OF TITLING PUBLIC DOMAIN PROPERTY: 1) Opinion of the Procuraduría C-321-2003: “Titling is characteristic of properties subject to private legal traffic. But it is entirely inapplicable to those of public domain, in which possession ad usucapionem has no place. VII.1) IMPEDIMENT OF INDIVIDUALS TO EXERCISE POSSESSION WITH INTENT TO OWN OVER PUBLIC DOMAIN PROPERTY As we noted on another occasion, the inalienability of public domain (demaniales) property makes its transfer, partial or total, voluntary or forced, and possession in the terms of private Law impossible. Multiple resolutions of the SALA CONSTITUCIONAL reaffirm that public domain property 'cannot be the object of private possession' and that 'administrative action substitutes for interdicts to recover dominion' (or possession). Votes 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, among many. Possession animus domini by individuals, or the power to subject a thing to a person's power and will to exercise exclusive acts of use and enjoyment over it, as if they were the owner, is incompatible with the purposes that the legislator assigns to the public domain (SALA DE CASACIÓN judgment 9:30 hrs. of 6/6/1936). This criterion is endorsed by various resolutions of the Tribunales Superiores, which attribute iuris possession over the public domain to the public entity holding title, exercised 'per se while the property's encumbrance lasts'. 'Individuals do not exercise possession over those things, since neither in fact nor in law do they have them under their power and will,' nor can they claim ownership. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, resolutions numbers 9282 of 1987, and of 1988 resolutions numbers 10019, 10166 and 10418. From the Tribunal Superior Contencioso Administrativo resolution 1851 of 1976 and from the Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera No. 910 of 1987). This makes possessory titlings or judicial discussions regarding the tenancy or 'possession' of public domain spaces, to the detriment of the ownership and possession that the State holds by full right, unacceptable. Situations that could originate possessory rights in favor of third parties, suitable for usucapion, would be in frank contradiction with the rules of inalienability and imprescriptibility that govern those properties VII.2) INAPPROPRIATENESS OF USUCAPION AND TITLING AGAINST THE PUBLIC DOMAIN. From inalienability and imprescriptibility, it follows that public things 'are not susceptible to being acquired by usucapion, nor can anyone prevail themselves of the irregular possession they may have over them' (...). 'Correlatively, neither can the State nor its bodies lose them by negative prescription, since possession, even when not manifested by real acts, must be deemed to occur by the rule of the legal provisions regulating their destination'. (Casación, judgment No. 122 of 16:15 hrs. on November 16, 1965, and Casación judgment, year 1958, I Semester of the Collection of Judgments, pp. 376 et seq., considering XIV). And the SALA PRIMERA DE LA CORTE, in judgment No. 007-93, considering IV, insists on the point: Public domain property 'cannot be alienated—by any means of private Law or public Law—its non-reduction to private domain under any form being consubstantial to its legal nature. Hence, another of its characteristics is its imprescriptibility, that is, its non-susceptibility to be acquired through the passage of time under the legal figure of usucapion, since possession exercised by individuals does not generate any ownership right, regardless of the time during which they may have possessed'. In the same vein, cf. SALA PRIMERA DE LA CORTE, vote 733-F-2000, considering IV. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, vote No. 1662 of 10:15 hrs. 12/11/75 and from the TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO numbers 523 of 1994 and 665 of 2002. 'The proceedings for justification of possession indicated in the Leyes de Informaciones Posesorias', to obtain a registrable title of ownership, unquestionably refer to 'lands of private domain and commerce of men' (Civil Code, Article 264), 'but not to those public property or public domain property, contemplated in Articles 261 to 263 of the same Code'. (TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, No. 860 of 14 hrs. on December 21, 1971). Regarding the legal impossibility of titling the public domain cf: TRIBUNAL AGRARIO, votes 523 of 1994 and 665 of 2002. Regarding public domain property, 'usucapion is also not a means to acquire them; inalienable things, being outside the commerce of men, are not subjects of possession by individuals, and therefore, are imprescriptible as long as they retain such character or the public utility purpose to which they are encumbered'. (SALA CONSTITUCIONAL, judgment 2988-99, cons. III). This thesis has been followed for specific public dependencies: The jurisprudence is reiterated that public domain (demaniales) property 'is inalienable and consequently cannot be the object of titling for the purpose of registering it in the Public Registry in the name of individuals' (SALA DE CASACIÓN No. 19 of 15:30 hrs. on January 30, 1970. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, numbers 860 of 1971, 493 of 1971, 139 of 1972; 781 of 1974. TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE ALAJUELA, No. 1622 of 1975)”. 2) Opinion of the Procuraduría C-146-2008: “The titling of properties that are part of the public domain, according to the SALA CONSTITUCIONAL in judgment No. 2007-02063, cons XII, disregards the essential characteristics of those property and violates the provisions of Article 262 of the Civil Code, which make it 'absolutely impossible for their possession, sale, or encumbrance, without having been previously disaffected'. "II.3.2) PRINCIPLE OF INALIENABILITY. The inalienability of public domain (demaniales) property removes them from commerce or private legal traffic, with the consequent legal prohibition of alienating title or constituting other real rights through Civil Law procedures. The extra-commercial character of the dependencies of the public domain makes them unfit for private appropriation to satisfy individual interests. Therefore, they cannot be the object of legal acts or contracts that imply the transfer of ownership to individuals. They would violate their nature and public purpose. (Cf: Opinion C-128-99). The principle protects against unlawful acts by administered persons and reckless acts by the Administration's own officials. II.3.3) NOT SUSCEPTIBLE TO ACQUISITION BY POSSESSION. Over inalienable lands, no individual can claim possessory rights. (SALA CONSTITUCIONAL, votes numbers 3085-92, 3712-93, 6189-93, 1653-97, 4868-97, 2006-10900. SALA PRIMERA DE LA CORTE, vote 733-F-2000 and from the TRIBUNAL AGRARIO vote No. 116-F-06). Public domain status (demanialidad) '...means that by the passage of time, no right is acquired over this type of property, neither ownership nor even mere possession.' (SALA CONSTITUCIONAL, judgments 2005-012129, cons. IV and X; 2006-10097, cons. III). The dominant doctrine concurs on this point. By way of example, some authors are cited: 'The destination of public things prevents possession or tenancy thereof by individuals or private persons, who would dispose of them according to their exclusive interests (...). 'If the public domain serves public use, it cannot fall into private possession nor be the object of prescription'. (BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo. T. III. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1956, pp. 403 and 411. VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín. Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1952, pp. 127-128). (See analogous thesis in vote 332-2000 of the TRIBUNAL AGRARIO). II.3.2) IMPRESCRIPTIBILITY. Imprescriptibility is a direct consequence of the principle of inalienability. It is implicit in the non-commercial nature of the public domain. By not being the object of private possession and ownership, there is a legal impossibility to usucapt them. (VILLEGAS BASABILBASO, ob cit., pp. 128 and 129, 145 to 147. BIELSA, Ob cit., pp. 409 and 410. ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol II. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984, pg 991. ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Bosch, Editorial. Barcelona. 1970, pg. 407, among others). The imprescriptibility of public domain property denotes 'the non-susceptibility to be acquired through the passage of time under the legal figure of usucapion, since possession exercised by individuals does not generate any ownership right, regardless of the time it may have been possessed'. (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, judgment No. 7 of 1993). Acquisitive prescription, it is known, is a means of acquiring ownership of private property belonging to another through the passage of time and the continuous exercise of possession, in the capacity—or quality—of owner, with the other conditions required by civil legislation. Possession so exercised is an indispensable requirement, sine qua non, for it to produce the usucapion effect. Since public domain properties are unappropriable by administered persons, usucapion could not occur. 'As these are properties that are outside commerce, useful possession, which is the indispensable basis of prescription, cannot be exercised over them, and therefore, neither does prescription apply'. (ESCOLA. Ob cit, pg 991). Only possession acquired and enjoyed in the capacity of owner can serve as title to acquire private ownership. An individual could never exercise possession in the capacity of owner and in good faith over a public domain parcel, nor adduce the presumption of legitimacy of the title by which they possess it to found an acquisitive prescription, which is not legally possible. (BIELSA, Ob. Cit., pp. 409 and 410). Its abusive and prolonged detention by individuals does not produce acquisitive effects, nor does the tolerance or delay of the Administration in repelling unlawful actions grant any right to the occupants. (SALA CONSTITUCIONAL, votes numbers 6758-93 and 6192-95, among others)”. That being the case, and because the titling of property belonging to the public domain, such as the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), is being sought, and for not having complied with the provisions of Articles 6 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, I request the Judge to revoke the said judgment and, instead, proceed to disapprove these proceedings, in accordance with Article 11 of the Ley de Informaciones Posesorias and Articles 13 and 14 of the current Ley Forestal..." (see brief in the desktop tray in associated documents dated 12/10/2023 04:09:43, of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of Guanacaste)

III.- While it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered by forest, without private occupation, were part of the national reserves, said encumbrance to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 amended Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to allow usucapion on lands covered by forest, but by demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource, for more than ten years, with the possibility of taking advantage of transmitted possession (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The Tribunal Agrario held the criterion that such possession had to be of a personal nature, but the Sala declared that criterion unconstitutional.

IV.- Regarding the topic of the interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias and the State's Natural Heritage, the Tribunal has stated in reiterated resolutions: “The Ley de Informaciones Posesorias, in its Article 7, as well as the Leyes Forestales, have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of said areas—which, once declared as conservation areas, become part of the State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado)—has been allowed, compliance with other more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession, and to the criterion of the ecological function of forest property. In reiterated judgments, both from the Sala Primera de Casación and from this same Tribunal Superior Agrario, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situation have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession and ecological possession. The same jurisprudence has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The same Jurisprudence has sought to distinguish entrepreneurial property and possession, where an activity directed at cultivating the forest is carried out, from that where merely an extractive activity or, a purely conservative one is carried out. In these latter cases, one would be in the presence of forest property or possession (without enterprise). It is precisely in these cases where the Ley Forestal comes to establish a whole legal regime for the protection of forest resources, subjecting the owner, sometimes obligatorily to the forest regime and in other cases voluntarily. Thus, in forest possession, the de facto power is exercised over a property of forest vocation or, for the most part, destined to protect forest resources, without a view to its exploitation, or dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In both cases, the development of a biological plant or animal cycle would not exist, nor would man assume any risk. That is why the law does not protect, on the contrary it represses, possession through which the forest resources of protected areas are destroyed. Furthermore, it denies the possibility of acquiring possessory rights over lands of the national reserves when harmful action has been exercised against the forest resources. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest Law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from it, or conceived independently, began to take shape from the Código Fiscal of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests, whose regulations tended toward their conservation. Subsequently, the Ley de Terrenos Baldíos No.

13 of January 6, 1939 incorporates those principles. Later, the Ley de Tierras y Colonización in its Article 7 expands the national reserves for the protection of such resources.- VII. Special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35, 1969. The second opens through better-conceived regulations via Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the enactment of the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, recently amended by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in scope 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). In them, various regimes of forest property are contained, and they limit the use and exploitation of resources by private individuals. It is not possible to acquire ownership over lands with forest cover (cobertura boscosa) if one has not demonstrated protection of the forest resource. Its constitutional foundation is found in the second paragraph of Article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institution of forest property and possession is protected. This is not equal to civil property, nor to agrarian property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forestry Laws. It falls upon a specific good: lands covered with forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such goods has the obligation to conserve the forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal resolution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. The Ley Forestal establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources (Article 1). All lands of forest aptitude and the forests of the country, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other rules, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by usucapion, the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, amended by the Ley Forestal, established, before its reform: "Article 7.- When the immovable property to which the information refers is included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titling party must demonstrate having exercised decennial possession with at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wild area. Farms that are outside these areas and have forests may only be titled if the promoter demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, with the understanding that the immovable property must be duly demarcated with fences or lanes." In other terms, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and the possessory acts must be directed towards their protection and conservation. Only if this is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of such possessors. Otherwise, they would become part of the State's natural heritage (Article 13 of the new Ley Forestal), with an unseizable and inalienable character, and their possession shall not cause any right in favor of private individuals (Article 14 of the new Ley Forestal).- IX. The Agrarian Tribunal had interpreted Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, before being amended by the new Ley Forestal, in the sense of requiring personal possession, exercised with ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in this regard Votos No. 169 of 9:40 a.m. on March 22, 1991 and No. 251 of 2:00 p.m. on April 17, 1991)...". However, that interpretation of Article 7 of the Ley Forestal was challenged as "unconstitutional" by the titling party here, and the Constitutional Chamber, in Voto No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997) declared, in relevant part, the following: "The action is partially granted and, consequently, the interpretation of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the amendment produced by the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, is unconstitutional, according to which, to title lands included in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required with ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wild area, and which does not favor, in these cases, possession transmitted by previous possessors. This ruling is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to rights acquired in good faith...". So that current possessors can avail themselves of transmitted possession...X. The Ley Forestal No. 7575 also maintained the restrictions in the Ley de Informaciones Posesorias for being able to title lands included in protected areas. In this regard, the current provision states: "Article 7.- When the immovable property to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the titling party must demonstrate being the holder of the legal rights over the decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area." (The bold is ours). That is, the legislator's intention is that those areas have been kept protected, conserved throughout this entire time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution of 2:50 p.m. on February 20, 1998, corresponding to Voto No. 113). V.- In more recent cases, the Tribunal has rejected the allegations that the appellant now reiterates, regarding the supposed interpretation or retroactive application of Article 7 of the Ley Forestal. In a case similar to the one at hand, it was stated: V.- Regarding the allegations by the appellant that the trial judge errs in applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings should be analyzed in light of Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct, because the cited Article 7 was not declared unconstitutional; what was declared unconstitutional was the interpretation the Tribunal had been making insofar as possession exercised by previous transferors was not being counted. Hence, with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being in force, the promoter must demonstrate decennial possession before the declaration of the protected wild area, as indicated by the Constitutional Chamber in Voto No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for usucapion is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. In this sense, it is important to point out what the Constitutional Chamber stated in this regard in the cited ruling: "…The challenged Article 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text predates the latest amendment by Ley Forestal No.7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real property included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. This article states that the titling party must demonstrate having exercised decennial possession with at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating the wild area. The questioned provision regulates the case of titling a real property that has been affected to the public domain with the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now necessary to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged rule, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucapion and the possession necessary for usucapion, set forth above, the questioned rule regulates a special type of possession necessary to acquire property over real property, which imposes specific requirements that may infringe upon the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the questioned article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for usucapion, set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the period claimed by the plaintiff as infringing upon the right to property does not occur, because given the nature of the good sought to be titled (a public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the good is affected to the public domain. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and prevents the requirements for usucapion from being met if the right has not been acquired by that moment, i.e., if the ten years of possession suitable for usucapion have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is simply the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as holder, necessary for possession ad usucapionem. Remember that goods affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion if, before the affectation occurs, the necessary conditions for the acquisition of the right were not met. In this sense, the questioned provision, although it apparently regulates a specific case of usucapion, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the rule does not occur either, because the ten-year period of possession for usucapion is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. That is, the rule does not establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of usucapion. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of the object to be titled as a public domain good. Hence, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of usucapion, which could have worsened the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest." (Agrarian Tribunal, No. 173 of 4:29 p.m. on March 31, 2003).

V.- So, the possessor who intends to acquire by usucapion a forest-covered land that formed part of the national reserves must demonstrate the decennial possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. This criterion was ratified by the Constitutional Chamber, in Voto No. 2015-0098, of 9:00 a.m. on January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality related to titling in national reserves: "VI.- TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE STATE'S NATURAL HERITAGE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves and that of Natural Heritage of the State, formerly called State Agricultural Heritage. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called State Agricultural Heritage, starting from a conception of agrarian property as originating from the Nation. The State Agricultural Heritage comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by complaint or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius in Volcanoes and National Parks (Articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in Article 11, by indicating that: Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the limits of the Republic that are not registered as private property, or property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not protected by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services. From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, as lands of agricultural, livestock, or forestry vocation, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the State Agricultural Heritage, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private individuals through Información Posesoria processes, or through the instrument created by the Multiple Land Titling, later called "Titling of Lands Located in National Reserves". Later, the Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduces the concept of State Forest Heritage, conferring the forestry administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that moment, the Public Administration realizes that within the so-called "national reserves," the two regimes coexist, which is why in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the Dirección General Forestal depended), the Institute of Lands and Colonization, and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (MAG-ITCO-ICT Agreement, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). This occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of the national reserves with agricultural and livestock vocation to the Institute of Lands and Colonization, the body in charge of parceling and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas, indicating that they form part of the State's natural heritage and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) character (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in the Second Title, single chapter, the concept of State Natural Heritage, even clarifying what it includes from the national reserves: "The State's natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, the farms registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. The foregoing excludes from the State's natural heritage, as not being forestal, the lands of agricultural and livestock aptitude, which continue to be part of the national reserves, and are susceptible to usucapion by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996 amended Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize usucapion, and therefore registration through información posesoria (and the repealed procedure of titling in national reserves), of lands that belong to the national reserves, with forest vocation, and even lands in private possession that became included within some category of protected wild area (State Natural Heritage), provided that a decennial possession prior to the date of creation of the respective area was demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (later, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to allow streamlining the titling procedures of agrarian possessors who had completed a short usucapion (first three and then five years), so they could obtain a property title, and have possibilities of access to land, agrarian credit, and dignified housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understanding as such those private individuals who could have exercised an action for better right of possession within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be totally consolidated, as the negative prescription period was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with the private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, later the Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone, at least 20% of the lands were without a title registered in the public registry). This consequently meant that the title granted by the ITCO was for lands of the national reserves, not for lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private immovable property, the registry owner would have the right to replevy, just as the same rule establishes, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period." (END OF QUOTE). In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias in its Articles 1, 6, and 7 is considered proven. Indeed, the titling parties provided the Cadastral Plan number A-446669-97, where it is indicated that the property is partly dedicated to mountain and livestock farming and is located outside any protected wild area, which means they have cared for the resource by conserving the forested parts and dedicating the rest to pastures for livestock. It was determined in the judicial inspection carried out for this purpose that it even has fences to divide the grazing areas from the forest area, so that it is conserved. Hence, the certification from INTA (soil study, at images 9 and 10 of the digitized file added to the virtual desktop, associated Documents tray on 10/15/2013 at 1:47:05 PM), indicates that in accordance with Article 58 of the Regulation to the Law on Use, Management and Conservation of Soils, and based on the field visit, it was determined that the conforming use of soils has been exercised, therefore concluding that sustainable possession has been exercised over the property to be titled. In the judicial inspection report, added to images 78 and 79 of the digitized file added to the virtual desktop, associated Documents tray on 10/15/2013 at 1:47:05 PM, it is clearly indicated that it is a land of approximately 82 hectares and 400 square meters. The part that was pastureland is dedicated to mango cultivation and forest (see certification of conforming use of soils). On the property, possessory acts have been exercised in compliance with the conforming use of the soil. The property intended to be titled and described in the previously proven fact is located outside any protected wild area (see file downloaded in PDF format, certification at image 251). The testimonies of Santiago Ruiz Ruiz, Laurita Romero Gutierrez, and Alejandra Marjorie López Yong are clear in demonstrating the decennial possession of the land, as the first stated he has known the land for seventy years, while the second stated she has known the land for thirty-five years, as did Mrs. Alejandra López Yong, who said she has known the land for 35 years, and they also concur in the manner in which the land subject to titling has been transmitted; they attest to the exercise of an agro-environmental possession, confirming the chain of transmission of the land. Moreover, it is important to add that the land remains subject to the restrictions of the Ley Forestal, the Ley de Aguas, and the Ley General de Caminos Públicos, as indicated in the operative part of the ruling. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

POR TANTO:

The appealed judgment is confirmed, in what was the subject of appeal.






　








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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUDGE/DECISION-MAKER


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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUDGE/DECISION-MAKER


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUDGE/DECISION-MAKER

EXP: 15-000220-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea, across from the parking lot of Hotel La Católica Hospital. Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

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