Res. 00427-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Marine-Terrestrial Zone Invasion — Annulment for InconsistencyInvasión de zona marítimo terrestre — nulidad por incongruencia

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00427 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Marzo del 2024 a las 09:20

Expediente: 08-000271-0597-PE

Redactado por: Max Antonio Escalante Quirós

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José

Normativa internacional

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: 2024-0427

Expediente: 08-000271-0597-PE (05)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las nueve horas veinte minutos, del trece de marzo de dos mil veintitcuatro. -

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Limón,  el 08 de noviembre de 1960, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], estado civil soltero, de oficio comerciante, vecino Limón, Punta Uva; por el delito de INVASIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, en perjuicio de PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Max Antonio Escalante Quirós, Roy Antonio Badilla Rojas y la jueza Maribel Bustillo Piedra. Se apersonaron en esta sede el licenciado José Luis Campos Vargas y el licenciado Raúl Guevara Villalobos como defensores particulares del imputado y el licenciado Andrés Alfaro Ramírez como representante de la Procuraduría General d el República.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 871-2023, de las ocho horas cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 11. 39 y 41 50 de la Constitución Política, 8 incisos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10 y 11 inciso 1 de la  Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 inciso 2 y 14 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 142, , 181, 182,  184,  189, 265, 266, 267, 342, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; 1, 34, 103,  227  inciso 1, 103, ) del Código Penal, 1, 3, 7, 10, 11, 12 13, 20, y 20, 22, 39 62, 65 y 73 de la  Ley  de Zona Marítimo Terrestre. Se declara sin lugar la Excepción de prescripción. En  aplicación al principio universal indubio pro reo, se absuelve a [Nombre 001] de  un delito de INFRACCION A LA LEY DE ZONA MARITIMO TERRESTRE, en perjuicio de EL  ESTADO. Se ordena la restitución de las cosas a su estado anterior, por lo que deberá el  imputado [Nombre 001] desocupar el área ocupada y se ordena el derribo de las  dos  casas que se encuentran ocupando la zona pública de la zona marítimo terrestre, en  Limón,  Talamanca, Cahuita, Manzanillo, a un costado de la Iglesia Bautista, en la  proporción de  66.64 metros cuadrados y 64.99 metros cuadrados. Se ordena a la  Municipalidad de  Talamanca, ejecutar el derribo y retiro de escombros de las estructuras  mencionadas para  lo cual se ordena al Jefe de la Fuerza brindar el acompañamiento a los  funcionarios  encomendados de la Municipalidad de Talamanca en las labores de derribo y  se ordena al Administrador o jefatura del Centro Operativo Gandoca Manzanillo, brindar  acompañamiento a dichos funcionarios municipales a fin de verificar el sitio a derribar, de  acuerdo a lo indicado en el oficio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ACLAC  REGAMA del 28 de febrero del 2008 y de acuerdo al Dictamen 1730-ING-2012. Notifíquese  la presente resolución al Alcalde de la Municipalidad de Talamanca. Se ordena dejar sin  efecto toda medida cautelar que en ocasión a este proceso pese sobre el imputado. Se  resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas, cada parte asume sus costas. Firme  la sentencia se ordena su archivo." (sic).

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado José Luis Campos Vargas y el licenciado Raúl Guevara Villalobos como defensores particulares del imputado, interpusieron recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Escalante Quirós; y,

CONSIDERANDO:

I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN.- Acerca del recurso formulado por José Luis Campos Vargas y Raúl Guevara Villalobos, defensores particulares del imputado [Nombre 001], se ha constatado que la acción recursiva fue presentada en tiempo y forma, tal y como se desprende de la revisión de los autos; además se ha incoado por parte de la defensa técnica, respecto de una sentencia recurrible dictada por el tribunal de juicio de Limón, que está adscrito a la circunscripción territorial de esta cámara. Así, el recurso es admisible y por lo tanto, su trámite y resolución permite a este tribunal la revisión integral del fallo impugnado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 8 inciso 2) letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos.-

II.- VISTA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL.- La audiencia oral solicitada por la parte recurrente, se llevó a cabo durante la segunda audiencia del 08 de febrero del 2024, con la presencia de la jueza de apelación Elizabeth Montero Mena, así como los jueces de apelación Roy Antonio Badilla Rojas y Max Antonio Escalante Quirós. También estuvo presente el licenciado José Luis Campos Vargas, defensor particular del encartado [Nombre 001], quien no estuvo presente. Se contó también con la participación de la licenciada Adriana Chaves Redondo y del licenciado Andrés Alfaro Ramírez; la primera en representación del Ministerio Público, y el segundo en su condición de procurador. De manera resumida, el licenciado Campos Vargas refirió los cuatro motivos de la apelación que consta por escrito. Por su parte, la fiscalía y la Procuraduría General de la República, solicitaron que el recurso sea declarado sin lugar. Durante la audiencia no se amplió ningún motivo de apelación ni se recibió ninguna prueba. Únicamente el licenciado Campos Vargas reiteró el ofrecimiento de prueba para mejor resolver, tal y como consta por escrito, respecto de lo cual se confirió audiencia a los presentes, de tal suerte que la licenciada Chaves Redondo y el licenciado Alfaro Ramírez, señalaron que no se oponían a la admisión de la prueba, porque estimaban que es procedente conforme a la normativa. Ahora bien, para integrar el tribunal, conocer y decidir por el fondo en este caso, participa la jueza Maribel Bustillo Piedra, en sustitución de la jueza Montero Mena quien actualmente no está en ejercicio de sus funciones por una incapacidad médica. Este reemplazo no afecta los intereses procesales ni las garantías de las partes, debido a que se ha corroborado que durante la audiencia oral no se ampliaron los motivos de las impugnaciones, ni se evacuó prueba alguna, por lo que no se infringe el principio de oralidad, tal y como lo ha avalado desde vieja data la Sala Constitucional, desde la resolución número 17553-2007 del 30 de noviembre de 2007, que sobre el tema señaló: “…En este caso se plantea la consulta sobre las condiciones constitucionales para participación de los mismos jueces de casación en la audiencia oral y en la toma de la decisión de fondo sobre ese recurso. Se evacua la consulta planteada en el sentido de que se mantiene el criterio emitido por esta Sala en la sentencia 6681-96 de las quince horas treinta minutos del diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en cuanto señala que resulta constitucionalmente válido que en aquellas vistas o audiencias orales de casación en las que no se reciban elementos de prueba en forma oral o, que las argumentaciones de las partes consten ya por escrito, sin que se aporte nada nuevo, puedan intervenir otros jueces, distintos a los que participaron la vista, a la hora de tomar la decisión, si y sólo si, están en capacidad de hacerlo y existen razones justificadas (que deberán constar) que impidan que quienes estuvieron en la audiencia oral se reúnan en fecha próxima a estudiar y resolver el asunto.”. (En  el mismo sentido, cfr. resolución del mismo tribunal constitucional, número 12593-2011 de las 15:44 horas del 20 de setiembre de 2011). Finalmente, también se informa que, de previo, la jueza Bustillo Piedra ha examinado el registro audiovisual de la audiencia oral llevada a cabo.-

III.- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.- En su recurso, los licenciados José Luis Campos Vargas y Raúl Guevara Villalobos, defensores particulares del imputado [Nombre 001], ofrecen un documento como prueba para mejor proveer. Se trata del oficio OL-PS-DV-037-2023 del 12 de setiembre del 2023, emitido por la Oficina de Logística y Promoción Social de la Municipalidad de Talamanca. Señalan que en este oficio se informa acerca del proceso de formulación del plan regulador costero del distrito de Cahuita, y que es prueba pertinente frente al thema decidendum, especialmente en lo referido a la demolición ordenada en la sentencia. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento acerca del ofrecimiento de prueba.-

IV.- EMPLAZAMIENTO.- En virtud del emplazamiento conferido por parte del tribunal penal de Limón, mediante auto de las 16:41 horas del 28 de setiembre del 2023, únicamente se recibió el apersonamiento en segunda instancia, de la defensa particular del imputado [Nombre 001].-

V.- RECURSO DE APELACIÓN.- Los licenciados José Luis Campos Vargas y Raúl Guevara Villalobos, defensores particulares del imputado [Nombre 001], presentaron recurso de apelación de sentencia por cuatro motivos. El primer motivo (i) se denomina errónea aplicación del artículo 32 del Código Procesal Penal e inaplicación del numeral 33 del mismo código. Los recurrentes hacen referencia al rechazo de la excepción de prescripción de la acción penal, para lo cual transcriben in extenso una sección de la sentencia. Al respecto, afirman que una vez iniciado el procedimiento, se deben aplicar las reglas del cómputo e interrupción de la prescripción. En esa línea, señalan que la denuncia se interpuso el 28 de febrero del 2008 y que el encartado fue indagado el 29 de abril del 2008, fecha en la que consideran que el plazo de prescripción se redujo a dieciocho meses, siendo el siguiente acto interruptor el primer señalamiento a la audiencia preliminar, de fecha 23 de abril del 2012. Estiman que para esa fecha, ya había pasado el plazo máximo del cómputo de la prescripción, lo cual indican debió ser declarado por parte del tribunal de juicio. Solicitan declarar extinta la acción penal por prescripción. Como segundo motivo (ii) de su apelación, los defensores alegan violación al principio de correlación entre acusación y sentencia. Señalan que la sentencia ordenó el derribo de los inmuebles del encartado, sin que la Procuraduría General de la República así lo haya solicitado, y que si bien la fiscalía sí lo peticionó, argumentan que lo hizo con base en una normativa no aplicable a este caso. Estiman que el órgano jurisdiccional fue más allá de lo peticionado. Agregan que la restitución es una consecuencia civil, y que en el presente asunto no se ejerció la acción acción civil resarcitoria. Los recurrentes transcriben igualmente en forma extensa, la parte del fallo donde se resolvió acerca del derribo, para luego afirmar que la solicitud de derribo amparada en la regulación legal de la zona marítimo terrestre, no es aplicable a este caso, y que la petición de la procuraduría se hizo en las conclusiones, de forma sorpresiva para la defensa. Solicitan que se revoque lo resuelto y que se deje sin efecto la orden de derribo. Como tercer motivo (iii) de apelación, la defensa particular reclama la errónea interpretación y aplicación de la ley 9221, denominada ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial. Señalan que conforme a dicha normativa no era procedente la demolición dispuesta en la sentencia, por los siguientes motivos. En su criterio, afirman que la ley 9221 permite que los doscientos metros de la zona marítimo terrestre, incluidos los cincuenta metros de la zona pública, formen parte de la zona urbano litoral, que la norma establece una protección transitoria mediante la creación de régimen de excepción, a quienes habiten el área que será declarada zona urbano litoral, para que no sean demolidas las construcciones existentes, cuando la municipalidad haya manifestado que así se declare una zona costera. En el recurso, los apelantes desarrollan ampliamente estas ideas, bajo apartados denominados: a) régimen de excepción a la ley de la zona marítimo terrestre, b) el proceso para la declaratoria de zona urbano litoral, c) que Manzanillo ha sido considerada una zona urbana, d) ocupación del área y, e) protección transitoria. Solicitan que se revoque lo resuelto y se declare que no es posible la demolición de los inmuebles del encartado. Finalmente, como cuarto motivo (iv) de apelación, los recurrentes alegan violación al principio de carga de la prueba, e indebida apreciación de la prueba. Acerca de ello, puntualizan en que la sentencia da por probados unos hechos sin que exista prueba alguna, y sin que hayan sido indicados en la acusación ni en la querella. Agregan que en su criterio, el fallo aprecia mal los dictámenes periciales, dándoles un valor probatorio para hechos a los cuales no se refieren ni para los cuales fue pedido ni realizado el peritaje. Estos puntos los desarrolla por separado y de forma amplia el libelo impugnaticio. Solicitan que se deje sin efecto la sentencia, y que se ordene que no procede la demolición de los inmuebles.-

VI.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO.- Luego de revisar la totalidad de la sentencia impugnada, se determina que no cumple con el deber de fundamentación que dimana de los artículos 142 y 184 del Código Procesal Penal. El recurso de apelación se declara con lugar, pero por un motivo diferente respecto de los cuatro que planteó la defensa técnica del encartado [Nombre 001]. En virtud de la facultad revisora inherente a esta segunda instancia, al analizar el fallo impugnado esta cámara ha detectado un yerro absoluto que afecta la eficacia de lo resuelto. De conformidad con el inciso c) del artículo 393 del Código Procesal Penal, la sentencia debe contener la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estima acreditados. Ahora bien, esta exigencia normativa existe en función de varios efectos jurídicos muy importantes, tales como la garantía de que un mismo hecho no sea juzgado en más de una ocasión - non bis in idem -, entre muchos otros. Por ahora, quiere destacarse lo siguiente. La parte considerativa de una sentencia debe responder justamente a los hechos probados, de ahí la importancia de que todo fallo contenga una declaración expresa de hechos demostrados. Lo dicho significa que al llevar a cabo la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica el órgano jurisdiccional lo hace frente a los hechos que tiene por demostrados. Por eso necesariamente debe existir congruencia entre lo que se considera como probado respecto de las valoraciones considerativas o analíticas de la sentencia. Es aquí donde yace el vicio del fallo venido en alzada, ya que, en el considerando tercero denominado como "Hechos probados", el órgano de mérito al amparo de la acusación fiscal y de la querella de la procuraduría, describe dos hechos de la siguiente manera: "Sin precisar fecha exacta, pero entre el 01 de agosto del año 2006 y antes del 18 de marzo del año 2009, en Limón, Talamanca, Cahuita, Manzanillo, 100 metros al sur del Restaurante Maxis a un costado de la Iglesia Bautista, el acusado [Nombre 001], sin contar con el permiso de Viabilidad Ambiental emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental construyó dos casas de habitación, tipo cabaña, de una planta edificadas en cemento, madera de laurel y cedro con techo de zinc cuyas obras abarcaron por su orden un área de 66.64 metros cuadrados y 64.99 metros cuadrados dentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre, porciones de tierra que actualmente detenta el acusado [Nombre 001], ya que dichas construcciones se mantienen en el lugar. Sin precisar fecha exacta pero aproximadamente entre el primero de agosto del dos mil seis, y el dieciocho de marzo del dos mil nueve, el imputado [Nombre 001] detentó bienes de dominio pública de manera ilegal, al haber ocupado dentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre, un área de 420,78 metros cuadrados, según la delimitación de los mojones 112 al 123, esto en Limón, Punta Uva específicamente en la comunidad de Manzanillo a un costado de la Iglesia Bautista. Así pues, el encartado [Nombre 001] construyó ilegalmente dos casas de una planta, hechas de cemento y madera con techo de zinc, con dimensiones de 66.64 metros cuadrados y 64.99 metros cuadrados, las cuales se ubican totalmente dentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre acción con la cual el imputado está detentando bienes de dominio público, afectando el entorno natural del sitio, el cual forma parte del Patrimonio Natural del Estado." (Cfr. sentencia, considerando tercero; lo destacado en negrita no forma parte del original). Como puede notarse, esta plataforma fáctica es propia de una sentencia condenatoria, pues contiene todos los elementos del delito de construcción en zona marítimo terrestre, previsto y sancionado por el numeral 62 de la ley especial. Asimismo, expresamente se consignó como demostrado que el autor de las construcciones fue el aquí imputado [Nombre 001]. Ahora bien, en franca contradicción con los hechos probados, en el extenso considerando cuarto de la sentencia, el tribunal fundamentó la absolutoria del justiciable, en aplicación del principio in dubio pro reo. Esto configura el vicio de incongruencia, que por estar plasmado en los hechos probados, es de carácter absoluto. El fallo no se construyó jurídicamente de manera correcta, pues la motivación de la sentencia no respalda los hechos probados, desde que el a-quo fundamentó la absolutoria del imputado [Nombre 001], pero ello no es el reflejo de la plataforma fáctica demostrada. A la inversa también es visible el yerro, pues esos mismos hechos probados, no se sustentan con el contenido analítico de la sentencia. Por otro lado, al considerar el punto de vista de la persona que ha figurado como acusada, a pesar de que la conclusión del fallo lo favorece, lo cierto del caso es que si la sentencia adquiriera firmeza, esos hechos probados lo señalan expresamente como autor responsable de un delito, afirmando que él es detentador de bienes públicos. Al confrontar la sentencia con el contenido del artículo 142 del Código Procesal Penal, salta a la vista que la fundamentación no fue clara ni precisa, sino más bien incongruente por haber tenido por probados los hechos de la acusación y de la querella, pero motivar la decisión conforme a una absolutoria. En criterio de esta cámara, el yerro de la sentencia es absoluto y determina su ineficacia, incluyendo la restitución ordenada en el considerando quinto, pues se basó en la aplicación del artículo 366 del Código Procesal Penal, que al regular la absolutoria permite la restitución. No obstante, al estar indebidamente fundamentada la decisión liberatoria, la nulidad alcanza las decisiones accesorias que de ella dependen. Por lo tanto, por un motivo diferente respecto de los expuestos por la defensa técnica recurrente, se declara con lugar la apelación, se anula la totalidad de la sentencia venida en alzada y se dispone el receptivo juicio de reenvío para nueva sustanciación. Por innecesario, se omite pronunciamiento acerca de los cuatro motivos de la apelación.-

POR TANTO:

 De conformidad con los argumentos expuestos y los artículos 459 y 465 del Código Procesal Penal, por un motivo diferente respecto de los expuestos por la defensa técnica del imputado [Nombre 001], se declara con lugar la apelación, se anula la totalidad de la sentencia venida en alzada y se dispone el receptivo juicio de reenvío para nueva sustanciación. Por innecesario, se omite pronunciamiento acerca de los cuatro motivos de la apelación, así como del ofrecimiento de prueba para mejor resolver. NOTIFÍQUESE-

 

 

Max Antonio Escalante Quirós

 

Roy Antonio Badilla Rojas                                        Maribel Bustillo Piedra

Jueces y Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 08-00027-0597-PE(05)

Imputado: [Nombre 001]

Ofendido: Procuraduría General de la República

Delito: Invasión a zona marítimo terrestre

  

SLEPIZM

Exp.: 08-000271-0597-PE(05) - VOTO 2024-0427- pág.: 1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:18:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Court of Appeals of Criminal Sentences, Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine hours twenty minutes, on the thirteenth of March, two thousand twenty-four. -

APPEAL filed in the present case against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card number [Value 001], born in Limón, on November 8, 1960, son of [Name 002] and [Name 003], marital status single, occupation merchant, resident of Limón, Punta Uva; for the crime of INVASION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, to the detriment of the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Judges Max Antonio Escalante Quirós, Roy Antonio Badilla Rojas, and Judge Maribel Bustillo Piedra participate in the decision of the appeal. Appearing before this court were licensed attorneys José Luis Campos Vargas and Raúl Guevara Villalobos as private defense counsel for the accused, and licensed attorney Andrés Alfaro Ramírez as representative of the Procuraduría General de la República.

RESULTANDO:

I.- That by judgment number 871-2023, at eight hours fifty minutes on the twenty-third of August, two thousand twenty-three, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and articles 11, 39, 41, 50 of the Political Constitution, 8 sections 1 and 2 of the American Convention on Human Rights, 10 and 11 section 1 of the Universal Declaration of Human Rights, 9 section 2 and 14 section 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights; articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 142, 181, 182, 184, 189, 265, 266, 267, 342, 360, 361, 363 to 366 of the Criminal Procedure Code; 1, 34, 103, 227 section 1, 103, of the Criminal Code, 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 20, and 20, 22, 39, 62, 65 and 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law. The Exception of the statute of limitations is dismissed. In application of the universal principle in dubio pro reo, [Name 001] is acquitted of a crime of VIOLATION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW, to the detriment of THE STATE. The restitution of things to their prior state is ordered, for which the accused [Name 001] must vacate the occupied area and the demolition is ordered of the two houses that are occupying the public zone of the maritime terrestrial zone, in Limón, Talamanca, Cahuita, Manzanillo, beside the Baptist Church, in the proportion of 66.64 square meters and 64.99 square meters. The Municipality of Talamanca is ordered to execute the demolition and removal of debris of the aforementioned structures, for which the Chief of the Police Force is ordered to provide accompaniment to the officials entrusted by the Municipality of Talamanca in the demolition tasks, and the Administrator or head of the Gandoca Manzanillo Operations Center is ordered to provide accompaniment to said municipal officials in order to verify the site to be demolished, according to what is indicated in official letter of the National System of Conservation Areas, ACLAC REGAMA dated February 28, 2008, and according to Dictamen 1730-ING-2012. Notify the present resolution to the Mayor of the Municipality of Talamanca. It is ordered to leave without effect any precautionary measure that by reason of this process weighs upon the accused. The matter is resolved without special condemnation for costs, each party bears its own costs. Once the judgment is final, its archiving is ordered." (sic).

II.- That against the preceding ruling, licensed attorneys José Luis Campos Vargas and Raúl Guevara Villalobos, as private defense counsel for the accused, filed an appeal.

III.- That after the respective deliberation was carried out in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions formulated in the appeal.

IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge of Criminal Sentence Appeals Escalante Quirós; and,

CONSIDERANDO:

I.- ADMISSIBILITY OF THE APPEAL.- Regarding the appeal filed by José Luis Campos Vargas and Raúl Guevara Villalobos, private defense counsel for the accused [Name 001], it has been verified that the appellate action was presented in a timely manner and in proper form, as is evident from the review of the case file; furthermore, it was initiated by the technical defense, regarding an appealable judgment issued by the trial court of Limón, which falls under the territorial jurisdiction of this chamber. Thus, the appeal is admissible and, therefore, its processing and resolution allow this court the comprehensive review of the contested judgment, in accordance with the provisions of article 8, section 2, paragraph h) of the American Convention on Human Rights.-

II.- HEARING AND COMPOSITION OF THE COURT.- The oral hearing requested by the appellant party was held during the second hearing of February 8, 2024, with the presence of Appeals Judge Elizabeth Montero Mena, as well as Appeals Judges Roy Antonio Badilla Rojas and Max Antonio Escalante Quirós. Also present was licensed attorney José Luis Campos Vargas, private defender of the accused [Name 001], who was not present. There was also the participation of licensed attorney Adriana Chaves Redondo and licensed attorney Andrés Alfaro Ramírez; the former representing the Public Prosecutor's Office, and the latter in his capacity as procurador. In summary, licensed attorney Campos Vargas referred to the four grounds of the appeal contained in the written brief. For their part, the Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República requested that the appeal be dismissed. During the hearing, no ground of appeal was expanded upon and no evidence was received. Only licensed attorney Campos Vargas reiterated the offering of evidence for a better resolution, as stated in writing, regarding which the floor was given to those present, such that licensed attorneys Chaves Redondo and Alfaro Ramírez indicated that they did not oppose the admission of the evidence because they deemed it appropriate according to the regulations. Now, to compose the court, hear and decide on the merits of this case, Judge Maribel Bustillo Piedra participates, replacing Judge Montero Mena who is currently not in the exercise of her functions due to a medical disability. This replacement does not affect the procedural interests or the guarantees of the parties, because it has been corroborated that during the oral hearing no grounds for the challenges were expanded, nor was any evidence taken, thus the principle of orality is not infringed, as has been endorsed by the Constitutional Chamber since long ago, from resolution number 17553-2007 of November 30, 2007, which on the subject stated: “…In this case, the consultation arises regarding the constitutional conditions for the participation of the same cassation judges in the oral hearing and in making the decision on the merits of that appeal. The consultation raised is resolved in the sense that the criterion issued by this Chamber in judgment 6681-96 at fifteen hours thirty minutes on December tenth, nineteen hundred ninety-six is maintained, in that it indicates it is constitutionally valid that in those cassation hearings or oral sessions in which no elements of evidence are received orally or, in which the arguments of the parties are already in writing, without anything new being contributed, other judges, different from those who participated in the hearing, may intervene at the time of making the decision, if and only if, they are capable of doing so and there are justified reasons (which must be recorded) that prevent those who were at the oral hearing from meeting shortly after to study and resolve the matter." (In the same sense, cf. resolution of the same constitutional court, number 12593-2011 at 15:44 hours on September 20, 2011). Finally, it is also reported that, beforehand, Judge Bustillo Piedra has examined the audiovisual record of the oral hearing conducted.-

III.- EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION.- In their appeal, licensed attorneys José Luis Campos Vargas and Raúl Guevara Villalobos, private defense counsel for the accused [Name 001], offer a document as evidence for a better resolution. It is official letter OL-PS-DV-037-2023 of September 12, 2023, issued by the Office of Logistics and Social Promotion of the Municipality of Talamanca. They indicate that this official letter reports on the process of formulating the coastal regulatory plan (plan regulador costero) of the district of Cahuita, and that it is relevant evidence regarding the thema decidendum, especially in reference to the demolition ordered in the judgment. Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the offering of evidence is omitted.-

IV.- SUMMONS TO APPEAR.- By virtue of the summons to appear issued by the criminal court of Limón, by order at 16:41 hours on September 28, 2023, only the appearance in second instance was received from the private defense of the accused [Name 001].-

V.- APPEAL.- Licensed attorneys José Luis Campos Vargas and Raúl Guevara Villalobos, private defense counsel for the accused [Name 001], filed an appeal of the judgment on four grounds. The first ground (i) is called erroneous application of article 32 of the Criminal Procedure Code and non-application of section 33 of the same code. The appellants refer to the rejection of the exception of the statute of limitations for the criminal action, for which they transcribe in extenso a section of the judgment. In this regard, they state that once the procedure has begun, the rules for the computation and interruption of the statute of limitations must be applied. In that vein, they indicate that the complaint was filed on February 28, 2008, and that the accused was questioned (indagado) on April 29, 2008, a date on which they consider that the statute of limitations period was reduced to eighteen months, with the next interrupting act being the first scheduling of the preliminary hearing, dated April 23, 2012. They estimate that by that date, the maximum period of the statute of limitations computation had already passed, which they indicate should have been declared by the trial court. They request that the criminal action be declared extinguished due to the statute of limitations. As the second ground (ii) of their appeal, the defenders allege a violation of the principle of correlation between accusation and judgment. They point out that the judgment ordered the demolition of the accused's properties, without the Procuraduría General de la República having so requested, and that even though the Prosecutor's Office did request it, they argue that it did so based on regulations not applicable to this case. They estimate that the court went beyond what was requested. They add that restitution is a civil consequence, and that in the present matter, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) was not exercised. The appellants also transcribe in extensive form the part of the ruling where the demolition was decided, to then state that the demolition request based on the legal regulation of the maritime terrestrial zone is not applicable to this case, and that the Procuraduría's request was made in the conclusions, in a surprising manner for the defense. They request that the resolution be revoked and that the demolition order be left without effect. As the third ground (iii) of appeal, the private defense challenges the erroneous interpretation and application of Law 9221, called the framework law for the declaration of the coastal urban zone and its territorial use and exploitation regime. They indicate that, according to said regulation, the demolition ordered in the judgment was not appropriate, for the following reasons. In their view, they state that Law 9221 allows the two hundred meters of the maritime terrestrial zone, including the fifty meters of the public zone, to form part of the coastal urban zone (zona urbana litoral), that the rule establishes transitory protection through the creation of an exception regime, for those who inhabit the area that will be declared a coastal urban zone, so that existing constructions are not demolished when the municipality has expressed its intent for a coastal zone to be so declared. In the appeal, the appellants extensively develop these ideas, under sections titled: a) exception regime to the maritime terrestrial zone law, b) the process for the declaration of a coastal urban zone, c) that Manzanillo has been considered an urban zone, d) occupation of the area, and e) transitory protection. They request that the resolution be revoked and that it be declared that the demolition of the accused's properties is not possible. Finally, as the fourth ground (iv) of appeal, the appellants allege a violation of the principle of the burden of proof, and improper assessment of the evidence. Regarding this, they specify that the judgment takes certain facts as proven without any evidence existing, and without them having been indicated in the accusation or in the complaint (querella). They add that, in their opinion, the ruling poorly assesses the expert reports (dictámenes periciales), giving them evidentiary value for facts to which they do not refer and for which the expert examination (peritaje) was neither requested nor conducted. These points are developed separately and extensively in the challenging brief. They request that the judgment be left without effect, and that it be ordered that the demolition of the properties is not appropriate.-

VI.- RESOLUTION OF THE APPEAL.- After reviewing the entirety of the contested judgment, it is determined that it does not fulfill the duty of reasoning (fundamentación) that emanates from articles 142 and 184 of the Criminal Procedure Code. The appeal is granted, but on a different ground than the four raised by the technical defense of the accused [Name 001]. By virtue of the reviewing power inherent to this second instance, upon analyzing the contested ruling, this chamber has detected an absolute error that affects the efficacy of the resolution. In accordance with subsection c) of article 393 of the Criminal Procedure Code, the judgment must contain the precise and detailed determination of the facts that the court deems accredited. Now, this regulatory requirement exists due to several very important legal effects, such as the guarantee that the same fact is not prosecuted on more than one occasion - non bis in idem -, among many others. For now, the following should be highlighted. The reasoning part (considerativa) of a judgment must respond precisely to the facts proven, hence the importance of every ruling containing an express declaration of demonstrated facts. This means that when carrying out the factual, evidentiary, and legal reasoning, the court does so in relation to the facts it holds as proven. Therefore, there must necessarily be congruence between what is considered proven and the analytical or reasoned assessments of the judgment. Here lies the defect of the ruling under appeal, since, in the third reasoning point (considerando) called "Facts Proven", the court of merit, under the protection of the prosecutorial accusation and the complaint of the procuraduría, describes two facts as follows: "Without specifying the exact date, but between August 1, 2006, and before March 18, 2009, in Limón, Talamanca, Cahuita, Manzanillo, 100 meters south of Maxis Restaurant beside the Baptist Church, the accused [Name 001], without having the Environmental Feasibility Permit issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, built two dwelling houses, cabin-type, single-story, built in cement, laurel and cedar wood with a zinc roof, which works covered, in order, an area of 66.64 square meters and 64.99 square meters within the public zone of the maritime terrestrial zone, portions of land that the accused [Name 001] currently holds, since said constructions remain in place. Without specifying the exact date but approximately between August first, two thousand six, and March eighteenth, two thousand nine, the accused [Name 001] held public domain property illegally, by having occupied within the public zone of the maritime terrestrial zone, an area of 420.78 square meters, according to the delimitation of landmarks 112 to 123, this in Limón, Punta Uva, specifically in the community of Manzanillo beside the Baptist Church. Thus, the accused [Name 001] illegally built two single-story houses, made of cement and wood with a zinc roof, with dimensions of 66.64 square meters and 64.99 square meters, which are located entirely within the public zone of the maritime terrestrial zone, an action by which the accused is holding public domain property, affecting the natural environment of the site, which is part of the State's Natural Heritage." (Cf. judgment, third reasoning point; the bolded text is not part of the original). As can be noted, this factual platform is typical of a guilty sentence, as it contains all the elements of the crime of construction in the maritime terrestrial zone, provided for and sanctioned by section 62 of the special law. Likewise, it was expressly recorded as demonstrated that the author of the constructions was the accused here, [Name 001]. Now, in open contradiction with the facts proven, in the extensive fourth reasoning point of the judgment, the court based the acquittal of the person on trial on the application of the principle in dubio pro reo. This constitutes the vice of incongruence, which, by being embodied in the facts proven, is of an absolute nature. The judgment was not legally constructed in a correct manner, since the motivation of the ruling does not support the facts proven, in that the lower court (a-quo) based the acquittal of the accused [Name 001], but this is not the reflection of the demonstrated factual platform. Inversely, the error is also visible, since those same facts proven are not supported by the analytical content of the judgment. On the other hand, when considering the point of view of the person who has acted as the accused, even though the conclusion of the ruling favors him, the fact of the matter is that if the judgment were to become final, those facts proven expressly point to him as the responsible author of a crime, affirming that he is a holder of public property. When confronting the judgment with the content of article 142 of the Criminal Procedure Code, it is immediately obvious that the reasoning was not clear or precise, but rather incongruent for having deemed the facts of the accusation and the complaint as proven, yet motivating the decision according to an acquittal. In the opinion of this chamber, the error of the judgment is absolute and determines its ineffectiveness, including the restitution ordered in the fifth reasoning point, since it was based on the application of article 366 of the Criminal Procedure Code, which, when regulating an acquittal, allows for restitution. However, as the discharge decision is improperly reasoned, the nullity reaches the accessory decisions that depend on it. Therefore, for a reason different from those expressed by the appealing technical defense, the appeal is granted, the entirety of the judgment under appeal is annulled, and the respective remand trial (juicio de reenvío) is ordered for new proceedings. As it is unnecessary, a ruling on the four grounds of the appeal is omitted.-

POR TANTO:

In accordance with the arguments set forth and articles 459 and 465 of the Criminal Procedure Code, for a reason different from those expressed by the technical defense of the accused [Name 001], the appeal is granted, the entirety of the judgment under appeal is annulled, and the respective remand trial (juicio de reenvío) is ordered for new proceedings. As it is unnecessary, a ruling on the four grounds of the appeal is omitted, as well as on the offering of evidence for a better resolution. NOTIFÍQUESE-