Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Conforme a los numerales anteriores es claro que los bienes que constituyen Patrimonio Natural del Estado son de naturaleza demanial por vocación, los cuales por su condición son imprescriptibles e inalienables y se encuentran fuera del comercio de los hombres. (...) En esa lógica resulta inatendible el argumento del demandado al señalar que la acción de lesividad se encuentra caduca por tratarse de un bien de naturaleza privada, por cuanto como se indicó al derivarse la titulación del bien de una reserva nacional, no existía posesión válida capaz de consolidar un derecho de propiedad como el que se reclama. (...) Con base en lo analizado, concluye este Tribunal que el acto impugnado es lesivo a los intereses públicos y sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.
English (translation)In accordance with the above provisions, it is clear that assets constituting State Natural Heritage are by nature public domain, which due to their condition are imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. (...) In this logic, the defendant's argument that the nullity action is time-barred because it involves a private asset is untenable, since as indicated, the titling derived from a national reserve and there was no valid possession capable of consolidating a property right as claimed. (...) Based on the foregoing, this Court concludes the challenged act is harmful to public interests and substantially incompatible with the legal system.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 01143 - 2024 Fecha de la Resolución: 23 de Febrero del 2024 a las 19:49 Expediente: 15-010358-1027-CA Redactado por: Laura Gómez Chacón Clase de asunto: Proceso de lesividad Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Dominio público Subtemas: Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado. Tema: Bien demanial Subtemas: Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado. Tema: Patrimonio natural Subtemas: Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado. "X. Sobre los bienes de dominio público constituyentes del Patrimonio Natural del Estado: Este es un tema de amplio tratamiento jurisprudencial, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que : “(…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...”. De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” (Al respecto pueden consultarse las sentencias números 1070 de las 9 horas 45 minutos del 3 de setiembre de 2010 y 1088 de las 8 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2011). Tal como lo indica la Sala Primera en el voto de referencia, el Patrimonio Natural del Estado se encuentra definido en lo expuesto en la Ley Forestal, normativa que expone además en su numeral 14 la condición de demanialidad que cubre a las áreas definidas dentro del Patrimonio Natural del Estado, señalando lo siguiente: "Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural: Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". Por su parte respecto a la inalienabilidad de estos terrenos señala el ordinal 15 de la misma norma: "Artículo 15.- Impedimentos. Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". Conforme a los numerales anteriores es claro que los bienes que constituyen Patrimonio Natural del Estado son de naturaleza demanial por vocación, los cuales por su condición son imprescriptibles e inalienables y se encuentran fuera del comercio de los hombres [...]" ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Documento PJEDITOR ???????????????? EXPEDIENTE: 15-010358-1027-CA - 5 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEMANDADO/A: MARVIN PORRAS SANCHEZ Nº N° 2024001143 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintitres de Febrero del dos mil veinticuatro.- Proceso de lesividad establecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Rodrigo Cervantes Barrantes, en su condición de apoderado especial judicial, carnet 7896 contra MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, cédula 1-0427-0886 y PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES S.A., representado por José Luis Rodríguez Jiménez, carnet 5194. Participa como tercero interesado el Estado representado por Mauricio Castro Lizano en su condición de Procurador. RESULTANDO 1.- El Instituto de Desarrollo Rural interpone la demanda de lesividad mediante escrito de fecha 18 de noviembre del 2015, cuyas pretensiones son las siguientes: "1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 a favor del señor MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003. 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 a favor del señor MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 emitido por el Registro Nacional. 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Provincia de Puntarenas Folio Real Matrícula número 139717-000. 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio" . (Imágenes 1-28, 117-120 del expediente electrónico). 2.- La representación de Palacios y Paraísos Tropicales S.A. contestó negativamente la demanda, oponiendo las excepciones de caducidad, falta de derecho y prescripción. (Imágenes 125-147 del expediente electrónico). 3.- El señor Marvin Porras Sánchez fue declarado rebelde mediante resolución de las nueve horas y veinticinco minutos del veintiuno de junio del dos mil dieciséis. Apersonándose al proceso mediante escrito del 5 de octubre del 2020, rechazando la demanda. (Imágenes 185-186, 276-277 del expediente judicial). 4.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) fue celebrada el 7 de diciembre del 2017. En dicha audiencia se fijaron las pretensiones conforme al resultando primero. Se procedió a admitir la prueba documental aportada, consistente en el expediente administrativo y prueba testimonial. (Soporte de audio en el Sistema de Gestión). 5.- El 17 de diciembre del 2019, se apersonó al proceso como tercero interesado el Estado, de acuerdo con la resolución N.117-2019-I de las ocho horas y treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve. (Imágenes 220-223 y 232). 6. - El juicio oral y público fue celebrado con la participación de las partes el día 5 de febrero del 2024. El proceso fue declarado muy complejo de conformidad con lo establecido en el numeral 111 del CPCA. 7.- En los procedimientos ante este Tribunal se han cumplido las formalidades de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Previa deliberación, se dicta esta resolución por unanimidad, con redacción de la jueza Gómez Chacón y el voto favorable de la jueza Soto Fonseca y el juez Mejías Rodríguez. CONSIDERANDO: I.- Sobre la prueba para mejor resolver: Las partes demandadas en la celebración del juicio oral, ofrecieron como prueba para mejor resolver los siguientes documentos: Carta venta de Pedro Godínez Zúñiga a Víctor Godínez Alvarado, carta venta de Víctor Godínez Alvarado a Filiberto Porras Fonseca, pagaré de Filiberto Porras Fonseca a favor de Víctor Godínez Alvarado, declaración jurada ante notario Público de Secundino Picado León, suscrita el 12 de marzo de 2008 que relata sobre la propiedad de la finca en cuestión, declaración jurada ante Notario Público el 12 de marzo de 2008, de Carlos Morales Cruz, mediante la cual señala que fungió como testigo de la compra que le hizo don Eliberto Porras Fonseca al señor Victor Godínez Alvarado, el 15 de abril de 1974, donde se suscribió venta y pagaré en forma conjunta. De los documentos aportados estima esta Cámara que, por la forma en cómo se resuelve el presente asunto, los mismos resultan impertinentes para la resolución del caso, en consecuencia, dicha prueba se tiene por rechazada. II. Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso, se tiene por acreditado lo siguiente: 1. El 26 de noviembre del 2003, el señor Marvin Porras Sánchez, presentó solicitud ante el Departamento de Ordenamiento Agrario, para titular la propiedad la cual se encuentra ubicada en Santa Juana, del Distrito tercero Naranjito, cantón Sexto Aguirre de la Provincia de Puntarenas y que describe el plano catastrado número P-862160 del año 2003 con una medida de 96829 metros con 30 decímetros cuadrados. Alegando que obtuvo la posesión originaria desde hace más de quince años, en un valor de cien mil colones. En dicha solicitud se aportó la declaración de Trinidad Vargas Castillo, Carmen Artavia Barrantes, Secundino Picado León, Eduardo del Carmen Artavia Barrantes, y Eliberto Porras Fonseca, además de aportar los siguientes documentos: Plano catastrado original, copia de cédula de identidad, certificación de MINAE, certificación del Registro Nacional, donde se indica que no he inscrito algún inmueble al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias y sus reformas, declaración jurada ante notaria pública de que la propiedad no está inscrita del Registro Público, y de que no tiene sobre este terreno disputa judicial o extrajudicial. Sobre dicha solicitud el Instituto de Desarrollo Agrario realizó inspección en sitio determinándose que el inmueble sobre el que se solicita la titulación en el que se consigna que el área abarca un total de nueve hectáreas 6829 metros cuadrados, de bosque (Imágenes 20, 21, 36-38 del expediente judicial); 2. Mediante oficio SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003 se certifica de parte del Ministerio de Ambiente y Energía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en el que se indicó: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-862160-2003 a nombre de I.D.A. en posesión de MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER área SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO, CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 y 15 DE LA LEY FORESTAL 7575 DEL 16 DE ABRIL DE 1996". Dicha certificación emitida el 21 de julio del 2003, fue aportada por Marvin Porras Sánchez para el trámite de solicitud de titulación de terreno ante el IDA. (Imagen 40 del expediente judicial); 3. El Registro Público certificó a solicitud de Marvin Porras Sánchez, que no aparece con fincas inscritas a su nombre, adquiridas al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias. (Imagen 41 del expediente judicial); 4. Mediante declaración jurada emitida ante escritura pública doscientos dieciocho, ante la notaria pública María Verónica Méndez Reyes, se describe que: "Es propietario de la finca que se describe que es naturaleza de terreno montaña, situada en Santa Juana distrito tercero de Naranjillo en el Cantón de Aguirre de la provincia de Puntarenas que linda a Norte con Eliberto Porras Fonseca, al sur con Inversiones Fafer S.A. al Oeste con Roberto Muñoz Sánchez y al este con calle pública, mide noventa y seis mil ochocientos veintinueve metros con treinta decímetros cuadrados, según plano catastrado P- ocho- seis- dos- uno seis- cero- del dos mil tres, libre de gravámenes y de anotaciones, inmueble que se encuentra dentro del Proyecto de Titulación Puriscal Parrita, bajo el folio real San José uno, dos, nueve, tres, nueve, cero, cero, cero". (Imagen 42-43 del expediente judicial); 5. Que el plano P-822160-2003, describe el terreno propiedad del IDA en posesión de Marvin Porras Sánchez es montaña. (Imagen 49 del expediente judicial); 6. Mediante artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto del 2004 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, con base en el "Programa de Titulación Puriscal Parrita" creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974 se dispuso: "En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina Regional de Parrita según oficio OSP-163-04 y el visto bueno de la Dirección Regional Central según oficio S/N y la revisión de los requisitos exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva descrito en el Articulo XXI, Sesión 065-00 de 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el diario oficial La Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, al amparo de la ley de Tierras y Colonización 2825 del 14 de octubre de 1961 y la Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario 6735 del 29 de marzo de 1982 se autoriza segregar y traspasar la parcela para el título supletorio de dominio a Marvin Porras Sánchez cédula 1-427-886, la finca descrita en el plano 862160-2003, se agrega en dicho acuerdo que los costos se cancelaran en un año plazo y se garantizaran mediante hipoteca de primer grado a favor del Instituto de Desarrollo Agrario devengando intereses del 8% sobre los saldos, excepto los que cancelen en el acto de firmarse la escritura. Las condiciones y restricciones a que quedan sujetas las parcelas y lotes de este acuerdo son las mismas que contiene el articulo XVIII del reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales, publicado en gaceta 173 del 20 de setiembre del 2002. Se autoriza a los Señores Walter Césped es Salazar, Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparezcan en su momento ante el notario asignado Luis Enrique Wong para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso. Concluida la firma de protocolo y cerrada la escritura principal los notarios no podrán hacer uso de este acuerdo para trámites individuales". (Imágenes 53-56 del expediente judicial, hecho no controvertido); 7. Mediante escritura pública número ciento uno otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, se titula la inscripción de la parcela 19297045 a nombre de Marvin Porras Sánchez. (Imágenes 59-66 del expediente judicial); 8. Mediante la escritura pública número ciento ochenta y seis otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, Marvin Porras Sánchez traspasa la propiedad inscrita con número 139717-000 del Partido de Puntarenas a favor de Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima. (Imágenes 66-74 del expediente judicial); 9. Mediante acuerdo Número 47 de la Sesión Ordinario 36 del 5 de octubre de la Junta Directiva del INDER, se declara lesivo a los intereses públicos los actos administrativos dictados mediante los acuerdos 39 y 49 de la sesión ordinaria 031-04, celebrada el 23 de agosto del 2004, sesión 49 de la sesión ordinaria 025-05 celebrada el 4 de julio del 2005, 50 y 57 de la sesión ordinaria 044-04 celebrada el 29 de noviembre de 2004, 53 y 58 de la sesión ordinaria 022-05 celebrada el 13 de junio del 2005, 53 de la sesión 039-05 celebrada el 10 de octubre del 2005, y 45 de la sesión ordinaria 016-04 celebrada el 3 de mayo del 2004. (Imágenes 76- 86 del expediente judicial); 10. En el juicio oral declaró el señor Marvin Porras el cual indicó que el bien se adquirió de Víctor Fonseca, nunca fue del IDA, se utilizó la figura del INDER para titularla. Señala que el terreno tiene un objetivo forestal, hoy se practica ecoturismo, se abandonó las cosechas, quedó como bosque forestal secundario. Había bosque, pero muy poco, la finca abandonó los cultivos, porque se metió en incentivos forestales. Indica que la finca que se describe en la carta de compraventa de Víctor Fonseca es la propiedad que se describe en el plano catastrado. La segunda compraventa describe la misma propiedad. Expone que Filiberto es quien le vendió a su padre. Había siembras agroforestales. Agriculturas que son arbustos a eso se refiere, había achiote, se titularon por el sistema del IDA, que eran más fácil que titular información posesoria. El pago que se describe en el pagaré es por la compra de la venta, se compró a pagos. (Audio en SIGAO); 11. En el juicio declaró el señor Eduardo Artavia Barrantes, exponiendo que la finca era de Live Porras, el conoce porque ahí porque su papá trabajó ahí y lo llevaba ahí pequeño, la finca queda en el camino, a San Marcos de Tarrazú, entre Paso Real y Santa Juana. Su papá lo llevaba a esa finca, a esa finca andaba entre 9 y 10 años, tienen 59 años, su papá iba a trabajar por las siembras de achiote, el limpiaba esos cultivos, el ayudaba al papa en esa finca, ya después no visitó más el lugar. Sabe que en la finca están ubicados unos canopys, de ahí no sabe más, tenía partes de bosques, potreros, casa, y los achiotales. Era mixta nadie quitaba del todo las montañas. Se mantenía sus partes de trabajar. (Audio SIGAO); 12. El presente proceso fue presentado ante este Despacho el día 18 de noviembre del 2015. (Imagen 9 del expediente judicial). III. Hechos no probados: 1. Que el inmueble titulado a favor de Marvin Porras Sánchez, inscrito con número 139717-000 correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003, estuviera fuera de una Reserva Nacional. (Los autos). IV. Objeto del proceso: En el presente proceso se analiza la lesividad de los actos: a. El artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 a favor del señor Marvin Porras Sánchez, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003. b. La escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 a favor del señor Marvin Porras Sánchez, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003. c. El asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 emitido por el Registro Nacional. Dichos actos se solicita se declare lesivos con base en los siguientes argumentos: El Instituto de Desarrollo Agrario hoy Instituto de Desarrollo Rural, impulsó una serie de Programas de Titulación en Reservas Nacionales, con fundamento en la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599 del 9 de agosto de 1996, en los artículos 11 y 12 de la Ley de Tierras y Colonización No 2825 del 14 de octubre de 1961 y el artículo 32 inciso a) de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario No 6735. Que los Programas de Titulación antes relacionados, se establecieron como una necesidad nacional, ya que existían grandes extensiones del territorio nacional donde los campesinos carecían de título de propiedad. La labor del IDA dentro de los programas de cita se orientó a declarar Zonas de Titulación en áreas donde las personas se encontraban en posesión de la tierra, pero carecían de título de propiedad, procediéndose a realizar el levantamiento y catastro de las fincas que no se encontraban inscritas en el Registro Público y a inscribir el título respectivo, debiendo pagar los beneficiarios los costos por la titulación y agrimensura, dichos costos fueron muy inferiores al promedio del mercado para titular tierras, y debían ser cancelados al IDA como máximo a un año plazo. Dentro de esos Programas de Titulación, se encontró el denominado: "Programa de Titulación Puriscal Parrita" creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 72 del 17 de abril de 1974, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 267.239 has, con el Folio Real Matrícula número 219039-000. Dentro del marco del programa de Titulación Puriscal Parrita, y mediante escrito presentado ante este Instituto, el demandado en fecha 26 de noviembre del año 2003, presentó solicitud de titulación de la parcela 97045 del bloque 192 descrita en el Plano Catastrado número P-0862160-2003. En el expediente de titulación consta que se presentó la certificación número SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003, de fecha 21 de julio del año 2003, con anterioridad a la titulación del inmueble a favor del demandado, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, y aportada por el propio interesado, antes de la inscripción registral de la parcela 192-97045 a favor del demandado, estableciendo que el inmueble se ubica fuera del cualquier área silvestre protegida sea del ambiente y energía. Sin embargo, constituye parcialmente patrimonio natural del Estado según artículos 13, 14 y 15 de la misma ley. El demandado no presenta dentro del trámite de titulación de la parcela el estudio de uso conforme de suelo del INTA o bien de algún profesional privado debidamente acreditado para realizar dicho estudio. No consta que se haya presentado informe alguno del Instituto Geográfico Nacional. En el proceso de titulación de la finca no se cumplieron los requisitos que fundamentaran dicha inscripción a favor del demandado. Mediante acuerdo de Junta Directiva del IDA tomado en artículo 39 de la Sesión Ordinaria 031-04 celebrada el 23 de agosto del año 2004, se autoriza la segregación y traspaso del inmueble a favor del demandado, inmueble que lo constituye la parcela número 192-97045 del Proyecto de Titulación Puriscal Parrita, ubicado en Distrito Naranjillo, Cantón Aguirre de la Provincia de Puntarenas, con una medida de noventa y seis mil ochocientos veintinueve metros con treinta decímetros cuadrados, correspondiente a la finca Partido de Puntarenas Folio Real número 139717-000, Plano Catastrado número P- 0862160-2003. Mediante escritura pública número 101 otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, el Instituto de Desarrollo Agrario segrega y traspasa la parcela referida antes, al demandado. Mediante la escritura pública número 186 otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, el demandado Porras Sánchez traspasa la propiedad antes referida a favor de la demandada Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima. Se elaboró documento denominando "Estudio para Apoyar Trabajo de Fiscalización sobre Titulación de Tierras en los proyectos Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz, y Zona Norte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)”, que fue remitido mediante No. DGEO-096-08 del 5 de agosto de 2008, en que se describe la situación de los terrenos que conforman el Proyecto Coto Brus, entre otros. Mediante el Informe No DFOE-PGAA-20-2008 de fecha 27 de agosto del 2008 de la Contraloría General de la República denominado "Resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado" y dirigido al Instituto de Desarrollo Agrario, se indica que dicho estudio permitió determinar que en el marco de contenido de los diferentes proyectos de titulación y en contravención a lo señalado en los artículos 13, 14, 15 y 33 de la Ley Forestal No 7575 del 5 de febrero de 1996 el IDA tituló propiedades con cobertura parcial o totalmente boscosa o que poseían características de uso suelo y topográficas que les otorgaban la categoría de terrenos de aptitud forestal y de áreas de protección, y por lo tanto, no podían salir de la Administración del Estado, ni ser susceptibles de titular a favor de los solicitantes por ser parte del Patrimonio Natural, y por no concurrir, ni haberse aportado todos y cada uno los requisitos necesarios para proceder de conformidad con el bloque de legalidad vigente en aquel momento para que fuera procedente la titulación de tratamiento. Mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER en artículo 47 de la Sesión Ordinaria 36-2015 del 05 de octubre del 2015, se declaró Lesivo a los intereses públicos el acto administrativo dictado mediante el acuerdo número 39 de la Sesión Ordinaria número 031-04 celebrada el 23 de agosto del año 2004 de la Junta Directiva de ésta Institución, que dio origen al título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad, Partido de Puntarenas, Matrícula de Folio Real número 139717-000 a favor del señor Marvin Porras Sánchez, por haber sido otorgado en detrimento del patrimonio natural del Estado. Se constata que en el proceso de titulación de la indicada parcela, se incumplió con - requerimientos normativos necesarios y previstos en la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales número 7599 del 29 de abril de 1996, en concordancia con la Ley Forestal No 7575 del 5 de febrero de 1996 y el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S HACIENDA-MOPT, establecían como requisitos para la titulación de las parcelas por parte del IDA, incumplimiento que genera vicios del acto administrativo. La causal de nulidad en los casos objeto de este proceso, afecta el interés público, ya que, con motivo de los incumplimientos de la normativa antes relacionada, el IDA autorizó el traspaso de la parcela dicha, que es parte del Patrimonio Natural del Estado. En primer lugar, debe hacerse una breve referencia a los programas de titulación mediante los cuales el IDA tituló predios a favor de particulares. Los terrenos que formaban parte de los proyectos de titulación le eran traspasados al IDA a través de decreto (en el caso específico del "Programa de Titulación Puriscal-Parrita" creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 72 del 17 de abril de 1974, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 267.239 has, con el Folio Real Matricula 219039-000), con el objeto de cumplir con los respectivos proyectos de titulación. Estos traspasos de las áreas a titular se justificaban en la tenencia de las fincas sin inscribir por parte de poseedores y se trataba de una ficción legal, mediante la cual se le traspasaba al IDA una extensa área geográfica que abarcaba en forma indistinta, terrenos inscritos, sin inscribir, propiedad del Estado y de particulares, con poseedores o sin estos, de ahí que los traspasos se hacían sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos de información posesoria en trámite en el momento de publicarse en la Gaceta el decreto la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, o los que se inscriban en el futuro ni de las porciones destinadas al uso público. Estos traspasos tenían por objetivo darle al IDA, un instrumento para que pudiera segregarlos y traspasarlos, también bajo una ficción legal, y así inscribir predios a favor de los poseedores que hayan poseído esos terrenos bajo las condiciones que establecía el ordenamiento jurídico con la finalidad de facilitar la obtención de crédito. En el caso de la parcela de marras, inscrita a favor del demandado, el hecho de haber poseído los terrenos, lo cual evidencia la preexistencia de la tenencia posesoria de las parcelas con anterioridad al acuerdo de Junta Directiva de su traspaso (tomado en artículo 39 de la Sesión Ordinaria número 031-04 celebrada el 23 de agosto del 2004). En tal, sentido, se considera que la causa de adquisición de esos terrenos por parte de los poseedores era la posesión ejercida por éstos y no los traspasos o ventas hechos por el IDA, ya que el Instituto lo único que recibía a cambio era el costo de la confección de los planos correspondientes y no el precio en sí de los predios, en tal sentido, no se daba un acuerdo entre cosa y precio, el Instituto no podía traspasar los terrenos al mejor oferente sino que tenía que traspasarlos al poseedor que le demostrara haber cumplido con los requisitos legales, limitándose a constatar esos requisitos. La naturaleza jurídica de los actos en los proyectos de titulación realizados por el IDA era meramente declarativos, se limitaban a reconocer el derecho de propiedad adquirido por una persona por medio de la figura de la usucapión, para su inscripción en el Registro Público y no actos constitutivos del derecho de propiedad. El IDA incurrió dentro del procedimiento de titulación de ese predio y que es el que precisamente produce la nulidad del acto administrativo de traspaso. De esta manera debe indicarse que a la Junta Directiva del IDA se le recomendó autorizar el traspaso de la respectiva parcela, supuestamente porque se había cumplido con los requisitos que antes se establecían en la ley 7599, siendo éste el motivo de los actos administrativos que acordaron el traspaso del inmueble de marras a favor del demandado. Pese a esto, se halló que tal cumplimiento no se dio por lo siguiente: En el expediente de titulación consta a folio 6 certificación número SINACDS- OFAU-C-3125-2003, de fecha 21 de julio del año 2003, con anterioridad a la titulación del inmueble a favor del demandado, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, y aportada por el propio interesado, antes de la inscripción registral de la parcela 192-97045 a favor de demandado, estableciendo que el inmueble se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo administrativa por el Ministerio del Ambiente y Energía. Sin embargo, constituye parcialmente patrimonio natural del estado según los artículos 13, 14 y 15 de esa misma ley. Pese a la evidente falta de ese requisito, se recomendó la titulación de la respectiva parcela pese a que conforme se señalaba se deberían excluir del trámite de titulación a los terrenos que se encuentran bajo la administración del MINAE, como es el caso del Patrimonio Natural del Estado conforme a la Ley Forestal, por lo que en este caso se generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. Adicionalmente, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos el cual es requerido por el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos número 29375-MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT. Así, el artículo 58 de este reglamento dispone: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y ejecutándolas con las mejores prácticas de manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41,43 y 64 de la ley 7779 y su reglamento" Este artículo 58 establece que en toda información posesoria que se presente ante el IDA el titulante deberá demostrar con un estudio adecuado de suelos que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso adecuado de suelos, estudio con el cual debe contar obligatoriamente el IDA. Respecto a esta normativa el reglamento entró en vigencia el 21 de marzo de 2001, es decir, con anterioridad a la titulación de la parcela 192-97045 a favor del demandado, de ahí que el estudio era obligatorio por lo que el incumplimiento de éste genera otro un vicio de nulidad absoluta. En virtud de lo anterior, debe indicarse que la causal de nulidad de la titulación de la parcela de marras, reside en la inexistencia dentro del bloque de legalidad de norma o procedimiento alguno para llevar a cabo titulación de este tipo o bien justificar el dictado de un acto administrativo valido y eficaz, de conformidad con el Principio de Legalidad del Derecho Público, y las normas que regulan la aplicación del Derecho Público en el tiempo y en el espacio. El artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, artículo que en relación con el 166 de la misma ley que establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos real o jurídicamente, y el artículo 167 que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. Todos estos artículos relacionados permiten concluir que la falta de requisitos esenciales para la titulación de la parcela de referencia produce la nulidad absoluta de dicho acto administrativo. Por su parte, el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, al referirse al motivo como elemento de validez del acto administrativo dispone que éste tiene que ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. En el caso de las titulaciones de tierras en Reservas Nacionales, el motivo se encontraba regulado, por lo que el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o el reglamento respectivo como sucedió en el caso que nos ocupa, constituyen en si vicios de nulidad del acto, por no existir tal y como habría sido tomado en cuenta para su dictado. El artículo 129 de la Constitución Política, establece que los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. Los artículos 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal, corresponden a normas prohibitivas, y el acto administrativo que autorizó el traspaso de la parcela a favor del demandado es contrario a tales normas, toda vez que mediante dicho acto se autorizó la titulación de terrenos que forman parte de un Refugio Nacional de Fauna Silvestre, por consiguiente del Patrimonio Natural del Estado, lo cual contraviene sin lugar a dudas, el artículo 13 de la Ley Forestal, que declara que el Patrimonio Natural del Estado a los terrenos forestales y bosques en Reservas Nacionales y los somete a la administración del MINAE, el artículo 14 de la misma ley que establece la condición de inembargables e inalienables de los terrenos de ese patrimonio natural, que la posesión de éstos por los particulares no genera derecho alguno y no se pueden inscribir por información posesoria, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado, el artículo 15 también de esa ley que se refiere a los impedimentos de la Administración Pública de traspasar, entregar o dar en arrendamiento inmuebles rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE, y finalmente 33 y 34 de la Ley Forestal que declaran áreas de protección, siendo la consecuencia de la contravención de los artículos relacionados, la nulidad absoluta. La nulidad del acto administrativo (debido al incumplimiento de requisitos esenciales y por ser contrario a normas prohibitivas) por el que se produjo la titulación del inmueble que se discute aquí, lesiona el interés público toda vez que a través de dicho acto nulo de forma absoluta, se titulan terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Según el artículo 28 de la Constitución Política, las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no a perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley, la titulación del Patrimonio Natural del Estado, daña el orden público, al impedir el disfrute del derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos del artículo 50 de la Constitución Política, la cual es a su vez una norma de orden público. A lo anterior debe adicionarse, que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental de tercera generación, que surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por su parte, la Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la "Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente", exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida. V. Sobre la posición de los demandados: Señalan que, de conformidad con el numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Administración tiene la potestad de demandar la anulación de un acto administrativo ante esta jurisdicción, dentro del plazo de un año a partir del día siguiente en que este haya sido dictado. Salva el inciso 2) del plazo, respecto de la tutela de bienes de dominio público. Ahora bien, teniendo en cuenta que el acto es anterior a la vigencia del actual Código Procesal Contencioso Administrativo, se debe aplicar su Transitorio III que remite a la normativa vigente al momento de su dictado, siendo esta la escrita en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya derogada, que indicaba en su numeral 35: "1. Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previamente deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que haya sido dictado”. De ambas disposiciones legales tenemos claro que el plazo anual o cuatrienal ya ha transcurrido sobradamente, y especialmente en cuanto a los defectos esgrimidos por el INDER en los hechos 6 y 7 de la demanda, pues no están relacionados en lo absoluto con la naturaleza supuestamente demanial del terreno. En virtud de eso, la caducidad se ha producido y solicita sea declarada. Dada la naturaleza dominical que se alega y que se caracteriza por la imprescriptibilidad, de estar ante un bien de dominio público, por ser patrimonio natural del Estado, aun habría plazo para demandar la lesividad. No obstante, eso es sólo si efectivamente se está ante un bien de dominio público. La naturaleza pública de un bien depende de la voluntad del legislador, por lo que su afectación o desafectación normalmente se hace vía legislación ordinaria. El INDER alega que la naturaleza demanial del bien propiedad de su representada, deviene de la declaratoria de patrimonio natural del Estado prevista en la Ley Forestal No. 7575. Efectivamente, la Ley Forestal No, 7575 publicada en La Gaceta No. 72 del 16 de abril de 1996, dispone a partir de esa fecha que "los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública", entran a formar parte del dominio público. En primer término, hacer notar que, a la fecha de publicación de la ley, el INDER antiguo IDA, no era propietario de la finca que hoy pertenece a su representada, tampoco a esa fecha el territorio había sido declarado inalienable, y no formaba parte de reservas nacionales pues eran propiedad sin inscribir de particulares. Debe considerarse que el legislador en la misma Ley Forestal No. 7575, en su artículo 72, introduce una modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite la titulación de terrenos cubiertos de bosque, aun en aquellos casos donde dichos terrenos formen parte de áreas silvestres protegidas. A partir de lo dispuesto por el legislador, debe interpretarse que la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien, al demostrar que han poseído por diez años o más en forma quieta pública, pacífica ininterrumpida y a título de dueños, cuidando el bosque y delimitándolo con cercas o carriles. Esa es la única interpretación razonable, pues si el dominio público se reconoce sin sujeción a esa excepción, nadie podría titular terrenos en bosque, caso en el cual el numeral 7 citado no tendría razón alguna de ser. La misma Sala Constitucional analizó el contenido del numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, confirmando la posibilidad de titular inmuebles cubiertos de bosque, aun cuando fuere en áreas silvestres protegidas. Así las cosas, si el bien inmueble puede titularse por particulares que demuestren una posesión decenal, quiere decir que este no tiene la condición de bien de dominio público, y por ende la acción para establecer la lesividad en la vía contenciosa, sí está sujeta a plazo que en el caso particular está sobrepasado pues vencía el 23 de agosto de 2008. Interpretarlo de manera distinta implicaría patrocinar una clara confiscación, lo que no es acorde con los principios que integran nuestro ordenamiento jurídico y el régimen de derecho y justicia que Costa Rica ha elegido. Con fundamento en las consideraciones expuestas, dado que el inmueble objeto de Litis no forma parte del dominio público, pues ha estado en posesión por particulares desde más de diez años antes de la declaratoria hecha en la Ley Forestal, y se reconoce el derecho del particular de usucapir y titularlo a su nombre cumpliendo con los requisitos ya expuestos, al Estado y a cualquier otra institución como el INDER le ha corrido el plazo fatal de prescripción para pretender apropiarse del territorio, virtud de lo cual se opone la excepción previa de prescripción. Existen dos tipos de procedimiento para intentar la declaratoria de nulidad, partiendo del principio de "inderogabilidad de los actos propios" que impide a la Administración derogar actos de manera unilateral que han concedido derechos a terceros. El primero es aquel en que la administración acude al procedimiento de lesividad contemplado en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El segundo permite la declaratoria de la nulidad en la vía administrativa, previo procedimiento administrativo y dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o de la Contraloría General de la República en caso de actos de la materia de contratación administrativa. En el procedimiento que aquí se examina, la Administración ha elegido la lesividad, reservada para aquellos casos en que se está ante una nulidad relativa o absoluta, pero que no es evidente y manifiesta, aspecto este último que resulta de vital análisis, pues si la condición o naturaleza del terreno titulado fuese fácilmente calificable como de dominio público, otra vía habría sido la escogida. Resulta necesario en el proceso de lesividad que el jerarca de la Administración que adoptó el acto que se pretende anular, realice un análisis y a partir de los resultados del examen plasme un acto o acuerdo que declare la lesividad. Esa declaratoria de lesividad a los intereses públicos, económicos o de otra índole, debe primero establecer los defectos y su gravedad a efecto determinar si estamos ante una nulidad que a su vez sea suficiente para ser Lesiva al interés público. Los motivos de esa declaratoria deben extraerse de forma clara y precisa del acto, pues de lo contrario no se cumple con el requisito primario para este juicio. Efectivamente, la resolución administrativa que declara la lesividad, y cuya prueba aporta el actor numerada como 9, no establece ni determina en forma alguna cuál es la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico que configura la invalidez del acto administrativo declarado lesivo (art. 158.2 de la Ley General de la Administración Pública); ni siquiera hace un análisis de los elementos del acto a fin de ubicar la existencia de algún vicio en uno de éstos, según pauta orientadora del numeral 158.1 Ibidem. Y mucho menos identifica frente a cuál, el interés público aquél otro acto resulta lesiva, lo cual obviamente no constituye una debida y correcta fundamentación. (133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública). Las supuestas omisiones que hace el INDER y que sirven de base para la solicitud de lesividad consistentes en la ausencia de "estudio de suelo" y "estudio del IGN", son omisiones que caen dentro de la esfera a lo sumo de la nulidad relativa, por tanto es dable aplicar el régimen de saneamiento o convalidación de los actos administrativos. La convalidación se verifica a través de un acto administrativo nuevo que contenga mención expresa del vicio y de su corrección y tiene efectos retroactivos a la fecha del acto convalidado. En el nuevo acto se tendrán por corregidas o subsanadas las irregularidades o defectos, en consecuencia, que al estar ante defectos subsanables lo que la Administración debe hacer es aplicar el numeral el inciso 2 del numeral 174 de la Ley General de la Administración Pública que indica: "Artículo 174.- 1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley. 2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, especifico 11 actual. No se deriva del acto que declara la lesividad por parte de la Junta Directiva del INDER, fundamentación alguna en ningún sentido, por lo que no se cumple el requisito básico para acudir a esta vía, no teniendo al efecto los apoderados especiales judiciales de dicha institución, potestades para sustituir el juicio de la Administración, ni aportar argumentaciones que no se derivan del acuerdo de lesividad. Otro motivo por el cual resulta procedente la excepción de falta de derecho, es que la Administración no ha logrado acreditar que el inmueble que ahora pretende apropiar es un bien de dominio público. Salvo una certificación sin sustento técnico alguno, no cuenta con prueba que venga a acreditar que el inmueble era de bosque a la fecha de titulación, y a su vez no estuviere en posesión ad usucapione por parte de particulares. Por último, procede la excepción de falta de derecho, por cuanto admitir que el Estado, en este caso el INDER, tiene la potestad de registrar a su nombre fincas de propiedad sin inscribir de particulares, con el ánimo de aligerarles su titulación, para luego alegar sin motivo alguno que esos territorios le pertenecen, resulta en la legalización de la confiscación, lo cual violenta los más elementales principios del Derecho Administrativo, que ha proscrito, al menos en nuestro país la "arbitrariedad". La figura del tercero adquiriente de buena fe presupone que una persona, ya sea física o jurídica, adquiere un bien con la creencia de que éste es transmitido por el propietario legítimo y con la ignorancia de los posibles vicios de la adquisición. En los sistemas jurídicos como el nuestro que cuentan con un registro público de la propiedad inmueble la publicidad registral hace de quién adquiere de aquél que aparece como dueño según el registro. Un adquirente es de buena fe, siempre y cuando no conozca de antemano de los vicios que afecten la validez del derecho y su inscripción o del asiento registral no se desprenda su invalidez. La doctrina del adquirente de buena fe con base en la publicidad registral la recoge nuestro Código Civil en el artículo 456, el cual dispone: "Artículo 456.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro." Por otra parte, el artículo 457 del mismo Cuerpo legal protege al propietario registral frente a acciones de resolución o rescisión que pudiesen invalidar el derecho del transmitente, con las únicas excepciones que la misma norma establece. Establece: "Artículo 457.- Las acciones de rescisión o resolución no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho. Exceptúense: 1 °.- Las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, consten en el Registro. 2°.- Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores en los casos siguientes: 1°.- Cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo; y 2°.-Cuando el tercero haya tenido conocimientos defraude del deudor". Lo anterior se fundamenta en el principio de publicidad o fe pública registral, como ya se explicó, presupone que quien aparece en el Registro Público como titular de derechos reales es el dueño legitimo. Este principio procura la seguridad jurídica con respecto al tracto de bienes inmuebles, así como preservar el interés público que recae en la protección de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia social, como es el caso del derecho de propiedad privada inmobiliaria. La protección que brinda este principio de fe pública registral se manifiesta en el sentido de que, ante la eventual invalidez del derecho de propiedad del non domino, el derecho de propiedad del tercero que adquiere no arrastra la invalidez del derecho previamente inscrito. De ahí que es clara la protección que nuestro ordenamiento otorga al tercero adquiriente de buena fe, quien mantiene su derecho a pesar de la posible nulidad o anulación del negocio o contrato jurídico anterior. En razón de lo dicho, mi representada como adquirente de buena fe, no sólo es propietaria del inmueble, sino que lo adquirió de quien constaba en el Registro era el propietario, aunado a que el INDER nunca ha sido propietario, pues el registro a su nombre en una época tenía como único un facilitar la formalización de los derechos de los particulares, quienes poseían a título de dueños, y cumplían con todos los requisitos para titular, entre ellos haber ejercido una posesión ecológica, que como anotamos está debidamente reconocida, y excluye en el caso bajo examen la posibilidad de que el terreno haya entrado a formar parte del dominio público. En todo caso, tal y como lo establece el artículo 144 de la Ley General de la Administración Pública "1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento. 2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente", siendo que no se deriva del expediente administrativo ni del judicial, la existencia de previsiones por parte de la Administración Pública, para indemnizar integralmente a su representada, lo cual debe ser al menos una actuación concomitante, dada la evidencia de que se está ante una adquisición bajo la publicidad registral de su representada. Ruego considere el Tribunal, que la disposición citada es clara, al obligar a la Administración proceder a la indemnización de derechos subjetivos de terceros de buena fe, condición que el INDER conoce, por ende, debe actuar en ese sentido, pues la norma no obliga al tercero a tener que acudir a contrademandar o demandar en un juicio independiente, agravando sus perjuicios. Por su parte el demandado Porras Sánchez se opone a la demanda señalando que la titulación del bien se hizo sobre un bien con aptitud de titulación por cuanto siempre fue propiedad privada en su haber adquirido por título de compraventa legitima, por lo que estima que nunca se ha tratado de un bien demanial, únicamente se acudió al proceso de titulación del Instituto de Desarrollo Agrario por conveniencia. VI. De la posición del Estado: Señala que en sesión ordinaria de Junta Directiva No. 36-2015 de 5 de octubre de 2015, articulo 47, el INDER declaró lesivos los acuerdos ¡impugnados que originaron la inscripción 6-139717-000, plano P-862160-2003, con un área de montaña de 9 Ha. 6829.30 ms. En dicho trámite de titulación no se presentó el estudio de suelos del INTA ni el informe del Instituto Geográfico Nacional. Además, la certificación SINAC-DS-OFAUC- 3125-2003 de 21 de julio de 2003 indicó que el citado inmueble constituye Patrimonio Natural del Estado. En ese orden, nótese que el informe de inspección de campo del 29 de marzo de 2004, realizado por el funcionario de la Oficina Regional de Parrita, reportó que el inmueble en su totalidad presenta un área de bosque de 9 Ha. 6829.30 m2. Además de las áreas silvestres protegidas, también integran ese Patrimonio los bosques terrenos forestales o con esa aptitud. El trámite en este caso, se realizó con base en el Reglamento para la titulación de Tierras en Reservas Nacionales, adoptado por acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, publicado en La Gaceta No. 173 del 10 de setiembre del 2002, el cual fue anulado en la sede constitucional con efectos "retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos", ante la falta de competencia del IDA para emitirlo e inexistencia de presupuestos legales que lo sustentaran. Por ende, los actos administrativos aquí impugnados están viciados de nulidad absoluta por afectar Patrimonio Natural del Estado y haberse realizado con base en un reglamento inconstitucional. Además, el artículo 10 del citado Reglamento anulado permitió solo traspasar tierras "que no estén sujetas a la administración por parte del MINAE y requería "certificación original extendida por el MINAE en donde conste que el terreno a titular según el plano catastrado no está afectado o inmerso dentro de... patrimonio natural del Estado". El artículo 1° del Reglamento anulado indicaba: "El presente instrumento jurídico tiene como finalidad reglamentar lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización relativo a la titulación de tierras en las Reservas Nacionales...". Sin embargo, la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, no regula la titulación de tierras, sólo se ocupa de la parcelación en los artículos 49 a 81, y de la colonización en los numerales 82 a 91. La titulación o procedimiento para obtener un título de dominio inscribible, comentado en el ejercicio de la posesión ad causam, con los requisitos que enumera el Código Civil, es diversa de la parcelación y colonización. La parcelación y la colonización son convenios declarativos para adquirir la propiedad del ente público agrario con presupuestos diversos a la titulación. Incluso, la colonización puede tener regímenes de tenencia de la tierra distintos de la propiedad, como el arrendamiento, con opción de compra o sin ella, aparcería o usufructo. La Ley de Tierras y Colonización no autorizó al IDA a titular ni emitir un Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales. Ese Reglamento evadió la competencia legislativa al crear un procedimiento administrativo especial y sumario excluyente del judicial previsto en la Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 de 14 de julio de 1941. Más aún al reformar las reglas de titulación, autorizándola en terrenos escritos a nombre del IDA (artículos 7 del Reglamento y 1° de la Ley de Informaciones Posesorias). Toda la normativa que en el pasado autorizó la titulación administrativa, ante el ITCO o IDA, hoy insubsistente, tuvo rango de ley: Ley de Informaciones Posesorias Administrativas No. 3971 de 11 de octubre de 1967, Ley de Informaciones Posesoras No. 4545 de 20 de marzo de 1970 y Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 de 22 de agosto de 1972. La certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 de 21 de julio de 2003, indicó que el plano P-862160-2003, construye Patrimonio Natural del Estado, en el mismo sentido la inspección de campo del 29 de marzo de 2004, realizada por el funcionario de la Oficina Regional de Parrita, replicó que el inmueble en su totalidad presenta un área de bosque de 9 Ha. 6829.30 m2. Por ende, las áreas de bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal que contiene el inmueble 6-139717-000 constituyen Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal. En esa condición no podían ser permutados, cedidos, enajenados de ninguna manera, entregados, ni dados en arrendamiento (Ley7575, artículos 13, 14 y 15). El artículo 10 del citado Reglamento anulado permitía únicamente el traspaso de tierras que no estén sujetas a la administración por parte del MINAE y requería certificación extendida en donde conste que el terreno a titular según el plano catastrado no está afectado o inmerso dentro del patrimonio natural del Estado, y con vista de la indicada certificación SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 es claro que no se cumplen esos requisitos. Aduce la parte demanda que adquirió al amparo de la publicidad registral y a buena fe. Alega caducidad y prescripción e invoca falta de derecho y estima que debe indemnizársele por la compra del inmueble. Las defensas y excepciones no son de recibo. Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan los bienes demaniales y la publicidad legal del demanio se oponen a que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen. Otro aspecto que no debe perderse de vista es que la afectación demanial de los terrenos forestales y de bosque no se inicia con la Ley Forestal No. 7575 de 1996, sino que proviene de otras leyes forestales anteriores. Tratándose de normas afectantes al dominio público sobre un mismo bien, debe estarse al principio de que la demanialidad se tiene por constituida desde la primera normativa afectante. Entonces, la titulación realizada por el INDER se hizo sobre un bien de dominio público es nula. Efectivamente, porque la inscripción no convalida la nulidad de un título. El registro no subsana los vicios que puede tener el documento inscrito o el acto contenido y subsisten. Ante el registro ¡legitimo el particular no adquiere ningún derecho, el acto sigue siendo absolutamente nulo. La buena fe y la confianza legítima no caben frente a los bienes demaniales, sin importar el tiempo transcurrido, tolerancia o actuaciones administrativas que pudieron alentar la permanencia indebida y debe revertirse, no siendo dable basar esa ocupación en una situación jurídica consolidada por tratarse de terrenos sometidos al demanio, que no pueden ser apropiados ni usados por los particulares a no ser que cuenten con autorización o concesión administrativa que faculte el uso. Esa naturaleza demanial del terreno ocupado demerita la buena fe y no cabe el principio de confianza legítima. VII.- Sobre los presupuestos para el proceso de lesividad. Para realizar el análisis del presente proceso, es importante partir del cumplimiento de los presupuestos que impone el ordenamiento jurídico para la interposición de un proceso de lesividad por parte de la Administración Pública, toda vez que la ausencia de uno de ellos haría innecesario el examen de fondo. En términos generales, ya este Tribunal ha indicado que las diversas Secciones del Tribunal Contencioso Administrativo, han precisado en sus sentencias que la lesividad es un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual, la Administración pretende la supresión de un acto propio que genera efectos favorables o declara derechos en favor de un administrado y a su vez, estima que esos efectos, son desfavorables para el interés público, sea éste económico, social, tributario, sanitario, u otro. Lógicamente, la naturaleza de esta pretensión, demanda la participación de todo aquel que se encuentra perjudicado por la anulación de la conducta que concede el derecho subjetivo o beneficio, a efecto que ejerza la defensa de sus intereses a través del contradictorio. En orden a lo descrito, es el Juez quien debe proceder a analizar la validez de una conducta administrativa de contenido favorable. Las disposiciones normativas que regulan esta figura procesal se encuentran contenidas en la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo. Éste último, en su artículo 34, fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura, en relación con los numerales 173 inciso 6) y 183 de la Ley General de la Administración Pública. En resumen, las normas de cita imponen las condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales de la acción de lesividad. En primer término, al referirnos al elemento subjetivo, debemos precisar que la legitimación activa se concede a la Administración autora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta declarada lesiva, sea, quien obtiene sus beneficios. El elemento objetivo, se refiere al mecanismo de supresión jurídica de actos administrativos que son favorables o declarativos de derechos al administrado pero que, estima la Administración, se encuentran viciados de nulidad absoluta o relativa y que por ende, se tornan sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En lo que respecta al orden procedimental, es requisito que la Administración declare lesivo a los intereses públicos esa conducta, siendo imperativo que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, sociales, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público, para lo cual, ha de contar con un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. Es importante recordar, que por tratarse de un requisito procedimental que será sometido al conocimiento de la sede jurisdiccional, a diferencia del procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta que realiza en sede administrativa la propia Administración productora del acto, acá no se concede audiencia al administrado, por cuanto, se trata de una acción de naturaleza interna de la Administración, que se orienta a verificar la voluntad del máximo jerarca, y a su vez, permite el inicio del proceso judicial y será en el curso de éste, que podrá ejercer su derecho de defensa aquel que derive derechos derivados del acto impugnado, por lo que la ausencia de su participación dentro de la fase administrativa para la declaratoria de lesividad, no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Otro aspecto de trascendencia al analizar el acto que declara su lesividad, es el determinar si el acto emana del máximo jerarca administrativo. Las reglas son las siguientes, cuando el acto emane del Estado, sea, de la Administración Central, de acuerdo con el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República, previo pedimento del jerarca máximo supremo y declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. La misma regla procesal opera cuando el acto lesivo dimane de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto ejerzan función administrativa. Tal representación impone, además, en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por la Corte Plena. Por último, en cuanto a las administraciones públicas descentralizadas, deberá realizar la declaratoria el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Otro aspecto para tomar en cuenta es que, procesalmente, existe el impedimento para que la Administración formula vía contrademanda, la pretensión anulatoria. Por último, existe una limitación temporal dispuesta en el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta y siga surtiendo efectos, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34 inciso 1) del mismo cuerpo normativo, esa declaratoria interna puede hacerse mientras éstos perduren. En tal hipótesis, el año se computa desde el cese de los mismos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta anulada. Luego de esa declaratoria, se otorga un plazo de un año para plantear la acción contenciosa administrativa, bajo pena de caducidad, según lo estatuye el artículo 39 inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahora bien, la excepción a estas regulaciones temporales que hemos citado, gira en torno a la tutela del dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo, según se deriva del artículo 34 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del artículo 261 del Código Civil. Nótese entonces que cuando al acción de lesividad gira en torno a bienes demaniales del Estado, el plazo para declarar la lesividad en las normas procesales de referencia es inaplicable, lo que implica que puede disponerse en cualquier momento sin que medie sanción procesal alguna. Por último, debemos advertir que el ordinal 41 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece de forma expresa que tratándose de materia tributaria, el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute. Por último, al estudiar el Tribunal un proceso judicial de lesividad, debe advertir si el acto que se pretende anular fue dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, esto es, en fecha 1 de enero del 2008, ya que de ser así, debe aplicarse lo dispuesto en el Transitorio III del citado cuerpo normativo, conforme al cual, el régimen de impugnación de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del citado Código, se regirán por la legislación vigente en ese momento. Teniendo claro lo anterior, de seguido analizamos si en el caso concreto, se cumplen los presupuestos de ley, para la estimatoria de la acción. (Consultar en el mismo sentido la sentencia 119 del 20 de setiembre del 2020 de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). VIII.- Sobre el cumplimiento de los requisitos para la declaratoria de lesividad: De acuerdo con el expediente judicial, tenemos que efectivamente la entidad accionante cumple con los requisitos objetivos, subjetivos, de temporalidad y procedimiento para que el objeto del proceso sea analizado por esta Cámara de Jueces. En primer lugar, tenemos que el elemento subjetivo se ha cumplido, toda vez que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural dictó el acto administrativo que declara lesivo al interés público el acuerdo que concede derechos subjetivos a favor de Marvin Porras Sánchez y Palacios y Paraísos Tropicales que adquirió la transmisión del derecho de titulación que se declara lesivo por compraventa. En esa lógica, la Junta Directiva del Instituto, Número 47 de la Sesión Ordinario 36 del 5 de octubre, se declara lesivo a los intereses públicos los actos administrativos dictados mediante los acuerdos 39 y 49 de la sesión ordinaria 031-04, celebrada el 23 de agosto del 2004, sesión 49 de la sesión ordinaria 025-05 celebrada el 4 de julio del 2005, 50 y 57 de la sesión ordinaria 044-04 celebrada el 29 de noviembre de 2004, 53 y 58 de la sesión ordinaria 022-05 celebrada el 13 de junio del 2005, 53 de la sesión 039-05 celebrada el 10 de octubre del 2005, y 45 de la sesión ordinaria 016-04 celebrada el 3 de mayo del 2004, que autorizó la titulación a favor de Marvin Porras Sánchez, exponiendo a grosso modo los vicios de nulidad del acto y la razón que fundamenta la lesividad, por lo que no se advierten los motivos de nulidad sobre tal acto que reprocha el demandado. Debe indicarse que, mediante acuerdo de Junta Directiva, artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto del 2004 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, se dispuso: "En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina Regional de Parrita según oficio OSP-163-04 y el visto bueno de la Dirección Regional Central según oficio S/N y la revisión de los requisitos exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva descrito en el Articulo XXI, Sesión 065-00 de 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el diario oficial La Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, al amparo de la ley de Tierras y Colonización 2825 del 14 de octubre de 1961 y la Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario 6735 del 29 de marzo de 1982 se autoriza segregar y traspasar la parcela para el título supletorio de dominio a Marvin Porras Sánchez cédula 1-427-886, la finca descrita en el plano 862160-2003, dicho acuerdo se materializó mediante escritura pública número ciento uno otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, en el cual se titula la inscripción de la parcela 19297045 a nombre de Marvin Porras Sánchez, la cual se encuentra inscrita con el número de finca 139717-000 del Partido de Puntarenas. Posteriormente mediante la escritura pública número 186 otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, Marvin Porras Sánchez traspasa la propiedad inscrita con número 139717-000 del Partido de Puntarenas a favor de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita Sociedad Anónima. Ahora bien, en cuanto al objeto del proceso, es claro que éste versa en la declaratoria de nulidad del acto administrativo que declara derechos a favor de un administrado Porras Sánchez, por lo que la pretensión anulatoria es congruente con el proceso de lesividad. De igual modo, la demanda la formula el referido instituto, como autor del acto cuestionado y se presenta en contra de las personas a favor de quienes surgen los efectos beneficiosos del acto que corresponden en este caso a el beneficiario de la titulación, por lo que, en términos del ámbito subjetivo tanto activo como pasivo y el objetivo, se cumplen con las exigencias referidas en el apartado anterior. En cuanto a la temporalidad, tenemos que al tratarse la discusión respecto a un bien que se califica de dominio público, es inaplicable el plazo de caducidad que regula el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pero para arribar a esa conclusión, debe examinarse la prueba allegada a los autos, toda vez que tratándose el examen acerca de la validez de un acto administrativo dictado en el año 2005, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Administrativo, deviene en aplicable el Transitorio Tercero del citado cuerpo normativo y en ese tanto, el régimen de impugnación de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del citado Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), salvo, claro está, que logre demostrarse que se está en presencia de un bien demanial, cuya acción reivindicatoria no se encuentra sujeta a plazos. Así las cosas, estima el Tribunal que resulta indispensable determinar si se está o no frente a a un bien de dominio público para luego examinar lo relativo a los aspectos temporales del proceso de lesividad y de ser necesario, pronunciarse en cuanto al fondo del asunto. IX.- Sobre el objeto del proceso: Declaratoria de nulidad del acto administrativo por infringir normas del derecho público relativo a los bienes demaniales: En el presente proceso, el Instituto de Desarrollo Rural, pretende que se anule el acuerdo tomado por su Junta Directiva, artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 a favor del señor Marvin Porras Sánchez, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003. Por conexidad, solicita que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, folio Real matrícula número 139717-000 a favor del señor Marvin Porras Sánchez, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003. Y el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 emitido por el Registro Nacional. Así como cualquier inscripción derivada. En lo medular, argumenta que el referido acuerdo es nulo por cuanto genera una afectación del interés público porque, se autorizó el traspaso de una parcela que es parte del dominio público, al constituir Patrimonio Natural del Estado y por haberse otorgado dicha titulación sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que el ordenamiento jurídico le imponía. Postura que respalda la representación del Estado como tercero interesado de este proceso. Por su parte, la representación de Palacios y Paraísos Tropicales S.A, indica que de acuerdo a lo establecido en el numeral 455, 456 y 457 del Código Civil y el principio de publicidad registral, la nulidad reclamada no es oponible a su derecho de propiedad, agrega además que no se trata de un bien de dominio público en los términos que establece el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y que en ese tanto, la acción de lesividad se encuentra caduca y prescrita, además señala que los vicios del acto por los requisitos faltantes se tratan de una nulidad relativa subsanable y no absoluta. Por último, indica que el acto de lesividad no cumple los requisitos de ley. El demandado Porras Sánchez se opone indicando que la naturaleza del bien titulado a su favor es de naturaleza privada y fue adquirido por compraventa legitima. Para abordar el fondo del asunto, es necesario que el Tribunal se refiera brevemente al tema de los bienes de dominio público y su régimen especial de tutela. En ese sentido este Tribunal ha indicado recientemente: "En primer lugar, debemos tener claro que no todos los bienes de los entes públicos son de dominio público porque éstos cuentan, también, con bienes patrimoniales o de dominio privado. Los primeros, regulados por el Derecho Público y por ende, subordinados a éste, mientras que respecto de los segundos, deviene en aplicable el régimen privado, sujeto a reglas especiales de coordinación. En lo que interesa para el dictado de la presente sentencia, debemos centrarnos en la determinación de concepto de bienes de dominio público. Esta distinción encuentra sustento en el propio Código Civil que en su artículo 261 señala que: “Son cosas públicas las que por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona”. En efecto, por su naturaleza este tipo de bienes se encuentran sometidos a un régimen especial de Derecho Público. Forman parte del demanio público, entendido como “(…) el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona puede hacer de ellos. (…)” (Sentencia No. 3145, dictada por la Sala Constitucional a las 9 horas 27 minutos del 28 de junio de 1996). En virtud de lo expuesto, podemos afirmar que el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público, siendo el titular el Estado en sentido amplio, para el ejercicio de su administración y tutela. Debemos comprender, que son cosas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera el comercio privado de los seres humanos. Así, son bienes que pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectos al servicio que prestan, mediando al efecto, el interés público. También la doctrina reconoce bienes de dominio público destinados al uso público, al resguardo público, los que se conocen como patrimonio del Estado y por último, los temporales. Como puede notarse, hay categorías diferentes, aún y cuando directamente relacionadas. Para explicar esta clasificación, primero identificaremos un primer grupo de bienes lo componen aquellos destinados al uso general, como el caso de las calles, los parques, la playa, entre otros, que se clasifican como bienes de dominio público por su uso y generalmente, su acceso es libre, gratuito e ilimitado, tales como las calles, los parques y las playas. Se trata de una afectación directa al uso público, que justifica su pertinencia y utilidad en corresponder a esta clasificación. El segundo grupo de bienes demaniales lo componen aquellos cuyo uso público es indirecto, correspondiendo a todos aquellos afectos de manera directa a un servicio público. Aquí es oportuno agregar, que al margen de la titularidad del servicio, en tanto sea público, satisface un interés general o colectivo; de manera que los bienes que lo componen le resultan indispensables para evitar una afectación a la colectividad y por esa razón, el legislador le brinda la tutela especial. Por eso se indica que su relación con la sociedad es indirecto, en la medida que su uso colectivo no es por propia mano con las personas sino en el servicio propiamente dicho. Otra clasificación, refiere a los bienes de dominio público de resguardo por parte del Estado, como los parques nacionales, los volcanes, las islas. En otro orden, tenemos los bienes de dominio público que refieren a un patrimonio del Estado, regulados en el articulo 121, inciso 14) de la Constitución Política, sin que pueda entenderse que se trata de numerus clausus. Ellos son entendidos como aquellos bienes de carácter mineral o natural, que el Estado guarda en su dominio, dependiendo del requerimiento, éste permite que particulares participen de ellos por ejemplo, los yacimientos de petróleo, aluminio, cobre, mercurio, agua, oro, etc. Por último, tenemos los bienes de dominio público temporal, que se refieren a bienes que pueden ser objeto de traspaso por parte del Estado a particulares cuando media un procedimiento especial por ministerio de ley, con el objetivo de cumplir fines públicos, o bien, cuando por su mismo uso, pierden utilidad, normalmente se trata de bienes de carácter tecnológico, que al desactualizarse por el transcurso del tiempo, pierden el carácter demanial. De aquí que de manera reiterada este Tribunal ha señalado en ocasiones anteriores que estos bienes tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de las personas, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. En razón de la línea argumentativa de las partes, es de interés precisar además, que la afectación dispuesta por ministerio de ley, se traduce en una manifestación del Poder Público que atendiendo a decisiones políticas e históricas, pueden cursarse de forma tal, que operen de forma individualizada sobre los bienes o de forma general, aplicando incluso, una afectación automática al bien, por el simple hecho, de cumplir con los presupuestos de la norma. Puede mediar un acto administrativo que así lo declare, como ocurre con el patrimonio histórico arquitectónico o por disposición legislativa genérica, como ocurre con el patrimonio natural del Estado. En efecto, un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece, o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano. Ahora bien, los bienes demaniales, para ser tales, deben reunir algunos elementos que resultan indispensables. El elemento subjetivo se refiere al sujeto público titular del bien para su administración, protección, tutela y defensa. El elemento objetivo, está dirigido a todos aquellos bienes que pueden ser incluidos dentro del dominio público, que puede devenir por disposición legal genérica o bien, que de forma particular individualiza el bien. Obviamente, el elemento normativo es la norma legal que así lo dispone, siendo de interés aclarar, que también ostentan la condición de bienes demaniales, aquellos bienes de la nación, que están comprendidos por voluntad del Constituyente en el artículo 21 inciso 14) de nuestra Carta Magna. Por último, el elemento finalista se orienta al fin público perseguido, los cuales abordamos líneas atrás". (Sentencia n°119 del 20 de setiembre del 2020 de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). De lo transcrito tenemos que en el tanto se cumplan los cuatro elementos indicados, podemos entender que opera una protección especial a los bienes que lo conforman, que radican en considerarse inalienables, imprescriptibles e inembargables, con las consecuencias que de ello se derivan. Por esa razón, la acción para recuperarlos no está sujeta a plazos de caducidad, como expresamente lo señala el numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de suerte que su uso o aprovechamiento están sujetos al poder de policía a cargo de la institución o sujeto público a quien le corresponda su administración y titularidad. Como puede observarse, en síntesis, el régimen de demanialidad, impone un concepto jurídico que requiere de una declaración formal de carácter legislativo de someter a régimen de dominio público determinados bienes, señalar a su titular para su defensa, administración y protección, amén del fin perseguido. Ahora bien, para ahondar particularmente en los bienes que constituyen Patrimonio Natural del Estado, realizamos su análisis en el considerando siguiente. X. Sobre los bienes de dominio público constituyentes del Patrimonio Natural del Estado: Este es un tema de amplio tratamiento jurisprudencial, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que : “(…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...”. De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” (Al respecto pueden consultarse las sentencias números 1070 de las 9 horas 45 minutos del 3 de setiembre de 2010 y 1088 de las 8 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2011). Tal como lo indica la Sala Primera en el voto de referencia, el Patrimonio Natural del Estado se encuentra definido en lo expuesto en la Ley Forestal, normativa que expone además en su numeral 14 la condición de demanialidad que cubre a las áreas definidas dentro del Patrimonio Natural del Estado, señalando lo siguiente: "Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural: Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". Por su parte respecto a la inalienabilidad de estos terrenos señala el ordinal 15 de la misma norma: "Artículo 15.- Impedimentos. Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". Conforme a los numerales anteriores es claro que los bienes que constituyen Patrimonio Natural del Estado son de naturaleza demanial por vocación, los cuales por su condición son imprescriptibles e inalienables y se encuentran fuera del comercio de los hombres. XI.- Sobre la naturaleza del bien que se discute en el caso concreto: Procedencia de la acción de lesividad: En el presente asunto, como se indicó el Instituto de Desarrollo Rural argumenta que el acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta, por cuanto infringe el régimen demanial previsto en la Ley Forestal, en el tanto se autorizó mediante acuerdo tomado por su Junta Directiva, artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139717-000 a favor del señor Marvin Porras Sánchez, correspondiente al Plano Catastrado P-0862160-2003 y sus actos conexos, sin cumplir con los requisitos legales dispuestos y terreno que es parte del Patrimonio Natural del Estado, dicha titulación se materializó en la escritura pública número ciento uno otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, en el cual se titula la inscripción de la parcela 19297045 a nombre de Marvin Porras Sánchez, misma que se encuentra inscrita con el número de finca 139717-000 del Partido de Puntarenas. Posteriormente mediante la escritura pública número 186 otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, Marvin Porras Sánchez traspasa la propiedad inscrita con número 139717-000 del Partido de Puntarenas a favor de Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima. En este sentido, para determinar si ese inmueble integra o no el demanio público, debe analizarse la concurrencia de los elementos subjetivo, normativo, objetivo y el finalista, tal y como se explicó en el considerando IX de la presente sentencia. En sentido tenemos que tal como se acredita a los autos el origen de la titulación surgió de la Constitución del Programa de Titulación Puriscal-Parrita" creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 72 del 17 de abril de 1974, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 267.239 has, con el Folio Real Matricula 219039-000 (hecho no controvertido), creado conforme a lo que disponía la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales número 7599 de 1996, la cual fue declarada inconstitucional, en el año 2001 por la Sala Constitucional, por lo cual la Junta Directiva procedió a titular inmueble objeto de este proceso conforme a lo establecido en el Reglamento denominado Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, emanado de la Junta Directiva del IDA, el cual replicaba lo dispuesto en la Ley 7599, el cual, igualmente fue declarado inconstitucional por voto de la Sala Constitucional en el año 2007. Dicha norma señalaba en su numeral primero: Artículo 1º- El presente instrumento jurídico tiene como finalidad reglamentar lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización relativo a la titulación de tierras en las Reservas Nacionales, otorgando seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante el reconocimiento del domino pleno en áreas donde sus poseedores han adquirido el derecho a la titulación registral”. Ese reglamento conceptualizaba a las "Reservas nacionales: Terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que, no estén inscritos a nombre de terceros, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas o del Estado en general". En esa lógica, es claro que el origen del bien que se tituló a favor del demandado Porras Sánchez, eran bienes constituyentes de reservas nacionales, -por cuanto surgen de la autorización de inscripción de bienes con la características de Reservas Nacionales según lo señalaba la Ley 7599 de 1996-, es decir el origen es esos territorios de acuerdo a lo señalado en el numeral 13 de la Ley Forestal corresponden a lo que el legislador declaró como bienes integrantes del Patrimonio Natural del Estado, y por ende se encuentran fuera del comercio de los hombres y no pueden ser susceptibles de ser titulados como propiedad privada. Nótese que en ese sentido, que el voto 2063-2007 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual declaró la inconstitucionalidad del Reglamento Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales indicó al respecto: "En el caso bajo examen, la norma impugnada pretende titular unas zonas que han sido declaradas protegidas, precisamente por lo importante que resulta su conservación frente a las diversas actividades propias del hombre que vienen a alterar los ecosistemas y hábitat del medio ambiente que se desarrolla en estos lugares, así como la preservación de los bosques, los cuales son importantes para la generación de bienes esenciales e invaluables, como lo es el agua. El legislador en la presente ley, pone de manifiesto la necesidad de otorgarle un título de propiedad a los ocupantes de las zonas en cuestión, haciendo ver que la adquisición es con las limitaciones y protecciones ambientales que al respecto existen, sin embargo, del estudio de la norma impugnada se tiene que la facultad de titular en estas áreas, recae sobre un ámbito indiscriminado de aplicación, lo cual, de suceder así, podría estarse titulando áreas en las que son incompatibles muchas de las actividades que realiza el hombre y que podrían perjudicar seriamente el ecosistema ahí desarrollado así como la vulneración que existiría por parte del Estado para poder ejercer una adecuada vigilancia en ellas, lo cual, aún en el caso de que se parta del supuesto de que esas personas han venido ocupando desde hace muchos años estas áreas que son bienes de dominio público, esto no justifica en forma alguna que se pueda titular cualquiera de estas áreas, puesto que, el mismo Estado en protección del medio ambiente puede ordenar el desalojo de estas personas, en aquellas áreas donde más bien su presencia estén produciendo un efecto contraproducente, lo que provocaría consecuentemente, que en el caso de que se titularan este tipo de áreas, tendría el Estado que expropiar un bien que tal vez tuvo que expropiar alguna vez para declararlo zona de protección, incurriéndose en un acto irrazonable. Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito" (sentencia número 2988-99, supra citada). A tal efecto, interesa resaltar que la definición del concepto de reserva nacional está dado en la propia regulación –de la relación de los artículos 3 inciso k), 6 y 7– de manera tal que permite concluir con absoluta claridad que se trata de los inmuebles que precisamente han sido incorporados al régimen del patrimonio natural del Estado, precisamente para la debida tutela y conservación del ambiente natural. (...)En primer lugar, cabe advertir que la norma impugnada no impide la titulación de estas zonas protegidas, sino más bien las facilita, y ni siquiera toma en consideración la naturaleza jurídica de estos bienes –demaniales– sobre los que pesa algún tipo de afectación, que se repite, es con fines de efectivizar la tutela ambiental –como lo manda el artículo 50 constitucional–, de manera que únicamente queda la constancia de tal afectación, y permite la titulación de estos bienes demaniales; tal y como lo manifestó con anterioridad este Tribunal: "Dentro de las zonas protegidas quedan comprendidos los terrenos que se encuentran situados en las reservas nacionales, cierta zona a lo largo de los ríos, una faja a uno y otro lado de la depresión máxima de las cuencas hidrológicas, los terrenos que bordean los manantiales que nacen en los cerros y también los que nacen en terrenos planos, cierta área en la ribera de los ríos arroyos, lagos, lagunas, o embalses naturales" (sentencia número 2988-99, supra citada). En segundo lugar, no toma en consideración la existencia de otros tipos de bienes demaniales, tales como la zona marítimo terrestre, cuya administración está a cargo de las municipalidades, y/o los patrimonios histórico-arquitectónico y arqueológico, que están bajo la administración del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; con lo cual, su posible afectación ni siquiera es consultada previamente por el Instituto de Desarrollo Agrario para efectos de una futura titulación, ni tampoco prevé impedimento para su titulación –en este sentido, ver artículo 10 de este Reglamento–. En virtud de lo cual, se evidencia la grave situación que permite esta regulación, desconociendo las características esenciales de los bienes de dominio público, que precisamente los sacan del comercio de los hombres –contrario a lo previsto con antelación el artículo 262 del Código Civil, que data de mil ochocientos ochenta y seis–, y que en consecuencia hace que sea absolutamente imposible su posesión, venta o gravación, sin antes haberse desafectado, materia que se repite, está reservada a la ley formal y material (emanada de la Asamblea Legislativa conforme a los procedimientos ordinarios de formación de las leyes), previo estudio técnico al efecto, que determine los efectos de la convivencia del hombre con los ecosistemas, como lo exige el principio de la objetivación ambiental o vinculación a la ciencia y técnica, desarrollado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente; lo anterior por cuanto, aún cuando las zonas protectoras no son zonas perpetuas, y a tal efecto pueden ser desafectas, no resulta legítima su desafectación para proteger otros intereses públicos o privados –como lo es la dotación de vivienda o de la tenencia de la tierra– en menoscabo de la tutela ambiental y del disfrute a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (sentencia número 7294-98). Por ello, será inconstitucional toda disposición normativa que permita o faculte a la Administración titular bienes de dominio público de manera genérica, y máxime cuando se trate de bienes que conforman el patrimonio natural del Estado cualquiera que sea su denominación o categoría –parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales, monumentos naturales– zona marítimo terrestre, zonas de protección hidrográfica, reservas indígenas, patrimonio histórico-arquitectónico, recursos mineros, patrimonio arqueológico, zona limítrofe, para someterlas al régimen de dominio privado, máxime cuando no se cuenta con el estudio técnico-científico previo, según se ha anotado". Es claro, del razonamiento dado por la Sala Constitucional que, al tener el origen de la titulación en bienes constituidos como reservas nacionales, éstas al ser Patrimonio Natural del Estado están fuera del comercio de los hombres y por ende es notorio que efectivamente la naturaleza del bien imposibilitaba su titulación. Ahora bien es precisamente por tener el bien objeto de la lesividad su origen en reservas nacionales, que surge una imposibilidad de titulación a favor de un particular, más allá de lo señalado en el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias como expone el demandado, veamos, el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias señala que: "Artículo 7º.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promoviente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas", si analizamos la naturaleza de los bienes que constituyen el Patrimonio Natural del Estado- numeral 13 de la Ley Forestal y la referencia de lo indicado en el numeral 7 párrafo segundo, es posible concluir que los bienes a los que se refiere el legislador en el ordinal señalado, no alcanza a los bienes derivados de reservas nacionales, en el tanto, ese numeral hace alusión a bienes que si bien puedan tener vocación forestal o aptitud forestal, los cuales el legislador ha admitido su manejo y conservación en manos de particulares, estos no pueden ser aquellos que se derivan de reservas nacionales, por cuanto las reservas nacionales son constitutivos de Patrimonio Natural del Estado y por ende son parte del demanio público, tal conclusión lo desarrolló la Sala Constitucional en el voto 4587 del 5 de agosto de 1997, el cual señaló: "(...) En ese sentido, el desarrollo que en materia de propiedad forestal ha realizado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se puede sintetizar como sigue: la propiedad forestal es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial; la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres; la normativa forestal presenta tres momentos, pero no es sino a partir de la promulgación de la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, que se contó con un instrumento mejor concebido para hacerle frente al complejo problema forestal; la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, fue declarada inconstitucional, y la No.7171 de 28 de junio de 1990, se promulgó nuevamente con el texto de la anterior; la tutela de los recursos naturales ha sufrido avances significativos en los últimos tiempos; los instrumentos internacionales de derechos fundamentales y el desarrollo jurisprudencial han provocado cambios en la legislación internacional tendientes a proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; los cambios en la legislación han alcanzado a la propia constitución y actualmente se concibe al derecho al ambiente como un verdadero derecho humano; el desarrollo en este tema ha sido tal que se ha podido formular una verdadera clasificación jurídica: el derecho ecológico; de acuerdo con la Ley Forestal el patrimonio forestal del Estado incluye todo el territorio nacional y se subdivide en tres áreas: la comprendida por el régimen forestal, los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada y las reservas nacionales; el régimen forestal se define como el conjunto de disposiciones jurídicas, económicas y técnicas que dan contenido a la conservación; el régimen forestal tiene tres subáreas: a.-zonas protectoras, b.-parques nacionales, reservas forestales y biológicas, y c.-bosques y terrenos forestales; el término reservas nacionales se utiliza a partir de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 del 14 de octubre de 1961, para identificar todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de 1865, y luego por la Ley No.13 de 19 de enero de1939, como baldíos nacionales; se trata de los inmuebles que no están sometidos a la propiedad privada -no están inscritos en el Registro Público en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil- y aquellos que tampoco están inscritos a nombre del Estado o de sus instituciones; los baldíos nacionales resultan ser el remanente de las dos formas de propiedad anteriores; siguiendo los lineamientos del Código Civil, la Ley General de Baldíos Nacionales No.13 de 10 de enero de 1939, los declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República; La Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961, mantuvo la misma orientación y amplió las zonas declaradas por la ley anterior como inalienables; en general esas reservas han tenido límites -en cuanto a la superficie-, límites para poseerlas y para inscribirlas mediante el procedimiento de informaciones posesorias; todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar; de acuerdo con la regulación vigente el aprovechamiento en reservas nacionales solo se puede practicar mediante concesión otorgada por el Estado; el aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada no excluye estas tierras del patrimonio forestal del Estado; el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales; en las tierras donde existan recursos naturales, para poder explotar los recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales y obtener concesiones a largo plazo; el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular; en cuanto a los parques nacionales y reservas biológicas, El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias para lograr sus objetivos, y esos terrenos serán adquiridos por compra o expropiación; para la creación de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, el Estado deberá comprar, expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo; los bosques y terrenos de aptitud forestal son de utilidad pública y -en consecuencia- susceptibles de expropiación, salvo los sometidos voluntariamente al régimen forestal; los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyen las áreas forestales públicas y las privadas están sometidos al respectivo plan de manejo, para su conservación y fomento; la normativa forestal establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales; las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen porque pertenecen al Estado; solo procede la expropiación cuando se trata de bienes privados que se afectan para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales; en las fincas de propiedad privada para poder constituir la propiedad forestal necesariamente su titular debe someterse voluntariamente al régimen jurídico establecido por la ley, específicamente a las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad; para la creación de zonas protectoras en fincas sometidas a régimen privado, la ley somete a las mismas a un régimen forestal obligatorio, limitado a efectuar labores agrícolas o destrucción de vegetales -salvo autorización expresa- con las mismas ventajas otorgadas a los privados sometidos voluntariamente al régimen (véanse sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 189 de las 10:20 horas del 30 de octubre de 1991 y 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). De dicho análisis, se desprende que existen bienes con aptitud forestal capaz de ser parte de dominio de particulares y que cumplen un fin de utilidad público, por eso sometidos a un régimen especial de conservación en manos del administrado y son esos bienes precisamente a los que se refiere el numeral 7 párrafo segundo de la Ley de Informaciones Posesorias, pero éstos no pueden incluir a los bienes constitutivos de reservas nacionales porque estos están sujetos al régimen especial de demanio público que se encuentre fuera del comercio de los hombres, y la única forma de enajenación es mediante la desafectación dada por el legislador, es decir, su aprovechamiento por el régimen al que pertenece solo es posible por la figura de la concesión, pero resulta inadmisible el régimen de propiedad privad. De ahí que la existencia de una posesión como la alegada por el demandado no genera derecho alguno sobre el mismo, y en consecuencia tampoco podría pensarse que este prescrito el derecho del Estado de pretender su reivindicación, por cuanto en esencia el bien, no puede ajustarse a ningún plazo de prescripción en ninguna de sus dos variables sea positiva a efectos de ser usucapido o negativo a efectos de limitar el derecho de reivindicación del mismo en manos del Estado. En esa lógica resulta inatendible el argumento del demandado al señalar que la acción de lesividad se encuentra caduca por tratarse de un bien de naturaleza privada, por cuanto como se indicó al derivarse la titulación del bien de una reserva nacional, no existía posesión válida capaz de consolidar un derecho de propiedad como el que se reclama. Cabe advertir que igualmente por la naturaleza y vocación de estos bienes tal como se señaló en los considerandos anteriores, y sus características al ser inalienable, imprescriptible e inembargable, no resulta atinente la postura de la representación de la sociedad demandada, respecto a que no le resulta oponible la nulidad reclamada bajo el principio de publicidad registral y lo indicado en los numerales 455, 456 y 457 del Código Civil, posición que no puede ser atendida, para analizar el derecho y procedencia de la acción de lesividad, por cuanto, la naturaleza del bien es la base del criterio de lesividad, y esa naturaleza se encontraba conformada previo a la misma constitución de la inscripción registral del inmueble, ergo, es el sustrato fáctico que le da sentido u origen a la matrícula como acto representativo de dominio, al identificarse que dicho sustrato es de naturaleza pública, vacía de contenido el derecho real privado creado erróneamente, sin que sea posible, como lo pretende el demandado, que se mantenga la inscripción al amparo de la publicidad registral, siendo por ello imposible la existencia de una identificación inmobiliaria privada, con un contenido de demanio público. En todo caso, si bien nuestro sistema de derecho civil, protege la titularidad de los bienes adquiridos al amparo de la publicidad registral, tal criterio, no puede oponerse a la naturaleza de los bienes de carácter demanial, sobre todo en bienes como el discutido en este proceso, donde su vocación se remonta antes de la propia declaración de su condición en el año 1996 con la Ley Forestal, es decir no resulta válido que la posesión ejercida fuera trasmitida desde los años setenta como alegan los demandados, por cuanto su vocación tiene origen previo, en el tanto esa vocación es definida a estos bienes desde la existencia misma de ellos. Debe enfatizarse que la acción de lesividad ostenta una finalidad de reivindicación de ese dominio, en la medida en que la razón misma de la demanda, es la recuperación de un terreno que, siendo parte del régimen de demanialidad, se alega fue trasladado de manera ilegítima al régimen privado. Ahora cabe agregar, que si bien las partes demandadas sostienen que el bien titulado a su favor y posteriormente trasmitido a un tercero, nunca fue parte de una reserva nacional, ni se ha demostrado que haya tenido características de Patrimonio Natural del Estado, tal argumentación resulta carente de toda prueba que así lo sustente, más que con su propio dicho, al no haberse acreditado prueba técnica que desvirtué la calificación dada por el ente competente para establecer esa calificación como es el Ministerio de Ambiente, a quien el legislador le concedió la tutela y administración de esos bienes, por lo que el testimonio del propio demandado no es suficiente para desacreditar la certificación que consta en autos. Además es claro de los autos que incluso el plano catastrado utilizado para la titulación del bien, así como la inspección realizada al efecto de aquel trámite, evidencian que el sitio se encuentra ubicado en montaña y que su constitución en forma completa es bosque, condiciones propias de un terreno forestal constituyente de Patrimonio Natural del Estado, que en todo caso como se indicó, su origen viene de la autorización de titulación de Reservas Nacionales, circunstancia que el demandado no logra desacreditar, y es que debe insistirse, la transmisión del bien por compra venta no desvirtúa aquella característica de demanialidad como se explicó. Por otra parte, con lo que analizamos tenemos que este bien cumple con los requisitos para que se encuentre incorporado al demanio público, en su elemento subjetivo, su administración recae en manos del Estado a través del Ministerio de Ambiente, en cuanto al elemento objetivo, tenemos que se trata de un bien inmueble que es susceptible de integrar el demanio público, calificación que es de orden técnico y es aportada al expediente, al existir en los autos la certificación SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003 en la cual se certifica de parte del Ministerio de Ambiente y Energía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-862160-2003 a nombre de I.D.A. en posesión de MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO, CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 y 15 DE LA LEY FORESTAL 7575 DEL 16 DE ABRIL DE 1996". Además, el elemento normativo como requisito de bien demanial se configura como lo indicamos en el numeral 13 y 14 de la Ley Forestal y cumple con un fin, el cual es garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Cabe advertir, que es precisamente la existencia de esa certificación indicada, la cual fue presentada por el propio demandado para cumplir con los requisitos de titulación que exigía el Reglamento de Titulación de Reservas Nacionales que se origina un vicio en el acto, en el tanto, esa certificación indicaba la preexistencia de una condición que imposibilitaba la titulación en los términos de aquel reglamento y que constituye un vicio de nulidad absoluto, en el elemento motivo, que no es posible de ser subsanado como lo alega la sociedad demandada, en el entendido, que se trata de una condición indispensable y que no es posible de subsanar o convalidar, consecuentemente, tal vicio es suficiente para la declarar la nulidad de ese acto de titulación, más allá de la ausencia de cualquier otro requisito, de aquel acto de naturaleza reglado, al ser tan grosero el vicio expuesto, que la existencia en si misma de esa condición hace que la acción de lesividad sea procedente, al ser sin duda el inmueble objeto del proceso, parte del demanio público. Así las cosas, resulta procedente, declarar con lugar la demanda con respecto a la declaratoria de nulidad del acuerdo expuesto en el artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto del 2004 ,de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el cual se dispuso: "En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina Regional de Parrita según oficio OSP-163-04 y el visto bueno de la Dirección Regional Central según oficio S/N y la revisión de los requisitos exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva descrito en el Articulo XXI, Sesión 065-00 de 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el diario oficial La Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, al amparo de la ley de Tierras y Colonización 2825 del 14 de octubre de 1961 y la Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario 6735 del 29 de marzo de 1982 se autoriza segregar y traspasar la parcela para el título supletorio de dominio a Marvin Porras Sánchez cédula 1-427-886, la finca descrita en el plano 862160-2003”. Por conexidad se anula la materialización de dicho acuerdo mediante escritura pública número ciento uno otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, en el cual se titula la inscripción de la parcela 19297045 a nombre de Marvin Porras Sánchez, la cual se encuentra inscrita con el número de finca 139717-000 del Partido de Puntarenas, así como la escritura pública número 186 otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, en la cual Marvin Porras Sánchez traspasa la propiedad inscrita con número 139717-000 del Partido de Puntarenas a favor de Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima y por ende su respectiva inscripción. Por otra parte, es importante advertir que la representación de la sociedad demandada alega que por disposición del numeral 144 de la Ley General de la Administración Pública, debe indemnizarse su condición de adquirente de buena fe, no obstante, no formuló tal pretensión como procesalmente corresponde, vía contrademanda, lo que imposibilita analizar ese extremo, ante la ausencia de la ritualidad procesal, en garantía del derecho de defensa y debido proceso. Y es que debe aclararse que el numeral referido en la Ley General de la Administración Pública expone una causa de responsabilidad de la Administración, pero la misma no surge de forma automática, debe accionarse el derecho, acción en que se deberá demostrar además el cumplimiento de lo dispuesto en los ordinales 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Con base en lo analizado, concluye este Tribunal que el acto impugnado es lesivo a los intereses públicos y sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Por ello, de conformidad con los artículos 11, 128, 131, 132, 133, 158, 166, 169 y 171 de la Ley General de la Administración Pública, deberá declararse nulo el acuerdo establecido en el artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto del 2004 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, que dispuso: "En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina Regional de Parrita según oficio OSP-163-04 y el visto bueno de la Dirección Regional Central según oficio S/N y la revisión de los requisitos exigidos para el tramite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva descrito en el Articulo XXI, Sesión 065-00 de 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el diario oficial La Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, al amparo de la ley de Tierras y Colonización 2825 del 14 de octubre de 1961 y la Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario 6735 del 29 de marzo de 1982 se autoriza segregar y traspasar la parcela para el título supletorio de dominio a Marvin Porras Sánchez cédula 1-427-886, la finca descrita en el plano 862160-2003. Por conexidad se anula la materialización de dicho acuerdo mediante escritura pública número ciento uno otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, en el cual se titula la inscripción de la parcela 19297045 a nombre de Marvin Porras Sánchez, la cual se encuentra inscrita con el número de finca 139717-000 del Partido de Puntarenas, así como la escritura pública número 186 otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, en la que Marvin Porras Sánchez traspasa la propiedad inscrita con número 139717-000 del Partido de Puntarenas a favor de Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima y por ende su respectiva inscripción. De conformidad con los artículos 171 de la Ley General de la Administración Pública y 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo, esta declaración de nulidad absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados. XII.- Sobre las excepciones. Se formularon las excepciones de prescripción y caducidad, las cuales por las razones dadas resultan improcedentes, al tratarse de un bien perteneciente al demanio público, por lo que resulta imprescriptible su derecho y por ende la acción de lesividad no se encuentra sujeta al límite temporal previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Respecto a la falta de derecho, la misma debe ser rechazada, ya que, por las razones explicadas, el acuerdo impugnado resulta absolutamente nulo, por cuanto adjudicó una parcela cuyo 100% de cabida pertenece al dominio público, razón por la cual no podía ser objeto de titularidad a favor de sujetos privados y tal y como se indicó en los considerandos anteriores, el procedimiento de lesividad llevado a cabo es conforme al ordenamiento jurídico y cumple a cabalidad con todos sus presupuestos. XIII.- Sobre las costas procesales y personales. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima el Tribunal que existe motivo suficiente para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, ya que los accionados fueron traídos al proceso en razón de la nulidad que creó derechos subjetivos mediante el acto favorable que es el que se ha anulado en esta causa, lo que permite estimar que existe mérito para litigar, ya que la Administración es quien les indujo a error, al emitir un acto declarativo de derechos contrario al ordenamiento jurídico, por lo que se resuelve este asunto sin especial condena en costas. POR TANTO Se rechazan las defensas de caducidad, prescripción y falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar la demanda y se dispone: 1. La nulidad del artículo 39 de la sesión 31-04 del 23 de agosto del 2004 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, que autoriza segregar y traspasar la parcela para el título supletorio de dominio a Marvin Porras Sánchez cédula 1-427-886, la finca descrita en el plano 862160-2003. 2. Por conexidad se anula la escritura pública número ciento uno otorgada ante el Notario Público Luis Enrique Wong Sánchez, en el cual se titula la inscripción de la parcela 19297045 a nombre de Marvin Porras Sánchez, la cual se encuentra inscrita con el número de finca 139717-000 del Partido de Puntarenas. 3. Por conexidad se anula la escritura pública número 186 otorgada ante la Notaria Pública Gladys Marín Villalobos, donde Marvin Porras Sánchez traspasa la propiedad inscrita con número 139717-000 del Partido de Puntarenas a favor de Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima y por ende su respectiva inscripción. De conformidad con los artículos 171 de la Ley General de la Administración Pública y 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo, esta declaración de nulidad absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados. 4. Deberá comunicarse esta sentencia al Archivo Nacional y al Registro Nacional a efectos de las anotaciones respectivas en los protocolos y asientos indicados; así como para que, dentro del ámbito de sus competencias, dispongan las medidas que corresponda en Derecho a fin de garantizar el resguardo de los intereses públicos reconocidos en esta sentencia. Lo anterior se establecerá en fase de ejecución de sentencia. 5. Por existir causal eximente, se resuelve este asunto sin especial condena en costas. Notifíquese- Laura Gómez Chacón Alejandra Soto Fonseca Carlos José Mejías Rodríguez ??????????????? GRTEHNJZKVA61 LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????? GJJHTF432BYO61 ALEJANDRA MARÍA SOTO FONSECA - JUEZ/A DECISOR/A ??????????????? UIBCV5QQ5JY61 CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 15-010358-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:46:34. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal Contencioso Administrativo Resolution No. 01143 - 2024 Resolution Date: February 23, 2024 at 19:49 Case File: 15-010358-1027-CA Drafted by: Laura Gómez Chacón Type of Matter: Lesivity proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Judgments in the same vein Judgments from the same case file Content of Interest: Content Type: Majority vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Public domain Subtopics: Considerations regarding public domain assets constituting the State's natural heritage. Topic: Demanial asset Subtopics: Considerations regarding public domain assets constituting the State's natural heritage. Topic: Natural heritage Subtopics: Considerations regarding public domain assets constituting the State's natural heritage. "X. Regarding public domain assets constituting the State's Natural Heritage: This is a topic of extensive case law treatment, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated that: "(…) Pursuant to numeral 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), 'The State's natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony...'. Thus, there are three possibilities provided by the rule regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for immovable properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony." (Regarding this, judgments number 1070 of 9:45 a.m. on September 3, 2010, and 1088 of 8:55 a.m. on August 8, 2011, may be consulted). As indicated by the First Chamber in the referenced vote, the State's Natural Heritage is defined in the provisions of the Forestry Law, a regulation that further sets forth in its numeral 14 the condition of demaniality that covers the areas defined within the State's Natural Heritage, stating the following: "Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage: The forest lands and forests that constitute the State's natural heritage, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action to recover these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." In turn, regarding the inalienability of these lands, ordinal 15 of the same law states: "Article 15.- Impediments. Bodies of the Public Administration may not exchange, assign, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands owned by them or under their administration, without their having first been classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they shall automatically be incorporated into the State's natural heritage, and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry." In accordance with the preceding numerals, it is clear that assets constituting the State's Natural Heritage are demanial in nature by vocation, which by their condition are imprescriptible and inalienable and are outside the commerce of men [...]" ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Text of the resolution Document PJEDITOR ???????????????? CASE FILE: 15-010358-1027-CA - 5 PROCEEDING: COGNIZANCE PLAINTIFF: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEFENDANT: MARVIN PORRAS SANCHEZ No. No. 2024001143 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nineteen hours and forty-nine minutes on February twenty-third, two thousand twenty-four.- Lesivity proceeding brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by Rodrigo Cervantes Barrantes, in his capacity as special judicial attorney-in-fact, identification card 7896, against MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, identification number 1-0427-0886, and PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES S.A., represented by José Luis Rodríguez Jiménez, identification card 5194. The State, represented by Mauricio Castro Lizano in his capacity as Procurador, participates as an interested third party. WHEREAS 1.- The Instituto de Desarrollo Rural filed the lesivity complaint by way of a brief dated November 18, 2015, whose claims are as follows: "1. That this complaint be deemed filed. 2. That, due to being harmful to the public interests, the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, be annulled, solely with respect to the titling of the property Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, in favor of Mr. MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, of the qualities indicated above, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003. 3. As a consequence, that the public deed issued by the Instituto de Desarrollo Agrario be annulled, solely with respect to the titling of the property Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, in favor of Mr. MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, of the qualities indicated above, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003. 4. As a consequence, that the registry entry for the property registered under the Folio Real system, Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, issued by the National Registry, be annulled. 5. As a consequence, that any registration deriving from the registration of the immovable property registered in the National Registry, Province of Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, be annulled. 6. That the defendant be ordered to pay the costs of this proceeding." (Images 1-28, 117-120 of the electronic case file). 2.- The representation of Palacios y Paraísos Tropicales S.A. answered the complaint in the negative, asserting the defenses of expiration (caducidad), lack of right, and statute of limitations (prescripción). (Images 125-147 of the electronic case file). 3.- Mr. Marvin Porras Sánchez was declared in default by resolution at nine hours and twenty-five minutes on June twenty-first, two thousand sixteen. He appeared in the proceeding by way of a brief dated October 5, 2020, rejecting the complaint. (Images 185-186, 276-277 of the judicial case file). 4.- The preliminary hearing established in ordinal 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA) was held on December 7, 2017. At said hearing, the claims were set forth in accordance with the first whereas clause. The documentary evidence provided, consisting of the administrative file and testimonial evidence, was admitted. (Audio support in the Management System). 5.- On December 17, 2019, the State appeared in the proceeding as an interested third party, in accordance with resolution No. 117-2019-I at eight hours and thirty-five minutes on November twenty-seventh, two thousand nineteen. (Images 220-223 and 232). 6.- The oral and public trial was held with the participation of the parties on February 5, 2024. The proceeding was declared very complex in accordance with the provisions of numeral 111 of the CPCA. 7.- In the proceedings before this Tribunal, the formalities required by law have been fulfilled, and no nullities are observed that need to be remedied or that cause defenselessness. After deliberation, this resolution is issued unanimously, drafted by Judge Gómez Chacón, with the favorable vote of Judge Soto Fonseca and Judge Mejías Rodríguez. WHEREAS: I.- Regarding evidence for better resolution: The defendant parties, during the oral trial, offered the following documents as evidence for better resolution: Purchase and sale letter from Pedro Godínez Zúñiga to Víctor Godínez Alvarado, purchase and sale letter from Víctor Godínez Alvarado to Filiberto Porras Fonseca, promissory note from Filiberto Porras Fonseca in favor of Víctor Godínez Alvarado, sworn statement before a Notary Public of Secundino Picado León, executed on March 12, 2008, which recounts the ownership of the property in question, sworn statement before a Notary Public on March 12, 2008, of Carlos Morales Cruz, by which he indicates that he acted as a witness to the purchase that Mr. Eliberto Porras Fonseca made from Mr. Victor Godínez Alvarado on April 15, 1974, where the sale and promissory note were executed jointly. Regarding the documents provided, this Chamber deems that, due to the manner in which this matter is resolved, they are immaterial for the resolution of the case; consequently, said evidence is deemed rejected. II. Proven facts. The following is deemed accredited as relevant for the purposes of this proceeding: 1. On November 26, 2003, Mr. Marvin Porras Sánchez submitted an application before the Department of Agrarian Management (Departamento de Ordenamiento Agrario) to title the property located in Santa Juana, of the Third District Naranjito, Sixth Canton Aguirre, of the Province of Puntarenas, which is described in cadastral plan number P-862160 of the year 2003, with a measurement of 96,829 meters and 30 square decimeters. He alleged that he had obtained original possession for more than fifteen years, at a value of one hundred thousand colones. The declarations of Trinidad Vargas Castillo, Carmen Artavia Barrantes, Secundino Picado León, Eduardo del Carmen Artavia Barrantes, and Eliberto Porras Fonseca were provided with said application, in addition to providing the following documents: Original cadastral plan, copy of identity card, certification from MINAE, certification from the National Registry indicating that he has not registered any immovable property under the Ley de Informaciones Posesorias and its amendments, sworn statement before a notary public that the property is not registered with the Public Registry, and that he has no judicial or extrajudicial dispute over this land. Regarding said application, the Instituto de Desarrollo Agrario conducted an on-site inspection, determining that the immovable property for which titling is requested, in which it is recorded that the area encompasses a total of nine hectares, 6,829 square meters, of forest (Images 20, 21, 36-38 of the judicial case file); 2. By way of official letter SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003, the Ministry of Environment and Energy, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), certified, indicating: "Upon conducting the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a scale of 1:50,000, it has been determined, based on the location recorded in cadastral plan number P-862160-2003 in the name of I.D.A. in possession of MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, that this describes an immovable property located OUTSIDE ANY PROTECTED WILD AREA OF WHATEVER MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT CONSTITUTES STATE NATURAL HERITAGE ACCORDING TO ARTICLES 13, 14, AND 15 OF LEY FORESTAL 7575 OF APRIL 16, 1996." Said certification, issued on July 21, 2003, was provided by Marvin Porras Sánchez for the land titling application process before the IDA. (Image 40 of the judicial case file); 3. The Public Registry certified, at the request of Marvin Porras Sánchez, that he does not appear with properties registered in his name acquired under the Ley de Informaciones Posesorias. (Image 41 of the judicial case file); 4. By way of a sworn statement issued in public deed number two hundred eighteen, before Notary Public María Verónica Méndez Reyes, it is described that: "He is the owner of the property described, which is mountainous terrain in nature, located in Santa Juana, third district of Naranjillo, in the Canton of Aguirre, Province of Puntarenas, bounded on the North by Eliberto Porras Fonseca, on the South by Inversiones Fafer S.A., on the West by Roberto Muñoz Sánchez, and on the East by a public road, measuring ninety-six thousand eight hundred twenty-nine meters and thirty square decimeters, according to cadastral plan P- eight- six- two- one six- zero- of two thousand three, free of encumbrances and annotations, an immovable property that is within the Puriscal Parrita Titling Project, under folio real San José one, two, nine, three, nine, zero, zero, zero." (Images 42-43 of the judicial case file); 5. That plan P-822160-2003 describes the land owned by the IDA in the possession of Marvin Porras Sánchez as mountainous. (Image 49 of the judicial case file); 6. By way of article 39 of session 31-04 of August 23, 2004, of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, based on the "Puriscal Parrita Titling Program" created by Decreto Ejecutivo number 3667-G of March 18, 1974, it was ordered: "In compliance with institutional policies and with the recommendation of the Regional Office of Parrita according to official letter OSP-163-04 and the approval of the Central Regional Directorate according to official letter S/N and the review of the requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator, and in accordance with the agreement of the Board of Directors described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and all the requirements established in the Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales published in the official gazette La Gaceta 173 of September 10, 2002, having been met, under the Ley de Tierras y Colonización 2825 of October 14, 1961, and the Law creating the Instituto de Desarrollo Agrario 6735 of March 29, 1982, it is authorized to segregate and transfer the lot for the supplementary title of ownership to Marvin Porras Sánchez, identification number 1-427-886, the property described in plan 862160-2003. It is added in said agreement that the costs shall be paid within a one-year term and shall be guaranteed by a first-degree mortgage in favor of the Instituto de Desarrollo Agrario, bearing interest of 8% on the balances, except for those who pay at the time of signing the deed. The conditions and restrictions to which the lots and parcels of this agreement are subject are the same as those contained in article XVIII of the Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales, published in La Gaceta 173 of September 20, 2002. Messrs. Walter Céspedes Salazar, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, are authorized to appear, when appropriate, before the assigned notary Luis Enrique Wong for the granting of the respective transfer deeds. Once the signing of the protocol is concluded and the main deed is closed, the notaries may not make use of this agreement for individual procedures." (Images 53-56 of the judicial case file, an uncontroverted fact); 7. By public deed number one hundred one, granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez, the registration of lot 19297045 in the name of Marvin Porras Sánchez is titled. (Images 59-66 of the judicial case file); 8. By public deed number one hundred eighty-six, granted before Notary Public Gladys Marín Villalobos, Marvin Porras Sánchez transferred the property registered under number 139717-000 of the Partido de Puntarenas in favor of Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima. (Images 66-74 of the judicial case file); 9. By Agreement Number 47 of Ordinary Session 36 of October 5, of the Board of Directors of INDER, the administrative acts issued through agreements 39 and 49 of ordinary session 031-04, held on August 23, 2004, session 49 of ordinary session 025-05 held on July 4, 2005, 50 and 57 of ordinary session 044-04 held on November 29, 2004, 53 and 58 of ordinary session 022-05 held on June 13, 2005, 53 of session 039-05 held on October 10, 2005, and 45 of ordinary session 016-04 held on May 3, 2004, are declared harmful to the public interests. (Images 76-86 of the judicial case file); 10. Mr. Marvin Porras testified at the oral trial, indicating that the asset was acquired from Víctor Fonseca, that it was never the IDA's, and that the INDER instrumentality was used to title it. He indicates that the land has a forestry objective; ecotourism is practiced there today; the crops were abandoned, and it remained as a secondary forest (bosque forestal secundario). There was forest, but very little; the property abandoned its crops because it entered into forestry incentives (incentivos forestales). He indicates that the property described in the purchase-sale letter from Víctor Fonseca is the property described in the cadastral plan. The second purchase-sale describes the same property. He explains that Filiberto is the one who sold it to his father. There were agroforestry plantings. Agriculture that are shrubs is what it refers to; there was achiote; they were titled through the IDA system, which was easier than titling through possessory information (información posesoria). The payment described in the promissory note is for the purchase of the sale; it was purchased in installments. (Audio in SIGAO); 11. Mr. Eduardo Artavia Barrantes testified at the trial, stating that the property belonged to Live Porras; he knows it because his father worked there and took him there as a child; the property is on the road to San Marcos de Tarrazú, between Paso Real and Santa Juana. His father took him to that property when he was between 9 and 10 years old; he is now 59 years old. His father went to work on the achiote plantings; he would clean those crops and helped his father on that property; later, he no longer visited the place. He knows that some canopy tours are located on the property; he knows nothing more about it. It had parts of forest, pastures, a house, and the achiote fields. It was mixed; no one completely cleared the mountains. Its working parts were maintained. (Audio SIGAO); 12. The present proceeding was filed before this Court on November 18, 2015. (Image 9 of the judicial case file). III. Facts not proven: 1. That the immovable property titled in favor of Marvin Porras Sánchez, registered under number 139717-000, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003, was outside a National Reserve. (The case file). IV. Subject matter of the proceeding: The present proceeding analyzes the lesivity of the acts: a. Article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, solely with respect to the titling of the property Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, in favor of Mr. Marvin Porras Sánchez, of the qualities indicated above, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003. b. The public deed issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, solely with respect to the titling of the property Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, in favor of Mr. Marvin Porras Sánchez, of the qualities indicated above, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003. c. The registry entry for the property registered under the Folio Real system, Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000, issued by the National Registry. It is requested that said acts be declared harmful based on the following arguments: The Instituto de Desarrollo Agrario, today the Instituto de Desarrollo Rural, promoted a series of Titling Programs in National Reserves (Programas de Titulación en Reservas Nacionales), based on the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales number 7599 of August 9, 1996, on articles 11 and 12 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, and on article 32, subsection a) of the Law Creating the Instituto de Desarrollo Agrario No. 6735. The aforementioned Titling Programs were established as a national necessity, given that there were large extensions of national territory where farmers lacked a title of ownership. The IDA's work under the cited programs was aimed at declaring Titling Zones (Zonas de Titulación) in areas where people were in possession of the land but lacked a title of ownership, proceeding to carry out the survey and cadastre of the properties not registered in the Public Registry and to register the respective title, with the beneficiaries having to pay the costs for the titling and surveying, these costs being significantly lower than the market average for titling land and having to be paid to the IDA within a maximum one-year term. Among these Titling Programs was the one called "Puriscal Parrita Titling Program" created by Decreto Ejecutivo number 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta number 72 of April 17, 1974. An area of 267,239 hectares was registered in the National Registry under the name of the IDA, with Folio Real Registration number 219039-000. Within the framework of the Puriscal Parrita Titling Program, and by way of a brief filed with this Institute, the defendant, on November 26, 2003, filed an application for the titling of lot 97045 of block 192, described in Cadastral Plan number P-0862160-2003. The titling file shows that certification number SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003, dated July 21, 2003, was presented prior to the titling of the immovable property in favor of the defendant, issued by the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, and provided by the interested party himself before the registration of lot 192-97045 in favor of the defendant, establishing that the immovable property is located outside any protected wild area of the environment and energy. However, it partially constitutes State natural heritage according to articles 13, 14, and 15 of the same law. The defendant did not present, within the lot titling process, the study of land use compliance (estudio de uso conforme de suelo) from INTA or from some duly accredited private professional to carry out such a study. There is no record that any report from the Instituto Geográfico Nacional was presented. In the process of titling the property, the requirements that would support said registration in favor of the defendant were not met. By agreement of the IDA's Board of Directors, adopted in article 39 of Ordinary Session 031-04, held on August 23, 2004, the segregation and transfer of the immovable property in favor of the defendant is authorized, said property being lot number 192-97045 of the Puriscal Parrita Titling Project, located in the District of Naranjillo, Canton of Aguirre, Province of Puntarenas, with a measurement of ninety-six thousand eight hundred twenty-nine meters and thirty square decimeters, corresponding to the property Partido de Puntarenas, Folio Real number 139717-000, Cadastral Plan number P-0862160-2003. By public deed number 101, granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez, the Instituto de Desarrollo Agrario segregated and transferred the aforementioned lot to the defendant. By public deed number 186, granted before Notary Public Gladys Marín Villalobos, the defendant Porras Sánchez transferred the aforementioned property in favor of the defendant Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima. A document was prepared called "Study to Support Oversight Work on Land Titling in the Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Llanuras de San Carlos y Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz, and Zona Norte projects of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)", which was sent by way of No. DGEO-096-08 of August 5, 2008, describing the situation of the lands that make up the Coto Brus Project, among others. By way of Report No. DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, from the Contraloría General de la República, called "Resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado" and addressed to the Instituto de Desarrollo Agrario, it is indicated that said study made it possible to determine that, within the framework of the content of the different titling projects and in contravention of articles 13, 14, 15, and 33 of Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996, the IDA titled properties with partially or totally forested forest cover (cobertura boscosa) or that had land use and topographic characteristics that gave them the category of lands suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal) and protection areas (áreas de protección), and therefore, could not leave the Administration of the State nor be susceptible to being titled in favor of the applicants, as they are part of the Natural Heritage, and because all and each of the necessary requirements to proceed in accordance with the legality framework in force at that time, for the treatment titling to be appropriate, were not met or provided. By agreement adopted by the Board of Directors of INDER in article 47 of Ordinary Session 36-2015 of October 5, 2015, the administrative act issued through agreement number 39 of Ordinary Session number 031-04, held on August 23, 2004, of the Board of Directors of this Institution, which gave rise to the title of ownership registered in the Property Registry, Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139717-000 in favor of Mr. Marvin Porras Sánchez, was declared Harmful to the public interests, for having been granted to the detriment of the State's natural heritage. It is verified that, in the process of titling said lot, there was non-compliance with the necessary regulatory requirements set forth in the Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales number 7599 of April 29, 1996, in conjunction with Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996, and the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S HACIENDA-MOPT, which established requirements for the titling of lots by the IDA, non-compliance that generates defects in the administrative act. The grounds for nullity in the cases subject to this proceeding affect the public interest, since, due to the non-compliance with the aforementioned regulations, the IDA authorized the transfer of said lot, which is part of the State's Natural Heritage. First, a brief reference must be made to the titling programs by which the IDA titled properties in favor of private individuals. The lands that formed part of the titling projects were transferred to the IDA by decree (in the specific case of the "Puriscal-Parrita Titling Program" created by Decreto Ejecutivo number 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta number 72 of April 17, 1974, an area of 267,239 hectares was registered in the National Registry under the name of the IDA, with Folio Real Registration 219039-000), for the purpose of fulfilling the respective titling projects. These transfers of the areas to be titled were justified by the tenancy of unregistered properties by possessors and involved a legal fiction (ficción legal), by which an extensive geographic area was transferred to the IDA that indistinctly encompassed registered and unregistered lands, property of the State and of private individuals, with or without possessors; hence, the transfers were made without prejudice to rights already registered over specific portions within the general perimeter of the respective zone, nor to possessory information rights in process at the time the decree for the Titulación de Tierras en Reservas Nacionales was published in the Gazette, or those to be registered in the future, nor to portions intended for public use. These transfers aimed to give the IDA an instrument so that it could segregate and transfer them, also under a legal fiction, and thus register properties in favor of the possessors who had possessed those lands under the conditions established by the legal system, for the purpose of facilitating access to credit. In the case of the lot in question, registered in favor of the defendant, the fact of having possessed the lands, which evidences the pre-existence of possessory tenancy of the lots prior to the agreement of the Board of Directors for their transfer (adopted in article 39 of Ordinary Session number 031-04, held on August 23, 2004). In this sense, it is considered that the cause of acquisition of those lands by the possessors was the possession exercised by them, and not the transfers or sales made by the IDA, since the Institute received only the cost of preparing the corresponding plans in exchange, and not the price per se of the properties. In this sense, there was no agreement between thing and price; the Institute could not transfer the lands to the highest bidder but rather had to transfer them to the possessor who demonstrated compliance with the legal requirements, limiting itself to verifying those requirements. The legal nature of the acts in the titling projects carried out by IDA was merely declaratory; they were limited to recognizing the right of ownership acquired by a person through the figure of adverse possession (usucapión), for its registration in the Public Registry, and were not constitutive acts of the right of ownership. IDA incurred, within the titling procedure for that property, the very defect that produces the nullity of the administrative transfer act. Thus, it must be noted that the Board of Directors of IDA was recommended to authorize the transfer of the respective parcel, supposedly because the requirements formerly established in Law 7599 had been met, this being the reason for the administrative acts that agreed to the transfer of the property in question in favor of the defendant. Despite this, it was found that such compliance did not occur due to the following: In the titling case file, at folio 6, there is certification number SINACDS-OFAU-C-3125-2003, dated July 21, 2003, prior to the titling of the property in favor of the defendant, issued by the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, and provided by the interested party himself, before the registry inscription of parcel 192-97045 in favor of the defendant, establishing that the property is located outside any protected wilderness area, regardless of its management category administered by the Ministry of Environment and Energy. However, it partially constitutes state natural heritage (patrimonio natural del estado) according to Articles 13, 14, and 15 of that same law. Despite the evident lack of that requirement, the titling of the respective parcel was recommended, even though, as was indicated, lands under the administration of MINAE should be excluded from the titling process, as is the case with State Natural Heritage under the Forestry Law (Ley Forestal), and therefore, in this case, a defect of evident and manifest absolute nullity was generated. Additionally, there is no record that the conforming land-use study (estudio de uso conforme de suelos) was submitted, which is required by the Regulation to the Land Use Law (Reglamento a la Ley de Uso de Suelos) number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Thus, Article 58 of this regulation provides: "In any possessory information (información posesoria) submitted before IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate with an adequate soil study that they have exercised possession in compliance with the conforming land use for the activity they carry out, according to the approved methodology and executing them with the best management practices, according to the best available technology, in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of Law 7779 and its regulation." This Article 58 establishes that in any possessory information submitted before IDA, the title applicant must demonstrate with an adequate soil study that they have exercised possession in compliance with the proper land use, a study that IDA must obligatorily have. Regarding this regulation, the regulation entered into force on March 21, 2001, that is, prior to the titling of parcel 192-97045 in favor of the defendant; hence, the study was mandatory, and its non-compliance generates another defect of absolute nullity. By virtue of the foregoing, it must be stated that the cause of nullity of the titling of the parcel in question resides in the non-existence, within the block of legality, of any rule or procedure to carry out titling of this type or to justify the issuance of a valid and effective administrative act, in accordance with the Principle of Legality of Public Law, and the rules governing the application of Public Law in time and space. Article 158 of the General Law of Public Administration provides that the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly demanded by the legal system, shall constitute a defect thereof, an article which, in relation to Article 166 of the same law, establishes that there shall be absolute nullity of the act when one or several real or legal constitutive elements are totally lacking, and Article 167, which provides that there shall be relative nullity of the act when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the realization of the purpose, in which case the nullity shall be absolute. All of these related articles allow the conclusion that the lack of essential requirements for the titling of the referenced parcel produces the absolute nullity of said administrative act. For its part, Article 133 of the General Law of Public Administration, when referring to the motive as an element of validity of the administrative act, provides that it must be legitimate and exist as it has been taken into account for issuing the act. In the case of land titling in National Reserves, the motive was regulated, so the non-compliance with the requirements established in the respective law or regulation, as occurred in the case at hand, constitutes in itself defects of nullity of the act, for not existing as it would have been taken into account for its issuance. Article 129 of the Political Constitution establishes that acts and agreements contrary to prohibitive laws shall be null, unless the same laws provide otherwise. Articles 13, 14, 15, 33, and 34 of the Forestry Law correspond to prohibitive norms, and the administrative act that authorized the transfer of the parcel in favor of the defendant is contrary to such norms, since through said act, the titling of lands that form part of a National Wildlife Refuge, consequently of State Natural Heritage, was authorized, which undoubtedly contravenes Article 13 of the Forestry Law, which declares as State Natural Heritage the forest lands and forests in National Reserves and subjects them to the administration of MINAE; Article 14 of the same law, which establishes the condition of unseizability and inalienability of the lands of that natural heritage, that the possession thereof by private individuals does not generate any right and they cannot be registered by possessory information, the State's reivindicatory action being imprescriptible; Article 15, also of that law, which refers to the impediments of the Public Administration to transfer, deliver, or lease rural properties of its ownership or under its administration, without them having first been classified by MINAE; and finally, 33 and 34 of the Forestry Law, which declare protection areas, the consequence of the contravention of the related articles being absolute nullity. The nullity of the administrative act (due to non-compliance with essential requirements and for being contrary to prohibitive norms) through which the titling of the property discussed here was produced, harms the public interest, since through said absolutely null act, lands that form part of the State Natural Heritage are titled. According to Article 28 of the Political Constitution, private actions that do not harm public morals or order, or that do not harm a third party, are outside the action of the law; the titling of State Natural Heritage harms public order by preventing the enjoyment of the right that every person has to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of Article 50 of the Political Constitution, which is in turn a norm of public order. To the above must be added that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental third-generation right, which arose with the Universal Declaration of Human Rights in 1948. For its part, the 1988 Lisbon Declaration, issued within the framework of the "International Conference on Guarantees of the Human Right to the Environment," urged recognition of the right that a person has to live in a healthy and ecologically balanced environment, and at the same time suggested that states create legal mechanisms that make it possible for each individual to exercise and demand without impediments the right to inhabit a healthy environment for the development of their life. V. On the position of the defendants: They point out that, in accordance with numeral 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the Administration has the power to sue for the annulment of an administrative act before this jurisdiction, within a period of one year from the day after it was issued. Subsection 2) of the time limit saves, regarding the protection of public domain assets. Now then, taking into account that the act predates the entry into force of the current Contentious-Administrative Procedure Code, its Transitional Provision III must be applied, which refers to the regulations in force at the time of its issuance, this being that written in the Regulating Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, now repealed, which stated in its numeral 35: "1. When the Administration itself, author of some act declaratory of rights, intends to sue for its annulment before the contentious-administrative jurisdiction, it must first declare it harmful to public, economic, or other interests, within a period of four years counted from the date on which it was issued." From both legal provisions, it is clear that the annual or quadrennial period has already lapsed amply, and especially regarding the defects argued by INDER in facts 6 and 7 of the lawsuit, since they are not related at all to the supposedly public-domain nature of the land. By virtue of that, expiration has occurred and it is requested that it be declared. Given the public-domain nature that is alleged and which is characterized by imprescriptibility, if it were a public domain asset, being state natural heritage, there would still be time to sue for harmfulness (lesividad). However, that is only if it is indeed a public domain asset. The public nature of an asset depends on the will of the legislator, so its affectation or disaffectation is normally done via ordinary legislation. INDER alleges that the public-domain nature of the asset owned by its represented party comes from the declaration of state natural heritage set forth in Forestry Law No. 7575. Indeed, Forestry Law No. 7575, published in La Gaceta No. 72 of April 16, 1996, provides as of that date that "the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration," become part of the public domain. Firstly, it should be noted that, on the date of publication of the law, INDER, formerly IDA, was not the owner of the farm that today belongs to its represented party, nor on that date had the territory been declared inalienable, and it did not form part of national reserves since they were unregistered private property. It must be considered that the legislator, in the same Forestry Law No. 7575, in its Article 72, introduces a modification to Article 7 of the Possessory Information Law, which allows the titling of lands covered by forest, even in those cases where such lands form part of protected wilderness areas. Based on what the legislator has provided, it must be interpreted that the public-domain nature of the asset arises provided that there are no possessors on the land who could title said asset, by demonstrating that they have possessed it for ten years or more in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owners, caring for the forest and delimiting it with fences or firebreaks. That is the only reasonable interpretation, because if public domain were recognized without being subject to that exception, no one could title lands in forest, in which case the cited numeral 7 would have no reason to exist. The Constitutional Chamber itself analyzed the content of numeral 7 of the Possessory Information Law, confirming the possibility of titling properties covered by forest, even when they are in protected wilderness areas. That being the case, if the real property can be titled by private individuals who demonstrate ten-year possession, it means that it does not have the condition of a public domain asset, and therefore, the action to establish harmfulness in the contentious-administrative venue is subject to a time limit, which in the particular case has been exceeded since it expired on August 23, 2008. Interpreting it differently would imply endorsing a clear confiscation, which is not in accordance with the principles that comprise our legal system and the regime of law and justice that Costa Rica has chosen. Based on the considerations set forth, given that the real property subject of the Litis does not form part of the public domain, as it has been in possession by private individuals for more than ten years before the declaration made in the Forestry Law, and the right of the private individual to acquire by adverse possession (usucapir) and title it in their name by fulfilling the aforementioned requirements is recognized, the State and any other institution such as INDER have been barred by the fatal statute of limitations (prescripción) from attempting to appropriate the territory, by virtue of which the preliminary exception of statute of limitations is raised. There are two types of procedure to attempt a declaration of nullity, based on the principle of "irrevocability of one's own acts" (inderogabilidad de los actos propios) that prevents the Administration from unilaterally revoking acts that have granted rights to third parties. The first is that in which the administration resorts to the harmfulness procedure (procedimiento de lesividad) contemplated in Article 174 of the General Law of Public Administration in concordance with Articles 10 subsection 5 and 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code. The second allows the declaration of nullity in the administrative venue, prior administrative procedure and a favorable opinion from the Attorney General's Office or the Comptroller General's Office in the case of acts related to administrative contracting. In the procedure examined here, the Administration has chosen harmfulness, reserved for those cases in which it is facing a relative or absolute nullity, but which is not evident and manifest, this last aspect being of vital analysis, for if the condition or nature of the titled land were easily classifiable as public domain, another route would have been chosen. In the harmfulness process, it is necessary that the head of the Administration that adopted the act sought to be annulled carries out an analysis and, based on the results of the examination, issues an act or resolution declaring the harmfulness. That declaration of harmfulness to public, economic, or other interests must first establish the defects and their seriousness in order to determine whether we are facing a nullity that is, in turn, sufficient to be harmful to the public interest. The reasons for that declaration must be extracted clearly and precisely from the act, otherwise the primary requirement for this trial is not met. Indeed, the administrative resolution that declares the harmfulness, and whose evidence the plaintiff provides numbered as 9, does not establish or determine in any way what the substantial discrepancy with the legal system is that constitutes the invalidity of the administrative act declared harmful (Art. 158.2 of the General Law of Public Administration); it does not even make an analysis of the elements of the act in order to locate the existence of some defect in one of them, according to the guiding standard of numeral 158.1 Ibidem. And much less does it identify against which public interest that other act is harmful, which obviously does not constitute a proper and correct reasoning (Arts. 133 and 136 of the General Law of Public Administration). The alleged omissions that INDER makes and that serve as the basis for the request for harmfulness, consisting of the absence of a "soil study" and "IGN study," are omissions that fall at most within the sphere of relative nullity; therefore, it is possible to apply the regime of remediation or validation (saneamiento or convalidación) of administrative acts. Validation is carried out through a new administrative act that contains express mention of the defect and its correction, and has retroactive effects to the date of the validated act. In the new act, the irregularities or defects shall be deemed corrected or remediated; consequently, since we are facing correctable defects, what the Administration must do is apply subsection 2 of numeral 174 of the General Law of Public Administration, which states: "Article 174.- 1. The Administration shall be obligated to annul ex officio the absolutely null act, within the limitations of this Law. 2. The ex officio annulment of the relatively null act shall be discretionary and must be justified by a specific, current reason of opportunity. The act declaring harmfulness by the Board of Directors of INDER does not derive any reasoning in any sense, so the basic requirement to resort to this route is not met, the special judicial attorneys of said institution having no powers to substitute the judgment of the Administration, nor to provide arguments that do not derive from the harmfulness resolution. Another reason why the exception of lack of right is appropriate is that the Administration has not managed to prove that the real property it now intends to appropriate is a public domain asset. Except for a certification without any technical support, it does not have evidence that would prove that the property was forest on the date of titling, and in turn, that it was not in possession ad usucapionem by private individuals. Finally, the exception of lack of right is appropriate, inasmuch as admitting that the State, in this case INDER, has the power to register unregistered private properties in its name, with the intention of facilitating their titling, only to later claim without any reason that those territories belong to it, results in the legalization of confiscation, which violates the most elementary principles of Administrative Law, which has proscribed, at least in our country, "arbitrariness." The figure of the third-party acquirer in good faith (tercero adquiriente de buena fe) presupposes that a person, whether natural or legal, acquires an asset with the belief that it is being transferred by the legitimate owner and in ignorance of the possible defects of the acquisition. In legal systems like ours that have a public registry of real property, registry publicity makes the acquirer rely on the person who appears as the owner according to the registry. An acquirer is in good faith, provided they do not know beforehand of the defects affecting the validity of the right and its registration, or the invalidity is not apparent from the registry entry. The doctrine of the acquirer in good faith based on registry publicity is contained in our Civil Code in Article 456, which provides: "Article 456.- Registration does not validate acts or contracts that are registered that are null or voidable according to law. However, acts or contracts executed or granted by a person who appears in the Registry with the right to do so, once registered, shall not be invalidated with respect to third parties, even if the right of the grantor is subsequently annulled or resolved by virtue of an unregistered title, or implied causes, or causes that, although explicit, do not appear in the Registry." On the other hand, Article 457 of the same legal body protects the registered owner against rescission or resolution actions that could invalidate the right of the transferor, with the only exceptions established by the same norm. It establishes: "Article 457.- Rescission or resolution actions shall not harm the third party who has registered their right. Excepted are: 1st.- Rescission or resolution actions that originate from causes that, having been expressly stipulated by the parties, appear in the Registry. 2nd.- Rescissory actions for transfers in fraud of creditors in the following cases: 1st.- When the second transfer was made under a lucrative title; and 2nd.- When the third party had knowledge of the debtor's fraud." The foregoing is based on the principle of publicity or public registry faith, as already explained, which presupposes that whoever appears in the Public Registry as the holder of real rights is the legitimate owner. This principle seeks legal certainty with respect to the chain of title of real property, as well as to preserve the public interest that rests on the protection of fundamental legal rights for social coexistence, as is the case with the right to private real property. The protection offered by this principle of public registry faith is manifested in the sense that, in the event of the invalidity of the ownership right of the non domino, the ownership right of the third party who acquires does not carry along the invalidity of the previously registered right. Hence, the protection that our legal system grants to the third-party acquirer in good faith is clear, who maintains their right despite the possible nullity or annulment of the prior legal transaction or contract. By reason of what has been stated, my represented party, as an acquirer in good faith, is not only the owner of the property but also acquired it from the person who appeared as the owner in the Registry, added to the fact that INDER has never been the owner, since the registration in its name at one time had the sole purpose of facilitating the formalization of the rights of private individuals, who possessed as owners, and fulfilled all the requirements for titling, among them having exercised ecological possession, which, as we note, is duly recognized, and excludes, in the case under examination, the possibility that the land has become part of the public domain. In any case, as established by Article 144 of the General Law of Public Administration: "1. The administrative act may not have effect, nor be executed, to the detriment of subjective rights of third parties in good faith, unless there is an express or unequivocal provision to the contrary in the legal system. 2. Any injury caused by an act to the subjective rights of third parties in good faith must be fully compensated, without prejudice to the appropriate annulment," given that neither the administrative file nor the judicial file reveals the existence of provisions by the Public Administration to fully compensate its represented party, which must be at least a concomitant action, given the evidence that this involves an acquisition under the registry publicity of its represented party. I request the Court to consider that the cited provision is clear, obligating the Administration to proceed with the compensation for subjective rights of third parties in good faith, a condition that INDER acknowledges; therefore, it must act accordingly, as the norm does not oblige the third party to have to file a counterclaim or sue in a separate trial, aggravating their damages. For his part, defendant Porras Sánchez opposes the lawsuit, pointing out that the titling of the asset was carried out on an asset suitable for titling, as it was always private property, having been acquired through a legitimate purchase-sale title. He thus considers that it has never been a public domain asset; he simply resorted to the titling process of the Institute of Agrarian Development out of convenience. VI. On the position of the State: It points out that in ordinary session of the Board of Directors No. 36-2015 of October 5, 2015, article 47, INDER declared harmful the challenged resolutions that originated registration 6-139717-000, plan P-862160-2003, with a mountain area of 9 Ha. 6829.30 square meters. In said titling procedure, the soil study from INTA and the report from the National Geographic Institute were not submitted. In addition, the SINAC-DS-OFAUC-3125-2003 certification of July 21, 2003, indicated that the aforementioned property constitutes State Natural Heritage. In that vein, note that the field inspection report of March 29, 2004, carried out by the official of the Regional Office of Parrita, reported that the property in its entirety presents a forest area of 9 Ha. 6829.30 square meters. In addition to the protected wilderness areas, that Heritage also includes forests, forest lands, or lands with that aptitude. The procedure in this case was carried out based on the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, adopted by resolution of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002, which was annulled in the constitutional venue with "retroactive effects to the date of entry into force of the norms being annulled, being August twelve, two thousand two," due to the IDA's lack of competence to issue it and the non-existence of legal grounds to support it. Therefore, the administrative acts challenged here are vitiated with absolute nullity because they affect State Natural Heritage and were carried out based on an unconstitutional regulation. Additionally, Article 10 of the cited annulled Regulation only allowed the transfer of lands "that are not subject to the administration by MINAE" and required an "original certification issued by MINAE stating that the land to be titled according to the cadastral plan is not affected or immersed within... State natural heritage." Article 1 of the annulled Regulation stated: "The purpose of this legal instrument is to regulate what is established in the Land and Colonization Law regarding the titling of lands in National Reserves...". However, the Land and Colonization Law, No. 2825 of October 14, 1961, does not regulate land titling; it only deals with parceling in Articles 49 to 81, and colonization in numerals 82 to 91. Titling, or the procedure to obtain a registrable title of ownership, based on the exercise of possession ad causam, with the requirements listed in the Civil Code, is different from parceling and colonization. Parceling and colonization are declaratory agreements to acquire ownership from the public agrarian entity, with prerequisites different from titling. Even colonization can have land tenure regimes other than ownership, such as lease, with or without a purchase option, sharecropping, or usufruct. The Land and Colonization Law did not authorize IDA to title or to issue a Regulation for the Titling of Lands in National Reserves. That Regulation evaded legislative competence by creating a special, summary administrative procedure excluding the judicial one provided for in the Possessory Information Law, No. 139 of July 14, 1941. Even more so by reforming the titling rules, authorizing it on lands registered in the name of IDA (Articles 7 of the Regulation and 1 of the Possessory Information Law). All the regulations that in the past authorized administrative titling before ITCO or IDA, now defunct, had the rank of law: Law of Administrative Possessory Information No. 3971 of October 11, 1967, Possessory Information Law No. 4545 of March 20, 1970, and Law of Multiple Land Titling No. 5064 of August 22, 1972. The certification No. SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 of July 21, 2003, indicated that plan P-862160-2003 constitutes State Natural Heritage; in the same sense, the field inspection of March 29, 2004, carried out by the official of the Regional Office of Parrita, confirmed that the property in its entirety presents a forest area of 9 Ha. 6829.30 square meters. Therefore, the areas of forests and forest lands or lands of forest aptitude that the property 6-139717-000 contains constitute State Natural Heritage according to Article 13 of the Forestry Law. In that condition, they could not be exchanged, transferred, alienated in any way, delivered, or leased (Law 7575, Articles 13, 14, and 15). Article 10 of the cited annulled Regulation only allowed the transfer of lands not subject to the administration by MINAE and required a certification issued stating that the land to be titled according to the cadastral plan is not affected or immersed within State natural heritage, and in view of the indicated SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 certification, it is clear that these requirements are not met. The defendant party argues that it acquired under the protection of registry publicity and in good faith. It alleges expiration and statute of limitations, invokes lack of right, and considers that it should be compensated for the purchase of the property. The defenses and exceptions are not receivable. The principles of inalienability and imprescriptibility that characterize public domain assets and the legal publicity of the public domain oppose the figure of the third-party registry acquirer being wielded against them to consolidate private property illicitly removed from that regime. Another aspect that should not be lost sight of is that the public domain affectation of forest and woodland lands did not begin with Forestry Law No. 7575 of 1996, but rather comes from other earlier forestry laws. In the case of norms affecting public domain over the same asset, the principle must be observed that public domain status is considered established from the first affecting regulation. Thus, the titling carried out by INDER was done on a public domain asset and is null. Indeed, because registration does not validate the nullity of a title. The registry does not cure the defects that the registered document or the act contained therein may have, and they subsist. Before the registry, the individual acquires no right whatsoever; the act remains absolutely null. Good faith and legitimate expectations have no place regarding public domain property (bienes demaniales), regardless of the time elapsed, tolerance, or administrative actions that may have encouraged the improper permanence, and it must be reversed, it not being possible to base that occupation on a consolidated legal situation since these are lands subject to the public domain, which cannot be appropriated or used by individuals unless they have administrative authorization or a concession enabling such use. That public domain nature of the occupied land undermines good faith, and the principle of legitimate expectations does not apply. VII.- On the prerequisites for a lesividad proceeding. To carry out the analysis of this proceeding, it is important to begin with the fulfillment of the prerequisites that the legal system imposes for the filing of a lesividad proceeding by the Public Administration, since the absence of any one of them would make an examination of the merits unnecessary. In general terms, this Tribunal has already indicated that the various Sections of the Administrative Litigation Tribunal have specified in their judgments that lesividad is a jurisdictional mechanism by virtue of which the Administration seeks the elimination of its own act that generates favorable effects or declares rights in favor of an administered party and, at the same time, deems that those effects are unfavorable to the public interest, be it economic, social, tax, health-related, or other. Logically, the nature of this claim requires the participation of anyone who is harmed by the annulment of the conduct granting the subjective right or benefit, so that they may defend their interests through adversarial proceedings. As described, it is the Judge who must proceed to analyze the validity of an administrative conduct of favorable content. The normative provisions regulating this procedural figure are contained in the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). The latter, in its article 34, sets forth the preliminary elements and procedural regulations of this figure, in relation to numerals 173 subsection 6) and 183 of the General Public Administration Law. In summary, the cited rules impose the subjective, objective, procedural, and temporal conditions for the lesividad action. First, when referring to the subjective element, we must specify that active standing is granted to the Administration that authored the challenged act, while the passive standing belongs to the recipient of the effects of the conduct declared harmful, that is, whoever obtains its benefits. The objective element refers to the mechanism for the legal elimination of administrative acts that are favorable or declarative of rights to the administered party but which, in the Administration's view, are vitiated by absolute or relative nullity and therefore become substantially non-conforming with the legal system. Regarding the procedural order, it is a requirement that the Administration declare that conduct harmful to public interests, it being imperative that the supreme highest authority of the respective Public Administration declare the lesividad of the act, whether due to harm to economic, social, fiscal, or other interests arising from the public interest, for which it must have a technical-legal opinion supporting that determination. It is important to remember that, since this is a procedural requirement that will be submitted to the knowledge of the jurisdictional venue, unlike the administrative procedure for declaring absolute, evident, and manifest nullity carried out in the administrative venue by the Administration that produced the act itself, here the administered party is not granted a hearing, given that it is an action of an internal nature for the Administration, aimed at verifying the will of the highest authority, and in turn, allows the initiation of the judicial proceeding, and it will be during the course of that proceeding that whoever derives rights from the challenged act may exercise their right of defense; therefore, the absence of their participation within the administrative phase for the declaration of lesividad does not in any way curtail their right to due process or administrative procedure. Another aspect of importance when analyzing the act declaring its lesividad is determining whether the act emanates from the highest administrative authority. The rules are as follows: when the act emanates from the State, that is, from the Central Administration, according to article 16 of the Administrative Litigation Procedure Code, the lawsuit may only be filed by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), upon prior request of the supreme highest authority and internal declaration of lesividad, with details of the reasons for that criterion. The same procedural rule applies when the harmful act emanates from the Legislative and Judicial Branches, as well as the Supreme Electoral Tribunal, insofar as they exercise administrative functions. Such representation further imposes, in the case of acts of the Judicial Branch issued in the exercise of its administrative function, as is the case of acts issued by the Superior Council, whose lesividad must be declared by the Full Court. Finally, regarding decentralized public administrations, the declaration must be made by the supreme highest body of the administrative hierarchy. Another aspect to take into account is that, procedurally, there is an impediment for the Administration to formulate the annulment claim by way of counterclaim. Lastly, there is a temporal limitation set forth in article 34 of the Administrative Litigation Procedure Code, which establishes a period of one year counted from the next business day following its issuance to declare the act harmful to public interests in the administrative venue. The foregoing, except for cases where the act suffers from absolute nullity and continues to produce effects, in which case, pursuant to what is regulated by ordinal 34 subsection 1) of the same normative body, that internal declaration may be made as long as those effects endure. In such hypothesis, the year is counted from the cessation thereof, and the judgment ordering the eventual nullity shall do so only for the annulment and future inapplicability of the annulled conduct. After that declaration, a period of one year is granted to file the administrative litigation action, under penalty of expiration, as established in article 39 subsection e) of the Administrative Litigation Procedure Code. Now, the exception to these temporal regulations we have cited revolves around the protection of the public domain, a case in which the lesividad action is not subject to any time limit, as derived from article 34 subsection 2) of the Administrative Litigation Procedure Code, in application of the general clause of imprescriptibility of that type of property, as derived from article 261 of the Civil Code. Note, then, that when the lesividad action revolves around public domain property of the State, the time limit for declaring lesividad in the referenced procedural rules is inapplicable, which means that it may be ordered at any time without any procedural sanction whatsoever. Finally, we must note that ordinal 41 subsection 2) of the Administrative Litigation Procedure Code expressly establishes that, in tax matters, the maximum period for filing the proceeding shall be the same period that the legal system establishes as the statute of limitations for the respective substantive right under discussion. Finally, when the Tribunal examines a judicial lesividad proceeding, it must determine whether the act sought to be annulled was issued prior to the entry into force of the Administrative Litigation Procedure Code, that is, on January 1, 2008, since if so, the provisions of Transitional Provision III of the cited normative body must be applied, according to which, the regime for challenging administrative acts that became final in the administrative venue before the validity of the cited Code shall be governed by the legislation in force at that time. With the foregoing clear, we next analyze whether, in the specific case, the legal prerequisites for granting the action are met. (Consult in the same sense judgment 119 of September 20, 2020, of the First Section of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal). VIII.- On the fulfillment of the requirements for the declaration of lesividad: According to the judicial record, we find that the plaintiff entity indeed meets the objective, subjective, temporal, and procedural requirements for the subject matter of the proceeding to be analyzed by this Chamber of Judges. First, we have that the subjective element has been met, since the Board of Directors of the Institute of Rural Development issued the administrative act declaring harmful to the public interest the agreement granting subjective rights in favor of Marvin Porras Sánchez and Palacios y Paraísos Tropicales, which acquired the transmission of the titling right declared harmful by sale. In that logic, the Board of Directors of the Institute, Agreement Number 47 of Ordinary Session 36 of October 5, declares harmful to public interests the administrative acts issued through agreements 39 and 49 of ordinary session 031-04, held on August 23, 2004, session 49 of ordinary session 025-05 held on July 4, 2005, 50 and 57 of ordinary session 044-04 held on November 29, 2004, 53 and 58 of ordinary session 022-05 held on June 13, 2005, 53 of session 039-05 held on October 10, 2005, and 45 of ordinary session 016-04 held on May 3, 2004, which authorized the titling in favor of Marvin Porras Sánchez, broadly setting forth the nullity defects of the act and the reason justifying the lesividad, such that no grounds for nullity regarding that act are observed that the defendant objects to. It should be noted that, by Board of Directors agreement, article 39 of session 31-04 of August 23, 2004, of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, it was ordered: "In compliance with institutional policies and with the recommendation of the Regional Office of Parrita per official communication OSP-163-04 and the approval of the Central Regional Directorate per official communication S/N and the review of the requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator and in accordance with the Board of Directors agreement described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and having fulfilled all the requirements established by the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves published in the official gazette La Gaceta 173 of September 10, 2002, under the protection of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) 2825 of October 14, 1961, and the Law Creating the Institute of Agrarian Development (Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario) 6735 of March 29, 1982, it is authorized to segregate and transfer the parcel for the suppletory title of ownership to Marvin Porras Sánchez ID 1-427-886, the estate described in plan 862160-2003; said agreement was materialized through public deed number one hundred one granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez, in which the registration of parcel 19297045 is titled in the name of Marvin Porras Sánchez, which is registered under estate number 139717-000 of the Registry of Puntarenas. Subsequently, through public deed number 186 granted before Notary Public Gladys Marín Villalobos, Marvin Porras Sánchez transferred the property registered under number 139717-000 of the Registry of Puntarenas in favor of Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita Sociedad Anónima. Now, as for the subject matter of the proceeding, it is clear that it concerns the declaration of nullity of the administrative act declaring rights in favor of an administered party, Porras Sánchez, such that the annulment claim is consistent with the lesividad proceeding. Likewise, the lawsuit is filed by the aforementioned institute, as the author of the challenged act, and is brought against the persons in whose favor the beneficial effects of the act arise, which in this case correspond to the beneficiary of the titling; thus, in terms of the subjective scope, both active and passive, and the objective scope, the requirements referred to in the preceding section are met. As for temporality, we have that since the discussion concerns a property classified as public domain, the expiration period regulated by article 39 of the Administrative Litigation Procedure Code is inapplicable; however, to reach that conclusion, the evidence brought to the record must be examined, since the examination regarding the validity of an administrative act issued in 2005, that is, prior to the entry into force of the Administrative Litigation Procedure Code, makes Transitional Provision Three of the cited normative body applicable, and to that extent, the regime for challenging administrative acts that became final in the administrative venue before the validity of the cited Code shall be governed by the legislation in force at that time (Regulatory Law of the Administrative Litigation Jurisdiction), except, of course, if it can be demonstrated that one is in the presence of a public domain property, whose recovery action is not subject to time limits. Thus, the Tribunal deems it indispensable to determine whether or not we are dealing with a public domain property in order to then examine matters relating to the temporal aspects of the lesividad proceeding and, if necessary, to rule on the merits of the matter. IX.- On the subject matter of the proceeding: Declaration of nullity of the administrative act for infringing rules of public law relating to public domain property: In this proceeding, the Institute of Rural Development seeks to annul the agreement adopted by its Board of Directors, article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, solely with respect to the titling of the estate Registry of Puntarenas, Real Folio Registration number 139717-000 in favor of Mr. Marvin Porras Sánchez, of the qualities previously indicated, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003. Consequently, it requests the annulment of the public deed issued by the Institute of Agrarian Development, solely with respect to the titling of the estate Registry of Puntarenas, Real Folio registration number 139717-000 in favor of Mr. Marvin Porras Sánchez, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003. And the registry entry of inscription of the estate registered under the Real Folio system Registry of Puntarenas, Real Folio Registration number 139717-000 issued by the National Registry. As well as any derived inscription. At its core, it argues that the referenced agreement is null because it causes harm to the public interest because the transfer of a parcel that is part of the public domain was authorized, as it constitutes Natural Heritage of the State and because said titling was granted without complying with the legal and regulatory requirements imposed by the legal system. A position supported by the representation of the State as an interested third party in this proceeding. For its part, the representation of Palacios y Paraísos Tropicales S.A. indicates that, pursuant to the provisions of numerals 455, 456, and 457 of the Civil Code and the principle of registry publicity, the claimed nullity is not opposable to its property right; it further adds that it is not a public domain property under the terms established in numeral 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) and that, therefore, the lesividad action has expired and is time-barred; it also points out that the defects of the act due to missing requirements constitute a curable relative nullity and not an absolute one. Finally, it indicates that the act of lesividad does not meet the legal requirements. The defendant Porras Sánchez opposes, indicating that the property titled in his favor is of a private nature and was acquired by legitimate sale. To address the merits of the matter, it is necessary for the Tribunal to briefly refer to the issue of public domain property and its special protective regime. In that sense, this Tribunal has recently indicated: "First, we must be clear that not all property of public entities is public domain because they also have private property or property of private domain. The former, regulated by Public Law and therefore subordinate to it, while with respect to the latter, the private regime applies, subject to special coordination rules. For what is relevant to the issuance of this judgment, we must focus on determining the concept of public domain property. This distinction is supported by the Civil Code itself, which in its article 261 states that: 'Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those of which everyone can take advantage because they are delivered for public use. All other things are private and the object of private ownership, even if they belong to the State or Municipalities, who in such case, as civil persons, do not differ from any other person.' In effect, by their nature, this type of property is subject to a special regime of Public Law. They form part of the public domain, understood as '(...) the set of property subject to a special legal regime distinct from that governing private domain, which, in addition to belonging to or being under the administration of public legal entities, are affected or destined for purposes of public utility and which manifests itself in the direct or indirect use that any person may make of them. (...)' (Judgment No. 3145, issued by the Constitutional Chamber at 9:27 a.m. on June 28, 1996). By virtue of the foregoing, we can affirm that the public domain consists of property that manifests, by the express will of the legislator, a special destiny of serving the community, the public interest, with the State in the broad sense being the owner, for the exercise of its administration and protection. We must understand that they are things that do not belong individually to private individuals and that are destined for public use and subject to a special regime, outside the private commerce of human beings. Thus, they are property belonging to the State in the broadest sense of the concept, affected to the service they provide, the public interest mediating for that purpose. The doctrine also recognizes public domain property destined for public use, for public protection, those known as State heritage, and finally, temporary ones. As can be noted, there are different categories, albeit directly related. To explain this classification, first we will identify a first group of property consisting of those destined for general use, such as streets, parks, the beach, among others, which are classified as public domain property by their use, and generally, their access is free, gratuitous, and unlimited, such as streets, parks, and beaches. This is a direct affectation for public use, which justifies their relevance and utility in corresponding to this classification. The second group of public domain property consists of those whose public use is indirect, corresponding to all those directly affected to a public service. Here it is appropriate to add that, regardless of the ownership of the service, as long as it is public, it satisfies a general or collective interest; so that the property composing it is indispensable to avoid an impact on the community, and for that reason, the legislator provides it special protection. That is why it is said that its relationship with society is indirect, insofar as its collective use is not by direct contact with the people but through the service itself. Another classification refers to public domain property for protection by the State, such as national parks, volcanoes, islands. In another order, we have public domain property referring to State heritage, regulated in article 121, subsection 14) of the Political Constitution, without it being understood as a numerus clausus. They are understood as those property of a mineral or natural character, which the State keeps in its domain, and depending on the requirement, it allows private individuals to participate in them, for example, oil, aluminum, copper, mercury, water, gold deposits, etc. Finally, we have temporary public domain property, which refers to property that may be transferred by the State to private individuals when a special procedure by operation of law is involved, with the objective of fulfilling public purposes, or when, due to their own use, they lose utility; normally these are technological goods, which, when they become outdated over time, lose their public domain character. Hence, this Tribunal has repeatedly indicated on prior occasions that these property have a different nature and legal regime from private property, since, by the express will of the legislator, they are affected to a special destiny of serving the community, that is, the public interest, and that, for that reason, they cannot be the object of private ownership, such that they are outside the commerce of persons; therefore, they cannot belong individually to private individuals, nor to the State, in the strict sense, since the State is limited to their administration and protection. Due to the argumentative line of the parties, it is also of interest to specify that the affectation ordered by operation of law translates into a manifestation of Public Power that, in response to political and historical decisions, may be processed in such a way that it operates individually on the property or generally, even applying an automatic affectation to the property, by the simple fact of meeting the prerequisites of the rule. There may be an administrative act declaring this, as occurs with historical-architectural heritage, or by generic legislative provision, as occurs with the natural heritage of the State. Indeed, a public property may be natural or artificial, depending on whether it is property declared public by the legislator considering them in the state in which nature presents or offers them, or property declared public by the legislator but whose creation or existence depends on a human act. Now, public domain property, in order to be such, must meet certain indispensable elements. The subjective element refers to the public subject that owns the property for its administration, protection, guardianship, and defense. The objective element is directed at all those property that may be included within the public domain, which may arise by generic legal provision or, in a particular manner, individualizes the property. Obviously, the normative element is the legal rule so providing, it being of interest to clarify that those property of the nation that are included by the will of the Constituent Assembly in article 21 subsection 14) of our Magna Carta also hold the condition of public domain property. Finally, the finalist element is oriented towards the public purpose pursued, which we addressed above." (Judgment No. 119 of September 20, 2020, of the First Section of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunal). From what has been transcribed, we see that insofar as the four indicated elements are met, we can understand that a special protection operates for the property composing it, which consists of being considered inalienable, imprescriptible, and unseizable, with the consequences derived therefrom. For that reason, the action to recover them is not subject to expiration periods, as expressly stated in numeral 34 of the Administrative Litigation Procedure Code, such that their use or exploitation is subject to the police power of the institution or public subject responsible for their administration and ownership. As can be observed, in summary, the public domain regime imposes a legal concept that requires a formal declaration of a legislative nature subjecting certain property to the public domain regime, indicating its owner for its defense, administration, and protection, in addition to the purpose pursued. Now, to delve particularly into property that constitutes Natural Heritage of the State, we will conduct our analysis in the following recital. X. On public domain property constituting the Natural Heritage of the State: This is a topic of extensive jurisprudential treatment; the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated that: "(...) Pursuant to numeral 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), 'The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the estates registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its heritage...'. Thus, there are three possibilities provided by the rule regarding the property that makes up said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of estates registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its heritage." (In this regard, judgments numbers 1070 of 9:45 a.m. on September 3, 2010, and 1088 of 8:55 a.m. on August 8, 2011, may be consulted). As the First Chamber indicates in the referenced ruling, the Natural Heritage of the State is defined in the provisions of the Forestry Law, normative which further sets forth in its numeral 14 the public domain condition that covers the areas defined within the Natural Heritage of the State, stating the following: "Article 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage: The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's recovery action for these lands is imprescriptible. Consequently, they may not be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and the occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." For its part, regarding the inalienability of these lands, ordinal 15 of the same norm states: "Article 15.- Impediments. The bodies of the Public Administration may not exchange, cede, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands owned by them or under their administration, without them having first been classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they shall automatically be incorporated into the natural heritage of the State, and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry." Pursuant to the preceding numerals, it is clear that the property constituting Natural Heritage of the State is of a public domain nature by calling, which by its condition is imprescriptible and inalienable and is outside the commerce of men. XI.- On the nature of the property discussed in the specific case: Propriety of the lesividad action: In this matter, as indicated, the Institute of Rural Development argues that the administrative act is vitiated by absolute nullity, because it infringes the public domain regime provided for in the Forestry Law, insofar as it was authorized by an agreement adopted by its Board of Directors, article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, solely with respect to the titling of the estate Registry of Puntarenas, Real Folio Registration number 139717-000 in favor of Mr. Marvin Porras Sánchez, corresponding to Cadastral Plan P-0862160-2003 and its related acts, without complying with the established legal requirements and on land that is part of the Natural Heritage of the State; said titling was materialized in public deed number one hundred one granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez, in which the registration of parcel 19297045 is titled in the name of Marvin Porras Sánchez, the same being registered under estate number 139717-000 of the Registry of Puntarenas. Subsequently, through public deed number 186 granted before Notary Public Gladys Marín Villalobos, Marvin Porras Sánchez transferred the property registered under number 139717-000 of the Registry of Puntarenas in favor of Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima. In this regard, to determine whether that property forms part of the public domain (demanio público), the concurrence of the subjective, normative, objective, and finalist elements must be analyzed, as explained in Considerando IX of this judgment. In this sense, we have that, as evidenced in the case file, the origin of the titling arose from the "Creation of the Puriscal-Parrita Titling Program" created by Executive Decree number 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta number 72 of April 17, 1974, an area of 267,239 hectares was registered in the National Registry under the name of the IDA, with Real Property Folio Matricula 219039-000 (an undisputed fact), created in accordance with the provisions of the Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales number 7599 of 1996, which was declared unconstitutional in 2001 by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), for which reason the Board of Directors proceeded to title the property that is the object of this process in accordance with the regulations called Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, issued by the Board of Directors of the IDA, which replicated the provisions of Law 7599, which was likewise declared unconstitutional by vote of the Constitutional Chamber in 2007. Said provision stated in its first article: "Article 1- The purpose of this legal instrument is to regulate the provisions of the Ley de Tierras y Colonización regarding the titling of lands in National Reserves (Reservas Nacionales), granting legal certainty in land tenure through the recognition of full ownership (domino pleno) in areas where their possessors have acquired the right to registral titling." That regulation conceptualized "National Reserves" as: "Lands comprised within the limits of the Republic that are not registered in the name of third parties, Municipalities, Autonomous Institutions, or the State in general." In that logic, it is clear that the origin of the property titled in favor of the defendant Porras Sánchez were assets constituting national reserves—since they arise from the authorization to register properties with the characteristics of National Reserves as provided in Law 7599 of 1996—that is, the origin is those territories according to the provisions of Article 13 of the Ley Forestal, corresponding to what the legislator declared as assets forming part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), and therefore they are outside the commerce of men and cannot be susceptible to being titled as private property. Note, in that sense, that vote 2063-2007 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which declared the unconstitutionality of the Reglamento Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, indicated in this regard: "In the case under examination, the challenged norm seeks to title zones that have been declared protected, precisely because of the importance of their conservation in the face of various human activities that alter the ecosystems and habitat of the environment that develops in these places, as well as the preservation of forests, which are important for the generation of essential and invaluable goods, such as water. The legislator in this law highlights the need to grant a property title to the occupants of the zones in question, making it clear that the acquisition is subject to the environmental limitations and protections that exist in this regard; however, from the study of the challenged norm, it is evident that the power to title in these areas falls upon an indiscriminate scope of application, which, were it to happen, could result in titling areas in which many of the activities carried out by man are incompatible and that could seriously harm the ecosystem developed there, as well as the violation that would exist of the State's ability to exercise adequate oversight over them, which, even assuming that these persons have been occupying these areas, which are public domain property (bienes de dominio público), for many years, in no way justifies the titling of any of these areas, since the State itself, in protection of the environment, may order the eviction of these persons in those areas where their presence is instead producing a counterproductive effect, which would consequently mean that, if such areas were titled, the State would have to expropriate a property that it perhaps once had to expropriate to declare it a protection zone, incurring an unreasonable act. The foregoing does not imply that the State cannot disaffect a determined area by virtue of the fact that the purposes for which it was protected are no longer fulfilled, or that it cannot even seek to title specific zones; however, this may be done where a prior technical study exists demonstrating the nature of the area to be titled and the possible coexistence of both man and the ecosystem, as well as the consequences derived therefrom. Therefore, the indiscriminate titling of areas of this nature cannot be permitted, as this would go against the very conservationist environmental policies that the State has pursued by virtue of the duties ordered by the Political Constitution and the International Conventions it has subscribed to" (judgment number 2988-99, cited above). To this effect, it is important to highlight that the definition of the concept of national reserve is given in the regulation itself—from the relationship of Articles 3 subsection k), 6, and 7—in such a way that it allows one to conclude with absolute clarity that these are precisely the properties that have been incorporated into the regime of the Natural Heritage of the State, precisely for the due protection and conservation of the natural environment. (...) Firstly, it should be noted that the challenged norm does not prevent the titling of these protected zones, but rather facilitates it, and does not even take into consideration the legal nature of these assets—public domain—upon which some type of affectation exists, which, it bears repeating, is for the purpose of effectuating environmental protection—as mandated by Article 50 of the Constitution—so that the record of such affectation solely remains, and it permits the titling of these public domain assets; as this Tribunal previously stated: 'Within the protected zones are comprised the lands situated in the national reserves, a certain zone along the length of rivers, a strip on either side of the maximum depression of the watersheds (cuencas hidrológicas), the lands bordering the springs (manantiales) that arise in the hills and also those that arise on flat lands, a certain area on the banks of rivers, streams, lakes, lagoons, or natural reservoirs' (judgment number 2988-99, cited above). Secondly, it does not take into consideration the existence of other types of public domain assets, such as the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), whose administration is in charge of the municipalities, and/or the historical-architectural and archaeological heritage, which are under the administration of the Ministry of Culture, Youth, and Sports; whereby their possible affectation is not even previously consulted by the Instituto de Desarrollo Agrario for purposes of a future titling, nor does it provide for any impediment to their titling—in this sense, see Article 10 of this Regulation—. By virtue of which, the serious situation that this regulation permits is evidenced, ignoring the essential characteristics of public domain property, which precisely remove them from the commerce of men—contrary to the prior provision of Article 262 of the Civil Code, dating from eighteen eighty-six—, and which consequently makes their possession, sale, or encumbrance absolutely impossible, without first having been disaffected, a matter which, it bears repeating, is reserved to formal and material law (emanating from the Legislative Assembly in accordance with the ordinary procedures for the formation of laws), following a technical study to that effect, that determines the effects of man's coexistence with the ecosystems, as required by the principle of environmental objectification or linkage to science and technique, developed in Article 38 of the Organic Law of the Environment; the foregoing because, even though protective zones (zonas protectoras) are not perpetual zones, and to that effect may be disaffected, their disaffection is not legitimate to protect other public or private interests—such as the provision of housing or land tenure—to the detriment of environmental protection and the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment (judgment number 7294-98). Therefore, any normative provision that permits or empowers the Administration to title public domain property generically will be unconstitutional, and especially when it involves assets that form the Natural Heritage of the State, whatever their denomination or category—national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, natural monuments—, the maritime-terrestrial zone, hydrographic protection zones (zonas de protección hidrográfica), indigenous reserves, historical-architectural heritage, mining resources, archaeological heritage, the border zone, to subject them to the private ownership regime, especially when there is no prior technical-scientific study, as has been noted." It is clear from the reasoning given by the Constitutional Chamber that, since the titling originated in assets constituted as national reserves, these, being Natural Heritage of the State, are outside the commerce of men, and it is therefore notorious that the nature of the property effectively rendered its titling impossible. Now, it is precisely because the property subject to this action for harmfulness (lesividad) has its origin in national reserves that an impossibility of titling in favor of a private individual arises, beyond what is provided in Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias as the defendant asserts. Let us see: Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias states: "Article 7- When the property to which the information refers is located within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the titling applicant must demonstrate that they hold the legal rights to the ten-year possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area. Properties located outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner demonstrates that they hold the legal rights to ten-year possession, exercised for at least ten years, and have protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly delineated and with fences or cleared lanes. Without any exception, the cadastral plans submitted in possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the entity in charge, which will certify whether the property sought to be titled is located inside or outside those protected wilderness areas." If we analyze the nature of the assets that constitute the Natural Heritage of the State—Article 13 of the Ley Forestal—and the reference to what is indicated in the second paragraph of Article 7, it is possible to conclude that the assets to which the legislator refers in that article do not extend to assets derived from national reserves, insofar as that article alludes to assets that, although they may have forestry vocation or forestry suitability (aptitud forestal), which the legislator has allowed to be managed and conserved in the hands of private individuals, these cannot be those derived from national reserves, because national reserves are constitutive of the Natural Heritage of the State and are therefore part of the public domain. This conclusion was developed by the Constitutional Chamber in vote 4587 of August 5, 1997, which stated: "(...) In this sense, the development that the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has carried out in matters of forest property can be summarized as follows: forest property is a different type of property with its own characteristics and peculiarities and a special regime; forest property is fundamentally conceived for conservation, not to produce or be part of the commerce of men; the forestry regulations present three moments, but it is only from the promulgation of Law No. 7032 of April 7, 1986, that a better-conceived instrument was available to confront the complex forestry problem; Law No. 7032 of April 7, 1986, was declared unconstitutional, and Law No. 7171 of June 28, 1990, was promulgated again with the text of the former; the protection of natural resources has undergone significant advances in recent times; international fundamental rights instruments and jurisprudential development have caused changes in international legislation aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; the changes in legislation have reached the constitution itself, and the right to the environment is currently conceived as a true human right; the development in this area has been such that a true legal classification has been formulated: ecological law; according to the Ley Forestal, the forest heritage of the State includes all the national territory and is subdivided into three areas: that comprised by the forest regime (régimen forestal), forest uses on privately owned lands, and the national reserves; the forest regime is defined as the set of legal, economic, and technical provisions that give content to conservation; the forest regime has three sub-areas: a.- protective zones, b.- national parks, forest and biological reserves, and c.- forests and forest lands; the term national reserves is used starting from the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, to identify all those lands called by the Fiscal Code of 1865, and later by Law No. 13 of January 19, 1939, as national vacant lands (baldíos nacionales); these are the properties that are not subject to private property—they are not registered in the Public Registry in the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code—and those that are also not registered in the name of the State or its institutions; the national vacant lands turn out to be the remainder of the two previous forms of property; following the guidelines of the Civil Code, the Ley General de Baldíos Nacionales No. 13 of January 10, 1939, declared them belonging to the State, within the limits of the Republic; The Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and expanded the zones declared by the previous law as inalienable; in general, those reserves have had limits—in terms of surface area—, limits to possess them and to register them through the possessory information procedure; all lands considered as national reserves are immediately affected for the purposes of the forestry regulations; on them, the State may create forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest heritage; to colonize or alienate them, legislative authorization is required, and when they are possessed by third parties, these acquire no right, the right of the State to reclaim being imprescriptible; according to the current regulation, the use in national reserves can only be practiced through a concession granted by the State; the use of the forest resource on privately owned lands does not exclude these lands from the forest heritage of the State; the forest heritage of the State is applicable to all national properties where natural forest resources exist; on lands where natural resources exist, to exploit timber resources, private individuals must prepare technical forest plans and obtain long-term concessions; the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands under private ownership; regarding national parks and biological reserves, the Executive Branch is empowered to include within their limits the private properties or parts thereof necessary to achieve their objectives, and those lands will be acquired by purchase or expropriation; for the creation of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, the State must purchase or expropriate, unless, at the request of the Dirección General Forestal [General Forestry Directorate], their owners agree to submit to the respective forest regime; forests and lands of forestry suitability are of public utility and—consequently—susceptible to expropriation, except those voluntarily submitted to the forest regime; forests and lands of forestry suitability that constitute public and private forest areas are subject to the respective management plan for their conservation and development; the forestry regulations establish a special regime applicable to all forest resources; national reserves are subject by right to the regime because they belong to the State; expropriation is only appropriate when it concerns private property that is affected to form national parks, forest or biological reserves, forests, or forest lands; on privately owned properties, to be able to constitute forest property, their titleholder must necessarily submit voluntarily to the legal regime established by law, specifically to the limitations of social interest imposed on property; for the creation of protective zones on properties subject to private regime, the law subjects them to a mandatory forest regime, limited to carrying out agricultural work or destroying vegetation—unless expressly authorized—with the same advantages granted to private individuals voluntarily submitted to the regime (see judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 189 of 10:20 a.m. on October 30, 1991, and 51 of 3:15 p.m. on May 26, 1995). From said analysis, it follows that there exist assets with forestry suitability capable of being part of private ownership and that fulfill a public utility purpose, therefore subject to a special conservation regime in the hands of the administered party (administrado), and it is precisely those assets to which the second paragraph of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias refers, but these cannot include assets constitutive of national reserves because these are subject to the special regime of public domain that is outside the commerce of men, and the only form of alienation is through disaffection given by the legislator, that is, their use under the regime to which they belong is only possible through the figure of concession, but the private property regime is inadmissible. Hence, the existence of a possession such as that alleged by the defendant does not generate any right over it, and consequently, it cannot be thought that the State's right to seek its recovery is prescribed, because the property essentially cannot conform to any statute of limitations in either of its two variables, be it positive for purposes of being acquired by usucapion or negative for purposes of limiting the right of recovery thereof in the hands of the State. In this logic, the defendant's argument that the action for harmfulness has expired because it involves a property of a private nature is unavailing, since, as indicated, the titling deriving from a national reserve meant that no valid possession existed capable of consolidating a property right as is claimed. It should be noted that equally, by the nature and vocation of these assets as noted in the preceding Considerandos, and their characteristics of being inalienable, imprescriptible, and unseizable, the position of the representation of the defendant company, to the effect that the nullity claimed is not applicable to it under the principle of registral publicity (publicidad registral) and what is indicated in Articles 455, 456, and 457 of the Civil Code, is not pertinent. This position cannot be entertained to analyze the right and appropriateness of the action for harmfulness, because the nature of the property is the basis of the criterion of harmfulness, and that nature was formed prior to the very constitution of the registral entry of the property; ergo, it is the factual substrate that gives meaning or origin to the registration as an act representative of ownership. When that substrate is identified as being of a public nature, it empties the content of the private real right erroneously created, without it being possible, as the defendant intends, for the registration to be maintained under the protection of registral publicity. It is therefore impossible for a private property identification to exist with a public domain content. In any case, although our civil law system protects the title of assets acquired under the protection of registral publicity, such a criterion cannot be opposed to the nature of public domain assets, especially in assets such as the one disputed in this process, where its vocation dates back before the very declaration of its condition in 1996 with the Ley Forestal. That is, it is not valid that the possession exercised was transmitted since the 1970s as the defendants allege, because its vocation has a prior origin, insofar as that vocation was defined for these assets from their very existence. It must be emphasized that the action for harmfulness has a purpose of recovery (reivindicación) of that ownership, to the extent that the very reason for the complaint is the recovery of land that, being part of the public domain regime, is alleged to have been transferred illegitimately to the private regime. Now, it must be added that although the defendant parties maintain that the property titled in their favor and subsequently transferred to a third party was never part of a national reserve, nor has it been demonstrated that it ever had characteristics of Natural Heritage of the State, such argumentation lacks any evidence to support it, other than their own word, as no technical evidence has been accredited to refute the qualification given by the body competent to establish that qualification, which is the Ministry of Environment, to whom the legislator granted the protection and administration of those assets. Therefore, the testimony of the defendant himself is not sufficient to discredit the certification that is in the case file. Moreover, it is clear from the case file that even the cadastral plan used for the titling of the property, as well as the inspection carried out for the purpose of that proceeding, show that the site is located in a mountainous area and that its complete constitution is forest, conditions typical of a forested land constituting Natural Heritage of the State, which, in any case, as indicated, its origin comes from the authorization for the titling of National Reserves, a circumstance that the defendant fails to discredit. And it must be insisted, the transmission of the property by sale does not disprove that characteristic of its public domain status, as explained. On the other hand, from what we analyze, this property meets the requirements to be incorporated into the public domain, in its subjective element: its administration falls into the hands of the State through the Ministry of Environment; as for the objective element, we have that it is a property that is susceptible to integrating the public domain, a qualification that is technical in nature and is provided in the case file, with certification SINAC-DS-OFAY-C-3125-2003 existing in the file, in which the Ministry of Environment and Energy of the National System of Conservation Areas certifies that: "Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica scale 1:50,000, it has been determined based on the location stated in cadastral plan number P-862160-2003 in the name of I.D.A. in possession of MARVIN PORRAS SÁNCHEZ, that this describes a property located OUTSIDE ANY PROTECTED WILDERNESS AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE ACCORDING TO ARTICLES 13, 14, and 15 OF THE LEY FORESTAL 7575 OF APRIL 16, 1996." Additionally, the normative element as a requirement of a public domain asset is configured as we indicated through Articles 13 and 14 of the Ley Forestal, and it fulfills a purpose, which is to guarantee the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. It should be noted that it is precisely the existence of that indicated certification, which was presented by the defendant himself to meet the titling requirements demanded by the Reglamento de Titulación de Reservas Nacionales, that originates a defect in the act, in that this certification indicated the pre-existence of a condition that made titling impossible under the terms of that regulation and that constitutes a defect of absolute nullity, in the element of motive (motivo), which cannot be remedied as the defendant company alleges, on the understanding that it is an indispensable condition that cannot be remedied or validated. Consequently, such defect is sufficient to declare the nullity of that titling act, beyond the absence of any other requirement of that act of a regulated nature, as the defect exposed is so gross that the very existence of that condition makes the action for harmfulness applicable, the property that is the object of the process being undoubtedly part of the public domain. Thus, it is appropriate to grant the complaint with respect to the declaration of nullity of the agreement set forth in Article 39 of Session 31-04 of August 23, 2004, of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in which it was ordered: "In compliance with institutional policies and with the recommendation of the Regional Office of Parrita according to official communication OSP-163-04 and the approval of the Central Regional Directorate according to official communication S/N and the review of the requirements demanded for the titling procedure by the Regional Agrarian Coordinator, and in accordance with the agreement of the Board of Directors described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and having fulfilled all the requirements established in the Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales published in the official gazette La Gaceta 173 of September 10, 2002, under the Ley de Tierras y Colonización 2825 of October 14, 1961, and the Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario 6735 of March 29, 1982, it is authorized to segregate and transfer the parcel for the suppletory title of ownership (título supletorio de dominio) to Marvin Porras Sánchez, ID card 1-427-886, the property described in plan 862160-2003." By connection, the materialization of said agreement is annulled by means of public deed number one hundred and one issued before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez, in which the registration of parcel 19297045 in the name of Marvin Porras Sánchez is titled, which is registered under property number 139717-000 of the Registry of Puntarenas, as well as public deed number 186 issued before Notary Public Gladys Marín Villalobos, in which Marvin Porras Sánchez transfers the property registered under number 139717-000 of the Registry of Puntarenas in favor of Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima, and consequently its respective registration. On the other hand, it is important to note that the representation of the defendant company alleges that by provision of Article 144 of the General Law of Public Administration, their condition as a good faith acquirer must be indemnified; however, they did not formulate such a claim as procedurally corresponds, via counterclaim, which makes it impossible to analyze that point, in the absence of procedural formality, in guarantee of the right of defense and due process. And it must be clarified that the referred article in the General Law of Public Administration sets forth a cause of liability of the Administration, but it does not arise automatically; the right must be asserted, an action in which compliance with the provisions of Articles 190 and following of the General Law of Public Administration must also be demonstrated. Based on what has been analyzed, this Tribunal concludes that the challenged act is harmful to public interests and substantially non-conforming to the legal order. Therefore, in accordance with articles 11, 128, 131, 132, 133, 158, 166, 169 and 171 of the Ley General de la Administración Pública, the agreement set forth in article 39 of session 31-04 of August 23, 2004 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, which provided: "In compliance with institutional policies and with the recommendation of the Parrita Regional Office per official communication OSP-163-04 and the approval of the Central Regional Directorate per official communication S/N and the review of the requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator and in accordance with the Board of Directors agreement described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and having fulfilled all the requirements established by the Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales published in the official gazette La Gaceta 173 of September 10, 2002, under the protection of the Ley de Tierras y Colonización 2825 of October 14, 1961 and the Law creating the Instituto de Desarrollo Agrario 6735 of March 29, 1982, the segregation (segregar) and transfer of the parcel for the supplementary title of ownership (título supletorio de dominio) is authorized to Marvin Porras Sánchez identification number 1-427-886, the property described in plan 862160-2003. By connection, the materialization of said agreement is annulled through public deed number one hundred one granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez, in which the registration of parcel 19297045 is titled in the name of Marvin Porras Sánchez, which is registered under property number 139717-000 of the Puntarenas Registry Section (Partido de Puntarenas), as well as public deed number 186 granted before Notary Public Gladys Marín Villalobos, in which Marvin Porras Sánchez transfers the property registered under number 139717-000 of the Puntarenas Registry Section in favor of Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima and therefore its respective registration. In accordance with articles 171 of the Ley General de la Administración Pública and 131 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, this declaration of absolute nullity has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled acts. XII.- Regarding the defenses. The defenses of statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad) were raised, which for the reasons given are unfounded, as it concerns an asset belonging to the public domain (demanio público), whereby its right is imprescriptible and therefore the action for annulment (acción de lesividad) is not subject to the time limit provided in the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Regarding lack of right, it must be rejected, since, for the reasons explained, the challenged agreement is absolutely null, in that it allocated a parcel whose 100% of area belongs to the public domain, reason for which it could not be subject to private ownership, and as indicated in the preceding recitals (considerandos), the annulment procedure (procedimiento de lesividad) carried out conforms to the legal system and fully complies with all its requirements. XIII.- Regarding procedural and personal costs. In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Waiver of this condemnation is only viable when there has been, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate or, when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, the Court deems that there is sufficient reason to apply the exceptions established by the applicable regulations, since the defendants were brought into the process by reason of the nullity that created subjective rights through the favorable act that has been annulled in this case, which allows us to consider that there is merit to litigate, since the Administration is the one that induced them to error, by issuing a declaratory act of rights contrary to the legal system, whereby this matter is resolved without special condemnation as to costs. POR TANTO The defenses of expiration, statute of limitations, and lack of right are rejected. Consequently, the claim is granted and it is ordered: 1. The nullity of article 39 of session 31-04 of August 23, 2004 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, which authorizes the segregation and transfer of the parcel for the supplementary title of ownership to Marvin Porras Sánchez identification number 1-427-886, the property described in plan 862160-2003. 2. By connection, public deed number one hundred one granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez is annulled, in which the registration of parcel 19297045 is titled in the name of Marvin Porras Sánchez, which is registered under property number 139717-000 of the Puntarenas Registry Section. 3. By connection, public deed number 186 granted before Notary Public Gladys Marín Villalobos is annulled, where Marvin Porras Sánchez transfers the property registered under number 139717-000 of the Puntarenas Registry Section in favor of Palacios y Paraísos Tropicales la Selvita Sociedad Anónima and therefore its respective registration. In accordance with articles 171 of the Ley General de la Administración Pública and 131 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, this declaration of absolute nullity has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled acts. 4. This judgment must be communicated to the Archivo Nacional and the Registro Nacional for the purposes of the respective annotations in the protocols and entries indicated; as well as for them, within the scope of their competencies, to order the measures appropriate in Law in order to guarantee the protection of the public interests recognized in this judgment. The foregoing shall be established in the judgment enforcement phase. 5. Due to the existence of an exempting cause, this matter is resolved without special condemnation as to costs. Notifíquese- Laura Gómez Chacón Alejandra Soto Fonseca Carlos José Mejías Rodríguez ??????????????? GRTEHNJZKVA61 LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????? GJJHTF432BYO61 ALEJANDRA MARÍA SOTO FONSECA - JUEZ/A DECISOR/A ??????????????? UIBCV5QQ5JY61 CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 15-010358-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 07:46:34. 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