Res. 02160-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Water availability denied due to lack of AyA infrastructureDisponibilidad de agua potable sin infraestructura del AYA

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02160 - 2024

Fecha de la Resolución: 03 de Abril del 2024 a las 16:35

Expediente: 21-005268-1027-CA

Redactado por: Daniel Aguilar Méndez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO




II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A




Central: 2545-00-03 Fax: 2545-00-33




Correo Electrónico [email protected]

 

EXPEDIENTE:

	

21-005268-1027-CA




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR:

	

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES




DEMANDADO:

	

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

 

Nº N° 2024002160

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA - SECCIÓN SEXTA-  SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con treinta y cinco minutos del tres de Abril del dos mil venticuatro.-

Proceso de conocimiento incoado por CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, portador de la cédula de identidad número 1-1202-0836, representado por Roberto Cordero Brenes, en condición de apoderado especial judicial (visible a imagen 18 del expediente judicial electrónico), contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA/AYA), representado por Adilia Campos Vargas Paula Guerrero Delgado, la primera, en condición de apoderada general judicial y, la segunda, de apoderada especial judicial (visibles a imágenes 150 a 152 del expediente judicial electrónico). -

CONSIDERANDO:

I.-      ASPECTOS PRELIMINARES. - A) Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley N° 9342, Código Procesal Civil (CPC), y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial (REJEPJ), aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013. B) El fallo se adopta por mayoría, una vez realizada la respectiva deliberación, con la redacción de la resolución a cargo del integrante, juzgador Aguilar Méndez, con el voto y opinión concurrente de juzgadora Fernández Brenes. Salva el voto, la jueza ponente Abarca Gómez. Asimismo, el Juez Aguilar Méndez pone nota en relación con el aparte de las costas. C) Con base en el principio de equivalencia funcional de los documentos electrónicos, dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, y 11 REJEPJ, aunado a que el CPC únicamente requiere la identificación de la fuente probatoria del elenco de hechos probados y no probados de la sentencia (Art. 61.2.2), y tomando en cuenta que, en este caso, todo el acervo de prueba es de carácter documental y se encuentra incorporado directamente las bases de datos de este Poder de la República, esta Cámara ha decidido que para fines de referencia e identificación de las pruebas, únicamente se indicarán los números de imágenes en las que éstas consten, en el documento digital que -en archivo formato “.pdf” y ordenado de manera ascendente-, ha sido descargado de la aplicación informática del expediente judicial electrónico, a efectos de emitir la presente sentencia. D) Este Tribunal conoce y resuelve este asunto, en virtud de lo dispuesto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial en los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, en los cuales se ordenó el rediseño del Despacho. -  

II.-       OBJETO DEL PROCESO. - Las pretensiones que conforman el objeto de este proceso -tal y como fueron definidas en la audiencia preliminar -, corresponden tal cual fue establecido en la demanda (visibles a 15 y 16 del expediente judicial electrónico), las cuales se leen de la siguiente manera: -

“… a) Que se declare la nulidad absoluta de la resolución GG-2020-569 y todos los actos administrativos subyacentes que denegaron la disponibilidad de agua a mi representado.

b) Se obligue al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a otorgar la disponibilidad de agua sobre el inmueble propiedad de mi representado con folio real 1-286454-000.

c) Se condene al pago de ambas costas a la parte demandada más sus respectivos intereses..."

En síntesis, alega la representación judicial del actor que éste es propietario de un inmueble en Santa Ana y que en el año 2020, solicitó una certificación de disponibilidad hídrica ante el AYA, la cual fue denegada por esa entidad pública. De esta manera, la parte fundamenta sus pretensiones -en síntesis- en su consideración de que tal rechazo es infundado técnica y jurídicamente, lo que consecuentemente le afecta su derecho fundamental de acceso al agua potable. Apunta que la justificación dada por el ICAA es que no hay infraestructura en el lugar, a partir de una conversación con un ingeniero y lo cual, opina, no justifica la respuesta dada; por el contrario, aduce que se debió investigar o inspecciones a profundidad la zona y determinar a nivel científico y técnico un verdadero motivo para denegar lo pedido, más aún que hay casas aledañas, habitadas, que sí disfrutan del servicio, de lo cual -señala- aporta evidencias, tales como fotografías y videos, así como tapas de alcantarillado con el logo del AYA y tanques en las proximidades que sí estaban en funcionamiento en el año 2020 y, como lo indicaron los funcionarios en sus declaraciones en el juicio oral y público, un NIS que abastece de agua que, en su criterio, así lo acreditan. Indica que, conforme los principios del servicio público, el AYA está en la obligación de prestar el mismo, resultando improcedente y violatorio del ordenamiento jurídico, negar el acceso al agua sin realizar un estudio técnico a profundidad que determine de manera precisa las circunstancias o condiciones bajo las que no se puede realizar el servicio. La representación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contestó negativamente la demanda y solicitó que se condenara al actor al pago de ambas costas, no obstante, omitió oponer expresamente excepciones o defensas materiales. Básicamente, aduce que la solicitud fue denegada por la Administración sustentada en el ordenamiento jurídico y en criterios técnicos que indican que no es procedente el otorgamiento de disponibilidades de agua potable en propiedades como la del actor, la cual no obtuvo un análisis de factibilidad técnica favorable. -

III.-    HECHOS PROBADOS. - De importancia para el dictado de esta resolución, se tienen los siguientes hechos como debidamente demostrados conforme la sana crítica racional, sea que así se desprenda de la comunidad de pruebas aportadas y admitidas en este proceso, o porque las partes los han aceptado: -

1.-      El 27 de agosto de 2020, fue recibido en la Agencia de Autofores de la Región Metropolitana del AYA, “el formulario de solicitud y requisitos debidamente completos” correspondiente a una gestión de “Solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, llevada a cabo por el señor Carlos Alberto Rodríguez Morales, en condición de propietario de la finca del Partido de San José, matrícula n.º 286454-000 y con plano catastrado SJ-0399400-1980. En el formulario, el señor Rodríguez Morales, indicó que la petición correspondía a un proyecto para “Fraccionamientos, segregaciones, lotificaciones” en relación con la construcción de un “Nuevo Proyecto Constructivo” de tipo “Vivienda Unifamiliar” / “Viviendas ubicadas en lote individual” (f. 01 a 12 de la copia certificada del expediente administrativo, que corre agregado en las imágenes 82 a 93 del expediente judicial electrónico).

2.-      Recibida una solicitud de este tipo y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Departamento responsable asigna la petición a un funcionario que lleva a cabo un análisis de escritorio, con base en la información otorgada, así como mediante los sistemas y herramientas electrónicas con las que cuenta el AYA “…para poder verificar, digamos si la disponibilidad donde se ubica cuenta con factibilidad técnica y legal para poder otorgarla…” (declaración de José Flores Madrigal a 00:59:26 de la grabación de la audiencia de juicio oral y público). Si del análisis de escritorio resulta alguna duda razonable, se hacen consultas a otros Departamentos y si no se obtiene información, se asigna el caso al “inspector de disponibilidades de agua” para que realice un estudio de campo. Dicho funcionario, al momento de recibir la solicitud, lleva a cabo, primero, un estudio con base en la información aportada, planes reguladores y el Reglamento de prestación de servicios del AYA, así como en los sistemas de información con que cuenta la institución “…como son algunos planos esquemáticos que por años el AyA ha ido levantando sistemas de información en los cuales mantiene tuberías, redes activas, listas de hidrómetros. listas de facturación, entonces yo hago un estudio previo antes de dirigirme al campo…” (declaración de David Gamboa Mora a 00:36:52 de la grabación de la audiencia de juicio oral y público). Realizado ese estudio, el Inspector se desplaza a la zona y valora ciertos elementos que su experiencia le permite determinar la disponibilidad o no de redes de acueducto o alcantarillado “…lo que hacen es verificar si hay medidores al lado de la, de la, de la, de la propiedad que está solicitando ahora, si no hay medidores, si hay… el asfalto se puede ver roto por reparaciones de fugas o porque metieron una tubería; bueno, tal vez puede ser que el asfalto esté nuevo, entonces no lo vean, pero ve si hay medidores, si hay alumbrado eléctrico, si hay ciertas, ciertas cosas que le digan a él, mira, aquí hay o no hay tubo…” (declaración de José Flores Madrigal a 01:02:37 de la grabación de la audiencia de juicio oral y público). Si la duda se mantiene, el funcionario consulta al denominado “ingeniero de zona”, funcionario “que es el que se encarga de reparar fugas, verdad, en todas las tuberías que tenemos” (declaración de José Flores Madrigal a 01:03:15 de la grabación de la audiencia de juicio oral y público). Este funcionario puede aclarar al Inspector, a partir de su experiencia, si en la zona se sabe si existe o no tuberías. Inclusive, si la duda se mantiene, se puede abrir la calle pública para determinar la presencia o no de las redes de agua del AYA. A partir de toda esta información recabada, el Inspector llena la documentación respectiva y la Institución puede finalmente dar una respuesta a la persona usuaria (Se tiene por probado a partir de las declaraciones de los testigos funcionarios - peritos David Gamboa Mora y José Flores Madrigal, cuyas declaraciones recibidas durante la audiencia de juicio oral y público).

3.-      La solicitud del señor Rodríguez Morales fue asignada al funcionario David Gamboa Mora, Inspector de Nuevos Servicios y Disponibilidad de Agua Potable en la Zona 3 de la Gran Área Metropolitana (GAM), quien tras realizar un estudio previo de la información aportada, procedió a realizar la inspección de campo en los siguientes términos: -

“…Llego a la propiedad en mención, verdad, que al parecer desde ya mi expertise por los años de trabajar ahí, me genera demasiada duda, porque la calle está en muy mal estado. Existen unos portillos en la entrada con un letrero que dice ‘propiedad privada no pase’. No hay alumbrado público. Ingreso a la propiedad, eh.. No hay vecinos que facturen para acueductos alcantarillados, ni un solo mediador dentro de esa urbanización, entonces, yo paso todo esto, me genera la duda. Yo como no me mando solo verdad, soy un simple empleado, tengo que hacer otras consultas para saber si la información que yo estoy viendo realmente es cierta y si ahí hay o no hay agua. Le consulto al ingeniero de Zona en ese momento, José Daniel García, que él estaba a cargo de la zona y le pregunto, y él me dice: ‘No, David. En esa zona no tenemos agua, no hay agua, allá, no hay ningún servicio que facture ahí y además eso es una urbanización que no está recibida por el municipio’. Entonces yo no puedo pasar por encima a un criterio primero de un superior mío, ni mucho menos de un criterio municipal, porque tenemos que apegar, apegarnos primero la factibilidad técnica que demanda el Reglamento de Prestación de servicios y también la norma urbana norma urbanística de la municipalidad de Santa Ana. Entonces sí, la urbanización no está recibida, yo no puedo otorgar agua […] en esa visita de campo se logran ver, no justamente así como aledañas, tal cual, pero sí hay varias casas más al fondo o incluso en la entrada y ninguna contaba con medidor de Acueductos y Alcantarillados. De hecho, las casas del fondo que, en apariencia, son unos apartamentos, tienen agua por un medidor que se, comúnmente se llama ‘paja jalada’ que está 200 metros y acaso, sobre, por dentro de unas fincas, hacia una calle que lleva a la urbanización que se llama ‘El Triunfo’ […] pero no está frente a los linderos de esos vecinos que están dentro de esa urbanización, está frente a un lote completamente lejos y que no pertenece a ese fraccionamiento o a esa urbanización […] sí existe un número de NIS [número de identificación de servicio], pero como le digo, está a 200 metros, lejos de … el número de NIS que abastece esa propiedad no está ubicado dentro de esa urbanización, que no hay agua, sino está a 200 metros sobre unas fincas, por una ‘paja jalada’…” (declaración del testigo perito-funcionario David Gamboa Mora, del minuto 00:37:26 al minuto 00:42:28 de la grabación de la audiencia de juicio oral y público).

4.-      En documento denominado “Orden de Servicio para Resolución Técnica Nuevo Servicio” del AYA fechado 28 de agosto de 2020 y suscrito por el Inspector David Gamboa, se hizo constar lo siguiente: -

Imagen 001

(f. 13 y 14 de la copia certificada del expediente administrativo, que corre agregado en las imágenes 94 y 95 del expediente judicial electrónico).

5.-      Por medio de documento denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado” con número de consecutivo SIGDD-2020-00033033-1-1-1 y fechado 31 de agosto de 2020, se determinó que no es factible otorgar la disponibilidad solicitada por el señor Rodríguez Morales. El acto indica lo siguiente: -

Imagen 002

(f. 15 de la copia certificada del expediente administrativo, visible a imagen 96 del expediente judicial electrónico).

6.-      El 04 de setiembre de 2020 fue recibido por parte del AYA un recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el aquí actor, en el cual indicó el correo electrónico “[...]” como medio de notificaciones (f. 21 a 28 de la copia certificada del expediente administrativo, que corre agregado en las imágenes 102 a 109 del expediente judicial electrónico).

7.-      Por medio de resolución administrativa número NUD-GAM-NOT-2020-0372 de 10 de setiembre de 2020, emitida por parte de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM del ICAA, se dispuso el rechazo del recurso de revocatoria incoado por el aquí actor, con el siguiente contenido: “…POR TANTO: POR LAS CONSIDERACIONES Y ARGUMENTOS EXPUESTOS Y EN APEGO AL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYA, EN LOS ARTÍCULOS N° 06, 07, 13 Y 15, DONDE CLARAMENTE SE ESTABLECE QUE: ES OBLIGACIÓN DE AYA DOTAR AL USUARIO DE UN SERVICIO ADECUADO EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD SALVO EN CASOS DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O PERIODOS [sic] DE MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE DIVULGADOS QUE AFECTEN LA ZONA DONDE ESTÁ LOCALIZADA LA PROPIEDAD, ADEMÁS, ANTE COMPROBADA FACTIBILIDAD TÉCNICA Y LEGAL, AYA PRESTARÁ SUS SERVICIOS A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE INMUEBLES CONSTRUIR O POR EDIFICAR, DEDICADOS A LA RESIDENCIA DE PERSONAS O ACTIVIDADES PARA USOS AUTORIZADOS: SE RECHAZA EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO Y SE RATIFICACA LA RESOLUCIÓN No. SIGDD-2020-00033033-1-1-1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020…”. Este acto fue notificado al aquí actor el 10 de setiembre de 2020 (f. 29 a 40 de la copia certificada del expediente administrativo, que corre agregado en las imágenes 110 a 121 del expediente judicial electrónico).

8.-      Mediante resolución administrativa de la Gerencia General del ICAA n° GG-2020-569 de las 07:00 horas del 11 de setiembre de 2020, fue resuelto el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodríguez Morales en los siguientes términos: “… POR TANTO: Con fundamento en el expediente administrativo, los informes técnicos que lo conforman y los documentos aportados, el artículo 11 de la Constitución Política, 11 y 16, 272.2 de la Ley General de la Administración Pública; y artículo 6, 13 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA; procede rechazar el Recurso de Apelación presentado por CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES POR DISPONIBILIDAD NEGATIVA SIGDD-2020-00033033-1-1-1. Se mantiene todo lo actuado por la Institución. Se procede a dar por agotada la vía administrativa…”. Este acto fue notificado el día 23 de setiembre de 2020 (f. 47 a 54 de la copia certificada del expediente administrativo, que corre agregado en las imágenes 128 a 135 del expediente judicial electrónico). -

IV.-            HECHOS NO PROBADOS. - De utilidad para el presente fallo se tienen por no demostrados los siguientes hechos, sea porque las partes incumplieron sus cargas probatorias, o bien, porque el Despacho no halló prueba idónea que, a la luz de la sana crítica racional, permitiera acreditarlos: ÚNICO.- La formal notificación por parte del AYA al señor Carlos Alberto Rodríguez Morales del documento denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado” con número de consecutivo SIGDD-2020-00033033-1-1-1 y fechado 31 de agosto de 2020.-

V.-               SOBRE LOS PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA ACCIÓN. - Con este título se identifican aquellos requisitos que el ordenamiento jurídico impone a los jueces su necesaria revisión y comprobación en el caso concreto, a efectos de poder acoger o denegar lo pedido por la persona que acciona ante la jurisdicción, incluso con prescindencia de los alegatos construidos por las partes. Constituyen dichos presupuestos materiales: 1) la susceptibilidad de que la acción se constituya en un medio o recurso judicial efectivo para incidir en la esfera jurídica de los sujetos litigantes (legitimación ad causam), 2) el juicio de idoneidad y utilidad de la pretensión material en solventar la causa de pedir o causa petendi (interés actual) y por último, 3) la conformidad con el ordenamiento jurídico de lo pedido (Derecho). La comprobación oficiosa de estos presupuestos ha sido reconocida por amplios precedentes de la Sala Primera y de este Tribunal (ver entre otras, de la Sala Primera, la sentencia número 317-F-S1-2008 de las 09:10 horas del 02 de mayo de 2008 y la número 1548-F-SI-2011 de las 09:20 horas del 22 de diciembre de 2011, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sección Octava, la número 85-2012 de las 08:30 horas del 14 de setiembre del 2012, Sección Cuarta, sentencias número 28-2012 de las 07:30 horas del 16 de marzo del 2012, y número 17-2015-IV de las 08:00 horas del 25 de febrero 2015 y Sección Sexta, sentencias número 80-2017-VI de las 11:30 horas del 23 de junio del 2017 y 86-2017-VI de las 10:00 horas del 30 de junio del 2017, entre otras). Si alguno de estos requisitos -o todos- no resultan comprobados por la persona juzgadora, sean o no aducidos bajo la forma de excepciones o defensas, la demanda no podrá encontrar respuesta positiva de parte del Despacho. Valga decir que la existencia de presupuestos procesales o requisitos para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, esto es, de restricciones formales al ejercicio de este derecho fundamental y humano, ha sido reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dispuesto en su jurisprudencia: “…143. La Corte ha señalado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera que si bien dichos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. Asimismo, la Corte ha determinado que la aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la Convención Americana y la efectividad del recurso implica que potencialmente, cuando se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos…” (Caso Hernández Vs. Argentina, Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Resaltado no es del original. Ver en ese mismo sentido: Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 126 a 128; Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua, Sentencia de 25 de marzo de 2017. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 163; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú, Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 154 a 156; Caso Romero Feris Vs. Argentina, Sentencia de 15 de Octubre de 2019. Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 135 y 136; Caso López y Otros Vs. Argentina, Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 209 a 211, entre otros). -

VI.-            ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- Así las cosas, es criterio de esta Cámara que -en términos muy generales-, podemos encontrar en el presente caso tanto la legitimación como el interés actual, en la medida que se evidencia del elenco de hechos probados, la existencia de una relación jurídico administrativa entre el señor Carlos Alberto Rodríguez Morales y el AYA, como resultado de la gestión formulada por el primero en el año 2020 a fin de obtener una “Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” respecto de su propiedad, la cual fue denegada por esa Administración mediante conducta administrativa formal emitida al efecto. Por lo cual ambos sujetos poseen legitimación, activa y pasiva, respectivamente, así como se desprende también la necesidad actual de pronunciamiento en relación con las pretensiones esgrimidas en la demanda. Resta por analizar, únicamente, lo relativo al Derecho y sobre este punto, la mayoría del Tribunal considera que debe declararse oficiosamente la improcedencia jurídica de la demanda, por las razones que de seguido se explican. El actor ha sustentado la demanda en un único vicio de las conductas formales impugnadas: la falta de motivación. Sobre dicho tema, esta Sección ha desarrollado en múltiples precedentes el tema en cuestión (ver, entre otras, sentencias N.º 46-2020-VI de las 15:30 horas del 16 de abril del 2020, 70-2019-VI de las 10:00 horas del 17 de junio del 2019, 104-2019-VI de las 13:50 horas del 27 de agosto del 2019 y 104-2018-VI de las 10:20 horas del 31 de agosto del 2018, etc.). Así, hemos señalado que este elemento formal supone la expresión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa. Respecto de los primeros supone no solamente la referencia de los hechos probados o no demostrados, sino además las pruebas o elementos de convicción en los que se ampara la deducción lógica de orden fáctico, pero además la explicación del proceso analítico que ha llevado a esas derivaciones o inferencias. En el campo del Derecho, supone la mención y explicación fundamentada del análisis que permite (racionalmente) colegir las razones por las cuales el derecho utilizado es aplicable al caso concreto, de suerte que, ante determinado conjunto de circunstancias precedentes, ese tratamiento jurídico resulte pertinente y adecuado, dando respaldo a la decisión adoptada. El mismo canon 136 LGAP indica que esa motivación puede ser DIRECTA, cuando el acto contenga en su propia literalidad, el detalle de ese marco de fundamento, o bien, INDIRECTA, cuando la conducta administrativa refiera como respaldo de su contenido, de manera explícita e inequívoca, a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado la adopción del acto, a reserva de que se acompañe copia de aquellos con la comunicación del acto. Los vicios o defectos respecto de este elemento, pueden configurarse por: omisión (el acto carece por completo de la exposición de los fundamentos debidos), motivación indebida (entre otros, las referencias fácticas y jurídicas son inaplicables al caso analizado, o se deja de lado la ponderación de aspectos relevantes del procedimiento), o bien, motivación insuficiente (los fundamentos expuestos en el acto no son suficientes para sostener lógica y racionalmente su contenido), lo que corresponde analizar en cada caso concreto. En sentido integral, la motivación permite la comprensión de las razones y el proceso racional por el cual se tiene por acreditado el motivo del acto, pero, además, el análisis de legitimidad que, ante ese presupuesto, ha llevado a la decisión adoptada, a modo de contenido del acto, como mejor manera de satisfacer el interés público involucrado. Si el procedimiento tiene como objeto primordial la determinación de la verdad real de los hechos que sirven de base al motivo (art. 221, 217 LGAP), es claro que la motivación exige la exposición clara de los hallazgos relevantes, hechos determinantes, soporte probatorio y análisis de las probanzas, que han llevado a la conclusión o inferencia fáctica. De otro modo, se lesionaría el derecho de defensa material al administrado a quien, se impone un resultado negativo dentro de una causa, cuando no se ofrecen esas cuestiones, pues estaría imposibilitado de refutar los elementos que han llevado a la configuración del motivo del acto. Lo mismo acontece con las consideraciones jurídicas que llevan a adoptar la decisión final (contenido), ya que, la omisión de referencia al marco normativo que respalda la voluntad administrativa, impide la refutación o crítica del análisis realizado por la Administración a fin de ponderar la pertinencia de la norma aplicada al caso concreto, su correspondencia con el motivo y su proporción con el fin legalmente impuesto. Así, las condiciones que impone el canon 132.1 LGAP, en cuanto a que el contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo, incluso como deber oficioso, no podrían ser contrastadas en el caso de no exponer el acto las razones por las cuales asume determinada postura. Por ende, la motivación es el elemento que posibilita la comprensión sustantiva de la decisión y que pone en evidencia las bases objetivas sobre las cuales la Administración ha derivado los elementos materiales objetivos del acto. Su relevancia estriba además en que posibilita la defensa del administrado, pues solamente conociendo la sustancia de lo dispuesto, es que puede debatirse, salvo que el alegato en sí sea, únicamente, la desatención al deber motivacional. -

VII.-         CONTINÚA.- En el sub júdice, el acto final del procedimiento, denominado “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado”, con número de consecutivo SIGDD-2020-00033033-1-1-1 y fechado 31 de agosto de 2020, la motivación se limitó únicamente a decir que “…le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en el oficio: 2020-00033033-1-AP se determinó lo siguiente: la propiedad esta en un sector donde no existe infraestructura del AYA. Por lo anterior, no es factible otorgar la disponibilidad. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD…” (Resaltado no es del original). No obstante, este acto fue reformado por el superior, que en el acto definitivo -que es precisamente el impugnado en esta acción contenciosa- ahondó sobre esta consideración y expuso ampliamente sobre las circunstancias de hecho y Derecho en los que se fundamentó la Administración para la denegatoria de la solicitud realizada por el señor Rodríguez Morales. En efecto, en la resolución administrativa de la Gerencia General del ICAA n° GG-2020-569 de las 07:00 horas del 11 de setiembre de 2020 se le indicó al aquí actor lo siguiente: -

“…CONSIDERANDO:

PRIMERO […]

SEGUNDO: Visto el expediente administrativo, los informes técnicos y la Resolución NUD-NOT-GAM- 2020-00372 de fecha 10 de setiembre del 2020, es sumamente claro, sencillo de comprender, abarca el fondo del asunto de la acción recursiva, por lo que no la vamos a reiterar por resultar innecesario, ya que los argumentos de fondo del recurrente son básicamente los mismos. 

En este caso bien se le indica que el lugar en donde se ubica el inmueble no hay infraestructura del AyA. Ni siquiera hay un sistema cercano de distribución (tubería madre), no se puede otorgar el servicio en el inmueble solicitado frente a calle pública, como se indica en el artículo 15 del Reglamento de Prestación de Servicios.

Para el otorgamiento de Disponibilidades de Agua Potable, el AyA debe atender la normativa técnica y legal existente. En este caso, aplicar lo establecido en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, en donde claramente se establece en los artículos: 06, 07, 11 y 13 lo siguiente: 

[…]

Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica y legal en inmuebles, construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas o a actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados. 

Los servicios de agua y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública, o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA, o frente al acceso de la servidumbre de hecho o inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el articulo 15. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento. (…)

En relación con lo anterior, debe insistirse en que el AyA basado en el Reglamento de Prestación de Servicios, no puede otorgar disponibilidades positivas en sectores donde no existan las condiciones técnicas óptimas para la prestación de sus servicios, con las que se asegure la dotación de un servicio de calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad, y en el sector donde se ubica el inmueble, no se está cumpliendo con esas disposiciones indicadas en el reglamento.

En el presente caso el recurrente busca una eximente, pero no es posible para AyA apartarse del ordenamiento jurídico, la ciencia, la técnica y que permita obviar el ordenamiento jurídico para acatar apreciaciones de orden particular y privadas. 

En este y otros casos, no es una simple acción de apreciación de un proyecto aquí o allá, o dónde más tenga interés el ciudadano, sino que debe ser sometido al análisis de acuerdo a la ciencia y la técnica.  

Los Informe Técnicos están amparados en la ciencia y la técnica, de acuerdo al articulo 16 de la Ley General de la Administración Pública; y en especial la ciencia de la Ingeniería; revelan que no existe sistema de distribución.

Adicionalmente a lo anterior la urbanización donde se ubica el inmueble tiene un problema con la Municipalidad que debe ser resuelto por los propietarios registrales.  

En el presente caso sería una irresponsabilidad por parte del AyA otorgar lo pedido en esas condiciones, dejando de lado aspectos técnicos y legales. 

TERCERO: La Institución mal haría otorgando una disponibilidad contrario al Principio de Legalidad y a la ciencia y la técnica que señalan el artículo 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Siendo entonces que AyA debe respetar la normativa que lo rige a otros, caso contrario AyA estarán transgrediendo el ordenamiento jurídico. Es claro que debe cumplir los requisitos como todo ciudadano y no es factible otorgar beneficios que el ordenamiento jurídico no le otorga.  No hay ninguna eximente para que no cumpla con los requisitos que se le solicitan.  

[…]

AyA debe ser respetuoso de las normas de Planificación Urbana y del Ambiente, siendo que AyA no puede ir contra el ordenamiento jurídico vigente, por cuanto sería ilegal su actuación estando al margen de los establecido y tampoco es factible establecer excepciones donde la ley no las otorga.

La Sala Constitucional se ha pronunciado en concordancia con los requisitos técnicos y legales que deben tomarse en cuenta para otorgar un nuevo servicio. Así la Resolución 2004-12185 de las trece horas con treinta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil cuatro, la Sala Constitucional resolvió:

“Visto el informe rendido bajo juramento por el Sub Gerente del AyA y la prueba aportada al expediente, la Sala concluye que, en este caso en particular, no se ha lesionado ningún derecho fundamental del recurrente toda vez que, contrario a su dicho, ha sido él mismo quien no ha presentado ante la Institución recurrida los documentos exigidos para la prestación del servicio de agua potable. No es posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir los presupuestos establecidos en su Reglamento de Prestación de Servicios ni en la Ley General de Agua Potable, en el tanto el amparado, por su parte, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, puesto que, si bien es cierto el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona, también es cierto que los requisitos legales y reglamentarios que debe reunir el posible usuario, deben ser satisfechos de acuerdo con la normativa existente...” (destacado no es del original).

La Sala Constitucional mediante Resolución Nº. 2004-12185 de las 13.31 hrs del 29 de octubre del 2004, ha señalado que para optar por un servicio de agua potable el interesado debe reunir los requisitos establecidos en la normativa de AyA.

Es así como en el presente caso, la Institución no puede obviar sus propios reglamentos.

La Sala Constitucional, en casos similares, resolvió en el Voto Nº 2008-14159, del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho:

[…]

La obligatoriedad por parte del AyA de revisar lo señalado resulta necesario para dar cumplimiento, en lo que corresponda, a lo señalado en la norma técnica supra señalada. Los artículos 5 y 7 (definición de técnicamente factible) y 75, inciso g) (causales de rechazo de las solicitudes de servicio), del reglamento técnico Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante -AR-PSAYA-2015-de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), publicado en La Gaceta 69 del 12 de abril del 2016 – Alcance No. 55, así como a lo establecido en los artículos 6,13 del Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA vigente. Dichas normas establecen como requisito para la prestación de los servicios públicos que ofrece el AyA, que estos sean legal, ambiental y técnicamente factibles.

En particular el artículo 5 del reglamento técnico de la ARESEP (AR-PSAYA-2015) en su definición de “Técnicamente factible” señala:

“Se considera que un servicio es técnicamente factible cuando cumple las siguientes condiciones: … d. Es legal y ambientalmente posible y … “.

Por su parte el artículo 75 de esta misma norma indica

“Artículo 75. - Causales de rechazo de las solicitudes de los servicios. Los prestadores podrán negar un servicio cuando se presente cualquier de las siguientes causales: … g. Que no sea técnicamente factible.

En esta misma línea el artículo 6 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA establece que:

“AyA prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro del área de cobertura, siempre que cuente con factibilidad técnica y legal.”.

Mientras que el artículo 13 de este mismo cuerpo normativo indica:

“Artículo 13.- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica y legal en inmuebles, ...”.

CUARTO: Siendo así las cosas se rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES POR DISPONIBILIDAD NEGATIVA SIGDD-2020-0033033-1-1-1. Se mantiene en todos sus extremos el documento recurrido y todo lo actuado por la Institución…” (Resaltado no es del original).

Por criterio de la mayoría de este Tribunal, tal y como se desprende del acto recién transcrito, la conducta administrativa impugnada sí presenta una motivación suficiente y adecuada, que permite la comprensión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa, esto en la medida que se incorpora en los actos la mención y explicación fundamentada de las razones dadas por el AYA para denegar el servicio, a saber: que el inmueble respecto del cual se solicitó la disponibilidad se encuentra localizado “en un sector donde no existe infraestructura del AYA.”. Se observa de parte de la mayoría de la Cámara que, no obstante, el acto final no entra en un detalle adecuado y profuso, tal y como se esperaría de una decisión técnica, lo cierto del caso es que sí lo hace el superior jerárquico a la hora de resolver el recurso de apelación a través del acto definitivo, lo cual se entiende al amparo de la potestad del jerarca -en términos de la Ley General de la Administración Pública- de controlar los actos de los inferiores, sea por motivos de legalidad u oportunidad, mediante la reforma, confirma o anulación de aquellos, en tanto la norma legal de cita así lo dispone en su literalidad: “Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: […] d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo…” (Resaltado no es del original). Esta potestad jerárquica, en criterio de la mayoría, se entiende que engloba la facultad de adaptar el acto del inferior al marco de la legalidad y la buena administración, obviamente en el tanto esto sea posible (es decir, que no nos encontremos ante un supuesto de una nulidad de pleno Derecho), acorde con el marco del principio de conservación de los actos o “a favor acti”, como lo prevé expresamente el ordinal 168 de la misma Ley General: “Artículo 168.-En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto.” En otras palabras, tratándose el caso concreto de una supuesta falta de motivación del acto, por mayoría, la Cámara comprende que sí se encuentra dentro del marco de acción legítima del superior a la luz de las normas citadas, la posibilidad de reformar por vía de recurso administrativo el acto del inferior, a fin de completarlo y con ello, ajustar el acto, de tal modo que ahora sí permita la comprensión de las razones y el proceso racional por el cual se tiene por acreditado el motivo del acto, así como el análisis de legitimidad que ha llevado a la decisión adoptada; lo cual es, a fin de cuentas, el fin último de la motivación como elemento del acto administrativo. El completar una motivación que, en principio, pudiera aparentar insuficiente, se entiende que también es una consecuencia necesaria del recurso, pues además de servir como medio de defensa del administrado, permite al jerarca detallar acerca de las razones que guiaron en un sentido u otro la decisión de la Administración, al mismo tiempo, que permite a su destinatario adoptar las medidas de impugnación que estime necesarias en la defensa de sus intereses. Valga decir que, en ese sentido, la alegada violación del derecho fundamental al acceso al agua potable es abordado como una consecuencia de la supuesta infundada desestimación de su solicitud, sin embargo, como hemos corroborado -por mayoría- la conducta combatida sí expresa las razones para su rechazo, las cuales denotan que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto depende de la factibilidad técnica (cantidad, calidad y continuidad) para su prestación, de modo que, tratándose de un servicio público que se realiza a través de una red de infraestructura, si se carece de ésta -por motivos ajenos a la entidad prestataria- resulta materialmente imposible exigirle a la demandada que preste el servicio. Adicionalmente, y no menos importante es que aquella infraestructura es una carga del urbanizador donde se ubica la propiedad del actor, conforme a los artículos 1 y 32 de la Ley de Planificación Urbana, número 4250, obligación que no puede ser trasladada a la entidad accionada. Por último, como derivación de todo lo antes dicho, concluimos -por mayoría- que no resulta pertinente ni útil la prueba aportada (fotografías y videos) en relación con las supuestas infraestructuras existentes en el sitio, porque en el fondo la parte no combatió las razones dadas por el AYA para sustentar la denegación de la disponibilidad hídrica por carecer de factibilidad técnica y legal. Así las cosas, resultando improcedentes las alegaciones en las que se sustenta la pretensión de nulidad de la conducta impugnada, lo que corresponde en Derecho es desestimar esa pretensión y, además, siendo que el segundo extremo petitorio (b), resulta accesorio al primero, este debe sufrir la consecuencia del principal y, por ende, debe igualmente desestimarse, como en efecto se ordena.-

VIII.-      SOBRE LAS COSTAS.- De conformidad con los artículos 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 73 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342) por medio de la condena al pago de las costas se constituye una obligación a cargo de la parte perdidosa -por el sólo hecho de serlo-, en beneficio de la vencedora, a fin de que ésta le reintegre las diversas categorías de gastos allí enlistados. Ambos numerales prevén diversas causales de dispensa de esta condenatoria, por lo que en ausencia de alegatos o pruebas que permitan a este Tribunal, en el caso concreto, ponderar y tener por acreditado alguno de estos motivos, no es posible entonces excepcionar total o parcialmente a la parte vencida de la aplicación de dicha máxima, por lo que conforme a las normas de cita, lo debido es imponer la condena a la parte vencida. Por criterio de la mayoría de este Tribunal, la condenatoria se realiza en abstracto y por tanto, pendiente de liquidación en fase de ejecución de sentencia, donde corresponderá llevar a cabo la determinación prudencial del importe de las costas, según los criterios esbozados en el artículo 76.1 CPC (Ley N° 9342), dado que en este asunto la parte actora ha calificado su demanda como inestimable y por ende, sin trascendencia económica específica. El Juez Aguilar Méndez pone nota. -

POR TANTO

Por mayoría, se declara de manera oficiosa una falta de Derecho y por consiguiente, en esos mismo términos, SE DECLARA SIN LUGAR la demanda interpuesta por CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA/AYA). –Se condena a la parte vencida al pago de las costas. Sobre este extremo, pone nota el juzgador Aguilar Méndez. - La cojuzgadora Abarca Gómez salva el voto. - Notifíquese.-

Daniel Aguilar Méndez

Cynthia Abarca Gómez    Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

Voto salvado de la Jueza Abarca Gómez

Con el acostumbrado respeto y consideración, debo apartarme de la decisión que adoptan mis compañeros cojueces en este proceso, en la cual se declara sin lugar la demanda, en todos su extremos. Lo anterior en la medida que discrepo, tanto de algunos de los hechos que aquí se ha tenido por demostrado como de la interpretación jurídica que realiza la mayoría del Tribunal en relación con la supuesta  motivación de la decisión aquí impugnada. Lo anterior por las siguientes razones. I.- Mi análisis de la cuestión aquí debatida, se sustenta en dos premisas generales. La primera de ellas es que, de conformidad con el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública (en adelante LGAP), será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico. Lo anterior significa, en mi criterio, que para ser válidas, las conductas formales que dicte la Administración (y en especial las que sean de contenido desfavorable) deben sujetarse al cumplimiento de los diversos elementos (subjetivos, formales y materiales) regulados por la misma Ley General en los artículos 129 a 139, así como a los requisitos que, para cada caso concreto, establezca el ordenamiento jurídico. Caso contrario, estaríamos ante la invalidez de los actos, patología que puede ser de grado absoluto o relativo, en los términos dispuestos, en lo fundamental, por los artículos 158, 165, 166, 167, 168, 169 y siguientes de la LGAP. La segunda premisa relevante tiene que ver con el hecho de que en este proceso se discute la validez de un acto desfavorable, mediante el cual el ente accionado denegó la solicitud planteada por el aquí actor por las siguientes razones: "(...) NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD -NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD (...)".  Es decir, la decisión sometida al control de legalidad de esta Jurisdicción es una denegatoria del derecho a acceso al agua. Lo anterior obliga, en mi criterio, a tener en consideración que de conformidad con el numeral 50 de la Constitución Política "(...) Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. (...)". II.- A partir de estas consideraciones es que el análisis que efectúo, difiere de lo razonado por la mayoría de este Tribunal, como explico de seguido. De inicio, debo indicar que, en general, coincido con mis compañeros cojueces respecto del elenco de hechos que se tuvo por acreditado; con excepción del que se identifica con el número 3, el cual, en mi criterio, no es posible tenerlo por demostrado. Lo anterior porque la explicación que dio el testigo funcionario David Gamboa Mora, Inspector de Nuevos Servicios y Disponibilidad de Agua Potable en la Zona 3 de la Gran Área Metropolitana (GAM),  quien fue el encargado de efectuar el estudio previo de la información aportada en el caso concreto y realizar la inspección de campo, no consta ni se infiere del expediente administrativo aportado a los autos. Atendiendo a la revisión de esta carpeta, lo que se observa es únicamente una "orden de servicio de para la resolución técnica nuevo servicio" (imágenes 94 y 95 del expediente judicial digital); que es a la que se hace referencia en el hecho probado 4, del cual puede extraerse que se trata de un  formulario que tienen datos de identificación del inmueble inspeccionado y la única observación que el inspector hizo constar es "(...) El caso se conversó con el Ing de zona, el mismo indica que  no existe infraestructura en el lugar. Negativa (...)". Como se infiere fácilmente, esa orden de servicio (que constituye un acto preparatorio), no contiene la explicación detallada que brindó el testigo funcionario, ni ninguna otra justificación técnico o probatoria. Lo anterior es relevante porque en esta Jurisdicción se ejerce un control de legalidad sobre lo actuado por la Administración, en este caso, en el acto denegatorio de acceso al agua, el cual tiene como único sustento, los estudios e inspección efectuados por don David. De esta forma, estimo que es improcedente que, mediante la declaración del testigo funcionario en el juicio, se pretenda venir a completar la motivación contenida en el acto preparatorio indicado, introduciendo motivos o razones no comprendidas, directa ni indirectamente, en aquella decisión denegatoria. Ello es así porque lo que corresponde a este Tribunal, reitero, es cotejar la validez del acto impugnado (como manifestación objetiva de voluntad de la Administración) en los términos que fue emitido; y no como pretendan posteriormente justificarlo sus autores. III.- Aunado a lo anterior, debo señalar que si bien coincido, en general, con el concepto de la motivación, como elemento formal de los actos administrativos,  que se plasma en el Considerando VI de este fallo; también discrepo de la interpretación y el control de legalidad que, sobre este elemento, efectúa la mayoría del Tribunal en el caso concreto. Ello en la medida que, si la motivación es la expresión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa y supone la referencia de los hechos probados o no demostrados, las pruebas o elementos de convicción en los que se ampara la deducción lógica de orden fáctico y la explicación del proceso analítico que ha llevado a esas derivaciones o inferencias; estimo que, en el caso concreto, el acto final denegatorio emitido por el ente accionado, claramente no satisface ese elemento formal. Lo anterior porque la decisión final se limitó a denegar la solicitud de disponibilidad de agua, por las mismas razones indicadas en el acto preparatorio que emitió el inspector; pero en ninguna de esas dos conductas formales existe una exposición clara de los hallazgos relevantes, hechos determinantes, soporte probatorio, análisis de las probanzas, ni expresión de los motivos o argumentos jurídicos que permiten subsumir los hechos relevantes en el derecho y arribar a la conclusión denegatoria de la disponibilidad de agua. Se trata, en mi criterio, de una nulidad insubsanable, en la medida que la ausencia de motivación impacta directamente el debido proceso y el derecho de defensa del aquí actor, tal cual lo dispuesto reiterada la Sala Constitucional. Y como ya expliqué, estimo que se trata de una deficiencia que no puede venir a ser subsanada con la declaración rendida en juicio por el funcionario encargado de la inspección, porque las razones ahí expuestas, debieron estar contenidas en el acto preparatorio que sirvió de sustento a la decisión final, de modo que el accionante pudiera conocerlas y ejercer su derecho de defensa, por ejemplo, cuestionado su legalidad por medio de los recursos que resultaran procedentes. IV.- Por las mismas razones, a diferencia de mis compañeros, estimo que esa ausencia de motivación tampoco puede ser suplida o subsanada por la vía recursiva; porque los recursos constituyen un remedio procesal para revisar y cuestionar la legalidad de los actos administrativos, tal cual se infiere del artículo 162 de la LGAP. De esta forma, la potestad de revisión ejercida vía recurso debe llevar a que se confirme el acto (si resultara legítimo), se anule (si resultara sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico) o se modifique su contenido para ajustarlo a la legalidad; como lo señala el artículo 351 de la misma LGAP. Pero en mi criterio, esa potestad de revisión de ninguna puede suponer completar elementos del acto final cuestionado que resultan ausentes; como sería, en este caso, explicar ampliamente sobre las circunstancias de hecho y Derecho en los que se fundamentó la Administración para la denegatoria de la solicitud realizada por el actor Rodríguez Morales. Y en el caso concreto, basta revisar los actos que resolvieron los recursos de revocatoria y apelación formulados en contra de la conducta formal final, para constatar que es en esos actos donde se motiva la decisión denegatoria aquí cuestionada, en sus aspectos fácticos, jurídicos, técnicos y probatorios; ejercicio intelectivo que se extraña completamente en el acto final. Por ello, en mi criterio, la decisión aquí cuestionada sí resulta sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico por falta de motivación, en los términos que he explicado. Se trata de un vicio insubsanable y que genera la nulidad absoluta de todo lo actuado, razón por la cual debo salvar mi voto en la decisión que en esta sentencia se adopta. Por la forma en que resuelve la mayoría, claramente ningún sentido tiene ingresar a conocer las pretensiones que formula la parte actora; pero sí debo dejar asentada mi posición y criterio en cuanto a este aspecto debatido. V.- Finalmente, debo señalar que si bien la motivación es un elemento de cualquier acto administrativo, de conformidad con el numeral 136 de la LGAP, deben estar especialmente motivados aquellos que limiten derechos. En el caso concreto, estimo que ese deber de fundamentación fáctica, jurídica, técnica y probatoria sin duda debe estar presente cuando se trate de gestiones relativas al derecho humano y fundamental de acceso al agua; recurso que dejó de ser una fuente inagotable y que cada vez con más frecuencia ha venido generado una serie de conflictos sociales, jurídicos y salubres, entre otros. De esta forma, si bien como cualquier derecho admite limitaciones, estoy convencida que su imposición debe estar sustentada en motivos, razones o argumentos objetivos, jurídicos y técnicos; todo lo cual se extraña en la decisión denegatoria impugnada, la cual es omisa de motivación. Tan claro es ello que, como reconoce la decisión de mayoría, su fundamentación fue completada en la fase recursiva; aspecto que en mi criterio, resulta sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, por las razones que ya he expuesto, lo que conllevaría su nulidad absoluta. Sin embargo, en virtud de la declaratoria que ha efectuado la mayoría de este Tribunal, a nada llevaría ingresar, en forma individual, al examen de las pretensiones que formuló la parte actora.

 

Cynthia M. Abarca Gómez

Jueza

 

NOTA DEL JUEZ AGUILAR MÉNDEZ.- Con relación a la condenatoria al pago de costas, si bien resulta unánime el criterio de que efectivamente debe imponerse la misma al perdidoso por el sólo hecho de serlo, con todo respeto difiero de mis compañeras en cuanto al carácter abstracto o líquido de este pronunciamiento. El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que la condena al pago de costas es un pronunciamiento oficioso y obligatorio de la persona juzgadora y, en aplicación supletoria del artículo 62.1 del Código Procesal Civil (conforme los numerales 220 ídem y los artículos 9 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), considero que dicho deber del Tribunal se materializa en la liquidación misma de esa condenatoria en el fallo, al preceptuar esa norma que, en relación con toda condenatoria sobre extremos económicos determinables en dinero, “… deberá establecerse de una vez el monto exacto de las cantidades otorgadas, sus adecuaciones hasta la sentencia, incluidos los intereses y las costas…” (Resaltado no es del original). Por consiguiente, dado que se carece de norma administrativa en contrario y siendo que las normas procesales resultan indisponibles, incluso para el propio Tribunal (Art. 3.5 CPC), lo procedente sería incluir en el acápite de costas de esta sentencia, la determinación de estos últimos rubros y no reservar su pronunciamiento para la etapa de ejecución de sentencia. - Daniel Aguilar Méndez, Juez.-



 

 




- Código Verificador -

XHKTQSSA37U61



 

Documento firmado por:

DANIEL AGUILAR MENDEZ, JUEZ/A DECISOR/A
SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUEZ/A DECISOR/A
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-005268-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:19:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


II Judicial Circuit of San José, Annex A Building


Main: 2545-00-03 Fax: 2545-00-33


Email [email protected]

 
CASE FILE:

 
21-005268-1027-CA



PROCEEDING:

 
ORDINARY PROCEEDINGS (CONOCIMIENTO)



PLAINTIFF:

 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES



DEFENDANT:

 
COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)

 
No. N° 2024002160

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL - SIXTH SECTION - SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours thirty-five minutes on the third of April two thousand twenty-four.-

Ordinary proceedings filed by CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, bearer of identity card number 1-1202-0836, represented by Roberto Cordero Brenes, in his capacity as special judicial attorney (appearing at image 18 of the electronic judicial file), against THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA/AYA), represented by Adilia Campos Vargas and Paula Guerrero Delgado, the former in her capacity as general judicial attorney and the latter as special judicial attorney (appearing at images 150 to 152 of the electronic judicial file). -

CONSIDERING:

I.- PRELIMINARY ASPECTS. - A) This resolution is issued according to the formalities established in Law No. 9342, Civil Procedure Code (CPC), and the Regulation on the Electronic Judicial File before the Judicial Branch (REJEPJ), approved by the Full Court in article XXXI of session No. 22-13, held on May 20, 2013. B) The ruling is adopted by majority, following the respective deliberation, with Judge Aguilar Méndez responsible for drafting the resolution, with the concurring vote and opinion of Judge Fernández Brenes. Presiding Judge Abarca Gómez issues a dissenting vote. Likewise, Judge Aguilar Méndez adds a separate note regarding the costs section. C) Based on the principle of functional equivalence of electronic documents, set forth in articles 3 of the Law on Certificates, Digital Signatures and Electronic Documents, and 11 of the REJEPJ, coupled with the fact that the CPC only requires the identification of the evidentiary source for the list of proven and unproven facts in the judgment (Art. 61.2.2), and considering that, in this case, all the body of evidence is documentary in nature and is incorporated directly into the databases of this Branch of the Republic, this Chamber has decided that for purposes of reference and identification of the evidence, only the image numbers in which they appear will be indicated, within the digital document that - in a ".pdf" format file, ordered ascendingly - has been downloaded from the computer application of the electronic judicial file, for the purpose of issuing this judgment. D) This Tribunal hears and resolves this matter by virtue of the provisions issued by the Superior Council of the Judicial Branch in agreements numbers XXVIII of Session No. 84-2021 of September 28, 2021, and XXXIX of Session No. 95-2021 of November 4, 2021, which ordered the redesign of the Office. - 

II.- SUBJECT OF THE PROCEEDINGS. - The claims that constitute the subject of these proceedings - as defined in the preliminary hearing - correspond exactly to what was set forth in the complaint (appearing at 15 and 16 of the electronic judicial file), which read as follows: -

"... a) That the absolute nullity of resolution GG-2020-569 and all underlying administrative acts that denied the water availability (disponibilidad de agua) to my client be declared.

b) That the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be obligated to grant the water availability (disponibilidad de agua) for the property owned by my client with real estate folio number 1-286454-000.

c) That the defendant be ordered to pay both costs plus their respective interest..."

In summary, the plaintiff's legal representation alleges that he is the owner of a property in Santa Ana and that in 2020, he requested a certification of water availability (disponibilidad hídrica) from the AYA, which was denied by that public entity. Thus, the plaintiff bases his claims - in summary - on his consideration that such rejection is technically and legally unfounded, which consequently affects his fundamental right of access to potable water. He points out that the justification given by the ICAA is that there is no infrastructure at the location, based on a conversation with an engineer, which, in his opinion, does not justify the response given; on the contrary, he argues that the area should have been investigated or inspected in depth and a true reason for denying the request should have been determined at a scientific and technical level, especially since there are nearby, inhabited houses that do enjoy the service, for which - he indicates - he provides evidence, such as photographs and videos, as well as sewer covers with the AYA logo and tanks in the vicinity that were indeed operational in 2020 and, as indicated by the officials in their statements during the oral and public trial, a NIS that supplies water which, in his view, so demonstrates. He indicates that, in accordance with the principles of public service, AYA is obligated to provide the same, making it improper and a violation of the legal system to deny access to water without conducting an in-depth technical study that precisely determines the circumstances or conditions under which the service cannot be provided. The representation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers responded negatively to the complaint and requested that the plaintiff be ordered to pay both costs; however, it omitted to expressly state exceptions or material defenses. Basically, it argues that the request was denied by the Administration based on the legal system and on technical criteria indicating that granting potable water availability (disponibilidades de agua potable) on properties such as the plaintiff's is not appropriate, as it did not obtain a favorable technical feasibility analysis. -

III.- PROVEN FACTS. - Of importance for the issuance of this resolution, the following facts are deemed duly demonstrated according to sound rational criticism (sana crítica racional), either because they are evident from the body of evidence provided and admitted in this proceeding, or because the parties have accepted them: -

1.- On August 27, 2020, the "duly completed application form and requirements" corresponding to a process of "Application for Certificate of Potable Water and Sanitary Sewer Availability (Solicitud de Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)", carried out by Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales, in his capacity as owner of the property of the San José District, registration no. 286454-000 and with surveyed plan SJ-0399400-1980, was received at the AYA Metropolitan Region Self-Service Agency. In the form, Mr. Rodríguez Morales indicated that the request corresponded to a project for "Subdivisions (Fraccionamientos), segregations, lotifications" in relation to the construction of a "New Construction Project" of the "Single-Family Dwelling" / "Dwellings located on individual lots" type (pp. 01 to 12 of the certified copy of the administrative file, which is attached at images 82 to 93 of the electronic judicial file).

2.- Once a request of this type is received and compliance with the requirements is verified, the responsible Department assigns the request to an official who carries out a desk analysis, based on the information provided, as well as through the electronic systems and tools that the AYA has "...to be able to verify, let's say, if the availability where it is located has the technical and legal feasibility to be granted..." (statement of José Flores Madrigal at 00:59:26 of the recording of the oral and public trial hearing). If any reasonable doubt arises from the desk analysis, consultations are made with other Departments, and if no information is obtained, the case is assigned to the "water availability inspector" to conduct a field study. Said official, upon receiving the request, first carries out a study based on the information provided, regulatory plans, and the AYA Service Provision Regulation, as well as on the information systems available to the institution "...such as some schematic plans that AyA has been compiling over the years, information systems in which it maintains pipelines, active networks, lists of water meters, billing lists, so I do a preliminary study before heading to the field..." (statement of David Gamboa Mora at 00:36:52 of the recording of the oral and public trial hearing). After conducting that study, the Inspector travels to the area and assesses certain elements that their experience allows them to determine the availability or not of aqueduct or sewer networks "...what they do is verify if there are meters next to the, the, the, the property that is now requesting, if there are no meters, if there are... the asphalt may be seen broken due to leak repairs or because a pipe was laid; well, maybe the asphalt is new, so they don't see it, but they see if there are meters, if there is electric lighting, if there are certain, certain things that tell him, look, here there is or there is no pipe..." (statement of José Flores Madrigal at 01:02:37 of the recording of the oral and public trial hearing). If the doubt remains, the official consults the so-called "zone engineer", an official "who is the one in charge of repairing leaks, right, in all the pipes we have" (statement of José Flores Madrigal at 01:03:15 of the recording of the oral and public trial hearing). This official can clarify for the Inspector, based on their experience, whether it is known if there are or are not pipes in the area. Even if the doubt persists, the public street can be opened to determine the presence or not of AYA's water networks. Based on all this collected information, the Inspector fills out the respective documentation, and the Institution can finally provide a response to the user (Deemed proven based on the statements of the witness officials - experts David Gamboa Mora and José Flores Madrigal, whose statements were received during the oral and public trial hearing).

3.- Mr. Rodríguez Morales' request was assigned to official David Gamboa Mora, Inspector of New Services and Potable Water Availability in Zone 3 of the Greater Metropolitan Area (GAM), who, after conducting a preliminary study of the information provided, proceeded to carry out the field inspection as follows: -

"...I arrive at the property in question, right, which apparently, from my expertise due to the years of working there, generates too much doubt for me, because the street is in very poor condition. There are some gates at the entrance with a sign that says 'private property no trespassing'. There is no public lighting. I enter the property, uh... There are no neighbors that bill for aqueducts and sewers, not a single meter within that urbanization, so, I go through all this, it generates doubt for me. Since I do not act alone, right, I am just a simple employee, I have to make other consultations to find out if the information I am seeing is really true and if there is or is not water there. I consult the Zone engineer at that time, José Daniel García, who was in charge of the zone, and I ask him, and he tells me: 'No, David. In that zone we do not have water, there is no water, out there, there is no service that bills there and besides, that is an urbanization that is not accepted (recibida) by the municipality.' So I cannot override, first, a criterion of a superior of mine, much less a municipal criterion, because we have to adhere, first adhere to the technical feasibility demanded by the Service Provision Regulation and also the urban planning norm of the municipality of Santa Ana. So yes, the urbanization is not accepted (recibida), I cannot grant water [...] in that field visit, you could see, not exactly adjacent, literally, but yes, there are several houses further back or even at the entrance, and none had an Aqueducts and Sewers meter. In fact, the houses at the back that are, apparently, some apartments, have water through a meter that is commonly called 'paja jalada' which is 200 meters away, barely, over, within some farms, towards a street that leads to the urbanization called 'El Triunfo' [...] but it is not in front of the boundaries of those neighbors who are within that urbanization, it is in front of a completely distant lot that does not belong to that subdivision (fraccionamiento) or that urbanization [...] there is a NIS number [service identification number], but as I tell you, it is 200 meters away, far from ... the NIS number that supplies that property is not located within that urbanization, where there is no water, but rather it is 200 meters away over some farms, through a 'paja jalada'..." (statement of the witness expert-official David Gamboa Mora, from minute 00:37:26 to minute 00:42:28 of the recording of the oral and public trial hearing).

4.- In a document entitled "Service Order for Technical Resolution New Service" of the AYA dated August 28, 2020, and signed by Inspector David Gamboa, the following was recorded: -

Image 001

(pp. 13 and 14 of the certified copy of the administrative file, which is attached at images 94 and 95 of the electronic judicial file).

5.- By means of a document entitled "Certification of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services" with consecutive number SIGDD-2020-00033033-1-1-1 and dated August 31, 2020, it was determined that it is not feasible to grant the availability requested by Mr. Rodríguez Morales. The act indicates the following: -

Image 002

(p. 15 of the certified copy of the administrative file, which appears at image 96 of the electronic judicial file).

6.- On September 4, 2020, a motion for reconsideration with subsidiary appeal filed by the plaintiff herein was received by the AYA, in which he indicated the email address "[...]" as the means for notifications (pp. 21 to 28 of the certified copy of the administrative file, which is attached at images 102 to 109 of the electronic judicial file).

7.- By means of administrative resolution number NUD-GAM-NOT-2020-0372 of September 10, 2020, issued by the GAM Systems Management Deputy Office of the ICAA, the rejection of the motion for reconsideration filed by the plaintiff herein was ordered, with the following content: "...THEREFORE: BASED ON THE CONSIDERATIONS AND ARGUMENTS PRESENTED AND IN ACCORDANCE WITH THE REGULATION FOR THE PROVISION OF AYA SERVICES, IN ARTICLES No. 06, 07, 13 AND 15, WHERE IT IS CLEARLY ESTABLISHED THAT: IT IS THE OBLIGATION OF AYA TO PROVIDE THE USER WITH AN ADEQUATE SERVICE IN TERMS OF QUALITY, QUANTITY AND CONTINUITY, EXCEPT IN CASES OF FORCE MAJEURE, FORTUITOUS EVENT OR DULY DISCLOSED MAINTENANCE PERIODS THAT AFFECT THE ZONE WHERE THE PROPERTY IS LOCATED; FURTHERMORE, UPON VERIFIED TECHNICAL AND LEGAL FEASIBILITY, AYA WILL PROVIDE ITS SERVICES TO THE OWNERS AND/OR POSSESSORS OF REAL ESTATE TO BUILD OR TO BE BUILT, DEDICATED TO THE RESIDENCE OF PERSONS OR ACTIVITIES FOR AUTHORIZED USES: THE MOTION FOR RECONSIDERATION FILED IS REJECTED AND RESOLUTION No. SIGDD-2020-00033033-1-1-1 DATED AUGUST 31, 2020 IS RATIFIED...". This act was notified to the plaintiff herein on September 10, 2020 (pp. 29 to 40 of the certified copy of the administrative file, which is attached at images 110 to 121 of the electronic judicial file).

8.- Through administrative resolution of the General Management of the ICAA No. GG-2020-569 at 07:00 hours on September 11, 2020, the appeal filed by Mr. Rodríguez Morales was resolved in the following terms: "... THEREFORE: Based on the administrative file, the technical reports that comprise it, and the documents provided, article 11 of the Political Constitution, 11 and 16, 272.2 of the General Law of Public Administration; and article 6, 13 of the AyA Service Provision Regulation; it is appropriate to reject the Appeal filed by CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES FOR NEGATIVE AVAILABILITY SIGDD-2020-00033033-1-1-1. All actions taken by the Institution are upheld. The administrative channel is hereby deemed exhausted...". This act was notified on September 23, 2020 (pp. 47 to 54 of the certified copy of the administrative file, which is attached at images 128 to 135 of the electronic judicial file). -

IV.- UNPROVEN FACTS. - Useful for this ruling, the following facts are deemed not demonstrated, either because the parties failed to meet their evidentiary burdens, or because the Office found no suitable evidence that, in light of sound rational criticism (sana crítica racional), could accredit them: ONLY.- The formal notification by the AYA to Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales of the document entitled "Certification of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services" with consecutive number SIGDD-2020-00033033-1-1-1 and dated August 31, 2020. -

V.- REGARDING THE MATERIAL PRESUPPOSITIONS OF THE ACTION. - Under this title are identified those requirements that the legal system imposes on judges for their necessary review and verification in the specific case, for the purpose of being able to uphold or deny what is requested by the person bringing the action before the jurisdiction, even regardless of the arguments constructed by the parties. These material presuppositions constitute: 1) the susceptibility of the action to constitute an effective judicial means or remedy to impact the legal sphere of the litigant parties (standing - legitimación ad causam), 2) the judgment of suitability and utility of the material claim in resolving the cause of action or causa petendi (current interest), and lastly, 3) the conformity of what is requested with the legal system (Law). The ex officio verification of these presuppositions has been recognized by extensive precedents of the First Chamber and of this Tribunal (see, among others, from the First Chamber, judgment number 317-F-S1-2008 at 09:10 hours on May 2, 2008, and number 1548-F-SI-2011 at 09:20 hours on December 22, 2011, and from the Contentious-Administrative Tribunal, Eighth Section, number 85-2012 at 08:30 hours on September 14, 2012, Fourth Section, judgments number 28-2012 at 07:30 hours on March 16, 2012, and number 17-2015-IV at 08:00 hours on February 25, 2015, and Sixth Section, judgments number 80-2017-VI at 11:30 hours on June 23, 2017, and 86-2017-VI at 10:00 hours on June 30, 2017, among others). If any of these requirements - or all of them - are not verified by the judge, whether or not they were alleged in the form of exceptions or defenses, the complaint cannot receive a positive response from the Office. It is worth mentioning that the existence of procedural presuppositions or requirements for the exercise of the right to effective judicial protection, in its aspect of access to justice, that is, formal restrictions on the exercise of this fundamental and human right, has been recognized even by the Inter-American Court of Human Rights, which has held in its jurisprudence: "...143. The Court has indicated that for reasons of legal certainty, for the correct and functional administration of justice and the effective protection of persons' rights, States may and must establish presuppositions and admissibility criteria for domestic remedies, whether judicial or of any other nature. Thus, while said domestic remedies must be available to the interested party and resolve the issue raised effectively and with grounds, as well as eventually provide appropriate reparation, it cannot be considered that judicial organs and internal courts must always and in any case resolve the merits of the matter raised before them, without regard to the verification of the formal presuppositions of admissibility and appropriateness of the particular remedy attempted. Likewise, the Court has determined that the application of grounds for admissibility of a remedy is compatible with the American Convention, and the effectiveness of the remedy implies that potentially, when said requirements are met, the judicial body shall evaluate its merits..." (Case of Hernández Vs. Argentina, Judgment of November 22, 2019. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Highlight not in the original. See in that same sense: Case of the Dismissed Congressional Employees (Aguado Alfaro et al.) Vs. Peru, Judgment of November 24, 2006. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Paras. 126 to 128; Case of Acosta et al. Vs. Nicaragua, Judgment of March 25, 2017. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Para. 163; Case of the Dismissed Workers of Petroperú et al. Vs. Peru, Judgment of November 23, 2017. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Paras. 154 to 156; Case of Romero Feris Vs. Argentina, Judgment of October 15, 2019. Merits, Reparations and Costs. Paras. 135 and 136; Case of López et al. Vs. Argentina, Judgment of November 23, 2017. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Paras. 209 to 211, among others). -

VI.- ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE.- Thus, it is the criterion of this Chamber that - in very general terms - we can find in the present case both standing and current interest, insofar as it is evident from the list of proven facts the existence of an administrative legal relationship between Mr. Carlos Alberto Rodríguez Morales and the AYA, as a result of the process initiated by the former in 2020 to obtain a "Certificate of Potable Water and Sanitary Sewer Availability (Constancia de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)" for his property, which was denied by that Administration through formal administrative conduct issued for that purpose. Therefore, both subjects possess standing, active and passive respectively, just as the current need for a pronouncement regarding the claims asserted in the complaint is also evident. It remains to analyze only what relates to the Law, and on this point, the majority of the Tribunal considers that the legal impropriety of the complaint must be declared ex officio, for the reasons explained below. The plaintiff has based the complaint on a single defect of the formal conducts challenged: the lack of a statement of reasons (motivación). On this topic, this Section has developed the issue in multiple precedents (see, among others, judgments No. 46-2020-VI at 15:30 hours on April 16, 2020, 70-2019-VI at 10:00 hours on June 17, 2019, 104-2019-VI at 13:50 hours on August 27, 2019, and 104-2018-VI at 10:20 hours on August 31, 2018, etc.). Thus, we have stated that this formal element entails the expression of the issues of fact and law that support and sustain the administrative decision. Regarding the former, it entails not only the reference to the proven or unproven facts, but also the evidence or elements of conviction on which the logical factual deduction is based, along with the explanation of the analytical process that has led to those derivations or inferences. In the field of Law, it entails the mention and reasoned explanation of the analysis that allows (rationally) deducing the reasons why the law used is applicable to the specific case, so that, given a certain set of preceding circumstances, that legal treatment is pertinent and adequate, giving support to the decision adopted. Canon 136 LGAP itself indicates that this statement of reasons (motivación) may be DIRECT, when the act contains in its own wording the detail of that foundational framework, or INDIRECT, when the administrative conduct refers, as support for its content, explicitly and unequivocally, to proposals, opinions or prior resolutions that have determined the adoption of the act, provided that a copy of those is attached with the communication of the act. Defects or defects regarding this element may be configured by: omission (the act completely lacks the exposition of the due grounds), improper statement of reasons (motivación indebida) (among others, the factual and legal references are inapplicable to the case analyzed, or the weighing of relevant aspects of the procedure is omitted), or insufficient statement of reasons (motivación insuficiente) (the grounds exposed in the act are not sufficient to logically and rationally sustain its content), which must be analyzed in each specific case. In a comprehensive sense, the statement of reasons allows the understanding of the reasons and the rational process by which the motive for the act is deemed accredited, but also the analysis of legitimacy that, given that presupposition, has led to the decision adopted, as the content of the act, as the best way to satisfy the public interest involved. If the primary purpose of the procedure is the determination of the real truth of the facts that serve as the basis for the motive (arts. 221, 217 LGAP), it is clear that the statement of reasons requires a clear exposition of the relevant findings, determining facts, evidentiary support, and analysis of the evidence that have led to the factual conclusion or inference. Otherwise, the right of material defense of the citizen, upon whom a negative result is imposed within a case, would be harmed when those matters are not provided, as they would be unable to refute the elements that have led to the configuration of the motive for the act. The same occurs with the legal considerations that lead to adopting the final decision (content), since the omission of reference to the normative framework that supports the administrative will prevents the refutation or critique of the analysis carried out by the Administration in order to weigh the pertinence of the norm applied to the specific case, its correspondence with the motive, and its proportionality with the legally imposed purpose. Thus, the conditions imposed by canon 132.1 LGAP, in that the content must be lawful, possible, clear, precise, and cover all issues of fact and law arising from the motive, even as an ex officio duty, could not be contrasted if the act does not expose the reasons why it assumes a certain position. Therefore, the statement of reasons is the element that enables the substantive understanding of the decision and that reveals the objective bases upon which the Administration has derived the objective material elements of the act. Its relevance also lies in that it enables the defense of the citizen, since only by knowing the substance of what is ordered can it be debated, unless the allegation itself is solely the disregard of the duty to state reasons. -

VII.- CONTINUES.- In the case under consideration (sub júdice), the final act of the procedure, named "Certification of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services", with consecutive number SIGDD-2020-00033033-1-1-1 and dated August 31, 2020, limited its statement of reasons solely to stating that "...I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in official letter: 2020-00033033-1-AP, the following was determined: the property is in a sector where there is no AYA infrastructure. Therefore, it is not feasible to grant availability. THERE IS NO POTABLE WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY..." (Highlight not in the original). However, this act was amended by the superior body, which in the definitive act - which is precisely the one challenged in this contentious-administrative action - delved deeper into this consideration and extensively set forth the factual and legal circumstances on which the Administration based its denial of the request made by Mr. Rodríguez Morales. Indeed, in administrative resolution of the General Management of the ICAA No. GG-2020-569 at 07:00 hours on September 11, 2020, the plaintiff herein was informed of the following: -

"...CONSIDERING:

FIRST [...]

SECOND: Having examined the administrative file, the technical reports, and Resolution NUD-NOT-GAM- 2020-00372 dated September 10, 2020, it is extremely clear, simple to understand, and it addresses the merits of the appellate action, so we will not reiterate it as it would be unnecessary, since the appellant's substantive arguments are basically the same. 

In this case, it is clearly indicated to him that at the location where the property is situated, there is no AyA infrastructure.

There is not even a nearby distribution system (main pipeline); the service cannot be granted on the requested property facing a public street, as indicated in Article 15 of the Reglamento de Prestación de Servicios.

For the granting of Drinking Water Availabilities, AyA must adhere to existing technical and legal regulations. In this case, it must apply the provisions established in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, where the following is clearly established in Articles 06, 07, 11, and 13:

[…]

Article 13.— On the conditions for the provision of services. AyA will provide its services once the technical and legal feasibility is verified on properties, built or to be built, dedicated to the residence of persons or to commercial or industrial activities that comply with the requirements and authorized uses.

AyA will grant water and sanitation services on a public street or road, or on a pipeline and access easement registered in favor of AyA, or in front of the access of a de facto easement or one registered in favor of third parties, as applicable in accordance with the provisions of Article 15. The foregoing, provided that AyA networks are in operation. (…)

In relation to the foregoing, it must be reiterated that AyA, based on the Reglamento de Prestación de Servicios, cannot grant positive availabilities in sectors where the optimal technical conditions for the provision of its services do not exist, which would ensure the provision of a service of quality, quantity, continuity, and reliability, and in the sector where the property is located, those provisions indicated in the regulation are not being met.

In the present case, the appellant seeks an exemption, but it is not possible for AyA to depart from the legal system, science, and engineering, or to allow bypassing the legal system to accommodate particular and private assessments.

In this and other cases, it is not a simple action of assessing a project here or there, or wherever else the citizen may have an interest; rather, it must be subjected to analysis according to science and engineering.

The Technical Reports are supported by science and engineering, in accordance with Article 16 of the Ley General de la Administración Pública; and especially the science of Engineering; they reveal that there is no distribution system.

In addition to the foregoing, the development where the property is located has a problem with the Municipality that must be resolved by the registered owners.

In the present case, it would be an irresponsibility on the part of AyA to grant what is requested under those conditions, setting aside technical and legal aspects.

THIRD: The Institution would be wrong to grant an availability contrary to the Principle of Legality and to the science and engineering indicated in Articles 11 and 16 of the Ley General de la Administración Pública. It follows then that AyA must respect the regulations that govern it for others; otherwise, AyA would be transgressing the legal system. It is clear that it must comply with the requirements like any citizen, and it is not feasible to grant benefits that the legal system does not confer. There is no exemption for failing to comply with the requirements requested.

[…]

AyA must be respectful of the rules of Urban and Environmental Planning, as AyA cannot act against the current legal system, since its actions would be illegal, being outside of what is established, nor is it feasible to establish exceptions where the law does not grant them.

The Sala Constitucional has ruled in accordance with the technical and legal requirements that must be considered to grant a new service. Thus, in Resolución 2004-12185 of thirteen hours and thirty-one minutes on October twenty-ninth, two thousand four, the Sala Constitucional resolved:

“Having seen the report rendered under oath by the Deputy Manager of AyA and the evidence contributed to the expediente, the Sala concludes that, in this particular case, no fundamental right of the appellant has been violated since, contrary to his claim, it has been he himself who has not submitted to the appealed Institution the documents required for the provision of the potable water service. It is not possible to obligate the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the requirements established in its Reglamento de Prestación de Servicios nor in the Ley General de Agua Potable, as long as the protected party, for his part, does not meet the conditions and requirements demanded therein, since, although it is true that the potable water service must be available to everyone, it is also true that the legal and regulatory requirements that the prospective user must meet must be satisfied in accordance with the existing regulations…” (emphasis not in the original).

The Sala Constitucional, through Resolución No. 2004-12185 of 13:31 hrs on October 29, 2004, has indicated that to apply for a potable water service, the interested party must meet the requirements established in AyA's regulations.

Thus, in the present case, the Institution cannot bypass its own regulations.

The Sala Constitucional, in similar cases, resolved in Voto No. 2008-14159, of September twenty-fourth, two thousand eight:

[…]

The obligation on the part of AyA to review what has been indicated is necessary to comply, as applicable, with what is stated in the technical standard mentioned above. Articles 5 and 7 (definition of technically feasible) and 75, subsection g) (grounds for rejection of service applications), of the technical regulation Prestación de los Servicios de Acueductos, Alcantarillado Sanitario e Hidrante -AR-PSAYA-2015- of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), published in La Gaceta 69 of April 12, 2016 – Alcance No. 55, as well as the provisions of Articles 6 and 13 of the current Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA. These rules establish as a requirement for the provision of the public services offered by AyA that they be legally, environmentally, and technically feasible.

In particular, Article 5 of the technical regulation of ARESEP (AR-PSAYA-2015), in its definition of “Technically feasible,” states:

“A service is considered technically feasible when it meets the following conditions: … d. It is legally and environmentally possible and … .”

For its part, Article 75 of this same regulation indicates:

“Article 75. - Grounds for rejection of service applications. Providers may deny a service when any of the following grounds occur: … g. When it is not technically feasible.”

Along the same lines, Article 6 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA establishes that:

“AyA will provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that it has technical and legal feasibility.”

While Article 13 of this same regulatory body indicates:

“Article 13.— On the conditions for the provision of services. AyA will provide its services once the technical and legal feasibility is verified on properties, …”.

FOURTH: That being the case, the Appeal filed by CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES against NEGATIVE AVAILABILITY SIGDD-2020-0033033-1-1-1 is rejected. The appealed document and all actions taken by the Institution are upheld in their entirety…” (Highlighting not in the original).

By the majority opinion of this Tribunal, as is evident from the act just transcribed, the challenged administrative conduct does present sufficient and adequate reasoning, which allows for the understanding of the questions of fact and law that protect and support the administrative decision, to the extent that the acts incorporate the mention and substantiated explanation of the reasons given by AYA to deny the service, namely: that the property for which the availability was requested is located “in a sector where there is no AYA infrastructure.” It is observed by the majority of the Chamber that, although the final act does not go into adequate and profuse detail, as would be expected of a technical decision, the truth of the matter is that the superior hierarchical authority does so when resolving the appeal through the definitive act, which is understood under the authority of the hierarch —in terms of the Ley General de la Administración Pública— to control the acts of subordinates, whether for reasons of legality or opportunity, through the reform, confirmation, or annulment thereof, as the cited legal provision literally provides: “Article 102.— The superior hierarchical authority shall have the following powers: […] d) Adopt the necessary measures to adjust the subordinate's conduct to the law and good administration, revoking, annulling, or reforming it ex officio, or by virtue of an administrative appeal…” (Highlighting not in the original). This hierarchical power, in the majority's opinion, is understood to encompass the authority to adapt the subordinate's act to the framework of legality and good administration, obviously insofar as this is possible (that is, that we are not facing a case of full nullity by operation of law), in accordance with the framework of the principle of conservation of acts or “favor acti,” as expressly provided for in Article 168 of the same Ley General: “Article 168.— In case of doubt about the existence or qualification and importance of the defect, the consequence most favorable to the conservation of the act shall be chosen.” In other words, dealing with the specific case of an alleged lack of reasoning of the act, the Chamber, by majority, understands that the possibility of reforming the inferior's act by way of administrative appeal is indeed within the legitimate scope of action of the superior in light of the cited provisions, in order to complete it and thereby adjust the act so that it does allow for the understanding of the reasons and the rational process by which the motive of the act is considered accredited, as well as the analysis of legitimacy that has led to the decision adopted; which is, ultimately, the final purpose of the reasoning as an element of the administrative act. Completing a reasoning that, in principle, might appear insufficient is understood to also be a necessary consequence of the appeal, since in addition to serving as a means of defense for the administered party, it allows the hierarch to detail the reasons that guided the Administration's decision one way or another, while also allowing its recipient to adopt the challenge measures they deem necessary in defense of their interests. It is worth saying that, in that sense, the alleged violation of the fundamental right to access to potable water is addressed as a consequence of the supposedly unfounded dismissal of their application; however, as we have corroborated —by majority— the challenged conduct does express the reasons for its rejection, which denote that it is not an absolute and unrestricted right, as it depends on technical feasibility (quantity, quality, and continuity) for its provision, such that, being a public service that is delivered through an infrastructure network, if the latter is lacking —for reasons beyond the control of the providing entity— it is materially impossible to demand that the defendant provide the service. Additionally, and no less important, is that such infrastructure is a burden of the developer where the plaintiff's property is located, pursuant to Articles 1 and 32 of the Ley de Planificación Urbana, number 4250, an obligation that cannot be transferred to the defendant entity. Finally, as a derivation of all the foregoing, we conclude —by majority— that the evidence provided (photographs and videos) regarding the alleged existing infrastructure at the site is neither pertinent nor useful, because at bottom, the party did not challenge the reasons given by AYA to support the denial of water availability due to lack of technical and legal feasibility. That being the case, the allegations supporting the claim for nullity of the challenged conduct being unfounded, what is appropriate in Law is to dismiss that claim and, furthermore, since the second petitionary term (b) is accessory to the first, it must suffer the consequence of the principal one and, therefore, must likewise be dismissed, as is hereby ordered.-

VIII.- ON COSTS.- In accordance with Articles 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 73 of the Código Procesal Civil (Ley N° 9342), the order to pay costs constitutes an obligation on the part of the losing party —for the mere fact of being so—, for the benefit of the winning party, so that the latter may be reimbursed for the various categories of expenses listed therein. Both articles provide for various grounds for exemption from this award, so in the absence of allegations or evidence that allow this Tribunal, in the specific case, to weigh and have any of these reasons as accredited, it is not possible then to totally or partially exempt the losing party from the application of said maxim; therefore, in accordance with the cited provisions, it is appropriate to impose the award on the losing party. By the majority opinion of this Tribunal, the award is made in the abstract and therefore, pending liquidation in the sentence execution phase, where the prudent determination of the amount of the costs shall be carried out, according to the criteria outlined in Article 76.1 of the CPC (Ley N° 9342), given that in this matter, the plaintiff has classified their claim as inestimable and therefore, without specific economic significance. Judge Aguilar Méndez makes a note. -

POR TANTO

By majority, a lack of Right is declared ex officio and consequently, in those same terms, the lawsuit filed by CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA/AYA) is HEREBY DECLARED WITHOUT MERIT. —The losing party is ordered to pay costs. On this point, Judge Aguilar Méndez makes a note. - Co-judge Abarca Gómez dissents. - Let it be notified.-

Daniel Aguilar Méndez

Cynthia Abarca Gómez    Silvia Consuelo Fernández Brenes

 

Dissenting vote of Judge Abarca Gómez

With the accustomed respect and consideration, I must depart from the decision adopted by my fellow co-judges in this proceeding, in which the lawsuit is declared without merit in all its terms. The foregoing insofar as I disagree with both some of the facts that have been considered proven here and with the legal interpretation carried out by the majority of the Tribunal regarding the supposed reasoning of the decision challenged herein. The foregoing for the following reasons. I.- My analysis of the question debated here rests on two general premises. The first of these is that, in accordance with Article 128 of the Ley General de Administración Pública (hereinafter LGAP), an administrative act is valid if it substantially conforms to the legal system. The foregoing means, in my opinion, that to be valid, the formal conduct issued by the Administration (and especially that which has unfavorable content) must adhere to the compliance with the various elements (subjective, formal, and material) regulated by the same Ley General in Articles 129 to 139, as well as the requirements that, for each specific case, the legal system establishes. Otherwise, we would be facing the invalidity of the acts, a pathology that can be of an absolute or relative degree, in the terms essentially provided for in Articles 158, 165, 166, 167, 168, 169 et seq. of the LGAP. The second relevant premise has to do with the fact that this proceeding discusses the validity of an unfavorable act, through which the defendant entity denied the application filed by the plaintiff herein for the following reasons: "(...) NO AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN FRONT OF THE PROPERTY -NO AVAILABILITY OF SEWER SYSTEM IN FRONT OF THE PROPERTY (...)". That is to say, the decision submitted to the legality control of this Jurisdiction is a denial of the right to access to water. The foregoing compels, in my opinion, to consider that, in accordance with Article 50 of the Constitución Política, "(...) Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. (...)". II.- Based on these considerations, the analysis I carry out differs from that reasoned by the majority of this Tribunal, as I explain below. Initially, I must indicate that, in general, I agree with my fellow co-judges regarding the list of facts considered proven; with the exception of the one identified with number 3, which, in my opinion, cannot be considered proven. This is because the explanation given by the witness, official David Gamboa Mora, Inspector of New Services and Drinking Water Availability in Zone 3 of the Gran Área Metropolitana (GAM), who was in charge of conducting the preliminary review of the information provided in the specific case and carrying out the field inspection, does not appear in nor can it be inferred from the administrative expediente submitted to the case file. Upon reviewing this folder, what is observed is only a "service order for the technical resolution new service" (images 94 and 95 of the digital judicial expediente); which is what is referred to in proven fact 4, from which it can be inferred that it is a form containing identification data for the inspected property, and the only observation the inspector recorded is "(...) The case was discussed with the Zone Eng., who indicates that there is no infrastructure at the site. Negative (...)". As can easily be inferred, that service order (which constitutes a preparatory act) does not contain the detailed explanation provided by the witness official, nor any other technical or evidentiary justification. The foregoing is relevant because this Jurisdiction exercises a legality control over the actions of the Administration, in this case, over the act denying access to water, which has as its sole support the studies and inspection carried out by Mr. David. In this way, I consider it inadmissible for the testimony of the witness official at trial to attempt to complete the reasoning contained in the indicated preparatory act, introducing motives or reasons not included, directly or indirectly, in that denial decision. This is so because what corresponds to this Tribunal, I reiterate, is to collate the validity of the challenged act (as an objective manifestation of the Administration's will) in the terms in which it was issued; and not as its authors may subsequently attempt to justify it. III.- In addition to the foregoing, I must point out that although I agree, in general, with the concept of reasoning, as a formal element of administrative acts, as set forth in Considerando VI of this judgment; I also disagree with the interpretation and legality control that the majority of the Tribunal carries out regarding this element in the specific case. This is to the extent that, if the reasoning is the expression of the questions of fact and law that protect and support the administrative decision, and implies the reference to the proven or unproven facts, the evidence or elements of conviction on which the logical deduction of factual nature is based, and the explanation of the analytical process that has led to those derivations or inferences; I believe that, in the specific case, the final denial act issued by the defendant entity clearly does not satisfy that formal element. The foregoing because the final decision merely denied the water availability application for the same reasons indicated in the preparatory act issued by the inspector; but in neither of those two formal conducts is there a clear exposition of the relevant findings, determining facts, evidentiary support, analysis of the evidence, or expression of the legal motives or arguments that allow the relevant facts to be subsumed into the law and to arrive at the denial conclusion regarding water availability. It is, in my opinion, an irremediable nullity, to the extent that the absence of reasoning directly impacts the due process and the right of defense of the plaintiff herein, as repeatedly provided by the Sala Constitucional. And as I already explained, I believe that this is a deficiency that cannot be remedied by the statement given at trial by the official in charge of the inspection, because the reasons set forth therein should have been contained in the preparatory act that served as the basis for the final decision, so that the plaintiff could know them and exercise his right of defense, for example, by questioning their legality through the appropriate appeals. IV.- For the same reasons, unlike my colleagues, I believe that this absence of reasoning cannot be supplied or remedied through the appellate process either; because appeals constitute a procedural remedy to review and question the legality of administrative acts, as inferred from Article 162 of the LGAP. Thus, the review power exercised via appeal must lead to the confirmation of the act (if it proves legitimate), its annulment (if it proves substantially inconsistent with the legal system), or the modification of its content to adjust it to legality; as indicated in Article 351 of the same LGAP. But in my opinion, this review power can in no way entail completing absent elements of the final act being questioned; as would be, in this case, extensively explaining the circumstances of fact and law on which the Administration based its denial of the application made by plaintiff Rodríguez Morales. And in the specific case, it suffices to review the acts that resolved the revocation and appeal remedies filed against the final formal conduct to verify that it is in those acts where the denial decision challenged here is reasoned, in its factual, legal, technical, and evidentiary aspects; an intellectual exercise that is completely missing from the final act. Therefore, in my opinion, the decision challenged here is indeed substantially inconsistent with the legal system due to lack of reasoning, in the terms I have explained. It is an irremediable defect that generates the absolute nullity of all actions taken, which is why I must dissent from the decision adopted in this judgment. Given the manner in which the majority resolves, clearly there is no sense in proceeding to address the claims formulated by the plaintiff; but I must record my position and opinion regarding this debated aspect. V.- Finally, I must point out that although reasoning is an element of any administrative act, in accordance with Article 136 of the LGAP, those that limit rights must be especially reasoned. In the specific case, I believe that this duty of factual, legal, technical, and evidentiary substantiation must undoubtedly be present when dealing with matters relating to the fundamental human right to access to water; a resource that has ceased to be an inexhaustible source and which, with increasing frequency, has generated a series of social, legal, and health-related conflicts, among others. Thus, while like any right it admits limitations, I am convinced that their imposition must be supported by objective, legal, and technical motives, reasons, or arguments; all of which is lacking in the challenged denial decision, which is devoid of reasoning. This is so clear that, as the majority decision acknowledges, its substantiation was completed in the appellate phase; an aspect that, in my opinion, is substantially inconsistent with the legal system, for the reasons I have already set forth, which would entail its absolute nullity. However, by virtue of the ruling made by the majority of this Tribunal, there would be no point in proceeding, individually, to examine the claims formulated by the plaintiff.

 

Cynthia M. Abarca Gómez

Judge

 

NOTE FROM JUDGE AGUILAR MÉNDEZ.- With regard to the order to pay costs, although the opinion is unanimous that it must indeed be imposed on the losing party for the mere fact of being so, with all due respect I differ from my colleagues as to the abstract or liquid nature of this pronouncement. Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the order to pay costs is an ex officio and mandatory pronouncement of the judging person, and in supplementary application of Article 62.1 of the Código Procesal Civil (pursuant to numerals 220 ídem and Articles 9 and 13 of the Ley General de la Administración Pública), I consider that said duty of the Tribunal is materialized in the very liquidation of that award in the judgment, since that rule prescribes that, in relation to any award on economic aspects determinable in money, “… the exact amount of the sums granted must be established at once, their adjustments up to the judgment, including interest and costs…” (Highlighting not in the original). Consequently, given that there is no administrative provision to the contrary and since procedural rules are unavailable, even for the Tribunal itself (Art. 3.5 CPC), the appropriate course would be to include in the costs section of this judgment the determination of these latter items and not to reserve its pronouncement for the sentence execution phase. - Daniel Aguilar Méndez, Judge.-




 

 


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Document signed by:

DANIEL AGUILAR MENDEZ, JUDGE
SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUDGE
CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUDGE

 

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