Res. 02255-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Reaffirmation of inalienability and imprescriptibility of State Natural HeritageReiteración de inalienabilidad e imprescriptibilidad del Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02255 - 2024

Fecha de la Resolución: 08 de Abril del 2024 a las 14:25

Expediente: 15-010360-1027-CA

Redactado por: Eduardo González Segura

Clase de asunto: Proceso de lesividad

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Dominio público
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Patrimonio natural
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

15-010360-1027-CA - 2




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL




DEMANDADO/A:

	

JOSE DELIO PORRAS SANCHEZ

 

Nº N° 2024002255

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con venticinco minutos del ocho de Abril del dos mil venticuatro.-

 Proceso de conocimiento (lesividad) interpuesto por INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica número 4-000-042143, contra JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ, cédula de identidad número 1-0396-0311 y PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-352921. Figura EL ESTADO como tercero interesado. Intervienen los abogados Karina Castro Leitón en su calidad de apoderada especial judicial del instituto actor; José Luis Rodríguez Jiménez en su condición de apoderado especial judicial de la sociedad codemandada; Max Chinchilla Fernández en carácter de director del proceso del codemandado Porras Sánchez, y Susana Fallas Cubero en su condición de Procuradora. A continuación, procede este TRIBUNAL COLEGIADO GRUPO DOS (anteriormente Sección Segunda), a dictar la sentencia de primera instancia, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor.

 Redacta el Juez GONZÁLEZ SEGURA.-

CONSIDERANDO

 I.- ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación, se hace un recuento del íter procesal relevante:

 1.- La parte actora solicita que en sentencia se declare lo siguiente: “1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 1-39716-000 a favor del señor JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0857134-2003. 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139716-000 a favor del señor JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0857134-2003. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139716-000 emitido por el Registro Nacional. 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare (sic) de la inscripción del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Provincia de Puntarenas Folio Real Matrícula número 139716-000. 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio”. (Imágenes 83 a 100).

 2.- Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. contestó la demanda y opuso las defensas de caducidad y prescripción y la excepción de falta de derecho. (Imágenes 121 a 143).

 3.- Por resolución de las 14:50 horas del 4 de noviembre de 2016, la Jueza Tramitadora declaró en estado de rebeldía al codemandado José Delio Porras Sánchez y en relación con él tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos. (Imagen 150).

 4.- La audiencia preliminar se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2016. La Jueza Tramitadora difirió las defensas previas de caducidad y prescripción para ser conocidas y resueltas en sentencia de fondo. La Jueza admitió prueba documental, testimonial y confesional. (Audio e imágenes 165 a 167).

 5.- La representación de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., solicitó sustituir al testigo Ramón Secundino Picado León por motivos de salud; en su lugar propuso el testimonio del señor Eduardo Artavia Barrantes. (Imagen 185).

 6.- La audiencia de juicio oral y público inició el 12 de febrero de 2019. El Tribunal Colegiado Sección Primera admitió la sustitución del testigo Picado León por el testigo Artavia Barrantes. La parte actora presentó solicitud de integración de litisconsorcio pasivo necesaria con el Estado y el SINAC. Debido a que el codemandado José Delio Porras Sánchez estaba declarado rebelde y se apersonó sin patrocinio letrado, el Tribunal Colegiado le previno que en el plazo de 15 días hábiles apersonara a un abogado que lo representara en el proceso. El Tribunal ordenó que una vez apersonado el representante legal del demandado Porras Sánchez, darían audiencia a las partes sobre la solicitud de integración de la litisconsorcio pasivo necesaria planteada por el INDER. La audiencia fue suspendida. (Audio e Imágenes 189 y 190).     

 7.- El señor José Delio Porras Sánchez se apersonó al proceso, señaló medio para recibir notificaciones, contestó la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. (Imágenes 191 y192).

 8.- Por resolución N°87-2020-I de las 10:25 horas del 30 de julio de 2020, el Tribunal Colegiado Sección Primera rechazó la defensa de integración de la litisconsorcio pasivo necesaria interpuesta por el INDER. Se invitó al Estado y al INDER para que, si lo consideraban necesario, se incorporaran al proceso como terceros interesados. (Imágenes 212 a 214).

 9.- El Estado se apersonó como parte interesada y formuló argumentos. (Imágenes 228 a 234).

 10- Por resolución de las 7:48 horas del 1 de setiembre de 2020, se confirió audiencia a las partes sobre lo manifestado por el Estado. (Imagen 236).

 11.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. se refirió a lo expresado por el Estado. (Imagen 242).

 12.- La representación de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. solicitó suspensión del proceso por dos meses. En su fundamentación indicó lo siguiente: “Considerando que el suscrito y el Licenciado Rodrigo Cervantes Barrantes quien representa a la parte actora hemos iniciado conversaciones para intentar que las partes logren satisfacción extraprocesal de sus intereses, que podría significar que resulte innecesario la realización del juicio oral y público; por lo tanto, solicito la suspensión del proceso por espacio de DOS MESES, en los términos del numeral 34 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. El Licenciado Cervantes presentará el documento aparte en donde confirma lo expuesto en este memorial. Ruego al Tribunal dejar sin efecto el señalamiento para audiencia de juicio, siendo que oportunamente informaremos sobre el resultado de las negociaciones”. La representación del INDER manifestó su anuencia. (Imágenes 254 y 259).

 13.- Por resolución de las 15:57 horas del 26 de marzo de 2021, el Tribunal Colegiado Sección Primera resolvió: “Vistas las manifestaciones de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita, Sociedad Anónima y el Instituto de Desarrollo Rural en cuanto a la posibilidad de celebrar un acuerdo conciliatorio y la anuencia del Estado para que se suspenda el juicio por ese posible acuerdo, se acoge la solicitud formulada y de conformidad con el artículo 79 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se suspende por el plazo de DOS MESES el proceso por existir un posible arreglo conciliatorio. Se insta a las partes, a informar a este Despacho el resultado de ese acercamiento, dentro del término otorgado, con el recordatorio de que deberán respetarse los intereses del Estado en el posible acuerdo que se adopte. En consecuencia, se deja sin efecto la convocatoria a juicio oral programada para el día siete de abril de los corrientes”. (Imagen 266).

 14.- El expediente fue returnado Tribunal Colegiado Grupo Dos para la realización del juicio y el dictado de sentencia de primera instancia. (Imagen 284).

 15.- Por resolución de las 14:50 horas del 9 de enero de 2024, este Tribunal señaló el juicio oral y público para ser realizado el 12 de marzo de 2024. (Imágenes 285 a 288).

 16.- Por escrito del 28 de febrero de 2024, el señor Juan Alberto Corrales Ramírez, apoderado general judicial del INDER, otorgó poder especial judicial a favor de la licenciada Karina Castro Leitón, y dejó sin efecto cualquier otro poder especial judicial otorgado a otra representación legal que conste en el expediente. Asimismo, señaló nuevo medio para recibir notificaciones. (Imágenes 300 a 303).    

 17.- Por escrito del 8 de marzo de 2024, la representación de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. indicó haber presentado una propuesta a la representación del INDER y poder dar por terminado el presente proceso, por lo que solicitó la suspensión de la audiencia de juicio. (Imagen 304).

 18.- Por escrito presentado el 8 de marzo de 2024, el abogado Rodrigo Cervantes Barrantes, manifestó estar actuando en condición de apoderado especial judicial del INDER y manifestó: “Por haber planteado la contraparte una alternativa viable para solucionar el presente conflicto a través del RAC, que es de beneficio para la institución y el estado costarricense, de forma atenta solicitamos la suspensión de la audiencia de juicio y el proceso hasta por dos meses, a efecto de poder concretar el arreglo dicho, mismo sobre el cual estaremos informando de forma oportuna al despacho”. (Imagen 305).

 19.- Ante la situación atípica de que dos abogados distintos presentaron escritos indicando ser representantes del INDER y por la cercanía de la audiencia de juicio señalada para el 12 de marzo de 2024, el Juez ponente a cargo del proceso, Eduardo González Segura, el día 11 de marzo de 2024, llamó al número telefónico suministrado por el INDER en el último apersonamiento (imágenes 300 a 303) y se comunicó con la licenciada Karina Castro Leitón. Se le hizo ver lo que estaba sucediendo y, ante la premura por la cercanía del señalamiento, se le solicitó que por favor indicara por escrito cuál era la posición oficial del INDER respecto de la petición de suspensión del juicio planteada por Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. Asimismo, la técnica judicial de este Tribunal Colegiado habló con la licenciada Castro Leitón para que informara lo pertinente a la mayor brevedad. (Información dada a las partes durante la celebración de la audiencia de juicio realizada el 12 de marzo de 2024).

 20.- Por escrito presentado el 11 de marzo de 2024, los licenciados Juan Alberto Corrales Ramírez y Karina Castro Leitón, apoderado general judicial y apoderada especial judicial, respectivamente, manifestaron: “En virtud de las recientes llamadas telefónicas de este respetable despacho, nos presentamos respetuosamente a manifestar: Que se otorgó Poder Especial Judicial de conformidad con los artículos 1256, 1264 del Código Civil y el artículo 20.3 del Nuevo Código Procesal Civil y concordantes a favor de la licenciada Karina Castro Leitón, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de Granadilla, Curridabat, cédula de identidad número uno-mil trescientos noventa y uno-seiscientos setenta y nueve, carné profesional 25052, para que represente al Instituto de Desarrollo Rural en el presente proceso en todas sus etapas. Que se dejó sin efecto cualquier otro Poder Especial Judicial otorgado a cualquier otra representación legal que conste en el expediente. Que se solicita mantener el juicio oral y público programado para el 12-3-2024 convocado mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro, pues las pretensiones de demanda y, por ende, el objeto del presente proceso NO es conciliable judicial ni extrajudicialmente. Que los intereses públicos del INDER y del Estado, deben ir apegados al principio de legalidad y al ordenamiento jurídico, por lo que, el nacimiento y la interposición misma de este proceso de lesividad, responden a obligaciones de la Institución frente a la titulación de terrenos con afectación a Patrimonio Natural del Estado”. (Imágenes 306 a 310).

 21.- Por resolución de las 14:43 horas del 11 de marzo de 2024, este Tribunal ordenó mantener el señalamiento convocado oportunamente y realizar la audiencia de juicio. La resolución indicó así: “Visto el escrito presentado el día de hoy por el abogado Juan Alberto Corrales Ramírez, en su condición de apoderado general judicial del INDER, y por la abogada Karina Castro Leitón, apoderada especial judicial de la citada entidad en este proceso, mediante el cual manifiestan no tener interés en conciliar judicial ni extrajudicialmente en este asunto, y solicitan que se mantenga la audiencia de juicio señalada para el día de mañana 12 de marzo de 2024, se resuelve: se rechaza la solicitud presentada por la representación de la codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. el día viernes 8 de marzo de 2024, mediante la cual manifestó haber planteado una propuesta para llegar un acuerdo con el INDER y que se suspendiera el juicio oral y público. Al no existir interés de la parte actora en valorar algún acuerdo judicial o extrajudicial para dar una solución alterna a este conflicto, lo que procede es mantener el señalamiento convocado oportunamente y realizar la audiencia de juicio el día de mañana. Es responsabilidad de los representantes de las partes presentarse el día de mañana a la audiencia complementaria y tomar las medidas necesarias para que se presenten los testigos y declarantes que les fueron admitidos en su oportunidad. Se toma nota del cambio de medio de notificaciones solicitado por la representación del INDER a correo electrónico ([email protected]), a nombre de la licenciada Karina Castro Leitón”. (Imágenes 311 y 312).

 22.- Mediante constancia de las 16:00 horas del 11 de marzo de 2024, la Técnica Judicial del Tribunal Colegiado Equipo 2, indicó: “Al ser las 16 horas del once marzo del año 2024, se deja constancia que se llamó vía telefónica a la parte actora y demandada de este proceso donde se les indica que se mantiene la audiencia señalada para el día de mañana a las ocho horas treinta minutos del doce de marzo del año 2024, dentro del expediente 15-010360-1027-CA, a los siguientes medios: PARTE ACTORA INDER: Licenciada Karina Castro Leitón al teléfono celular 8812-1456. A la PARTE DEMANDA PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A.: Licenciado José Luis Rodríguez Jiménez al teléfono oficina 2566-2244. Es todo”. (Imagen 318).

 23.- La audiencia de juicio oral y público se llevó a cabo el 12 de marzo de 2024. En fase de saneamiento, el Tribunal hizo ver que si bien se observaba un choque entre los licenciados Rodrigo Cervantes Barrantes y Karina Castro Leitón sobre quién ejercía la representación judicial del INDER en este asunto, se trataba en última instancia de un problema de coordinación a lo interno del INDER que no podía afectar el curso del proceso, y con base en las facultades indicadas en la certificación registral de imagen 310 y las manifestaciones del licenciado Juan Alberto Corrales Ramírez, apoderado general judicial del INDER, definió que para efectos de este proceso de conocimiento se tenía como última apoderada especial judicial a la licenciada Karina Castro Leitón. El Tribunal aclaró que lamentaba el inconveniente surgido entre el licenciado Cervantes y el INDER, pero que se debía definir la representación del ente actor para efectos de dar prosecución al proceso. Asimismo, se declaró inevacuable la prueba testimonial que en su oportunidad le fue admitida a la codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., por haber admitido el licenciado José Luis Rodríguez Jiménez, apoderado especial judicial de dicha sociedad, que fue él quien tomó la decisión de decirle a los testigos que no iba a haber juicio a pesar de que sabía que esa decisión no dependía de él, sino que requería de una resolución judicial. De igual manera se declaró inevacuable la declaración de parte del codemandado José Delio Porras Sánchez dado que la convocatoria a juicio oral y público fue notificada al señor Porras Sánchez al medio por él señalado en su oportunidad, no obstante, sin que constara causa justificada alguna, no se hizo presente a la audiencia de juicio. Finalmente, la representación de la codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. ofreció para mejor resolver la documental que el codemandado José Delio Porras Sánchez -quien había sido declarado rebelde-, aportó cuando se apersonó al proceso, visible a imágenes 191 a 200 del expediente judicial; esta Cámara otorgó audiencia a las partes y decidió admitir la prueba ofrecida. Una vez resueltos los anteriores aspectos, al no haber prueba testimonial ni declaración de parte por evacuar, las partes emitieron su discurso de apertura y rindieron sus conclusiones. El Tribunal declaró el asunto como complejo de conformidad con el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Archivo de audio y minuta a imágenes 321 a 328).

 24.- La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual de la siguiente forma: desmarcadas las casillas "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" y seleccionada la opción "Final" en la casilla "Ver detalles carátula del Expediente".

 25.- No se advierten yerros u omisiones que causen nulidad procesal.

 II.- POSICIÓN DE LA DEMANDA.- El Instituto de Desarrollo Rural aduce lo siguiente: ARGUMENTOS DE FONDO QUE FUNDAMENTAN LA PRESENTE DEMANDA. De la relación de hechos y antecedentes expuesta, y del examen de la documentación que consta en el expediente de titulación correspondiente a la parcela 192-97045 del Proyecto de Titulación Puriscal-Parrita, que se aporta como prueba y en general de toda la documentación ofrecida como prueba se constata que en el proceso de titulación de la indicada parcela, se incumplió con requerimientos normativos necesarios y previstos en la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales número 7599 del 29 de abril de 1996, en concordancia con la Ley Forestal N°7575 del 5 de febrero de 1996 y el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S HACIENDA-MOPT, establecían como requisitos para la titulación de las parcelas por parte del IDA, incumplimiento que genera vicios del acto administrativo. La causal de nulidad en los casos objeto de este proceso, afecta el interés público, ya que, con motivo de los incumplimientos de la normativa antes relacionada, el IDA autorizó el traspaso de la parcela dicha, que es parte del Patrimonio Natural del Estado. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AUTORIZARON LA TITULACIÓN Y EL TRASPASO DE LA PARCELA 192-97044 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ, Y EL CÓMO DICHA CAUSAL DE NULIDAD AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO: l. LOS PROGRAMAS DE TITULACIÓN: En primer lugar, debe hacerse una breve referencia a los programas de titulación mediante los cuales el IDA tituló predios a favor de particulares. Así, debe indicarse que los terrenos que formaban parte de los proyectos de titulación le eran traspasados al IDA a través de decreto (en el caso específico del "Programa de Titulación Puriscal-Parrita" creado mediante el Decreto Ejecutivo número 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 72 del 17 de abril de 1974, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 267.239 has, con el Folio Real Matrícula 219039-000), con el objeto de cumplir con los respectivos proyectos de titulación. Estos traspasos de las áreas a titular se justificaban en la tenencia de las fincas sin inscribir por parte de poseedores y se trataba de una ficción legal, mediante la cual se le traspasaba al IDA una extensa área geográfica que abarcaba en forma indistinta terrenos inscritos, sin inscribir, propiedad del Estado y de particulares, con poseedores o sin éstos, de ahí que los traspasos se hacían sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos de información posesoria en trámite en el momento de publicarse en la Gaceta el decreto la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, o los que se inscriban en el futuro ni de las porciones destinadas al uso público. Estos traspasos tenían por objetivo darle al IDA, un instrumento para que pudiera segregarlos y traspasarlos, también bajo una ficción legal, y así inscribir predios a favor de los poseedores que hayan poseído esos terrenos bajo las condiciones que establecía el ordenamiento jurídico con la finalidad de facilitar la obtención de crédito. En el caso de la parcela de marras, inscrita a favor del demandado DELGADO SALAZAR (sic), consta en el expediente que se aportó como prueba, el hecho de haber poseído los terrenos, lo cual evidencia la preexistencia de la tenencia posesoria de la parcela con anterioridad al acuerdo de Junta Directiva de su traspaso (tomado en artículo 39 de la Sesión Ordinaria número 031-04 celebrada el 23 de agosto del 2004). En tal sentido, se considera que la causa de adquisición de esos terrenos por parte de los poseedores era la posesión ejercida por éstos y no los traspasos o ventas hechos por el IDA, ya que el Instituto lo único que recibía a cambio era el costo de la confección de los planos correspondientes y no el precio en sí de los predios, en tal sentido, no se daba un acuerdo entre cosa y precio, el Instituto no podía traspasar los terrenos al mejor oferente sino que tenía que traspasarlos al poseedor que le demostrara haber cumplido con los requisitos legales, limitándose a constatar esos requisitos. La Sala Constitucional mediante la resolución 04587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete al referirse a la información posesoria en lo que interesa indica: "se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales posibles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión se confiere el título de propiedad inscribible". Analógicamente esta distinción que hace la Sala es válida también en los procesos de titulación realizados por el IDA, por lo que, la naturaleza jurídica de los actos en los proyectos de titulación realizados por el IDA, eran meramente declarativos, se limitaban a reconocer el derecho de propiedad adquirido por una persona por medio de la figura de la usucapión, para su inscripción en el Registro Público y no actos constitutivos del derecho de propiedad. II. NULIDAD ABSOLUTA: Una vez que se tiene claro el marco dentro del cual el IDA tituló el terreno a favor del demandado, conviene en segundo lugar, hacer referencia a los incumplimientos en que el IDA incurrió dentro del procedimiento de titulación de ese predio y que es el que precisamente produce la nulidad del acto administrativo de traspaso. De esta manera debe indicarse que a la Junta Directiva del IDA se le recomendó autorizar el traspaso de la respectiva parcela, supuestamente porque se había cumplido con los requisitos que antes se establecían en la ley 7599, siendo éste el motivo de los actos administrativos que acordaron el traspaso del inmueble de marras a favor del demandado. Pese a esto, de la documentación que se aporta como prueba de esta demanda, se halló que tal cumplimiento no se dio por lo siguiente: En el expediente de titulación consta a folio 6 certificación número SINACDS-OFAU-C-4264-2003, de fecha 9 de octubre del año 2003, con anterioridad a la titulación del inmueble a favor del demandado, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, y aportada por el propio interesado, antes de la inscripción registral de la parcela 192-97044 a favor del demandado, estableciendo que el inmueble SE UBICA FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRATIVA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO, CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN LOS ARTÍCULOS 13, 14 y 15 de esa misma ley. Pese a la evidente falta de ese requisito, se recomendó la titulación de la respectiva parcela pese a que conforme se señalaba se deberían excluir del trámite de titulación a los terrenos que se encuentran bajo la administración del MINAE, como es el caso del Patrimonio Natural del Estado conforme a la Ley Forestal, por lo que en este caso se generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. Adicionalmente, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelo, el cual es requerido por el Reglamento a la Ley de Uso de Suelos número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Así, el artículo 58 de este reglamento dispone: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y ejecutándolas con las mejores prácticas de manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la ley 7779 y su reglamento". Este artículo 58 establece que en toda información posesoria que se presente ante el IDA el titulante deberá demostrar con un estudio adecuado de suelos que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso adecuado de suelos, estudio con el cual debe contar obligatoriamente el IDA. Respecto a esta normativa el reglamento entró en vigencia el 21 de marzo de 2001, es decir, con anterioridad a la titulación de la parcela 192-97044 a favor del demandado, de ahí que el estudio era obligatorio por lo que el incumplimiento de éste genera otro vicio de nulidad absoluta. En virtud de lo anterior, debe indicarse que la causal de nulidad de la titulación de la parcela de marras, reside en la inexistencia dentro del bloque de legalidad de norma o procedimiento alguno para llevar a cabo titulación de este tipo o bien justificar el dictado de un acto administrativo valido y eficaz, de conformidad con el Principio de Legalidad del Derecho Público, y las normas que regulan la aplicación del Derecho Público en el tiempo y en el espacio. a. Incumplimiento de requisitos para el dictado del acto como causal de nulidad absoluta: El artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, artículo que en relación con el 166 de la misma ley que establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos real o jurídicamente, y el artículo 167 que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. Todos estos artículos relacionados permiten concluir que la falta de requisitos esenciales para la titulación de la parcela de referencia, produce la nulidad absoluta de dicho acto administrativo. Por su parte, el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, al referirse al motivo como elemento de validez del acto administrativo dispone que éste tiene que ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. En el caso de las titulaciones de tierras en Reservas Nacionales, el motivo se encontraba regulado, por lo que el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o el reglamento respectivo como sucedió en el caso que nos ocupa, constituyen en sí vicios de nulidad del acto, por no existir tal y como habría sido tomado en cuenta para su dictado. b. Incumplimiento de normas prohibitivas como causal de nulidad absoluta: El artículo 129 de la Constitución Política, establece que los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. Los artículos 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal, corresponden a normas prohibitivas, y el acto administrativo que autorizó el traspaso de la parcela a favor del demandado es contrario a tales normas, toda vez que mediante dicho acto se autorizó la titulación de terrenos que forman parte de un Refugio Nacional de Fauna Silvestre, por consiguiente del Patrimonio Natural del Estado, lo cual contraviene sin lugar a dudas, el artículo 13 de la Ley Forestal, que declara que el Patrimonio Natural del Estado a los terrenos forestales y bosques en Reservas Nacionales y los somete a la administración del MINAE, el artículo 14 de la misma ley que establece la condición de inembargables e inalienables de los terrenos de ese patrimonio natural, que la posesión de éstos por los particulares no genera derecho alguno y no se pueden inscribir por información posesoria, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado, el artículo 15 también de esa ley que se refiere a los impedimentos de la Administración Pública de traspasar, entregar o dar en arrendamiento inmuebles rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE, y finalmente 33 y 34 de la Ley Forestal que declaran áreas de protección, siendo la consecuencia de la contravención de los artículos relacionados, la nulidad absoluta. III. AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO: Teniendo claridad en los argumentos que fundamentan la causal de nulidad de los actos administrativos que autorizaron el traspaso de la parcela tantas veces mencionada a favor del demandado, es importante analizar cómo dicha causal de nulidad afecta el interés público. La nulidad del acto administrativo (debido al incumplimiento de requisitos esenciales y por ser contrario a normas prohibitivas) por el que se produjo la titulación del inmueble que se discute aquí, lesiona el interés público toda vez que a través de dicho acto nulo de forma absoluta, se titulan terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Según el artículo 28 de la Constitución Política, las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley, la titulación del Patrimonio Natural del Estado, daña el orden público, al impedir el disfrute del derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos del artículo 50 de la Constitución Política, la cual es a su vez una norma de orden público. A lo anterior debe adicionarse, que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental de tercera generación, que surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por su parte, la Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la "Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente", exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Fundamentamos la presente demanda en los artículos 129, 28 y 50 de la Constitución Política, el artículo 34 inciso 2 y siguientes y concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal N°7575, Reglamento a la Ley de Uso de Suelos número 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, artículos 158,166,167 y 133 de la Ley General de la Administración Pública, Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales número 7599 del 9 de agosto de 1996, artículos 11 y 12 de la Ley de Tierras y Colonización No 2825 del 14 de octubre de 1961 y el artículo 32 inciso a) de la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario No 6735.

 III.- POSICIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A.- La representación de la sociedad codemandada contesta lo siguiente: Interesa resaltar que efectivamente dichos programas de titulación se realizaron en territorios, como es el caso de la finca objeto de esta Litis, en que ya el propietario de un terreno sin inscribir contaba con los derechos necesarios para obtener el título por la vía de la Información Posesoria. Resulta claro que el inmueble no era propiedad del INDER antiguo IDA. En relación con los costos de la titulación debían ser cubiertos por el titulante, sin que nos conste si el valor era inferior al de mercado. La titulación del inmueble se obtiene al amparo de un programa de titulación, no a partir de proceso de adjudicación alguna. En cuanto a los actos posesorios que realizó el titulante José Delio Porras Sánchez, según la investigación inicial, previa a la compra, su posesión fue en forma pacífica, de buena fe, ininterrumpida y a título de dueño, y sumado a otros poseedores anteriores, la misma se remonta a mediados de la década de 1950. Es cierto que la finca objeto de análisis no forma ni formó parte de propiedad del Estado, ni área silvestre protegida, lo que resulta relevante para los efectos de la determinación de los derechos del poseedor. Relevante es resaltar que la certificación a la que se hace referencia el Instituto actor señala equivocadamente que la finca es parte del Patrimonio Naturales del Estado en los términos de los artículos 13,14, y 15 de la Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril de 1996, esto por varias razones, la primera que quien hace la certificación no identifica el estudio técnico o archivo con visita de campo, que le permite hacer esa afirmación, en segundo lugar porque aun cuando el inmueble esté cubierto de vegetación natural no significa que constituya bosque, y por último que aun cuando el inmueble estuviere cubierto de bosque a la fecha de emisión de la certificación, no significa por esa particularidad que constituya patrimonio natural del Estado, pues es la misma Ley Forestal la que crea la excepción, y excluir del patrimonio natural del Estado aquellos terrenos que tengan esa naturaleza pero que estén en posesión de los particulares, quienes además deben haber protegido el bosque y deslindado con cercas y carriles. Por lo tanto, los terrenos de bosque que no tengan esa particularidad, si podrían constituir patrimonio natural del Estado, y la voluntad del legislador se explica claramente pues es en el mismo contenido de la Ley Forestal No. 7575 que incluye una reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que faculta la titulación, agravando el tiempo de posesión solamente en aquellos casos de fincas ubicadas Áreas Silvestres Protegidas. En el caso que nos ocupa, mi representada además de haber adquirido el inmueble al amparo de la publicidad registral, y de buena fe, aspecto que trataremos más adelante, tiene conocimiento que la finca objeto de Litis remonta una posesión de más atrás del año 1955, por lo que a la fecha en que se publicó la Ley Forestal No. 7575 ya sobre la finca se había ejercido una posesión de alrededor de 40 años, generándose un proceso de mejora de la finca de acuerdo a su naturaleza, regeneración del bosque, vigilancia, construcción y mantenimiento de carriles, mejorando las áreas de protección y dando un uso ecoturístico entre el que se incluye un canopy que funciona en forma continua. Reitero, la posesión es anterior a la fecha del dictado del acto administrativo que permite la titulación, y por particulares se remonta más atrás del año 1970, y se mantienen al día de hoy en forma pacífica, continua, ininterrumpida, de buena fe y a título y con título de dueño. Resulta claro entonces que esas condiciones impiden llegar a la conclusión de que estemos ante un inmueble de naturaleza demanial, por ende, la presente acción resultaría extemporánea, ha caducado. No me consta si el titulante adjuntó algún estudio de suelo como requisito para la titulación, no obstante, de haber existido ese defecto, no alcanzaría a obtener tal grado de gravedad como para generar la nulidad absoluta del título, aunado a que el plazo para el reclamo de dicha omisión resulta extemporáneo. Al igual que el estudio de suelos, no resulta en un defecto capaz de generar la nulidad absoluta del título otorgado. Casi 15 años después, no se podría garantizar la existencia de un expediente completo por parte del INDER, ni contar con una copia de recibido por parte del titulante. El reclamo por la omisión resulta extemporáneo, ha caducado la acción. El INDER no alcanza a especificar de manera clara y precisa cuáles fueron los requisitos no cumplidos. A lo sumo estaríamos ante una conclusión subjetiva de la representación actora. La medida de la parcela corresponde a noventa y cinco mil ciento veinticuatro metros con ochenta y siete decímetros cuadrados, como consta en la certificación aportada del Registro de la Propiedad a folio 64. Demuestra la adquisición de buena fe de mi representada al amparo de la publicidad registral que impedía determinar de manera alguna que la finca tenía alguna restricción o era propiedad del Estado o era parte de alguna Área Silvestre protegida. El criterio de la Contraloría como órgano administrativo en cuanto a que dichos terrenos no podían ser titulados por particulares resulta equivocado. El criterio emitido resulta ilegal contrario a las mismas disposiciones contenidas en la Ley Forestal No. 7575 y la Ley de Informaciones Posesorias. Las disposiciones del órgano contralor al INDER se basan en presupuestos equivocados, no obstante, dicho informe de la Contraloría no está siendo cuestionado en esta vía. De una lectura del acuerdo de la Junta Directiva del INDER que sirve de base a este proceso, no se deriva cuáles fueron las razones precisas por las cuales se considera que el acto es nulo, si estamos ante una nulidad absoluta o bien una nulidad relativa, tampoco se exponen los motivos por los cuales considera la Junta del INDER como máximo órgano de la institución, las razones por las cuales consideran que el acto es lesivo a los intereses públicos. Para mi representada, aun cuando existe un acto administrativo del jerarca, este no cumple con requisitos mínimos de validez, pues no se derivan expresamente motivos, siendo que aun cuando se autoriza a diferentes abogados para plantear el proceso judicial respectivo, estos no tienen la competencia para establecer motivos, es un acto propio del jerarca no delegable. En tal caso se tiene por incumplido el requisito para la lesividad que es la declaratoria previa. Ahora bien, respecto del inmueble tenemos que el INDER está hablando de un inmueble distinto a los manifestados en el hecho noveno, y con ello de un titular distinto.  EXCEPCIONES PREVIAS. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD. Pretende el INDER anular un acto administrativo del 23 de agosto de 2004, sobre la base de tres motivos: A- Que el inmueble titulado formaba parte del patrimonio natural del Estado a la fecha de emisión del acto. (Hecho 5 de la demanda). B- Que para el trámite de titulación no se presentó estudio de suelos (Hecho 6 de la demanda). C- Que no se presentó informe alguno del Instituto Geográfico Nacional- IGN (Hecho 7). La anterior división tiene por objetivo fundar la excepción de caducidad respecto de cada uno de ellos. El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta en la Sentencia No. 034-2013-VI de las nueve horas del veinticinco de febrero de dos mil trece, se refirió de manera muy clara a los supuestos en que procede el proceso de lesividad, y dice: [Cita]. Por ahora ya para efectos de la fundamentación de la excepción interpuesta, nos interesa la dimensión temporal. De conformidad con el numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Administración tiene la potestad de demandar la anulación de un acto administrativo ante esta jurisdicción, dentro del plazo de un año a partir del día siguiente en que este haya sido dictado. Salvo el inciso 2) del plazo, respecto de la tutela de bienes de dominio público. Ahora bien, teniendo en cuenta que el acto es anterior a la vigencia del actual Código Procesal Contencioso Administrativo, debemos aplicar su Transitorio III que remite a la normativa vigente al momento de su dictado, siendo esta la escrita en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya derogada, que indicaba en su numeral 35: “1. Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previamente deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que haya sido dictado.” De ambas disposiciones legales tenemos claro que el plazo anual o cuatrienal ya ha transcurrido sobradamente, y especialmente en cuanto a los defectos esgrimidos por el INDER en los hechos 6 y 7 de la demanda, pues no están relacionados en lo absoluto con la naturaleza supuestamente demanial del terreno, tema que nos ocupará seguidamente. En esa virtud la caducidad se ha producido y solicito sea declarada. Ahora bien, dada la naturaleza dominical que se alega y que se caracteriza por la imprescriptibilidad, de estar ante un bien de dominio público, por ser patrimonio natural del Estado, aun habría plazo para demandar la lesividad. No obstante, reitero, eso es sólo si efectivamente estamos ante un bien de dominio público, para lo cual interesa conocer qué se entiende por éste. La jurisprudencia en esta vía contenciosa, ha venido definiendo el dominio público en los siguientes términos: [Cita la sentencia de la Sección Cuarta de este Tribunal N°04-2005 de las catorce horas treinta minutos del diecisiete de febrero del dos mil cinco]. De tal manera que la naturaleza pública de un bien depende de la voluntad del legislador, por lo que su afectación o desafectación normalmente se hace vía legislación ordinaria. En el caso bajo examen, el INDER alega que la naturaleza demanial del bien propiedad de mi representada, deviene de la declaratoria de patrimonio natural del Estado prevista en la Ley Forestal No. 7575. Disponen al respecto los numerales 13 y 14: “ARTICULO 13.- Constitución y administración El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. (...). “ARTICULO 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural. Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”. Efectivamente, la Ley Forestal N°7575 publicada en La Gaceta No. 72 del 16 de abril de 1996, dispone a partir de esa fecha que “los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública”, entran a formar parte del dominio público. En primer término, hacer notar que, a la fecha de publicación de la ley, el INDER antiguo IDA, no era propietario de la finca que hoy pertenece a mi representada, tampoco a esa fecha el territorio había sido declarado inalienable, y no formaba parte de reservas nacionales pues eran propiedad sin inscribir de particulares. Debe considerarse que el legislador en la misma Ley Forestal No. 7575, en su artículo 72, introduce una modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite la titulación de terrenos cubiertos de bosque, aun en aquellos casos donde dichos terrenos formen parte de áreas silvestres protegidas. Dice dicho artículo: “ARTÍCULO 7”.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas.” (Así reformado por el artículo 72, inciso c), de la Ley Forestal No.7575 del 13 de febrero de 1996). (La Sala Constitucional mediante resolución N* 4587 del 05 de agosto de 1997, declaró inconstitucional la interpretación de este artículo, según la que, “para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores”). A partir de lo dispuesto por el legislador, debe interpretarse que la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien, al demostrar que han poseído por diez años o más en forma quieta pública, pacífica ininterrumpida y a título de dueños, cuidando el bosque y delimitándolo con cercas o carriles. Esa es la única interpretación razonable, pues si el dominio público se reconoce sin sujeción a esa excepción, nadie podría titular terrenos en bosque, caso en el cual el numeral 7 citado no tendría razón alguna de ser. Recordemos que la misma Sala Constitucional analizó el contenido del numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, confirmando la posibilidad de titular inmuebles cubiertos de bosque, aun cuando fuere en áreas silvestres protegidas. (Sala Constitucional de las 15 horas 45 minutos del 5 de agosto de 1997 Voto no. 4587-97). Y es que, en materia de posesión de propiedad forestal, el Tribunal Superior Agrario, en el voto N° 762-F-15 de las doce horas y veintidós minutos del treinta y uno de julio de dos mil quince, citando a su vez lo analizado por la Sala Constitucional, ha indicado: [Cita]. En otra sentencia, el Tribunal Superior Agrario lo expone de manera mucho más clara al señalar: [Cita sentencia N°215-F-13 de las diecisiete horas y cincuenta y tres minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece]. Así las cosas, si el bien inmueble puede titularse por particulares que demuestren una posesión decenal, quiere decir que este no tiene la condición de bien de dominio público, y por ende la acción para establecer la lesividad en la vía contenciosa, Sí ESTÁ SUJETA A PLAZO, plazo que en el caso particular está sobrepasado pues vencía el 23 de agosto de 2008. Interpretarlo de manera distinta implicaría patrocinar una clara confiscación, lo que no es acorde con los principios que integran nuestro ordenamiento jurídico y el régimen de derecho y justicia que Costa Rica ha elegido. PRESCRIPCIÓN: Con fundamento en las consideraciones expuestas, dado que el inmueble objeto de Litis no forma parte del dominio público, pues ha estado en posesión por particulares desde más de diez años antes de la declaratoria hecha en la Ley Forestal, y se reconoce el derecho del particular de usucapir y titularlo a su nombre cumpliendo con los requisitos ya expuestos, al Estado y a cualquier otra institución como el INDER le ha corrido el plazo fatal de prescripción para pretender apropiarse del territorio, virtud de lo cual opongo la excepción previa de prescripción. EXCEPCIONES DE FONDO: FALTA DE DERECHO: Existen dos tipos de procedimiento para intentar la declaratoria de nulidad, partiendo del principio de “inderogabilidad de los actos propios” que impide a la Administración derogar actos de manera unilateral que han concedido derechos a terceros. El primero es aquel en que la administración acude al procedimiento de lesividad contemplado en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El segundo permite la declaratoria de la nulidad en la vía administrativa, previo procedimiento administrativo y dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o de la Contraloría General de la República en caso de actos de la materia de contratación administrativa. En el procedimiento que aquí se examina, la Administración ha elegido la lesividad, reservada para aquellos casos en que estemos ante una nulidad relativa o absoluta, pero que no es evidente y manifiesta, aspecto este último que resulta de vital análisis, pues si la condición o naturaleza del terreno titulado fuese fácilmente calificable como de dominio público, otra vía habría sido la escogida. Por lo anterior ruego al Tribunal examinar lo expuesto. Continuando con mi argumento, resulta necesario en el proceso de lesividad que el jerarca de la Administración que adoptó el acto que se pretende anular, realice un análisis y a partir de los resultados del examen plasme un acto o acuerdo que declare la lesividad. Esa declaratoria de lesividad a los intereses públicos, económicos o de otra índole, debe primero establecer los defectos y su gravedad a efecto determinar si estamos ante una nulidad que a su vez sea suficiente para ser lesiva al interés público. Los motivos de esa declaratoria deben extraerse de forma clara y precisa del acto, pues de lo contrario no se cumple con el requisito primario para este juicio. Efectivamente, la resolución administrativa que declara la lesividad, y cuya prueba aporta el actor, numerada como 9, no establece ni determina en forma alguna cuál es la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico que configura la invalidez del acto administrativo declarado lesivo (art. 158.2 de la Ley General de la Administración Pública); ni siquiera hace un análisis de los elementos del acto a fin de ubicar la existencia de algún vicio en uno de éstos, según pauta orientadora del numeral 158.1 ibídem. Y mucho menos identifica frente a cuál interés público aquél otro acto resulta lesivo, lo cual obviamente no constituye una debida y correcta fundamentación. (133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública). Las supuestas omisiones que hace el INDER y que sirven de base para la solicitud de lesividad consistentes en la ausencia de “estudio de suelo” (hecho 6) y “estudio del IGN” (hecho 7), son omisiones que caen dentro de la esfera a lo sumo de la nulidad relativa, por tanto, es dable aplicar el régimen de saneamiento o convalidación de los actos administrativos. [Cita del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, N°2581-2010 de las 10:45 horas del 08 de julio de 2010]. Note el Tribunal, que al estar ante defectos subsanables lo que la Administración debe hacer es aplicar el numeral el inciso 2 del numeral 174 de la Ley General de la Administración Pública que indica: “Artículo 174.- 1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley.2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.” No se deriva del acto que declara la lesividad por parte de la Junta Directiva del INDER, fundamentación alguna en ningún sentido, por lo que no se cumple el requisito básico para acudir a esta vía, no teniendo al efecto los apoderados especiales judiciales de dicha institución, potestades para sustituir el juicio de la Administración, ni aportar argumentaciones que no se derivan del acuerdo de lesividad. Por lo expuesto, debe declararse sin lugar la demanda. Otro motivo por el cual resulta procedente la excepción de falta de derecho, se deriva de los mismos argumentos que hemos planteado para la caducidad, y es que la Administración no ha logrado acreditar que el inmueble que ahora pretende apropiar es un bien de dominio público. Salvo una certificación sin sustento técnico alguno, no cuenta con prueba que venga a acreditar que el inmueble era de bosque a la fecha de titulación, y a su vez no estuviere en posesión ad usucapionem por parte de particulares. A mayor abundamiento, esta representación se dará la tarea, con la prueba que propone, que el inmueble propiedad de nuestra representada no es ni ha sido integrante del dominio público. Por último, procede la excepción de falta de derecho, por cuanto admitir que el Estado, en este caso el INDER, tiene la potestad de registrar a su nombre fincas de propiedad sin inscribir de particulares, con el ánimo de aligerarles su titulación, para luego alegar sin motivo alguno que esos territorios le pertenecen, resulta en la legalización de la confiscación, lo cual violenta los más elementales principios del Derecho Administrativo, que ha proscrito, al menos en nuestro país la “arbitrariedad”. Note el Tribunal que la maniobra, pensada o no por el Estado, es típica de países totalitarios que acentúan cada vez más la expropiación de hecho, que vulnera derechos de la más alta jerarquía, y cuya protección solicitamos a este Tribunal, declarando con lugar la excepción de falta de derecho expuesta. ADQUISICIÓN DE BUENA FE- PUBLICIDAD REGISTRAL. La figura del tercero adquiriente de buena fe presupone que una persona, ya sea física o jurídica, adquiere un bien con la creencia de que éste es transmitido por el propietario legítimo y con la ignorancia de los posibles vicios de la adquisición. En los sistemas jurídicos como el nuestro que cuentan con un registro público de la propiedad inmueble la publicidad registral hace de quién adquiere de aquél que aparece como dueño según el registro. Un adquirente es de buena fe, siempre y cuando no conozca de antemano de los vicios que afecten la validez del derecho y su inscripción o del asiento registral no se desprenda su invalidez. La doctrina del adquirente de buena fe con base en la publicidad registral la recoge nuestro Código Civil en el artículo 456, el cual dispone: “ARTÍCULO 456.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que, aunque explícitas no constan en el Registro.” Por otra parte, el artículo 457 del mismo Cuerpo legal protege al propietario registral frente a acciones de resolución o rescisión que pudiesen invalidar el derecho del transmitente, con las únicas excepciones que la misma norma establece. Establece: “ARTÍCULO 457.- Las acciones de rescisión o resolución no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho. Exceptúense: 1°.- Las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, consten en el Registro. 2°.- Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores en los casos siguientes: 1°.- Cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo; y 2°.- Cuando el tercero haya tenido conocimientos del fraude del deudor”. La Sala Primera ha establecido una línea jurisprudencial coincidente con esta protección al tercero adquiriente de buena fe: [Cita la sentencia N°0042-1998 de las catorce horas del cuatro de mayo de 1998]. En el Voto N°53-1997 de las catorce horas del dos de julio 1997, en relación con los derechos adquiridos por el tercero de buena fe y el Registro Inmobiliario, la Sala Primera ha establecido que: [Cita]. Lo anterior se fundamenta en el principio de publicidad o fe pública registral, como ya se explicó, que presupone que quien aparece en el Registro Público como titular de derechos reales es el dueño legitimo. Este principio procura la seguridad jurídica con respecto al tráfico de bienes inmuebles, así como preservar el interés público que recae en la protección de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia social, como es el caso del derecho de propiedad privada inmobiliaria. La protección que brinda este principio de fe pública registral se manifiesta en el sentido de que, ante la eventual invalidez del derecho de propiedad del non domino, el derecho de propiedad del tercero que adquiere no arrastra la invalidez del derecho previamente inscrito. De ahí que es clara la protección que nuestro ordenamiento otorga al tercero adquiriente de buena fe, quien mantiene su derecho a pesar de la posible nulidad o anulación del negocio o contrato jurídico anterior. En razón de lo dicho, mi representada como adquirente de buena fe, no sólo es propietaria del inmueble, sino que lo adquirió de quien constaba en el Registro era el propietario, aunado a que el INDER nunca ha sido propietario, pues el registro a su nombre en una época tenía como único fin facilitar la formalización de los derechos de los particulares, quienes poseían a título de dueños, y cumplían con todos los requisitos para titular, entre ellos haber ejercido una posesión ecológica, que como anotamos está debidamente reconocida, y excluye en el caso bajo examen la posibilidad de que el terreno haya entrado a formar parte del dominio público. En todo caso, tal y como lo establece el artículo 144 de la Ley General de la Administración Pública “1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento. 2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente.”, siendo que no se deriva del expediente administrativo ni del judicial, la existencia de previsiones por parte de la Administración Pública, para indemnizar integralmente a mi representada, lo cual debe ser al menos una actuación concomitante, dada la evidencia de que estamos ante una adquisición bajo la publicidad registral de mi representada. Ruego considere el Tribunal, que la disposición citada es clara, al obligar a la Administración proceder a la indemnización de derechos subjetivos de terceros de buena fe, condición que el INDER conoce, por ende, debe actuar en ese sentido, pues la norma no obliga al tercero a tener que acudir a contrademandar o demandar en un juicio independiente, agravando sus perjuicios.

 IV.- POSICIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ.- El codemandado José Delio contesta lo siguiente: No obstante que no me apersoné en el tiempo concedido con el traslado de la demanda, y debo asumir el proceso en el estado en que se encuentra, solicito se tengan por hechas las siguientes manifestaciones: No es cierto que la finca hoy inscrita bajo el folio real 139716-000 de Puntarenas, haya sido en algún momento patrimonio natural del Estado. Cuando fue inscrita por el Instituto de Desarrollo Agrario como parte de un bloque territorial, lo fue solamente para agilizar la obtención del título inscribible de dominio, pues ni el Estado ni el INDER había poseído esas tierras. La finca en mención es parte de un bloque que mi padre Filiberto Porras Fonseca luego trasladó a tanto, al aquí suscribiente, como a mi hermano Marvin Porras. La finca había sido propiedad de Pedro Godínez Zúñiga, quien la tuvo por allá de los años 1940, y la vendió a Víctor Godínez Alvarado el 21 de mayo de 1969. Quien a su vez la traspasó a mi padre el 15 de abril de 1974. El traspaso a mi padre fue a crédito y para ello se firmó un pagare por la suma de mil colones que debía pagarse el 15 de abril de 1975, lo cual se cumplió. La finca en mención medía aproximadamente 30 hectáreas, y al momento de la adquisición por parte de mi padre, la finca no era de montaña sino tacotales, repasto, caña de azúcar, achiote y otros frutales. Luego de la adquisición se inició un proceso de regeneración natural y protección del bosque, para luego dedicarse al ecoturismo, esto último con mucha más intensidad cuando fue vendida por mi parte a la sociedad Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., venta que consta en el expediente. La gestión de lesividad que ha planteado el INDER alegando que la finca es patrimonio natural del Estado y por ende es de dominio público no tiene sustento alguno, pues siempre ha sido propiedad de particulares. Por lo anterior interpongo la excepción de falta de derecho.

 V.- POSICIÓN DEL ESTADO COMO TERCERO INTERESADO.- La representación estatal manifestó lo siguiente: En sesión ordinaria de Junta Directiva No. 36-2015 del 5 de octubre del 2015, artículo 47, el INDER declaró lesivo el acuerdo No. 39 de la sesión ordinaria No. 031-04 respecto al expediente No. 34 relativo a la parcela 97044 bloque 192 del Proyecto de Titulación Puriscal Parrita, cuyo traspaso originó la finca No. 6-139716-000, asociada al plano catastrado No. P-857134-2003 (9 ha 5124.87 m²), y que proviene de la finca No. 6-1219039-000. Se ha dado el cumplimiento de los requisitos para declarar lesivo el acto administrativo. Conforme a los artículos 173.1 de la Ley General de la Administración Pública, 10 inciso 5), y 34 del CPCA, se cumplen a cabalidad los requisitos para la declaratoria judicial de lesividad del acto administrativo dictado mediante el acuerdo de la Junta Directiva del IDA número 39 de la sesión ordinaria No. 031-04 celebrada el 23 de agosto del 2004 en lo relativo al señor José Delio Porras Sánchez: a) La acción fue interpuesta por la Administración que dictó el acto. b) El acto administrativo dictado mediante el acuerdo número 39 de la sesión ordinaria No. 031-04 celebrada el 23 de agosto del 2004 está firme y es favorable. c) El acto administrativo dictado mediante el acuerdo número 39 de la sesión ordinaria No. 031-04 celebrada el 23 de agosto del 2004 está viciado de nulidad absoluta. 1°) Por falta de competencia. El Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado mediante acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario y publicado en La Gaceta No. 173 del 10 de setiembre del 2002, utilizado como fundamento del acuerdo número 39 de la sesión ordinaria No. 031-04 celebrada el 23 de agosto del 2004, fue anulado por la sentencia No. 2063-2007 de la Sala Constitucional con efectos “retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos”. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en los votos números 1070-FS1-2010 y 1088-F-S1-2011 confirmó el criterio de que la nulidad (y anulación) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales vicia las titulaciones que fueron hechas con sustento en esa norma: [Cita]. Ese “reglamento”, utilizado como fundamento de la “titulación” en favor del demandado, fue anulado precisamente por falta de competencia del Instituto de Desarrollo Agrario para emitirlo y por la inexistencia de presupuestos legales que lo sustentaran: “por cuanto la Ley que supuestamente sustenta esta reglamentación en modo alguno faculta al Estado a titular las reservas nacionales dentro del proyecto de titulación del Instituto de Desarrollo Agrario … sino únicamente a la promoción de la tenencia de la tierra para fines exclusivamente agrícolas (artículo 1° de la Ley de Tierras y Colonización), mediante los contratos de adjudicación de tierras” (sentencia constitucional No. 2063-2007). El artículo 1° del Reglamento anulado indicaba: "El presente instrumento jurídico tiene como finalidad reglamentar lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización relativo a la titulación de tierras en las Reservas Nacionales…". Sin embargo, la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, no regula la titulación de tierras, razón por la cual, el Instituto de Desarrollo Agrario carecía de competencia para titular en favor del demandado el terreno descrito en el plano catastrado No. P-857134-2003 y ese vicio es suficiente para anular el acto administrativo. Ningún artículo de la Ley de Tierras y Colonización autorizaba al Instituto de Desarrollo Agrario a titular, ni mucho menos a emitir un Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales. El Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales invadió la competencia del Poder Legislativo al crear un procedimiento administrativo especial y sumario para la titulación, excluyente del judicial previsto en la Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 de 14 de julio de 1941, que sólo el legislador podría instituir. Más aún al reformar las reglas de titulación, autorizándola en terrenos inscritos, a nombre del IDA (artículo 7° del Reglamento y 1° Ley de Informaciones Posesorias). 2°). Por ser sustancialmente disconforme con el ordenamiento vigente al momento de la emisión del acto. Aun cuando el Proyecto Puriscal Parrita hubiera sido creado con fundamento en una normativa anterior, el IDA debía respetar todos los preceptos legales que regulaban su actuación al disponer de los terrenos en favor de particulares (en cumplimiento del principio de legalidad, artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública). En el formulario de folios 1 y 2 del expediente administrativo de titulación, firmado por el demandado, consta que, para el 2004, año del acuerdo número 39 de la sesión ordinaria No. 031-04 celebrada el 23 de agosto, el terreno descrito en el plano No. P-857134-2003 era de bosque en su totalidad. La escritura de traspaso del IDA al demandado, otorgada a las 9 horas del 9 de setiembre del 2004, describe la parcela como de montaña (folio 52 del expediente judicial). Y en la certificación SINAC-DS-OFAU-C-4264-2003 (folio 6 del expediente administrativo de titulación), consta que el terreno descrito en el plano P-857134-2003 constituye Patrimonio Natural del Estado. Efectivamente, los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal de la finca No. 1219039 del Partido de Puntarenas, inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, constituyen Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las … fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a …instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública…”. Y en esa condición no podían ser cedidos, entregados, o enajenados de ninguna manera. Lo prohíben los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Lo anterior lo confirman los votos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 1070-F-S1-2010 y 1088-F-S1-2011, relativos a la anulación de titulaciones del IDA sobre terrenos del Patrimonio Natural del Estado: [Cita]. Aún más, el mismo artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales permitía únicamente el traspaso de tierras “que no estén sujetas a la administración por parte del MINAE” y requería “certificación original extendida por el MINAE en donde conste que el terreno a titular según el plano catastrado no está afectado o inmerso dentro de … patrimonio natural del Estado”, mientras que, con vista de la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-4264-2003 es claro que no se cumplieron esos requisitos, al indicar que “CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, administrado por el MINAE según el artículo 13 de la Ley Forestal. El mismo plano P-857134-2003 (folio 14 del expediente administrativo de titulación), da cuenta de la existencia de terrenos forestales (véase que consigna montaña en su mayor parte). d) Declaratoria de lesividad en sede administrativa: acuerdo de Junta Directiva del INDER del 5 de octubre del 2015, artículo 47. e) La acción es interpuesta por la Administración en tiempo, pues conforme al inciso 2° del artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo y los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, la lesividad no está sujeta a plazo. f) Lesividad a los intereses públicos: La propiedad pública de los terrenos de bosque, forestales o con esa aptitud, vinculados a la persecución de fines de interés general, es una poderosa arma de conservación: "la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir, ni ser parte del comercio de los hombres" (Sala Constitucional, voto No. 4587-1997). El deber de proteger y preservar la integridad del ambiente (principio de tutela ambiental a cargo del Estado) comprende la riqueza forestal (Sala Constitucional, votos números 2233-1993 y 6836-1993). El régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para el Patrimonio Natural del Estado implica que no cabe la corta, el aprovechamiento forestal ni el cambio de uso del suelo; y solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1, párrafo 2°, 3 inciso a), 14, 15, 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c). La enajenación indebida de terrenos del Patrimonio Natural del Estado modifica el destino que la Ley Forestal ha previsto para esos bienes públicos, en pugna con el artículo 50 constitucional y el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobado por Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999, que garantizan el derecho a un ambiente adecuado; con el principio de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado (entre otros, votos de la Sala Constitucional números 3341-1996 y 9193-2000) y con el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994), que contempla el deber del Estado de administrar los recursos “importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación” (inciso c).

 VI.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés:

1) En documento privado no protocolizado ni autenticado, fechado 21 de mayo de 1969, se hacer constar que el señor Pedro Godínez Zúñiga le vendió al señor Víctor Godínez Alvarado un derecho de propiedad (debe entenderse que era un derecho de posesión porque no consta título traslativo de dominio), sobre un inmueble situado en Santa Juana de Paso Real, cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, con área de aproximadamente 15 manzanas, con las siguientes colindancias: al norte con propiedad de Marcos Marín Hernández, al sur con Quebrada Camarones, al este con Roberto Navarro y Víctor Fonseca, y camino de por medio, y al oeste con Marcos Marín Fernández. El documento carece de fecha cierta de conformidad con la legislación procesal civil. (Imagen 193 del expediente judicial).

2) En documento privado, no protocolizado ni autenticado, fechado 15 de abril de 1974, se hace constar que el señor Víctor Godínez Alvarado le vendió al señor Filiberto Porras Quesada (debe entenderse que era un derecho de posesión porque no consta título traslativo de dominio), sobre un inmueble del que no se indica su ubicación, con un área aproximada de 30 hectáreas, con las siguientes colindancias: al este con Marcos Marín, al oeste con Roque Campos y Efrín (sic) Vindas y con el mismo comprador, al norte con Marcos Marín Fernández, y al sur con Amado Pérez y Quebrada Camarones. Se indica que el inmueble tiene tres manzanas de repasto y caña de azúcar y algunos árboles frutales y la mayor parte tiene rastrojos tacotales. El documento carece de fecha cierta de conformidad con la legislación procesal civil. (Imágenes 195 y 196 del expediente judicial).  

3) El Proyecto de Titulación “Puriscal-Parrita”, nació a partir del Decreto Ejecutivo N°3667-G, del 18 de marzo de 1974 (que estuvo vigente desde 17 de abril de 1974 hasta el 7 de julio de 2008). Dicho Decreto estableció así: “Por cuanto: La Ley N°4686 de 3 de diciembre de 1970 aprobó el Acuerdo de Préstamo entre los Gobiernos de la República de Costa Rica y de los Estados Unidos de América, por intermedio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D). Para hacer efectivo el Proyecto de "Tenencia de la Tierra", incluido dentro del programa de Desarrollo Agropecuario de tal préstamo, se hace necesario y obligatorio que las tierras afectadas a dicho programa, sea traspasada al Instituto de Tierras y Colonización para que esta Institución proceda a realizar los trámites catastrales y de Registro Público que se requieren para su titulación. La Junta Directiva de Instituto de Tierras y Colonización mediante el acuerdo V de la sesión 1736 de 19 de febrero de 1974, declaró la Zona de Titulación y solicita al Poder Ejecutivo el traspaso de los terrenos ubicados en los cantones; III Desamparados, IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, Turrubares, XVII Dota y XX León Cortes de la provincia de San José, cantón VI Aguirre, IX Parrita y el distrito V Jacó del cantón 1° de la Provincia de Puntarenas. El traspaso se solicita en tanto estos terrenos no estén comprendidos dentro de las excepciones que se indican en las leyes números 2815 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas y 4465 de 25 de noviembre de 1969 o se trate de terrenos de dominio privado o que por otras causas no puedan ser traspasadas. Dicho traspaso encuentra asidero legal en la disposición del artículo 13 de la Ley de Tierras y Colonización N°2825 de 14 de octubre de 1961 y artículos 1° y 2° de la Ley de Titulación N°5064 de 22 de agosto de 1972. Por tanto, Con vista de las razones y citas legales expresadas, Decretan: Artículo 1°.- Traspásase en forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización, en tanto no estén comprendidos dentro de las excepciones que indican las leyes números 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas; 4465 de 25 de noviembre de 1969, o se trate de terrenos de dominio privado o que por otras causas legales no puedan ser traspasados los terrenos ubicados en los cantones: III Desamparados, IV    Puriscal, V Tarrazú, VI    Aserrí, XVI Turrubares, XVII Dota y XX León Cortés de la Provincia de San José, cantón VI Aguirre, IX Parrita y el Distrito V Jacó del cantón 1° de la provincia de Puntarenas; comprendidos dentro de los siguientes límites: partiendo de la desembocadura del río Grande de Tárcoles en el Golfo de Nicoya, aguas arriba hasta su confluencia en el río Virilla, siguiéndolo has el río Jaris, siguiéndolo hasta su nacientes, partiendo de ese lugar con rumbo Sureste hasta la escuela de Rosario, distrito 9° del cantón III Desamparados, provincia de San José. De este lugar continuando con rumbo Sureste hasta el cruce entre el límite de los cantones León Cortés y Tarrazú, provincia de San José y la carretera entre San Pablo de León y San Marcos de Tarrazú, continuando por dicha carretera pasando por Santa María hasta el lugar denominado Copey, cantón de Dota. De aquí al poblado Pedregoso del mismo cantón siguiendo con rumbo Sureste hasta la escuela de Nápoles, poblado del distrito 2° San Lorenzo del cantón 5° Tarrazú continuando con dicha línea hasta la naciente de la quebrada Santa Cruz, siguiéndolo aguas abajo hasta el límite de los cantones Tarrazú provincia de San José y Aguirre provincia de Puntarenas. Continuando por dicho límite y por el límite entre los cantones Aguirre y Dota, provincia de San José hasta el río Savegre siguiendo aguas abajo hasta el puente en la carretera Dominical-Parrita continuando por dicha carretera hasta el puente sobre el Río Palo Seco, siguiéndolo aguas abajo y en la forma por los esteros Barbadul y Meros hasta el río Parrita hasta que desemboque en el Océano Pacífico. De aquí se sigue la línea costera hasta el punto de partida río Grande de Tárcoles en el Golfo de Nicoya. Superficie 267.239 hectáreas. Artículo 2°.- La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería está obligada a comunicar al ITCO, dentro de un término de dos meses a contar desde la fecha de publicación del presente decreto, cualquier objeción de su parte a la entrega de títulos de propiedad en aquellas áreas que a juicio de la Dirección Forestal y de acuerdo con la Ley Forestal vigentes, deban ser declaradas Reserva Forestal o de otra índole. Si pasado dicho término la Dirección Forestal no se pronuncia, se considerarán allanadas sus posibles objeciones. Artículo 3°.- Queda facultado el personero legal del Estado con facultades para ello para comparecer ante uno de los notarios del Estado y suscribir la correspondiente escritura en favor del ITCO, así como las adicionales que fueren necesarias a fin de que las tierras incluidas en las disposiciones anteriores pasen a ser propiedad de dicho instituto en forma gratuita. Artículo 4°.- Los traspasos posteriores que el ITCO haga a particulares de los inmuebles o parcelas que formen la zona determinada y adquiridos mediante este decreto, quedarán sometidas a todas las restricciones que señale la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización, de conformidad con las leyes de la materia y    acatamiento de las disposiciones de la Ley Forestal, para el ordenamiento y manejo de aquellas zonas o áreas que sean de e aptitud forestal únicamente y que clasificadas así el Ministerio de Agricultura y Ganadería y/o el ITCO según lo dispone la Ley Forestal N°4465 antes citada. Artículo 5°.- Se autoriza al Instituto Geográfico Nacional, para interpretar los límites del área a que se refiere este decreto y para preparar un mapa de la misma. Artículo 6°.- Rige a partir de su publicación”. (Consulta al sitio web SCIJ).

4) El 9 de octubre de 2003, el funcionario Arnoldo Luna Sancho, de la Oficina de Atención al Usuario, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía, emitió la certificación número SINAC-DS-OFAU-4264-2003, en la que indicó: “Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-857134-2003 a nombre de l.D.A. en posesión JOSÉ DELIO PORRAS SANCHEZ, que éste describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, SIN EMBARGO CONSTITUYE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 y 15 DE LA LEY FORESTAL 7575 DEL 16 DE ABRIL DE 1996. Asimismo, certifico que para la eliminación de árboles se debe contar con el respectivo permiso (art. 27 Ley Forestal); se debe respetar las Áreas de Protección (art. 33 y 34 de la Ley Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque. ES PARTE DE FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL 1219039-000, SEGÚN CONSTA EN EL PLANO”. (Imagen 37 del expediente judicial).

 5) El 20 de noviembre de 2003, el señor José Delio Porras Sánchez presentó gestión ante el Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER), solicitando que se le otorgara el derecho de propiedad sobre una porción de terreno ubicada en Santa Juana, distrito de Naranjito, cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, según plano catastrado número P-857134, con una medida de 95124 m2 y 87 dm2. En su gestión indicó que obtuvo el inmueble por posesión originaria que obtuvo desde hace quince años. Adjuntó declaraciones juradas protocolizadas y el plano catastrado antes indicado. (Imágenes 34 a 45 del expediente judicial).

 6) El 29 de marzo de 2004, el funcionario Harry Umaña Rodríguez, Inspector del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, emitió recomendación en relación con la solicitud de titulación presentada por el señor José Delio Porras Sánchez. Al respecto indicó: “…manifiesto que, de acuerdo con inspección practicada a la parcela arriba descrita, he verificado los requisitos contemplados en el artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, por lo tanto recomiendo que esta parcela puede titularse”. La parcela fue descrita como la número 97044, del mapa bloque 192, del Proyecto Puriscal Parrita, con un área de 9 ha. 5124,87 m2., con un frente a calle de 1959,03 m, ubicado en la provincia 06, cantón 06, distrito 03, plano catastrado número P-857134-03. (Imágenes 32 y 33 del expediente judicial).

 7) Por acuerdo adoptado en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, autorizó a segregar la finca de San José folio real matrícula 219039-000, correspondiente al Proyecto Puriscal-Parrita y a traspasar 13 parcelas a favor de particulares, dentro de la que estaba incluida la parcela solicitada por el señor José Delio Porras Sánchez. El acto administrativo dispuso así, en lo conducente: “1-En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina regional de PARRITA según oficio OSP-163-04 y el visto bueno de la Dirección Regional de CENTRAL según oficio S/N y la revisión de los requisitos .exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva descrito en el Articulo XXI, Sesión 065-00 del 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el diario oficial La Gaceta 173 del 10 de setiembre del 2002, al amparo de la ley de Tierras y CoIonización 2825 del 14 de octubre de 1961 y la ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario 6735 del 29 de marzo de 1982, se autoriza segregar y traspasar 13 parcelas que a continuación se describe, para que se le extienda el correspondiente título supletorio de dominio. (…).

Nombre

	

Cédula

	

Parcela

	

Área

	

Plano catastrado

	

Topo-

grafía

	

Inspección

	

Edicto

	

Total




José Delio Porras Sánchez

	

1-0396-

0311

	

192-97044

	

95124,87

	

P-857134-2003

	

 

	

₡12500

	

₡9000

	

₡21500

(…).

Los costos se cancelarán en un año plazo y se garantizarán mediante hipoteca de primer grado a favor del Instituto de Desarrollo Agrario devengando intereses del 8% sobre los saldos, excepto los que cancelen en el acto de firmarse la escritura. 3.-Las condiciones y restricciones a que quedan sujetas las parcelas y lotes de este acuerdo son las mismas que contiene el artículo XVIII del reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales, publicado en gaceta 173 del 20 de setiembre del 2002. 4 -Se autori.za a los Señores Walter Céspedes Salazar, Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparezcan en su momento ante el notario asignado LUIS ENRIQUE WONG para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso. 5-Concluida la firma de protocolo y cerrada la escritura principal los notarios no podrán hacer uso de este acuerdo para tramites individuales. La firma de protocolo será el día 08 de setiembre del año 2004 en la Oficina Subregional de PARRITA de 9 am. a 12 pm”. (Imágenes 49 a 52 del expediente judicial).

 8) Mediante escritura número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, el señor Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de ese ente, segregó de la finca folio real matrícula 219039-000 del partido de San José (Proyecto Puriscal-Parrita), la parcela número 97044, según plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al señor José Delio Porras Sánchez. La escritura indicó en lo conducente así: “…PARCELA NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO, que es terreno de montaña, sito en el distrito tercero, cantón sexto de la provincia de Puntarenas, que mide nueve hectáreas, ciento cinco mil ciento veinticuatro metros, ochenta y siete decímetros cuadrados, y que linda al Norte Efraín Vindas Quirós y calle pública; Sur y Este, quebrada La Unión, y Oeste, calle pública con frente a ella de un mil novecientos cincuenta y nueve metros, tres decímetros cuadrados, según plano catastrado número P- ochocientos cincuenta y siete mil ciento treinta y cuatro-cero tres, a José Delio Porras Sánchez, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Naranjito de Quepos, cédula número uno-cero trescientos noventa y seis-cero trescientos once, por la suma de veintiún mil quinientos colones exactos. (…)” Este contrato generó la inscripción de la finca folio real matrícula 139716-000. (Imágenes 54 a 60 del expediente judicial).

 9) Mediante escritura número ciento ochenta y seis-diez, otorgada ante la Notaria Gladys Marín Villalobos a las 10:30 del 10 de noviembre de 2007, el señor José Delio Porras Sánchez vendió a Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. la finca del partido de Puntarenas, folio real matrícula 139716-000, plano catastrado P-857134-2003. Dicha finca fue inscrita a nombre de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. el 5 de mayo de 2008. (62 a 70 del expediente judicial).

10) Mediante informe N°DFOE-PGAA-20-2008 del 27 de agosto de 2008, la Contraloría General de la República solicitó a la Junta Directiva del IDA (hoy INDER), ejercer las acciones necesarias para recuperar las tierras tituladas por el IDA a favor de particulares, que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado. En dicho informe se hace referencia, entre otros, al Proyecto Puriscal-Parrita, Decreto N°3667-G del 17 de abril de 1974. (Imágenes 17 a 29 del expediente judicial).

 11) Por acuerdo adoptado en el artículo 47 de la sesión ordinaria número 36 celebrada el 5 de octubre de 2015, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, dispuso: “POR TANTO: De conformidad con el Artículo 34 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Artículos 176 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, Ley de Tierras y Colonización y Ley de Creación del IDA, se acuerda: 1) Declarar lesivo a los intereses públicos los actos administrativos dictados mediante los Acuerdos 39 y 49 de la Sesión Ordinaria 031-04, celebrada el 23 de agosto de 2004, 49 de la Sesión Ordinaria 025-05 celebrada el 4 de julio del 2005, 50 y 57 de la Sesión Ordinaria 044-04 celebrada el 29 de noviembre de 2004, 53 y 58 de la Sesión Ordinaria 022-05 celebrada el 13 de junio del 2005, 53 de la Sesión 039-05 celebrada el 10 de octubre del 2005, y 45 de la Sesión Ordinaria 016-04 celebrada el 3 de mayo del 2004, adoptados por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, que dieron origen a los títulos de propiedad inscritos en el Registro de la Propiedad bajo el Partido de Puntarenas con Matrícula de Folio Real números 139717-000 a favor de Marvin Porras Sánchez; Matrícula de Folio Real números 139716-000 a favor de José Delio Porras Sánchez; Matrícula de Folio Real números 141440-000 a favor de María del Socorro Fallas Mora; Matrícula de Folio Real números 139445-000 a favor de José Luis Vargas Guerrero; Matrícula de Folio Real números 142020-000 a favor de Gregario Gómez Zúñiga; matrícula de Folio Real números 144193-000 a favor de San Rafael Tropical Forest Sociedad Anónima y Matrícula de Folio Real números 141803-000 a favor de Inversiones Varo Quiño de Cariari Sociedad Anónima; bajo el Partido de Limón con Matrícula de Folio Real número 111283-000 a favor de Martín Schlapbach; bajo el Partido de Alajuela con Matrícula de Folio Real números 406953-000 a favor de Gerardo Solórzano Barrantes y Matrícula de Folio Real números 401478-000 a favor de Tomasita López Hernández, por ser los mismos otorgados en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. 2) Solicitar, comisionar y facultar a los Licenciados Rodrigo Cervantes Barrantes y Eric Jiménez Trejas para que en nombre y representación del Instituto de Desarrollo Rural procedan a interponer los procesos de lesividad en forma inmediata ante los Tribunales correspondientes. 3) Comisionar al MSc. Ricardo Rodríguez Barquero, Presidente Ejecutivo, a suscribir los correspondientes poderes a efecto de que puedan los Licenciados Cervantes Barrantes y Jiménez Trejas representar a la Institución en forma legítima ante los tribunales correspondientes. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE. ACUERDO FIRME”. En su fundamentación el acto indicó, en lo conducente: “CONSIDERANDO: (…) EXPEDIENTE 34 - TITULACIÓN DE PARCELA 97044, BLOQUE 192, DEL PROYECTO DE TITULACIÓN PURISCAL PARRITA, A FAVOR DE JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-0396-0311. La Junta Directiva del IDA acogió la recomendación y acordó hacer el traspaso de la parcela a través del Acuerdo número 39 de la Sesión Ordinaria número 031-04 ce lebrada el 23 de agosto de 2004. La correspondiente escritura del traspaso de la parcela fue otorgada el 9 de setiembre del 2004 y quedó debidamente inscrita el 2 de mayo del 2005, bajo el Folio Real del Partido de Puntarenas Matrícula 139716-000 y descrita en el Plano Catastrado número P-0857134-2003, según el cual tiene un área de 9 hectáreas 5124 metros con 87 decímetros cuadrados y es terreno de montaña, (folio 14 del expediente). En el expediente de titulación consta que se presentó la certificación del MINAE estableciendo que el terreno no es parte de las Áreas Silvestres Protegidas, sin embargo, en la misma se dice que constituye patrimonio natural del estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7675 del 16 de abril de 1996. En el expediente de la titulación, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos del INTA. En el expediente no consta informe del Instituto Geográfico Nacional”. (Imágenes 73 a 82 del expediente judicial).

 12) El Instituto de Desarrollo Rural presentó la demanda de lesividad el 17 de noviembre de 2015. (Imagen 83 del expediente judicial).             

     VII.- HECHOS NO PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como no acreditado lo siguiente:

1) Que la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, y la finca madre folio real matrícula 219039-000 de la provincia de San José, con anterioridad a su inscripción a nombre del INDER, fueran propiedad de particulares. (No hay prueba en autos).    

2) Que la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, y la finca madre folio real matrícula 219039-000 de la provincia de San José, en algún momento tuvieran naturaleza de repastos, caña de azúcar o tacotales, y las fechas exactas en que habrían tenido esa naturaleza. (No hay prueba en autos).

 VIII.- SOBRE EL FONDO.- La demanda debe ser declarada con lugar. En este caso, la Junta Directiva del IDA (hoy INDER) emitió el acuerdo adoptado en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, en el que autorizó a segregar de la finca madre de la provincia de San José folio real matrícula 219039-000 -entre otras-, la parcela número 192-97044, plano catastrado número P-857134-2003, correspondiente al Proyecto Puriscal-Parrita, y que se le traspasara al codemandado José Delio Porras Sánchez. Como fundamento jurídico, el acto aquí impugnado, invocó el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales del 10 de setiembre de 2002, la Ley de Tierras y Colonización y la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario. Dicho acuerdo fue ejecutado en la escritura número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, mediante la cual el entonces IDA efectivamente segregó la parcela número 97044, según plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al señor José Delio Porras Sánchez. Este contrato jurídico conllevó a la inscripción de la finca de la provincia de Puntarenas folio real matrícula 139716-000. Este inmueble luego fue vendido por el señor Porras Sánchez a Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., en el año 2008, siendo esa sociedad la actual propietaria registral del mismo a la fecha. En el año 2015, la Junta Directiva del INDER declara lesivo al interés público el acuerdo de ese mismo órgano colegiado adoptado en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, haciendo ver que: “En el expediente de titulación consta que se presentó la certificación del MINAE estableciendo que el terreno no es parte de las Áreas Silvestres Protegidas, sin embargo, en la misma se dice que constituye patrimonio natural del estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7675 del 16 de abril de 1996”. (El resaltado es suplido). Pues bien, este Tribunal, con base en la prueba que consta en autos, estima que el INDER y el Estado llevan razón en su posición. Efectivamente, el acto aquí impugnado presenta un vicio grave en el elemento motivo, dado que violentó directamente los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (N°7575). De conformidad con estas normas de rango y potencia legal, las áreas de bosque y terrenos forestales pertenecientes al Estado, a municipalidades y a entes autónomos, constituyen Patrimonio Natural del Estado, y en tal condición, resultan inembargables e inalienables; la posesión ejercida por particulares no genera derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria que ejerza el Estado es imprescriptible; además, no son susceptibles de ser inscritas mediante información posesoria. Adicionalmente, si estos terrenos del Estado, de municipalidades o de entes autónomos, están cubiertos de bosque, automáticamente quedan incorporados al Patrimonio Natural del Estado y dicha condición es per sé una limitación legal para que tales terrenos sean enajenados e inscritos en el Registro Público. En el caso que nos ocupa, la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que fue presentada por el codemandado Porras Sánchez cuando éste gestionó ante el IDA la titulación de la parcela número 97044 de la finca 1-219039-000, claramente indicaba que el inmueble descrito en el plano catastrado número P-857134-2003, constituía Patrimonio Natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, N°7575 del 16 de abril de 1996. La certificación referida es un documento público y, como tal, cuenta con plena autenticidad, validez y eficacia (artículo 45.1 y 45.2 del CPC). La declaración contenida en ese documento, según la cual, el inmueble correspondiente al plano P-857134-2003, constituía Patrimonio Natural del Estado de conformidad con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, no podía ser obviada por la Administración del IDA (hoy INDER). Por imperio de ley, esa declaración contenida en la mencionada certificación impedía jurídicamente que el IDA enajenara la parcela 97044 de la finca de su propiedad folio real matrícula 1-219039-000, toda vez que los terrenos de esa parcela formaban parte del Patrimonio Natural del Estado por tratarse de bosque dentro de una finca que era perteneciente al ente autónomo aquí actor (IDA), y siendo así se encontraban protegidos por la condición de inalienabilidad establecida por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, anteriormente citados. El Tribunal concluye que esos terrenos sí tenían naturaleza de bosque al momento de que fueron enajenados a favor del codemandado José Delio Porras Sánchez, porque la escritura número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, por medio de la cual el IDA segregó la parcela número 97044, de la finca folio real matrícula 219039-000 del partido de San José (Proyecto Puriscal-Parrita), plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al codemandado Porras Sánchez, claramente indica en su texto que la “…PARCELA NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO, … es terreno de montaña…”. Al ser un instrumento público, esa indicación consignada por el notario de que la parcela era terreno de montaña, hace plena prueba de que su naturaleza era de bosque. Debe recodarse que de conformidad con el artículo 31 del Código Notarial, en virtud de la fe pública se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él, en concordancia con el artículo 45.2 párrafo segundo del Código Procesal Civil, que dispone que el documento otorgado por las partes ante un notario hace fe, no solo de la existencia de la convención o disposición para la cual ha sido otorgado, sino aun de los hechos o actos jurídicos anteriores que se relatan en él. Por ende, a juicio de esta Cámara, la declaración contenida en la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003, referente a que el área descrita en el plano catastrado P-857134-2003 era Patrimonio Natural del Estado, en complemento con la descripción contenida en la escritura pública número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, según la cual, la parcela 97044, representada en el mismo plano catastrado P-857134-2003, era terreno de montaña, son pruebas claras y contundentes que acreditan sin lugar a dudas que esa porción de tierra que pertenecía al INDER (formaba parte de la finca 219039-000 de su propiedad), nunca debió ser segregada y traspasada al codemandado José Delio Porras Sánchez, porque la Ley Forestal lo impedía expresamente. En el mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto: “De lo reproducido, resulta claro, el Tribunal sustentó la nulidad del Acuerdo de la Junta Directiva del otrora IDA, no. 41 de sesión 016-04 del 3 de mayo de 2003, en varios aspectos. Primero, dado que en la certificación SINAC-DS-OFAU-C-3098-2003, se apuntó, el inmueble objeto del litigio al momento de ser adjudicado contenía bosque. Ello, porque se indicó, constituía patrimonio natural del Estado, de conformidad con lo regulado en los cardinales 13, 14 y 15 de la LF. Segundo, ya que en la escritura de traspaso otorgada ante la fedataria pública Sibaja Rojas, se consignó, su naturaleza era “montaña”. Tercero, porque, tal situación fáctica se extrajo del propio expediente de la titulación de la parcela 7-A-3 del Proyecto de Titulación BIRF 2764 C.R. Cuarto, en el tanto dispuso, dicha titulación se realizó con base en el Decreto Ejecutivo no. 18220-MAG del 11 de julio de 1988, el cual se declaró inconstitucional en la sentencia no. 8560-2001 de 15 horas 37 minutos del 28 de agosto de 2001 de la Cámara Constitucional. Lo expuesto, ya que dicha norma resultaba contraria al ordenamiento jurídico al quebrantar los cánones 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 121 inciso 14 de la Constitución Política. En ese cuerpo normativo al igual que en la Ley de Titulación de Vivienda Campesina, -también declarada inconstitucional-, se permitió titular tierras con el propósito de que sus poseedores pudieran acceder a créditos bancarios, intensificar y sistematizar su producción; siempre que no estuvieran inscritos a nombre de sujetos físicos o jurídicos, ni fueran propiedad de instituciones del Estado, con aptitud agropecuaria y que el MINAE traspasara al IDA. El artículo 3 de la Ley no. 7599, excluyó de forma concreta los terrenos administrados por el Ministerio de Ambiente y Energía. De ahí, las personas juzgadoras, fallaron, el IDA de previo a comunicar al Poder Ejecutivo el área de la titulación, debía establecer si dichas tierras eran de uso forestal (preceptos 6 y 7 ibid). Por ende, hicieron patente el legislador como el Poder Ejecutivo procuraron la titulación no afectara el patrimonio natural del Estado. En consecuencia, avaló la primera razón brindada para la declaratoria de lesividad del acto de adjudicación examinado en la especie, en el tanto refirió a la omisión del requisito de demostrar la no afectación a tal categoría de bienes. Por consiguiente, de acuerdo con lo dicho no hay casación útil, ya que lo refutado se constriñe a una de las razones desarrollados por el Tribunal para sustentar lo resuelto. Así, aún de que resultara acertada su inconformidad, no conduciría a la quiebra de lo fallado, ya que persistirían los restantes motivos en los que se basó lo dispuesto. En todo caso, de consuno con lo expresado supra, es claro, contrario a lo aducido por el impugnante, de la certificación no. SINAC-DS-OFAU-C-3098-2003, se desprende los terrenos titulados, -objeto del proceso-, son un bien demanial ya que están conformados por patrimonio natural del Estado (bosque o montaña). IV.- A mayor abundamiento de razones, para este Órgano decisor, en lo atinente al concepto de dominio público y a los alcances del concepto se hace necesario aludir al canon 261 del Código Civil, en tanto dicha regulación estipula: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. […] Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen (sic) la "Nación", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.” (voto 2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007)”. Sentencia no. 189 de las 9 horas con 15 minutos del 3 de marzo de 2011. Así, dado que en el subexamine los terrenos reivindicados están conformados por áreas que constituyen parte del patrimonio natural del Estado, es claro son bienes demaniales, no susceptibles de propiedad privada. Además, la recurrente no ha podido revertir lo fallado por el Ad quem. Este órgano decisor ya ha resuelto en lo tocante a la aplicación de los cardinales 13 y 14 de la LF. Sobre dicho particular, en sentencia 1070 de 9 horas 40 minutos del 3 de setiembre de 2010, expresó: “Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. […] En este sentido, el mandato 13 ibídem es claro al determinar, que una propiedad cubierta de bosque, y que pertenezca al Estado, una municipalidad, institución autónoma u otro organismo de la Administración Pública, forma parte del patrimonio natural del Estado. En forma similar, este Colegio analizó los alcances del numeral 14 Ibid., dejando claro que, en virtud del régimen jurídico especial al que se encuentra sometido el patrimonio natural del Estado, y las características particulares que sobre éste recaen, la detentación que sobre dichos bienes ejerzan los particulares, no les generará derecho alguno. Dispuso en lo de interés: En igual sentido, la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” […] En igual sentido, lo indicado respecto a que el Tribunal no consideró que el terreno ha estado en posesión de particulares, no resulta un reclamo atendible ante esta Sala, por ser la Ley Forestal clara, en el sentido de que se trata de bienes inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado”. Fallo no. 213 de 9 horas 30 minutos del 10 de marzo de 2016. De acuerdo con lo expuesto, distinto a lo aducido por el recurrente, pese a que su inmueble se inscribió, de acuerdo con las estipulaciones de la LF tales terrenos son parte integrante del patrimonio natural del Estado, lo cual impide a los particulares obtener su propiedad y/o posesión. Ello se reitera, dado que se trata de bienes demaniales, que por su naturaleza resultan imprescriptibles, e inalienables”. (Sentencia N°778-F-S1-2022, de las 14:55 horas del 31 de marzo de 2022. El resaltado es suplido). Las consideraciones esbozadas por la Sala Primera son plenamente aplicables a este caso, en el mismo sentido que ya este Tribunal desarrolló en líneas antes. En suma, este Tribunal estima que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, contenido en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, es ilegal por haber segregado y enajenado en favor de un particular (José Delio Porras Sánchez), un inmueble que era parte del Patrimonio Natural del Estado, en abierta contradicción con los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Dicho acuerdo violó flagrantemente la inalienabilidad de los terrenos de bosque-montaña de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que formaban parte de la finca 219039-000 perteneciente al IDA (hoy INDER), y autorizó su entrega a manos de un particular, existiendo una expresa prohibición legal para ello. Ésta es causa suficiente para que el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del IDA en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, sea absolutamente nulo, por haber incurrido en una infracción sustancial del ordenamiento jurídico (artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública), sea, la violación directa de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, y así se deberá declarar.       

 IX.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., aduce que el inmueble objeto de este asunto no era propiedad del INDER. Manifiesta que el titulante Porras Sánchez ejerció actos posesorios previos a la compra. Señala que su posesión fue en forma pacífica, de buena fe, ininterrumpida y a título de dueño, y sumado a otros poseedores anteriores, la misma se remonta a mediados de la década de 1950. Este argumento es improcedente e impertinente. La parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que le fue traspasada al señor José Delio Porras Sánchez y que generó la finca de la provincia de Puntarenas folio real matrícula 139716-000, estaba previamente inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, pues formaba parte de la finca folio real matrícula 1-219039-000, por tanto, si el IDA era el ente autónomo propietario (no poseedor) del área correspondiente a la parcela 97044, no resulta oponible alegar derechos de posesión del señor Porras Sánchez y de sus predecesores frente al derecho de propiedad del IDA sobre áreas que eran de dominio público (por ser Patrimonio Natural del Estado), con fundamento en el artículo 14 de la Ley Forestal, que claramente señala que la posesión sobre esos terrenos por parte de los particulares no causará derecho alguno a su favor, sumado a la innegable condición de inalienabilidad de los mismos, no sólo por las disposiciones de los numerales 14 y 15 de la Ley Forestal, sino además por la reiterada jurisprudencia constitucional que así lo ha establecido con base en el numeral 261 del Código Civil.

X.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., aduce que la certificación a la que se hace referencia el Instituto actor señala equivocadamente que la finca es parte del Patrimonio Natural del Estado en los términos de los artículos 13,14, y 15 de la Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril de 1996. Acusa que lo indicado en la certificación es equivocado porque: quien hace la certificación no identifica el estudio técnico o archivo con visita de campo que le permita hacer esa afirmación; porque aun cuando el inmueble esté cubierto de vegetación natural no significa que constituya bosque, y porque aun cuando el inmueble estuviere cubierto de bosque a la fecha de emisión de la certificación, no significa por esa particularidad que constituya patrimonio natural del Estado, pues la misma Ley Forestal crea la excepción, y excluye del patrimonio natural del Estado aquellos terrenos que tengan esa naturaleza pero que estén en posesión de los particulares, quienes además deben haber protegido el bosque y deslindado con cercas y carriles. Este argumento es improcedente. Como ya se indicó en los razonamientos precedentes, la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003 es un documento público que hace fe pública de lo que declara, goza de plena autenticidad, validez y eficacia en cuanto a lo que declara, por tanto, no cabe solamente formular manifestaciones cuestionándolo, sino que debe acreditarse fehacientemente su falsedad. Luego, como ya se explicó antes, la naturaleza de bosque resulta de la propia descripción consignada en la escritura pública (fe pública) por medio de la cual se segregó y traspasó la parcela 97044 a favor del codemandado José Delio Porras Sánchez, que indicaba que era terreno de montaña; si esos terrenos hubiesen sido de tacotales, de caña de azúcar, de repastos, de actividad agropecuaria, o de cualquier otra naturaleza, así habría sido acreditado por medio de alguna inspección de campo o así lo habría estipulado la propia escritura de segregación y traspaso, pero eso no consta en los autos, de manera que lo argüido es meramente especulativo y contrario a lo que se desprende de las pruebas del expediente. En este punto es importante hacer ver que las cartas privadas de venta que constan en los autos, admitidas como prueba para mejor resolver, no son útiles para acreditar una naturaleza distinta de los terrenos que aquí están en disputa, por cuanto si bien en esos documentos privados se hace referencia genérica a que las tierras son de repasto, caña de azúcar, árboles frutales y tacotales, tales documentos no permiten determinar con certeza y precisión si el área de la que se habla en ellos corresponde exactamente a la misma que corresponde a la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, pero además, tales documentos carecen de las solemnidades necesarias para darles algún valor, pues no están autenticados, no están protocolizados y no tienen fecha cierta, sumado a que la aparente área a la que se hace referencia en forma genérica en esos actos, no está respaldada por algún plano catastrado que permita su debida ubicación e identificación. Por último, resulta absolutamente improcedente la invocación que hace la parte demandada a la excepción que establece el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, de acuerdo con el cual: “Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promoviente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios”. Sin perjuicio de lo que se indicará más adelante, claramente los fines y alcances de la Ley de Informaciones Posesorias se circunscriben a regular la posesión sobre terrenos que carezcan de título inscrito, y en este caso, como ya fue ampliamente explicado, los terrenos de la parcela 97044 formaban parte de una finca que ya estaba previamente inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER), por consiguiente, los documentos privados de carta de venta, según las cuales, en 1969 Pedro Godínez Zúñiga le vendió a Víctor Godínez Zúñiga el derecho de posesión del área de la parcela 97044, y luego el 15 de abril de 1974 el señor Víctor Godínez Zúñiga se lo vendió a Filiberto Porras Quesada (quien se lo traspasó a su vez a José Delio Porras Sánchez), resultan irrelevantes e inoponibles para intentar justificar un mejor derecho del codemandado Porras Sánchez, amén de que, como ya fue indicado, estos documentos privados carecen de las solemnidades necesarias para darles algún valor, pues no están autenticados, no están protocolizados y no tienen fecha cierta, sumado a que la aparente área a la que se hace referencia en forma genérica en esos actos, no está respaldada por algún plano catastrado que permita su debida ubicación e identificación. Pero al margen de lo dicho, es preciso apuntar que la Ley de Informaciones Posesorias no es norma que resulte aplicable a este asunto, porque el título registral que el demandado José Delio Porras Sánchez obtuvo, correspondiente a la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, no nació a causa de la interposición y ejecución de un procedimiento de información posesoria (regulado por la Ley de Informaciones Posesorias), sino que surgió a causa de un procedimiento administrativo de Titulación tramitado ante el Instituto de Desarrollo Agrario, con base en un Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (emitido por el IDA), que fue anulado por la Sala Constitucional en la sentencia N°2063-07 del 14 de febrero de 2007 de las 14:40 del 14 de febrero de 2007, aclarada por resolución N°4517-07 de las 18:19 horas del 28 de marzo de 2007. Debe tener claro la parte codemandada que este no es un proceso ordinario de acción reivindicatoria del INDER y contrademanda de usucapión de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., de consiguiente, la invocación que hace la codemandada de la Ley de Informaciones Posesorias y los temas que plantea no resultan procedentes en este asunto, porque exceden su objeto. Éste es un proceso de lesividad en el que no se está discutiendo acerca del mejor derecho de posesión o de propiedad del señor José Delio Porras Sánchez sobre los terrenos de la parcela 97044, sino que se está discutiendo sobre la validez de un acto administrativo que autorizó un traspaso de ese inmueble a favor del señor Porras Sánchez, en violación del ordenamiento jurídico, en otras palabras, el objeto de este proceso es la revisión de la legalidad de esa conducta administrativa, y por conexidad la consecuencia jurídica derivada de ese acto administrativo que sería la nulidad del título inscribible que resultó de la ejecución del mismo.

XI.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., aduce que a la fecha en que se publicó la Ley Forestal ya sobre la finca se había ejercido una posesión de alrededor de 40 años, generándose un proceso de mejora de la finca de acuerdo a su naturaleza, regeneración del bosque, vigilancia, construcción y mantenimiento de carriles, mejorando las áreas de protección y dando un uso ecoturístico entre el que se incluye un canopy que funciona en forma continua. Este argumento resulta reiterativo y es improcedente. Para no incurrir en repeticiones innecesarias, se remite a lo expresado en los considerandos precedentes, en el sentido de que aquí no se está discutiendo sobre el mejor derecho de posesión o de propiedad del señor José Delio Porras Sánchez sobre los terrenos de la parcela 97044, se está discutiendo sobre la ilegalidad del acuerdo el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del IDA en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, por violación directa de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal.

XII.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., aduce que si la posesión es anterior a la fecha del dictado del acto administrativo que permite la titulación, y por particulares se remonta más atrás del año 1970, y se mantienen al día de hoy en forma pacífica, continua, ininterrumpida, de buena fe y a título y con título de dueño, entonces que esas condiciones impiden llegar a la conclusión de que estemos ante un inmueble de naturaleza demanial, por ende, la presente acción resultaría extemporánea y ha caducado. Este argumento es improcedente. La parcela 97044 de la finca madre folio real 1-219039-000, que dio lugar a la titulación de la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, es un bien demanial. Como ya se explicó, la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003, que es un documento público, que goza de autenticidad, validez y eficacia, declara que el área de esa parcela 97044 que estaba representada en el plano catastrado N° P-857134-2003, constituye Patrimonio Natural del Estado, es decir, es un bien del dominio público (ver sentencia de la Sala Constitucional N°1999-02988 de las 11:57 horas del 23 de abril de 1999), y esa prueba documental no puede ser desconocida por este Tribunal, al tiempo que no ha sido demostrada su falsedad. Siendo así, al ser un bien demanial goza de la característica de ser imprescriptible, por tanto, la acción que ha presentado el INDER en este caso no ha caducado ni ha prescrito, por expresa disposición del numeral 34 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone: “La lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo”.

XIII.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., aduce que el INDER no alcanza a especificar de manera clara y precisa cuáles fueron los requisitos no cumplidos y que el defecto en el estudio de uso conforme de suelos es un defecto que no alcanzaría a obtener tal grado de gravedad como para generar la nulidad absoluta del título. Señala que, si bien el acuerdo autoriza a diferentes abogados para plantear el proceso judicial respectivo, éstos no tienen la competencia para establecer los motivos, que es un acto propio del jerarca no delegable. Asevera que el INDER está hablando de un inmueble distinto a los manifestados en el hecho noveno y con ello de un titular distinto. Este argumento es improcedente. El INDER sí expresó con claridad cuáles eran los vicios de nulidad del acuerdo aquí impugnado. El acuerdo de la Junta Directiva del INDER contenido en el artículo 47 de la sesión ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015, claramente indica que en el expediente de titulación de la parcela 97044: i. consta certificación del MINAE que establece que la parcela constituía Patrimonio Natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal; ii. que no consta que se haya presentado estudio uso conforme de suelos del INTA, y, iii. que no consta Informe del Instituto Geográfico Nacional. El acuerdo del INDER que declara la lesividad indica que, a pesar de estos elementos, el acuerdo impugnado dio origen al título de propiedad que le fue dado -entre otros- a José Delio Porras Sánchez, y que ese acto es lesivo a los intereses públicos porque dicho título fue otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. El acuerdo de lesividad es claro y se basta a sí mismo en cuanto a los motivos por los cuales el acuerdo aquí impugnado fue declarado lesivo al interés público y debe ser anulado. Por ende, la Junta Directiva del INDER no ha delegado en sus abogados la expresión de los motivos por los cuales ha calificado como lesivo al interés público el acto impugnado, lo que dispuso fue delegar en esos abogados la presentación de la demanda de lesividad, que es cosa distinta. Ahora bien, la discusión sobre si la ausencia del estudio de suelos es suficiente o no para que se declare la invalidez del acto cuestionado, es estéril, por cuanto la violación a los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, es una infracción sustancial del ordenamiento que torna el acto en inválido absolutamente, por haberse autorizado a enajenar una porción de terreno que era Patrimonio Natural del Estado que era inalienable. Por último, para el Tribunal resulta claro que el INDER ha presentado una acción de lesividad que está directamente referida a titulación de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, perteneciente a la finca folio real matrícula 1-219039-000 de la provincia de San José, que dio lugar a la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, inscrita a nombre de José Delio Porras Sánchez y que luego fue vendida a Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., por lo que no existen bienes distintos en discusión, y tampoco hay confusión alguna al respecto.

XIV.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., aduce que el acto es anterior a la vigencia del actual Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que se debe aplicar el Transitorio III que remite a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que indicaba en su numeral 35 que la Administración debía declarar lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, el acto administrativo, en el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que haya sido dictado. Este argumento es improcedente. El acuerdo de la Junta Directiva del IDA adoptado en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, fue declarado lesivo por la Junta Directiva del INDER en el acuerdo contenido en el artículo 47 de la sesión ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015, de manera que al haberse realizado la declaratoria de lesividad en vía administrativa cuando ya se encontraba vigente el Código Procesal Contencioso Administrativo, le resulta aplicable a este caso el artículo 34 inciso 2) del referido cuerpo legal, que establece que “la lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo”.

XV.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., alega que la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, que corresponde a la parcela 97044 de la finca madre folio real 1-219039-000, no es un bien de dominio público. Argumenta que, a la fecha de publicación de la ley, el INDER (antiguo IDA), no era propietario de la finca que hoy pertenece a su representada, tampoco a esa fecha el territorio había sido declarado inalienable, y no formaba parte de reservas nacionales pues eran propiedad sin inscribir de particulares. Este argumento es improcedente y reiterativo. La accionada incurre en una contradicción; no tiene sentido afirmar que el inmueble no le pertenecía al IDA y que sí le pertenecía a particulares (en este caso a Pedro Godínez Zúñiga, Víctor Godínez Alvarado, Filiberto Porras Fonseca), si estas personas nunca gozaron de un título de propiedad sobre la finca, tampoco presentaron informaciones posesorias que les permitieran obtener un título inscrito sobre la misma y, por el contrario, el IDA sí tenía un título registral sobre la parcela 97044, ya que ésta formaba parte de la finca folio real matrícula 1-219039-000, inscrita a nombre del IDA, es decir, era propiedad de este ente autónomo (cabe aclarar que ningua de las partes acreditó desde qué fecha es propiedad del INDER). Y la parcela 97044 (propiedad del IDA) tenía bosque porque la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003 declaraba que ese terreno era constitutivo del Patrimonio Natural del Estado, en complemento con la escritura pública número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, que declaró que esa parcela era terreno de montaña, ambos documentos coincidentes en el área descrita en el plano catastrado P-857134-03. Siendo así, lo argüido no es procedente.

XVI.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., alega que la Ley Forestal No. 7575, en su artículo 72, introdujo una modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debiendo interpretarse que la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien, al demostrar que han poseído por diez años o más en forma quieta pública, pacífica ininterrumpida y a título de dueños, cuidando el bosque y delimitándolo con cercas o carriles, y que esa es la única interpretación razonable, pues si el dominio público se reconoce sin sujeción a esa excepción, nadie podría titular terrenos en bosque, caso en el cual el numeral 7 citado no tendría razón alguna de ser. Este argumento es reiterativo e improcedente. Como ya se explicó, la Ley de Informaciones Posesorias no es norma que resulte aplicable a este asunto, porque el título registral que el demandado José Delio Porras Sánchez obtuvo, correspondiente a la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, no nació a causa de la interposición y ejecución de un procedimiento de información posesoria (regulado por la Ley de Informaciones Posesorias), sino que surgió a causa de un procedimiento administrativo de Titulación tramitado ante el Instituto de Desarrollo Agrario, con base en un Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (emitido por el IDA), que fue anulado por la Sala Constitucional en la sentencia N°2063-07 del 14 de febrero de 2007 de las 14:40 del 14 de febrero de 2007, aclarada por resolución N°4517-07 de las 18:19 horas del 28 de marzo de 2007. Éste es un proceso de lesividad en el que no se está discutiendo acerca del mejor derecho de posesión o de propiedad del señor José Delio Porras Sánchez sobre los terrenos de la parcela 97044, sino que se está discutiendo sobre la validez de un acto administrativo que autorizó un traspaso de ese inmueble a favor del señor Porras Sánchez, en violación del ordenamiento jurídico.

XVI.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., alega prescripción, el inmueble de interés ha estado en posesión de particulares desde más de diez años antes de la declaratoria hecha en la Ley Forestal, que se reconoce el derecho del particular de usucapir y titularlo a su nombre, y que al Estado y a cualquier otra institución como el INDER le ha corrido el plazo fatal de prescripción para pretender apropiarse del terreno. Este argumento es improcedente. Se reitera que este proceso no es una acción reivindicatoria con contrademanda de usucapión, sino un proceso de lesividad. En todo caso, la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, sí es un bien de dominio público por las razones que ya se han expuesto en este fallo, de manera que goza de la característica de ser imprescriptible, por lo que resulta inoponible la excepción de prescripción.

XVII.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., alega que la resolución administrativa que declaró la lesividad en este caso, no establece ni determina cuál es la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico que configura la invalidez del acto administrativo declarado lesivo, ni hace un análisis de los elementos del acto a fin de ubicar la existencia de algún vicio en uno de éstos, ni identifica frente a cuál interés público aquél otro acto resulta lesivo, lo cual no constituye una debida fundamentación. Este argumento es improcedente. Como ya fue indicado, el INDER sí expresó con claridad cuáles eran los vicios de nulidad del acuerdo aquí impugnado. El acuerdo de la Junta Directiva del INDER contenido en el artículo 47 de la sesión ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015, claramente indica que en el expediente de titulación de la parcela 97044: i. consta certificación del MINAE que establece que la parcela constituía Patrimonio Natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal; ii. que no consta que se haya presentado estudio uso conforme de suelos del INTA, y, iii. que no consta Informe del Instituto Geográfico Nacional. Además, indicó que, a pesar de estos elementos, el acuerdo impugnado dio origen al título de propiedad que le fue dado -entre otros- a José Delio Porras Sánchez, y que ese acto es lesivo a los intereses públicos porque dicho título fue otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. Por consiguiente, el acuerdo de la Junta Directiva del INDER contenido en el artículo 47 de la sesión ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015, es claro y suficiente en su fundamentación, pudiendo determinarse a partir de dicha motivación que la infracción sustancial con el ordenamiento que presenta el acto cuestionado, es la violación de la inalienabilidad del terreno traspasado en contradicción con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, que impedía enajenar áreas que eran Patrimonio Natural del Estado. Por ende, el acuerdo indicado sí cumple con las exigencias de los artículos 133, 136 y 158 de la Ley General de la Administración Pública.

XVIII.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., alega que las supuestas omisiones consistentes en la ausencia de estudio de suelo y estudio del Instituto Geográfico Nacional, son omisiones que caen dentro de la esfera a lo sumo de la nulidad relativa, por tanto, es dable aplicar el régimen de saneamiento o convalidación de los actos administrativos. Invoca el inciso 2 del numeral 174 de la Ley General de la Administración Pública. Este argumento es improcedente. Ya se indicó que la infracción sustancial al ordenamiento jurídico incurrida por el acto impugnado, es la violación directa de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, por haberse enajenado terrenos que eran de bosque y formaban parte del Patrimonio Natural del Estado. Éste es motivo suficiente para que el acto cuestionado sea absolutamente nulo. El mismo fue claramente incluido dentro de la fundamentación del acuerdo que declaró su lesividad en vía administrativa. Por ende, es estéril discutir si la falta del estudio de suelo del INTA y la falta del informe del IGN, serían o no defectos que acarrean una nulidad relativa, porque aún suprimiendo estos requisitos que se estimaron ausentes en el acto impugnado, subsistiría la infracción de los numerales de la Ley Forestal antes indicados. Consecuentemente, resulta inaplicable el artículo 174 inciso 2 de la LGAP. 

XIX.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., alega que, admitir que el INDER tiene la potestad de registrar a su nombre fincas sin inscribir de particulares, con el ánimo de aligerarles su titulación, para luego alegar sin motivo alguno que esos territorios le pertenecen, resulta en la legalización de la confiscación, lo cual violenta los más elementales principios del Derecho Administrativo, que ha proscrito en nuestro país la arbitrariedad. Este argumento es improcedente. Ya se ha indicado reiteradamente que la finca sí era propiedad del INDER, porque la parcela 97044 se segregó de la finca folio real matrícula 1-219039-000, cuyo propietario es el INDER, por lo que no cabe seguir insistiendo en que la finca era propiedad de particulares; a lo sumo lo que detentaron fue una posesión bajo la tolerancia del INDER, pero como ya se ha explicado, al ser esos terrenos Patrimonio Natural del Estado, la posesión sobre los mismos no genera derecho alguno a los particulares. Ahora bien, es bien sabido que el error no genera derecho. Si la Junta Directiva del IDA en su momento no fue bien asesorada o desconocían la prohibición de enajenar terrenos que son Patrimonio Natural del Estado, tal circunstancia si bien es lamentable no puede servir de escudo para que se anulen los actos emitidos por ese órgano colegiado que violentaron la Ley Forestal y permitieron el traspaso de fincas que nunca debieron ser enajenadas en manos de particulares. Por consiguiente, lo argüido no es atendible.

XX.- La codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., invoca los principios de buena fe, seguridad jurídica y de adquisición al amparo de la publicidad registral, y asevera que de conformidad con el artículo 144 de la Ley General de la Administración Pública, el INDER debe indemnizar integralmente a su representada. Este argumento se rechaza. El Tribunal tiene claro que la sociedad codemandada es la titular del derecho de propiedad sobre la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, y que adquirió ese inmueble al amparo de la publicidad registral. Sin embargo, esta Cámara no puede obligar en esta sentencia a que el ente actor indemnice a la codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., porque no hay contrademanda en contra del INDER, y en virtud del principio dispositivo (artículo 2.4 del Código Procesal Civil) no es disponible por este Tribunal sustituir el ejercicio del derecho de acción de las partes del proceso. Deberá la codemandada ejercer las acciones que estime pertinentes, sea en vía administrativa o judicial, para reclamar los daños y perjuicios que considere se le han ocasionado como consecuencia de la inscripción del título por parte del INDER, sea, de la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas.

XXI.- Se rechazan los argumentos expresados por el demandado José Delio Porras Sánchez. Se reitera que las alegadas posesiones que supuestamente ejercieron los señores Pedro Godínez Zúñiga, Víctor Godínez Alvarado y Filiberto Porras Fonseca, que le fueron traspasadas a José Delio Porras Sánchez, no son oponibles frente al dominio público, en este caso, al Patrimonio Natural del Estado. Además, las cartas privadas de venta aportadas por el señor Porras Sánchez, carecen de las solemnidades necesarias para darles algún valor, pues esos documentos no están autenticados, no están protocolizados y no tienen fecha cierta, sumado a que la aparente área a la que se hace referencia en forma genérica en esos actos, no está respaldada por algún plano catastrado que permita su debida ubicación y plena identificación. Luego, no tiene sentido afirmar que el inmueble no le pertenecía al IDA y que sí le perteneció a Pedro Godínez Zúñiga, a Víctor Godínez Alvarado y a Filiberto Porras Fonseca, si estas personas nunca gozaron de un título de propiedad sobre la finca, tampoco presentaron informaciones posesorias que les permitieran obtener un título inscrito sobre la misma y, por el contrario, el IDA sí tenía un título registral sobre la parcela 97044, ya que ésta formaba parte de la finca folio real matrícula 1-219039-000, inscrita a nombre del IDA, es decir, era propiedad de este ente autónomo. Y la parcela 97044 (propiedad del IDA) tenía bosque porque la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003 declaraba que ese terreno era constitutivo del Patrimonio Natural del Estado, en complemento con la escritura pública número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, que declaró que esa parcela era terreno de montaña, ambos documentos coincidentes en el área descrita en el plano catastrado P-857134-03, documentos públicos ambos que no han sido acreditados como falsos. Tómese en consideración que las declaraciones juradas protocolizadas rendidas por los señores Eduardo Artavia Barrantes, Ramón Secundino Picado León y Carlos Morales Cruz, no varían en nada lo que aquí se resuelve, porque lo que acreditan es el traslado del derecho de posesión del señor Pedro Godínez Zúñiga a Víctor Godínez Alvarado, de éste a Filiberto Porras Fonseca y de éste a José Delio Porras Sánchez, pero como ya se indicó, de esas manifestaciones no es posible colegir una ubicación exacta y una plena identificación de ese derecho de posesión sobre la finca 139716-000 de la provincia de Puntarenas, sumado al hecho de que ese derecho de posesión nunca generó ningún mejor derecho a favor de esos particulares porque así lo prohibían los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (N°7575 del año 1996), que son las mismas prohibiciones que ya establecía la anterior Ley Forestal (N°4465 del año 1969) en sus ordinales 32, 33 y 34. Finalmente, aun cuando esas declaraciones no hacen referencia a cuál era originalmente la naturaleza de los terrenos de la finca en cuestión, porque los declarantes únicamente indican que en ella “se ha conservado el recurso natural”, tampoco serían útiles para determinar ese aspecto concreto, porque se tratarían de meras percepciones subjetivas que no tienen la virtud de variar lo declarado en la certificación del SINAC y en la escritura del notario Luis Enrique Wong Sánchez.

 XXII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES DE FONDO.- En virtud de lo resuelto, deberá rechazarse la falta de derecho opuesta por ambos demandados. La caducidad y la prescripción ya fueron resueltas y denegadas.

XXIII.- SOBRE LAS PRETENSIONES. - Por todas las razones expuestas en esta sentencia, lo que procede es acoger la demanda en los siguientes términos: Se declara lesivo a los intereses públicos y, en consecuencia, se anula parcialmente el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la autorización de segregación y traspaso de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que generó la titulación de la finca Partido de Puntarenas Folio Real Matrícula 139716-000 a favor del señor José Delio Porras Sánchez, según plano catastrado P-0857134-2003. Por conexidad, se anula parcialmente la escritura pública número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, por medio de la cual el señor Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de ese ente, segregó de la finca folio real matrícula 219039-000 del partido de San José (Proyecto Puriscal-Parrita), la parcela número 97044, según plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al señor José Delio Porras Sánchez. Por conexidad, se anula el asiento registral de inscripción de la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional, debiendo incorporarse el área de esa finca a la finca madre folio real matrícula 219039-000 de la provincia de San José, propiedad del INDER. En caso no poder volverse a incorporar esa área a la finca madre indicada, el Registro Nacional deberá inscribir el inmueble descrito en el plano P-857134-2003, a nombre del INDER. Por conexidad (artículo 122 incisos a y k del CPCA), se anula el asiento registral de inscripción del plano de catastro número P-857134-2003 emitido por el Registro Nacional.

 XXIV.- SOBRE LAS COSTAS.-  De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal que la presente demanda de lesividad se ha derivado de una conducta administrativa que generó la constitución de un título de propiedad sobre un inmueble que fue debidamente inscrito en el Registro Nacional y que se incorporó al tráfico de bienes adquiribles en la esfera privada, lo que incluso conllevó a que la codemandada Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. adquiriera ese bien al amparo de la publicidad registral, y por ello, el ejercicio de la defensa de la posición de los demandados en este proceso de lesividad supone un motivo suficiente para litigar. Siendo así, estima esta Cámara que, lo debido es resolver el presente asunto sin especial condena en costas.

POR TANTO

 Se rechazan las defensas de caducidad y prescripción, así como la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar la demanda interpuesta. Se declara lesivo a los intereses públicos y, en consecuencia, se anula parcialmente el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la autorización de segregación y traspaso de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que generó la titulación de la finca Partido de Puntarenas Folio Real Matrícula 139716-000 a favor del señor José Delio Porras Sánchez, según plano catastrado P-0857134-2003. Por conexidad, se anula parcialmente la escritura pública número ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, por medio de la cual el señor Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de ese ente, segregó de la finca folio real matrícula 219039-000 del partido de San José (Proyecto Puriscal-Parrita), la parcela número 97044, según plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al señor José Delio Porras Sánchez. Por conexidad, se anula el asiento registral de inscripción de la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional, debiendo incorporarse el área de esa finca a la finca madre folio real matrícula 219039-000 de la provincia de San José, propiedad del INDER. En caso no poder volverse a incorporar esa área a la finca madre indicada, el Registro Nacional deberá inscribir el inmueble descrito en el plano P-857134-2003, a nombre del INDER como su dueño. Por conexidad, se anula el asiento registral de inscripción del plano de catastro número P-857134-2003 emitido por el Registro Nacional. Se resuelve sin especial condena en costas. Eduardo González Segura, Lourdes Vargas Castillo, Marco Hernández Vargas. Jueces de Juicio.

 

 




- Código Verificador -
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ZLQ43IFQXI9O61



 

Documento firmado por:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-010360-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:06:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

15-010360-1027-CA - 2

PROCEEDING:

KNOWLEDGE

PLAINTIFF:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DEFENDANT:

JOSE DELIO PORRAS SANCHEZ

No. 2024002255

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and twenty-five minutes on the eighth of April of two thousand twenty-four.-

Knowledge proceeding (lesividad) filed by INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number 4-000-042143, against JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ, identity card number 1-0396-0311 and PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A., legal identification number 3-101-352921. THE STATE appears as an interested third party. Attorneys Karina Castro Leitón participates in her capacity as special judicial representative of the plaintiff institute; José Luis Rodríguez Jiménez in his capacity as special judicial representative of the co-defendant corporation; Max Chinchilla Fernández as process director for co-defendant Porras Sánchez, and Susana Fallas Cubero in her capacity as Procurator. This COLEGIATE TRIBUNAL GROUP TWO (formerly Section Two) now proceeds to issue the first-instance judgment, with the unanimous vote of its members, following the requisite deliberation.

Drafted by Judge GONZÁLEZ SEGURA.-

CONSIDERING

I.- PROCEDURAL BACKGROUND.- The following is a summary of the relevant procedural history:

1.- The plaintiff requests that the judgment declare the following: “1. That this lawsuit be deemed filed. 2. That, as being harmful to public interests, the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, be annulled, solely insofar as it refers to the titling of the farm Partido de Puntarenas, Real Estate Folio Registration number 1-39716-000 in favor of Mr. JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, with the qualities indicated above, corresponding to Cadastral Plan P-0857134-2003. 3. By connection, that the public deed issued by the Instituto de Desarrollo Agrario be annulled, solely insofar as it refers to the titling of the farm Partido de Puntarenas, Real Estate Folio Registration number 139716-000 in favor of Mr. JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, with the qualities indicated above, corresponding to Cadastral Plan P-0857134-2003. 4. By connection, that the registration entry for the property registered under the Real Estate Folio system Partido de Puntarenas, Real Estate Folio Registration number 139716-000 issued by the National Registry be annulled. 5. By connection, that any registration deriving from the registration of the property recorded in the National Registry, Province of Puntarenas Real Estate Folio Registration number 139716-000 be annulled. 6. That the defendant be ordered to pay both costs of this trial.” (Images 83 to 100).

2.- Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. answered the complaint and raised the defenses of expiration (caducidad) and prescription (prescripción) and the exception of lack of right. (Images 121 to 143).

3.- By resolution at 14:50 hours on November 4, 2016, the Processing Judge declared co-defendant José Delio Porras Sánchez in default and, in relation to him, deemed the complaint affirmatively answered as to the facts. (Image 150).

4.- The preliminary hearing was held on December 12, 2016. The Processing Judge deferred the preliminary defenses of expiration (caducidad) and prescription (prescripción) to be heard and decided in the final judgment on the merits. The Judge admitted documentary, testimonial, and confession evidence. (Audio and images 165 to 167).

5.- The representation of Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. requested to substitute the witness Ramón Secundino Picado León for health reasons; in his place, it proposed the testimony of Mr. Eduardo Artavia Barrantes. (Image 185).

6.- The oral and public trial hearing began on February 12, 2019. The Colegiate Tribunal Section One admitted the substitution of witness Picado León with witness Artavia Barrantes. The plaintiff filed a request for the necessary joinder of passive litisconsortium with the State and SINAC. Because the co-defendant José Delio Porras Sánchez had been declared in default and appeared without legal counsel, the Colegiate Tribunal warned him to appoint a lawyer to represent him in the proceeding within a period of 15 business days. The Tribunal ordered that once the legal representative of defendant Porras Sánchez had appeared, the parties would be given a hearing on the request for joinder of the necessary passive litisconsortium filed by INDER. The hearing was suspended. (Audio and Images 189 and 190).

7.- Mr. José Delio Porras Sánchez appeared in the proceeding, indicated a means for receiving notifications, answered the complaint, and raised the exception of lack of right. (Images 191 and 192).

8.- By resolution No. 87-2020-I at 10:25 hours on July 30, 2020, the Colegiate Tribunal Section One rejected the defense of necessary passive litisconsortium joinder filed by INDER. The State and INDER were invited to join the proceeding as interested third parties if they deemed it necessary. (Images 212 to 214).

9.- The State appeared as an interested party and formulated arguments. (Images 228 to 234).

10.- By resolution at 7:48 hours on September 1, 2020, the parties were granted a hearing on the statements made by the State. (Image 236).

11.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. addressed the statements made by the State. (Image 242).

12.- The representation of Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. requested a two-month suspension of the proceeding. In its justification, it stated: “Considering that the undersigned and Attorney Rodrigo Cervantes Barrantes, who represents the plaintiff, have begun discussions to attempt to allow the parties to achieve extra-procedural satisfaction of their interests, which could mean that the holding of the oral and public trial becomes unnecessary; therefore, I request the suspension of the proceeding for a period of TWO MONTHS, under the terms of article 34 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily. Attorney Cervantes will present a separate document confirming what is stated in this brief. I request the Tribunal to cancel the setting for the trial hearing, as we will inform in due course of the outcome of the negotiations.” INDER's representation expressed its consent. (Images 254 and 259).

13.- By resolution at 15:57 hours on March 26, 2021, the Colegiate Tribunal Section One resolved: “In view of the statements of Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita, Sociedad Anónima and the Instituto de Desarrollo Rural regarding the possibility of entering into a conciliation agreement and the State's consent to suspend the trial due to that possible agreement, the request is granted and, in accordance with article 79 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the proceeding is suspended for a period of TWO MONTHS due to a possible conciliatory settlement. The parties are urged to inform this Office of the outcome of that approach within the granted term, with the reminder that the State's interests must be respected in any possible agreement adopted. Consequently, the summons to oral trial scheduled for April seventh of the current year is hereby canceled.” (Image 266).

14.- The case file was remitted to Colegiate Tribunal Group Two for the conduct of the trial and the issuance of the first-instance judgment. (Image 284).

15.- By resolution at 14:50 hours on January 9, 2024, this Tribunal scheduled the oral and public trial to be held on March 12, 2024. (Images 285 to 288).

16.- By brief dated February 28, 2024, Mr. Juan Alberto Corrales Ramírez, general judicial representative of INDER, granted special judicial power of attorney in favor of Attorney Karina Castro Leitón, and revoked any other special judicial power of attorney granted to any other legal representation appearing in the case file. Likewise, he indicated a new means for receiving notifications. (Images 300 to 303).

17.- By brief dated March 8, 2024, the representation of Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. indicated that it had submitted a proposal to INDER's representation to potentially end this proceeding, and therefore requested the suspension of the trial hearing. (Image 304).

18.- By brief filed on March 8, 2024, attorney Rodrigo Cervantes Barrantes stated he was acting in the capacity of INDER's special judicial representative and stated: “As the counterparty has proposed a viable alternative to resolve this conflict through the RAC, which is beneficial for the institution and the Costa Rican State, we respectfully request the suspension of the trial hearing and the proceeding for up to two months, in order to finalize said settlement, regarding which we will inform the court in a timely manner.” (Image 305).

19.- Given the atypical situation that two different attorneys filed briefs claiming to be INDER's representatives, and due to the proximity of the trial hearing scheduled for March 12, 2024, the Presiding Judge in charge of the proceeding, Eduardo González Segura, on March 11, 2024, called the telephone number provided by INDER in the last appearance (images 300 to 303) and spoke with Attorney Karina Castro Leitón. What was happening was pointed out to her and, given the urgency due to the scheduled date's proximity, she was asked to please indicate in writing what INDER's official position was regarding the request for suspension of the trial filed by Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. Likewise, the judicial technician of this Colegiate Tribunal spoke with Attorney Castro Leitón so she could report the relevant information as soon as possible. (Information given to the parties during the trial hearing held on March 12, 2024).

20.- By brief filed on March 11, 2024, Attorneys Juan Alberto Corrales Ramírez and Karina Castro Leitón, general judicial representative and special judicial representative, respectively, stated: “By virtue of the recent phone calls from this respectable court, we respectfully appear to state: That Special Judicial Power of Attorney was granted in accordance with articles 1256, 1264 of the Civil Code and article 20.3 of the New Civil Procedure Code and concordant articles in favor of Attorney Karina Castro Leitón, of legal age, single, lawyer, resident of Granadilla, Curridabat, identity card number one-thousand three hundred ninety-one-six hundred seventy-nine, professional license 25052, to represent the Instituto de Desarrollo Rural in this proceeding at all its stages. That any other Special Judicial Power of Attorney granted to any other legal representation appearing in the case file was revoked. That we request the oral and public trial scheduled for 3-12-2024, summoned by court order at fourteen hours and fifty minutes on January nine, two thousand twenty-four, be maintained, as the claims of the lawsuit and, therefore, the object of this proceeding are NOT subject to judicial or extrajudicial conciliation. That the public interests of INDER and the State must adhere to the principle of legality and the legal system, therefore, the origin and the very filing of this lesividad proceeding respond to the Institution's obligations regarding the titling of lands affecting the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).” (Images 306 to 310).

21.- By resolution at 14:43 hours on March 11, 2024, this Tribunal ordered that the duly scheduled setting be maintained and the trial hearing be held. The resolution stated: “In view of the brief filed today by attorney Juan Alberto Corrales Ramírez, in his capacity as INDER's general judicial representative, and by attorney Karina Castro Leitón, special judicial representative of said entity in this proceeding, whereby they state they have no interest in conciliating judicially or extrajudicially in this matter, and request that the trial hearing scheduled for tomorrow, March 12, 2024, be maintained, it is resolved: the request filed by the representative of the co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. on Friday, March 8, 2024, in which he stated that he had proposed a settlement to reach an agreement with INDER and that the oral and public trial be suspended, is denied. Since the plaintiff has no interest in considering any judicial or extrajudicial agreement to provide an alternative solution to this conflict, the appropriate course is to maintain the setting duly scheduled and hold the trial hearing tomorrow. It is the responsibility of the parties' representatives to appear at the complementary hearing tomorrow and take the necessary measures so that the witnesses and declarants admitted in due course appear. The change of notification means requested by INDER's representation to email ([email protected]), in the name of Attorney Karina Castro Leitón, is noted.” (Images 311 and 312).

22.- By certification at 16:00 hours on March 11, 2024, the Judicial Technician of Colegiate Tribunal Team 2 indicated: “At 16 hours on March eleven, two thousand twenty-four, certification is made that a telephone call was made to the plaintiff and defendant in this proceeding, informing them that the hearing scheduled for tomorrow at eight hours and thirty minutes on March twelve, two thousand twenty-four, within case file 15-010360-1027-CA, is maintained, at the following means: PLAINTIFF INDER: Attorney Karina Castro Leitón at cell phone 8812-1456. DEFENDANT PARTY PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A.: Attorney José Luis Rodríguez Jiménez at office phone 2566-2244. That is all.” (Image 318).

23.- The oral and public trial hearing was held on March 12, 2024. During the cleansing phase, the Tribunal noted that although a conflict was observed between attorneys Rodrigo Cervantes Barrantes and Karina Castro Leitón regarding who exercised INDER's judicial representation in this matter, it was ultimately an internal coordination problem within INDER that could not affect the course of the proceeding, and based on the powers indicated in the registry certification on image 310 and the statements of attorney Juan Alberto Corrales Ramírez, INDER's general judicial representative, it defined that for the purposes of this knowledge proceeding, Attorney Karina Castro Leitón was considered the latest special judicial representative. The Tribunal clarified that it regretted the inconvenience that arose between Attorney Cervantes and INDER, but that the representation of the suing entity had to be defined in order to continue the proceeding. Likewise, the testimonial evidence that had been admitted in due course for the co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. was declared unenforceable, because Attorney José Luis Rodríguez Jiménez, special judicial representative of said corporation, admitted that it was he who decided to tell the witnesses that there would be no trial even though he knew that decision did not depend on him, but rather required a judicial resolution. In the same manner, the party statement of co-defendant José Delio Porras Sánchez was declared unenforceable given that the summons to the oral and public trial was notified to Mr. Porras Sánchez at the means he had previously indicated; however, without any justified cause, he did not appear at the trial hearing. Finally, the representative of the co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. offered, for better resolution, the documentary evidence that co-defendant José Delio Porras Sánchez - who had been declared in default - provided when he appeared in the proceeding, visible in images 191 to 200 of the judicial case file; this Chamber granted the parties a hearing and decided to admit the evidence offered. Once the above aspects were resolved, as there was no testimonial evidence or party statement to conduct, the parties delivered their opening statements and presented their closing arguments. The Tribunal declared the matter complex in accordance with article 111 of the Contentious-Administrative Procedure Code. (Audio file and minute at images 321 to 328).

24.- This case has been substantiated in this venue electronically, so the foliation reference of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Virtual Desktop in the following manner: with the boxes "Descending Order" and "View Document Description (PDF)" unchecked and the option "Final" selected in the "View Case File Cover Details" box, will be used.

25.- No errors or omissions that cause procedural nullity are observed.

II.- POSITION OF THE CLAIM.- The Instituto de Desarrollo Rural alleges the following: MERITS ARGUMENTS SUPPORTING THIS LAWSUIT. From the relationship of facts and background set forth, and from the examination of the documentation contained in the titling file corresponding to parcel 192-97045 of the Proyecto de Titulación Puriscal-Parrita, which is provided as evidence, and in general from all the documentation offered as evidence, it is verified that in the titling process of the indicated parcel, necessary regulatory requirements provided for in the Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales number 7599 of April 29, 1996, in conjunction with Ley Forestal N°7575 of February 5, 1996 and the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos 29375-MAG-MINAE-S HACIENDA-MOPT, which established requirements for the titling of parcels by the IDA, were not met, a failure that generates defects in the administrative act. The ground for nullity in the cases subject to this proceeding affects the public interest, since, due to the failures to comply with the aforementioned regulations, the IDA authorized the transfer of said parcel, which is part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). NULLITY OF THE ADMINISTRATIVE ACTS THAT AUTHORIZED THE TITLING AND TRANSFER OF PARCEL 192-97044 IN FAVOR OF MR. JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ, AND HOW SAID GROUND FOR NULLITY AFFECTS THE PUBLIC INTEREST: I. THE TITLING PROGRAMS: First, a brief reference must be made to the titling programs through which the IDA titled properties in favor of private individuals. Thus, it should be noted that the lands that formed part of the titling projects were transferred to the IDA through decree (in the specific case of the "Programa de Titulación Puriscal-Parrita" created by Decreto Ejecutivo number 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta number 72 of April 17, 1974, an area of 267,239 ha was registered in the National Registry in the name of the IDA, with Real Estate Folio Registration 219039-000), in order to comply with the respective titling projects. These transfers of the areas to be titled were justified by the tenancy of unregistered farms by possessors and were a legal fiction, by which an extensive geographical area was transferred to the IDA that indiscriminately encompassed registered lands, unregistered lands, State-owned property, and private property, with or without possessors; hence the transfers were made without prejudice to the rights already registered on specific portions within the general perimeter of the respective zone, nor the rights of possessory information in process at the time the decree was published in La Gaceta, the Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, or those registered in the future, nor the portions destined for public use. These transfers aimed to give the IDA an instrument so that it could segregate and transfer them, also under a legal fiction, and thus register properties in favor of the possessors who had possessed those lands under the conditions established by the legal system with the purpose of facilitating the obtaining of credit. In the case of the parcel in question, registered in favor of the defendant DELGADO SALAZAR (sic), the file provided as evidence demonstrates the fact of having possessed the lands, which evidences the pre-existence of possessory tenancy of the parcel prior to the Board of Directors agreement for its transfer (taken in article 39 of Ordinary Session number 031-04 held on August 23, 2004). In this regard, it is considered that the cause of acquisition of those lands by the possessors was the possession exercised by them and not the transfers or sales made by the IDA, since the Institute only received in return the cost of preparing the corresponding plans and not the price of the properties themselves; in this sense, there was no agreement between thing and price; the Institute could not transfer the lands to the highest bidder but had to transfer them to the possessor who demonstrated they had met the legal requirements, limiting itself to verifying those requirements. The Constitutional Chamber, through resolution 04587-97 at fifteen hours forty-five minutes on August five, nineteen ninety-seven, referring to possessory information, indicates: "a distinction is made between the moment of acquiring property by adverse possession (usucapión) and the moment that situation is asserted in the possessory information procedure to obtain a registrable title in the Public Registry. Hence, adverse possession (usucapión) is considered a mode of acquiring property and other possible real rights, and titling as the procedure through which, once the requirements of adverse possession (usucapión) are verified, the registrable property title is granted." Analogously, this distinction made by the Chamber is also valid in the titling processes carried out by the IDA; therefore, the legal nature of the acts in the titling projects carried out by the IDA was merely declaratory; they were limited to recognizing the property right acquired by a person through the figure of adverse possession (usucapión), for its registration in the Public Registry, and were not constitutive acts of the property right. II. ABSOLUTE NULLITY: Once the framework within which the IDA titled the land in favor of the defendant is clear, it is appropriate, secondly, to refer to the failures the IDA incurred in within the titling procedure for that property, which is precisely what produces the nullity of the transfer administrative act. In this way, it must be indicated that the IDA's Board of Directors was recommended to authorize the transfer of the respective parcel, supposedly because the requirements previously established in law 7599 had been met, this being the reason for the administrative acts that agreed on the transfer of the property in question in favor of the defendant. Despite this, from the documentation provided as evidence in this lawsuit, it was found that such compliance did not occur for the following reasons: In the titling file, on folio 6, certification number SINACDS-OFAU-C-4264-2003, dated October 9, 2003, prior to the titling of the property in favor of the defendant, issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía, and provided by the interested party himself, before the registry registration of parcel 192-97044 in favor of the defendant, is recorded, establishing that the property IS LOCATED OUTSIDE ANY PROTECTED WILD AREA REGARDLESS OF ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. HOWEVER, IT PARTIALLY CONSTITUTES THE STATE'S NATURAL HERITAGE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO) ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 and 15 of that same law. Despite the evident lack of that requirement, the titling of the respective parcel was recommended even though, as indicated, lands under the administration of MINAE, as is the case of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) according to the Ley Forestal, should be excluded from the titling process; therefore, in this case, an evident and manifest defect of absolute nullity was generated. Additionally, there is no record that the study of compliant land use (uso conforme de suelo) was submitted, which is required by the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Thus, article 58 of this regulation provides: "In all possessory information proceedings or those submitted before the IDA or the Courts of Justice, for the purpose of registration in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that they have exercised possession in compliance with the compliant land use (uso conforme de suelo) for the activity they carry out according to the approved methodology and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of law 7779 and its regulations." This article 58 establishes that in all possessory information proceedings submitted before the IDA, the titleholder must demonstrate with an adequate soil study that they have exercised possession in compliance with the adequate land use (uso adecuado de suelos), a study that the IDA must mandatorily possess. Regarding this regulation, the regulation came into effect on March 21, 2001, that is, prior to the titling of parcel 192-97044 in favor of the defendant; hence the study was mandatory, so the failure to comply with it generates another defect of absolute nullity. By virtue of the foregoing, it must be indicated that the ground for nullity of the titling of the parcel in question lies in the nonexistence within the legality framework of any rule or procedure to carry out titling of this type or even to justify the issuance of a valid and effective administrative act, in accordance with the Principle of Legality of Public Law, and the rules governing the application of Public Law in time and space. a. Failure to meet requirements for issuing the act as a ground for absolute nullity: Article 158 of the General Public Administration Law provides that the lack or defect of any requirement of the administrative act expressly or implicitly demanded by the legal system will constitute a defect thereof, an article which in relation to article 166 of the same law establishes that there will be absolute nullity of the act when one or more constitutive elements are completely absent in fact or in law, and article 167 which provides that there will be relative nullity of the act when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the achievement of the purpose, in which case the nullity will be absolute. All these related articles allow concluding that the lack of essential requirements for the titling of the reference parcel produces the absolute nullity of said administrative act. For its part, article 133 of the General Public Administration Law, when referring to the motive as an element of validity of the administrative act, provides that it must be legitimate and exist as it was taken into account to issue the act. In the case of land titling in Reservas Nacionales, the motive was regulated; therefore, the failure to meet the requirements established in the respective law or regulation, as occurred in the case at hand, constitutes defects of nullity of the act in themselves, for not existing as it would have been taken into account for its issuance. b. Violation of prohibitory norms as a ground for absolute nullity: Article 129 of the Political Constitution establishes that acts and agreements contrary to prohibitory laws shall be null, if the same laws do not provide otherwise.

Articles 13, 14, 15, 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) are prohibitive norms, and the administrative act that authorized the transfer of the parcel in favor of the defendant is contrary to those norms, since by means of said act the titling of lands that form part of a National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Fauna Silvestre), and therefore of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), was authorized, which undoubtedly contravenes Article 13 of the Forestry Law, which declares as State's Natural Heritage the forest lands and forests in National Reserves and subjects them to the administration of MINAE, Article 14 of the same law which establishes the unseizable and inalienable condition of the lands of that natural heritage, that their possession by private individuals does not generate any right and they cannot be registered by possessory information (información posesoria), with the State's action for recovery (acción reivindicatoria) being imprescriptible, Article 15 also of that law which refers to the impediments of the Public Administration to transfer, deliver or lease rural properties owned or administered by it, without them having first been classified by MINAE, and finally 33 and 34 of the Forestry Law which declare protection areas, the consequence of the contravention of the related articles being absolute nullity. III. AFFECTATION OF PUBLIC INTEREST: Having clarity in the arguments that found the grounds for nullity of the administrative acts that authorized the transfer of the repeatedly mentioned parcel in favor of the defendant, it is important to analyze how said grounds for nullity affect the public interest. The nullity of the administrative act (due to the non-fulfillment of essential requirements and for being contrary to prohibitive norms) by which the titling of the property under discussion here occurred, harms the public interest since through said absolutely null act, lands that form part of the State's Natural Heritage are titled. According to Article 28 of the Political Constitution (Constitución Política), private actions that do not harm morality or public order, or that do not harm a third party, are beyond the reach of the law; the titling of the State's Natural Heritage damages public order, by preventing the enjoyment of the right that every person has to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of Article 50 of the Political Constitution, which is in turn a norm of public order. To the above it must be added that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right of the third generation, which arose with the Universal Declaration of Human Rights in 1948. For its part, the 1988 Lisbon Declaration issued within the framework of the "International Conference on Guarantees of the Human Right to the Environment," urged the recognition of the right that a person has to live in a healthy and ecologically balanced environment, and at the same time suggested that states create legal mechanisms that make it possible for each individual to exercise and demand without impediments the right to inhabit a healthy environment for the development of their life. LEGAL BASIS: We base the present complaint on Articles 129, 28 and 50 of the Political Constitution, Article 34 subsection 2 and following and concordant articles of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Articles 13, 14, 15, 33 and 34 of the Forestry Law No. 7575, Regulation to the Land Use Law (Reglamento a la Ley de Uso de Suelos) number 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, Articles 158, 166, 167 and 133 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), Law for the Titling of Lands Located in National Reserves (Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales) number 7599 of August 9, 1996, Articles 11 and 12 of the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of October 14, 1961, and Article 32 subsection a) of the Law Creating the Institute of Agrarian Development (Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario) No. 6735.

III.- POSITION OF THE ANSWER OF PALACIOS AND PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A.- The representation of the co-defendant company answers as follows: It is important to highlight that effectively said titling programs were carried out in territories, as is the case of the property subject to this Litis, in which the owner of an unregistered land already had the necessary rights to obtain the title by way of possessory information. It is clear that the property was not the property of INDER, formerly IDA. Regarding the costs of the titling, they had to be covered by the title applicant, without it being clear to us whether the value was lower than the market value. The titling of the property was obtained under a titling program, not from any adjudication process. Regarding the possessory acts carried out by the title applicant José Delio Porras Sánchez, according to the initial investigation prior to the purchase, his possession was peaceful, in good faith, uninterrupted, and as owner, and added to that of previous possessors, it dates back to the mid-1950s. It is true that the property under analysis does not and did not form part of State property, nor of a protected wildlife area, which is relevant for purposes of determining the rights of the possessor. It is relevant to highlight that the certification referred to by the plaintiff institute erroneously indicates that the property is part of the State's Natural Heritage under the terms of Articles 13, 14, and 15 of Forestry Law No. 7575 of April 16, 1996, for several reasons: first, that the person issuing the certification does not identify the technical study or file with a field visit that allows them to make that assertion; second, because even if the property is covered with natural vegetation, that does not mean it constitutes a forest; and lastly, that even if the property were covered with forest at the date of issuance of the certification, it does not mean by that particularity that it constitutes the State's natural heritage, since it is the Forestry Law itself that creates the exception and excludes from the State's natural heritage those lands that have that nature but are in the possession of private individuals, who must also have protected the forest and demarcated it with fences and firebreaks. Therefore, forest lands that do not have that particularity could indeed constitute the State's natural heritage, and the legislator's will is clearly explained since it is in the very text of Forestry Law No. 7575 that it includes an amendment to Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) that empowers titling, increasing the possession time only in those cases of properties located in Protected Wildlife Areas. In the case at hand, my represented party, in addition to having acquired the property under the protection of registry publicity and in good faith, an aspect we will address later, is aware that the property subject to Litis traces its possession back to before 1955, so that by the date Forestry Law No. 7575 was enacted, possession had already been exercised over the property for around 40 years, generating a process of improvement of the property according to its nature, forest regeneration, vigilance, construction and maintenance of firebreaks, improving the protection areas and giving it an ecotourism use that includes a canopy operating continuously. I reiterate, the possession predates the date of the administrative act that allows the titling, and by private individuals dates back to before 1970, and continues to this day peacefully, continuously, uninterruptedly, in good faith, and as and with title of owner. It is clear then that those conditions prevent reaching the conclusion that we are dealing with a property of public domain nature; therefore, the present action would be untimely; it has expired. I do not know if the title applicant attached any soil study as a requirement for titling; however, had that defect existed, it would not reach such a degree of gravity as to generate the absolute nullity of the title, coupled with the fact that the time limit for claiming said omission is untimely. Like the soil study, it does not result in a defect capable of generating the absolute nullity of the granted title. Almost 15 years later, the existence of a complete file on the part of INDER could not be guaranteed, nor could a copy of acknowledgment of receipt by the title applicant. The claim for the omission is untimely; the action has expired. INDER fails to specify clearly and precisely what the unfulfilled requirements were. At most, we would be facing a subjective conclusion of the plaintiff's representation. The measurement of the parcel is ninety-five thousand one hundred twenty-four square meters and eighty-seven square decimeters, as stated in the certification provided from the Property Registry (Registro de la Propiedad) at folio 64. It demonstrates the good-faith acquisition of my represented party under the protection of registry publicity, which prevented determining in any way that the property had any restriction or was State property or was part of any protected Wildlife Area. The opinion of the Comptroller General's Office as an administrative body to the effect that said lands could not be titled by private individuals is erroneous. The opinion issued is illegal and contrary to the very provisions contained in Forestry Law No. 7575 and the Possessory Information Law. The provisions of the comptroller body to INDER are based on mistaken premises; however, said report of the Comptroller General's Office is not being questioned in this proceeding. From a reading of the agreement of the Board of Directors of INDER that serves as the basis for this process, it cannot be derived what the precise reasons were for which the act is considered null, whether we are facing an absolute nullity or a relative nullity, nor are the reasons set forth for which the INDER Board, as the highest body of the institution, considers that the act is harmful to public interests. For my represented party, even though there is an administrative act from the head of the institution, it does not meet the minimum requirements of validity, as no reasons are explicitly derived, given that even though different attorneys are authorized to file the respective judicial process, they do not have the competence to establish reasons; it is an act proper to the head of the institution and non-delegable. In such a case, the requirement for the action of lesividad, which is the prior declaration, is deemed unfulfilled. Now, regarding the property, we have that INDER is referring to a property different from those stated in fact nine, and therefore to a different owner. PRELIMINARY OBJECTIONS. OBJECTION OF EXPIRATION. INDER seeks to annul an administrative act of August 23, 2004, on the basis of three grounds: A- That the titled property formed part of the State's natural heritage at the date of issuance of the act. (Fact 5 of the complaint). B- That for the titling process, no soil study was presented (Fact 6 of the complaint). C- That no report whatsoever from the National Geographic Institute (IGN) was presented (Fact 7). The foregoing division has the objective of founding the objection of expiration with respect to each one of them. The Contentious-Administrative Tribunal, Sixth Section, in Judgment No. 034-2013-VI of nine o'clock on February twenty-fifth, two thousand thirteen, referred very clearly to the cases in which the lesividad process is applicable, and states: [Quote]. For now, for the purposes of substantiating the objection filed, we are interested in the temporal dimension. In accordance with numeral 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the Administration has the power to seek the annulment of an administrative act before this jurisdiction, within a period of one year from the day after it was issued. Except for subsection 2) of the time limit, regarding the protection of public domain assets. Now, taking into account that the act predates the entry into force of the current Contentious-Administrative Procedure Code, we must apply its Transitory Provision III, which refers to the regulations in force at the time of its issuance, this being the one written in the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), now repealed, which indicated in its numeral 35: “1. When the Administration itself, author of some declaratory act of rights, intends to seek its annulment before the contentious-administrative jurisdiction, it must previously declare it harmful to public, economic, or other interests, within a period of four years counted from the date on which it was issued.” From both legal provisions, it is clear to us that the one-year or four-year period has already been amply exceeded, and especially with regard to the defects alleged by INDER in facts 6 and 7 of the complaint, as they are absolutely not related to the supposedly public domain nature of the land, a topic we will address next. By virtue of that, expiration has occurred, and I request it be declared. Now, given the public domain nature alleged and which is characterized by imprescriptibility, if we were dealing with a public domain asset, as it is part of the State's natural heritage, there would still be time to seek the lesividad. However, I reiterate, that is only if we are indeed facing a public domain asset, for which it is important to know what is understood by this. The case law in this contentious venue has been defining public domain in the following terms: [Quotes the judgment of the Fourth Section of this Tribunal No. 04-2005 of fourteen hours thirty minutes on February seventeenth, two thousand five]. Thus, the public nature of an asset depends on the will of the legislator, so its classification or declassification is normally done via ordinary legislation. In the case under examination, INDER alleges that the public domain nature of the asset owned by my represented party comes from the declaration of the State's natural heritage provided in Forestry Law No. 7575. In this regard, numerals 13 and 14 provide: “ARTICLE 13.- Constitution and administration. The State's natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties inscribed in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the General Attorney's Office (Procuraduría General de la República), it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State. (...). “ARTICLE 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage. The forest lands and forests that constitute the State's natural heritage, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both the invasion and the occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.” Indeed, Forestry Law No. 7575 published in La Gaceta No. 72 of April 16, 1996, provides as of that date that “the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties inscribed in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration,” become part of the public domain. In the first place, it should be noted that, at the date of publication of the law, INDER, formerly IDA, was not the owner of the property that today belongs to my represented party, nor at that date had the territory been declared inalienable, and it was not part of national reserves since it was unregistered property of private individuals. It must be considered that the legislator, in the same Forestry Law No. 7575, in its Article 72, introduces a modification to Article 7 of the Possessory Information Law, which permits the titling of lands covered with forest, even in those cases where said lands form part of protected wildlife areas. Said article states: “ARTICLE 7.- When the property to which the possessory information refers is located within a protected wildlife area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate they are the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wildlife area. Properties located outside those areas and that have forests may only be titled if the promoter demonstrates they are the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and to have protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean firebreaks. Without any exception, the cadastral plans provided in possessory information proceedings must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the responsible entity, which shall attest whether the property sought to be titled is located inside or outside those protected wildlife areas.” (As amended by Article 72, subsection c), of Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996). (The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by means of resolution No. 4587 of August 5, 1997, declared unconstitutional the interpretation of this article according to which “to title lands within national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession of ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wildlife area is required, and that the possession transmitted by previous possessors does not benefit in these cases”). Based on what the legislator provided, it must be interpreted that the public domain nature of the asset arises provided that there are no possessors on the land who could title said asset, by demonstrating that they have possessed it for ten years or more in a publicly peaceful, uninterrupted manner and as owners, caring for the forest and delimiting it with fences or firebreaks. That is the only reasonable interpretation, because if public domain were recognized without being subject to that exception, no one could title lands in forest, in which case the cited numeral 7 would have no reason to exist. Let us recall that the Constitutional Chamber itself analyzed the content of numeral 7 of the Possessory Information Law, confirming the possibility of titling properties covered with forest, even when they are in protected wildlife areas. (Constitutional Chamber, 15 hours 45 minutes on August 5, 1997, Vote no. 4587-97). And indeed, in matters of possession of forest property, the Superior Agrarian Tribunal (Tribunal Superior Agrario), in vote No. 762-F-15 of twelve hours and twenty-two minutes on July thirty-first, two thousand fifteen, citing in turn what was analyzed by the Constitutional Chamber, has indicated: [Quote]. In another judgment, the Superior Agrarian Tribunal states it much more clearly when it indicates: [Quotes judgment No. 215-F-13 of seventeen hours and fifty-three minutes on February twenty-eighth, two thousand thirteen]. Thus, if the property can be titled by private individuals who demonstrate ten-year possession, this means it does not have the condition of a public domain asset, and therefore the action to establish lesividad in the contentious venue IS SUBJECT TO A TIME LIMIT, a period that in this particular case has been exceeded since it expired on August 23, 2008. Interpreting it differently would imply sponsoring a clear confiscation, which is not in accordance with the principles that make up our legal system and the regime of right and justice that Costa Rica has chosen. PRESCRIPTION: Based on the considerations set forth, given that the property subject to Litis does not form part of the public domain, as it has been in possession by private individuals since more than ten years before the declaration made in the Forestry Law, and the right of the individual to acquire it by prescription and title it in their name by fulfilling the requirements already set forth is recognized, the State and any other institution such as INDER have been subject to the fatal time period of prescription for attempting to appropriate the territory, by virtue of which I raise the preliminary objection of prescription. SUBSTANTIVE OBJECTIONS: LACK OF RIGHT: There are two types of procedures for seeking the declaration of nullity, based on the principle of “irrevocability of one's own acts” that prevents the Administration from unilaterally derogating acts that have granted rights to third parties. The first is that in which the administration resorts to the lesividad procedure contemplated in Article 174 of the General Law of Public Administration in conjunction with Articles 10 subsection 5 and 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code. The second allows the declaration of nullity in the administrative venue, prior to an administrative procedure and a favorable opinion of the General Attorney's Office or the Comptroller General of the Republic in the case of acts concerning administrative contracting. In the procedure under examination here, the Administration has chosen lesividad, reserved for those cases in which we are facing a relative or absolute nullity that is not evident and manifest, this latter aspect being of vital analysis, because if the condition or nature of the titled land were easily classifiable as public domain, another route would have been chosen. Therefore, I beg the Tribunal to examine the foregoing. Continuing with my argument, it is necessary in the lesividad process for the head of the Administration that adopted the act sought to be annulled to carry out an analysis and, based on the results of the examination, to issue an act or agreement that declares the lesividad. That declaration of harmfulness to public, economic, or other interests must first establish the defects and their gravity in order to determine whether we are facing a nullity that in turn is sufficient to be harmful to the public interest. The grounds for that declaration must be extracted clearly and precisely from the act, since otherwise the primary requirement for this proceeding would not be met. Indeed, the administrative resolution that declares the lesividad, whose evidence the plaintiff provides, numbered as 9, does not establish or determine in any way what is the substantial non-conformity with the legal system that constitutes the invalidity of the administrative act declared harmful (Art. 158.2 of the General Law of Public Administration); nor does it even make an analysis of the elements of the act in order to locate the existence of any defect in one of these, according to the guiding rule of numeral 158.1 ibid. And much less does it identify against which public interest that other act is harmful, which obviously does not constitute a due and correct statement of reasons. (133 and 136 of the General Law of Public Administration). The alleged omissions that INDER makes and that serve as the basis for the lesividad request, consisting of the absence of a “soil study” (fact 6) and “study from IGN” (fact 7), are omissions that fall, at most, within the sphere of relative nullity, therefore, it is possible to apply the regime of remedy or validation of administrative acts. [Quote from the Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, No. 2581-2010 of 10:45 a.m. on July 8, 2010]. Note, Tribunal, that when dealing with remediable defects, what the Administration must do is apply numeral 174 subsection 2 of the General Law of Public Administration, which indicates: “Article 174.- 1. The Administration shall be obligated to annul ex officio the absolutely null act, within the limitations of this Law. 2. The ex officio annulment of the relatively null act shall be discretionary and must be justified by a specific and current reason of opportunity.” No reasoning whatsoever is derived from the act declaring lesividad by the Board of Directors of INDER, in any sense, so the basic requirement to resort to this venue is not met, the special judicial attorneys of said institution not having the powers to substitute the judgment of the Administration, nor to provide arguments that are not derived from the lesividad agreement. Therefore, the complaint must be declared without merit. Another reason why the objection of lack of right is applicable derives from the same arguments we have raised on expiration, which is that the Administration has not been able to prove that the property it now seeks to appropriate is a public domain asset. Except for a certification without any technical support, it does not have proof that can prove that the property was forest at the date of titling, and in turn was not in possession ad usucapionem by private individuals. Furthermore, this representation will undertake the task, with the evidence it proposes, that the property owned by our represented party is not and has not been part of the public domain. Finally, the objection of lack of right applies because admitting that the State, in this case INDER, has the power to register in its name unregistered properties of private individuals, with the intention of facilitating their titling, and then to allege without any reason that those territories belong to it, results in the legalization of confiscation, which violates the most elementary principles of Administrative Law, which has outlawed, at least in our country, “arbitrariness.” Note, Tribunal, that the maneuver, whether intended or not by the State, is typical of totalitarian countries that increasingly accentuate de facto expropriation, which violates rights of the highest hierarchy, whose protection we request from this Tribunal, granting the objection of lack of right set forth. GOOD-FAITH ACQUISITION – REGISTRY PUBLICITY. The figure of the good-faith third-party acquirer presupposes that a person, whether physical or legal, acquires an asset with the belief that it is transmitted by the legitimate owner and in ignorance of the possible defects of the acquisition. In legal systems like ours that have a public registry of real property, registry publicity makes an acquirer rely on the person who appears as owner according to the registry. An acquirer is in good faith, provided they do not know beforehand of the defects affecting the validity of the right and its registration, or that its invalidity is not evident from the registry entry. The doctrine of the good-faith acquirer based on registry publicity is incorporated in our Civil Code (Código Civil) in Article 456, which provides: “ARTICLE 456.- Registration does not validate registered acts or contracts that are null or voidable according to the law. However, acts or contracts executed or granted by a person who in the Registry appears with the right to do so, once registered, shall not be invalidated with respect to a third party, even if the right of the grantor is later annulled or resolved by virtue of an unregistered title, or of implicit causes, or of causes that, although explicit, do not appear in the Registry.” Moreover, Article 457 of the same legal body protects the registered owner against actions for resolution or rescission that could invalidate the right of the transferor, with the only exceptions that the same norm establishes. It provides: “ARTICLE 457.- Actions for rescission or resolution shall not prejudice a third party who has registered their right. Excepted are: 1°.- Actions for rescission or resolution that originate from causes that, having been expressly stipulated by the parties, appear in the Registry. 2°.- Actions for rescission of transfers in fraud of creditors in the following cases: 1°.- When the second transfer has been made for a lucrative title; and 2°.- When the third party had knowledge of the debtor's fraud.” The First Chamber (Sala Primera) has established a jurisprudential line coinciding with this protection of the good-faith third-party acquirer: [Quotes judgment No. 0042-1998 of fourteen hours on May fourth, 1998]. In Vote No. 53-1997 of fourteen hours on July second, 1997, regarding the rights acquired by the good-faith third party and the Real Estate Registry, the First Chamber has established that: [Quote]. The foregoing is based on the principle of publicity or public faith in the registry, as already explained, which presumes that whoever appears in the Public Registry as the holder of real rights is the legitimate owner. This principle seeks legal certainty regarding the traffic of real estate, as well as to preserve the public interest that lies in the protection of fundamental legal assets for social coexistence, as is the case of the right to private real estate property. The protection offered by this principle of public faith in the registry is manifested in the sense that, in the event of the eventual invalidity of the property right of the non domino, the property right of the third party who acquires does not carry the invalidity of the previously registered right. Hence, the protection that our legal system grants to the good-faith third-party acquirer is clear, who maintains their right despite the possible nullity or annulment of the prior legal transaction or contract.

For the foregoing reasons, my represented party, as a good-faith acquirer, is not only the owner of the property, but also acquired it from whoever was listed as the owner in the Registry, in addition to which INDER has never been the owner, since the registration in its name at one time had the sole purpose of facilitating the formalization of the rights of private individuals, who possessed as owners and met all the requirements for titling, including having exercised ecological possession, which, as we have noted, is duly recognized and excludes in the case under examination the possibility that the land may have become part of the public domain. In any event, as established in Article 144 of the General Public Administration Law: “1. The administrative act may not take effect nor be executed to the detriment of the subjective rights of third parties acting in good faith, except as expressly or unequivocally provided otherwise by law. 2. Any injury caused by an act to the subjective rights of third parties acting in good faith must be fully compensated, without prejudice to the applicable annulment.”, given that it is not apparent from the administrative or judicial record that the Public Administration has made provisions to fully compensate my represented party, which must at least be a concomitant action, given the evidence that we are dealing with an acquisition by my represented party under the public records doctrine. I request that the Court consider that the cited provision is clear in obliging the Administration to proceed with the compensation of the subjective rights of third parties acting in good faith, a condition of which INDER is aware; therefore, it must act accordingly, since the rule does not obligate the third party to have to file a counterclaim or sue in a separate trial, thereby aggravating their damages.

IV.- POSITION OF THE ANSWER OF JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ.- The co-defendant José Delio answers as follows: Notwithstanding the fact that I did not appear within the time allowed upon service of the complaint, and I must take up the proceeding in the state in which it finds itself, I request that the following statements be deemed made: It is not true that the farm today registered under real folio 139716-000 of Puntarenas was at any time natural heritage of the State. When it was registered by the Instituto de Desarrollo Agrario as part of a territorial block, it was only to expedite the obtaining of the registrable title of ownership, since neither the State nor INDER had possessed those lands. The farm in question is part of a block that my father Filiberto Porras Fonseca later transferred in equal parts to the undersigned and to my brother Marvin Porras. The farm had been the property of Pedro Godínez Zúñiga, who owned it since around the 1940s, and sold it to Víctor Godínez Alvarado on May 21, 1969. Who in turn transferred it to my father on April 15, 1974. The transfer to my father was on credit, and for that purpose a promissory note was signed for the sum of one thousand colones to be paid on April 15, 1975, which was complied with. The farm in question measured approximately 30 hectares, and at the time of its acquisition by my father, the farm was not mountainous but rather scrubland, pasture, sugar cane, annatto, and other fruit trees. After the acquisition, a process of natural regeneration and forest protection was initiated, and it was later dedicated to ecotourism, this latter activity with much greater intensity when it was sold by me to the company Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., a sale that is recorded in the case file. The action for declaration of harmfulness (lesividad) filed by INDER, alleging that the farm is natural heritage of the State and therefore belongs to the public domain, is entirely unfounded, since it has always been the property of private individuals. For the foregoing reasons, I raise the defense of lack of right.

V.- POSITION OF THE STATE AS AN INTERESTED THIRD PARTY.- The State representation stated the following: In ordinary session of the Board of Directors No. 36-2015 of October 5, 2015, Article 47, INDER declared harmful agreement No. 39 of ordinary session No. 031-04 regarding case file No. 34 concerning parcel 97044 block 192 of the Proyecto de Titulación Puriscal Parrita, whose transfer gave rise to farm No. 6-139716-000, associated with cadastral map No. P-857134-2003 (9 ha 5124.87 m²), and which originates from farm No. 6-1219039-000. The requirements for declaring the administrative act harmful have been fulfilled. Pursuant to Articles 173.1 of the General Public Administration Law, 10 subsection 5), and 34 of the CPCA, the requirements for the judicial declaration of harmfulness of the administrative act issued through agreement number 39 of the Board of Directors of the IDA at ordinary session No. 031-04 held on August 23, 2004, regarding Mr. José Delio Porras Sánchez, are fully met: a) The action was filed by the Administration that issued the act. b) The administrative act issued through agreement number 39 of ordinary session No. 031-04 held on August 23, 2004, is final and favorable. c) The administrative act issued through agreement number 39 of ordinary session No. 031-04 held on August 23, 2004, is vitiated by absolute nullity. 1°) Due to lack of competence. The Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, approved by agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario and published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002, used as the basis for agreement number 39 of ordinary session No. 031-04 held on August 23, 2004, was annulled by judgment No. 2063-2007 of the Sala Constitucional with effects “retroactive to the effective date of the rules that are annulled, that is, August twelfth, two thousand two.” The Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia, in rulings numbers 1070-FS1-2010 and 1088-F-S1-2011, confirmed the criterion that the nullity (and annulment) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales vitiates the titlings that were made in reliance upon that rule: [Citation]. That “reglamento,” used as the basis for the “titling” in favor of the defendant, was annulled precisely for lack of competence of the Instituto de Desarrollo Agrario to issue it and for the nonexistence of legal provisions supporting it: “inasmuch as the Law that supposedly supports this regulation in no way empowers the State to title national reserves within the titling project of the Instituto de Desarrollo Agrario … but only to promote land tenure for exclusively agricultural purposes (Article 1 of the Ley de Tierras y Colonización), through land adjudication contracts” (constitutional judgment No. 2063-2007). Article 1 of the annulled Reglamento indicated: “This legal instrument is intended to regulate the provisions of the Ley de Tierras y Colonización regarding the titling of lands in National Reserves…”. However, the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, does not regulate land titling, which is why the Instituto de Desarrollo Agrario lacked competence to title in favor of the defendant the land described in cadastral map No. P-857134-2003, and that defect is sufficient to annul the administrative act. No article of the Ley de Tierras y Colonización authorized the Instituto de Desarrollo Agrario to title, much less to issue a Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales. The Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales invaded the competence of the Legislative Branch by creating a special and summary administrative procedure for titling, which excluded the judicial procedure set forth in the Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 of July 14, 1941, which only the legislator could institute. Furthermore, it amended the titling rules by authorizing it on lands registered in the name of the IDA (Article 7 of the Reglamento and Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias). 2°). Because it is substantially inconsistent with the legal system in force at the time the act was issued. Even if the Proyecto Puriscal Parrita had been created based on prior regulations, the IDA was required to respect all legal provisions governing its actions when disposing of lands in favor of private individuals (in compliance with the principle of legality, Articles 11 of the Constitución Política and 11 of the General Public Administration Law). The form on folios 1 and 2 of the administrative titling file, signed by the defendant, shows that, as of 2004, the year of agreement number 39 of ordinary session No. 031-04 held on August 23, the land described in map No. P-857134-2003 was entirely forest. The transfer deed from the IDA to the defendant, executed at 9:00 a.m. on September 9, 2004, describes the parcel as mountainous (folio 52 of the judicial file). And the certification SINAC-DS-OFAU-C-4264-2003 (folio 6 of the administrative titling file) certifies that the land described in map P-857134-2003 constitutes Patrimonio Natural del Estado. Indeed, the forests and forest lands or lands with forest aptitude of farm No. 1219039 of the Registry of Puntarenas, registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, constitute Patrimonio Natural del Estado according to Article 13 of the Ley Forestal: “The patrimonio natural del Estado shall consist of the forests and forest lands of the … farms registered in its name and those belonging to … autonomous institutions and other agencies of the Public Administration…”. And in that condition, they could not be ceded, delivered, or alienated in any way. This is prohibited by Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal. The foregoing is confirmed by the rulings of the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia 1070-F-S1-2010 and 1088-F-S1-2011, concerning the annulment of titlings by the IDA of lands belonging to the Patrimonio Natural del Estado: [Citation]. Furthermore, Article 10 of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales itself only permitted the transfer of lands “that are not subject to administration by MINAE” and required an “original certification issued by MINAE stating that the land to be titled according to the cadastral map is not affected by or within … patrimonio natural del Estado,” whereas, in view of certification No. SINAC-DS-OFAU-C-4264-2003, it is clear that these requirements were not met, as it states that it “CONSTITUTES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO,” administered by MINAE according to Article 13 of the Ley Forestal. Map P-857134-2003 itself (folio 14 of the administrative titling file) accounts for the existence of forest lands (note that it records mountainous terrain in its greater part). d) Declaration of harmfulness in the administrative venue: agreement of the Board of Directors of INDER of October 5, 2015, Article 47. e) The action was filed by the Administration in a timely manner, since, pursuant to subsection 2) of Article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, the declaration of harmfulness is not subject to a time limit. f) Harmfulness to public interests: The public ownership of forest lands, or lands with such aptitude, linked to the pursuit of purposes of general interest, is a powerful conservation tool: “forest property is conceived fundamentally to conserve, not to produce, nor to be part of the commerce of men” (Sala Constitucional, ruling No. 4587-1997). The duty to protect and preserve the integrity of the environment (principle of environmental protection by the State) includes forest resources (Sala Constitucional, rulings numbers 2233-1993 and 6836-1993). The protective regime set forth in the Ley Forestal for the Patrimonio Natural del Estado means that logging, forest harvesting, or land-use change (cambio de uso del suelo) are not permitted; only research, training, and ecotourism activities may be authorized (Articles 1, paragraph 2, 3 subsection a), 14, 15, 18, 58 subsections a) and b), and 61 subsection c). The improper alienation of lands belonging to the Patrimonio Natural del Estado alters the purpose that the Ley Forestal has established for those public assets, in conflict with Article 50 of the Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, “Protocolo de San Salvador,” approved by Law No. 7907 of September 3, 1999, which guarantee the right to an adequate environment; with the principle of the protection of environmental law by the State (among others, rulings of the Sala Constitucional numbers 3341-1996 and 9193-2000); and with Article 8 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416 of June 30, 1994), which contemplates the State’s duty to manage resources “important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to ensure their conservation” (subsection c).

VI.- PROVEN FACTS.- Of importance for resolving this matter, the following relevant facts are deemed proven:

1) In a private document, neither notarized nor authenticated, dated May 21, 1969, it is recorded that Mr. Pedro Godínez Zúñiga sold to Mr. Víctor Godínez Alvarado a property right (it must be understood to be a possessory right because no deed transferring title is recorded), over a property located in Santa Juana de Paso Real, canton of Aguirre, province of Puntarenas, with an area of approximately 15 manzanas, with the following boundaries: to the north with the property of Marcos Marín Hernández, to the south with Quebrada Camarones, to the east with Roberto Navarro and Víctor Fonseca, with a road in between, and to the west with Marcos Marín Fernández. The document lacks a fixed date in accordance with civil procedural law. (Image 193 of the judicial file).

2) In a private document, neither notarized nor authenticated, dated April 15, 1974, it is recorded that Mr. Víctor Godínez Alvarado sold to Mr. Filiberto Porras Quesada (it must be understood to be a possessory right because no deed transferring title is recorded), a property whose location is not indicated, with an approximate area of 30 hectares, with the following boundaries: to the east with Marcos Marín, to the west with Roque Campos and Efrín (sic) Vindas and with the same buyer, to the north with Marcos Marín Fernández, and to the south with Amado Pérez and Quebrada Camarones. It is indicated that the property has three manzanas of pasture and sugar cane and some fruit trees, and the greater part is stubble and scrubland. The document lacks a fixed date in accordance with civil procedural law. (Images 195 and 196 of the judicial file).

3) The Proyecto de Titulación “Puriscal-Parrita” was born from Decreto Ejecutivo N°3667-G, of March 18, 1974 (which was in force from April 17, 1974, until July 7, 2008). Said Decree established as follows: “Whereas: Law No. 4686 of December 3, 1970, approved the Loan Agreement between the Governments of the Republic of Costa Rica and the United States of America, through the Agency for International Development (A.I.D). To implement the “Land Tenure” Project, included within the Agricultural Development program of said loan, it is necessary and obligatory that the lands affected by said program be transferred to the Instituto de Tierras y Colonización so that this Institution may carry out the cadastral and Public Registry procedures required for their titling. The Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, through agreement V of session 1736 of February 19, 1974, declared the Titling Zone and requests the Executive Branch to transfer the lands located in the cantons: III Desamparados, IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, Turrubares, XVII Dota, and XX León Cortes of the province of San José, canton VI Aguirre, IX Parrita, and district V Jacó of canton 1 of the Province of Puntarenas. The transfer is requested insofar as these lands are not included within the exceptions indicated in laws numbers 2815 of October 14, 1961, and its amendments, and 4465 of November 25, 1969, or are privately owned lands, or for other reasons cannot be transferred. Said transfer finds legal support in the provision of Article 13 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, and Articles 1 and 2 of the Ley de Titulación No. 5064 of August 22, 1972. Therefore, In view of the reasons and legal citations expressed, They Decree: Article 1.- The lands located in the following cantons are transferred free of charge to the Instituto de Tierras y Colonización, insofar as they are not included within the exceptions indicated in laws numbers 2825 of October 14, 1961, and its amendments; 4465 of November 25, 1969, or are privately owned lands, or for other legal reasons cannot be transferred: III Desamparados, IV Puriscal, V Tarrazú, VI Aserrí, XVI Turrubares, XVII Dota, and XX León Cortés of the Province of San José, canton VI Aguirre, IX Parrita, and District V Jacó of canton 1 of the province of Puntarenas; comprised within the following boundaries: starting from the mouth of the Río Grande de Tárcoles in the Gulf of Nicoya, upstream to its confluence with the Río Virilla, following it to the Río Jaris, following it to its source, from that point heading Southeast to the school of Rosario, district 9 of canton III Desamparados, province of San José. From this point, continuing Southeast to the crossing between the boundary of the cantons León Cortés and Tarrazú, province of San José, and the highway between San Pablo de León and San Marcos de Tarrazú, continuing along said highway passing through Santa María to the place called Copey, canton of Dota. From here to the town of Pedregoso in the same canton, continuing Southeast to the school of Nápoles, town of district 2 San Lorenzo of canton 5 Tarrazú, continuing with said line to the source of the Quebrada Santa Cruz, following it downstream to the boundary of the cantons Tarrazú province of San José and Aguirre province of Puntarenas. Continuing along said boundary and along the boundary between the cantons Aguirre and Dota, province of San José, to the Río Savegre, following it downstream to the bridge on the Dominical-Parrita highway, continuing along said highway to the bridge over the Río Palo Seco, following it downstream and through the estuaries Barbadul and Meros to the Río Parrita until it empties into the Pacific Ocean. From here, the coastline is followed to the starting point at the Río Grande de Tárcoles in the Gulf of Nicoya. Area 267,239 hectares. Article 2.- The Dirección Forestal of the Ministerio de Agricultura y Ganadería is obligated to notify ITCO, within a term of two months from the date of publication of this decree, of any objection on its part to the delivery of property titles in those areas that, in the judgment of the Dirección Forestal and in accordance with the current Ley Forestal, must be declared a Forest Reserve or of another nature. If after said term the Dirección Forestal does not issue a pronouncement, its possible objections shall be deemed waived. Article 3.- The State’s legal representative with the power to do so is authorized to appear before one of the State’s notaries and sign the corresponding deed in favor of ITCO, as well as any additional deeds that may be necessary so that the lands included in the preceding provisions become the property of said institute free of charge. Article 4.- The subsequent transfers that ITCO makes to private individuals of the properties or parcels that form the determined zone and acquired by virtue of this decree shall be subject to all the restrictions set by the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, in accordance with the laws on the matter and in compliance with the provisions of the Ley Forestal, for the regulation and management of those zones or areas that are exclusively of forest aptitude and that are so classified by the Ministerio de Agricultura y Ganadería and/or ITCO as provided in the abovementioned Ley Forestal No. 4465. Article 5.- The Instituto Geográfico Nacional is authorized to interpret the boundaries of the area referred to in this decree and to prepare a map thereof. Article 6.- It shall take effect upon its publication.” (Consultation of the SCIJ website).

4) On October 9, 2003, official Arnoldo Luna Sancho, of the Oficina de Atención al Usuario, of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, of the Ministerio de Ambiente y Energía, issued certification number SINAC-DS-OFAU-4264-2003, in which he stated: “Having conducted the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica at a scale of 1:50,000, it has been determined, based on the location set forth in cadastral map number P-857134-2003 in the name of I.D.A. in the possession of JOSÉ DELIO PORRAS SANCHEZ, that this describes a property that is located OUTSIDE ANY PROTECTED WILD AREA, WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY, ADMINISTERED BY THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA; HOWEVER, IT CONSTITUTES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ACCORDING TO ARTICLES 13, 14, AND 15 OF LEY FORESTAL 7575 OF APRIL 16, 1996. Furthermore, I certify that for the removal of trees, the respective permit must be obtained (Art. 27 Ley Forestal); Protection Areas must be respected (Art. 33 and 34 of the Ley Forestal); additionally recommending practices aimed at promoting the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest. IT IS PART OF A FARM REGISTERED UNDER REAL FOLIO 1219039-000, AS RECORDED IN THE MAP.” (Image 37 of the judicial file).

5) On November 20, 2003, Mr. José Delio Porras Sánchez filed a petition before the Instituto de Desarrollo Agrario (now INDER), requesting that he be granted the property right to a portion of land located in Santa Juana, district of Naranjito, canton of Aguirre, province of Puntarenas, according to cadastral map number P-857134, measuring 95124 m2 and 87 dm2. In his petition, he stated that he obtained the property by original possession that he had held for fifteen years. He attached notarized sworn declarations and the aforementioned cadastral map. (Images 34 to 45 of the judicial file).

6) On March 29, 2004, official Harry Umaña Rodríguez, Inspector of the then Instituto de Desarrollo Agrario, issued a recommendation regarding the titling request filed by Mr. José Delio Porras Sánchez. In this regard, he stated: “…I declare that, in accordance with an inspection conducted of the parcel described above, I have verified the requirements set forth in Article 10 of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales; therefore, I recommend that this parcel may be titled.” The parcel was described as number 97044, of map block 192, of the Proyecto Puriscal Parrita, with an area of 9 ha. 5124.87 m2., with a street frontage of 1959.03 m, located in province 06, canton 06, district 03, cadastral map number P-857134-03. (Images 32 and 33 of the judicial file).

7) By agreement adopted in Article 39 of session No. 031-04 held on August 23, 2004, the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario authorized the segregation of the farm of San José, real folio registration number 219039-000, corresponding to the Proyecto Puriscal-Parrita, and the transfer of 13 parcels in favor of private individuals, among which was included the parcel requested by Mr. José Delio Porras Sánchez. The administrative act provided as follows, in its relevant part: “1- In compliance with institutional policies and with the recommendation of the regional office of PARRITA according to official communication OSP-163-04 and the approval of the Regional Directorate of CENTRAL according to official communication S/N and the review of the requirements demanded for the titling procedure by the Regional Agrarian Coordinator, and in accordance with the Board of Directors' Agreement described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and having fulfilled all the requirements established by the Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales published in the official gazette La Gaceta 173 of September 10, 2002, under the protection of the Ley de Tierras y Colonización 2825 of October 14, 1961, and the law creating the Instituto de Desarrollo Agrario 6735 of March 29, 1982, the segregation and transfer of 13 parcels described below is authorized, so that the corresponding title supletorio de dominio may be issued. (…).

Name

Cédula

Parcel

Area

Cadastral Map

Topo-
graphy

Inspection

Edict

Total

José Delio Porras Sánchez

1-0396-
0311

192-97044

95124,87

P-857134-2003

₡12500

₡9000

₡21500

(…).

The costs shall be paid within one year and shall be guaranteed by a first-degree mortgage in favor of the Instituto de Desarrollo Agrario, accruing interest at 8% on the outstanding balances, except for those who pay at the time of signing the deed. 3.- The conditions and restrictions to which the parcels and lots in this agreement are subject are the same as those contained in Article XVIII of the Reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales, published in Gaceta 173 of September 20, 2002. 4 - Messrs. Walter Céspedes Salazar, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, are authorized to appear in due course before the assigned notary LUIS ENRIQUE WONG for the execution of the respective transfer deeds. 5- Once the protocol is signed and the main deed is closed, the notaries may not make use of this agreement for individual procedures. The protocol signing will be on September 8, 2004, at the Subregional Office of PARRITA from 9 a.m. to 12 p.m.” (Images 49 to 52 of the judicial file).

8) Through deed number one hundred one, executed before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, Mr. Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager of the Instituto de Desarrollo Agrario, acting as unlimited general attorney-in-fact of that entity, segregated from farm real folio registration number 219039-000 of the registry of San José (Proyecto Puriscal-Parrita), parcel number 97044, according to cadastral map P-857134-03, and sold it to Mr. José Delio Porras Sánchez. The deed stated in its relevant part as follows: “…PARCEL NINETY-SEVEN THOUSAND FORTY-FOUR, which is mountainous terrain, located in district three, canton six of the province of Puntarenas, measuring nine hectares, one hundred five thousand one hundred twenty-four meters, eighty-seven square decimeters, and bounded to the North by Efraín Vindas Quirós and a public road; South and East by Quebrada La Unión, and West by a public road, with a frontage to it of one thousand nine hundred fifty-nine meters, three square decimeters, according to cadastral map number P- eight hundred fifty-seven thousand one hundred thirty-four-zero three, to José Delio Porras Sánchez, of legal age, married once, a businessman, resident of Naranjito de Quepos, cédula number one-zero three hundred ninety-six-zero three hundred eleven, for the sum of exact twenty-one thousand five hundred colones. (…)” This contract generated the registration of farm real folio registration number 139716-000. (Images 54 to 60 of the judicial file).

9) Through deed number one hundred eighty-six-ten, executed before Notary Gladys Marín Villalobos at 10:30 a.m. on November 10, 2007, Mr. José Delio Porras Sánchez sold to Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. the farm of the registry of Puntarenas, real folio registration number 139716-000, cadastral map P-857134-2003. Said farm was registered in the name of Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. on May 5, 2008. (62 to 70 of the judicial file).

10) Through report No. DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, the Contraloría General de la República requested the Board of Directors of the IDA (now INDER) to take the necessary actions to recover lands titled by the IDA in favor of private individuals that belong to the Patrimonio Natural del Estado. Said report refers, among others, to the Proyecto Puriscal-Parrita, Decreto N°3667-G of April 17, 1974.

(Images 17 to 29 of the judicial file).

11) By agreement adopted in article 47 of regular session number 36 held on October 5, 2015, the Board of Directors of the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural, INDER) resolved: “THEREFORE: In accordance with Article 34 subsection 2 of the Contentious Administrative Procedure Code, Articles 176 and following of the General Public Administration Act, the Land and Colonization Law, and the IDA Creation Law, it is agreed: 1) To declare harmful to public interests the administrative acts issued through Agreements 39 and 49 of Regular Session 031-04, held on August 23, 2004, 49 of Regular Session 025-05 held on July 4, 2005, 50 and 57 of Regular Session 044-04 held on November 29, 2004, 53 and 58 of Regular Session 022-05 held on June 13, 2005, 53 of Session 039-05 held on October 10, 2005, and 45 of Regular Session 016-04 held on May 3, 2004, adopted by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA), which gave rise to the property titles registered in the Property Registry under the District of Puntarenas with Real Folio Registration numbers 139717-000 in favor of Marvin Porras Sánchez; Real Folio Registration numbers 139716-000 in favor of José Delio Porras Sánchez; Real Folio Registration numbers 141440-000 in favor of María del Socorro Fallas Mora; Real Folio Registration numbers 139445-000 in favor of José Luis Vargas Guerrero; Real Folio Registration numbers 142020-000 in favor of Gregario Gómez Zúñiga; Real Folio Registration numbers 144193-000 in favor of San Rafael Tropical Forest Sociedad Anónima and Real Folio Registration numbers 141803-000 in favor of Inversiones Varo Quiño de Cariari Sociedad Anónima; under the District of Limón with Real Folio Registration number 111283-000 in favor of Martín Schlapbach; under the District of Alajuela with Real Folio Registration numbers 406953-000 in favor of Gerardo Solórzano Barrantes and Real Folio Registration numbers 401478-000 in favor of Tomasita López Hernández, as these same titles were granted to the detriment of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). 2) To request, commission, and empower Licenciados Rodrigo Cervantes Barrantes and Eric Jiménez Trejas to, in the name and on behalf of the Rural Development Institute, immediately file the corresponding harmfulness (lesividad) proceedings before the appropriate Courts. 3) To commission MSc. Ricardo Rodríguez Barquero, Executive President, to sign the corresponding powers of attorney so that Licenciados Cervantes Barrantes and Jiménez Trejas may legitimately represent the Institution before the corresponding courts. AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY. NOTIFY. FINAL AGREEMENT.” In its reasoning, the act indicated, in relevant part: “CONSIDERING: (…) FILE 34 - TITLING OF PARCEL 97044, BLOCK 192, OF THE PURISCAL PARRITA TITLING PROJECT, IN FAVOR OF JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ, IDENTITY CARD NUMBER 1-0396-0311. The Board of Directors of the IDA accepted the recommendation and agreed to transfer the parcel through Agreement number 39 of Regular Session number 031-04 held on August 23, 2004. The corresponding transfer deed for the parcel was granted on September 9, 2004, and was duly registered on May 2, 2005, under the Real Folio of the District of Puntarenas Registration 139716-000 and described in Cadastral Map number P-0857134-2003, according to which it has an area of 9 hectares 5124 meters with 87 square decimeters and is mountainous terrain (terreno de montaña), (folio 14 of the file). In the titling file, it is recorded that the MINAE certification was presented establishing that the land is not part of Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), however, the same certification states that it constitutes state natural heritage according to articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575 of April 16, 1996. In the titling file, there is no record that the compliant land-use study from INTA was presented. In the file, there is no report from the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN).” (Images 73 to 82 of the judicial file).

12) The Rural Development Institute filed the harmfulness claim on November 17, 2015. (Image 83 of the judicial file).

VII.- FACTS NOT PROVEN.- Of importance for the resolution of this matter, the following is considered not accredited:

1) That the property with real folio registration 139716-000 of the province of Puntarenas, and the mother property with real folio registration 219039-000 of the province of San José, prior to their registration in the name of INDER, were owned by private individuals. (There is no proof in the case file).

2) That the property with real folio registration 139716-000 of the province of Puntarenas, and the mother property with real folio registration 219039-000 of the province of San José, at any time had the nature of pastureland (repastos), sugar cane (caña de azúcar), or brushland (tacotales), and the exact dates on which they would have had that nature. (There is no proof in the case file).

VIII.- ON THE MERITS.- The claim must be granted. In this case, the Board of Directors of the IDA (now INDER) issued the agreement adopted in article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, in which it authorized the segregation from the mother property of the province of San José, real folio registration 219039-000 -among others-, of parcel number 192-97044, cadastral map number P-857134-2003, corresponding to the Puriscal-Parrita Project, and its transfer to co-defendant José Delio Porras Sánchez. As legal grounds, the act challenged here invoked the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales) of September 10, 2002, the Land and Colonization Law, and the Creation Law of the Agrarian Development Institute. Said agreement was executed in deed number one hundred one, granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, through which the then IDA effectively segregated parcel number 97044, according to cadastral map P-857134-03, and sold it to Mr. José Delio Porras Sánchez. This legal contract led to the registration of the property of the province of Puntarenas, real folio registration 139716-000. This property was later sold by Mr. Porras Sánchez to Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., in the year 2008, with that company being its current registered owner to date. In 2015, the Board of Directors of INDER declared the agreement of that same collegiate body, adopted in article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, to be harmful to public interest, noting that: “In the titling file, it is recorded that the MINAE certification was presented establishing that the land is not part of Protected Wilderness Areas, however, the same certification states that it constitutes state natural heritage according to articles 13, 14, and 15 of the Forest Law 7575 of April 16, 1996.” (The highlighting is supplied). Well then, this Court, based on the evidence in the case file, finds that INDER and the State are correct in their position. Indeed, the act challenged here presents a serious defect in the grounds (motivo) element, given that it directly violated articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (N°7575). In accordance with these norms of legal rank and power, forest areas and forest lands (terrenos forestales) belonging to the State, to municipalities, and to autonomous entities, constitute State Natural Heritage, and in such condition, they are unseizable (inembargables) and inalienable (inalienables); possession exercised by private individuals generates no right whatsoever in their favor, and the replevin action (acción reivindicatoria) exercised by the State is imprescriptible; furthermore, they are not susceptible to being registered through possessory information (información posesoria). Additionally, if these lands of the State, of municipalities, or of autonomous entities, are covered by forest, they automatically become incorporated into the State Natural Heritage and said condition is per se a legal limitation preventing such lands from being alienated and registered in the Public Registry. In the case before us, the certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003, issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), which was presented by co-defendant Porras Sánchez when he managed before the IDA the titling of parcel number 97044 of property 1-219039-000, clearly indicated that the property described in cadastral map number P-857134-2003, constituted State Natural Heritage according to articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, N°7575 of April 16, 1996. The referenced certification is a public document and, as such, has full authenticity, validity, and efficacy (article 45.1 and 45.2 of the CPC). The statement contained in that document, according to which the property corresponding to map P-857134-2003 constituted State Natural Heritage in accordance with articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, could not be ignored by the Administration of the IDA (now INDER). By force of law, that statement contained in the mentioned certification legally prevented the IDA from alienating parcel 97044 of the property owned by it, real folio registration 1-219039-000, since the lands of that parcel formed part of the State Natural Heritage because they were forest within a property that belonged to the plaintiff autonomous entity (IDA), and being so, they were protected by the condition of inalienability established by articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, previously cited. The Court concludes that those lands did have a forest nature at the moment they were alienated in favor of co-defendant José Delio Porras Sánchez, because deed number one hundred one, granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, through which the IDA segregated parcel number 97044, from property with real folio registration 219039-000 of the district of San José (Puriscal-Parrita Project), cadastral map P-857134-03, and sold it to co-defendant Porras Sánchez, clearly indicates in its text that the “…PARCEL NINETY-SEVEN THOUSAND FORTY-FOUR, … is mountainous terrain…”. Being a public instrument, that indication recorded by the notary public that the parcel was mountainous terrain, provides full proof that its nature was forest. It must be remembered that in accordance with article 31 of the Notarial Code, by virtue of public faith (fe pública), the statements of the notary public recorded in the instruments and other documents authorized by him are presumed true, in concordance with article 45.2 second paragraph of the Civil Procedure Code, which provides that the document granted by the parties before a notary public attests not only to the existence of the convention or disposition for which it was granted, but also to the previous facts or legal acts related therein. Therefore, in the judgment of this Chamber, the statement contained in the certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003, regarding that the area described in cadastral map P-857134-2003 was State Natural Heritage, in conjunction with the description contained in public deed number one hundred one, granted before Notary Public Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, according to which parcel 97044, represented in the same cadastral map P-857134-2003, was mountainous terrain, are clear and conclusive evidence that proves without a doubt that this portion of land that belonged to INDER (formed part of property 219039-000 of its ownership), should never have been segregated and transferred to co-defendant José Delio Porras Sánchez, because the Forest Law expressly prohibited it. In the same sense, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has resolved: “From the foregoing, it is clear the Court based the nullity of the Agreement of the Board of Directors of the former IDA, no. 41 of session 016-04 of May 3, 2003, on several aspects. First, given that in the certification SINAC-DS-OFAU-C-3098-2003, it was noted that the property under litigation at the time of being adjudicated contained forest. This, because it was indicated it constituted state natural heritage, in accordance with what is regulated in articles 13, 14, and 15 of the FL. Second, since in the transfer deed granted before the notary public Sibaja Rojas, it was recorded that its nature was “montaña” (mountain/forest). Third, because such factual situation was extracted from the titling file of parcel 7-A-3 of the BIRF 2764 C.R. Titling Project. Fourth, insofar as it was ordered that said titling was carried out based on Executive Decree (Decreto Ejecutivo) no. 18220-MAG of July 11, 1988, which was declared unconstitutional in ruling no. 8560-2001 at 3:37 p.m. on August 28, 2001, by the Constitutional Chamber. The foregoing, because said norm was contrary to the legal system by violating canons 7, 33, 39, 45, 50, 89, and 121 subsection 14 of the Political Constitution. In that normative body, as well as in the Campesino Housing Titling Law, -also declared unconstitutional-, land titling was permitted for the purpose of allowing its possessors to access bank credits, intensify and systematize their production; provided the lands were not registered in the name of physical or legal persons, nor were they property of State institutions, had agricultural aptitude, and were transferred by MINAE to the IDA. Article 3 of Law no. 7599, specifically excluded lands administered by the Ministry of Environment and Energy. Hence, the judges ruled that the IDA, prior to notifying the Executive Branch of the titling area, had to establish whether said lands were for forest use (precepts 6 and 7 ibid). Therefore, they made it clear that both the legislator and the Executive Branch sought to ensure that titling did not affect the state's natural heritage. Consequently, it endorsed the first reason given for the harmfulness declaration of the adjudication act examined in the specific case, insofar as it referred to the omission of the requirement to demonstrate non-affectation of such category of goods. Consequently, in accordance with what has been said, there is no useful cassation, since what is refuted is limited to one of the reasons developed by the Court to support what was resolved. Thus, even if the objection were correct, it would not lead to the reversal of the ruling, as the remaining grounds on which the decision was based would persist. In any case, in agreement with what is expressed above, it is clear, contrary to what is alleged by the appellant, from certification no. SINAC-DS-OFAU-C-3098-2003, it is inferred that the titled lands, -subject of the process-, are a public domain asset (bien demanial) since they are comprised of state natural heritage (forest or montaña). IV.- For greater abundance of reasons, for this Decision-making Body, regarding the concept of public domain and the scope of the concept, it is necessary to refer to canon 261 of the Civil Code, as said regulation stipulates: “Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those of which everyone can avail themselves by being open to public use. All other things are private and object of particular property, even if they belong to the State or to the Municipalities, who for such case, as civil persons, do not differ from any other person.” As extracted, the definition of private goods is made residually, that is, all those that do not present any of the characteristics indicated for public domain goods belong to this category. Constitutional jurisprudence, taking into account the precept of the cited norm, has referred to goods that make up the public domain in the following terms: “they are those that have a nature and legal regime different from private goods —which are governed by property rights under the terms of article 45 of the Political Constitution—, insofar as, by the express will of the legislator, they are assigned a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and that, therefore, they cannot be the object of private property, so that they are outside of commerce, for which reason, they cannot belong individually to private individuals, nor to the State, in the strict sense, inasmuch as the latter is limited to its administration and guardianship. […] Thus, these are goods whose ownership is held by the State in its capacity as administrator, it should be understood that these are goods that belong to the \"Nation\", thereby forming part of the public heritage; and that, due to their special legal nature, they present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that by the passage of time, the right of property over them cannot be acquired, not even of mere possession, that is, they cannot be acquired through usucapio, nor can they be lost by prescription; reason why the use permits that the Administration grants over them always have a precarious nature, which allows them to be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration —under the terms provided in articles 154 and 155 of the General Public Administration Act—; and the same concessions granted over them for their use can be canceled, by means of a procedure to that effect; they are unseizable, meaning they cannot be the object of any encumbrance or seizure, neither by private individuals, nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside of commerce; hence, they cannot be alienated, sold, or acquired, neither by gratuitous nor onerous title, neither by private individuals nor by the State, so they are exempted from commerce and subject to a special and reinforced legal regime. Furthermore, their use and exploitation are subject to police power, insofar as, since they are goods that cannot be the object of possession, much less property, their utilization and exploitation are possible only through duly authorized acts, whether through a concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control by the Public Administration. Thus, it comprises real property that has a nature and legal regime virtually opposite to private property, deriving from the provisions of article 45 of the Constitution.” (vote 2007-2408 at 4:13 p.m. on February 21, 2007).” Ruling no. 189 at 9:15 a.m. on March 3, 2011. Thus, given that in the sub examine the lands under claim are comprised of areas that constitute part of the state natural heritage, it is clear they are public domain goods, not susceptible to private property. Furthermore, the appellant has not been able to reverse the ruling of the Ad quem. This decision-making body has already ruled concerning the application of articles 13 and 14 of the FL. On that matter, in ruling 1070 at 9:40 a.m. on September 3, 2010, it stated: “Pursuant to numeral 13 of the Forest Law ‘The state natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage...’ In this way, the norm offers three possibilities regarding the goods that make up said heritage: a) forests and forest lands of national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage. […] In this sense, mandate 13 ibid is clear in determining that a property covered with forest, and that belongs to the State, a municipality, autonomous institution, or other Public Administration body, forms part of the state natural heritage. Similarly, this College analyzed the scope of numeral 14 Ibid., making it clear that, by virtue of the special legal regime to which the state natural heritage is subject, and the particular characteristics that apply to it, the occupancy (detentación) that private individuals exercise over such goods will not generate any right for them. It ruled, in pertinent part: In the same sense, the Forest Law in article 14 determines that the forest lands and forests that constitute the state natural heritage, ‘…shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right in their favor and the State's replevin action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned according to the provisions of this law.’ […] In the same sense, what was indicated regarding that the Court did not consider that the land has been in the possession of private individuals, does not constitute a claim addressable before this Chamber, as the Forest Law is clear, in the sense that these are inalienable goods, whose possession by private individuals shall not cause any right in their favor, with the State's replevin action being imprescriptible.” Judgment no. 213 at 9:30 a.m. on March 10, 2016. In accordance with the foregoing, unlike what was argued by the appellant, despite the fact that the property was registered, according to the stipulations of the FL such lands are an integral part of the state natural heritage, which prevents private individuals from obtaining their ownership and/or possession. This is reiterated, given that these are public domain goods, which by their nature are imprescriptible, and inalienable.” (Ruling N°778-F-S1-2022, at 2:55 p.m. on March 31, 2022. The highlighting is supplied). The considerations outlined by the First Chamber are fully applicable to this case, in the same sense that this Court already developed in previous lines. In summary, this Court finds that the agreement of the Board of Directors of the IDA, contained in article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, is illegal for having segregated and alienated in favor of a private individual (José Delio Porras Sánchez), a property that was part of the State Natural Heritage, in open contradiction with numerals 13, 14, and 15 of the Forest Law. Said agreement flagrantly violated the inalienability of the forest-mountain (montaña) lands of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which formed part of property 219039-000 belonging to the IDA (now INDER), and authorized their delivery into the hands of a private individual, while an express legal prohibition existed against it. This is sufficient cause for the agreement adopted by the Board of Directors of the IDA in article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, to be absolutely null, for having incurred a substantial infraction of the legal system (article 158 of the General Public Administration Act), that is, the direct violation of articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, and so it shall be declared.

IX.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., argues that the property subject to this matter was not owned by INDER. It states that the title applicant Porras Sánchez exercised possessory acts prior to the purchase. It points out that his possession was in a peaceful, good faith, uninterrupted manner and under the title of owner, and added to other previous possessors, the same dates back to the mid-1950s. This argument is improper and irrelevant. Parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which was transferred to Mr. José Delio Porras Sánchez and which generated the property of the province of Puntarenas, real folio registration 139716-000, was previously registered in the name of the Agrarian Development Institute, as it formed part of the property with real folio registration 1-219039-000. Therefore, if the IDA was the autonomous entity owner (not possessor) of the area corresponding to parcel 97044, it is not admissible to allege possession rights of Mr. Porras Sánchez and his predecessors against the property right of the IDA over areas that were of public domain (because they are State Natural Heritage), based on article 14 of the Forest Law, which clearly indicates that possession over those lands by private individuals shall not cause any right in their favor, added to the undeniable condition of inalienability of the same, not only due to the provisions of numerals 14 and 15 of the Forest Law, but also due to the reiterated constitutional jurisprudence that has so established based on numeral 261 of the Civil Code.

X.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., argues that the certification referred to by the plaintiff Institute erroneously states that the property is part of the State Natural Heritage under the terms of articles 13, 14, and 15 of Forest Law No. 7575 of April 16, 1996. It accuses that what is indicated in the certification is erroneous because: whoever issues the certification does not identify the technical study or file with a field visit that allows them to make that claim; because even if the property is covered with natural vegetation it does not mean it constitutes forest, and because even if the property were covered with forest at the date of issuance of the certification, it does not mean by that particularity that it constitutes state natural heritage, since the Forest Law itself creates the exception, and excludes from the state natural heritage those lands that have that nature but are in the possession of private individuals, who must also have protected the forest and demarcated with fences and firebreaks (carriles). This argument is improper. As already indicated in the preceding reasoning, the certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003 is a public document that provides public faith (fe pública) of what it declares, it enjoys full authenticity, validity, and efficacy regarding what it declares. Therefore, it is not enough to merely formulate statements questioning it; rather, its falsity must be reliably proven. Furthermore, as already explained before, the forest nature results from the description itself recorded in the public deed (public faith) through which parcel 97044 was segregated and transferred in favor of co-defendant José Delio Porras Sánchez, which indicated that it was mountainous terrain; had those lands been brushland, sugar cane, pastureland, of agricultural activity, or of any other nature, it would have been proven through some field inspection or it would have been stipulated in the segregation and transfer deed itself, but that is not recorded in the case file, so what is argued is merely speculative and contrary to what is inferred from the evidence in the file. At this point, it is important to note that the private sale documents that appear in the case file, admitted as evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), are not useful to prove a different nature of the lands in dispute here, because even though in those private documents generic reference is made to the lands being pastureland, sugar cane, fruit trees, and brushland, such documents do not allow for determination with certainty and precision whether the area discussed in them corresponds exactly to the same area corresponding to parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, but additionally, such documents lack the necessary solemnities to give them any value, as they are not authenticated, are not notarized (protocolizados), and do not have a certain date, added to the fact that the apparent area referred to generically in those acts is not supported by any cadastral map that allows its proper location and identification. Finally, the invocation by the defendant party of the exception established by article 7 of the Possessory Information Law is absolutely improper, according to which: “Properties located outside those areas and that have forests, may only be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), exercised for at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be properly demarcated and with fences or clean firebreaks.”

Without prejudice to what will be indicated later, the purposes and scope of the Ley de Informaciones Posesorias are clearly limited to regulating possession over lands that lack a registered title, and in this case, as has already been extensively explained, the lands of parcel 97044 formed part of a property that was already previously registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario (today INDER); consequently, the private documents of sale, according to which, in 1969 Pedro Godínez Zúñiga sold to Víctor Godínez Zúñiga the right of possession of the area of parcel 97044, and then on April 15, 1974, Mr. Víctor Godínez Zúñiga sold it to Filiberto Porras Quesada (who in turn transferred it to José Delio Porras Sánchez), are irrelevant and unenforceable for attempting to justify a better right of the co-defendant Porras Sánchez, besides the fact that, as already indicated, these private documents lack the necessary solemnities to give them any value, as they are not authenticated, are not notarized, and have no certain date, in addition to the fact that the apparent area referred to generically in those acts is not supported by any cadastral plan (plano catastrado) that allows its proper location and identification. But apart from what has been said, it is necessary to point out that the Ley de Informaciones Posesorias is not a rule that is applicable to this matter, because the registered title that the defendant José Delio Porras Sánchez obtained, corresponding to the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, did not arise from the filing and execution of an informational possession proceeding (regulated by the Ley de Informaciones Posesorias), but rather arose from an administrative Titling procedure processed before the Instituto de Desarrollo Agrario, based on a Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (issued by the IDA), which was annulled by the Constitutional Chamber in judgment No. 2063-07 of 2:40 p.m. on February 14, 2007, clarified by resolution No. 4517-07 at 6:19 p.m. on March 28, 2007. It must be clear to the co-defendant party that this is not an ordinary action for replevin (acción reivindicatoria) by INDER and a counterclaim of adverse possession (contrademanda de usucapión) by Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A.; consequently, the co-defendant's invocation of the Ley de Informaciones Posesorias and the issues it raises are not appropriate in this matter, because they exceed its purpose. This is a process of declaration of harmfulness (lesividad) in which the better right of possession or ownership of Mr. José Delio Porras Sánchez over the lands of parcel 97044 is not being discussed, but rather the validity of an administrative act that authorized a transfer of that property in favor of Mr. Porras Sánchez, in violation of the legal system, is being discussed. In other words, the purpose of this process is the review of the legality of that administrative conduct, and by connection, the legal consequence derived from that administrative act which would be the nullity of the registrable title that resulted from its execution.

XI.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. argues that by the date the Ley Forestal was published, possession had already been exercised over the property for around 40 years, generating a process of property improvement according to its nature, forest regeneration, vigilance, construction and maintenance of paths, improving protection areas and giving ecotourism use including a canopy that operates continuously. This argument is reiterative and inadmissible. To avoid unnecessary repetitions, we refer to what was stated in the preceding recitals, in the sense that what is being discussed here is not the better right of possession or ownership of Mr. José Delio Porras Sánchez over the lands of parcel 97044; what is being discussed is the illegality of the agreement adopted by the Board of Directors of the IDA in Article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, for direct violation of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal.

XII.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. argues that if possession predates the issuance of the administrative act permitting titling, and for private individuals dates back before 1970, and continues to this day in a peaceful, continuous, uninterrupted manner, in good faith and as and with title of owner, then these conditions prevent the conclusion that we are dealing with a public domain property (inmueble de naturaleza demanial), and therefore, the present action would be time-barred and has expired. This argument is inadmissible. Parcel 97044 of the parent property folio real 1-219039-000, which gave rise to the titling of the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, is a public domain asset (bien demanial). As already explained, certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003, which is a public document possessing authenticity, validity, and efficacy, declares that the area of that parcel 97044 represented in cadastral plan No. P-857134-2003 constitutes State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), that is, it is an asset of the public domain (see judgment of the Constitutional Chamber No. 1999-02988 at 11:57 a.m. on April 23, 1999), and this documentary evidence cannot be disregarded by this Court, while its falsity has not been demonstrated. This being so, being a public domain asset, it enjoys the characteristic of being imprescriptible (imprescriptible); therefore, the action filed by INDER in this case has not expired nor prescribed, by express provision of numeral 34 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which provides: “The declaration of harmfulness concerning the protection of public domain assets shall not be subject to any time limit.”

XIII.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. argues that INDER fails to specify clearly and precisely which requirements were not met and that the defect in the study of soil use conformity (estudio de uso conforme de suelos) is a defect that would not reach such a degree of seriousness as to generate the absolute nullity of the title. It indicates that, although the agreement authorizes different lawyers to file the respective judicial process, they do not have the competence to establish the grounds, which is a non-delegable act of the agency head. It asserts that INDER is referring to a property different from those stated in the ninth fact and thereby to a different owner. This argument is inadmissible. INDER did clearly state the nullity defects of the agreement challenged here. The agreement of INDER's Board of Directors contained in Article 47 of ordinary session 36, held on October 5, 2015, clearly indicates that in the titling file for parcel 97044: i. there is a certification from MINAE establishing that the parcel constituted State Natural Heritage according to Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal; ii. there is no record of a soil use conformity study from INTA having been submitted, and; iii. there is no record of a Report from the Instituto Geográfico Nacional. The INDER agreement that declares the harmfulness indicates that, despite these elements, the challenged agreement gave rise to the ownership title that was granted -among others- to José Delio Porras Sánchez, and that this act is harmful to public interests because said title was granted to the detriment of State Natural Heritage. The declaration of harmfulness agreement is clear and self-sufficient regarding the grounds on which the agreement challenged here was declared harmful to the public interest and must be annulled. Therefore, INDER's Board of Directors has not delegated to its lawyers the expression of the grounds on which it has qualified the challenged act as harmful to the public interest; what it ordered was the delegation to those lawyers of the filing of the declaration of harmfulness lawsuit, which is a different matter. Now, the discussion on whether the absence of the soil study is sufficient or not to declare the invalidity of the questioned act is sterile, because the violation of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal is a substantial infringement of the legal system that renders the act absolutely invalid, for having authorized the alienation of a portion of land that was State Natural Heritage and was inalienable. Finally, it is clear to the Court that INDER has filed a declaration of harmfulness action that is directly related to the titling of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, belonging to the property folio real matrícula 1-219039-000 of the province of San José, which gave rise to the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, registered in the name of José Delio Porras Sánchez and which was later sold to Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., so there are no different assets under discussion, nor is there any confusion on the matter.

XIV.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. argues that the act predates the entry into force of the current Código Procesal Contencioso Administrativo, so Transitory Provision III must be applied, which refers to the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, which indicated in its numeral 35 that the Administration had to declare an administrative act harmful to public, economic, or other interests, within the period of four years counted from the date it was issued. This argument is inadmissible. The agreement of the Board of Directors of the IDA adopted in Article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, was declared harmful by INDER's Board of Directors in the agreement contained in Article 47 of ordinary session 36, held on October 5, 2015, so given that the declaration of harmfulness was made in administrative proceedings when the Código Procesal Contencioso Administrativo was already in force, Article 34 subsection 2) of the referenced legal body is applicable to this case, which establishes that “the declaration of harmfulness concerning the protection of public domain assets shall not be subject to any time limit.”

XV.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. alleges that the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, which corresponds to parcel 97044 of the parent property folio real 1-219039-000, is not a public domain asset (bien de dominio público). It argues that on the date of the law's publication, INDER (formerly IDA) was not the owner of the property that now belongs to its represented party, nor had the territory been declared inalienable on that date, and it did not form part of national reserves as they were unregistered property of private individuals. This argument is inadmissible and reiterative. The defendant incurs a contradiction; it makes no sense to affirm that the property did not belong to the IDA and that it did belong to private individuals (in this case Pedro Godínez Zúñiga, Víctor Godínez Alvarado, Filiberto Porras Fonseca), if these persons never held an ownership title over the property, nor did they file informational possessory proceedings that would allow them to obtain a registered title over it, and, on the contrary, the IDA did have a registered title over parcel 97044, since it formed part of the property folio real matrícula 1-219039-000, registered in the name of the IDA, that is, it was the property of this autonomous entity (it should be clarified that none of the parties proved from what date it has been the property of INDER). And parcel 97044 (property of the IDA) had forest because certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003 declared that this land constituted State Natural Heritage, complementing public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, which declared that this parcel was mountain land, both documents coinciding in the area described in cadastral plan P-857134-03. This being so, what is argued is inadmissible.

XVI.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. alleges that the Ley Forestal No. 7575, in its Article 72, introduced a modification to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, and it must be interpreted that the public domain nature of the asset arises provided there are no possessors on the land who could title that asset, by demonstrating that they have possessed for ten years or more in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owners, caring for the forest and delimiting it with fences or paths, and that this is the only reasonable interpretation, because if public domain is recognized without being subject to that exception, no one could title land in forest, in which case the cited numeral 7 would have no reason to exist. This argument is reiterative and inadmissible. As already explained, the Ley de Informaciones Posesorias is not a rule applicable to this matter, because the registered title that the defendant José Delio Porras Sánchez obtained, corresponding to the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, did not arise from the filing and execution of an informational possession proceeding (regulated by the Ley de Informaciones Posesorias), but rather arose from an administrative Titling procedure processed before the Instituto de Desarrollo Agrario, based on a Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (issued by the IDA), which was annulled by the Constitutional Chamber in judgment No. 2063-07 of 2:40 p.m. on February 14, 2007, clarified by resolution No. 4517-07 at 6:19 p.m. on March 28, 2007. This is a process of declaration of harmfulness in which the better right of possession or ownership of Mr. José Delio Porras Sánchez over the lands of parcel 97044 is not being discussed, but rather the validity of an administrative act that authorized a transfer of that property in favor of Mr. Porras Sánchez, in violation of the legal system, is being discussed.

XVI.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. alleges prescription, that the property of interest has been in the possession of private individuals for more than ten years before the declaration made in the Ley Forestal, that the right of the private individual to acquire by adverse possession (usucapir) and title it in their name is recognized, and that the fatal prescription period has run for the State and any other institution like INDER to attempt to appropriate the land. This argument is inadmissible. It is reiterated that this process is not an action for replevin with a counterclaim of adverse possession, but rather a process of declaration of harmfulness. In any case, the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas is indeed a public domain asset (bien de dominio público) for the reasons already set forth in this ruling, so it enjoys the characteristic of being imprescriptible (imprescriptible), making the exception of prescription unenforceable.

XVII.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. alleges that the administrative resolution that declared the harmfulness in this case does not establish or determine the substantial non-conformity with the legal system that constitutes the invalidity of the administrative act declared harmful, nor does it analyze the elements of the act in order to locate the existence of any defect in one of them, nor does it identify against which public interest that other act is harmful, which does not constitute proper grounds. This argument is inadmissible. As already indicated, INDER did clearly state the nullity defects of the agreement challenged here. The agreement of INDER's Board of Directors contained in Article 47 of ordinary session 36, held on October 5, 2015, clearly indicates that in the titling file for parcel 97044: i. there is a certification from MINAE establishing that the parcel constituted State Natural Heritage according to Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal; ii. there is no record of a soil use conformity study from INTA having been submitted, and; iii. there is no record of a Report from the Instituto Geográfico Nacional. Furthermore, it indicated that, despite these elements, the challenged agreement gave rise to the ownership title that was granted -among others- to José Delio Porras Sánchez, and that this act is harmful to public interests because said title was granted to the detriment of State Natural Heritage. Consequently, the agreement of INDER's Board of Directors contained in Article 47 of ordinary session 36, held on October 5, 2015, is clear and sufficient in its grounds, it being determinable from said reasoning that the substantial infringement of the legal system presented by the questioned act is the violation of the inalienability of the transferred land in contradiction with Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, which prevented the alienation of areas that were State Natural Heritage. Therefore, the indicated agreement does meet the requirements of Articles 133, 136, and 158 of the Ley General de la Administración Pública.

XVIII.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. alleges that the supposed omissions consisting of the absence of a soil study and study from the Instituto Geográfico Nacional are omissions that fall within the sphere at most of relative nullity, and therefore, it is possible to apply the regime of cure or validation (saneamiento o convalidación) of administrative acts. It invokes subsection 2 of numeral 174 of the Ley General de la Administración Pública. This argument is inadmissible. It has already been indicated that the substantial infringement of the legal system incurred by the challenged act is the direct violation of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, by having alienated land that was forest and formed part of the State Natural Heritage. This is sufficient reason for the questioned act to be absolutely null. The same was clearly included within the grounds of the agreement that declared its harmfulness in administrative proceedings. Therefore, it is sterile to discuss whether the lack of the INTA soil study and the lack of the IGN report would or would not be defects that entail relative nullity, because even eliminating these requirements that were deemed absent in the challenged act, the infringement of the aforementioned numerals of the Ley Forestal would subsist. Consequently, Article 174 subsection 2 of the LGAP is inapplicable.

XIX.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. alleges that admitting that INDER has the power to register unregistered properties of private individuals in its name, for the purpose of facilitating their titling, only to later argue without any reason that those territories belong to it, results in the legalization of confiscation, which violates the most elementary principles of Administrative Law, which has proscribed arbitrariness in our country. This argument is inadmissible. It has already been reiterated that the property was indeed owned by INDER, because parcel 97044 was segregated from the property folio real matrícula 1-219039-000, whose owner is INDER, so it is not proper to continue insisting that the property was owned by private individuals; at most, what they held was possession under the tolerance of INDER, but as has already been explained, since these lands are State Natural Heritage, possession over them does not generate any right for private individuals. Now, it is well known that error does not generate right. If the Board of Directors of the IDA at the time was not well-advised or was unaware of the prohibition on alienating lands that are State Natural Heritage, such circumstance, while lamentable, cannot serve as a shield to prevent the annulment of acts issued by that collegiate body that violated the Ley Forestal and allowed the transfer of properties that should never have been alienated into the hands of private individuals. Consequently, what is argued is not admissible.

XX.- The co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. invokes the principles of good faith, legal certainty, and acquisition under the protection of registry publicity, and asserts that in accordance with Article 144 of the Ley General de la Administración Pública, INDER must fully indemnify its represented party. This argument is rejected. The Court is clear that the co-defendant company is the holder of the ownership right over the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, and that it acquired that property under the protection of registry publicity. However, this Chamber cannot in this judgment oblige the plaintiff entity to indemnify the co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., because there is no counterclaim against INDER, and by virtue of the party disposition principle (principio dispositivo) (Article 2.4 of the Código Procesal Civil) it is not available for this Court to substitute the exercise of the right of action of the parties to the process. The co-defendant must exercise the actions it deems pertinent, be it in administrative or judicial proceedings, to claim the damages it considers have been caused as a consequence of the registration of the title by INDER, that is, of the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas.

XXI.- The arguments expressed by the defendant José Delio Porras Sánchez are rejected. It is reiterated that the alleged possessions supposedly exercised by Messrs. Pedro Godínez Zúñiga, Víctor Godínez Alvarado, and Filiberto Porras Fonseca, which were transferred to José Delio Porras Sánchez, are not enforceable against the public domain, in this case, against the State Natural Heritage. Furthermore, the private sales letters provided by Mr. Porras Sánchez lack the necessary solemnities to give them any value, as these documents are not authenticated, are not notarized, and have no certain date, in addition to the fact that the apparent area referred to generically in those acts is not supported by any cadastral plan that allows its proper location and full identification. Moreover, it makes no sense to affirm that the property did not belong to the IDA and that it did belong to Pedro Godínez Zúñiga, Víctor Godínez Alvarado, and Filiberto Porras Fonseca, if these persons never held an ownership title over the property, nor did they file informational possessory proceedings that would allow them to obtain a registered title over it, and, on the contrary, the IDA did have a registered title over parcel 97044, since it formed part of the property folio real matrícula 1-219039-000, registered in the name of the IDA, that is, it was the property of this autonomous entity. And parcel 97044 (property of the IDA) had forest because certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003 declared that this land constituted State Natural Heritage, complementing public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, which declared that this parcel was mountain land, both documents coinciding in the area described in cadastral plan P-857134-03, both being public documents that have not been proven false. It should be taken into consideration that the notarized sworn statements given by Messrs. Eduardo Artavia Barrantes, Ramón Secundino Picado León, and Carlos Morales Cruz do not change in any way what is resolved here, because what they prove is the transfer of the right of possession from Mr. Pedro Godínez Zúñiga to Víctor Godínez Alvarado, from him to Filiberto Porras Fonseca, and from him to José Delio Porras Sánchez, but as already indicated, from these declarations it is not possible to infer an exact location and full identification of that right of possession over property 139716-000 of the province of Puntarenas, in addition to the fact that this right of possession never generated any better right in favor of those private individuals because it was prohibited by Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal (No. 7575 of 1996), which are the same prohibitions already established by the previous Ley Forestal (No. 4465 of 1969) in its ordinals 32, 33, and 34. Finally, even though those statements do not refer to what the original nature of the lands of the property in question was, because the declarants only indicate that in it “the natural resource has been conserved,” they would also not be useful to determine that specific aspect, because they would be mere subjective perceptions that do not have the ability to change what was declared in the SINAC certification and in the deed of notary Luis Enrique Wong Sánchez.

XXII.- ON THE SUBSTANTIVE DEFENSES.- By virtue of what has been resolved, the lack of right (falta de derecho) raised by both defendants must be rejected. The expiration (caducidad) and prescription have already been resolved and denied.

XXIII.- ON THE CLAIMS.- For all the reasons set forth in this judgment, it is proper to grant the lawsuit in the following terms: It is declared harmful to public interests and, consequently, the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, is partially annulled, only with regard to the authorization of segregation and transfer of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which generated the titling of the property Partido de Puntarenas Folio Real Matrícula 139716-000 in favor of Mr. José Delio Porras Sánchez, according to cadastral plan P-0857134-2003. By connection, public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, is partially annulled, through which Mr. Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager of the Instituto de Desarrollo Agrario, acting as generalísimo representative without limit of sum of that entity, segregated from the property folio real matrícula 219039-000 of the circuit of San José (Puriscal-Parrita Project), parcel number 97044, according to cadastral plan P-857134-03, and sold it to Mr. José Delio Porras Sánchez. By connection, the registration entry of the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, issued by the Registro Nacional, is annulled, and the area of that property must be incorporated into the parent property folio real matrícula 219039-000 of the province of San José, property of INDER. In the event that this area cannot be reincorporated into the indicated parent property, the Registro Nacional must register the property described in plan P-857134-2003, in the name of INDER. By connection (Article 122 subsections a and k of the CPCA), the registration entry of the cadastre plan number P-857134-2003 issued by the Registro Nacional is annulled.

XXIV.- ON COSTS.- In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. The granting of relief from this award is only viable when there has been, in the opinion of the Court, sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Court considers that the present declaration of harmfulness lawsuit has derived from administrative conduct that generated the constitution of an ownership title over a property that was duly registered in the Registro Nacional and incorporated into the traffic of acquirable goods in the private sphere, which even led to the co-defendant Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. acquiring that asset under the protection of registry publicity, and therefore, the exercise of the defense of the defendants' position in this declaration of harmfulness process constitutes sufficient reason to litigate. This being so, this Chamber considers that the proper course is to resolve the present matter without special award of costs.

POR TANTO

The defenses of expiration and prescription, as well as the exception of lack of right, are rejected. Consequently, the filed lawsuit is granted. The agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 39, of session 031-04, dated August 23, 2004, is declared harmful to public interests and, consequently, is partially annulled, only with regard to the authorization of segregation and transfer of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which generated the titling of the property Partido de Puntarenas Folio Real Matrícula 139716-000 in favor of Mr. José Delio Porras Sánchez, according to cadastral plan P-0857134-2003. By connection, public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, is partially annulled, through which Mr. Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager of the Instituto de Desarrollo Agrario, acting as generalísimo representative without limit of sum of that entity, segregated from the property folio real matrícula 219039-000 of the circuit of San José (Puriscal-Parrita Project), parcel number 97044, according to cadastral plan P-857134-03, and sold it to Mr. José Delio Porras Sánchez. By connection, the registration entry of the property folio real matrícula 139716-000 of the province of Puntarenas, issued by the Registro Nacional, is annulled, and the area of that property must be incorporated into the parent property folio real matrícula 219039-000 of the province of San José, property of INDER. In the event that this area cannot be reincorporated into the indicated parent property, the Registro Nacional must register the property described in plan P-857134-2003, in the name of INDER as its owner.

By connection, the registration entry for the inscription of cadastral plan number P-857134-2003 issued by the Registro Nacional is annulled. Decided without special award of costs. Eduardo González Segura, Lourdes Vargas Castillo, Marco Hernández Vargas. Trial Judges.

 

 




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Document signed by:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECIDING JUDGE
LOURDES VARGAS CASTILLO, DECIDING JUDGE
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECIDING JUDGE

 

EXP: 15-010360-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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