Res. 00661-2024 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Reclassification of illegal fishing to piracy under precautionary principleRecalificación de pesca ilegal a piratería bajo principio precautorio

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00661 - 2024

Fecha de la Resolución: 22 de Abril del 2024 a las 16:00

Expediente: 16-001793-0485-PE

Redactado por: Gustavo Adolfo Gillén Bermudez

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo

Normativa internacional

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vida submarina (Obj 14)

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Pesca ilegal

Subtemas:

Consideraciones sobre la protección penal del ambiente mediante delitos de peligro abstracto y su relación con el principio precautorio.

Tema: Medio ambiente

Subtemas:

Consideraciones sobre la protección penal del ambiente mediante delitos de peligro abstracto y su relación con el principio precautorio.

Tema: Principio precautorio en materia ambiental

Subtemas:

Consideraciones sobre la protección penal del ambiente mediante delitos de peligro abstracto y su relación con el principio precautorio.

Tema: Delito de peligro abstracto

Subtemas:

Consideraciones sobre la protección penal del ambiente mediante delitos de peligro abstracto y su relación con el principio precautorio.

"II.iii.- [...] Respecto de la naturaleza de los delitos cometidos en perjuicio de los recursos naturales, como lo es el presente caso, ya este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en un caso similar, con una diferente integración (Murillo Mora, Jiménez González y Madrigal Lizano), en voto número 1124-2022, el cual se comparte, señaló: "...[...]...Mayoritariamente, en virtud de la fragilidad y relevancia vital del medio ambiente, su protección en materia penal lo es mediante delitos de peligro abstracto, pues precisamente lo que se busca es sancionar las conductas descritas en la norma que puedan poner en riesgo el medio ambiente y no esperar a que éste resulte lesionado de manera grave o irreparable. Esto tiene su razón de ser en el principio precautorio, que resulta ser uno de los enfoques fundamentales en materia ambiental y que ha sido analizado de manera profusa por la Sala Constitucional: "[...] XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación" (Sala Constitucional, sentencia número 1923-2004 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. Ver en este sentido la sentencia número 00480-2015 de las 8:59 horas del 8 de abril del 2015 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). En este caso en concreto, se acusó y en sentencia quedó demostrado, que los imputados -de común acuerdo y a sabiendas de que se trataba de un método no permitido y que se encontraban en un área silvestre (límites de la Universidad EARTH)-, pescaron ilegalmente un pescado tipo Moga de 20 centímetros de longitud, para lo cual utilizaron arbaletas y arpones, poniendo en peligro la continuidad de las especies del ecosistema rivereño. El simple uso de arbaletas y pesca en aguas continentales (en este caso, un río) se encuentra prohibido por ley porque, al utilizarse, crea un peligro para la continuidad de las especies, como lo exige el tipo penal ya citado  (ver en este sentido, la sentencia número 2016-266 de las 16:17 horas del 28 de abril de 2016, dictada por el Tribunal de Apelación Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda), sin que fuera necesario -como erróneamente lo pretende la quejosa-, que se verificara la concreta afectación al bien jurídico (poner en peligro la continuidad de la especie), pues el análisis e interpretación de las normas que tutelan el medio ambiente, debe hacerse a la luz del principio precautorio (in dubio pro natura) por las razones ya expuestas...[...]..." (el resaltado es suplido), de donde claramente se tiene que contrario a lo reclamado por la defensa, para tener por consumado el ilícito, no es necesario la efectiva captura de las especies ictícolas presentes en las aguas en las que el acusado desarrolló la actividad investigada, sino que basta con ejercer las artes necesarias para su posible captura. Conforme lo señaló el recurrente, el artículo 2 inciso 14) de la ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura, define desembocadura como: "...Sitio o lugar donde un río, un estero o laguna confluye con el mar o el océano, y cuya área de influencia acuática se extiende a un semicírculo de un kilómetro de radio, a partir del centro de dicha boca", no obstante, en lo que yerra el impugnante es en la interpretación que realiza de dicha definición, pues desconoce el principio indubio pro natura antes citado que debe regir en los casos en los que se vea afectado el medio ambiente. [...]" 

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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Piratería

Subtemas:

Consideraciones y distinción con el delito de pesca ilegal.

Tema: Pesca ilegal

Subtemas:

Consideraciones y distinción con el delito de piratería.

"III.- [...] Al aplicar el artículo 97 de la ley número 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, el a quo omitió considerar que el párrafo 4 del artículo 1 de dicha ley establece: "...La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación específica se establecen en la Ley N° 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N°. 8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde a Incopesca; asimismo, no aplicará a las especies forestales, los viveros, los procesos de reforestación, el manejo y la conservación de bosques y los sistemas agroforestales, cuya regulación específica se establece en  la Ley Forestal , N° 7575, de 13 de febrero de 1996, y sus reformas" (el resaltado es suplido), lo que remite la regulación de la actividad realizada por el imputado a la Ley de Pesca y Acuicultura y no a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, como de forma incorrecta se señaló en la decisión jurisdiccional ahora examinada. Ahora bien, el párrafo 1 de la ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura indica: "Prohíbanse el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas", y el numeral 153 de la mismas regulación legal señala: "Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se sancionará con multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso" (el resaltado es suplido), desprendiéndose claramente entonces, que la acción sancionada en este cuerpo normativo es la pesca comercial o deportiva en las áreas silvestres protegidas, al amparo de una autorización estatal, lo que tampoco es el supuesto en el que fue sorprendido el acusado [Nombre 001], pues al momento de los hechos no contaba con la mencionada autorización estatal para dedicarse a la actividad pesquera comercial o deportiva. Luego, al no ser aplicables al caso bajo estudio las leyes especiales, debe entonces operar el artículo 265 inciso 1) del Código Penal, el cual establece: "Será reprimido con prisión de tres a quince años: 1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o quien practique en dichos lugares algún acto de depredación o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se encuentren en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida" (el resaltado es suplido), descripción típica que desarrolla de forma completa la acción realizada por el imputado [Nombre 001], constituyendo entonces el delito de piratería. Así lo ha entendido la Sala de Casación Penal, en su función unificadora de criterio jurisprudencial, entre otros en el voto número 424-2015, que por su claridad se transcribe de forma extensa, el cual se comparte, cuando señaló: "...[...]...En todo caso, con el afán de evacuar la cuestión planteada por el quejoso, la Sala procede a dirimir la aparente contradicción entre los pronunciamientos que cita. Debe recordarse que en su voto 662, de las 14:45 horas del 10 de diciembre del 2007, el entonces Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sostuvo que a la especie fáctica demostrada había de aplicarse el artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura (ley 8436, del 25 de abril del 2005); pero anuló la sentencia por cuestiones procesales y ordenó el reenvío (folio 196). Aun así, dejando de lado ese otro aspecto que también acarrearía que la pretendida contradicción no exista, vale en gracia de discusión recordar que esa norma dispone que “Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se sancionará con multa de veinte a sesenta  salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso.” La Isla del Coco, donde fue sorprendido el imputado ejerciendo faenas de pesca, se halla justamente dentro de los lugares prohibidos por el artículo 9 referido, pues entra en la categoría de “parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas”, indicada en el primer párrafo. Por su parte, el artículo 258 del Código Penal (desde el 10 de julio del 2012, artículo 265), que fue considerado como el aplicable por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en el voto 102, de las 15 horas del 14 de febrero del 2014, indica: “Será reprimido con prisión de tres a quince años: 1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o quien practique en dichos lugares algún acto de depredación o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se encuentren en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida….” Como es visible, las acciones contempladas en ambas disposiciones se refieren a bienes y áreas que parcialmente coinciden, porque si bien los ríos navegables, el mar continental y la plataforma continental abarcan las zonas descritas en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura, son mucho más amplios que estas, incluyendo otras listas que no son “parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas”. Lo relevante en este asunto es que, en lo que concierne al área en que el encartado ejercía la pesca comercial, está cubierta por las dos normas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que hace particular la norma de la Ley de Pesca y Acuicultura; a saber, que esta hace alusión a una hipótesis en que (indebidamente) se haya concedido el permiso para realizar la pesca comercial o deportiva en esos espacios. II. Esta posición ha sido sostenida por la Sala Tercera en otras oportunidades, entre las cuales destaca el voto 379, de las 9:06 horas del 30 de abril del 2008, en el cual el tema fue más prolijamente desarrollado, señalando: “Visto el contenido de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, publicada en La Gaceta N° 78 de 25 de abril de 2005, se observa cómo, contrario al interés del impugnante, su contenido no deroga expresa ni tácitamente el delito de piratería contemplado en el artículo 258 del Código Penal sino, más bien, dichas normas se complementan, acorde con lo dispuesto en el artículo 5 de esa normativa, que señala: “Declarase de utilidad pública e interés social, la actividad pesquera y se declaran de interés nacional el fomento y desarrollo de esa actividad y de la industria afín. Se entiende por actividad pesquera la que se practica con fines científicos, académicos, comerciales o de acuicultura, así como los procesos de extracción, transporte y comercialización de los recursos acuáticos pesqueros; por industria afín se entienden los procesos de industrialización de dichos recursos. Esta actividad estará sujeta a los tratados y convenios internacionales que el país haya suscrito sobre pesca, acuicultura, recurso hídrico y materia ecológica, así como a las leyes nacionales sobre las mismas materias, a la presente Ley y a sus disposiciones reglamentarias.” (la negrita se suple). En igual sentido, en el artículo 9, se establece: “Prohíbense el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas.” (el subrayado se suple), y sobre esa base se extrae que, no existe posibilidad alguna de otorgar licencias de pesca en las citadas áreas por imperativo legal. Ahora bien, visto el contenido del artículo 153 de la citada Ley, que dispone: “Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se sancionará con multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. Si corresponde, al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso.” (la negrita es suplida), es evidente que, contrario a lo que arguye el recurrente, no resulta aplicable al presente asunto. Es necesario puntualizar que la remisión que se hace al contenido del párrafo primero del artículo 9 -que contiene en lo conducente una prohibición expresa para el ejercicio de la pesca en los parques nacionales-, no contempla los hechos tenidos por demostrados en el presente asunto, a saber, que en dos oportunidades el imputado en el Parque Nacional y Área de Conservación Marina Isla del Coco, realizaba la explotación de la riqueza ictiológica sin autorización alguna. En efecto, el artículo 153 ibídem, resulta aplicable a quien ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva amparado en una licencia concedida por INCOPESCA para el desarrollo de la actividad acuícola y de pesca en áreas protegidas donde existe una prohibición absoluta de ejercer esa actividad y, en tal sentido, también se sanciona al funcionario público que otorgó la licencia, ya que su actuación resultaría contraria a la ley. Por el contrario, el numeral 258 del Código Penal resulta aplicable, en el siguiente caso: “1) El que realizare en los ríos navegables en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o que practicare en dichos lugares algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida; o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida;[…]”. Resulta evidente que este tipo penal sanciona en su inciso primero a quien ejerce la actividad de explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas careciendo de la licencia respectiva. En el caso de que una persona sea hallada efectuando una actividad de pesca comercial o deportiva en un área protegida pero amparado en una licencia concedida por INCOPESCA, la legislación aplicable resulta ser la Ley de Pesca y Acuicultura Número 8436, en su ordinal 153, sancionado con pena de multa. En el presente asunto, de acuerdo con el cuadro fáctico tenido por acreditado, el imputado incurrió en dos delitos de piratería al pescar en el área protegida del Parque Nacional y Área de Conservación Marina Isla del Coco sin licencia alguna, conducta ilícita que se encuentra vigente y contemplada en el artículo 258 del Código Penal.” III. Esa argumentación puede fortalecerse a mayor abundamiento, agregando que, basta dar una mirada al conjunto del articulado del Título X de esa ley (que va del 131 al 158), para percatarse que, entre las muchas hipótesis que regula, cuando lo hace en cuanto a la pesca en sí misma como explotación de recursos naturales, siempre se trata de una pesca autorizada, de la cual se ha abusado, ha caducado el permiso, no se porta abordo la documentación, entre otras posibilidades. Es decir, se está ante situaciones en que el sospechoso incumple los permisos otorgados o sus condiciones. En lo que respecta al artículo 153, hay una circunstancia calificada, como es que el permiso haya sido indebidamente concedido para pescar en “parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas”. Por eso se prevé la sanción tanto para quien efectúe esa pesca ilegal como para el funcionario que (en contra del Ordenamiento Jurídico) la autorizó. Sin embargo, en el presente asunto no se está ante esa escena. IV. El justiciable González Fernández no contaba con el permiso (ilegalmente) concedido por ningún funcionario público. Por ende, no estaba dentro de las previsiones del artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Al no ser así, su conducta no quedaba regulada por ese tipo específico, sino por el general contenido en el artículo 265 (antes 258) del Código Penal, que sanciona la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la Nación. Así las cosas, debe estimarse que correctamente se estimó por parte de las juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, que se está ante un delito de piratería, y no ante una infracción del artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura...[...]...", posición también avalada por este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, con diferente integración (González González, Mena Artavia y Araya Vega), en el voto número 1089-2023. Así las cosas, debe revocarse la sentencia impugnada únicamente en cuanto calificó los hechos probados como un delito de pesca ilegal, recalificándolos a un delito de piratería, de conformidad con el artículo 265 inciso 1) del Código Penal. [...]"

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Texto de la resolución

Resolución: 2024-0661

Expediente: 16-001793-0485-PE(18)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las dieciséis horas del veintidós de abril de dos mil veinticuatro.-

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [...], nacido en Limón, el 25 de agosto de 1972, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], soltero, vecino de Limón, Pococí; por el delito de PESCA COMERCIAL O DEPORTIVA ILEGAL EN PARQUES NACIONALES, en perjuicio de LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE. Intervienen en la decisión el juez Gustavo Adolfo Gillen Bermúdez y las juezas Francini Quesada Salas y Marianela Corrales Pampillo. Se apersonó en esta sede el licenciado Giovanni Herrera Alvarado en condición de Defensor Público del imputado [Nombre 001].

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 864-2023, de las dieciséis horas ocho minutos del primero de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Penal de Juicio de Guápiles, resolvió: "POR TANTO:De conformidad con las reglas de la lógica, de la sana crítica racional, además de los numerales 35, 39 y 41 de la Constitución Política; 7 y 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos; 1, 2, 4, 5, 10, 11, 18 a 20, 30, 31, 45, 50, 59 a 63, 71 del Código Penal; 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 238, 244, 324 a 338, 360, 361, 363 a 365, 367 del Código Procesal Penal; 97 de la Ley de Conservación de vida Silvestre, al resolver en definitiva la presente causa, este Tribunal declara a [Nombre 001] AUTOR Y ÚNICO RESPONSABLE de un delito de PESCA COMERCIAL O DEPORTIVA ILEGAL EN PARQUES NACIONALES, cometido en perjuicio de la LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE; y por tal hecho se le impone la pena de DOS MESES DE PRISIÓN, pena que deberá descontar en el lugar y forma en que lo determinen las leyes y reglamentos carcelarios, previo abono de la prisión preventiva si hubiera sufrido. Por reunir los requisitos del numeral 59 a 63 del Código Penal, se le concede el Beneficio de Ejecución de la Pena al imputado [Nombre 001], esto por el espacio de tres años, a partir de la firmeza de la presente sentencia, haciéndole ver que no puede recibir una sentencia mayor a seis meses de prisión en caso de que eso suceda se le revocara el beneficio aquí concedido y tendrá que descontar en un centro penal la pena impuesta. No existe medida cautelar en el presente proceso, ni se impone. Se ordena comunicar lo aquí ya resuelto al Instituto Nacional de Criminología, al Juzgado de Ejecución de la Pena, Registro Judicial para lo correspondiente. En cuanto a los gastos del proceso judicial serán a cargo del Estado, se resuelve sin especial condenatoria en costas. En cuanto a la evidencia, siendo este un trasmallo, se ordena el comiso a favor del Estado para su destrucción. Notifíquese mediante lectura integral, misma que se realizará el día miércoles 08 de noviembre del presente año. PROCÉDASE.-  " (sic).

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Giovanni Herrera Alvarado en condición de Defensor Público, interpuso recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Gillen Bermúdez; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Admisibilidad. Contra la sentencia número 864-2023, dictada a las dieciséis horas ocho minutos de primero de noviembre de dos mil veintitrés, por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, interpuso recurso de apelación el licenciado Giovanni Herrera Alvarado, defensor público del imputado [Nombre 001]. De la revisión del recurso se evidencia que fue interpuesto dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, según lo dispone el artículo 459 del Código Procesal Penal, y cumple con los presupuestos de admisibilidad establecidos por los artículos 458 y 460 de dicho cuerpo normativo, lo cual permite su conocimiento en los términos del artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se admite para su estudio y resolución de fondo.

 II.i.- En el primer motivo de apelación, señaló inconformidad con la fundamentación de la pena. A su juicio, el tribunal de sentencia calificó de forma incorrecta la acción desplegada por el imputado, al relacionarla con la norma contenida en el artículo 97 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Luego de transcribir los hechos probados, afirmó que para darle contenido al artículo en cuestión, debe hacerse a la luz de la definición contenida en el numeral 2 inciso 33) de la Ley de Pesca y Acuicultura, el cual define qué debe entenderse como pesca; por lo que cuando el primero señala que será sancionado quien pesque en aguas continentales utilizando trasmallo, en opinión del recurrente, debe interpretarse que será objeto de sanción quien capture, cace o extraiga animales acuáticos en aguas continentales empleando trasmallo; y como en este caso no se determinó que se capturaran, cazaran o extrajeran peces, entonces tampoco se podía afirmar que el imputado hubiese pescado. Sostuvo que, aunque a esta figura jurídica se le ha dado un tratamiento de tipo penal de peligro, al realizar una interpretación restrictiva, se trata de un tipo penal de resultado, puesto que para su configuración se exige que se capture, cace o extraiga animales acuáticos. Luego de transcribir parcialmente la sentencia impugnada, señaló que el tribunal de instancia nunca se planteó cuál era el contenido que debía darle al verbo típico. Agregó que, lo que la cámara de mérito tuvo por probado, fue que el sindicado utilizó un arte de pesca ilegal o trasmallo, siendo que la acción de pescar, conforme el artículo 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre no le fue imputada, sino solamente el utilizar un arte de pesca ilegal. Reprochó que, la sentencia no valoró que la citada ley sanciona la pesca con artes prohibidas en aguas continentales, haciendo extensivo el tipo penal a la desembocadura de los ríos. Explicó que, la Ley de Pesca y Acuicultura contiene la definición de desembocadura de ríos, lagos y lagunas, como el lugar donde éstos convergen con el mar, agregando que tales desembocaduras tienen un área de influencia acuática extendida a un semicírculo de un kilómetro de radio a partir del centro de dicha boca, área que no integra el concepto de desembocadura como tal, por lo que en opinión del recurrente, resulta incorrecto considerar que tal área de influencia acuática forme parte de la boca del rio, realizándose una interpretación extensiva del tipo penal, pues la delincuencia perseguida solo se podía configurar al pescar con trasmallo en la desembocadura del Río Tortuguero, mientras que el acusado fue sorprendido sacando un trasmallo del mar, no de las aguas continentales. Reclamó, lo que consideró la falta de fundamentación jurídica concerniente a la demostración del elemento objetivo del dolo, pues de la información aportada por los testigos de cargo no se desprendió que, en el lugar, al momento de los hechos, existiera señalización respecto a la prohibición de pesca en el mar, lo que atribuyeron los testigos a la falta de recursos estatales. Afirmó que, con excepción de las desembocaduras, la pesca en aguas oceánicas no se encuentra prohibida en nuestra legislación. Solicitó se declare con lugar el motivo de apelación y se absuelva al imputado de responsabilidad en los hechos acusados. En el segundo motivo de apelación, señaló inconformidad con la fundamentación intelectiva de la sentencia. Reclamó que, de la declaración de los testigos Aguilar Badilla y Navarro Montero, no fue posible derivar que el imputado estuviera pescando con el trasmallo; si este era de su propiedad; si fue él quien lo colocó en el mar; cuánto tiempo estuvo allí dicho trasmallo o si cuando fue detenido no lo había terminado de instalar; si al momento de la detención lo estaba colocando o lo estaba quitando, dudas que no fueron aclaradas por el tribunal de juicio. Luego de transcribir parcialmente la declaración de los testigos Aguilar Badilla y Navarro Montero, afirmó que el primer testigo indicó que el imputado fue visto quitando el trasmallo, mientras que el segundo señaló que lo acababa de poner, sin saber si lo había puesto la noche anterior, o si tenía quince minutos de estar allí. Reprochó que, pese a tal contradicción el tribunal de juicio los tomó como base para establecer los hechos probados, cuando en criterio del recurrente, de tales testimonios no es posible derivar una sola conclusión, pues se oponen entre sí. Sostuvo que, ante la falta de certeza en cuanto a qué era lo que el acusado estaba realizando en el momento en que fue detenido, lo que correspondía era la aplicación del principio in dubio pro reo. Solicitó, declarar con lugar el motivo de apelación, anular la sentencia impugnada y ordenar el reenvío de la causa para una nueva sustanciación. II.ii.- Posición del Ministerio Público. Debidamente emplazado sobre el recurso de apelación planteado por la defensa, el Ministerio Público no realizó pronunciamiento. II.iii.- Por encontrarse relacionados, ambos motivos de apelación se resuelven de forma conjunta y se declaran sin lugar. Con el fin de resolver de forma correcta el reclamo planteado, resulta de importancia establecer que el tribunal de juicio, determinó la responsabilidad penal del imputado [Nombre 001], por los siguientes hechos: "1.- El diez de setiembre del año dos mil dieciséis, al ser aproximadamente las seis horas, en Pococí, Tortuguero, propiamente a 500 metros de la bocana, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, en la zona de la playa, el acusado [Nombre 001], a sabiendas de la ilicitud de sus actos y sin contar con los permisos de las autoridades competentes para la pesca dentro de un área de protección, utilizó un arte de pesca ilegal para la pesca, al usar un trasmallo de 36 metros de largo, 2.7 metros de ancho y 2.5 pulgadas de ojo de luz color blanco, el cual fue observado por oficiales de MINAET mientras sacaba de dentro del mar el arte de pesca ilegal, momento en que fue detenido en flagrante delito" (errores ortográficos y de redacción corresponden con el original, expediente electrónico, documentos asociados, "Sentencia: Plantilla Genérica", página 8, incorporada a las 13:14 horas de 8/11/2023). Respecto de la naturaleza de los delitos cometidos en perjuicio de los recursos naturales, como lo es el presente caso, ya este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en un caso similar, con una diferente integración (Murillo Mora, Jiménez González y Madrigal Lizano), en voto número 1124-2022, el cual se comparte, señaló: "...[...]...Mayoritariamente, en virtud de la fragilidad y relevancia vital del medio ambiente, su protección en materia penal lo es mediante delitos de peligro abstracto, pues precisamente lo que se busca es sancionar las conductas descritas en la norma que puedan poner en riesgo el medio ambiente y no esperar a que éste resulte lesionado de manera grave o irreparable. Esto tiene su razón de ser en el principio precautorio, que resulta ser uno de los enfoques fundamentales en materia ambiental y que ha sido analizado de manera profusa por la Sala Constitucional: "[...] XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación" (Sala Constitucional, sentencia número 1923-2004 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. Ver en este sentido la sentencia número 00480-2015 de las 8:59 horas del 8 de abril del 2015 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). En este caso en concreto, se acusó y en sentencia quedó demostrado, que los imputados -de común acuerdo y a sabiendas de que se trataba de un método no permitido y que se encontraban en un área silvestre (límites de la Universidad EARTH)-, pescaron ilegalmente un pescado tipo Moga de 20 centímetros de longitud, para lo cual utilizaron arbaletas y arpones, poniendo en peligro la continuidad de las especies del ecosistema rivereño. El simple uso de arbaletas y pesca en aguas continentales (en este caso, un río) se encuentra prohibido por ley porque, al utilizarse, crea un peligro para la continuidad de las especies, como lo exige el tipo penal ya citado  (ver en este sentido, la sentencia número 2016-266 de las 16:17 horas del 28 de abril de 2016, dictada por el Tribunal de Apelación Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda), sin que fuera necesario -como erróneamente lo pretende la quejosa-, que se verificara la concreta afectación al bien jurídico (poner en peligro la continuidad de la especie), pues el análisis e interpretación de las normas que tutelan el medio ambiente, debe hacerse a la luz del principio precautorio (in dubio pro natura) por las razones ya expuestas...[...]..." (el resaltado es suplido), de donde claramente se tiene que contrario a lo reclamado por la defensa, para tener por consumado el ilícito, no es necesario la efectiva captura de las especies ictícolas presentes en las aguas en las que el acusado desarrolló la actividad investigada, sino que basta con ejercer las artes necesarias para su posible captura. Conforme lo señaló el recurrente, el artículo 2 inciso 14) de la ley 8436 Ley de Pesca y Acuicultura, define desembocadura como: "...Sitio o lugar donde un río, un estero o laguna confluye con el mar o el océano, y cuya área de influencia acuática se extiende a un semicírculo de un kilómetro de radio, a partir del centro de dicha boca", no obstante, en lo que yerra el impugnante es en la interpretación que realiza de dicha definición, pues desconoce el principio indubio pro natura antes citado que debe regir en los casos en los que se vea afectado el medio ambiente. Atendiendo a tal principio, es criterio de esta cámara de alzada, que la señalada zona de influencia acuática debe tenerse como parte de la desembocadura de los ríos, esteros o lagunas que confluyen con el océano, y por tanto parte de las aguas continentales del país. Así, en el caso bajo estudio, al ser ubicado el imputado [Nombre 001] dentro del área de influencia de la desembocadura del Río Tortuguero, se debe tener como ejerciendo acciones de pesca en aguas continentales como de forma correcta se tuvo por demostrado en sentencia. En cuanto a la afirmación del testigo Montero Navarro de que en la zona en que acaecieron los hechos investigados no se cuenta con rotulación informando la prohibición de pesca en el lugar, debe indicarse que tal aseveración carece del peso que le atribuye la defensa, pues aún sin la citada rotulación, debe tenerse presente que los hechos ocurrieron dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, aspecto que por sí mismo hacía ver al encartado que en dicho lugar está prohibida la pesca, pues se trata esta de información pública, de conocimiento general de los ciudadanos residentes en todo el territorio nacional. También señaló la defensa la existencia de duda en cuanto a que no fue posible derivar de las declaraciones de los oficiales del Ministerio del Ambiente y Energía recibidos en juicio, si al momento de su aprehensión, el acusado [Nombre 001] estaba colocando o retirando el trasmallo que le fuera incautado, posición que no puede ser prohijada. Independientemente de si el imputado estaba iniciando con la colocación del trasmallo, o por el contrario estaba retirándolo en busca del resultado de la pesca, es lo cierto que estaba utilizando un arte de pesca en el lugar, en terrenos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, desarrollando acciones evidentemente dirigidas a la pesca en dicho sitio, acción que puso en peligro las especies ictícolas del lugar, con lo que se consumó el ilícito acusado. Tal y como se indicó ut supra, al tratarse de un delito de peligro, la consumación de tal ilícito se constituye con el inicio de las acciones directamente encaminadas a la captura de las especies animales del lugar, sin que sea necesario establecer como de forma incorrecta lo exigió la defensa, el tiempo que el trasmallo tenía en el lugar, o la propiedad de este, pues quien fue ubicado utilizándolo fue el imputado [Nombre 001] y no otra persona. En razón de lo anterior, al constatarse la inexistencia de los vicios reclamados, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la defensa del imputado [Nombre 001].

 III.- De conformidad con el artículo 459 del Código Procesal Penal, este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, debe señalar aún de oficio los defectos absolutos o quebrantos al debido proceso que localice al realizar el examen integral de la sentencia impugnada. Así, del puntilloso análisis de la decisión jurisdiccional bajo estudio, se deriva la incorrecta calificación legal de los hechos tenidos por demostrados en sentencia. Más allá de ser una brevísima fundamentación, aunque aceptada por la defensa que no reclamó tal punto, se trata de una calificación legal inapropiada, posiblemente influída por la calificación provisional con que el Ministerio Público estableció el posible delito acusado (expediente electrónico, documentos asociados, "Acusación y Solicitud de Auto de Apertura a Juicio: Comunicación a Ofendido", documento incorporado a las 15:16 horas de 26/10/2016). Debe recordarse que si bien el órgano acusador al presentar su requerimiento realiza una calificación provisional de los hechos, el tribunal de juicio se encuentra en la obligación de revisarla y de ser necesario en aplicación del principio iura novit curia, establecer la adecuada aplicación del derecho a la acción desplegada por el imputado, lo que en este caso no ocurrió. Así, al realizar el análisis jurídico de los hechos acreditados en debate, el tribunal de juicio señaló: " ...[...]...en cuanto a la tipicidad objetiva se tiene el numeral 97 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en donde se indica que "será sancionado quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y quebradas hasta su desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás humedales-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas, atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies". Así como el artículo 13 de la Ley de Pesca en donde se indica "El INCOPESCA ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas continentales y marinas. En aguas continentales, la protección de los recursos acuáticos le corresponderá al MINAE. Dentro de estas últimas estarán comprendidos los ríos y sus desembocaduras, los lagos, las lagunas y los embalses, incluso las áreas declaradas como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, manglares, humedales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre y monumentos naturales, con apego a la legislación vigente y a los dispuesto en los tratados internacionales ratificados, en especial en el RAMSAR". En esta misma ley la definición de desembocadura se indica lo siguiente: "14. Desembocadura: Sitio o lugar donde un río, un estero o laguna confluye con el mar o el océano, y cuya área de influencia acuática se extiende a un semicírculo de un kilómetro de radio, a partir del centro de dicha boca", por lo cual el accionar del sentenciado está debidamente regulado en la normativa nacional...[...]..." (errores de redacción corresponden al original, expediente electrónico, documentos asociados, "Sentencia: Plantilla Genérica", página 15, incorporada a las 13:14 horas de 8/11/2023). Al aplicar el artículo 97 de la ley número 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, el a quo omitió considerar que el párrafo 4 del artículo 1 de dicha ley establece: "...La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación específica se establecen en la Ley N° 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N°. 8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde a Incopesca; asimismo, no aplicará a las especies forestales, los viveros, los procesos de reforestación, el manejo y la conservación de bosques y los sistemas agroforestales, cuya regulación específica se establece en  la Ley Forestal , N° 7575, de 13 de febrero de 1996, y sus reformas" (el resaltado es suplido), lo que remite la regulación de la actividad realizada por el imputado a la Ley de Pesca y Acuicultura y no a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, como de forma incorrecta se señaló en la decisión jurisdiccional ahora examinada. Ahora bien, el párrafo 1 de la ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura indica: "Prohíbanse el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas", y el numeral 153 de la mismas regulación legal señala: "Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se sancionará con multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso" (el resaltado es suplido), desprendiéndose claramente entonces, que la acción sancionada en este cuerpo normativo es la pesca comercial o deportiva en las áreas silvestres protegidas, al amparo de una autorización estatal, lo que tampoco es el supuesto en el que fue sorprendido el acusado [Nombre 001], pues al momento de los hechos no contaba con la mencionada autorización estatal para dedicarse a la actividad pesquera comercial o deportiva. Luego, al no ser aplicables al caso bajo estudio las leyes especiales, debe entonces operar el artículo 265 inciso 1) del Código Penal, el cual establece: "Será reprimido con prisión de tres a quince años: 1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o quien practique en dichos lugares algún acto de depredación o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se encuentren en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida" (el resaltado es suplido), descripción típica que desarrolla de forma completa la acción realizada por el imputado [Nombre 001], constituyendo entonces el delito de piratería. Así lo ha entendido la Sala de Casación Penal, en su función unificadora de criterio jurisprudencial, entre otros en el voto número 424-2015, que por su claridad se transcribe de forma extensa, el cual se comparte, cuando señaló: "...[...]...En todo caso, con el afán de evacuar la cuestión planteada por el quejoso, la Sala procede a dirimir la aparente contradicción entre los pronunciamientos que cita. Debe recordarse que en su voto 662, de las 14:45 horas del 10 de diciembre del 2007, el entonces Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sostuvo que a la especie fáctica demostrada había de aplicarse el artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura (ley 8436, del 25 de abril del 2005); pero anuló la sentencia por cuestiones procesales y ordenó el reenvío (folio 196). Aun así, dejando de lado ese otro aspecto que también acarrearía que la pretendida contradicción no exista, vale en gracia de discusión recordar que esa norma dispone que “Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se sancionará con multa de veinte a sesenta  salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso.” La Isla del Coco, donde fue sorprendido el imputado ejerciendo faenas de pesca, se halla justamente dentro de los lugares prohibidos por el artículo 9 referido, pues entra en la categoría de “parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas”, indicada en el primer párrafo. Por su parte, el artículo 258 del Código Penal (desde el 10 de julio del 2012, artículo 265), que fue considerado como el aplicable por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, en el voto 102, de las 15 horas del 14 de febrero del 2014, indica: “Será reprimido con prisión de tres a quince años: 1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o quien practique en dichos lugares algún acto de depredación o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se encuentren en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida….” Como es visible, las acciones contempladas en ambas disposiciones se refieren a bienes y áreas que parcialmente coinciden, porque si bien los ríos navegables, el mar continental y la plataforma continental abarcan las zonas descritas en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura, son mucho más amplios que estas, incluyendo otras listas que no son “parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas”. Lo relevante en este asunto es que, en lo que concierne al área en que el encartado ejercía la pesca comercial, está cubierta por las dos normas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que hace particular la norma de la Ley de Pesca y Acuicultura; a saber, que esta hace alusión a una hipótesis en que (indebidamente) se haya concedido el permiso para realizar la pesca comercial o deportiva en esos espacios. II. Esta posición ha sido sostenida por la Sala Tercera en otras oportunidades, entre las cuales destaca el voto 379, de las 9:06 horas del 30 de abril del 2008, en el cual el tema fue más prolijamente desarrollado, señalando: “Visto el contenido de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, publicada en La Gaceta N° 78 de 25 de abril de 2005, se observa cómo, contrario al interés del impugnante, su contenido no deroga expresa ni tácitamente el delito de piratería contemplado en el artículo 258 del Código Penal sino, más bien, dichas normas se complementan, acorde con lo dispuesto en el artículo 5 de esa normativa, que señala: “Declarase de utilidad pública e interés social, la actividad pesquera y se declaran de interés nacional el fomento y desarrollo de esa actividad y de la industria afín. Se entiende por actividad pesquera la que se practica con fines científicos, académicos, comerciales o de acuicultura, así como los procesos de extracción, transporte y comercialización de los recursos acuáticos pesqueros; por industria afín se entienden los procesos de industrialización de dichos recursos. Esta actividad estará sujeta a los tratados y convenios internacionales que el país haya suscrito sobre pesca, acuicultura, recurso hídrico y materia ecológica, así como a las leyes nacionales sobre las mismas materias, a la presente Ley y a sus disposiciones reglamentarias.” (la negrita se suple). En igual sentido, en el artículo 9, se establece: “Prohíbense el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas.” (el subrayado se suple), y sobre esa base se extrae que, no existe posibilidad alguna de otorgar licencias de pesca en las citadas áreas por imperativo legal. Ahora bien, visto el contenido del artículo 153 de la citada Ley, que dispone: “Quien autorice o ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas indicadas en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, se sancionará con multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. Si corresponde, al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso.” (la negrita es suplida), es evidente que, contrario a lo que arguye el recurrente, no resulta aplicable al presente asunto. Es necesario puntualizar que la remisión que se hace al contenido del párrafo primero del artículo 9 -que contiene en lo conducente una prohibición expresa para el ejercicio de la pesca en los parques nacionales-, no contempla los hechos tenidos por demostrados en el presente asunto, a saber, que en dos oportunidades el imputado en el Parque Nacional y Área de Conservación Marina Isla del Coco, realizaba la explotación de la riqueza ictiológica sin autorización alguna. En efecto, el artículo 153 ibídem, resulta aplicable a quien ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva amparado en una licencia concedida por INCOPESCA para el desarrollo de la actividad acuícola y de pesca en áreas protegidas donde existe una prohibición absoluta de ejercer esa actividad y, en tal sentido, también se sanciona al funcionario público que otorgó la licencia, ya que su actuación resultaría contraria a la ley. Por el contrario, el numeral 258 del Código Penal resulta aplicable, en el siguiente caso: “1) El que realizare en los ríos navegables en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o que practicare en dichos lugares algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida; o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente concedida;[…]”. Resulta evidente que este tipo penal sanciona en su inciso primero a quien ejerce la actividad de explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas careciendo de la licencia respectiva. En el caso de que una persona sea hallada efectuando una actividad de pesca comercial o deportiva en un área protegida pero amparado en una licencia concedida por INCOPESCA, la legislación aplicable resulta ser la Ley de Pesca y Acuicultura Número 8436, en su ordinal 153, sancionado con pena de multa. En el presente asunto, de acuerdo con el cuadro fáctico tenido por acreditado, el imputado incurrió en dos delitos de piratería al pescar en el área protegida del Parque Nacional y Área de Conservación Marina Isla del Coco sin licencia alguna, conducta ilícita que se encuentra vigente y contemplada en el artículo 258 del Código Penal.” III. Esa argumentación puede fortalecerse a mayor abundamiento, agregando que, basta dar una mirada al conjunto del articulado del Título X de esa ley (que va del 131 al 158), para percatarse que, entre las muchas hipótesis que regula, cuando lo hace en cuanto a la pesca en sí misma como explotación de recursos naturales, siempre se trata de una pesca autorizada, de la cual se ha abusado, ha caducado el permiso, no se porta abordo la documentación, entre otras posibilidades. Es decir, se está ante situaciones en que el sospechoso incumple los permisos otorgados o sus condiciones. En lo que respecta al artículo 153, hay una circunstancia calificada, como es que el permiso haya sido indebidamente concedido para pescar en “parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas”. Por eso se prevé la sanción tanto para quien efectúe esa pesca ilegal como para el funcionario que (en contra del Ordenamiento Jurídico) la autorizó. Sin embargo, en el presente asunto no se está ante esa escena. IV. El justiciable González Fernández no contaba con el permiso (ilegalmente) concedido por ningún funcionario público. Por ende, no estaba dentro de las previsiones del artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Al no ser así, su conducta no quedaba regulada por ese tipo específico, sino por el general contenido en el artículo 265 (antes 258) del Código Penal, que sanciona la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas de la Nación. Así las cosas, debe estimarse que correctamente se estimó por parte de las juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, que se está ante un delito de piratería, y no ante una infracción del artículo 153 de la Ley de Pesca y Acuicultura...[...]...", posición también avalada por este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, con diferente integración (González González, Mena Artavia y Araya Vega), en el voto número 1089-2023. Así las cosas, debe revocarse la sentencia impugnada únicamente en cuanto calificó los hechos probados como un delito de pesca ilegal, recalificándolos a un delito de piratería, de conformidad con el artículo 265 inciso 1) del Código Penal. No obstante dicha recalificación, al resolverse en este caso únicamente un recurso de apelación de la defensa, en atención del principio de no reforma en perjuicio, debe mantenerse la pena impuesta al imputado [Nombre 001]. En todo lo demás, el fallo permanece incólume. Tome nota el tribunal de juicio, de lo referido en el considerando III de la presente resolución. 

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la defensa del imputado [Nombre 001]. Se recalifican los hechos probados a un delito de piratería de conformidad con el artículo 265 inciso 1) del Código Penal. En todo lo demás, el fallo permanece incólume. Tome nota el tribunal de juicio, de lo referido en el considerando III de la presente resolución.  NOTIFÍQUESE.

 

 

 

 

Gustavo Adolfo Gillen Bermúdez

 

 

 

 

Francini Quesada Salas                            Marianela Corrales Pampillo

    Juez y  juezas de Apelación de Sentencia Penal

 

 

Expediente: 16-001793-0485-PE (18)

Imputado:  [Nombre 001]

Ofendido: Ley de Conservación de la Vida Silvestre

Delito: Pesca Comercial o Deportiva Ilegal en Parques Nacionales    

 

 

EBONILLAV

Exp.: 16-001793-0485-PE(18)   -   VOTO 2024-0661   -   pág.: 1

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:31:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José**

**Resolution No. 00661 - 2024**

**Date of Resolution:** April 22, 2024, at 4:00 p.m.

**Expediente:** 16-001793-0485-PE

**Drafted by:** Gustavo Adolfo Gillén Bermudez

**Type of matter:** Appeal (Recurso de apelación)

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**International Norms:** American Convention on Human Rights, Pact of San José, Rio Declaration on Environment and Development

**International Norms**

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Content of Interest:**

**Strategic Topics:** Environmental

**Sustainable Development Goals:** Life Below Water (Goal 14)

**Type of content:** Unanimous vote (Voto unánime)

**Branch of Law:** Criminal Law (Derecho Penal)

**Topic:** Illegal Fishing (Pesca ilegal)

**Subtopics:**

Considerations on the criminal protection of the environment through abstract danger offenses (delitos de peligro abstracto) and their relationship with the precautionary principle (principio precautorio).

**Topic:** Environment (Medio ambiente)

**Subtopics:**

Considerations on the criminal protection of the environment through abstract danger offenses (delitos de peligro abstracto) and their relationship with the precautionary principle (principio precautorio).

**Topic:** Precautionary principle in environmental matters (Principio precautorio en materia ambiental)

**Subtopics:**

Considerations on the criminal protection of the environment through abstract danger offenses (delitos de peligro abstracto) and their relationship with the precautionary principle (principio precautorio).

**Topic:** Abstract danger offense (Delito de peligro abstracto)

**Subtopics:**

Considerations on the criminal protection of the environment through abstract danger offenses (delitos de peligro abstracto) and their relationship with the precautionary principle (principio precautorio).

"II.iii.- [...] Regarding the nature of crimes committed to the detriment of natural resources, as is the present case, this Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, in a similar case, with a different panel (Murillo Mora, Jiménez González and Madrigal Lizano), in vote number 1124-2022, which is shared, stated: "...[...]...For the most part, by virtue of the fragility and vital relevance of the environment, its protection in criminal matters is through abstract danger offenses (delitos de peligro abstracto), because precisely what is sought is to sanction the conduct described in the norm that may put the environment at risk and not wait for it to be seriously or irreparably harmed. This has its reason for being in the precautionary principle (principio precautorio), which proves to be one of the fundamental approaches in environmental matters and which has been profusely analyzed by the Sala Constitucional: '[...] XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudent avoidance principle. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, incorporates the following principles as hermeneutic parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criteria or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Vote of this Chamber No. 1250-99 at 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 at 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 at 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 at 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court considered the following: '(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage –or any doubt in that regard–, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment.' Subsequently, in Vote No. 3480-03 at 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that 'The precautionary principle, properly understood, refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of the lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' For the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura, assumes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and precisely applicable rules of science and technology that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory to each other, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those that are in progress until the dubitative state is cleared, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation' (Sala Constitucional, judgment number 1923-2004 at 2:55 p.m. on February 25, 2004. See in this regard judgment number 00480-2015 at 8:59 a.m. on April 8, 2015, of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). In this specific case, it was charged and demonstrated in the judgment, that the defendants –by common agreement and knowing that it was a prohibited method and that they were in a wilderness area (limits of the EARTH University)–, illegally fished a Moga-type fish 20 centimeters in length, for which they used spearguns and harpoons, endangering the continuity of the species of the riverine ecosystem. The simple use of spearguns and fishing in inland waters (in this case, a river) is prohibited by law because, when used, it creates a danger to the continuity of the species, as required by the aforementioned criminal type (see in this regard, judgment number 2016-266 at 4:17 p.m. on April 28, 2016, issued by the Tribunal de Apelación Sentencia Penal de Cartago, Second Section), without it being necessary –as the complainant erroneously claims–, that the concrete impact on the legal right (endangering the continuity of the species) be verified, since the analysis and interpretation of the norms that protect the environment must be done in light of the precautionary principle (in dubio pro natura) for the reasons already stated...[...]..." (the highlighting is supplied), from which it is clearly understood that contrary to what the defense claims, for the offense to be considered consummated, the effective capture of the ichthyic species present in the waters where the accused carried out the investigated activity is not necessary, but rather it is sufficient to exercise the necessary fishing gear for their possible capture. As stated by the appellant, article 2, subsection 14) of Law 8436, the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), defines river mouth (desembocadura) as: "...Site or place where a river, an estuary, or a lagoon meets the sea or the ocean, and whose aquatic area of influence extends to a semicircle of one kilometer radius, from the center of said mouth", however, what the challenger errs in is the interpretation made of said definition, since he ignores the aforementioned in dubio pro natura principle that must govern in cases where the environment is affected. [...]"

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**Sustainable Development Goals**
**Content of Interest:**

**Type of content:** Unanimous vote (Voto unánime)

**Branch of Law:** Criminal Law (Derecho Penal)

**Topic:** Piracy (Piratería)

**Subtopics:**

Considerations and distinction from the crime of illegal fishing (pesca ilegal).

**Topic:** Illegal fishing (Pesca ilegal)

**Subtopics:**

Considerations and distinction from the crime of piracy (piratería).

"III.- [...] In applying article 97 of Law No. 7317, Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), the a quo omitted to consider that paragraph 4 of article 1 of said law establishes: "...This law shall not apply to species of fishing or aquaculture interest, whose specific regulation is established in Law No. 7384, of March 16, 1994, and No. 8436, of March 1, 2005, and whose competence as the executing entity corresponds to Incopesca; likewise, it shall not apply to forest species, nurseries, reforestation processes, forest management, and conservation, and agroforestry systems, whose specific regulation is established in the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, and its amendments" (the highlighting is supplied), which refers the regulation of the activity carried out by the accused to the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) and not to the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), as incorrectly stated in the jurisdictional decision now examined. Now, paragraph 1 of Law 8436, Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) indicates: "The exercise of fishing activity for commercial purposes and sport fishing in national parks, natural monuments, and biological reserves is prohibited", and numeral 153 of the same legal regulation states: "Whoever authorizes or exercises commercial or sport fishing activity in the protected wilderness areas indicated in the first paragraph of article 9 of this Law shall be sanctioned with a fine of twenty to sixty base salaries and the cancellation of the respective license. If it corresponds to the public official who authorized the exercise of fishing in these areas, the respective disciplinary, administrative, and criminal sanctions shall be applied, with respect for due process" (the highlighting is supplied), from which it is clearly deduced then, that the action sanctioned in this normative body is commercial or sport fishing in protected wilderness areas, under the protection of a state authorization, which is also not the scenario in which the accused [Name 001] was caught, since at the time of the events he did not have the aforementioned state authorization to engage in commercial or sport fishing activity. Then, since the special laws are not applicable to the case under study, article 265, subsection 1) of the Penal Code must then operate, which establishes: "Shall be punished with imprisonment from three to fifteen years: 1) Whoever carries out in navigable rivers, in the territorial sea, or on the continental shelf, the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the nation, or whoever carries out in said places any act of depredation or violence against a vessel, fixed platform, or against persons or things found therein, without the vessel by means of which the act is executed belonging to the navy of some recognized power or without being authorized by some belligerent power or exceeding the limits of a legitimately granted authorization" (the highlighting is supplied), a typical description that fully develops the action carried out by the accused [Name 001], thus constituting the crime of piracy (piratería). This has been understood by the Sala de Casación Penal, in its unifying function of jurisprudential criteria, among others in vote number 424-2015, which, due to its clarity, is transcribed extensively, which is shared, when it stated: "...[...]...In any case, in the interest of resolving the question raised by the complainant, the Chamber proceeds to settle the apparent contradiction between the pronouncements he cites. It should be remembered that in its vote 662, at 2:45 p.m. on December 10, 2007, the then Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, held that article 153 of the Fisheries and Aquaculture Law (Law 8436, of April 25, 2005) had to be applied to the proven factual situation; but it annulled the judgment on procedural grounds and ordered a remittal (folio 196). Even so, leaving aside that other aspect that would also mean that the alleged contradiction does not exist, it is worth for the sake of discussion to recall that this norm provides that 'Whoever authorizes or exercises the activity of commercial fishing or sport fishing in the protected wilderness areas indicated in the first paragraph of article 9 of this Law, shall be sanctioned with a fine of twenty to sixty base salaries and the cancellation of the respective license. If it corresponds to the public official who authorized the exercise of fishing in these areas, the respective disciplinary, administrative, and criminal sanctions shall be applied, with respect for due process.' Isla del Coco, where the accused was caught carrying out fishing tasks, is precisely within the places prohibited by the aforementioned article 9, as it falls into the category of 'national parks, natural monuments, and biological reserves', indicated in the first paragraph. For its part, article 258 of the Penal Code (from July 10, 2012, article 265), which was considered the applicable one by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, in vote 102, at 3 p.m. on February 14, 2014, indicates: 'Shall be punished with imprisonment from three to fifteen years: 1) Whoever carries out in navigable rivers, in the territorial sea, or on the continental shelf, the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the nation, or whoever carries out in said places any act of depredation or violence against a vessel, fixed platform, or against persons or things found therein, without the vessel by means of which the act is executed belonging to the navy of some recognized power or without being authorized by some belligerent power or exceeding the limits of a legitimately granted authorization….' As is visible, the actions contemplated in both provisions refer to goods and areas that partially coincide, because although navigable rivers, the continental sea, and the continental shelf encompass the areas described in the first paragraph of article 9 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), they are much broader than these, including other lists that are not 'national parks, natural monuments, and biological reserves'. What is relevant in this matter is that, with regard to the area in which the defendant was engaged in commercial fishing, it is covered by both norms. However, there is a fundamental difference that makes the norm of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) particular; namely, that it alludes to a hypothesis in which the permit to carry out commercial or sport fishing in those spaces has been (unduly) granted. II. This position has been sustained by the Sala Tercera on other occasions, among which vote 379, at 9:06 a.m. on April 30, 2008, stands out, in which the topic was more extensively developed, stating: 'In view of the content of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436, published in La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, it is observed how, contrary to the challenger's interest, its content does not expressly or tacitly repeal the crime of piracy contemplated in article 258 of the Penal Code but, rather, these norms complement each other, in accordance with the provisions of article 5 of that regulation, which states: "Fishing activity is declared of public utility and social interest, and the promotion and development of that activity and the related industry are declared of national interest. Fishing activity is understood as that which is practiced for scientific, academic, commercial, or aquaculture purposes, as well as the processes of extraction, transportation, and commercialization of aquatic fishing resources; related industry is understood as the industrialization processes of said resources. This activity shall be subject to the international treaties and conventions that the country has signed on fishing, aquaculture, water resources, and ecological matters, as well as to the national laws on the same matters, to this Law, and to its regulatory provisions." (the bold is supplied). In the same sense, article 9 establishes: "The exercise of fishing activity for commercial purposes and sport fishing in national parks, natural monuments, and biological reserves is prohibited." (the underline is supplied), and on that basis, it is extracted that there is no legal possibility whatsoever to grant fishing licenses in the cited areas by legal imperative. Now, in view of the content of article 153 of the cited Law, which provides: "Whoever authorizes or exercises commercial or sport fishing activity in the protected wilderness areas indicated in the first paragraph of article 9 of this Law shall be sanctioned with a fine of twenty to sixty base salaries and the cancellation of the respective license. If it corresponds to the public official who authorized the exercise of fishing in these areas, the respective disciplinary, administrative, and criminal sanctions shall be applied, with respect for due process." (the bold is supplied), it is evident that, contrary to what the appellant argues, it is not applicable to the present matter. It is necessary to point out that the reference made to the content of the first paragraph of article 9 –which contains, where relevant, an express prohibition for the exercise of fishing in national parks– does not contemplate the facts held as proven in the present matter, namely, that on two occasions the accused in the Parque Nacional y Área de Conservación Marina Isla del Coco, was carrying out the exploitation of the ichthyological wealth without any authorization. In effect, article 153 ibidem is applicable to anyone who exercises commercial or sport fishing activity under a license granted by INCOPESCA for the development of aquaculture and fishing activities in protected areas where there is an absolute prohibition on exercising that activity, and, in that sense, it also sanctions the public official who granted the license, since their action would be contrary to law. On the contrary, numeral 258 of the Penal Code is applicable in the following case: "1) He who carries out in navigable rivers, in the territorial sea, or on the continental shelf, the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the nation, or who carries out in said places any act of depredation or violence against a vessel or against persons or things found therein, without the vessel by means of which the act is executed belonging to the navy of some recognized power; or without being authorized by some belligerent power or exceeding the limits of a legitimately granted authorization;[…]". It is evident that this criminal type sanctions in its first subsection anyone who exercises the activity of unauthorized exploitation of ichthyological riches lacking the respective license. In the event that a person is found carrying out a commercial or sport fishing activity in a protected area but under a license granted by INCOPESCA, the applicable legislation turns out to be the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) Number 8436, in its ordinal 153, sanctioned with a fine. In the present matter, according to the factual framework held as accredited, the accused incurred in two crimes of piracy by fishing in the protected area of the Parque Nacional y Área de Conservación Marina Isla del Coco without any license, illicit conduct that is in force and contemplated in article 258 of the Penal Code.' III. This argument can be further strengthened, adding that it is enough to take a look at the whole of Title X of that law (which goes from 131 to 158), to realize that, among the many hypotheses it regulates, when it does so regarding fishing itself as exploitation of natural resources, it always concerns authorized fishing, from which abuse has occurred, the permit has expired, documentation is not carried on board, among other possibilities. That is, one is faced with situations in which the suspect breaches the granted permits or their conditions. Regarding article 153, there is a qualified circumstance, which is that the permit was unduly granted to fish in 'national parks, natural monuments, and biological reserves'. That is why a sanction is provided for both whoever carries out that illegal fishing and for the official who (against the Legal System) authorized it. However, in the present matter, we are not facing that scenario. IV. The defendant González Fernández did not have a permit (illegally) granted by any public official. Therefore, he was not within the provisions of article 153 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura). This being the case, his conduct was not regulated by that specific type, but by the general one contained in article 265 (formerly 258) of the Penal Code, which sanctions the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the Nation. Thus, it must be considered that the judges of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela correctly considered that this is a crime of piracy (piratería), and not a violation of article 153 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura)...[...]...", a position also endorsed by this Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, with a different panel (González González, Mena Artavia and Araya Vega), in vote number 1089-2023. This being the case, the appealed judgment must be revoked solely insofar as it classified the proven facts as a crime of illegal fishing (pesca ilegal), reclassifying them to a crime of piracy (piratería), in accordance with article 265, subsection 1) of the Penal Code. [...]"

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**Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments**
**Text of the resolution**

**Resolution: 2024-0661**

**Expediente: 16-001793-0485-PE(18)**

**TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at four o'clock in the afternoon on April twenty-second, two thousand twenty-four.-**

**APPEAL (RECURSO DE APELACIÓN)** filed in the present case against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card number [...], born in Limón, on August 25, 1972, son of [Name 002] and [Name 003], single, resident of Limón, Pococí; for the crime of ILLEGAL COMMERCIAL OR SPORT FISHING IN NATIONAL PARKS, to the detriment of THE WILDLIFE CONSERVATION LAW (LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE). Participating in the decision are Judge Gustavo Adolfo Gillen Bermúdez and Judges Francini Quesada Salas and Marianela Corrales Pampillo. Attorney Giovanni Herrera Alvarado appeared at this venue as Public Defender of the accused [Name 001].

**WHEREAS (RESULTANDO):**

**I.-** That by judgment number 864-2023, at four o'clock eight minutes in the afternoon on November first, two thousand twenty-three, the Tribunal Penal de Juicio de Guápiles, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the rules of logic, of sound rational criticism, in addition to numerals 35, 39 and 41 of the Political Constitution; 7 and 8 of the American Convention on Human Rights; 10 and 11 of the American Declaration of Human Rights; 1, 2, 4, 5, 10, 11, 18 to 20, 30, 31, 45, 50, 59 to 63, 71 of the Penal Code; 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 238, 244, 324 to 338, 360, 361, 363 to 365, 367 of the Criminal Procedure Code; 97 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de vida Silvestre), when definitively resolving the present case, this Court declares [Name 001] PERPETRATOR AND SOLE RESPONSIBLE for a crime of ILLEGAL COMMERCIAL OR SPORT FISHING IN NATIONAL PARKS, committed to the detriment of the WILDLIFE CONSERVATION LAW (LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE); and for such act, the penalty of TWO MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed, a penalty that shall be served in the place and manner determined by prison laws and regulations, after crediting any preventive detention if suffered. For meeting the requirements of numerals 59 to 63 of the Penal Code, the Benefit of Suspended Execution of the Sentence (Beneficio de Ejecución de la Pena) is granted to the accused [Name 001], for a period of three years, from the finality of this judgment, making it clear that he cannot receive a sentence greater than six months of imprisonment; in the event that this happens, the benefit granted here will be revoked and he will have to serve the imposed sentence in a penitentiary center. There is no precautionary measure in the present process, nor is one imposed. It is ordered to communicate what has been resolved here to the Instituto Nacional de Criminología, to the Juzgado de Ejecución de la Pena, and the Judicial Record for the corresponding purposes. As for the costs of the judicial process, they shall be borne by the State, resolved without special award of costs. As for the evidence, this being a gillnet (trasmallo), its confiscation (comiso) in favor of the State for destruction is ordered. Notify by means of integral reading, which will take place on Wednesday, November 8 of this year. PROCEED.- " (sic).

**II.-** That against the preceding pronouncement, attorney Giovanni Herrera Alvarado, as Public Defender, filed an appeal.

**III.-** That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions formulated in the appeal.

**IV.-** That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

**Judge of Apelación de Sentencia Penal Gillen Bermúdez drafts; and,**

**CONSIDERING (CONSIDERANDO):**

**I.-** Admissibility. Against judgment number 864-2023, issued at four o'clock eight minutes in the afternoon on November first, two thousand twenty-three, by the Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí venue, attorney Giovanni Herrera Alvarado, public defender of the accused [Name 001], filed an appeal. From the review of the appeal, it is evident that it was filed within the fifteen business days following the notification of the judgment, as provided in article 459 of the Criminal Procedure Code, and complies with the admissibility requirements established by articles 458 and 460 of said normative body, which allows its hearing under the terms of article 8.2h of the American Convention on Human Rights, therefore it is admitted for study and resolution on the merits.

**II.i.-** In the first ground of appeal, he indicated disagreement with the reasoning for the penalty. In his opinion, the trial court incorrectly classified the action deployed by the accused, relating it to the norm contained in article 97 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre). After transcribing the proven facts, he stated that to give content to the article in question, it must be done in light of the definition contained in numeral 2, subsection 33) of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), which defines what should be understood as fishing; so when the former states that whoever fishes in inland waters using a gillnet (trasmallo) shall be punished, in the appellant's opinion, it must be interpreted that whoever captures, hunts, or extracts aquatic animals in inland waters using a gillnet (trasmallo) shall be subject to sanction; and since in this case it was not determined that fish were captured, hunted, or extracted, then it could also not be affirmed that the accused had fished. He argued that, although this legal figure has been treated as a criminal type of danger, when conducting a restrictive interpretation, it is a criminal type of result, since for its configuration it is required that aquatic animals be captured, hunted, or extracted. After partially transcribing the appealed judgment, he pointed out that the trial court never considered what content it should give to the typical verb. He added that, what the trial chamber held as proven, was that the defendant used an illegal fishing gear or gillnet (trasmallo), and that the action of fishing, pursuant to article 97 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), was not attributed to him, but only the use of an illegal fishing gear. He reproached that the judgment did not assess that the cited law sanctions fishing with prohibited gear in inland waters, extending the criminal type to the river mouth (desembocadura) of the rivers.

He explained that the Fisheries and Aquaculture Law contains the definition of the mouth (desembocadura) of rivers, lakes, and lagoons as the place where they converge with the sea, adding that such mouths have an aquatic influence area extending to a semicircle with a one-kilometer radius from the center of said mouth, an area that is not part of the concept of the mouth as such, and therefore, in the appellant's opinion, it is incorrect to consider that such aquatic influence area forms part of the river mouth, carrying out an extensive interpretation of the criminal offense, since the targeted crime could only be configured by fishing with a trammel net (trasmallo) at the mouth of the Tortuguero River, whereas the accused was caught pulling a trammel net (trasmallo) from the sea, not from inland waters. He objected to what he considered a lack of legal reasoning concerning the demonstration of the objective element of intent (dolo), since from the information provided by the prosecution witnesses, it did not emerge that, at the place, at the time of the events, there was any signage regarding the prohibition of fishing in the sea, which the witnesses attributed to a lack of state resources. He stated that, with the exception of river mouths, ocean fishing is not prohibited in our legislation. He requested that the ground of appeal be granted and that the accused be acquitted of liability for the charged acts. In the second ground of appeal, he indicated disagreement with the intellectual reasoning of the judgment. He objected that, from the testimony of witnesses Aguilar Badilla and Navarro Montero, it was not possible to derive that the accused was fishing with the trammel net (trasmallo); whether it was his property; whether he was the one who placed it in the sea; how long said trammel net (trasmallo) had been there or whether, when he was detained, he had not finished installing it; whether at the time of the detention he was placing it or removing it, doubts that were not clarified by the trial court. After partially transcribing the testimony of witnesses Aguilar Badilla and Navarro Montero, he stated that the first witness indicated that the accused was seen removing the trammel net (trasmallo), while the second stated that he had just placed it, without knowing if he had placed it the night before, or if it had been there for fifteen minutes. He reproached that, despite such contradiction, the trial court took them as a basis to establish the proven facts, when in the appellant's opinion, it is not possible to derive a single conclusion from such testimonies, as they oppose each other. He argued that, given the lack of certainty as to what the accused was doing at the time he was detained, the application of the principle of in dubio pro reo was appropriate. He requested that the ground of appeal be granted, the challenged judgment annulled, and a remand (reenvío) of the case ordered for a new proceeding. II.ii.- Position of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Duly summoned regarding the appeal filed by the defense, the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) did not make a statement. II.iii.- Since they are related, both grounds of appeal are resolved jointly and are dismissed. In order to correctly resolve the complaint raised, it is important to establish that the trial court determined the criminal liability of the accused [Name 001], for the following acts: "1.- On September tenth, two thousand sixteen, at approximately six o'clock, in Pococí, Tortuguero, properly 500 meters from the river mouth (bocana), within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado), in the beach zone, the accused [Name 001], knowing the unlawfulness of his acts and without having the permits from the competent authorities for fishing within a protected area, used an illegal fishing gear for fishing, by using a white 36-meter long, 2.7-meter wide, with 2.5-inch mesh size trammel net (trasmallo), which was observed by MINAET officials while he was pulling the illegal fishing gear out of the sea, at which time he was arrested in flagrante delicto" (spelling and writing errors correspond to the original, electronic file, associated documents, "Sentencia: Plantilla Genérica," page 8, incorporated at 1:14 p.m. on 11/8/2023). Regarding the nature of crimes committed against natural resources, as is the present case, this Criminal Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal), in a similar case, with a different panel (Murillo Mora, Jiménez González and Madrigal Lizano), in vote number 1124-2022, which is shared, stated: "...[...]...For the most part, by virtue of the fragility and vital relevance of the environment, its protection in criminal matters is through crimes of abstract danger, since precisely what is sought is to punish the conducts described in the norm that may put the environment at risk and not wait for it to be seriously or irreparably harmed. This has its basis in the precautionary principle (principio precautorio), which turns out to be one of the fundamental approaches in environmental matters and which has been thoroughly analyzed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional): '[...] XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudent avoidance principle. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation". In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11 includes the following principles as hermeneutical parameters: "1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or indubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures". In Vote of this Chamber No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003) this Court considered the following: "(...) Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible affectation of the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt about it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment". Later, in Vote No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that "Correctly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment". For the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or indubio pro natura supposes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exact application rules of science and technology that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the dubious state is cleared up, and, in parallel, adopt all measures aimed at its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation' (Constitutional Chamber, judgment number 1923-2004 of 2:55 p.m. on February 25, 2004. See in this sense judgment number 00480-2015 of 8:59 a.m. on April 8, 2015, of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice). In this specific case, it was charged and demonstrated in the judgment, that the accused—by common agreement and knowing that it was an unauthorized method and that they were in a wilderness area (boundaries of the EARTH University)—illegally fished a 20-centimeter-long Moga type fish, for which they used spearguns and harpoons, endangering the continuity of the species of the river ecosystem. The simple use of spearguns and fishing in inland waters (in this case, a river) is prohibited by law because, when used, it creates a danger to the continuity of the species, as required by the aforementioned criminal offense (see in this sense, judgment number 2016-266 of 4:17 p.m. on April 28, 2016, issued by the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, Second Section), without it being necessary—as the complainant erroneously claims—for the specific affectation of the legal right (endangering the continuity of the species) to be verified, since the analysis and interpretation of the norms protecting the environment must be done in light of the precautionary principle (in dubio pro natura) for the reasons already set forth...[...]..." (the highlighting is supplied), from which it is clearly understood that contrary to what the defense claimed, for the offense to be considered consummated, the effective capture of the ichthyological species present in the waters where the accused carried out the investigated activity is not necessary, but rather it is sufficient to carry out the necessary actions for their potential capture. As the appellant indicated, article 2, subsection 14) of Law 8436, the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), defines mouth (desembocadura) as: "...Site or place where a river, an estuary, or a lagoon converges with the sea or the ocean, and whose aquatic influence area extends to a semicircle with a one-kilometer radius, from the center of said mouth," however, what the appellant errs in is the interpretation he makes of said definition, as he ignores the aforementioned principle of indubio pro natura that must govern in cases where the environment is affected. In accordance with such principle, it is the criterion of this appeals chamber that the indicated aquatic influence zone must be considered as part of the mouth of the rivers, estuaries, or lagoons that converge with the ocean, and therefore part of the country's inland waters. Thus, in the case under study, as the accused [Name 001] was located within the influence area of the mouth of the Tortuguero River, he must be considered to be carrying out fishing actions in inland waters as was correctly deemed proven in the judgment. Regarding the statement of witness Montero Navarro that in the area where the investigated events occurred there is no signage informing of the fishing prohibition in the place, it must be indicated that such assertion lacks the weight attributed to it by the defense, since even without the mentioned signage, it must be kept in mind that the events occurred within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado), an aspect that in itself made the defendant see that fishing is prohibited in said place, as this is public information, of general knowledge to citizens residing throughout the national territory. The defense also pointed out the existence of doubt regarding the fact that it was not possible to derive from the statements of the officials of the Ministry of Environment and Energy received at trial, whether at the time of his apprehension, the accused [Name 001] was placing or removing the trammel net (trasmallo) that was seized from him, a position that cannot be supported. Regardless of whether the accused was beginning the placement of the trammel net (trasmallo), or on the contrary was removing it searching for the fishing results, the truth is that he was using a fishing gear in the place, on lands of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado), carrying out actions evidently aimed at fishing in said site, an action that endangered the ichthyological species of the place, with which the charged offense was consummated. As indicated supra, since it is a crime of danger (delito de peligro), the consummation of such offense is constituted by the start of actions directly aimed at capturing the animal species of the place, without it being necessary to establish, as the defense incorrectly required, the time the trammel net (trasmallo) had been in the place, or its ownership, since the one who was found using it was the accused [Name 001] and not another person. By reason of the foregoing, upon verifying the non-existence of the objected defects, it is appropriate to dismiss the appeal filed by the defense of the accused [Name 001].

III.- In accordance with article 459 of the Criminal Procedure Code, this Criminal Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal) must point out, even ex officio, the absolute defects or breaches of due process that it locates when conducting the comprehensive examination of the challenged judgment. Thus, from the meticulous analysis of the jurisdictional decision under study, the incorrect legal classification of the facts deemed proven in the judgment emerges. Beyond being a very brief reasoning, although accepted by the defense which did not challenge this point, it is an inappropriate legal classification, possibly influenced by the provisional classification with which the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) established the possible crime charged (electronic file, associated documents, "Acusación y Solicitud de Auto de Apertura a Juicio: Comunicación a Ofendido," document incorporated at 3:16 p.m. on 10/26/2016). It must be remembered that although the prosecuting body, when presenting its request, makes a provisional classification of the facts, the trial court is obligated to review it and, if necessary, in application of the principle iura novit curia, establish the appropriate application of the law to the action carried out by the accused, which in this case did not occur. Thus, when carrying out the legal analysis of the facts proven at trial, the trial court stated: "...[...]...regarding the objective criminality (tipicidad objetiva), there is numeral 97 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), which indicates that 'whoever fishes in inland waters—rivers, streams, and creeks up to their mouth, lakes, lagoons, reservoirs, estuaries, and other wetlands—of national property, using explosives, spearguns, cast nets (atarrayas), seine nets (chinchorros), multiple lines, trammel net (trasmallo), or any other method that endangers the continuity of the species shall be punished.' As well as article 13 of the Fisheries Law which indicates 'INCOPESCA shall exercise control over the fishing and aquaculture activity carried out in marine and inland waters and shall provide technical assistance to aquaculture activity in inland and marine waters. In inland waters, the protection of aquatic resources shall correspond to MINAE. Within these latter shall be included rivers and their mouths, lakes, lagoons, and reservoirs, including areas declared as forest reserves, protective zones, national parks, mangroves, wetlands, biological reserves, national wildlife refuges, and natural monuments, in accordance with current legislation and the provisions of ratified international treaties, especially RAMSAR.' In this same law, the definition of mouth (desembocadura) is indicated as follows: '14. Mouth: Site or place where a river, an estuary, or a lagoon converges with the sea or the ocean, and whose aquatic influence area extends to a semicircle with a one-kilometer radius, from the center of said mouth,' therefore the actions of the sentenced person are duly regulated in the national legislation...[...]..." (writing errors correspond to the original, electronic file, associated documents, "Sentencia: Plantilla Genérica," page 15, incorporated at 1:14 p.m. on 11/8/2023). When applying article 97 of Law number 7317, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), the trial court omitted to consider that paragraph 4 of article 1 of said law establishes: "...This law shall not apply to species of fisheries or aquaculture interest, whose specific regulation is established in Law No. 7384, of March 16, 1994, and No. 8436, of March 1, 2005, and whose competence as executing entity corresponds to Incopesca; likewise, it shall not apply to forest species, nurseries, reforestation processes, forest management and conservation, and agroforestry systems, whose specific regulation is established in the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, and its amendments" (the highlighting is supplied), which refers the regulation of the activity carried out by the accused to the Fisheries and Aquaculture Law and not to the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), as was incorrectly indicated in the jurisdictional decision now examined. That being said, paragraph 1 of Law 8436, the Fisheries and Aquaculture Law, indicates: "The exercise of fishing activity for commercial purposes and sport fishing are prohibited in national parks, natural monuments, and biological reserves," and numeral 153 of the same legal regulation states: "Whoever authorizes or exercises the activity of commercial fishing or sport fishing in the protected wilderness areas indicated in the first paragraph of article 9 of this Law, shall be punished with a fine of twenty to sixty base salaries and the cancellation of the respective license. If it corresponds to the public official who authorized the exercise of fishing in these areas, the respective disciplinary, administrative, and criminal sanctions shall be applied, with respect for due process" (the highlighting is supplied), it clearly emerges then, that the action punished in this body of law is commercial or sport fishing in protected wilderness areas, under the protection of a state authorization, which is also not the situation in which the accused [Name 001] was caught, since at the time of the events, he did not have the mentioned state authorization to engage in commercial or sport fishing activity. Consequently, since the special laws are not applicable to the case under study, then article 265, subsection 1) of the Penal Code must apply, which establishes: "Shall be punished with imprisonment from three to fifteen years: 1) Whosoever carries out, in navigable rivers, in the territorial sea, or on the continental shelf, the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the nation, or whosoever practices in said places any act of depredation or violence against a vessel, a fixed platform, or against persons or things found on them, without the vessel through which the act is executed belonging to the navy of a recognized power or without being authorized by a belligerent power or exceeding the limits of a legitimately granted authorization" (the highlighting is supplied), a criminal description that completely develops the action carried out by the accused [Name 001], thus constituting the crime of piracy. This has been understood by the Criminal Cassation Chamber (Sala de Casación Penal), in its unifying function of jurisprudential criteria, among others in vote number 424-2015, which for its clarity is transcribed extensively, and which is shared, when it stated: "...[...]...In any case, with the aim of evacuating the question raised by the complainant, the Chamber proceeds to resolve the apparent contradiction between the pronouncements he cites. It must be remembered that in its vote 662, of 2:45 p.m. on December 10, 2007, the then Criminal Cassation Tribunal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, held that to the proven factual scenario, article 153 of the Fisheries and Aquaculture Law (Law 8436, of April 25, 2005) had to be applied; but it annulled the judgment for procedural reasons and ordered the remand (reenvío) (folio 196). Even so, leaving aside that other aspect that would also mean the alleged contradiction does not exist, it is worth for the sake of discussion remembering that this rule provides that "Whosoever authorizes or exercises the activity of commercial fishing or sport fishing in the protected wilderness areas indicated in the first paragraph of article 9 of this Law, shall be punished with a fine of twenty to sixty base salaries and the cancellation of the respective license. If it corresponds to the public official who authorized the exercise of fishing in these areas, the respective disciplinary, administrative, and criminal sanctions shall be applied, with respect for due process." Cocos Island, where the accused was caught carrying out fishing operations, is precisely within the places prohibited by the referenced article 9, since it falls into the category of "national parks, natural monuments, and biological reserves," indicated in the first paragraph. For its part, article 258 of the Penal Code (since July 10, 2012, article 265), which was considered the applicable one by the Criminal Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, in vote 102, of 3:00 p.m. on February 14, 2014, indicates: "Shall be punished with imprisonment from three to fifteen years: 1) Whosoever carries out, in navigable rivers, in the territorial sea, or on the continental shelf, the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the nation, or whosoever practices in said places any act of depredation or violence against a vessel, a fixed platform, or against persons or things found on them, without the vessel through which the act is executed belonging to the navy of a recognized power or without being authorized by a belligerent power or exceeding the limits of a legitimately granted authorization…." As is visible, the actions contemplated in both provisions refer to goods and areas that partially coincide, because although navigable rivers, the continental sea, and the continental shelf encompass the areas described in the first paragraph of article 9 of the Fisheries and Aquaculture Law, they are much broader than these, including other lists that are not "national parks, natural monuments, and biological reserves." What is relevant in this matter is that, concerning the area in which the defendant was engaged in commercial fishing, it is covered by both rules. However, there is a fundamental difference that makes the rule of the Fisheries and Aquaculture Law particular; namely, that it alludes to a hypothesis in which the permit to carry out commercial or sport fishing in those spaces has been (unduly) granted. II. This position has been sustained by the Third Chamber on other occasions, among which vote 379, of 9:06 a.m. on April 30, 2008, stands out, in which the topic was more extensively developed, stating: "In view of the content of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436, published in La Gaceta No. 78 of April 25, 2005, it is observed how, contrary to the appellant's interest, its content does not expressly or tacitly repeal the crime of piracy contemplated in article 258 of the Penal Code, but rather, these norms complement each other, in accordance with the provisions of article 5 of that regulation, which states: "The fishing activity is declared of public utility and social interest, and the promotion and development of that activity and the related industry are declared of national interest. Fishing activity is understood as that practiced for scientific, academic, commercial, or aquaculture purposes, as well as the processes of extraction, transportation, and commercialization of aquatic fishery resources; related industry is understood as the processes of industrialization of said resources. This activity shall be subject to the international treaties and agreements that the country has signed on fishing, aquaculture, water resources, and ecological matters, as well as to national laws on the same matters, to this Law, and to its regulatory provisions." (the bold is supplied). In the same sense, in article 9, it is established: "The exercise of fishing activity for commercial purposes and sport fishing are prohibited in national parks, natural monuments, and biological reserves." (the underline is supplied), and based on that it is extracted that, there is no possibility whatsoever of granting fishing licenses in the cited areas by legal imperative. Now, in view of the content of article 153 of the cited Law, which provides: "Whosoever authorizes or exercises the activity of commercial fishing or sport fishing in the protected wilderness areas indicated in the first paragraph of article 9 of this Law, shall be punished with a fine of twenty to sixty base salaries and the cancellation of the respective license. If it corresponds, to the public official who authorized the exercise of fishing in these areas, the respective disciplinary, administrative, and criminal sanctions shall be applied, with respect for due process." (the bold is supplied), it is evident that, contrary to what the appellant argues, it is not applicable to the present matter. It is necessary to point out that the reference made to the content of the first paragraph of article 9—which contains, in the pertinent part, an express prohibition for the exercise of fishing in national parks—does not contemplate the facts deemed proven in the present matter, namely, that on two occasions the accused in the Cocos Island National Park and Marine Conservation Area, carried out the exploitation of ichthyological riches without any authorization. Indeed, article 153 ibidem is applicable to whosoever exercises the activity of commercial fishing or sport fishing under a license granted by INCOPESCA for the development of aquaculture and fishing activity in protected areas where there is an absolute prohibition on exercising that activity, and, in that sense, the public official who granted the license is also sanctioned, since their action would be contrary to the law. On the contrary, numeral 258 of the Penal Code is applicable, in the following case: "1) He who carries out, in navigable rivers, in the territorial sea, or on the continental shelf, the unauthorized exploitation of the ichthyological riches of the nation, or who practices in said places any act of depredation or violence against a vessel or against persons or things found on it, without the vessel through which the act is executed belonging to the navy of a recognized power; or without being authorized by a belligerent power or exceeding the limits of a legitimately granted authority;[…]". It is evident that this criminal offense punishes in its first subsection whosoever exercises the activity of unauthorized exploitation of ichthyological riches lacking the respective license. In the event that a person is found carrying out a commercial or sport fishing activity in a protected area but under a license granted by INCOPESCA, the applicable legislation turns out to be the Fisheries and Aquaculture Law Number 8436, in its ordinal 153, punishable with a fine. In the present matter, according to the factual framework deemed proven, the accused incurred two crimes of piracy by fishing in the protected area of the Cocos Island National Park and Marine Conservation Area without any license, an unlawful conduct that is in force and contemplated in article 258 of the Penal Code." III. This argumentation can be strengthened further, adding that it suffices to glance at the set of articles of Title X of that law (which goes from 131 to 158), to realize that, among the many hypotheses it regulates, when it does so regarding fishing in itself as exploitation of natural resources, it always involves authorized fishing, which has been abused, the permit has expired, the documentation is not carried on board, among other possibilities. That is to say, it involves situations in which the suspect breaches the granted permits or their conditions. As regards article 153, there is a qualified circumstance, which is that the permit has been unduly granted to fish in "national parks, natural monuments, and biological reserves." For this reason, the sanction is provided both for whosoever carries out such illegal fishing and for the official who (against the Legal System) authorized it.

However, in the present matter, that is not the scene at hand. IV. The justiciable González Fernández did not have the permit (illegally) granted by any public official. Therefore, he was not within the provisions of Article 153 of the Fisheries and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura). That not being the case, his conduct was not governed by that specific offense, but by the general offense contained in Article 265 (formerly 258) of the Criminal Code (Código Penal), which punishes the unauthorized exploitation of the Nation's fishery resources (riquezas ictiológicas). This being so, it must be held that the judges of the Criminal Sentencing Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal) of the Third Judicial Circuit of Alajuela correctly determined that this is a crime of piracy (piratería), and not a violation of Article 153 of the Fisheries and Aquaculture Law...[...]...\", a position also endorsed by this Criminal Sentencing Appeals Court, with a different panel (González González, Mena Artavia, and Araya Vega), in vote number 1089-2023. This being so, the appealed judgment must be reversed solely insofar as it classified the proven facts as a crime of illegal fishing, reclassifying them to a crime of piracy (piratería), in accordance with Article 265, subsection 1) of the Criminal Code (Código Penal). Notwithstanding said reclassification, since only an appeal by the defense is being resolved in this case, in consideration of the principle of no reform in prejudice, the penalty imposed on the defendant [Name 001] must be maintained. In all other respects, the judgment remains unaltered. Let the trial court take note of what is stated in considerando III of this decision.

THEREFORE:

The appeal filed by the defense of the defendant [Name 001] is dismissed. The proven facts are reclassified to a crime of piracy (piratería) in accordance with Article 265, subsection 1) of the Criminal Code (Código Penal). In all other respects, the judgment remains unaltered. Let the trial court take note of what is stated in considerando III of this decision. NOTIFY.

Gustavo Adolfo Gillen Bermúdez

Francini Quesada Salas                             Marianela Corrales Pampillo
    Judge and Judges of Criminal Sentencing Appeals

Expediente: 16-001793-0485-PE (18)
Defendant: [Name 001]
Victim: Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre)
Offense: Illegal Commercial or Sport Fishing in National Parks

EBONILLAV
Exp.: 16-001793-0485-PE(18)   -   VOTO 2024-0661   -   page: 1
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