Res. 00331-2024 Tribunal Agrario — Agrarian jurisdiction over disputes involving potentially public-domain landCompetencia agraria para conflictos sobre inmuebles con posible carácter demanial

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00331 - 2024

Fecha de la Resolución: 05 de Abril del 2024 a las 14:51

Expediente: 09-160114-0642-AG

Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez

Clase de asunto: Conflicto de competencia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Competencia agraria por materia
Subtemas:
Improcedencia de inhibitoria en caso de ser parte el Estado o sus instituciones al no actuar en función de sus potestades públicas.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

09-160114-0642-AG - 6




PROCESO:

	

CONFLICTOS DE COMPETENCIA




ACTOR/A:

	

CARLOS ALBERTO HIDALGO CARDENAS




DEMANDADO/A:

	

3-102-457874 LTDA

 

   

VOTO N°  N° 2024000331

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas cincuenta y uno minutos del cinco de abril de dos mil veinticuatro.-

 PROCESO ORDINARIO promovido por CARLOS HIDALGO CÁRDENAS, mayor, casado, agricultor, vecino de Parrita, cédula nueve-cero cincuenta y cinco-cero sesenta y uno y LA TURUBAL S.A. (en adelante Turubal), cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos sesenta y cinco mil seiscientos dos, representada por el anterior; contra INVERSIONES RYMLAU S.A. (en adelante Rymlau), cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos veintiséis mil novecientos cincuenta y ocho, representada por Luis Ricardo    Carpentier Soto, mayor, cédula uno-setecientos veintiuno- quinientos setenta; 3- 102-457874 S.R.L., cédula jurídica igual a su denominación, representada por Teresa Bueno, mayor, de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, casada, empresaria, vecina de Atenas, pasaporte cuatro cero cero uno uno tres tres tres uno; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (Inder), cédula jurídica cuatro -cero cero cero-cero cuatro dos uno cuatro tres, representado por Guillermo Goyenaga Calvo, mayor, abogado, vecino de Heredia, cédula uno- setecientos treinta y tres- doscientos veintiocho y JOSÉ RAMÓN TORRES AGUILAR, mayor, casado, policía civil, vecino de Pueblo Nuevo de Parrita, cédula seis-doscientos uno-quinientos noventa y dos. EXISTEN VARIAS CONTRADEMANDAS: A) RYMLAU contrademandó a LA TURUBAL S.A.; INDER; JOSÉ RAMÓN TORRES AGUILAR, CARLOS ALBERTO HIDALGO CÁRDENAS y al ESTADO, representado por la procuradora adjunta Heilyn Sáenz Calderón, mayor, abogada, vecina de Heredia, cédula siete-ciento veintiuno-ciento sesenta y tres. B) El ESTADO contrademandó a CLAUDIO MIRANDA MARTÍNEZ, mayor, cédula seis-ciento cincuenta y dos- quinientos nueve y TURUBAL S.A.; 3-102-457874 S.R.L.C) El INDER contrademandó a CARLOS ALBERTO HIDALGO CÁRDENAS. Actúan como apoderados especiales judiciales de: a) CARLOS ALBERTO HIDALGO CÁRDENAS y LA TURUBAL S.A.: Claudio Miranda Martínez, carné dieciocho mil trescientos cincuenta y siete; b) 3-102-457874 S.R.L: Roberto Umaña Balser, colegiado siete mil cuatrocientos diecisiete; c) Inversiones Rymlau: Roberto Yglesias Mora, colegiado mil setecientos cuatro; d) Inder: Julio Sánchez Carvajal, colegiado tres mil seiscientos cincuenta y siete. Como abogado director de José Ramón Torres Aguilar: Miguel Ángel Quirós Miranda, carné catorce mil cuatrocientos seis, de. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Puntarenas. Conoce este Tribunal excepción de incompetencia formulada por la representante del Estado.

 Redacta la jueza Alpízar Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

I.- La excepción de incompetencia por la materia fue planteada en tiempo por el Estado, al contestar la contrademandada de Rymlau, en memorial presentado el 6 marzo 2022. Alega, se pretenden derechos sobre terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, por constituir bosque un 97% de su cobertura y pide al Estado y otras instituciones el pago de daños y perjuicios por una eventual nulidad de la inscripción registral. Por tratarse de bienes demaniales su régimen jurídico, incluidos los modos de aprovechamiento, se rigen por las normas y principios del Derecho Administrativo. Por ello, debe valorarse desde la perspectiva del Derecho Público si es procedente la pretensión esgrimida y examinar, siempre bajo esa óptica, la legitimidad de los actos en que se apoya. Por la naturaleza del bien litigioso, tal valoración debe hacerse en la jurisdicción contencioso administrativo, a la luz de los criterios que la informan, a fin de ejercer la protección y vigilancia de los bienes públicos (Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos. 1 y 36). La competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda sigue criterios diversos al derecho agrario, es improrrogable, y la regulan leyes especiales, posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria, de aplicación prevalente y acatamiento obligatorio, como lo son el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508/2008, artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 36. Al respecto la Sala Primera de la Corte, en votos 627-2009 y 630-2009, resolvió que el conocimiento del proceso mediante el cual se pretendía anular el otorgamiento de un título de propiedad por el IDA sobre un inmueble que era parte del patrimonio natural del Estado, y reintegrarlo a éste, corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al estar “de por medio bienes de dominio público, los que por sus características deben ser analizados en la jurisdicción contencioso Administrativa, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo” . Según lo anterior, pide se declare la incompetencia y se traslade el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo (imagen 656 del expediente digital completo, descargado del archivo más antiguo a más reciente, en adelante EDC).

 II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2-h Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a las personas juzgadoras de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para el último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla en hechos agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato "tierra o suelo" no es fundamental. Y ciertamente se tutela en materia agraria la actividad empresarial, pero también la de subsistencia a través del cultivo de vegetales y la producción animal.

 III.- En la demanda principal se reclama existe un traslape de las fincas 6-080352-000, y 6-111169-000. Se alega la segunda fue vendida por el Inder al amparo de la "Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales”, declarada inconstitucional en voto 8560-2001 de la Sala Cuarta Constitucional. Pide: a) se declare nula, por estar basada en una Ley declarada inconstitucional, la compraventa sobre la supuesta finca 6-111169-000 realizada entre Instituto de Desarrollo Agrario y José Ramón Torres Aguilar; se ordene al Registro Inmobiliario anular los asientos de inscripción de la supuesta finca 6-111169-000 del 26 de julio de 1999, Tomo 467, Asiento 10696, consecutivo 01, b) anular las compraventas sobre la supuesta finca 6-111169-000, realizada entre José Ramón Torres Aguilar y Rymlau, su asiento de inscripción Tomo 470, Asiento 07113 y la de tal a 3-102-457874 SRL y su asiento de inscripción Tomo 569, Asiento 51242-01, c) anular la hipoteca en segundo grado citas: 569-51242-01-0030-001 sobre la supuesta finca 6-111169-000, cuyos acreedores son Rymlau, Rancho de Lujo S.A. y Marca A C E S.A., por estar constituida sobre un bien inmueble inexistente y su asiento de inscripción, d) anular las servidumbres de paso citas: 569-51242-010012-001, constituidas sobre la finca 6-111169-000 y su asiento de inscripción, e) ordenar al Catastro Nacional anular el plano catastrado P-558109-99, f) declarar que las tierras usurpadas por la demandada 3-102-457874 SRL son parte de la finca 6-080352-000 y pertenecen a Turubal, se ordene su inmediata reposición y g) se condene a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados (imagen 1095 EDC). Se aclara el expediente en su versión física fue escaneado y consta a partir de la imagen 807 hasta la 1820 del expediente digital, pero no están incluido los tomos en forma ordenada, dado que del folio 56 salta al segundo tomo que finaliza en el folio 487, luego del cual se regresa al folio 57 para terminar el contenido del primer tomo (imágenes 862 y 1050 EDC). En la contrademanda de Rymlau se pide se declaren válidos los traspasos e realizados el 27 de agosto del año 1999 de la finca 111169-000 de Puntarenas, de José Ramón Torres Aguilar a favor de Inversiones Rymlau, y el 19 de octubre del año 2006, de la sociedad reconventora a favor de 3-102-457874 SRL y sus asientos registrales, por lo que las inscripciones derivadas no fueron ni están afectadas por la (eventual) nulidad que acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 7599/1996, declarada en voto 8560-2001 de la Sala Cuarta Constitucional. La sociedad actora reconvenida La Turubal S.A., Carlos Alberto Hidalgo Cárdenas y José Ramón Torres Aguilar, han procedido con abuso de derecho y fraude legal y han causado daños y perjuicios, tanto materiales como morales, en su perjuicio (imagenes 1015, 1103 EDC). En la contrademanda del Estado se pide: la nulidad parcial de la escritura 25 del tomo 16 de la notaria Carmelina Vargas en cuanto traspasa a José Ramón Torres Aguilar un terreno de 86 hectáreas 4132.59 metros; la nulidad de los asientos de inscripción de las fincas 6-80352-001-002 y 6-111169-000; ordenar su cancelación ante el Registro Nacional y la nulidad de los planos catastrados P-929890-90 y P-558109-99. Todo lo anterior por reclamarse que se incluye indebidamente el Patrimonio Natural del Estado dentro de tales (imagen 668 EDC). En la contrademanda del Inder se pide se declare que el apoderado de Turubal reconoce que el plano catastrado P-929890-1990, tiene información cartográfica incorrecta, que la finca de Puntarenas 80352-000 fue inscrita con un plano catastrado que tiene información cartográfica incorrecta; se ordene al Catastro Nacional anular y excluir del sistema de información el plano catastrado P-929890-1990 y se declare que Carlos Hidalgo Cárdenas indujo a error al Instituto de Desarrollo Agrario, al presentarle con el trámite de solicitud de título de propiedad del terreno un plano catastrado con información incorrecta (imagen 1149 EDC).

IV.- En voto 982 de 24.11.2017 emitido en este proceso, se rechazó la excepción de incompetencia que interpuso la reconventora Rymlau, por no ser oponible esa defensa en un escrito de demanda (imagen 1789 EDC). Pese a que no es realizó pronunciamiento sobre el fondo del tema, implícitamente se mantuvo la competencia de este asunto a cargo de los tribunales agrarios. Los argumentos expuestos por el Estado como reconvenido -que interviene en el proceso posterior a ese voto-, no son de recibo. No se alegan aspectos sobrevinientes, que se desconociesen cuando se emitió, ni que hayan variado la situación de los bienes en litigio. El tema en discusión se relaciona con un alegado traslape que se afirma existe entre dos fincas que actualmente cuentan con título registral de propiedad privada; el origen de una de ellas relacionado con Ley 7599/1996, declarada inconstitucional en voto 8560-2001 de la Sala Cuarta Constitucional; los efectos de dicha situación; la nulidad de las escrituras, asientos registrales y planos relacionados con tales por el traslape referido. El Estado, a su vez, pide la nulidad de la inscripción de ambas fincas y sus planos por ser terrenos con bosque y considerar por ende que están dentro del Patrimonio Natural del Estado. Tal es un bien demanial conforme lo disponen los artículos 13 y 14 Ley Forestal 7575. Como se explicará, el que eventualmente pueda declararse lo último no cambia que la situación jurídica planteada involucra, en principio, la afectación a derecho reales de naturaleza privada. Si se comprueba que el bien objeto del proceso es demanial ello puede incidir en el resultado, pero no es un factor que impida a los tribunales agrarios resolverlo el conflicto debidamente y aplicar las normas correspondientes, sea para tutelar la propiedad privada y otros derechos reales o, en su caso, el demanio público. Tampoco son factores que impidan a los tribunales agrarios conocer el conflicto, el que se reclame como acción accesoria el pago de daños y perjuicios ni el que participen como partes el Estado y una institución autónoma estatal como lo es el Inder. Se aclara al respecto que, si en alguna situación jurídica (que implica determinar las consecuencias o efectos jurídicos concretos que se relacionan o surgen ante una situación de hecho relevante para el Derecho) interviene el Estado o sus instituciones como poder público, los conflictos relacionados con tal deben resolverse a través de normas de Derecho Público. Pero si intervienen sin potestades de imperio, se trata de una situación que debe resolver aplicando reglas del Derecho Privado (artículo 3 Ley General de Administración Pública). Existen así diversos supuestos en los cuáles, pese a participar en el proceso el Estado, un ente estatal o un órgano auxiliar de tal, por lo debatido, la competencia corresponde a la Jurisdicción Agraria (ver al respecto precedentes en votos 222 de 11.03.2015, 16 de 22.01.2009 y 246 de 17.03.2021). Además, en casos como el presente, por lo debatido, conforme lo disponen los numerales 1, 15, 22 Ley de Jurisdicción Agraria, en el tema de la competencia material, el principal criterio para fijarla no es el subjetivo (naturaleza organizativa de las partes), sino el de la actividad que se desarrolla o puede desarrollar en los bienes objeto de litigio y la naturaleza del presunto derecho debatido. En segundo lugar, lo que es objeto de pretensión no se puede considerar una situación jurídica que deba ser resuelta con base en normas y fines del Derecho Público, lo cual correspondería a una competencia exclusiva de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La tutela del dominio público es un deber que atañe a todo tipo de tribunal jurisdiccional, según sus competencias; máxime tratándose de inmuebles, porque pueden tener naturaleza agraria o bien ser bienes de interés ambiental, como sucede en el caso del Patrimonio Natural del Estado. Normas anteriores y posteriores al Código Procesal Contencioso-Administrativo: Ley 8508 del 28/04/ 2006, vigentes desde el 2008, así lo reconocen. Entre ellas del Código Penal (artículo 227: usurpación de dominio público); Ley de Informaciones Posesorias (artículo 7: permite titular áreas boscosas siempre que se demuestre los requisitos legales para ello); Código Procesal Civil (artículos 107 y 108, que se refieren a procesos sumarios en los cuáles puedan estar involucrados bienes demaniales). Con base en lo analizado, se respeta, pero no se comparte la posición de la Sala Primera que se expone en los votos citados por la parte oponente de la excepción. Tampoco es aplicable al caso, para efectos de determinar la competencia, lo reclamado en cuanto a que las normas del Procesal Contencioso-Administrativo son posteriores a las de la Ley de Jurisdicción Agraria. La materia agraria es especial y las reformas que plantea ese Código a partir de su vigencia en el año 2008, no modificaron los criterios imperantes en cuanto a que es posible y pertinente que todo tribunal tutele el demanio público en la forma debida, cuando se pueda ver involucrado un bien con esa calificación en un proceso a su cargo. En este caso, como se indicó, se pretende la nulidad de escrituras, planos y asientos registrales de fincas de las partes actoras y reconventoras por alegarse existe una doble titulación y también la reivindicación. Esos reclamos se regulan por las reglas del Derecho Privado. El Estado, a través de la contrademanda, introduce otro tema a debatir: que los bienes en cuestión no pueden ser propiedad privada y por tanto pide la nulidad de sus asientos registrales y planos catastrados. Innegablemente, si lleva o no razón, eso deberá determinarse en la sentencia definitiva, antes de analizar las acciones de naturaleza privada referidas. Pero su planteamiento no implica, como se explicó, que los tribunales agrarios carezcan de competencia para hacer el análisis respectivo y declarar lo que proceda en relación con lo debatido en este caso. Finalmente, de la lectura de la demanda no se observa que se esté solicitando la nulidad o revocatoria de acto administrativo alguno o de alguna conducta estatal que deba exclusiva y necesariamente ordenarse por un tribunal contencioso administrativo. Cancelar escrituras, planos y asientos registrales, cuando deban ser anulados, es una facultad que ostentan también los tribunales agrarios, civiles, penales, etc., conforme se establece en los artículos 471 a 477 Código Civil. De igual forma, todo tribunal está capacitado para aplicar normas que regulen la responsabilidad por daños, independientemente de que sean a favor o en contra del Estado o una de sus entidades, aplicando los criterios de imputación pertinentes a la situación debatida (numerales 41 Constitución Política, 701 a 707 Código Civil). Conforme lo explicado, procede rechazar la excepción de incompetencia por razón de la materia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 a 4 Ley de Jurisdicción Agraria y 113 Ley Orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

 Se rechaza la excepción de falta de competencia interpuesta por el Estado. Una vez firme esta resolución, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, para lo que corresponda.   

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 09-160114-0642-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:21:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

09-160114-0642-AG - 6

PROCEEDING:

CONFLICTS OF COMPETENCE

PLAINTIFF:

CARLOS ALBERTO HIDALGO CARDENAS

DEFENDANT:

3-102-457874 LTDA

VOTO N° N° 2024000331

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours fifty-one minutes of April fifth, two thousand twenty-four.-

ORDINARY PROCEEDING brought by CARLOS HIDALGO CÁRDENAS, of legal age, married, farmer, resident of Parrita, identity card nine-zero fifty-five-zero sixty-one and LA TURUBAL S.A. (hereinafter Turubal), legal identity card three- hundred one-two hundred sixty-five thousand six hundred two, represented by the former; against INVERSIONES RYMLAU S.A. (hereinafter Rymlau), legal identity card three- hundred one-two hundred twenty-six thousand nine hundred fifty-eight, represented by Luis Ricardo   Carpentier Soto, of legal age, identity card one-seven hundred twenty-one- five hundred seventy; 3- 102-457874 S.R.L., legal identity card identical to its name, represented by Teresa Bueno, of legal age, with a single surname due to her U.S. nationality, married, businesswoman, resident of Atenas, passport four zero zero one one three three three one; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (Inder), legal identity card four -zero zero zero-zero four two one four three, represented by Guillermo Goyenaga Calvo, of legal age, attorney, resident of Heredia, identity card one- seven hundred thirty-three- two hundred twenty-eight and JOSÉ RAMÓN TORRES AGUILAR, of legal age, married, civil police officer, resident of Pueblo Nuevo de Parrita, identity card six-two hundred one-five hundred ninety-two. THERE ARE SEVERAL COUNTERCLAIMS: A) RYMLAU counterclaimed against LA TURUBAL S.A.; INDER; JOSÉ RAMÓN TORRES AGUILAR, CARLOS ALBERTO HIDALGO CÁRDENAS and the STATE, represented by the deputy procuradora Heilyn Sáenz Calderón, of legal age, attorney, resident of Heredia, identity card seven-hundred twenty-one-hundred sixty-three. B) The STATE counterclaimed against CLAUDIO MIRANDA MARTÍNEZ, of legal age, identity card six-hundred fifty-two- five hundred nine and TURUBAL S.A.; 3-102-457874 S.R.L.C) INDER counterclaimed against CARLOS ALBERTO HIDALGO CÁRDENAS. Acting as special judicial representatives for: a) CARLOS ALBERTO HIDALGO CÁRDENAS and LA TURUBAL S.A.: Claudio Miranda Martínez, bar number eighteen thousand three hundred fifty-seven; b) 3-102-457874 S.R.L: Roberto Umaña Balser, bar member seven thousand four hundred seventeen; c) Inversiones Rymlau: Roberto Yglesias Mora, bar member one thousand seven hundred four; d) Inder: Julio Sánchez Carvajal, bar member three thousand six hundred fifty-seven. As directing attorney for José Ramón Torres Aguilar: Miguel Ángel Quirós Miranda, bar number fourteen thousand four hundred six. Processed before the Juzgado Agrario of Puntarenas. This Tribunal hears the exception of lack of jurisdiction (incompetencia) raised by the representative of the State.

Drafted by Judge Alpízar Rodríguez; and,

CONSIDERANDO:

I.- The exception of lack of subject-matter jurisdiction (incompetencia por la materia) was timely raised by the State, when answering the counterclaim by Rymlau, in a brief filed on March 6, 2022. It alleges that rights are claimed over lands that form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since forest cover (bosque) constitutes 97% of its coverage, and it seeks from the State and other institutions the payment of damages (daños y perjuicios) for a potential nullity of the registry inscription. Because they are public-domain assets (bienes demaniales), their legal regime, including the modes of use, is governed by the norms and principles of Administrative Law. Therefore, it must be assessed from the perspective of Public Law whether the claim asserted is appropriate and to examine, always from that perspective, the legitimacy of the acts on which it is based. Given the nature of the litigious asset, such assessment must be made in the contentious-administrative jurisdiction, in light of the criteria that inform it, in order to exercise the protection and surveillance of public assets (Código Procesal Contencioso Administrativo, articles 1 and 36). The jurisdiction of the Tribunals of Contentious-Administrative and Civil Treasury matters follows criteria different from agrarian law, it cannot be extended, and it is regulated by special laws, enacted after the Ley de Jurisdicción Agraria, of prevailing application and mandatory compliance, such as the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508/2008, articles 1, 2, 3, 5 and 36. In this regard, the First Chamber of the Supreme Court, in rulings (votos) 627-2009 and 630-2009, resolved that the knowledge of the proceeding by which the annulment of the granting of a title of ownership by the IDA over a property that was part of the natural heritage of the State was sought, and its return to the latter, corresponds to the Tribunal Contencioso Administrativo and Civil Treasury, as “public domain assets are at stake, which due to their characteristics must be analyzed in the contentious-administrative jurisdiction, extending to any matter in which the State has a direct interest.” According to the above, it requests that lack of jurisdiction (incompetencia) be declared and the proceeding be transferred to the Tribunal Contencioso Administrativo (image 656 of the complete digital case file, downloaded from the oldest to the most recent file, hereinafter EDC).

II.- The agrarian jurisdiction by reason of subject matter is generically defined in articles 1 and 2-h of the Ley de Jurisdicción Agraria. These norms empower the judges of this discipline to settle or resolve conflicts related to the exercise of agrarian or agro-environmental activities, or those related to them. An agrarian fund (fundo agrario) is considered to be that destined for such activities, or that may be destined for them. For the latter case, it is important to consider the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. The above criteria must also adjust to the needs and requirements that modern technologies and scientific advances pose in matters of agricultural development. For example, lands that previously could not be destined for agrarian activities—due to their size or the prevailing climate in the area—currently can be, if hydroponic agriculture or other technologies are actually developed, in which the substrate "earth or soil" is not fundamental. And certainly entrepreneurial activity is protected in agrarian matters, but also subsistence activity through the cultivation of vegetables and animal production.

III.- In the main complaint, it is claimed that there is an overlap of plots (fincas) 6-080352-000, and 6-111169-000. It is alleged the second was sold by Inder under the protection of the “Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales,” declared unconstitutional in ruling (voto) 8560-2001 of the Cuarta Constitucional Chamber. It requests: a) that the purchase-sale over the supposed plot (finca) 6-111169-000 executed between Instituto de Desarrollo Agrario and José Ramón Torres Aguilar be declared null, for being based on a Law declared unconstitutional; that the Real Property Registry be ordered to annul the inscription entries of the supposed plot (finca) 6-111169-000 from July 26, 1999, Volume (Tomo) 467, Entry (Asiento) 10696, consecutive 01, b) to annul the purchase-sales over the supposed plot (finca) 6-111169-000, executed between José Ramón Torres Aguilar and Rymlau, its inscription entry Volume (Tomo) 470, Entry (Asiento) 07113 and that from the latter to 3-102-457874 SRL and its inscription entry Volume (Tomo) 569, Entry (Asiento) 51242-01, c) to annul the second-degree mortgage citations: 569-51242-01-0030-001 over the supposed plot (finca) 6-111169-000, whose creditors are Rymlau, Rancho de Lujo S.A. and Marca A C E S.A., for being constituted on a non-existent real property and its inscription entry, d) to annul the access easements (servidumbres de paso) citations: 569-51242-010012-001, constituted over plot (finca) 6-111169-000 and its inscription entry, e) to order the National Cadastre to annul the cadastral map (plano catastrado) P-558109-99, f) to declare that the lands usurped by the defendant 3-102-457874 SRL are part of plot (finca) 6-080352-000 and belong to Turubal, and to order their immediate return (reposición) and g) to order the defendants to pay the damages (daños y perjuicios) caused (image 1095 EDC). It is clarified the case file in its physical version was scanned and consists from image 807 to 1820 of the digital file, but the volumes are not included in an orderly manner, given that from folio 56 it jumps to the second volume ending at folio 487, after which it returns to folio 57 to finish the content of the first volume (images 862 and 1050 EDC). In the counterclaim by Rymlau, it seeks a declaration that the transfers made on August 27, 1999, of plot (finca) 111169-000 of Puntarenas, from José Ramón Torres Aguilar in favor of Inversiones Rymlau, and on October 19, 2006, from the counterclaiming corporation in favor of 3-102-457874 SRL, and their registry entries are valid, and therefore the derived inscriptions were not and are not affected by the (potential) nullity brought about by the declaration of unconstitutionality of Ley 7599/1996, declared in ruling (voto) 8560-2001 of the Cuarta Constitucional Chamber. The plaintiff corporation counter-defendant La Turubal S.A., Carlos Alberto Hidalgo Cárdenas, and José Ramón Torres Aguilar, have proceeded with abuse of right and legal fraud and have caused damages, both material and moral, to its detriment (images 1015, 1103 EDC). In the State's counterclaim, it seeks: the partial nullity of deed (escritura) 25 of volume (tomo) 16 of notary Carmelina Vargas insofar as it transfers to José Ramón Torres Aguilar a land of 86 hectares 4132.59 meters; the nullity of the inscription entries of plots (fincas) 6-80352-001-002 and 6-111169-000; to order their cancellation before the National Registry and the nullity of cadastral maps (planos catastrados) P-929890-90 and P-558109-99. All the above because it is claimed that the Natural Heritage of the State is improperly included within such (image 668 EDC). In Inder's counterclaim, it seeks a declaration that Turubal's representative acknowledges that cadastral map (plano catastrado) P-929890-1990 has incorrect cartographic information, that Puntarenas plot (finca) 80352-000 was inscribed with a cadastral map that has incorrect cartographic information; that the National Cadastre be ordered to annul and exclude from the information system cadastral map (plano catastrado) P-929890-1990 and to declare that Carlos Hidalgo Cárdenas induced the Instituto de Desarrollo Agrario into error, by presenting it with the application process for a land ownership title with a cadastral map having incorrect information (image 1149 EDC).

IV.- In ruling (voto) 982 of 11.24.2017 issued in this proceeding, the lack of jurisdiction exception raised by the counterclaimant Rymlau was rejected, because such defense is not opposable in a complaint brief (image 1789 EDC). Although no ruling was made on the merits of the issue, the jurisdiction of this matter was implicitly maintained under the responsibility of the agrarian tribunals. The arguments presented by the State as counter-defendant—which intervened in the proceeding after that ruling—are not admissible. No supervening aspects are alleged, which were unknown when it was issued, nor that have changed the situation of the assets in litigation. The issue in discussion relates to an alleged overlap that is claimed exists between two plots (fincas) that currently have a registry title of private property; the origin of one of them related to Ley 7599/1996, declared unconstitutional in ruling (voto) 8560-2001 of the Cuarta Constitucional Chamber; the effects of that situation; the nullity of the deeds (escrituras), registry entries, and maps related to them due to the referred overlap. The State, in turn, seeks the nullity of the inscription of both plots (fincas) and their maps because they are lands with forest cover (bosque) and therefore considers that they are within the Natural Heritage of the State. Such is a public-domain asset (bien demanial) as provided in articles 13 and 14 of the Ley Forestal 7575. As will be explained, the fact that the latter may eventually be declared does not change that the legal situation raised involves, in principle, the affectation of rights in rem of a private nature. If it is proven that the asset subject to the proceeding is a public-domain asset (demanial), that may affect the outcome, but it is not a factor that prevents the agrarian tribunals from resolving the conflict properly and applying the corresponding norms, whether to protect private property and other rights in rem or, as the case may be, the public domain. Nor are they factors that prevent the agrarian tribunals from hearing the conflict, the fact that the payment of damages (daños y perjuicios) is claimed as an ancillary action, or that the State and an autonomous state institution such as Inder participate as parties. It is clarified in this regard that, if in any legal situation (which involves determining the specific legal consequences or effects that relate to or arise from a relevant factual situation for Law) the State or its institutions intervene as public authority, the conflicts related to such must be resolved through Public Law norms. But if they intervene without powers of authority (potestades de imperio), it concerns a situation that must be resolved by applying Private Law rules (article 3 of the Ley General de Administración Pública). Thus, there are various scenarios in which, despite the State, a state entity, or an auxiliary body thereof participating in the proceeding, due to what is debated, jurisdiction corresponds to the Agrarian Jurisdiction (see precedents in rulings (votos) 222 of 03.11.2015, 16 of 01.22.2009 and 246 of 03.17.2021 in this regard). Moreover, in cases like the present one, due to what is debated, as provided in sections 1, 15, 22 of the Ley de Jurisdicción Agraria, in the matter of subject-matter jurisdiction, the main criterion for determining it is not subjective (organizational nature of the parties), but the activity that is developed or can be developed on the assets subject to litigation and the nature of the alleged right debated. Secondly, what is the object of the claim cannot be considered a legal situation that must be resolved based on norms and goals of Public Law, which would correspond to an exclusive jurisdiction of the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection of the public domain is a duty that concerns every type of jurisdictional tribunal, according to its powers; especially in the case of real estate, because they may have an agrarian nature or be assets of environmental interest, as occurs in the case of the Natural Heritage of the State. Norms prior and subsequent to the Código Procesal Contencioso-Administrativo: Ley 8508 of 04/28/2006, in force since 2008, so recognize. Among them, the Código Penal (article 227: usurpation of public domain); the Ley de Informaciones Posesorias (article 7: allows the titling of forested areas provided that the legal requirements for it are demonstrated); the Código Procesal Civil (articles 107 and 108, which refer to summary proceedings in which public-domain assets (bienes demaniales) may be involved). Based on what has been analyzed, the position of the First Chamber set forth in the rulings cited by the party opposing the exception is respected, but not shared. Nor is it applicable to the case, for purposes of determining jurisdiction, the claim that the norms of the Contencioso-Administrativo Procedural Code are subsequent to those of the Ley de Jurisdicción Agraria. Agrarian subject matter is special and the reforms proposed by that Code from its entry into force in 2008 did not modify the prevailing criteria that it is possible and pertinent for every tribunal to protect the public domain in the proper manner, when an asset with that classification may be involved in a proceeding under its responsibility. In this case, as indicated, the nullity of deeds (escrituras), maps, and registry entries of the plots (fincas) of the plaintiff and counterclaimant parties is sought because an alleged double titling exists, and also recovery of possession (reivindicación). Those claims are regulated by Private Law rules. The State, through the counterclaim, introduces another issue for debate: that the assets in question cannot be private property and therefore seeks the nullity of their registry entries and cadastral maps. Undeniably, whether or not it is right, that must be determined in the final judgment, before analyzing the referred actions of a private nature. But its raising does not imply, as explained, that the agrarian tribunals lack jurisdiction to make the respective analysis and declare what is appropriate in relation to what is debated in this case. Finally, from reading the complaint, it is not observed that it is requesting the annulment or revocation of any administrative act or of any state conduct that must be ordered exclusively and necessarily by a contentious-administrative tribunal. Canceling deeds (escrituras), maps, and registry entries, when they must be annulled, is a power also held by agrarian, civil, criminal, etc., tribunals, as established in articles 471 to 477 of the Código Civil. Likewise, every tribunal is capable of applying norms that regulate liability for damages, regardless of whether they are for or against the State or one of its entities, applying the relevant imputation criteria to the debated situation (sections 41 Constitución Política, 701 to 707 Código Civil). As explained, it is appropriate to reject the exception of lack of jurisdiction by reason of subject matter, in accordance with the provisions of sections 1 to 4 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 113 of the Ley Orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

The exception of lack of competence (falta de competencia) raised by the State is rejected. Once this resolution is final, return the case file to the Court of origin, for what corresponds.

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EXP: 09-160114-0642-AG

II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunals of Justice building, Calle Blancos de Goicoechea opposite the parking lot of the Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 05-08-2026 16:21:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República