Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La naturaleza sumaria de dicho proceso limita la discusión y análisis a ese tema, es decir, a si esa obra o árbol, deben ser asegurados (por ejemplo, mediante anclajes, soportes, etc.), modificados (como sucede cuando se autoriza la poda de un árbol) o eliminados (derribo de la obra o corta de un árbol, por ejemplo), para prevenir una situación dañina que, de no tomarse esas medidas, tiene un alto grado de probabilidad (inminencia) de acontecer en tiempo presente o muy cercano. Aspectos como si procede o no otros alcances del aprovechamiento (por ejemplo, utilización de la madera que como recurso se puede extraer del árbol cuestionado), escapan al fin y objeto del proceso.
Conforme lo explicado, en forma alguna puede interpretarse como una decisión infundada e incorrecta el que la autoridad judicial, en el contexto de un sumario de derribo de un árbol en propiedad privada, remita a la parte actora propietaria a la vía administrativa pertinente a gestionar lo que le corresponda legalmente, para efectos del aprovechamiento de la madera resultante.
English (translation)The summary nature of this proceeding limits discussion and analysis to that issue: i.e., whether the construction or tree must be secured (e.g., by anchors, supports), modified (as when tree pruning is authorized), or eliminated (demolition of the construction or felling of a tree) to prevent a harmful situation that, if such measures are not taken, has a high probability (imminence) of occurring now or very soon. Matters such as whether other aspects of utilization are appropriate (e.g., use of wood that can be extracted from the tree in question) are beyond the purpose and scope of the proceeding.
As explained, it cannot in any way be interpreted as an unfounded or incorrect decision for the judicial authority, in the context of a summary tree-felling proceeding on private property, to refer the plaintiff-owner to the appropriate administrative route to handle legally whatever corresponds for the utilization of the resulting wood.
Ruling confirmed
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00340 - 2024 Fecha de la Resolución: 09 de Abril del 2024 a las 09:35 Expediente: 23-000336-0391-AG Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez Clase de asunto: Sumario de derribo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución EXPEDIENTE: 23-000336-0391-AG - 3 PROCESO: SUMARIO ACTOR/A: MARIA PAULINA NALA TORRES ZUÑIGA DEMANDADO/A: VOTO N° N° 2024000340 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas treinta y cinco minutos del nueve de abril de dos mil veinticuatro.- SUMARIO DE DERRIBO establecido por PAULINA CORRES ZÚÑIGA, mayor, divorciada, ama de casa, vecina de Nicoya, cédula cinco-ciento ochenta y uno- novecientos cuarenta y siete; contra IGNORADO. Interviene como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), representada por José J. Barahona Vargas, mayor, abogado, cédula dos-doscientos ochenta y siete-mil trescientos sesenta y uno, colegiado mil setecientos noventa y nueve. Actúa como defensor público de la parte actora: Luis Guillermo Vargas Mena Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz. Redacta la jueza Alpízar Rodríguez; y, CONSIDERANDO: I.- SOBRE LA DEMANDA: Interpone la parte actora demanda estimada en cincuenta mil colones, para que se declare: " 1.- …se autorice el derribo del árbol de CEIBA, objeto de este asunto. 2.- Por ser el árbol accesorio a mi derecho de propiedad, solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para así costear los costos del derribo del árbol, en razón que soy persona de escasos recursos económicos. Subsidiarias: 3.- En caso de no autorizar la corta o derribo del árbol se otorgue la autorización para cortar tosas (sic) las ramas que se representen mayor peligro y así quitarle peso para evitar que este caiga” (imagen 1 del expediente digital completo, descargado del archivo más antiguo a más reciente, en adelante EDC). II. Posición de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: No presentó objeciones en cuanto a la corta o poda del árbol (imagen 18 EDC). III.- El juez Walter Ávila Quirós del Juzgado Agrario, en sentencia 35 del veintiséis de enero de dos mil veinticuatro resolvió: “De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara parcialmente con lugar la presente demanda establecida por PAULINA CORRES ZÚÑIGA. Se tiene como tercero interesado a la Procuraduría General de la República. Se declara parcialmente con lugar la presente demanda de derribo se autoriza a la actora para cortar el árbol de ceiba. En cuanto al aprovechamiento forestal debe la parte interesada hacer tal gestión ante las oficinas del Minae de Nicoya por ser la autoridad competente. Notifíquese" (imagen 31 EDC). IV.- RECURSO DE LA PARTE ACTORA: En resumen: Objeta únicamente se hada denegado el aprovechamiento de la madera, con base en el artículo 27 de la Ley Forestal, dado que se le remite a plantear dicha gestión ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Considera es la instancia judicial la que debe resolver la solicitud del aprovechamiento de la madera, porque tiene la potestad de decidir sobre ello, dado que se está resolviendo sobre el derribo y por ello, fue que se planteó este proceso. Aclara que para las guías de transporte si hará el trámite pertinente ante dicha oficina administrativa. Además, la solicitud de aprovechamiento de la madera es parte de las pretensiones de la demanda, por esa razón, no es competencia del MINAE resolver sobre ello y es deber del Juzgado resolver todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Al MINAE solo le corresponde únicamente la expedición de las guías de transporte, en caso de autorizarse el aprovechamiento respectivo. Si el árbol se encuentra plantado dentro de zona de protección, solamente existen limitaciones de carácter ambiental en cuanto al derribo de árbol, pero, no significa que dicha zona no sea parte integrante del derecho de propiedad natural de la parte interesada. Nada impide que la parte actora pueda aprovechar a su conveniencia la madera resultante, y así costear los gastos del derribo que es sabido que son muy elevados. Pide se revoque parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto dispone denegar el aprovechamiento de la madera, y en su lugar, se le autorice aprovechar a su conveniencia dicho recurso (imagen 36 EDC). IV.- Lo alegado resulta improcedente. El aprovechamiento de la madera en realidad no se deniega, como incorrectamente se afirma en el recurso. El Juzgado dispone al respecto: “En cuanto al aprovechamiento forestal debe la parte interesada hacer tal gestión ante las oficinas del Minae de Nicoya por ser la autoridad competente”, con base en el artículo 27 Ley Forestal. Con ello, en forma alguna se desconoce el derecho de propiedad de la parte actora ni tampoco se deja de resolver lo peticionado en la demanda. Incluso, como se alega en el recurso y se explicará más adelante, si el árbol está en un inmueble privado, lo plantado en el terreno le pertenece a su persona propietaria por accesoriedad, con las excepciones de ley (numeral 254-2 Código Civil). Además, tratándose del recurso forestal, las actividades de corta y aprovechamiento son exactamente diferentes, y por ello, en la Ley Forestal se regulan de forma independiente, pues lo segundo es más amplio que lo primero (artículos 3, 27, 28). Sobre el tema, es necesario destacar que efectivamente el proceso de derribo tiene por fin determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída que afecte la vida y seguridad de las personas, su patrimonio o bienes de naturaleza pública (numeral 108 Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). La naturaleza sumaria de dicho proceso limita la discusión y análisis a ese tema, es decir, a si esa obra o árbol, deben ser asegurados (por ejemplo, mediante anclajes, soportes, etc.), modificados (como sucede cuando se autoriza la poda de un árbol) o eliminados (derribo de la obra o corta de un árbol, por ejemplo), para prevenir una situación dañina que, de no tomarse esas medidas, tiene un alto grado de probabilidad (inminencia) de acontecer en tiempo presente o muy cercano. Aspectos como si procede o no otros alcances del aprovechamiento (por ejemplo, utilización de la madera que como recurso se puede extraer del árbol cuestionado), escapan al fin y objeto del proceso. Por ello no se analizan esos aspectos, al no ser realmente un tema que se pueda debatir y para los cuáles deben tomarse en cuenta otras normas y situaciones, como por ejemplo el tipo de especie, si el árbol está o no en propiedad privada, etc. Pero, además, en supuestos como el que se debate en este proceso, ese tipo de pretensiones (que van más allá de solo autorizar corta de un árbol), no requieren ser concedidas, por innecesarias. Esto por cuanto, si el árbol está en propiedad privada (perteneciente a la parte actora), quien sea su titular es la persona que conforme al ordenamiento jurídico está facultada para ejercer los atributos del dominio sobre los bienes incorporados al inmueble, salvo disposición legal expresa en contra o por la existencia de alguna restricción legal derivada de normas ambientales, por ejemplo (numerales 255, 264, 266, Código Civil). En otras palabras, para aspectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos que se obtienen de un árbol en propiedad privada, salvo norma legal expresa que lo impida (como sucedió, por ejemplo, en el 2008, con la veda al aprovechamiento de árboles caídos de la especie almendro amarrillo: dipteryx panamensis) no se requiere entonces autorización de una persona juzgadora (artículos 3, 27 y 28 Ley Forestal y 254-2 Código Civil). Y en caso de que una autoridad administrativa niegue algún permiso al respecto -para el aserrío, transporte, etc.-, la persona administrada, de ser ilegal el rechazo, debe plantear los reclamos por la vía pertinente. Por ello, es la parte actora propietaria en este tipo de proceso, bajo su responsabilidad, quién con respeto del ordenamiento jurídico, debe evaluar si puede o no aprovechar la madera que pudiese extraerse del árbol. Para ello, tratándose de propiedad privada, es importante valorar que existen diversos requisitos y trámites dependiendo de si se trata de un árbol: a) individual y plantado; b) individual de regeneración natural; c) si integra una plantación (silvicultura); d) si está en un ecosistema boscoso. El aprovechamiento, incluida la corta, depende de ese tipo de situaciones y otras más. Si está dentro de un sistema boscoso se requieren planes de manejo. En los otros supuestos (terrenos no cubiertos con bosque), existen limitaciones que deben ser respetadas dependiendo de si el árbol fue plantado o es de regeneración natural (numerales 3, 20, 27, 28 y 31 Ley Forestal). Conforme lo explicado, en forma alguna puede interpretarse como una decisión infundada e incorrecta el que la autoridad judicial, en el contexto de un sumario de derribo de un árbol en propiedad privada, remita a la parte actora propietaria a la vía administrativa pertinente a gestionar lo que le corresponda legalmente, para efectos del aprovechamiento de la madera resultante. Como se indicó, no se requiere de autorización judicial para ello, pero si debe quien lo hace respetar las normas y restricciones que el ordenamiento jurídico disponga y tramitar los permisos pertinentes ante la autoridad administrativa competente, si son legalmente necesarios (numerales 27, 28, 31, 51 Ley Forestal entro otros). VI.- Conforme lo explicado, en lo apelado, se confirma la resolución recurrida. POR TANTO: En lo apelado, se confirma la sentencia 35 del veintiséis de enero de dos mil veinticuatro. BGNYCDH8EDU61 RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A IGLSLJBG2Q061 ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A A3HGIJTEMSK61 CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 23-000336-0391-AG II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:20:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 23-000336-0391-AG - 3 PROCEEDING: SUMMARY PROCEEDING PLAINTIFF: MARIA PAULINA NALA TORRES ZUÑIGA DEFENDANT: VOTO N° 2024000340 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At nine thirty-five in the morning on the ninth of April two thousand twenty-four.- SUMMARY PROCEEDING FOR DEMOLITION/FELLING (SUMARIO DE DERRIBO) brought by PAULINA CORRES ZÚÑIGA, of legal age, divorced, homemaker, resident of Nicoya, identity card number five-hundred eighty-one-nine hundred forty-seven; against UNKNOWN PARTY. The OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PGR) appears as an interested party, represented by José J. Barahona Vargas, of legal age, attorney, identity card number two-two hundred eighty-seven-thousand three hundred sixty-one, bar association number one thousand seven hundred ninety-nine. The public defender for the plaintiff is Luis Guillermo Vargas Mena. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz. Drafted by Judge Alpízar Rodríguez; and, CONSIDERING: I.- REGARDING THE COMPLAINT: The plaintiff files a complaint valued at fifty thousand colones, seeking a declaration that: " 1.- …the felling of the CEIBA tree, which is the subject of this matter, be authorized. 2.- Because the tree is accessory to my property right, I request that I be authorized to use the timber at my convenience, in order to cover the costs of felling the tree, given that I am a person of scarce economic resources. In the alternative: 3.- In the event that the cutting or felling of the tree is not authorized, authorization be granted to cut all the branches that represent the greatest danger and thus lighten its weight to prevent it from falling” (image 1 of the complete digital file, downloaded from the oldest file to the most recent, hereinafter EDC). II. Position of the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA): It did not present any objections regarding the cutting or pruning of the tree (image 18 EDC). III.- Judge Walter Ávila Quirós of the Agrarian Court, in judgment 35 of January twenty-six, two thousand twenty-four, resolved: “In accordance with the findings of fact and law, the present complaint filed by PAULINA CORRES ZÚÑIGA is partially granted. The Office of the Attorney General is considered an interested third party. The present demolition/felling complaint is partially granted; the plaintiff is authorized to cut the ceiba tree. Regarding forestry use (aprovechamiento forestal), the interested party must make that request before the MINAE offices in Nicoya, as it is the competent authority. Notify” (image 31 EDC). IV.- APPEAL BY THE PLAINTIFF: In summary: She objects only to the fact that the use of the timber (aprovechamiento de la madera) was denied, based on article 27 of the Forestry Law (Ley Forestal), given that she is referred to file that request before the Ministry of Environment and Energy (MINAE). She considers that it is the judicial instance that must resolve the request for the use of the timber, because it has the authority to decide on it, given that it is resolving on the felling and that is why this proceeding was filed. She clarifies that for the transport permits, she will complete the pertinent procedure before that administrative office. Furthermore, the request for the use of the timber is part of the claims of the complaint; for that reason, it is not the competence of MINAE to resolve it, and it is the Court's duty to resolve each and every one of the claims of the complaint. MINAE is only responsible for issuing the transport permits, should the respective use be authorized. If the tree is planted within a protection zone, there are only environmental limitations regarding the felling of a tree, but that does not mean that said zone is not an integral part of the natural property right of the interested party. Nothing prevents the plaintiff from being able to use the resulting timber at her convenience, and thus cover the costs of the felling, which are known to be very high. She requests that the appealed judgment be partially reversed as it orders the denial of the use of the timber, and instead, she be authorized to use said resource at her convenience (image 36 EDC). IV.- The allegation is unfounded. The use of the timber (aprovechamiento de la madera) is not actually denied, as incorrectly stated in the appeal. The Court orders in this regard: “Regarding forestry use, the interested party must make that request before the MINAE offices in Nicoya, as it is the competent authority,” based on article 27 of the Forestry Law. By this, the plaintiff's property right is in no way disregarded, nor is the claim made in the complaint left unresolved. In fact, as argued in the appeal and as will be explained later, if the tree is on private property, whatever is planted on the land belongs to its owner by accessoriness, with the exceptions provided by law (article 254-2 Civil Code). Furthermore, regarding forestry resources, cutting and use (aprovechamiento) activities are exactly different, and therefore, they are regulated independently in the Forestry Law, as the latter is broader than the former (articles 3, 27, 28). On this matter, it is necessary to highlight that the purpose of a demolition/felling proceeding is indeed to determine whether a tree or construction, due to its poor condition, constitutes an imminent danger of falling that affects the life and safety of persons, their property, or assets of a public nature (article 108 Civil Procedure Code, applied supplementarily). The summary nature (naturaleza sumaria) of said proceeding limits the discussion and analysis to that topic, that is, whether that work or tree must be secured (for example, by means of anchors, supports, etc.), modified (as when pruning a tree is authorized), or eliminated (demolition of the work or cutting of a tree, for example), in order to prevent a harmful situation which, if those measures are not taken, has a high degree of probability (imminence) of occurring in the present or very near future. Aspects such as whether or not other scopes of use (aprovechamiento) are appropriate (for example, utilization of the timber that can be extracted as a resource from the tree in question) fall outside the purpose and object of the proceeding. Therefore, those aspects are not analyzed, as they are not truly a debatable topic and for which other rules and situations must be considered, such as, for example, the type of species, whether or not the tree is on private property, etc. However, furthermore, in cases like the one debated in this proceeding, those types of claims (which go beyond merely authorizing the cutting of a tree) do not need to be granted, as they are unnecessary. This is because, if the tree is on private property (belonging to the plaintiff), its owner is the person who, according to the legal system, is empowered to exercise the attributes of ownership over the goods incorporated into the property, unless there is an express legal provision to the contrary or due to the existence of some legal restriction derived from environmental regulations, for example (articles 255, 264, 266, Civil Code). In other words, for aspects related to the use of the resources obtained from a tree on private property, unless there is an express legal rule prohibiting it (as occurred, for example, in 2008 with the ban on the use of fallen trees of the almendro amarillo species: dipteryx panamensis), the authorization of a judge is therefore not required (articles 3, 27 and 28 Forestry Law and 254-2 Civil Code). And in case an administrative authority denies any permit in that regard - for sawing, transport, etc. -, the administered person, if the rejection is illegal, must file the claims through the pertinent channel. Therefore, in this type of proceeding, it is the plaintiff owner, under their own responsibility and with respect for the legal system, who must evaluate whether or not they can use the timber that could be extracted from the tree. For this, in the case of private property, it is important to assess that there are various requirements and procedures depending on whether it concerns a tree that is: a) individual and planted; b) individual of natural regeneration; c) part of a plantation (silviculture); d) in a forested ecosystem (ecosistema boscoso). The use, including cutting, depends on those types of situations and others. If it is within a forested system, management plans (planes de manejo) are required. In the other cases (land not covered with forest), there are limitations that must be respected depending on whether the tree was planted or is of natural regeneration (articles 3, 20, 27, 28 and 31 Forestry Law). As explained, the fact that the judicial authority, in the context of a summary proceeding for demolition/felling of a tree on private property, refers the plaintiff owner to the pertinent administrative channel to handle what legally corresponds to them for the purposes of using the resulting timber, cannot in any way be interpreted as an unfounded and incorrect decision. As indicated, judicial authorization is not required for this, but whoever does it must respect the rules and restrictions established by the legal system and process the pertinent permits before the competent administrative authority, if they are legally necessary (articles 27, 28, 31, 51 Forestry Law among others). VI.- In accordance with the foregoing, as to the appealed matter, the appealed decision is confirmed. THEREFORE: As to the appealed matter, judgment 35 of January twenty-six, two thousand twenty-four is confirmed. BGNYCDH8EDU61 RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - PRESIDING JUDGE IGLSLJBG2Q061 ANTONIO DARCIA CARRANZA - PRESIDING JUDGE A3HGIJTEMSK61 CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - PRESIDING JUDGE EXP: 23-000336-0391-AG II Judicial Circuit San José, 4th floor, Courts Building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the parking lot of Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:20:06. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República