Res. 03470-2024 Tribunal Contencioso Administrativo — Possessory Claims in Osa Settlement Within Golfo Dulce Forest Reserve DismissedImprocedencia de reclamos posesorios en Asentamiento Osa dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 03470 - 2024

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2024 a las 18:32

Expediente: 15-005475-1027-CA

Redactado por: Laura Gómez Chacón

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Dominio público
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Patrimonio natural
Subtemas:
Consideraciones sobre los bienes de dominio público constituyentes del patrimonio natural del Estado.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

15-005475-1027-CA - 0




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

LISBETH ALEMAN FAJARDO




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2024003470

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciocho horas con treinta y dos minutos del treinta de Mayo del dos mil veinticuatro.-

 

 Proceso de conocimiento establecido por LISBETH ALEMAN FAJARDO, mayor, soltera, portadora de la cédula de identidad número 5-231-035; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Diana Elena Alfaro Montenegro, abogada, carnet 15152, en su condición de apoderado especial judicial. Participa como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Roldan Morales Novoa, Carnet 18671.

RESULTANDO

 1.- La parte actora presentó la demanda mediante escrito de fecha 14 de febrero del 2013, cuyas pretensiones son las siguientes: "1. La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante el acuerdo No 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965 (folio 54-55), acuerdo No VI de la sesión 1196 de 16 de junio de 1970 (folio 82), acuerdo cinco de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974 (folio 101), acuerdo VI sesión 712 del 2 de mayo de1967 (folio 71), encaminados a dar una solución a la problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A. 2. Que se le reubique a mi representado en un fundo en iguales condiciones al que posee, mismo que se representante por medio del croquis que consta en autos (folio 469-470), o en su defecto se le debe de cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a peritaje que valore el inmueble que posee mi representada. 3. Condenar en abstracto al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del croquis que consta en autos, y la corrida distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representado. 4. Que era de conocimiento del antiguo I.T.C.O. -hoy I.N.D.E.R.- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mi representado, el cual se representa por medio del croquis que consta en autos. 5. Que se reconozca a mi representado dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan en autos, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del croquis que consta en autos. 6. Que el ente demandado recayó en otra conducta omisiva al no ejecutar el acuerdo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre del 2005. 7. Que se condene al demandado al pago de ambas costas". (Imágenes 1066-1083 del expediente electrónico). 

 2.- La representación del INDER, contestó negativamente la demanda, oponiendo las excepciones de Falta de derecho, falta de legitimación, falta de interés actual, caducidad y prescripción. (Imágenes 1220-1293 del expediente electrónico).

 3.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) fue celebrada el 9 de setiembre del 2019. En dicha audiencia se fijaron las pretensiones conforme al resultando primero. Se procedió a admitir la prueba documental aportada, consistente en el expediente administrativo y prueba testimonial. (Soporte de audio en el Sistema de Gestión).

 4.- El juicio oral y público fue celebrado con la participación de las partes el día 14 de mayo del 2024. Se recibió la prueba admitida y se emitieron las conclusiones. El proceso fue declarado muy complejo de conformidad con lo establecido en el numeral 111 del CPCA.

 5.- En los procedimientos ante este Tribunal se han cumplido las formalidades de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Previa deliberación, se dicta esta resolución por unanimidad, con redacción de la jueza Gómez Chacón y el voto favorable de la jueza Morales Herra y el juez Mejías Rodríguez.

CONSIDERANDO:

I.- Sobre la prueba para mejor resolver: Las parte demandada en la celebración del juicio oral, ofreció como prueba para mejor resolver el oficio INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-INF-0005-2021, que es informe de inspección parcela numero 25 ubicada en el asentamiento Osa, sector Los Planes. Dicho documento estima esta Cámara que resulta admisible como prueba para mejor resolver, al valorarse que la misma constituye prueba complementaria a la existente en autos, y pertinente para la resolución del presente asunto.

II. Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso, se tiene por acreditado lo siguiente: 1.  La Junta Directiva del ITCO, el día 8 de junio de 1965, artículo 11, sesión N° 400, acordó proponer a la empresa Arawak, un arreglo consistente en la compra de una porción de sus tierras conocida con el nombre de Bahía Drake. La Venta de la zona denominada área al este de la Laguna Rancho Quemado. El arrendamiento a la Compañía de la zona conocida con el nombre de centro de Arawak y considerar la posibilidad de arrendar a la compañía el Cerro de Oro, propiedad del Estado. (Imágenes 56- 67 del expediente judicial); 2. El día 4 de noviembre de 1966, la Junta Directiva del ITCO, artículo II, sesión N° 628, acordó revocar el acuerdo contenido en artículo XI de la sesión N° 400 celebrada el día 8 de junio de 1965; disponiendo además, proseguir con el trámite señalado en el capítulo sexto de la Ley N° 2825. (Imágenes 68- 69 del expediente judicial); 3. Que mediante acuerdo VI de la Sesión 712 del 02 de mayo de 1967, la Junta Directiva del entonces ITCO dispuso entre otras cosas: "a) Ratificar el acuerdo contenido en el art. II de la sesión no. 628 celebrada el 4 de noviembre de 1966, por el cual se acordó que sin perjuicio de las conversaciones que se pudieran llevar a cabo para arreglar satisfactoriamente el conflicto de ocupación precaria en fincas de la Osa Productos Forestales, situadas en Bahía Drake de Osa, prosíganse los trámites señalados en el capítulo VI de la ley de tierras y colonización; b) Encargar al Depto. Legal la elaboración de un proyecto de Decreto Ejecutivo tendiente a inscribir a nombre del Estado, para su posterior al ITCO, de aquellos terrenos nacionales, con una superficie de aproximadamente 15.000 hectáreas, que se encuentran situados en el centro de la Península de Osa, rodeados de las fincas de la Osa Productos Forestales”. (Imágenes 73- 83 del expediente judicial); 4. Mediante decreto 9628-A de 1969 se dispuso el Reglamento sobre la Protección y Aprovechamiento de las Reservas Forestales en el cual se dispuso: "Artículo 1: El presente reglamento establece el régimen de protección y aprovechamiento de las reservas forestales.  Artículo 2. Para los fines de este reglamento, se entenderá por Reserva Forestal un área boscosa, o de aptitud forestal, de reconocida capacidad productiva y linderos definidos en el respectivo Decreto Ejecutivo, destinada al aprovechamiento forestal de acuerdo a los planes técnicos que se formulen en la Dirección General Forestal o los particulares. Artículo 3. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, procederá mediante decretos ejecutivos, una vez efectuados los estudios e investigaciones del caso, a las declaraciones reservas forestales de aquellas áreas estatales o privadas; que así lo requieran. Artículo 4. Las reservas forestales serán declaradas como tales por cualesquiera de los siguientes motivos: a. Por ser los bosques o terrenos forestales objeto de la medida los únicos existentes en la región con capacidad productiva forestal actual o potencial. b) Por haberse puesto en evidencía que se está menoscabando con explotaciones irracionales una valiosa riqueza forestal declaradas reservas forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causarse derechos de ninguna especie". (Imágenes 409-412 del expediente judicial). 5. La Junta Directiva del ITCO, en artículo VI, de la sesión N° 1196 del día 16 de junio de 1970 acordó: "a) Ordenar al Departamento correspondiente la localización y medida de las áreas que la Cía. Osa Productos Forestales S.A. propone al Instituto canjear por terrenos de la Reserva Nacional, según plano que se adjunta: // b) Solicitar a la Gerencia se ponga en contacto con la Dirección Nacional Forestal para que en forma conjunta con el Instituto, realice un estudio de la propuesta de la Cía. Osa Productos Forestales S.A”.. (Imagen 84 del expediente judicial); 6. La Junta Directiva del ITCO mediante acuerdo 1604, artículo VIII, de la sesión celebrada el 2 de abril de 1973 dispuso encargar a la Gerencia un estudio técnico de las tierras propiedad de OSA Forestales de la Península de OSA que permita un plan a la solución del conflicto de ocupación de tierras. (Imágenes 85, 123 del expediente judicial); 7. La Junta Directiva del ITCO, por artículo XI, de la sesión N° 1821 del día 11 de noviembre de 1974, acordó en lo conducente: "A- Ratificar la aprobación del proyecto de convenio preliminar para la solución de conflicto de tierras en propiedad de Osa Productos Forestales S.A. haciendo hincapié en que al tenor de la cláusula cuarta del mismo la OSA, se obliga a traspasar al ITCO el 20% de las áreas de Reserva Nacional; // B- La anterior disposición deroga todos aquellos acuerdos que se opongan a lo acordado en el inciso A de este acuerdo". (Imagen 101 del expediente judicial); 8. Que la Junta Directiva del ITCO, aprobó el convenio preliminar con Osa Productos Forestales, para la solución de los conflictos agrarios que afectan a las propiedades de esta última, ubicadas en la Península de Osa. Ese mismo órgano emitió acuerdo en la sesión Nº 1832 del 11 diciembre celebrada el día 11 de diciembre de 1974, que dispuso: "Modificar el artículo XI de la Sesión N° 1821 de 11 de noviembre de 1974 en el sentido de que se lea así: A) Ratificar la aprobación del Proyecto de Convenio preliminar para la solución del conflicto de tierras en propiedad de Osa Productos Forestales S.A. haciendo hincapié en que al tenor de la cláusula cuarta del mismo, la Osa, se obliga a traspasar al ITCO un área de Reserva del 20% de las tierras requeridas para cada Asentamiento, destinado al desarrollo futuro de aquellos; // B) La anterior disposición deroga todos aquellos acuerdos que se opongan a lo acordado en el inciso A) de este acuerdo". (Imagen 102, 105, 114-119 del expediente judicial); 9. La Junta Directiva del ITCO, mediante acuerdo IV de la sesión 1925 del 4 de noviembre de 1975, se acordó declarar que se está de acuerdo con la necesidad existente de crear el Parque Nacional Corcovado. (Imágenes 86-87 del expediente judicial); 10. La Junta Directiva del ITCO, mediante acuerdo III, de la sesión 1962 del 15 de marzo de 1976, acordó autorizar el uso del Fondo de Emergencias, para el pago de indemnizaciones de los ocupantes desalojados por la creación del Parque Nacional Corcovado. (Imágenes 135-141 del expediente judicial); 11. Mediante Decreto Ejecutivo No. 8.494-A del 28 de abril de 1978, se creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce y, modificada su cabida mediante los Decretos Ejecutivos 9388-A del 30 de noviembre de 1978 y 10142-A del 12 de junio de 1979. En el artículo 3° se establece que se declaran inalienables de los terrenos nacionales que se encuentren dentro de la anterior limitación. En el artículo 6° se estableció que, dentro de los terrenos comprendidos dentro de la Reserva, se prohibió talar árboles, cazar, realizar quemas y cualquier actividad agrícola, agropecuaria, industrial o comercial. En el artículo 8° se estableció que las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria, quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. En el artículo 10° se estableció que: "El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización"; (imágenes 551-552, 948-952 del expediente judicial); 12. Que la finca propiedad de Productos Forestales OSA, fue expropiada por el Estado, terrenos que pasaron a ser parte del ITCO, correspondiente a las fincas del Partido de Puntarenas con número de matrículas 22.048, 8.974 y 22.046 expropiadas a la primera, la cuales fueron reunidas para crear la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real 39.334-000, con base en el cual se creó el Asentamiento Campesino Osa (Imágenes 251-285, 351-358, 364-368, 938-948 del expediente judicial); 13. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 10.088-G-H del 2 de mayo de 1979 reformado luego por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 10244 del 05 de julio de 1979, se dispuso en lo conducente que: "Considerando: 1°-Que siendo obligación del Estado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, velar por el bienestar de los habitantes del país, organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, lo cual se logra en parte, resolviendo el problema de tantos campesinos sin tierra, así como realizando un vasto plan de desarrollo agropecuario-forestal, el Gobierno de la República con ese fin, por medio del Instituto de Tierras y Colonización, está llevando a cabo en todo el territorio nacional, un ambicioso plan de asentamientos campesinos, haciéndose necesario consecuentemente, la adquisición de las fincas, construcciones, instalaciones, mejoras, maquinaria, repuestos y mobiliario que luego se describirán en la parte dispositiva y que pertenecen a las firmas comerciales "Osa Productos Forestales Sociedad Anónima" hoy "Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima" y a "O Sociedad Anónima". // 2°-Que con el fin anteriormente indicado el Ministerio de Gobernación y Policía por oficio de fecha 24 de abril último propuso a las compañías antes mencionadas la adquisición de los bienes de su pertenencia, habiendo el representante legal de esas sociedades en nota de fecha veintisiete de abril del año en curso, manifestado su conformidad en la expropiación. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°- Con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política y en la ley número 36 de 26 de junio de 1896, adicionada por Decreto Legislativo número 78 de 24 de junio de 1938, se expropian los bienes que se describen así: I.-Fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S. A. hoy Agroindustrial Rincón S. A.: a) Finca inscrita en la Sección de Propiedad del Partido de Puntarenas del Registro Público, al tomo dos mil trescientos setenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y seis y quinientos treinta y dos, número veintidós mil cuarenta y ocho, asientos, uno, dos y tres que es terreno de montaña, selva virgen, terrenos agropecuarios, incluyendo la laguna de Chocuaco, la fila Ganado, los ríos Pueblo Viejo, Catarata, quebrada Salto, río San Juan, quebrada Venegas, río Ravito, río Rincón, río Pavón, quebrada Chanchera, quebrada Ganado, quebrada Escondido, quebrada Caballero, quebrada Cerritos, quebrada Timón, río Conté, río Barrigones, quebrada Danta, quebrada Jobo, quebrada Cedral, río Agujas, parte de la fila de Matajambres, río Sabala, parte de la fila Barrigones, río Niño, quebrada Tarde, río Vaquedano, río Drake, río Claro y los cerros de Arata, Rancho Quemado, Brujo, Aguja, Debro, Ones y Rincón Mueller. Finca que es resto, sita en los distritos segundo y tercero del cantón sétimo de Puntarenas y primero y tercero del cantón quinto de Puntarenas. Mide: treinta y nueve mil quinientas siete hectáreas tres mil cincuenta y nueve metros cuadrados, según Registro. Con los siguientes linderos: Norte: Fila Guerra en parte, cerros de Chocuaco en parte, quebrada Pástate en medio, en parte cerros de Osa, en parte baldíos nacionales y en parte zona marítimo terrestre. Sur: Baldíos nacionales, división natural de las aguas en medio, en parte baldíos nacionales, río Sirena y Tigre en medio. Este: Zona marítimo terrestre en parte y en parte el mar en la sección de Playa Blanca y baldíos nacionales en parte. Suroeste: Baldíos nacionales, división natural de las aguas en medio. Oeste: Baldíos nacionales, en parte zona marítimo terrestre. Noroeste: Baldíos nacionales en parte, división natural de las aguas en medio y en parte zona marítimo terrestre y en parte el mar en la sección de Playa Blanca y baldíos nacionales en parte. Noreste: Baldíos nacionales y cerros de Osa en parte, zona marítimo terrestre en parte. Sureste: Zona marítimo terrestre en parte y en otra el mar en la sección de Playa Blanca y baldíos nacionales en parte. Además por los linderos Norte, Sur, Este y Oeste, colinda también con Arnold Clifford Newman Krasna. b) Finca inscrita en el mismo Partido y Sección del Registro que la anterior al tomo mil cuatrocientos ochenta y cuatro, folio doscientos cuarenta y ocho, número ocho mil novecientos cuarenta y siete, asientos nueve y diez que es terreno de montaña virgen de topografía quebrada de figura irregular, sito en el distrito cuarto, cantón quinto de la provincia de Puntarenas y colinda: Norte: Osa Productos Forestales S. A., Sur: El Estado, Osa Productos Forestales y Reserva Nacional del Parque El Corcovado, Este: Osa Productos Forestales, el Estado y el Instituto de Tierras y Colonización, Mide: Mil ciento sesenta y ocho hectáreas, cinco mil quinientos noventa y un metros cuadrados. II.-Finca propiedad de O. Sociedad Anónima: Inscrita en la misma sección y Partido que las dos anteriores, al tomo dos mil trescientos setenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y tres, número veintidós mil cuarenta y seis, asientos uno, dos, que es terreno de montaña virgen, bosques maderables, campo de aterrizaje, varias casas, bodegas y otras instalaciones, regado por los ríos y quebradas y también por varios caminos, un campo de aterrizaje, varias casas de habitación, bodegas y algunas otras instalaciones. Sito en el distrito tercero, cantón quinto y segundo del cantón sétimo de Puntarenas. Linda: Norte: Baldíos nacionales en parte, en parte cerros de Sierpe, en otra cerros de Osa, Sur: Resto de fincas de Osa Productos Forestales S. A., Este: En parte cerros de Osa y baldíos nacionales, en parte zona marítimo terrestre y en parte con resto de finca de la Osa antes dicha. Oeste: Resto de finca de la Osa Productos Forestales S. A., mide cinco mil cuatrocientos setenta y ocho hectáreas, siete mil trescientos veintiséis metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados, incluido el dos por ciento para caminos. Las tres fincas descritas forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal. (...) Artículo 5°-Se autoriza a la Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto, los traspase a dicho Instituto el que los destinará a los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Asimismo, se autoriza a dicha funcionaría para que firme cualquier escritura adicional que sea necesario, para lograr la correcta inscripción en el Registro Público de la escritura principal”. (Imágenes 387-406, 544-550, 948-962 del expediente judicial); 14. Que la finca del partido de Puntarenas con matrícula folio real 39334-000 correspondiente al asentamiento campesino denominado Osa, tuvo su origen en el Decreto Ejecutivo de expropiación N°10088-G-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 1 de junio de 1979, reformado por el N°10233-G del 5 de julio de 1979, y refiere a las fincas 22048-000, 8947-000 y 22046-000 del Partido de Puntarenas, reunidas en la finca 39334-000. (Imágenes 364-368, 387-406 del expediente judicial); 15. Mediante Decreto Ejecutivo 11755-G del 18 de agosto del 1980, se le expropió al señor Arturo Aguilar Vindas las mejoras ubicadas en la propiedad ubicada por ocupación dentro de lo que se conoció como los terrenos de OSA Productos Forestales S.A. y hoy Asentamiento Campesino La Osa, finca propiedad del Instituto de Tierras y Colonización, las mejoras expropiadas son: Cultivos permanentes, potrero, cosechas, cultivos estacionales, construcciones e inversiones. (Imagen 817 del expediente judicial); 16. Mediante sentencia del 17 de mayo de 1989, del Juzgado 1 de lo Contencioso Administrativo, expediente 297-86, proceso ordinario de Arturo Aguilar Vindas contra el IDA, se dispuso que los actores han poseído en forma quieta, pacifica, pública, ininterrumpida y a título de dueño, dentro de las propiedades del IDA, que antes fueron de OSA Productos Forestales S.A., y demostrada la posesión decenal, debe proceder el IDA a pagar las mismas a sus propietarios. Dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N.90-94 del 6 de abril de 1994, en cuanto a la condenatoria al IDA. Finalmente, mediante sentencia N.52 de la Sala Primera del 26 de mayo de 1995, se confirmó el fallo. (Imágenes 818-902 del expediente judicial); 17. Que mediante sentencia 2456-97 de las 11:03 horas del 02 de mayo de 1997, la Sala Constitucional resolvió recurso de amparo N°3605-V-92, promovido por el Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa contra el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, ordenando al Ministerio de Ambiente y Energía: "...proceda a realizar -si no se ha hecho- el censo que se establece en el numeral 11 del Decreto Ejecutivo 8494-A e iniciar las diligencias de expropiación o compra directa según corresponda, debiendo proceder a elaborar conjuntamente con aquellos recurrentes que resulten del censo ser propietarios o poseedores legítimos, un plan de explotación de la tierra acorde con el Régimen a que están sometidos los terrenos y que le permita a los propietarios o poseedores legítimos su sustento y subsistencia mientras dure el trámite expropiatorio". (Imagen 1095-1096 del expediente judicial); 18. Mediante acuerdo de la Junta Directiva del IDA, del 11 de enero de 1999, artículo VI de la sesión 002-99, se dispuso a declarar beneficio y adjudicatario del lote 25 y 25-1 del Asentamiento OSA, sector Los Planes de Drake, sitio Sierpe, Provincia de Puntarenas a Zacarías Alemán Valencia. (Imágenes 1080-1092 del expediente judicial); 19. El entonces IDA, en sesión N° 044-05 celebrada el día 14 de noviembre de 2005, en su artículo 39 dispuso en lo conducente: "1- Que las fincas inscritas en el Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Puntarenas, números 22048, 8974 y 22046, las cuales fueron reunidas formando una sola finca inscrita al Folio Real 39334- 000 del Partido de Puntarenas propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, que conforman el Asentamiento Campesino Osa, se ubican dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante decreto ejecutivo número 8494-A del 1 de junio de 1978. 2- Que los indicados inmuebles los expropio el Estado a la compañía Osa Productos Forestales y en el mismo acto los traspasó al Instituto de Tierras y Colonización, hoy IDA, para el desarrollo de un plan agropecuario forestal a favor de campesinos sin tierra (ver decretos Ejecutivos 10088-G-H de fecha 2 de mayo de 1979 y Decreto 10244-G de fecha 5 de julio de 1979). 3- Que según estudios efectuados por la Sección de Inventario de Tierras de este Instituto las tierras expropiadas a la Compañía Osa Productores Forestales estaban por un conflicto de ocupación precaria que se originó en el año 1963 (véase oficio SIT-059-78) (...) Acordó: PRIMERO: Se autoriza un procedimiento especial y exclusivo para que en la finca número 39334-000 del Partido de Puntarenas, propiedad del IDA, que conforma el Asentamiento Campesino Osa, ubicado dentro de la reserva forestal Golfo Dulce se pueden entregar títulos de propiedad a favor de aquellos ocupantes que demuestren una posesión de por lo menos diez años con anterioridad al 1 de junio de 1978 fecha en la que se creó por decreto la Reserva Forestal Golfo Dulce. SEGUNDO: El beneficiario que pretenda ser sujeto de titulación deberá presentar los siguientes documentos ante la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa: a- Solicitud formal para que se le otorgue el título que deberá contener como mínimo: nombre, apellidos, calidades y domicilio del solicitante y su cónyuge ubicación de la parcela o lote que se pretende titular y naturaleza del terreno. b- Documentos legales que demuestren la posesión decenal ejercida con anterioridad al 1 de julio de 1978. e- Declaración jurada rendida ante un Notario Pública (sic) donde conste el tiempo de posesión del solicitante el nombre, apellidos y demás calidades de la persona de quién adquirió su derecho, así como la cadena de transmisión del mismo a partir del 1 de julio de 1968. d- Certificación del estado civil del solicitante o solicitantes. e- Copia de la cédula de identidad del solicitante y su cónyuge. f- Plano catastrado del inmueble. Con toda la documentación antes señalada la Oficina Subregional del IDA en Rincón de Osa procederá a la conformación del respectivo expediente administrativo (...) CUARTO: La Oficina Subregional de Rincón de Osa del IDA, en acción conjunta con el funcionario que la Dirección del Área de Conservación Osa el MINAE designe, deberá en todos los casos practicar inspección ocular en el predio que se pretende titular. La indicada inspección ocular tendrá como objeto lo siguiente: a) Comprobar en el propio sitio la presencia del ocupante como dueño del terreno. b) Comprobar linderos, comprobar que no existen traslapes ni presencia de terceros ocupantes. e) Reseñar la naturaleza del inmueble. d) Levanta el acta correspondiente que será suscrita por los funcionarios señalados. e) Verificar la información investigada con la base de datos, censos y documentos que posea la oficina subregional del IDA en Osa. QUINTO: Realizada la inspección de campo y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el MINAE por medio de su representante regional y el IDA por medio de la Oficina Subregional de Osa emitirán la recomendación respectiva expresando su opinión favorable para el otorgamiento del título o las razones para negarlo...”. (Imágenes 1095-1100 del expediente judicial); 20. Mediante escritura pública trescientos dos otorgada ante el notario público Alfredo Carrillo Mena, el 4 de octubre del 2011, comparecen los señores Zacarías Alemán Valencia, Luz Marina Fajardo Jiménez y Lisbeth Alemán Fajardo, en la que se indica que los dos primeros donan a la última un terreno sin inscribir ubicado en los Planes de Drake, Osa, Puntarenas, con un área de treinta y siete hectáreas 4273 metros, con los siguientes linderos: norte: Zenón Hernández Díaz y calle pública, Sur: Río Claro, Este: calle pública, Fermín Fajardo Jiménez, Bautista Amaya Mora, Oeste: Patricia López López. Manifiestan los donadores que esa propiedad fue adquirida de Arturo Aguilar Vindas en 1972, y este a su vez adquirió de Inocencio Amaya Amaya en el año 1978. (Imágenes 471-473, 898-903 del expediente judicial); 21. Que la propiedad sobre la que se alegan el derecho de posesión de la señora Lisbeth Alemán Fajardo, se encuentra en un 100% ubicado en la Reserva Forestal Golfo Dulce. (Imágenes 790-793, 921-928,1485-1489 del expediente judicial); 22. El Ingeniero topógrafo Albert Torres Muñoz, N° It 4582, indicó que certificó el día 30 de marzo de 2011, la medición de la parcela ubicada en Los Planes, Distrito: 3 Sierpe, Cantón: 5to Osa, Provincia de Puntarenas, en posesión de Zacarías Alemán Valencia, cédula 5-184-137 y Luz Marina Fajardo Jiménez, cédula 5-0247-0430, medición que realizó en abril de 2008; lo cual era para efectos de trámites ante el Catastro Nacional, pero el MINAET denegó el visado correspondiente, requerido por el Catastro Nacional, quedando pendiente de que esa situación se solucionara. El plano adjunto indica que corresponde a un área de 37 hectáreas 273 metros cuadrados y que forma parte de la finca folio real 6039334-000. El plano contiene un polígono que en su parte interior señala la existencia de "montaña". Además, tiene una nota, que en lo conducente indica: "El plano de agrimensura levantado unilateralmente por el interesado, aunque este inscrito, por sí mismo no puede afectar a terceros, no constituye título traslativo de dominio, no comprueba la propiedad ni la posesión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 301 del Código Civil”. Además, en la parte interior tiene otra nota que indica: "Afectado por Ley Forestal N° 7575, artículo 33 se inscribe este plano sin perjuicio de los derechos del Estado para todos los efectos de las limitaciones que las leyes de aguas y caminos y zona marítimo terrestre establecen”. (Imágenes 472-474 del expediente judicial); 23. Que según oficio RIM-RN-0461-2012 del 26 de setiembre de 2012, del Director del Registro Inmobiliario del Registro Nacional, Jorge Alvarado Valverde, dirigido a los señores Ricardo Madrigal Madrigal y Hernán Paniagua Quirós de la Asociación de Desarrollo Integral de Drake, la historia de la finca del Partido de Puntarenas, N° 39334, en el cual se ubica el lote poseído por la aquí actora. Se indica que esa finca nació a la vida jurídica de la reunión de tres fincas propiedad del ITCO, con matrículas 22048, 22046 y 8947 mediante escritura pública otorgada a las 8 horas del 4 de setiembre de 1980, habiéndose inscrito el día doce de ese mes y año. En ese documento se aclara esa situación, después de realizada una investigación administrativa, por resolución final de las 15:30 del 2 de junio de 2009 de la Dirección del Registro Inmobiliario, que tuvo por corregidos los errores constatados, sin que se apreciara perjuicio para terceros. A su vez, la historia de las tres fincas reunidas, es la siguiente: en cuanto a las fincas 22048, surgieron de tres documentos, que son las escrituras públicas otorgadas los días 4 de diciembre de 1975, 30 de mayo y 4 de junio de 1976, con los que se creó los inmuebles 6-22034 y 6-22036 (indicándose que tenían la naturaleza de "terreno de montaña"), que fueron inscritos a nombre del Estado y transmitidos de manera gratuita al ITCO, quien posteriormente los permutó con Osa Productos Forestales, S.A, por ser un lote segregado de cada una de las fincas matrículas 8946, 8947 y 8950, así como por la totalidad de las fincas matrículas 8839, 8948 y 8840. En el asiento registral correspondiente, se indicó que la permuta se celebra dejando a salvo los derechos de los particulares sobre terrenos debidamente inscritos o con posesión decenal, que queden comprendidos dentro de las áreas de la Reserva Nacional del Parque Nacional de Corcovado. El fundamento normativo de los anteriores traspasos se encontró en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 5343-A publicado en el Diario Oficial del 31 de octubre de 1975, lo mismo que acuerdo de la Junta Directiva del ITCO, tomado en artículo 4 inciso B) de la sesión número 1925 del 4 de noviembre de 1975. Luego esas fincas números 6-22034 y 6- 22036, fueron refundidas en la matrícula 6-22048. Se indicó en dicho oficio que "(...) resulta unívoca la interpretación que de los alcances de los Decretos Ejecutivos números 5343-A y 6953-A, se dio por parte de este Registro a la hora de inscribir los asientos primero y segundo de las fincas matrículas 6-22034 y 6-22036; y esto es que las fincas que se indican en el artículo 1 del primer decreto, son aquellas que perteneciendo a El Estado y estando fuera de terrenos de Reserva Nacional, fueron generadas libres de todo gravamen y limitación como fincas independientes, transferidas gratuitamente por El Estado al ITCO; quien autorizado al efecto, las permutó con la empresa Osa Productos Forestales S. A., por terrenos de su propiedad que sí se encontraban dentro del área de terreno que conforma el Parque Nacional de Corcovado". (Imágenes 431- 438 del expediente judicial); 24. Mediante oficio ACOSA-RFGD-DOT -290-2013 del 10 de octubre del 2013, del Departamento de Ordenamiento Territorial del SINAC, indica, que de acuerdo a estudio realizado, no existen visados a nombre de Lisbeth Alemán Fajardo. (Imagen 929 del expediente judicial); 25. En el juicio oral declaró el señor Víctor Arguijo Arguijo, quien indicó que conoce a los padres de la actora. Expone que el llegó en el año 1973 a la zona de Bahía Drake, indica que Chente Amaya era el poseedor, él le vende a Arturo Aguilar, y después, éste se lo vende a Zacarías Alemán. Indica que en el terreno había agricultura en la zona. Comenta que cuando llega Arturo Aguilar lo dedicó a pasto para ganado. Don Zacarías vivía en esa parcela, también lo dedicó a ganado y pasto. Señala que Zacarías Alemán, su esposa se llama Marina Fajardo y su hija se llama Lisbeth, y tienen tres hijos más. Todos sus hijos viven ahí. Hace tres años paso por última vez a los terrenos. (Sistema de audio SIGAO); 26. En el juicio declaró el señor Clementino Castrillo quien señaló que el terreno fue de Chente Amaya, él tenía agricultura después paso a Arturo Aguilar, y en el año 1977 de Arturo Aguilar adquiere don Zacarías, ellos lo dedicaron pasto y ganado. Ya para esa fecha había adquirido esa parcela doña Lisbeth. No ha habido nadie más en posesión. (Sistema de audio SIGAO); 27.  En el juicio declaró el señor Mario Jiménez Quirós, quien es Jefe de la Oficina de Osa INDER. Expone que conoce por los procesos legales interpuestos. Señala que la parcela objeto de la demanda fue adjudicado Zacarías Alemán, pero no a la actora. Indica que él no era funcionario del IDA cuando se hizo solicitud. Explica que a don Zacarías se le aplicó en mayo de 1993 un censo, como parte de cualquier proceso familiar. Se declara como una familia para ser adjudicada. En el año 1995 se le asignó a don Zacarías la Parcela 25. Explica que el Asentamiento Osa nace de una Compañía llamada Osa Productos Forestal y en el año 1978 se creó la Reserva Golfo Dulce. Esta Reserva se sobrepone a las parcelas del Asentamiento OSA. Explica que el ITCO cuando se da la expropiación, se da el primer acuerdo de Junta Directiva. En el año 1993 se levantó un censo de ocupante, de lo que no era parte la parte actora, porque a ellos se le aplicó fue un estudio de familias, para adjudicación. Aclara que no existe en la Oficina a su cargo ninguna solicitud traspaso hacia la actora. Ante una pregunta del Tribunal se indica que para el año 1978, la naturaleza del terreno era de bosque primario. (Sistema de audio SIGAO)

 

III. Hechos no probados: 1. Que la actora tuviera reconocidos derechos de usucapión o posesorios antes de la constitución de la Reserva Forestal Golfo Dulce por parte del Instituto demandado (Los autos). 2. Que los Decretos Ejecutivos 8484-A del 28 de abril de 1978, DE-9388-A del 30 de noviembre de 1978 y de 10088-GH reconocieran derechos de usucapión o posesión a la actora. (Los autos). 3. Que el "procedimiento especial y exclusivo" adoptado por la Junta Directiva del Instituto demandado, en el artículo 39 sesión 044-05 del 14 de noviembre de 2005, cumpliera todas las etapas dispuestas en el mismo, para el caso de la actora. (Los autos). 4. Que la entidad demandada haya incurrido en la conducta omisiva reclamada por la accionante. (Los autos). 5. Que los acuerdos 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, VI de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974 y VI de la sesión 712 del 2 de mayo de 1967, otorgaran algún derecho a la actora. (Los autos). 6. La existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa reclamada y los daños y perjuicios cuya indemnización pretende la actora. (Los autos).

IV. Objeto del proceso: En el presente proceso se discute una responsabilidad del ente demandado por conducta omisiva frente a la tenencia de tierras en el Asentamiento Campesino OSA, en ese sentido expone que su representada es poseedora de un terreno ubicado en los Planes, Bahía Drake. Señala que no presenta el catastro inscrito, por el mismo acoso al que se han visto sometido durante todos estos años, quien les ha impedido poder visar y así poder continuar con el trámite de inscripción del respectivo plano. Indica que el 24 de octubre de 1975, mediante el Decreto Ejecutivo 5357-A se crea el Parque Corcovado una gran cantidad de terreno aledaño a la propiedad de Litis. Posterior a esta fecha la Administración Pública por medio del ITCO hoy el Instituto de Desarrollo Agrario inició trabajos con el fin de realizar censos en las tierras que conformaban el Parque, como en las tierras aledañas, estudios los cuales demostraron que dentro de dichas tierras existían personas con derechos posesorios decenales plenamente consolidados. De igual manera producto de una serie de conflictos acaecidos en Bahía Drake de Osa entre los vecinos del sector y una Compañía Norteamericana en 1965 que acaparó muchas fincas, el Instituto de Tierras Colonización inicia negociaciones con la Empresa que en ese momento se denominaba Arawak Forestal, luego Osa Forestales para solucionar el problema de ocupación precaria en las presuntas propiedades de esa Multinacional, según consta en varios acuerdos y antecedentes de la Institución, iniciando formalmente la gestión con el acuerdo No 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965 y acuerdo No VI de la sesión 1196 de 16 de junio de 1970, donde se reconocía dicho problema ocupacional. Producto de estos censos, el INDER se percata que existe un problema de ocupación precaria dentro de los terrenos de la Osa Forestales, prueba de ello es el decreto de expropiación que realiza el Estado a la Osa Forestal, así como el acuerdo que firma con dicha sociedad, era con el único fin de solucionar el problema de ocupación precaria que estaba afectando a cientos de campesinos, los cuales toda una vida había poseído por sí o por sus trasmitentes los terrenos. Producto de las negociaciones, el Instituto de Tierras y Colonización hoy INDER, había llegado con la Osa Forestales, a realizar una serie de censos con el único fin de determinar la cantidad de familias que ostentaban el problema de ocupación en precario, así como las extensiones de terrenos que cada una de ellas ocupaba, lo cual se demuestra con el plano que se adjunta como prueba, en donde constan todos los sectores ocupados, entre el cual está el de su representado. Apegado a la buena fe de nuestros campesinos, el Instituto de Tierras y Colonización hoy INDER, ingresaron a cada una de las propiedades, realizando los levantamientos topográficos respectivos, en principio con el fin de solucionar la situación precaria de título, y dotar de título a los campesinos, los cuales ante tal ayuda no dudaron en abrir las puertas de sus casas, dándoles comida y abrigo a los funcionarios encargados de realizar tan noble tarea, sin imaginar que la solución al conflicto no llegaría. A raíz de esta situación, se creo una Subcomisión Especial de la Asamblea Legislativa que desde 1972 estaba investigando y estudiando lo concerniente a esa Compañía por el acaparamiento de tierras en la Península de Osa y el problema de ocupación precaria en toda la región, presentando la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley número 5852, que pretendía expropiar a la Compañía Osa Productos Forestales y legalizar la tenencia en toda la región de la península, según versaba su texto original artículo noveno del 28 de junio de 1973, expediente No 5399. Así mismo el Concejo Municipal de Golfito, apoyó mediante acuerdo No 20 del 15 febrero de1972, la situación ocupacional para que se entregara títulos en las tierras de la Compañía, según documento del 17 de febrero de 1972. En caso de que el ITCO lo considere necesario y de utilidad pública entregar parcelas y otorgar los respectivos títulos de propiedad a otros agricultores. Pero se le impone la obligación de defender las riquezas madereras de la península de Osa para el Estado. Dentro de las negociaciones realizadas con el fin de solucionar el problema de ocupación en precario señalado, se toma como punto de partida el plano P- 16317- 1973, plano el cual señalaba los terrenos que supuestamente le pertenecían a la Osa Forestales, con un área de 34800 hectáreas con 577 metros cuadrados. Para el año de 1974 el ITCO y la Compañía habían llegado a un arreglo para solucionar el problema de ocupación precaria en las tierras de la península por medio de un convenio, dentro del marco de la Ley 2825 y sus reformas en donde entre otras cosas declaran la existencia de un conflicto de ocupación precaria en esas propiedades, documento legal firmado por las partes el 20 de noviembre de 1974. Documento respaldado por acuerdos de la Junta Directiva del ITCO y debidamente ratificado según acuerdo cinco de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974. Producto de los estudios realizados por el demandado, hoy INDER, se percatan de que, dentro de los terrenos ocupados por los campesinos de la Península de Osa, existía dos sectores el cual lo denominaron baldíos Nacionales, terrenos los cuales no le pertenecían a la Osa Forestales, y sobre los cuales existían derechos posesorios por más de diez años de las personas que lo habitaban, tal y como lo había reflejado los censos realizados. Mediante el Decreto No 5357-A del 24 de octubre de 1975 se crea el Parque Nacional de Corcovado, una gran cantidad de terrenos aledaño a la propiedad de Litis, en donde posterior a esa fecha y como se viene exponiendo la Administración Pública por medio del ITCO hoy INDER, había iniciado formalmente desde 1973 una serie de acciones para realizar un censo general en las todas tierras en conflicto incluidas, las que iban a ser del Parque Nacional, comprobándose que dentro de dichas tierras existían núcleos dispersos de pobladores con derechos posesorios decenales plenamente consolidados, lo cual se demuestra con las pruebas arriba expuestas. Producto de estas gestiones institucionales (ITCO-Convenio Marco-Proyecto Ley 5852), el demandado reitera el hecho de que existe un profundo problema de Ocupación Precaria dentro y fuera de los terrenos de la Osa Forestal. Prueba de ello es el mismo Proyecto de Ley 5852 de 1973 que venía tramitando la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como el Convenio Marco suscrito por las partes ITCO-OSA el 20 de noviembre de 1974, con el único fin de solucionar el problema de ocupación precaria que estaba afectando, desde la toma de control de esos terrenos la Multinacional en 1957, a cientos de campesinos los cuales toda la vida habían poseído por si o por sus dependientes sus fincas. Producto de las negociaciones del Convenio marco,  INDER, había llegado con la Osa Forestal a realizar un censo desde 1974 con el único fin de determinar la cantidad de familias que ostentaban el problema de ocupación en precario, así como las extensiones de terrenos que cada una de ellas ocupaba, no es hasta principios de febrero de 1976 que la Sección de Inventarios de Tierras del ITCO, analiza un informe sobre la ocupación casi total del sector de Bahía Drake y Rancho Quemado como última y tercera etapa, con un poco más de ciento sesenta familias censadas. La omisión de parte del ente demandado de no resolver el conflicto de ocupación en precario, según se desprende del oficioìo SIT-059-78 de la sección de Inventario de tierras con fecha del 8 de junio de 1978, es desde 1963, es decir, la conducta omisiva del ente demandado tiene más de 50 años. Tal y como lo indica los documentos que adjunto como prueba documental con el presente escrito, el fundamento del Decreto Ejecutivo número 10088, mismo que expropia a Osa Productos Forestales S.A, era precisamente resolver el conflicto de tenencia de las tierras de tantos campesinos. Nótese que ya en 1979, el ente demandado sabía que sobre el inmueble que se pretendía expropiar a la Osa Productos Forestales, pesaban anotaciones de juicios promovidos desde 1963, un elemento de más de la existencia del conflicto de tenencia de la Tierra. Producto de esta situación, el ente demandado inicio más no concluye, es decir, sigue su conducta omisiva hasta la fecha, diferentes gestiones con el fin de dotar de tierras a los campesinos, prueba de ello es el oficio DL-1281-93, donde el Departamento legal de la demandada, emite un dictamen donde faculta el otorgamiento de títulos de propiedad en el asentamiento de Osa, lugar donde está mi representada. Posteriormente en el año 2005, se crea una comisión en la cual la aquí demandada era parte, la cual tenía como objetivo realizar la titulación a los campesinos del asentamiento Osa, donde se puede ver nuevamente que el ente demandado no soluciona el conflicto y continúa su conducta omisiva.  Por medio del artículo 39 de la sesión 044-05, celebrada el 14 de noviembre del 2005, la Junta Directiva de la demandada acuerda realizar un procedimiento especial para solucionar el problema de posesión en precario, el cual nunca se realizó continuando la conducta omisiva de la demandada a dar solución al problema que le aqueja a su representado. La omisión de parte del ente demandado de no resolver el conflicto de ocupación en precario, según se desprende del oficio SIT-059-78 de la sección de Inventario de tierras con fecha del 8 de junio de 1978, es desde 1963, es decir, la conducta omisiva del ente demandado tiene más de 50 años. El fundamento del Decreto Ejecutivo número 10088, mismo que expropia a Osa Productos Forestales S.A, era precisamente resolver el conflicto de tenencia de las tierras de tantos campesinos. Nótese que ya en 1979 el ente demandado sabía que sobre el inmueble que se pretendía expropiar a la Osa Productos Forestales, pesaban anotaciones de juicios promovidos desde 1963, un elemento de más de la existencia del conflicto de tenencia de la Tierra. Producto de esta situación, el ente demandado inicio más no concluye, es decir, sigue su conducta omisiva hasta la fecha, diferentes gestiones con el fin de dotar de tierras a los campesinos, prueba de ello es el oficio DL-1281-93, donde el Departamento legal de la demandada, emite un dictamen donde faculta el otorgamiento de títulos de propiedad en el asentamiento de Osa, lugar donde esta su representada. Producto de esta comisión y acuerdo debidamente aprobado por la junta Directiva del IDA, hoy INDER, el ente demandado inicio con todos los procedimientos a efectos de dotar de tierra a los campesinos, procedimiento el cual no paso del papel del acuerdo de la Junta Directiva de la demandada. Lo interesante de esto, es que por medio del oficio OSO-319-06, del 28 de abril del 2006, se certifica la posesión, el tiempo y la cadena de transmitentes de varios campesinos vecinos del inmueble de su representado, indicándose que los mismos tiene una posesión que data de 1959, es decir, el inmueble de Litis estaba en posesión antes de que naciera el ITCO, que es el antecesor del IDA hoy INDER. Lo anterior es importante, a efectos de probar que una vez más que aún y cuando tienen muy claro el problema de la posesión y así lo han aceptado y reconocido, también es cierto que no han hecho nada para solucionarlo, razón por la cual han obligado a su representado a presentar el presente proceso a efectos de que sea los tribunales de justicia los que le pongan un de una vez por todas fin a la conducta omisiva de no resolver la posesión de su representada, que es la que da origen al presente expediente. Por medio del artículo VI de la sesión 002-99 del 6 de enero de 1999, el ente demandado producto del conocimiento que tenía de la posesión que tenía los campesinos de la zona, declara adjudicatario a su transmitente el señor Zacarías Alemán Valencia. Igualmente, de conformidad con el supra citado acuerdo, por medio del oficio OSO-51 1-07 del 24 de abril del 2007, certifican que el transmitente de su representada es adjudicatario de la parcela 25 del Asentamiento Campesino Los Planes, como una prueba más de que aún hoy día no se ha solucionado el problema de la conducta omisiva, ya que aún ni se ha resuelto el problema de su representada.

V. Sobre la posición del INDER: Señalan que, estos terrenos se encontraban inmersos dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante Decreto Ejecutivo número 8494-A del 28 de abril de 1978, reformado por los Decretos Ejecutivos 9388 del 30 de noviembre de 1978 y 10142-A del 12 de junio de 1979, tierras que cumplen una función de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado. Es a fecha 12 de julio de 1979 que por escritura pública número cuarenta de las 16 horas del otorgada ante los Notarios Públicos Eduardo Ching Murillo y Jorge Manuel Solano Chinchilla, la empresa Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima y Sociedad Anónima venden al Estado Costarricense, fincas de su propiedad, las que en el mismo acto, el Estado las traspasa al Instituto de Tierras y Colonización -(ITCO)-, con el propósito de destinarlas a los fines de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre del año 1961 (cláusula décima primera). A fecha 7 de setiembre de 1980, propietario el ITCO de las fincas descritas en el documento público supra citado, se procede por escritura número 3 otorgada ante los Notarios Adrián Arguello Artavia y Eduardo Ching Murillo, otorgada a las 13 horas, a solicitar al Registro Público la reunión de las fincas, asignándose a partir de esa reunión, el nacimiento de la finca del Partido de Puntarenas, Folio Real, Matrícula 39334-000. Propietario el ITCO de la finca del Partido de Puntarenas, Folio Real, Matrícula 39334-000, se inicia un proceso paulatino de titulación de tierras a favor de quienes se encontraban de antemano ocupando los terrenos, todo lo anterior bajo el concepto de colonización de tierras o reordenamiento agrario, sin sujeción de los ocupantes de estas tierras a los procedimientos socioeconómicos de selección de beneficiarios de los programas de dotación de tierras, propios de los procesos de parcelación de tierras; proceso que se inicia con respaldo del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República número C-143-83 del 11 de mayo de 1983, el cual estableció lo siguiente: "El IDA puede disponer de los terrenos adquiridos mediante el Decreto número 10088-G-H y que están debidamente inscritos a su nombre en el Registro Público. Se debe tomar en cuenta que esas tierras, actualmente forman parte del patrimonio de dicha institución, la que por ley tiene independencia administrativa con facultades de ejercer la administración de ese patrimonio para el cumplimiento de sus fines". Todo este proceso se ejecutó por etapas, dada la amplitud de la zona y las dificultades de acceso, quedando muchas áreas rezagadas por la dificultad para el levantamiento topográfico o problemas para la titulación; además, no existía normativa específica que impidiera la titulación. Si bien esta resolución se dicta referida a la Zona Protectora Tivives, sus alcances trascienden y deben ser aplicados por analogía, en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Ante este panorama, el Instituto de Desarrollo Agrario, suspende los procedimientos de titulación, lo que ocasiona gran cantidad de controversias, entre quienes reclaman y exigen título de propiedad en las áreas del Asentamiento Osa, comprendidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, o del Asentamiento Osa, cubiertos de bosque o de aptitud forestal. Es lo cierto que la inclusión del Asentamiento Osa dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, hace que su afectación al Patrimonio Natural del Estado sea automática, estándole vedado al Instituto de Desarrollo Agrario, otorgar títulos de propiedad a particulares, en razón de la inalienabilidad e inembargabilidad característica de los bienes de dominio público y de la imprescriptibilidad de las acciones reivindicatorias de que goza el Estado y la prohibición de titulación. Ahora bien, el Instituto de Desarrollo Agrario, en su condición de ente público, debe cumplir con el principio de legalidad, permitiéndose realizar, únicamente aquellos actos que se encuentren autorizados por el Ordenamiento Jurídico (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), aspecto de trascendental importancia que le impide material y legalmente atender la petición de quienes le exigen título de propiedad dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce o de terrenos que mantienen áreas consideradas como Patrimonio Natural del Estado. Ante tal panorama, cualquier disposición que pueda establecerse con ocasión de ese reclamo, tiende a resultar estéril, en el tanto, lo pertinente es puntualizar que cualquier modificación al régimen legal que regula la materia ambiental, es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Aunado a lo anterior debemos tomar en cuenta lo expresado recientemente en el informe de la Contraloría General de la República, número DFOE-ED-7-2007 que, ordena traspasar los terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, al Ministerio del Ambiente y Energía, por ser competencia funcional de éste, la conservación y administración, por intermedio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Disposición que se fundamenta en la Ley Forestal, artículos 6, inciso a) y 13, párrafo segundo, y 14 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, párrafo segundo). Es importante recordar que el impedimento existente para el otorgamiento de los títulos en la Reserva Forestal deviene de la afectación impuesta por ley, puesto que como se ha establecido con anterioridad al tener esa particular característica, están afectados por lo que establecen los artículos 13, 14, y 15 de la Ley Forestal 7575 del 5 de febrero de 1996. Para tratar adecuadamente el tema planteado en la presente demanda, se hace necesario indicar que en nuestro país el reconocimiento del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no tiene como punto de partida la reforma del artículo 50 Constitucional (Ley N.7412 de 03 de junio de 1994), ya que desde la promulgación de la Constitución Política en 1949, la voluntad del constituyente originario fue clara al establecer en el artículo 89 que entre los fines culturales de la República están la protección de las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación. Dicha disposición debe leerse en concordancia con el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, el cual tutela la inviolabilidad de la vida humana, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los recursos naturales nutre esencialmente valores fundamentales como la vida humana y la salud de los habitantes. No debe perderse de vista que conforme lo dispuesto por los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y el 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el deber correlativo de las autoridades públicas y los particulares, existían en el derecho interno costarricense y su tutela efectiva era exigible antes de la reforma del artÍculo 50 constitucional, en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios e Instrumentos Internacionales relacionados con el reconocimiento de ese derecho fundamental. Dentro de esos instrumentos internacionales se puede citar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, suscrita en París el 23 de noviembre de 1972, aprobada por Ley No 5980 del 23 de octubre de 1976, la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, adoptada en Washington el 3 de marzo de 1973 y aprobada por Ley No 3763 del 19 de octubre de 1976, entre otros muchos. De acuerdo con lo anterior, se debe concluir que el derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, le impone al Estado y a los sujetos de derecho privado el deber de garantizar, defender y preservar ese derecho, lo que implica el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr su tutela. Los terrenos objetos de la presente demanda, forman parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce y o al Parque Nacional Corcovado, o comprendieron bosques o terrenos de aptitud forestal pertenecientes al Estado o al Instituto de Tierras y Colonización, de tal suerte que, a la fecha, por disposición de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal quedaron automáticamente incorporados al Patrimonio Natural del Estado. Aunado a ello, para proteger el recurso natural la propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artÍculo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural, situación que conllevaría a la no indemnización ni a los reclamos que pretende la actora, máxime que dichas áreas poseen todas las características de ser bienes demaniales y por ello son inalienables, imprescriptibles, sin que cualquier reclamo por particulares cause derecho alguno a su favor, por el carácter demanial que se le reconoce a estos bienes y cualquier tipo de ocupación por los particulares no es útil y no otorga derecho alguno. Además de ello, no es procedente el reconocimiento de ningún derecho porque la actora no demuestra ser la legitima poseedora en forma originaria o derivada del inmueble con  al menos diez años antes de la del Parque de Corcovado o de la Reserva Forestal Golfo Dulce y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 que ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado," definido en el artículo 18 como el que "está constituido par las Reservas Nacionales, las Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas"; asimismo, en su artículo 19 se dispuso que "quedan afectados a las fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como reseñas nacionales; b) las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a actualidad mantiene su esencia, con la definición del Patrimonio Natural del Estado, que dispone la Ley Forestal 7575”. Por ende, el Estado por razones de interés público tiene la potestad de limitar la propiedad privada y con mucha más razón, terrenos propiedad del Instituto de Desarrollo Rural. Así las cosas, actualmente la institución tiene impedimento legal para titular los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado dado que el artículo 14 de la Ley Forestal le impide a la institución enajenar o disponer de los bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado. Ahora bien, con respecto al impedimento legal para titular terrenos pertenecientes al Patrimonio Forestal o Natural del Estado, debe tenerse claro que la Sala Constitucional ya ha señalado los siguiente: "...en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no está facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas ll afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente" (Voto No.1763-94 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro), nótese que en relación al caso en estudio, existe también un decreto que afectó terrenos, en tesis de principio y basados en la jurisprudencia constitucional, al momento de entrar el decreto en vigencia el terreno que supuestamente alega la actora poseer a partir del año 2011, pasó a formar parte del patrimonio forestal del Estado hoy denominado Patrimonio Natural del Estado, por lo cual lo alegado por la actora en sus pretensiones no lleva ningún fundamento legal, por lo cual debe rechazarse de plano. Si la actora realizó cualquier tipo de negocio jurídico, en el año 2011 con un inmueble que le pertenece al Patrimonio Natural del Estado, lo realizó con las implicaciones que esto conllevaría, por lo tanto, era su responsabilidad, como adquirente, el investigar y verificar las características legales del bien; no pudiendo reclamar indemnización alguna por las limitaciones que presentan los terrenos con características de ser bienes demaniales. No existe censo alguno que demuestre que la actora sea la legítima poseedora en forma originaria o derivada del inmueble con (i) al menos diez años antes de la creación Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto Ejecutivo 8494  publicado en el Diario La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 que la regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. Se opone en todos sus extremos al cobro de daños, perjuicios y daño moral. La actora carece de nexo causal y de prueba idónea para pretender cualquier tipo de indemnización al Instituto de Desarrollo Rural, máxime que por disposición del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública se ha cumplido el plazo de prescripción para reclamarle a la Administración cualquier tipo de indemnización. La actora basa el cobro de daños y perjuicios, que los mismos "son Originados por el actuar de mala fe por parte del IDA, el cual aún y cuando era de su conocimiento el conflicto de posesión que sufría el asentamiento de Osa desde 1963, y que ella por sí y por sus transmitentes ha poseído de forma pública, pacifica, ininterrumpida y a título de dueño por más de cincuenta años, han mantenido una conducta omisa de no resolver el conflicto de tenencia de tierra". Aunado a lo anterior, como ya hemos indicado, si la actora realizó cualquier tipo de negocio jurídico con el inmueble que le pertenece al Patrimonio Natural del Estado, lo realizó con las implicaciones que esto conllevaría, por lo tanto, era responsabilidad de ella, como adquirente, investigar y verificar las características legales del bien, no pudiendo reclamar indemnización alguna por las limitaciones que presentan los terrenos con características de ser bienes demaniales, lo cual no podía desconocer, nótese que la supuesta donación se realizó en el año 2011, sea más 35 años después de que se declara la Reserva Forestal Osa, pues se parte del principio de que nadie puede alegar ignorancia a la Ley. En el mismo orden de ideas, no es posible el reconocimiento de indemnización alguna. La propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural. La afectación como Patrimonio Forestal del Estado o Patrimonio Natural del Estado se debe a un interés público del Estado, el cual, prevalece ante el interés particular que es la protección del ambiente. Por ende, el Estado por razones de interés público tiene la potestad de limitar la propiedad privada y con mucha más razón, la finca del partido de Puntarenas número 39334-000 que se encuentra incorporada automáticamente al Patrimonio Natural del Estado cuya administración por Ley le corresponde al MINAET a través del SINAC. (Ley Forestal, arte. 6 inc. a y 13 pfo.2, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pio. 2). Tal administración del referido Patrimonio le corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación cuya competencia es irrenunciable, intransferible e imprescriptible y que no puede declinar. Así las cosas, el INDER no es la institución que administra el Patrimonio Natural del Estado y consecuentemente la actora carecería de legitimación para reclamar cualquier indemnización al Instituto de Desarrollo Rural. Recalcar que no puede ignorarse que el terreno en discusión se encuentra dentro de una zona que es Patrimonio Natural del Estado o comprenden bosques o terrenos de aptitud forestal pertenecientes al Estado o al Instituto de Desarrollo Rural por lo cual ignorar dicha situación no es viable, pues se recalca nadie puede alelar ignorancia a la Ley. A más de lo anteriormente expuesto, es importante indicar, que no es procedente ningún tipo de reclamo indemnizatorio encaminado en contra el Instituto de Desarrollo Rural, porque tiene impedimento legal para titular los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado por la regulación de rango legal contemplada que el artículo 15 de la Ley Forestal, la que imposibilita la Institución, el enajenar o disponer de los bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, los ocupantes que adquirieron su posesión en forma derivada, no les asiste el pago por concepto de daño moral, ya que este debe ser alegado por la persona que sufrió el daño en forma directa, no configurándose en el presente caso dicho presupuesto. Incluso nótese que según consta a folio 468 del expediente judicial, la señora Lisbeth Alemán Fajardo, supuestamente adquirió por donación en el año 2011, el inmueble de Litis, cuando dicho terreno ya se encontraba fuera del comercio de los hombres, siendo por ende dicho acto privado de disposición (donación) totalmente nula. Por último, debemos rechazar en todos sus extremos la pretensión de la actora en cobrar perjuicios, porque no poseen fundamento legal, es absolutamente contrario a lo tomado en el artículo 194, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública el cual indica que la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. Adicionalmente señala que la actora pretende que se le reconozca un derecho sobre el bien en disputa, ahora bien téngase en cuenta, que si dicha propiedad se encuentra donde la parte actora señala, no le correspondería ningún derecho, pues como lo señaló la Procuraduría General de la República, al momento de dar respuesta a la demanda presentada el 8 de setiembre de 2015, existen antecedentes que en dichos terrenos ya se expropió y se pagaron mejoras a favor de Arturo Aguilar Vindas en el año de 1980 por parte del I.T.C.O y se realizó el respectivo traspaso, esto lo señalamos en virtud de que la misma actora afirmó, que el señor Arturo Aguilar Vindas es uno de los que intervienen en la cadena de transmitentes, el cual a su vez transmitió la posesión de terreno de Litis a los señores donantes Alemán Valencia y Fajardo Jiménez, en el año 1972 y éstos a la aquí actora en el año 2011, así veamos que la supuesta donación a favor de la aquí actora, se da 30 años después de darse la efectiva expropiación por parte del I.T.C.O a favor del señor Aguilar Vindas de las mismo bien inmueble objeto de esta litis. Aunado a lo anterior, se interpone un proceso contencioso administrativo en el año de 1986 por Arturo Aguilar Vindas contra el IDA y Agroindustrial Rincón S.A., solicitando se le declara la usucapión y segregara y traspasara parte de la finca del Partido número 22048 o se le indemnizara, por lo que la sentencia del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, No. 34 de 8 horas 5 minutos del 5 de febrero de 1990, resolvió que el Instituto de Desarrollo Agrario y la empresa Agroindustrial Rincón S.A. debían cancelar al señor Arturo Aguilar Vindas el valor de la nuda propiedad del fundo que poseyó en precario en Sierpe de Osa, dentro de lo que se conoció como Osa Productos Forestales S.A. El Juzgador tuvo por probado que el señor Aguilar Vindas ocupó 1264 ha en forma individual (resolución de 16 horas 20 minutos del 26 de febrero de 1990). Posteriormente el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia No. 90-94, dictada a las 11 horas del 6 de abril de 1994, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva con respecto a Agroindustrial Rincón S.A., y confirmó en lo demás. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto No. 52 de 15 horas 17 minutos del 26 de mayo de 1995, consideró que no procedía la restitución, declarando sin lugar el recurso de casación. Así las cosas, si la propiedad se encuentra ubicada donde la actora dice que se encuentra entonces no procede el pago de ese terreno, porque: el mismo ya fue pagado con fondos públicos a otra persona que alegó ser su propietario en estrados judiciales, el INDER no puede venir a pagar por una propiedad que es dominio público, ni reubicar al actor, pues no sería culpa del INDER que la actora haya recibido en donación un terreno perteneciente al Patrimonio Natural del Estado, por lo que la actora debe asumir la responsabilidad de sus propios actos, o bien exigirla de terceros. Así las cosas, el terreno objeto de la presente demanda, forma parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce o comprendieron bosques o terrenos de aptitud forestal pertenecientes al Estado o al Instituto de Tierras y Colonización, de tal suerte que, a la fecha, por disposición de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal quedan automáticamente incorporados al Patrimonio Natural del Estado. Aunado a ello, para proteger el recurso natural la propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural, situación que conllevaría a la no indemnización ni a los reclamos que pretenden los actores ni a ningún otras persona, máxime que dichas áreas poseen todas las características de bienes demaniales y por ello son inalienables, imprescriptibles, sin que cualquier reclamo por particulares cause derecho alguno a su favor, por el carácter demanial que se le reconoce a estos bienes y cualquier tipo de ocupación por los particulares no es útil y no otorga derecho alguno. Por ello, no es posible el reconocimiento de ningún derecho porque la actora no demuestra ser la legítima poseedora en forma originaria o derivada de los inmuebles con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado, definido en el artículo 18 como el que "está constituido por las Reservas Nacionales, las Reseñes Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas"; asimismo, en su artículo 19 se dispuso que "quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las fierras consideradas como reservas nacionales; b) las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas (...)". Concepto que en la actualidad mantiene su esencia, con la definición del Patrimonio Natural del Estado, que dispone la Ley Forestal 7575. No es posible el reconocimiento de indemnización alguna. La propia legislación en los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sancionan cualquier tipo de ocupación sobre los bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural. La afectación como Patrimonio Forestal del Estado o Patrimonio Natural del Estado se debe a un interés público, el cual, prevalece ante el interés particular que es la protección del ambiente, reconocido en el artículo 50 constitucional y antes a ella por la misma Sala Constitucional mediante el Voto No. 3905-1993 de las 15:00 has. del 30 de julio de 1993. Por ende, el Estado por razones de interés público tiene la potestad de limitar la propiedad privada y con mucha más razón, terrenos propiedad de alguna institución del Estado. Aunado a ello, el Instituto de Desarrollo Rural tiene impedimento legal para titular los terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado dado que el artículo 14 de la Ley Forestal impide a la institución enajenar los bienes que forman el Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, los supuestos ocupantes- donantes, que supuestamente habrían adquirido su posesión en forma derivada en el año 1972, aproximadamente cinco años anterior a la creación de la Reserva, el supuesto de daño moral debió ser alegados por éstas personas, ya que este debe ser alegado por la persona que sufrió el daño en forma directa, no configurándose en el presente caso dicho presupuesto. No existe censo alguno que demuestre que la actora sea la legítima poseedora en forma originaria o derivada del inmueble con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado.

VII. Sobre el análisis del conflicto, identificado como causante de la responsabilidad administrativa por conducta omisiva pretendida. La parte actora pretende en este proceso, que se declare que el INDER incurrió en conductas omisivas al haber omitido de forma certera resolver el conflicto de ocupación existente desde hace 50 años en la zona de Bahía Drake en la Provincia de Puntarenas, conflicto que no solo conoció desde los años sesenta, sino que ha omitido ejecutar conductas administrativas adoptadas en torno a la solución de tenencia de esos territorios. En ese sentido, se pretende por la accionante una indemnización en torno a los daños y perjuicios ocasionados en relación a la no resolución de ese conflicto, lo que ha limitado a la actora en relación al uso y disfrute de su derecho de posesión sobre el bien que ha ocupado en ese sector. Por su parte, expone el INDER que lo pretendido por la parte demandante, resulta a todas luces improcedente por tratarse el predio sobre el que se reclama la ocupación de un inmueble ubicado en la Reserva Golfo Dulce, que es patrimonio Natural del Estado y no haber demostrado en esa lógica, la accionante haber poseído de forma originaria o derivada diez años antes de la constitución de la Reserva Nacional. Criterio del Tribunal: Analizados los hechos probados y no probados dilucidados en este proceso, concluye esta Cámara que lo pretendido por la actora resulta improcedente de acuerdo con el razonamiento que se procede a exponer. Se ha tenido por acreditado que la propiedad sobre la que se alega el derecho de posesión de la señora Lisbeth Alemán Fajardo, se encuentra en un 100% ubicado en la Reserva Forestal Golfo Dulce, la cual adquirió mediante donación de sus padres, quienes a su vez adquirieron de Arturo Aguilar quien vendió de forma directa y este adquirió de Inocencio Amaya, según se consignó en escritura pública trescientos dos otorgada ante el notario público Alfredo Carrillo Mena, el 4 de octubre del 2011, lo cual es conteste con las declaraciones testimoniales recibidas en juicio (hechos 24 y 25). En ese primer escenario, es claro, que tal como lo expone el demandado, el análisis del cuadro petitorio de la demanda, debe ser abordado desde las reglas que impone el ordenamiento jurídico para la titulación de tierras o indemnización de derechos de ocupación en zonas de Patrimonio Natural del Estado. En esa lógica, los bienes de esta naturaleza de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se deslinda de la siguiente forma: “(…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio..”.. De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio”.. (Al respecto pueden consultarse las sentencias números 1070 de las 9 horas 45 minutos del 3 de setiembre de 2010 y 1088 de las 8 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2011). Tal como lo indica la Sala Primera, en el voto de referencia, el Patrimonio Natural del Estado se encuentra definido en lo expuesto en la Ley Forestal, normativa que en su numeral 14, indica que la condición de demanialidad que cubre a las áreas definidas dentro del Patrimonio Natural del Estado, tienen características especiales, señalando lo siguiente: "Artículo 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural: Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". Por su parte, respecto a la inalienabilidad de estos terrenos señala el ordinal 15 de la misma norma: "Artículo 15.- Impedimentos. Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". Conforme a los numerales anteriores, es claro que los bienes que constituyen Patrimonio Natural del Estado son de naturaleza demanial por vocación, los cuales por su condición son imprescriptibles e inalienables y se encuentran fuera del comercio de los hombres. La Sala Constitucional en el voto 4587 del 5 de agosto de 1997, señaló: "(...) En ese sentido, el desarrollo que en materia de propiedad forestal ha realizado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se puede sintetizar como sigue: la propiedad forestal es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial; la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres; la normativa forestal presenta tres momentos, pero no es sino a partir de la promulgación de la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, que se contó con un instrumento mejor concebido para hacerle frente al complejo problema forestal; la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, fue declarada inconstitucional, y la No.7171 de 28 de junio de 1990, se promulgó nuevamente con el texto de la anterior; la tutela de los recursos naturales ha sufrido avances significativos en los últimos tiempos; los instrumentos internacionales de derechos fundamentales y el desarrollo jurisprudencial han provocado cambios en la legislación internacional tendientes a proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; los cambios en la legislación han alcanzado a la propia constitución y actualmente se concibe al derecho al ambiente como un verdadero derecho humano; el desarrollo en este tema ha sido tal que se ha podido formular una verdadera clasificación jurídica: el derecho ecológico; de acuerdo con la Ley Forestal el patrimonio forestal del Estado incluye todo el territorio nacional y se subdivide en tres áreas: la comprendida por el régimen forestal, los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada y las reservas nacionales; el régimen forestal se define como el conjunto de disposiciones jurídicas, económicas y técnicas que dan contenido a la conservación; el régimen forestal tiene tres subáreas: a.-zonas protectoras, b.-parques nacionales, reservas forestales y biológicas, y c.-bosques y terrenos forestales; el término reservas nacionales se utiliza a partir de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 del 14 de octubre de 1961, para identificar todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de 1865, y luego por la Ley No.13 de 19 de enero de1939, como baldíos nacionales; se trata de los inmuebles que no están sometidos a la propiedad privada -no están inscritos en el Registro Público en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil- y aquellos que tampoco están inscritos a nombre del Estado o de sus instituciones; los baldíos nacionales resultan ser el remanente de las dos formas de propiedad anteriores; siguiendo los lineamientos del Código Civil, la Ley General de Baldíos Nacionales No.13 de 10 de enero de 1939, los declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República; La Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961, mantuvo la misma orientación y amplió las zonas declaradas por la ley anterior como inalienables; en general esas reservas han tenido límites -en cuanto a la superficie-, límites para poseerlas y para inscribirlas mediante el procedimiento de informaciones posesorias; todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar; de acuerdo con la regulación vigente el aprovechamiento en reservas nacionales solo se puede practicar mediante concesión otorgada por el Estado; el aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada no excluye estas tierras del patrimonio forestal del Estado; el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales; en las tierras donde existan recursos naturales, para poder explotar los recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales y obtener concesiones a largo plazo; el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular; en cuanto a los parques nacionales y reservas biológicas, El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias para lograr sus objetivos, y esos terrenos serán adquiridos por compra o expropiación; para la creación de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, el Estado deberá comprar, expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo; los bosques y terrenos de aptitud forestal son de utilidad pública y -en consecuencia- susceptibles de expropiación, salvo los sometidos voluntariamente al régimen forestal; los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyen las áreas forestales públicas y las privadas están sometidos al respectivo plan de manejo, para su conservación y fomento; la normativa forestal establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales; las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen porque pertenecen al Estado; solo procede la expropiación cuando se trata de bienes privados que se afectan para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales; en las fincas de propiedad privada para poder constituir la propiedad forestal necesariamente su titular debe someterse voluntariamente al régimen jurídico establecido por la ley, específicamente a las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad; para la creación de zonas protectoras en fincas sometidas a régimen privado, la ley somete a las mismas a un régimen forestal obligatorio, limitado a efectuar labores agrícolas o destrucción de vegetales -salvo autorización expresa- con las mismas ventajas otorgadas a los privados sometidos voluntariamente al régimen (véanse sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 189 de las 10:20 horas del 30 de octubre de 1991 y 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). De dicho análisis, se desprende, que existen bienes con aptitud forestal capaz de ser parte de dominio de particulares y que cumplen un fin de utilidad público, por eso  son sometidos a un régimen especial de conservación en manos del administrado y son esos bienes precisamente a los que se refiere el numeral 7 párrafo segundo de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual establece que: "Artículo 7º.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas", si analizamos la naturaleza de los bienes que constituyen el Patrimonio Natural del Estado- numeral 13 de la Ley Forestal y la referencia de lo indicado en el numeral 7 párrafo segundo, es posible concluir que los bienes a los que se refiere el legislador en el ordinal señalado, no alcanza a los bienes derivados de reservas nacionales, en el tanto, ese numeral hace alusión a bienes que si bien puedan tener vocación forestal o aptitud forestal, los cuales el legislador ha admitido su manejo y conservación en manos de particulares, estos no pueden ser aquellos que se derivan de reservas nacionales, por cuanto las reservas nacionales son constitutivos de Patrimonio Natural del Estado y por ende son parte del demanio público. Ahora bien, según se aceptado por las partes y así se acredita en los hechos probados, la posesión reclamada por la actora, como base indemnizatoria, es sobre un bien originario del Asentamiento Campesino Osa, la cual se originó de la expropiación efectuada a la sociedad Osa Productos Forestales, por el Estado, terrenos que pasaron a ser parte del ITCO, sean estas las fincas del Partido de Puntarenas con número de matrículas 22.048, 8.974 y 22.046 expropiadas a la primera, la cuales fueron reunidas para crear la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real 39.334-000, que es donde se estableció el Asentamiento Campesino Osa. Este asentamiento, tiene su origen en el Decreto Ejecutivo No. 10.088-G-H del 2 de mayo de 1979 reformado luego por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 10244 del 05 de julio de 1979, en el cual se dispuso en lo conducente que: "Considerando: 1°-Que siendo obligación del Estado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, velar por el bienestar de los habitantes del país, organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, lo cual se logra en parte, resolviendo el problema de tantos campesinos sin tierra, así como realizando un vasto plan de desarrollo agropecuario-forestal, el Gobierno de la República con ese fin, por medio del Instituto de Tierras y Colonización, está llevando a cabo en todo el territorio nacional, un ambicioso plan de asentamientos campesinos, haciéndose necesario consecuentemente, la adquisición de las fincas, construcciones, instalaciones, mejoras, maquinaria, repuestos y mobiliario que luego se describirán en la parte dispositiva y que pertenecen a las firmas comerciales "Osa Productos Forestales Sociedad Anónima" hoy "Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima" y a "O Sociedad Anónima". // 2°-Que con el fin anteriormente indicado el Ministerio de Gobernación y Policía por oficio de fecha 24 de abril último propuso a las compañías antes mencionadas la adquisición de los bienes de su pertenencia, habiendo el representante legal de esas sociedades en nota de fecha veintisiete de abril del año en curso, manifestado su conformidad en la expropiación. Por tanto, DECRETAN: Artículo 1°- Con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Constitución Política y en la ley número 36 de 26 de junio de 1896, adicionada por Decreto Legislativo número 78 de 24 de junio de 1938, se expropian los bienes que se describen así: I.-Fincas pertenecientes a Osa Productos Forestales S. A. hoy Agroindustrial Rincón S. A.: a) Finca inscrita en la Sección de Propiedad del Partido de Puntarenas del Registro Público, al tomo dos mil trescientos setenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y seis y quinientos treinta y dos, número veintidós mil cuarenta y ocho, asientos, uno, dos y tres que es terreno de montaña, selva virgen, terrenos agropecuarios, incluyendo la laguna de Chocuaco, la fila Ganado, los ríos Pueblo Viejo, Catarata, quebrada Salto, río San Juan, quebrada Venegas, río Ravito, río Rincón, río Pavón, quebrada Chanchera, quebrada Ganado, quebrada Escondido, quebrada Caballero, quebrada Cerritos, quebrada Timón, río Conté, río Barrigones, quebrada Danta, quebrada Jobo, quebrada Cedral, río Agujas, parte de la fila de Matajambres, río Sabala, parte de la fila Barrigones, río Niño, quebrada Tarde, río Vaquedano, río Drake, río Claro y los cerros de Arata, Rancho Quemado, Brujo, Aguja, Debro, Ones y Rincón Mueller. Finca que es resto, sita en los distritos segundo y tercero del cantón sétimo de Puntarenas y primero y tercero del cantón quinto de Puntarenas. Mide: treinta y nueve mil quinientas siete hectáreas tres mil cincuenta y nueve metros cuadrados, según Registro. Con los siguientes linderos: Norte: Fila Guerra en parte, cerros de Chocuaco en parte, quebrada Pástate en medio, en parte cerros de Osa, en parte baldíos nacionales y en parte zona marítimo terrestre. Sur: Baldíos nacionales, división natural de las aguas en medio, en parte baldíos nacionales, río Sirena y Tigre en medio. Este: Zona marítimo terrestre en parte y en parte el mar en la sección de Playa Blanca y baldíos nacionales en parte. Suroeste: Baldíos nacionales, división natural de las aguas en medio. Oeste: Baldíos nacionales, en parte zona marítimo terrestre. Noroeste: Baldíos nacionales en parte, división natural de las aguas en medio y en parte zona marítimo terrestre y en parte el mar en la sección de Playa Blanca y baldíos nacionales en parte. Noreste: Baldíos nacionales y cerros de Osa en parte, zona marítimo terrestre en parte. Sureste: Zona marítimo terrestre en parte y en otra el mar en la sección de Playa Blanca y baldíos nacionales en parte. Además por los linderos Norte, Sur, Este y Oeste, colinda también con Arnold Clifford Newman Krasna. b) Finca inscrita en el mismo Partido y Sección del Registro que la anterior al tomo mil cuatrocientos ochenta y cuatro, folio doscientos cuarenta y ocho, número ocho mil novecientos cuarenta y siete, asientos nueve y diez que es terreno de montaña virgen de topografía quebrada de figura irregular, sito en el distrito cuarto, cantón quinto de la provincia de Puntarenas y colinda: Norte: Osa Productos Forestales S. A., Sur: El Estado, Osa Productos Forestales y Reserva Nacional del Parque El Corcovado, Este: Osa Productos Forestales, el Estado y el Instituto de Tierras y Colonización, Mide: Mil ciento sesenta y ocho hectáreas, cinco mil quinientos noventa y un metros cuadrados. II.-Finca propiedad de O. Sociedad Anónima: Inscrita en la misma sección y Partido que las dos anteriores, al tomo dos mil trescientos setenta y uno, folio cuatrocientos cincuenta y tres, número veintidós" mil cuarenta y seis, asientos uno, dos, que es terreno de montaña virgen, bosques maderables, campo de aterrizaje, varias casas, bodegas y otras instalaciones, regado por los ríos y quebradas y también por varios caminos, un campo de aterrizaje, varias casas de habitación, bodegas y algunas otras instalaciones. Sito en el distrito tercero, cantón quinto y segundo del cantón sétimo de Puntarenas. Linda: Norte: Baldíos nacionales en parte, en parte cerros de Sierpe, en otra cerros de Osa, Sur: Resto de fincas de Osa Productos Forestales S. A., Este: En parte cerros de Osa y baldíos nacionales, en parte zona marítimo terrestre y en parte con resto de finca de la Osa antes dicha. Oeste: Resto de finca de la Osa Productos Forestales S. A., mide cinco mil cuatrocientos setenta y ocho hectáreas, siete mil trescientos veintiséis metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados, incluido el dos por ciento para caminos. Las tres fincas descritas forman en el terreno una sola unidad agrícola-forestal. (...) Artículo 5°-Se autoriza a la Procuraduría General de la República para que comparezca ante el notario público que indique el Instituto de Tierras y Colonización, a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de los bienes que se expropian y para que, en el mismo acto, los traspase a dicho Instituto el que los destinará a los fines de la ley número 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Asimismo, se autoriza a dicha funcionaría para que firme cualquier escritura adicional que sea necesario, para lograr la correcta inscripción en el Registro Público de la escritura principal”. Como se denota del decreto de expropiación que se utiliza para su creación, tenemos que este se constituyó por bienes de naturaleza demanial pura, reservas nacionales y terrenos de particulares donde se ha demostrado existía un problema de ocupación precaria. Es decir, no es posible determinar si la franja de terreno ocupada por la accionante está dentro de lo que en su momento fue terreno baldío nacional - reserva nacional - o bien susceptible de ocupación privada. Pero más allá de eso, es que al momento de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, los terrenos del Asentamiento Campesino Osa, pasaron a ser Patrimonio Natural del Estado conforme lo señala el ordinal 13 y 14 de la Ley Forestal, concepto que existía ya en legislación previa como se expuso anteriormente, no obstante, el Decreto Ejecutivo No. 8.494-A del 28 de abril de 1978, que creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce, modificada su cabida mediante los Decretos Ejecutivos 9388-A del 30 de noviembre de 1978 y 10142-A del 12 de junio de 1979, dispuso en el "artículo 3°: se establece que se declaran inalienables de los terrenos nacionales que se encuentren dentro de la anterior limitación". En el artículo 6° se estableció que: "dentro de los terrenos comprendidos dentro de la Reserva, se prohibió talar árboles, cazar, realizar quemas y cualquier actividad agrícola, agropecuaria, industrial o comercial. En el artículo 8° se estableció que las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria, quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. En el artículo 10° se estableció que: "El traslado y reasentamiento de ocupantes de más o menos de diez años de poseer terrenos dentro de esta Reserva, conforme a la Ley Forestal, se hará con intervención del Instituto de Tierras y Colonización". Es decir, aquel decreto dispuso los términos en que se salvaguardaban los derechos de posesión y su respectiva indemnización, el cual imponía que para resultar procedente el resguardo de ese derecho de posesión recaído con la creación de la Reserva Golfo Dulce, es necesario demostrar la posesión decenal previa a la creación de esa reserva, lo cual es conteste con la premisa establecida en el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Bajo ese escenario de análisis, lleva razón la demandada, al indicar que la actora debía para estimar sus pretensiones demostrar esa posesión decenal previa, ya sea originaria o derivada, a la creación de la reserva. No obstante, del análisis de los hechos probados y no probados, es contundente, que tal requisito ha sido incumplido por la actora, y contrario a esto se acredita que, para el momento de su posesión, el bien se encontraba fuera del comercio de los hombres. Veamos, como se indicó, la prueba aportada por la accionante señala que la posesión que se reclama sobre el Asentamiento Campesino Osa, fue adquirida por donación de sus padres en el año 2011, los cuales adquirieron en el año 1973, por el señor Arturo Aguilar Vindas, lo cual es conteste con la declaración testimonial recibida en juicio. En ese primer escenario, es evidente, que la posesión trasmitida no se da en el período de diez años previos a la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, que sería antes al año 1968, por haberse constituido ésta en el año 1978, es decir, desde esa primera premisa, no se cumple la demostración de una posesión derivada previa a la regla de indemnización o constitución de un derecho conforme expusimos y en consonancia con lo regulado en el ordinal 856 del Código Civil. Ahora bien, conforme a los hechos probados 15 y 16 se acredita que, además para el momento en que se inicia la transmisión de ese bien, ya éste había salido del comercio de los hombres, en el tanto, se acreditó que la transmisión del bien viene de la ocupación del señor Arturo Aguilar Vindas, a quien en los años 80, fue expropiado por el Estado y se le cancelaron los derechos de ocupación existentes en aquel predio, es decir, es claro que el bien vendido a su padre del cual, la actora adquiere en el año 2011, era un bien totalmente extraído del comercio, y constituido como bien de dominio público, y satisfecho toda indemnización derivada del conflicto de ocupación precario originada en el Asentamiento Campesino Osa. Bajo esa lógica, resulta inatendible cualquier reclamo derivado de aquella ocupación, por cuanto la característica de bien demanial, hace incompatible el reconocimiento de cualquier derecho legítimo de posesión sobre esos bienes. Así las cosas, reclamar una indemnización por conducta omisiva del INDER, en torno al conflicto existente desde los años sesenta en relación a los acuerdos tomados por esa entidad demandada, en torno a la ocupación de terrenos de la sociedad Productos Forestales S.A. resulta improcedente, por cuanto, no se puede acreditar que su posesión sea legitima y derivada de la ocupación originaria, por las razones dadas. Ahora bien, como se indicó la promulgación del decreto de Creación de la Reserva Golfo Dulce, que incluyó al Asentamiento Campesino Osa, tienen como consecuencia jurídica, que este haya sido afectado al Patrimonio Natural del Estado de forma inmediata y automática, además del hecho que por la propia descripción del plano aportado por la actora, el cual evidencia que su naturaleza es montaña, y así se acredita con la declaración del testigo Mario Jiménez Quirós, que indicó que la naturaleza del bien era bosque primario al momento de la creación de la reserva, consecuentemente por vocación aquel bien era Patrimonio Natural del Estado, más allá de la constitución por acción administrativa, que en efecto lo que hace es declarar esa condición y no crearla o constituirla. Así las cosas, los terrenos ocupados por el Asentamiento Campesino de Osa, se vieron afectados a un régimen jurídico especial, que el INDER no puede ignorar, de ahí que ese Instituto, esté impedido desde cualquier perspectiva otorgar títulos de propiedad a particulares y cualquier reconocimiento de eso, carecía de validez, por lo que ni un título constitutivo en ese sentido, resulta oponible al régimen de Patrimonio Natural del Estado, por ser éste inalienable, es decir, resulta improcedente declarar una conducta omisiva en torno a la resolución de tenencia de tierras por particulares en un bien de naturaleza demanial, en el tanto, sería como partir de la idea de que el INDER sea responsable por no ejecutar actos tendientes a formalizar una acción totalmente prohibida por el ordenamiento jurídico. Aunado a eso, debe indicarse que las conductas omisivas que se pretenden como base indemnizatoria, son actos administrativos, según el esquema petitorio delimitado en este asunto, que van desde el años 1965 al 2005, en donde la mayoría de estos fueron emitidos previos a la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, que modificó el régimen de derecho de los bienes en discusión, por lo el régimen de derecho que en su momento tenían como sustento al momento de su adopción, varió sustancialmente con la promulgación del Decreto de Creación de la Reserva Golfo Dulce en el año 1978, es decir, aquellos acuerdos no son susceptibles de surtir efectos, posterior a la modificación de ese régimen de derecho, por lo que no puede existir responsabilidad sobre actos que no son susceptibles de ser ejecutados, por cuanto su ejecución serían contra legem. En todo caso, tampoco puede estimarse que de estos se haya derivado algún derecho particular sobre la esfera jurídica de la accionante, o los poseedores de los cuales se adquiere la transmisión del derecho, en el tanto, como puede observarse de la redacción de aquellos acuerdos, (hechos probados 1, 3, 5, 8), se trataban de acuerdos genéricos que no conocieron o resolvieron sobre situaciones particulares de la actora o los transmitentes del derecho posesorio. En esa misma lógica, la ejecución del acuerdo 39 tomado en el año 2005, por el IDA hoy INDER, en relación a la creación de un procedimiento especial para titulación de bienes en el Asentamiento Campesino Osa, resulta a todas luces incompatible con los bienes constitutivos de Patrimonio Natural del Estado, lo cual expone igualmente, que partir de una indemnización por la no ejecución de un acto contrario al ordenamiento jurídico resulta improcedente a todas luces, en todo caso, como expuso el propio INDER, este acuerdo fue derogado en el año 2007, momento para el cual la accionante, no ocupaba una titularidad por posesión sobre el bien en discusión, es decir, la conducta administrativa fue revocada, como para estimar que una conducta inexistente pueda crear una conducta omisiva, constitutiva de daños y perjuicios. Ahora bien, tampoco se acreditó, que la accionante o la posesión ejercida de la cual se deriva el derecho de posesión reclamado, haya cumplido con los términos expuestos en aquel procedimiento especial, como para reclamar daño en atención a la inejecución de un acto, del cual no se ha demostrado se haya invocado incluso su aplicación individual. Y es que tal acuerdo, no es un acto declarativo de derechos subjetivos sobre la accionante o sus padres de quien adquirió el derecho posesorio, por lo que su no ejecución no podría considerarse como una conducta omisiva en detrimento de derechos o intereses legítimos, al ni siquiera poder acreditarse por las razones expuestas un escenario de al menos expectativa de derecho. Valga recalcar, que el único escenario indemnizatorio en la Ley General de la Administración Pública, es por conducta ilícita, o conducta lícita cuando se trate de un daño especial, por lo que resulta inatendible, partir de la premisa que lo alegado sea compatible con el ordenamiento jurídico, y por ende, que resulte indemnizable la inejecución de una conducta antijurídica de acuerdo a la condición demanial de los bienes sobre los que se reclama no se resolvió la titularidad por posesión de la accionante. Así las cosas, ninguna de las pretensiones formuladas por la actora resulta procedentes y así se declara. La misma suerte debe correr las pretensiones indemnizatorias ya que esta pretensión al ser accesoria a la declarativa, como base de imputación de la responsabilidad administrativa que justifica la indemnización pretendida, carece de fundamento, en el tanto resulta, imposible la existencia de un nexo causal entre aquellas conductas y los daños y perjuicios peticionados, y por ende por su accesoriedad debe correr la misma suerte, que las principales, lo anterior con fundamento en el numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

VII. Sobre las excepciones. Se formularon las excepciones de prescripción caducidad, falta de legitimación, falta de interés y falta de derecho al contestar la demanda la representación del INDER. En cuanto a la defensa de caducidad, la misma carece de fundamento, al estarse en presencia del reclamo de una conducta omisiva, de la cual no puede determinarse el cese de sus efectos, para determinar el plazo de caducidad previsto en el ordenamiento jurídico en mención, consecuentemente, dicha defensa debe ser rechazada, misma suerte corre la defensa de prescripción al estar ésta sustenta en la misma lógica que la defensa de caducidad alegada, por cuanto, por los efectos continuos que se alegan sobre las conductas que basan la responsabilidad reclamada, hace que resulte inatendible tal defensa. En cuanto a la defensa de falta de legitimación activa y pasiva, estima esta Cámara, que por las condiciones esbozadas en el fondo del asunto, es claro que a la actora no le asiste una relación jurídica administrativa derivada de la conducta omisiva que reclama, por lo que carece de legitimación para el planteamiento declarativo e indemnizatorio peticionado, por lo que resulta procedente la defensa de falta de legitimación activa y pasiva. Por las mismas razones expuestas en el fondo del asunto, carece de cualquier derecho la accionante sobre las pretensiones esbozadas en la demanda, debiendo acogerse en esa lógica, la defensa de falta de derecho opuesta. Sobre la defensa de falta de interés, la misma debe ser rechazada por persistir interés en las pretensiones indemnizatorias de la actora, las cuales no han sido resueltas en otra sede.

IX. Sobre las costas procesales y personales. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima el Tribunal que no existe motivo suficiente para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por lo que la condena en costas debe recaer sobre la parte perdidosa, por lo que se condena en ambas costas a la parte actora, sobre las cuales correrán intereses legales de acuerdo a lo previsto en el ordinal 1163 del Código Civil, al haber sido expresamente solicitadas por la demandada, las cuales serán fijadas en la etapa de ejecución de sentencia.

POR TANTO

Se admite la prueba para mejor resolver. Se rechazan las defensas de caducidad, prescripción y falta de interés. Se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva y la de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar en todo sus extremos la demanda opuesta LISBETH ALEMÁN FAJARDO, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER). Son ambas costas a cargo de la parte actora, sobre las cuales correrán intereses legales de acuerdo a lo previsto en el ordinal 1163 del Código Civil, mismos que serán fijadas en la etapa de ejecución. Notifíquese-

Laura Gómez Chacón

Cinthya María Morales Herra             Carlos José Mejías Rodríguez

 

	


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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CINTHYA MARIA MORALES HERRA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-005475-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:02:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

15-005475-1027-CA - 0

PROCESO:

CONOCIMIENTO

ACTOR/A:

LISBETH ALEMAN FAJARDO

DEMANDADO/A:

EL ESTADO

N° 2024003470

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eighteen hours thirty-two minutes on the thirtieth of May, two thousand twenty-four.-

Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by LISBETH ALEMAN FAJARDO, of legal age, single, holder of identity card number 5-231-035; against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by Diana Elena Alfaro Montenegro, attorney, bar number 15152, in her capacity as special judicial representative. The attorney Roldan Morales Novoa, bar number 18671, acts as special judicial representative of the plaintiff.

RESULTANDO

1.- The plaintiff filed the complaint on February 14, 2013, with the following claims: "1. The omission by INDER in executing the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through Agreement No. 11, Session No. 400 of June 8, 1965 (folio 54-55), Agreement No. VI of Session 1196 of June 16, 1970 (folio 82), Agreement Five of Session No. 1832 of December 11, 1974 (folio 101), Agreement VI, Session 712 of May 2, 1967 (folio 71), aimed at providing a solution to the problem of land tenure of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A. 2. That my represented party be relocated to a parcel of land (fundo) under the same conditions as the one she possesses, the same being represented by the sketch (croquis) that appears in the record (folio 469-470), or failing that, she must be paid the monetary value of her exercised right of possession, based on an appraisal that values the property my represented party possesses. 3. To hold INDER liable in the abstract for the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for impeding a healthy regime of possession of the land identified by the sketch that appears in the record, and the proper distribution of land and its wealth to the detriment of my represented party. 4. That the former I.T.C.O. –now I.N.D.E.R.– knew that on the lands it sought to expropriate from the corporation Osa Forestales, there was a problem of occupation in precario (ocupación en precario), as is the case of my represented party, which is represented by the sketch that appears in the record. 5. That my represented party be recognized as part of the group of possessors described in the censuses that appear in the record, as a result of her continuous possession by successive tract (posesión continua por tracto sucesivo), the same being represented by the sketch that appears in the record. 6. That the defendant entity engaged in another omission by failing to execute Agreement 39 of Session 044-05, held on November 14, 2005. 7. That the defendant be ordered to pay both sets of costs". (Images 1066-1083 of the electronic case file).

2.- INDER's representative answered the complaint in the negative, raising the defenses of Lack of Right (Falta de derecho), Lack of Standing (falta de legitimación), Lack of Current Interest (falta de interés actual), Lapse (caducidad), and Statute of Limitations (prescripción). (Images 1220-1293 of the electronic case file).

3.- The preliminary hearing established in section 90 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA) was held on September 9, 2019. At that hearing, the claims were fixed in accordance with the first resultando. The documentary evidence provided was admitted, consisting of the administrative file and testimonial evidence. (Audio recording in the Management System).

4.- The oral and public trial was held with the participation of the parties on May 14, 2024. The admitted evidence was received and closing arguments were given. The proceeding was declared highly complex in accordance with the provisions of section 111 of the CPCA.

5.- In the proceedings before this Court, the formalities of the law have been observed and no nullities are noted that need to be corrected or that cause defenselessness (indefensión). After deliberation, this resolution is issued unanimously, authored by Judge Gómez Chacón, with the favorable vote of Judge Morales Herra and Judge Mejías Rodríguez.

CONSIDERANDO:

I.- Regarding evidence for better resolution (prueba para mejor resolver): The defendant party, at the oral trial, offered as evidence for better resolution the official communication INDER-GG-DRT-RDBR-OTOS-INF-0005-2021, which is an inspection report for parcel number 25 located in the Osa settlement, Los Planes sector. This Chamber deems said document admissible as evidence for better resolution, considering that it constitutes evidence complementary to that existing in the record, and is relevant for the resolution of this matter.

II. Proven facts (Hechos probados). For the purposes of this proceeding, the following is deemed accredited: 1. The Board of Directors of the ITCO, on June 8, 1965, Article 11, Session No. 400, agreed to propose to the Arawak company an arrangement consisting of the purchase of a portion of its lands known as Bahía Drake, the sale of the zone called the area east of the Laguna Rancho Quemado, the leasing to the Company of the zone known as the center of Arawak, and to consider the possibility of leasing to the company the Cerro de Oro, property of the State. (Images 56-67 of the judicial file); 2. On November 4, 1966, the Board of Directors of the ITCO, Article II, Session No. 628, agreed to revoke the agreement contained in Article XI of Session No. 400 held on June 8, 1965; also ordering to continue with the procedure indicated in Chapter Six of Law No. 2825. (Images 68-69 of the judicial file); 3. That through Agreement VI of Session 712 of May 2, 1967, the Board of Directors of the then ITCO ordered, among other things: "a) To ratify the agreement contained in Article II of Session No. 628 held on November 4, 1966, by which it was agreed that without prejudice to the conversations that could be held to satisfactorily resolve the conflict of occupation in precario on properties of Osa Productos Forestales, located in Bahía Drake de Osa, the procedures indicated in Chapter VI of the Land and Colonization Law (ley de tierras y colonización) shall proceed; b) To charge the Legal Department with the drafting of a draft Executive Decree aimed at registering in the name of the State, for its subsequent [transfer] to the ITCO, those national lands with an area of approximately 15,000 hectares, located in the center of the Península de Osa, surrounded by the properties of Osa Productos Forestales". (Images 73-83 of the judicial file); 4. By means of Decree (Decreto) 9628-A of 1969, the Regulation on the Protection and Use of Forest Reserves (Reglamento sobre la Protección y Aprovechamiento de las Reservas Forestales) was issued, which stated: "Article 1: This regulation establishes the regime for the protection and use of forest reserves. Article 2. For the purposes of this regulation, Forest Reserve (Reserva Forestal) shall mean a forested area, or one of forest suitability (aptitud forestal), with recognized productive capacity and boundaries defined in the respective Executive Decree, destined for forest use in accordance with the technical plans formulated by the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) or by private parties. Article 3. The Executive Branch, through the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), shall proceed by means of executive decrees, once the relevant studies and investigations have been carried out, to the declarations of forest reserves for those state or private areas that so require. Article 4. Forest reserves shall be declared as such for any of the following reasons: a. Because the forests or forest lands subject to the measure are the only ones existing in the region with current or potential forest productive capacity. b) Because it has become evident that a valuable forest wealth is being impaired by irrational exploitation... declared forest reserves are inalienable (inalienables), that is, they may not leave the ownership (dominio) of the State, and their possession shall not give rise to rights of any kind". (Images 409-412 of the judicial file). 5. The Board of Directors of the ITCO, in Article VI, of Session No. 1196 of June 16, 1970, agreed: "a) To order the corresponding Department to locate and measure the areas that Cía. Osa Productos Forestales S.A. proposes to exchange with the Institute for lands of the National Reserve (Reserva Nacional), according to the attached plan: // b) To request Management to contact the National Forestry Directorate (Dirección Nacional Forestal) so that, jointly with the Institute, a study of the proposal of Cía. Osa Productos Forestales S.A. may be conducted". (Image 84 of the judicial file); 6. The Board of Directors of the ITCO, through Agreement 1604, Article VIII, of the session held on April 2, 1973, ordered Management to be charged with a technical study of the lands owned by OSA Forestales on the Península de OSA to allow a plan for the solution of the land occupation conflict. (Images 85, 123 of the judicial file); 7. The Board of Directors of the ITCO, by Article XI, of Session No. 1821 of November 11, 1974, agreed, to the extent relevant: "A- To ratify the approval of the preliminary agreement project for the solution of the land conflict on the property of Osa Productos Forestales S.A., emphasizing that under the terms of the fourth clause thereof, OSA is obliged to transfer 20% of the National Reserve areas to the ITCO; // B- The preceding provision derogates all those agreements that oppose what was agreed in paragraph A of this agreement". (Image 101 of the judicial file); 8. That the Board of Directors of the ITCO approved the preliminary agreement with Osa Productos Forestales for the solution of the agrarian conflicts affecting the latter's properties, located on the Península de Osa. That same body issued an agreement in Session No. 1832 of December 11, held on December 11, 1974, which ordered: "To modify Article XI of Session No. 1821 of November 11, 1974, so that it reads as follows: A) To ratify the approval of the Preliminary Agreement Project for the solution of the land conflict on the property of Osa Productos Forestales S.A., emphasizing that under the terms of the fourth clause thereof, Osa is obliged to transfer to the ITCO a Reserve area of 20% of the lands required for each Settlement (Asentamiento), destined for the future development of those; // B) The preceding provision derogates all those agreements that oppose what was agreed in paragraph A) of this agreement". (Images 102, 105, 114-119 of the judicial file); 9. The Board of Directors of the ITCO, through Agreement IV of Session 1925 of November 4, 1975, agreed to declare that it agrees with the existing need to create the Parque Nacional Corcovado. (Images 86-87 of the judicial file); 10. The Board of Directors of the ITCO, through Agreement III, of Session 1962 of March 15, 1976, agreed to authorize the use of the Emergency Fund for the payment of compensation to the occupants evicted due to the creation of the Parque Nacional Corcovado. (Images 135-141 of the judicial file); 11. By means of Executive Decree No. 8,494-A of April 28, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal de Golfo Dulce) was created, and its area (cabida) was modified by Executive Decrees 9388-A of November 30, 1978, and 10142-A of June 12, 1979. Article 3 establishes that the national lands found within the aforementioned boundary are declared inalienable. Article 6 established that, within the lands comprised within the Reserve, the felling of trees, hunting, burning, and any agricultural, livestock, industrial, or commercial activity was prohibited. Article 8 established that registered properties, properties with ten-year possession (posesión decenal), and properties in occupation in precario are automatically subjected to the Forest Regime (Régimen Forestal). Article 10 established that: "The transfer and resettlement of occupants with more or less than ten years of possession of lands within this Reserve, in accordance with the Ley Forestal, shall be carried out with the intervention of the Instituto de Tierras y Colonización"; (images 551-552, 948-952 of the judicial file); 12. That the property belonging to Productos Forestales OSA was expropriated by the State, lands that became part of the ITCO, corresponding to the properties of the Partido de Puntarenas with registration numbers 22,048, 8,974, and 22,046 expropriated from the former, which were consolidated to create the property of the Partido de Puntarenas, folio real registration number 39,334-000, on the basis of which the Osa Campesino Settlement (Asentamiento Campesino Osa) was created (Images 251-285, 351-358, 364-368, 938-948 of the judicial file); 13. That by means of Executive Decree No. 10,088-G-H of May 2, 1979, subsequently amended by Article 1 of Executive Decree No. 10244 of July 5, 1979, it was ordered, to the extent relevant, that: "Considerando: 1°-That it being an obligation of the State, in accordance with Article 50 of the Political Constitution, to ensure the well-being of the inhabitants of the country, to organize and stimulate production and the most adequate distribution of wealth, which is achieved in part by solving the problem of so many landless campesinos, as well as by carrying out a vast agricultural-forestry development plan, the Government of the Republic for this purpose, through the Instituto de Tierras y Colonización, is carrying out an ambitious plan of campesino settlements throughout the national territory, it consequently becomes necessary to acquire the properties, buildings, installations, improvements, machinery, spare parts, and furniture that will later be described in the operative part and that belong to the commercial firms 'Osa Productos Forestales Sociedad Anónima', now 'Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima', and to 'O Sociedad Anónima'. // 2°-That for the previously indicated purpose, the Ministry of Government and Police, by official communication dated April 24th last, proposed to the aforementioned companies the acquisition of the goods belonging to them, the legal representative of those corporations having, in a note dated April twenty-seventh of this year, expressed their conformity with the expropriation. Por tanto, DECREE: Article 1°- On the grounds of Articles 45 and 50 of the Political Constitution and of Law Number 36 of June 26, 1896, added to by Legislative Decree Number 78 of June 24, 1938, the following described goods are expropriated: I.-Properties belonging to Osa Productos Forestales S.A., now Agroindustrial Rincón S.A.: a) Property registered in the Property Section of the Partido de Puntarenas of the Public Registry, in volume two thousand three hundred seventy-one, folio four hundred fifty-six and five hundred thirty-two, number twenty-two thousand forty-eight, entries one, two, and three, which is mountainous land, virgin jungle, agricultural and livestock lands, including the laguna de Chocuaco, the fila Ganado, the rivers Pueblo Viejo, Catarata, quebrada Salto, río San Juan, quebrada Venegas, río Ravito, río Rincón, río Pavón, quebrada Chanchera, quebrada Ganado, quebrada Escondido, quebrada Caballero, quebrada Cerritos, quebrada Timón, río Conté, río Barrigones, quebrada Danta, quebrada Jobo, quebrada Cedral, río Agujas, part of the fila de Matajambres, río Sabala, part of the fila Barrigones, río Niño, quebrada Tarde, río Vaquedano, río Drake, río Claro, and the cerros de Arata, Rancho Quemado, Brujo, Aguja, Debro, Ones, and Rincón Mueller. Property that is remainder (resto), located in the second and third districts of the seventh canton of Puntarenas and the first and third of the fifth canton of Puntarenas. It measures: thirty-nine thousand five hundred seven hectares, three thousand fifty-nine square meters, according to the Registry. With the following boundaries: North: Fila Guerra in part, cerros de Chocuaco in part, quebrada Pástate in between, in part cerros de Osa, in part national vacant lands (baldíos nacionales), and in part maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre). South: National vacant lands, natural division of the waters in between, in part national vacant lands, río Sirena and Tigre in between. East: Maritime terrestrial zone in part and in part the sea in the Playa Blanca section and national vacant lands in part. Southwest: National vacant lands, natural division of the waters in between. West: National vacant lands, in part maritime terrestrial zone. Northwest: National vacant lands in part, natural division of the waters in between and in part maritime terrestrial zone and in part the sea in the Playa Blanca section and national vacant lands in part. Northeast: National vacant lands and cerros de Osa in part, maritime terrestrial zone in part. Southeast: Maritime terrestrial zone in part and in another the sea in the Playa Blanca section and national vacant lands in part. Furthermore, along the North, South, East, and West boundaries, it also adjoins Arnold Clifford Newman Krasna. b) Property registered in the same Partido and Section of the Registry as the previous one, in volume one thousand four hundred eighty-four, folio two hundred forty-eight, number eight thousand nine hundred forty-seven, entries nine and ten, which is virgin mountainous land with uneven topography and an irregular shape, located in the fourth district, fifth canton of the province of Puntarenas and adjoining: North: Osa Productos Forestales S.A., South: The State, Osa Productos Forestales and Reserva Nacional del Parque El Corcovado, East: Osa Productos Forestales, the State and the Instituto de Tierras y Colonización, It measures: One thousand one hundred sixty-eight hectares, five thousand five hundred ninety-one square meters. II.-Property belonging to O. Sociedad Anónima: Registered in the same Section and Partido as the previous two, in volume two thousand three hundred seventy-one, folio four hundred fifty-three, number twenty-two thousand forty-six, entries one, two, which is virgin mountainous land, timber forests, an airstrip, various houses, warehouses, and other installations, irrigated by rivers and quebradas and also by various roads, an airstrip, various dwelling houses, warehouses, and some other installations. Located in the third district, fifth canton, and second of the seventh canton of Puntarenas. It borders: North: National vacant lands in part, in part cerros de Sierpe, in another cerros de Osa, South: Remaining properties of Osa Productos Forestales S.A., East: In part cerros de Osa and national vacant lands, in part maritime terrestrial zone and in part with the remaining property of Osa aforementioned. West: Remaining property of Osa Productos Forestales S.A., it measures five thousand four hundred seventy-eight hectares, seven thousand three hundred twenty-six meters, sixty-nine square decimeters, including the two percent for roads. The three described properties form on the ground a single agricultural-forestry unit. (...) Article 5°-The Procuraduría General de la República is authorized to appear before the notary public indicated by the Instituto de Tierras y Colonización, to execute the corresponding deed of transfer (escritura de traspaso) of the goods being expropriated and to, in the same act, transfer them to said Institute, which shall destine them for the purposes of Law Number 2825 of October 14, 1961, and its amendments. Likewise, said official is authorized to sign any additional deed that may be necessary to achieve the correct registration in the Public Registry of the principal deed". (Images 387-406, 544-550, 948-962 of the judicial file); 14. That the property of the Partido de Puntarenas with folio real registration number 39334-000, corresponding to the campesino settlement called Osa, originated in Executive Decree of Expropriation No. 10088-G-H, published in the Official Gazette (Diario Oficial La Gaceta) No. 102 of June 1, 1979, amended by No. 10233-G of July 5, 1979, and refers to properties 22048-000, 8947-000, and 22046-000 of the Partido de Puntarenas, consolidated into property 39334-000. (Images 364-368, 387-406 of the judicial file); 15. By means of Executive Decree 11755-G of August 18, 1980, the improvements (mejoras) located on the property situated, by occupation, within what was known as the lands of OSA Productos Forestales S.A. and today the Osa Campesino Settlement, a property owned by the Instituto de Tierras y Colonización, were expropriated from Mr. Arturo Aguilar Vindas; the expropriated improvements are: Permanent crops, pastureland, harvests, seasonal crops, constructions, and investments. (Image 817 of the judicial file); 16. By means of judgment dated May 17, 1989, from the First Contentious-Administrative Court (Juzgado 1 de lo Contencioso Administrativo), case file 297-86, an ordinary proceeding brought by Arturo Aguilar Vindas against the IDA, it was ordered that the plaintiffs had possessed in a quiet, peaceful, public, uninterrupted manner and as owners, within the properties of the IDA, which formerly belonged to OSA Productos Forestales S.A., and having demonstrated ten-year possession (posesión decenal), the IDA must proceed to pay for the same to their owners. Said judgment was confirmed by the Contentious-Administrative Tribunal (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) in judgment N.90-94 of April 6, 1994, regarding the condemnation of the IDA. Finally, by means of judgment No. 52 of the First Chamber (Sala Primera) of May 26, 1995, the ruling was confirmed. (Images 818-902 of the judicial file); 17. That by means of judgment 2456-97 at 11:03 hours on May 2, 1997, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) resolved an amparo action No. 3605-V-92, brought by the Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa against the then Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, the Ministry of Agriculture and Livestock, and the Forestry Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, ordering the Ministry of Environment and Energy: "...to proceed to carry out - if it has not been done - the census established in section 11 of Executive Decree 8494-A and to initiate the expropriation or direct purchase proceedings as appropriate, and must proceed to develop, jointly with those appellants who result from the census to be owners or legitimate possessors, a land exploitation plan in accordance with the Regime to which the lands are subject and that allows the owners or legitimate possessors their sustenance and subsistence while the expropriation proceeding lasts". (Image 1095-1096 of the judicial file); 18. By means of an agreement of the Board of Directors of the IDA, dated January 11, 1999, Article VI of Session 002-99, it was ordered to declare as beneficiary and adjudicatee (adjudicatario) of lot 25 and 25-1 of the OSA Settlement, Los Planes de Drake sector, Sierpe locality, Province of Puntarenas, Zacarías Alemán Valencia. (Images 1080-1092 of the judicial file); 19. The then IDA, in Session No. 044-05 held on November 14, 2005, in its Article 39, ordered to the extent relevant: "1- That the properties registered in the Public Registry, Property Section, Partido de Puntarenas, numbers 22048, 8974, and 22046, which were consolidated forming a single property registered under Folio Real 39334-000 of the Partido de Puntarenas, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, which make up the Osa Campesino Settlement, are located within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree Number 8494-A of June 1, 1978. 2- That the indicated immovable properties were expropriated by the State from the company Osa Productos Forestales and in the same act were transferred to the Instituto de Tierras y Colonización, today IDA, for the development of an agricultural-forestry plan for the benefit of landless campesinos (see Executive Decrees 10088-G-H of May 2, 1979, and Decree 10244-G of July 5, 1979). 3- That according to studies carried out by the Land Inventory Section of this Institute, the lands expropriated from the Company Osa Productores Forestales were [affected] by a conflict of occupation in precario that originated in 1963 (see official communication SIT-059-78) (...) It was agreed: FIRST: A special and exclusive procedure is authorized so that, on property number 39334-000 of the Partido de Puntarenas, property of the IDA, which makes up the Osa Campesino Settlement, located within the Golfo Dulce Forest Reserve, property titles may be granted in favor of those occupants who demonstrate possession of at least ten years prior to June 1, 1978, the date on which the Golfo Dulce Forest Reserve was created by decree. SECOND: The beneficiary who intends to be subject to titling must submit the following documents before the Subregional Office of the IDA in Rincón de Osa: a- Formal application for the title to be granted, which must contain at a minimum: name, surnames, personal details, and address of the applicant and their spouse, location of the parcel or lot to be titled, and nature of the land. b- Legal documents demonstrating the ten-year possession exercised prior to July 1, 1978. c- Sworn statement (Declaración jurada) made before a Notary Public (sic) attesting to the time of possession of the applicant, the name, surnames, and other details of the person from whom their right was acquired, as well as the chain of transmission thereof starting from July 1, 1968. d- Certification of the marital status of the applicant(s). e- Copy of the identity card of the applicant and their spouse. f- Cadastral plan of the immovable property. With all the aforementioned documentation, the Subregional Office of the IDA in Rincón de Osa shall proceed with the formation of the respective administrative file (...) FOURTH: The Subregional Office of Rincón de Osa of the IDA, in joint action with the official designated by the Dirección del Área de Conservación Osa of MINAE, must in all cases carry out an ocular inspection (inspección ocular) on the property to be titled. The indicated ocular inspection shall have the following purposes: a) To verify on the site itself the presence of the occupant as owner of the land. b) To verify boundaries, verify that there are no overlaps or the presence of third-party occupants. c) To detail the nature of the immovable property. d) To draw up the corresponding record (acta), which shall be signed by the designated officials. e) To verify the information investigated against the database, censuses, and documents held by the subregional office of the IDA in Osa. FIFTH: Once the field inspection has been carried out and compliance with the required requirements has been verified, MINAE, through its regional representative, and the IDA, through the Subregional Office of Osa, shall issue the respective recommendation expressing their favorable opinion for the granting of the title or the reasons for denying it...". (Images 1095-1100 of the judicial file); 20. By means of public deed (escritura pública) number three hundred two, executed before the notary public Alfredo Carrillo Mena on October 4, 2011, Messrs. Zacarías Alemán Valencia, Luz Marina Fajardo Jiménez, and Lisbeth Alemán Fajardo appear, in which it is stated that the first two donate to the latter an unregistered plot of land located in Los Planes de Drake, Osa, Puntarenas, with an area of thirty-seven hectares 4273 meters, with the following boundaries: North: Zenón Hernández Díaz and public road, South: Río Claro, East: public road, Fermín Fajardo Jiménez, Bautista Amaya Mora, West: Patricia López López. The donors state that this property was acquired from Arturo Aguilar Vindas in 1972, and he in turn acquired it from Inocencio Amaya Amaya in 1978. (Images 471-473, 898-903 of the judicial file); 21. That the property over which Ms. Lisbeth Alemán Fajardo's right of possession is claimed is 100% located in the Golfo Dulce Forest Reserve. (Images 790-793, 921-928, 1485-1489 of the judicial file); 22. The topographical engineer Albert Torres Muñoz, It 4582, indicated that he certified on March 30, 2011, the measurement of the parcel located in Los Planes, District: 3 Sierpe, Canton: 5th Osa, Province of Puntarenas, in the possession of Zacarías Alemán Valencia, ID 5-184-137, and Luz Marina Fajardo Jiménez, ID 5-0247-0430, a measurement he performed in April 2008; this was for the purposes of proceedings before the Catastro Nacional, but MINAET denied the corresponding approval, required by the Catastro Nacional, leaving it pending for that situation to be resolved. The attached plan indicates that it corresponds to an area of 37 hectares 273 square meters and that it forms part of property folio real 6039334-000. The plan contains a polygon that in its interior part indicates the existence of "montaña" (mountain/forest).

Additionally, it has a note that, where relevant, states: "The survey plan unilaterally raised by the interested party, even if registered, cannot by itself affect third parties, does not constitute a transfer of title, and does not prove ownership or possession in accordance with the provisions of article 301 of the Civil Code." Furthermore, on the inside part it has another note that states: "Affected by Ley Forestal N° 7575, article 33, this plan is registered without prejudice to the State's rights for all purposes of the limitations established by the laws on waters and roads and the maritime-terrestrial zone." (Images 472-474 of the judicial file); 23. That according to official letter RIM-RN-0461-2012 of September 26, 2012, from the Director of the Real Property Registry of the National Registry, Jorge Alvarado Valverde, addressed to Messrs. Ricardo Madrigal Madrigal and Hernán Paniagua Quirós of the Asociación de Desarrollo Integral de Drake, the history of the property of the Partido de Puntarenas, No. 39334, in which the lot possessed by the plaintiff here is located. It indicates that this property came into legal existence from the merging of three properties owned by ITCO, with registration numbers 22048, 22046, and 8947, through a public deed granted at 8:00 a.m. on September 4, 1980, and was registered on the twelfth day of that same month and year. That document clarifies this situation, after an administrative investigation was conducted, by final resolution at 3:30 p.m. on June 2, 2009, of the Directorate of the Real Property Registry, which deemed the errors found to be corrected, without any prejudice to third parties being observed. In turn, the history of the three merged properties is as follows: regarding properties 22048, they arose from three documents, namely the public deeds granted on December 4, 1975, May 30, and June 4, 1976, with which properties 6-22034 and 6-22036 were created (indicating they had the nature of "mountain land"), which were registered in the name of the State and transferred free of charge to ITCO, which subsequently exchanged them with Osa Productos Forestales, S.A., for being a lot segregated from each of the properties with registration numbers 8946, 8947, and 8950, as well as for the entirety of properties with registration numbers 8839, 8948, and 8840. In the corresponding registry entry, it was stated that the exchange was made safeguarding the rights of private individuals over duly registered lands or lands with ten-year possession, which are included within the areas of the Reserva Nacional del Parque Nacional de Corcovado. The normative basis for the previous transfers was found in article 4 of Decreto Ejecutivo N° 5343-A published in the Official Gazette on October 31, 1975, as well as an agreement of the ITCO Board of Directors, taken in article 4, subsection B) of session number 1925 on November 4, 1975. Later, those property numbers 6-22034 and 6-22036 were merged into registration number 6-22048. It was indicated in that official letter that "(...) the interpretation given by this Registry at the time of registering the first and second entries of properties with registration numbers 6-22034 and 6-22036 regarding the scope of Decretos Ejecutivos numbers 5343-A and 6953-A is unequivocal; and this is that the properties indicated in article 1 of the first decree are those that, belonging to the State and being outside National Reserve lands, were generated free of all liens and limitations as independent properties, transferred free of charge by the State to ITCO; which, authorized for this purpose, exchanged them with the company Osa Productos Forestales S. A., for lands of its property that were indeed within the land area that makes up the Parque Nacional de Corcovado." (Images 431-438 of the judicial file); 24. By official letter ACOSA-RFGD-DOT-290-2013 of October 10, 2013, from the Department of Territorial Planning of SINAC, it indicates that, according to the study conducted, there are no approvals in the name of Lisbeth Alemán Fajardo. (Image 929 of the judicial file); 25. At the oral trial, Mr. Víctor Arguijo Arguijo testified, who indicated that he knows the plaintiff's parents. He states that he arrived in the Bahía Drake area in 1973, indicates that Chente Amaya was the possessor, he sells to Arturo Aguilar, and later, he sells it to Zacarías Alemán. He indicates that there was agriculture on the land in the area. He comments that when Arturo Aguilar arrived, he devoted it to pasture for cattle. Don Zacarías lived on that parcel, and also devoted it to cattle and pasture. He points out that Zacarías Alemán, his wife is called Marina Fajardo and his daughter is called Lisbeth, and they have three more children. All his children live there. Three years ago he last passed by the lands. (SIGAO audio system); 26. At the trial, Mr. Clementino Castrillo testified, who stated that the land belonged to Chente Amaya, he had agriculture, later it passed to Arturo Aguilar, and in 1977, Don Zacarías acquired it from Arturo Aguilar, they devoted it to pasture and cattle. By that time, Doña Lisbeth had already acquired that parcel. There has been no one else in possession. (SIGAO audio system); 27. At the trial, Mr. Mario Jiménez Quirós testified, who is the Head of the Osa Office of INDER. He states that he knows about it from the legal processes filed. He points out that the parcel subject to the lawsuit was allocated to Zacarías Alemán, but not to the plaintiff. He indicates that he was not an IDA official when the request was made. He explains that a census was applied to Don Zacarías in May 1993, as part of any family process. It is declared as a family to be granted land. In 1995, Parcela 25 was assigned to Don Zacarías. He explains that the Asentamiento Osa originates from a Company called Osa Productos Forestal and in 1978, the Reserva Golfo Dulce was created. This Reserve overlaps the parcels of the Asentamiento OSA. He explains that when the expropriation occurs, ITCO issues the first Board of Directors agreement. In 1993, a census of occupants was carried out, of which the plaintiff was not a part, because what was applied to them was a family study, for land allocation. He clarifies that there is no transfer request towards the plaintiff in the Office under his charge. In response to a question from the Tribunal, it is indicated that for the year 1978, the nature of the land was primary forest. (SIGAO audio system)


III. Facts not proven: 1. That the plaintiff had recognized rights of usucapion or possession before the establishment of the Reserva Forestal Golfo Dulce by the defendant Institute (The court records). 2. That Decretos Ejecutivos 8484-A of April 28, 1978, DE-9388-A of November 30, 1978, and 10088-GH recognized rights of usucapion or possession to the plaintiff. (The court records). 3. That the "special and exclusive procedure" adopted by the Board of Directors of the defendant Institute, in article 39 session 044-05 of November 14, 2005, completed all the stages set forth therein, for the plaintiff's case. (The court records). 4. That the defendant entity engaged in the omissive conduct claimed by the plaintiff. (The court records). 5. That agreements 11 of session No. 400 of June 8, 1965, VI of session No. 1832 of December 11, 1974, and VI of session 712 of May 2, 1967, granted any right to the plaintiff. (The court records). 6. The existence of a causal link between the administrative conduct claimed and the damages whose compensation the plaintiff seeks. (The court records).

IV. Object of the process: In this process, a liability of the defendant entity is discussed for omissive conduct regarding land tenure in the Asentamiento Campesino OSA. In that sense, it states that its represented party is a possessor of land located in Los Planes, Bahía Drake. It points out that it does not present the registered cadastral survey, due to the same harassment to which they have been subjected during all these years, which has prevented them from being able to obtain approval and thus continue with the registration process of the respective plan. It indicates that on October 24, 1975, through Decreto Ejecutivo 5357-A, the Parque Corcovado was created on a large amount of land adjacent to the property under litigation. After this date, the Public Administration, through ITCO, today the Instituto de Desarrollo Agrario, began work to conduct censuses on the lands that made up the Park, as well as on the adjoining lands, studies which demonstrated that within such lands there were people with fully consolidated ten-year possessory rights. Likewise, as a result of a series of conflicts occurring in Bahía Drake de Osa between the sector's neighbors and a North American Company in 1965 that monopolized many properties, the Instituto de Tierras y Colonización began negotiations with the Company then called Arawak Forestal, later Osa Forestales, to solve the problem of precarious occupation on the presumed properties of that Multinational, as recorded in several agreements and background documents of the Institution, formally beginning the process with agreement No. 11 Session No. 400 of June 8, 1965, and agreement No. VI of session 1196 of June 16, 1970, where such occupational problem was recognized. As a result of these censuses, INDER became aware that there was a problem of precarious occupation within the lands of Osa Forestales. Proof of this is the expropriation decree carried out by the State against Osa Forestal, as well as the agreement signed with that company, whose sole purpose was to solve the problem of precarious occupation that was affecting hundreds of campesinos, who had possessed the lands their whole lives, themselves or through their transferors. As a result of the negotiations, the Instituto de Tierras y Colonización, today INDER, had agreed with Osa Forestales to conduct a series of censuses with the sole purpose of determining the number of families suffering from the problem of precarious occupation, as well as the extensions of land each of them occupied, which is demonstrated by the plan attached as evidence, where all the occupied sectors are recorded, among which is that of its represented party. Adhering to the good faith of our campesinos, the Instituto de Tierras y Colonización, today INDER, entered each of the properties, conducting the respective topographical surveys, initially with the goal of solving the precarious title situation and providing title to the campesinos, who, faced with such help, did not hesitate to open the doors of their homes, giving food and shelter to the officials tasked with such a noble task, without imagining that the solution to the conflict would never arrive. As a result of this situation, a Special Subcommittee of the Asamblea Legislativa was created, which since 1972 had been investigating and studying matters concerning that Company for land hoarding in the Península de Osa and the problem of precarious occupation throughout the region, with the Asamblea Legislativa presenting legislative initiative number 5852, which sought to expropriate the Compañía Osa Productos Forestales and legalize tenure in the entire peninsula region, according to its original text, article ninth of June 28, 1973, file No. 5399. Likewise, the Concejo Municipal de Golfito supported, through agreement No. 20 of February 15, 1972, the occupational situation so that titles could be delivered on the Company's lands, according to a document dated February 17, 1972. In the event that ITCO deems it necessary and of public utility to hand over parcels and grant the respective property titles to other farmers. But it is imposed the obligation to defend the timber wealth of the Península de Osa for the State. Within the negotiations carried out to solve the indicated problem of precarious occupation, plan P-16317-1973 was taken as a starting point, a plan which indicated the lands supposedly belonging to Osa Forestales, with an area of 34,800 hectares and 577 square meters. By 1974, ITCO and the Company had reached an arrangement to solve the problem of precarious occupation on the peninsula's lands through an agreement, within the framework of Ley 2825 and its reforms, where, among other things, they declare the existence of a conflict of precarious occupation on those properties, a legal document signed by the parties on November 20, 1974. Document supported by agreements of the ITCO Board of Directors and duly ratified according to agreement five of session No. 1832 of December 11, 1974. As a result of the studies conducted by the defendant, today INDER, they realize that, within the lands occupied by the campesinos of the Península de Osa, there were two sectors which they called National vacant lands (baldíos Nacionales), lands which did not belong to Osa Forestales, and over which possessory rights existed for more than ten years by the people who inhabited them, as the conducted censuses had reflected. Through Decreto No. 5357-A of October 24, 1975, the Parque Nacional de Corcovado is created, a large amount of land adjacent to the property under litigation, where after that date and as has been stated, the Public Administration, through ITCO, today INDER, had formally begun since 1973 a series of actions to conduct a general census on all the lands in conflict, including those that would become part of the National Park, confirming that within such lands there were scattered nuclei of inhabitants with fully consolidated ten-year possessory rights, which is demonstrated by the evidence presented above. As a result of these institutional efforts (ITCO-Framework Agreement-Ley 5852 Project), the defendant reiterates the fact that there is a deep problem of Precarious Occupation inside and outside the lands of Osa Forestal. Proof of this is the very Ley 5852 Project of 1973 that the Comisión de Asuntos Jurídicos was processing, as well as the Framework Agreement signed by the parties ITCO-OSA on November 20, 1974, with the sole purpose of solving the problem of precarious occupation that was affecting, since the takeover of those lands by the Multinational in 1957, hundreds of campesinos who had possessed their properties their whole lives, themselves or through their dependents. As a result of the negotiations of the Framework Agreement, INDER had agreed with Osa Forestal to conduct a census starting in 1974 with the sole purpose of determining the number of families suffering from the problem of precarious occupation, as well as the extensions of land each of them occupied. It is not until early February 1976 that the ITCO Land Inventory Section analyzes a report on the almost total occupation of the Bahía Drake and Rancho Quemado sector as the last and third stage, with a little over one hundred sixty families surveyed. The omission on the part of the defendant entity to not resolve the conflict of precarious occupation, as inferred from official letter SIT-059-78 of the Land Inventory section dated June 8, 1978, has been ongoing since 1963, that is, the omissive conduct of the defendant entity has lasted for more than 50 years. As indicated by the documents attached as documentary evidence with this brief, the basis of Decreto Ejecutivo number 10088, which itself expropriates Osa Productos Forestales S.A., was precisely to resolve the land tenure conflict of so many campesinos. Note that already in 1979, the defendant entity knew that the property intended to be expropriated from Osa Productos Forestales had annotations of lawsuits filed since 1963, yet another element of the existence of the land tenure conflict. As a result of this situation, the defendant entity began but did not conclude, that is, it continues its omissive conduct to date, various efforts in order to provide lands to the campesinos, proof of this is official letter DL-1281-93, where the legal Department of the defendant issues an opinion authorizing the granting of property titles in the settlement of Osa, place where my represented party is located. Later, in 2005, a commission was created in which the defendant here was a part, which aimed to carry out the titling of the campesinos of the Asentamiento Osa, where it can again be seen that the defendant entity does not solve the conflict and continues its omissive conduct. Through article 39 of session 044-05, held on November 14, 2005, the Board of Directors of the defendant agreed to carry out a special procedure to solve the precarious possession problem, which was never carried out, continuing the defendant's omissive conduct in providing a solution to the problem afflicting its represented party. The omission on the part of the defendant entity to not resolve the conflict of precarious occupation, as inferred from official letter SIT-059-78 of the Land Inventory section dated June 8, 1978, has been ongoing since 1963, that is, the omissive conduct of the defendant entity has lasted for more than 50 years. The basis of Decreto Ejecutivo number 10088, which itself expropriates Osa Productos Forestales S.A., was precisely to resolve the land tenure conflict of so many campesinos. Note that already in 1979, the defendant entity knew that the property intended to be expropriated from Osa Productos Forestales had annotations of lawsuits filed since 1963, yet another element of the existence of the land tenure conflict. As a result of this situation, the defendant entity began but did not conclude, that is, it continues its omissive conduct to date, various efforts in order to provide lands to the campesinos, proof of this is official letter DL-1281-93, where the legal Department of the defendant issues an opinion authorizing the granting of property titles in the settlement of Osa, place where its represented party is located. As a result of this commission and agreement duly approved by the Board of Directors of IDA, today INDER, the defendant entity began all the procedures for the purpose of providing land to the campesinos, a procedure which did not go beyond the paper of the defendant's Board of Directors agreement. What is interesting about this is that through official letter OSO-319-06, of April 28, 2006, the possession, time, and chain of transferors of several campesino neighbors of its represented party's property are certified, indicating that they have possession dating back to 1959, that is, the property under litigation was in possession before ITCO came into existence, which is the predecessor of IDA, today INDER. The foregoing is important for the purpose of proving once again that even though the possession problem is very clear to them and they have accepted and recognized it, it is also true that they have done nothing to solve it, which is why they have forced its represented party to file the present process so that it is the courts of justice that once and for all put an end to the omissive conduct of not resolving the possession of its represented party, which is what gives rise to the present file. Through article VI of session 002-99 of January 6, 1999, the defendant entity, as a result of the knowledge it had of the possession held by the zone's campesinos, declares its transferor, Mr. Zacarías Alemán Valencia, as grantee. Likewise, in accordance with the above-cited agreement, through official letter OSO-511-07 of April 24, 2007, they certify that the transferor of its represented party is the grantee of parcela 25 of the Asentamiento Campesino Los Planes, as further proof that even today the omissive conduct problem has not been solved, since even the problem of its represented party has not been resolved.

V. On INDER's position: They state that these lands were immersed within the Reserva Forestal Golfo Dulce, created by Decreto Ejecutivo number 8494-A of April 28, 1978, amended by Decretos Ejecutivos 9388 of November 30, 1978, and 10142-A of June 12, 1979, lands that fulfill a buffer function for the Parque Nacional Corcovado. It is on July 12, 1979, by public deed number forty at 4:00 p.m., granted before Notaries Public Eduardo Ching Murillo and Jorge Manuel Solano Chinchilla, that the company Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima and Sociedad Anónima sell to the Costa Rican State properties they own, which in the same act, the State transfers to the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), with the purpose of allocating them to the purposes of the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of October 14, 1961 (eleventh clause). On September 7, 1980, ITCO being the owner of the properties described in the public document cited above, it proceeds, by deed number 3 granted before Notaries Adrián Arguello Artavia and Eduardo Ching Murillo, granted at 1:00 p.m., to request from the Public Registry the merging of the properties, and from that merging, the creation of the property of the Partido de Puntarenas, Folio Real, Registration Number 39334-000 is assigned. ITCO being the owner of the property of the Partido de Puntarenas, Folio Real, Registration Number 39334-000, a gradual process of land titling begins in favor of those who were previously occupying the lands, all the above under the concept of land settlement (colonización) or agrarian reorganization, without subjection of the occupants of these lands to the socioeconomic beneficiary selection procedures of land allocation programs, typical of land subdivision processes; a process that begins with the support of the pronouncement of the Procuraduría General de la República number C-143-83 of May 11, 1983, which established the following: "IDA can dispose of the lands acquired through Decreto number 10088-G-H and which are duly registered in its name in the Public Registry. It must be taken into account that those lands currently form part of said institution's assets, which by law has administrative independence with powers to manage those assets for the fulfillment of its purposes." This entire process was executed in stages, given the vastness of the area and the access difficulties, leaving many areas lagging behind due to difficulty in topographical surveying or problems with titling; in addition, there was no specific regulation preventing titling. Although this resolution is issued referring to the Zona Protectora Tivives, its scope transcends and must be applied by analogy, in the Reserva Forestal Golfo Dulce. Faced with this panorama, the Instituto de Desarrollo Agrario suspends the titling procedures, which causes a large number of disputes among those who claim and demand property titles in the areas of the Asentamiento Osa, comprised within the Reserva Forestal Golfo Dulce, or of the Asentamiento Osa, covered in forest or of forest suitability. The truth is that the inclusion of the Asentamiento Osa within the Reserva Forestal Golfo Dulce means its automatic attachment to the Natural Heritage of the State, with the Instituto de Desarrollo Agrario being forbidden from granting property titles to private individuals, due to the inalienability and unseizability characteristic of public domain assets, and the imprescriptibility of the reivindicatory actions enjoyed by the State, and the prohibition on titling. Now, the Instituto de Desarrollo Agrario, in its capacity as a public entity, must comply with the principle of legality, being allowed to carry out only those acts authorized by the Legal System (articles 11 of the Constitución Política and 11 of the Ley General de la Administración Pública), an aspect of transcendental importance that materially and legally prevents it from addressing the petition of those who demand a property title from it within the Reserva Forestal Golfo Dulce or on lands that maintain areas considered Natural Heritage of the State. Faced with such a panorama, any provision that may be established on the occasion of that claim tends to be futile, insofar as what is pertinent is to point out that any modification to the legal regime regulating environmental matters is the exclusive competence of the Asamblea Legislativa. Added to the above, we must take into account what was recently expressed in the report of the Contraloría General de la República, number DFOE-ED-7-2007, which orders the transfer of lands that form part of the Natural Heritage of the State to the Ministerio del Ambiente y Energía, as their conservation and administration are functionally the competence of the latter, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Provision based on the Ley Forestal, articles 6, subsection a) and 13, second paragraph, and 14, Ley Orgánica del Ambiente, article 32, second paragraph). It is important to remember that the existing impediment to the granting of titles in the Forest Reserve arises from the affixation imposed by law, since, as has been previously established, having that particular characteristic, they are affected by what articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575 of February 5, 1996, establish. To adequately address the issue raised in the present lawsuit, it is necessary to state that in our country, the recognition of the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment does not have as its starting point the reform of article 50 of the Constitution (Ley N. 7412 of June 3, 1994), since from the promulgation of the Constitución Política in 1949, the will of the original constituent assembly was clear in establishing in article 89 that among the cultural purposes of the Republic are the protection of natural beauties, and preserving and developing the Nation's historical and artistic heritage. This provision must be read in concordance with article 21 of the same normative body, which protects the inviolability of human life, since, according to constitutional jurisprudence, the protection of natural resources essentially nourishes fundamental values such as human life and the health of the inhabitants. It must not be lost sight of that, pursuant to articles 7 and 48 of the Constitución Política and 1 and 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the right to a healthy and ecologically balanced environment and the correlative duty of public authorities and private individuals existed in Costa Rican domestic law, and its effective protection was enforceable before the reform of article 50 of the Constitution, by virtue of the Costa Rican State having signed a series of International Conventions and Instruments related to the recognition of that fundamental right. Within those international instruments, one can cite the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (articles 2.1, 12.1, and 12.2.c), the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (article 11), the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, signed in Paris on November 23, 1972, approved by Ley No 5980 of October 23, 1976, the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, adopted in Washington on March 3, 1973, and approved by Ley No 3763 of October 19, 1976, among many others. In accordance with the foregoing, it must be concluded that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment imposes on the State and on private law subjects the duty to guarantee, defend, and preserve that right, which implies the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve its protection. The lands that are the subject matter of this lawsuit form part of the Reserva Forestal Golfo Dulce and/or the Parque Nacional Corcovado, or comprised forests or lands of forest suitability belonging to the State or to the Instituto de Tierras y Colonización, such that, as of today, by provision of articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, they were automatically incorporated into the Natural Heritage of the State. In addition to this, to protect the natural resource, the legislation itself, in articles 14 and 58 subsection a) of the Ley Forestal and article 8 of the Ley de Tierras y Colonización, expressly penalizes any type of occupation on the assets of the Natural Heritage of the State for the purpose of protecting the natural resource, a situation that would lead to no compensation nor the claims sought by the plaintiff, especially since said areas possess all the characteristics of being public domain assets (bienes demaniales) and therefore are inalienable, imprescriptible, without any claim by private individuals giving rise to any right in their favor, due to the public domain character recognized for these assets, and any type of occupation by private individuals is not useful and does not grant any right.

Furthermore, no right can be recognized because the plaintiff does not demonstrate that she is the legitimate possessor, in an original or derivative form, of the property with at least ten years prior to the Corcovado Park or the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) and/or ten years prior to the lands being property of the State or of the ITCO, because Forest Law Number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), defined in Article 18 as that which "is constituted by the National Reserves, the Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, the Protective Zones and the Biological Reserves"; likewise, in its Article 19 it was provided that "all forests and forest lands located in: a) Lands considered as national reserves; b) rural farms of the private domain of the State, those belonging to" currently maintains its essence, with the definition of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), set forth in Forest Law 7575". Therefore, the State, for reasons of public interest, has the power to limit private property and with even more reason, lands owned by the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural). Thus, currently the institution has a legal impediment to title lands belonging to the State Natural Heritage given that Article 14 of the Forest Law prevents the institution from alienating or disposing of the assets that make up the State Natural Heritage. Now, regarding the legal impediment to titling lands belonging to the State Forest Heritage or Natural Heritage, it must be clear that the Constitutional Chamber has already indicated the following: "...in which case if it considers them to be of forest aptitude, they will immediately be incorporated into the state forest heritage, for that reason if Decree Number 17023 affected part of the farm acquired by the Agrarian Development Institute at its opportunity, the application of the terms of that regulation as well as the cited articles of the Forest Law is immediate, so the respondent entity is not empowered to disapply them under the justification that a purchase process entailing the corresponding compensation has not taken place. Thus, from the moment the Decree so many times cited came into force, the lands of the Salinas II farm affected by the Tivives Conservation Zone became part of the state forest heritage automatically" (Ruling No. 1763-94 Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. San José, at sixteen hours forty-five minutes on April thirteenth, nineteen ninety-four), note that in relation to the case under study, there is also a decree that affected lands; in principle and based on constitutional jurisprudence, at the moment the decree came into force, the land that the plaintiff allegedly claims to possess as of the year 2011 became part of the state forest heritage, today called the State Natural Heritage, for which reason what the plaintiff alleges in her claims has no legal basis whatsoever, and must therefore be rejected outright. If the plaintiff carried out any type of legal transaction in the year 2011 with a property belonging to the State Natural Heritage, she did so with the implications this would entail; therefore, it was her responsibility, as the acquirer, to investigate and verify the legal characteristics of the asset; she cannot claim any compensation for the limitations presented by lands with the characteristics of being public domain assets (bienes demaniales). There is no census whatsoever that demonstrates that the plaintiff is the legitimate possessor, in an original or derivative form, of the property with (i) at least ten years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve created through Executive Decree 8494 published in Official Gazette Number 104 of June 1, 1978 and/or ten years prior to the lands being property of the State or of the ITCO, because Forest Law Number 4465 of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forest Heritage. It is opposed in all its extremes to the claim for damages, losses, and moral damages. The plaintiff lacks a causal link and suitable evidence to seek any type of compensation from the Rural Development Institute, especially since by provision of Article 198 of the General Law of Public Administration the statute of limitations period for claiming any type of compensation from the Administration has expired. The plaintiff bases the claim for damages and losses on the assertion that they "are caused by the bad faith actions of the IDA, which even though the possession conflict suffered by the Osa settlement since 1963 was within its knowledge, and that she, by herself and through her transferors, has possessed publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owner for more than fifty years, they have maintained an omissive conduct of not resolving the land tenure conflict." Added to the above, as we have already indicated, if the plaintiff carried out any type of legal transaction with the property belonging to the State Natural Heritage, she did so with the implications this would entail; therefore, it was her responsibility, as the acquirer, to investigate and verify the legal characteristics of the asset, and she cannot claim any compensation for the limitations presented by lands with the characteristics of being public domain assets, which she could not be unaware of; note that the supposed donation was made in the year 2011, that is, more than 35 years after the Osa Forest Reserve (Reserva Forestal Osa) was declared, for it is based on the principle that no one can claim ignorance of the Law. In the same vein, the recognition of any compensation is not possible. The legislation itself, in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forest Law and Article 8 of the Land and Colonization Law, expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State Natural Heritage with the purpose of protecting the natural resource. The classification as State Forest Heritage or State Natural Heritage is due to a public interest of the State, which prevails over the particular interest, which is the protection of the environment. Therefore, the State, for reasons of public interest, has the power to limit private property and with even more reason, the farm of the Puntarenas district number 39334-000, which is automatically incorporated into the State Natural Heritage, the administration of which by Law corresponds to MINAET through SINAC. (Forest Law, Art. 6, subsection a, and 13, para. 2, and 14; Organic Law of the Environment, Article 32, para. 2). The administration of said Heritage corresponds to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), whose competence is non-waivable, non-transferable, and imprescriptible, and which cannot decline. Thus, the INDER is not the institution that administers the State Natural Heritage, and consequently, the plaintiff would lack standing to claim any compensation from the Rural Development Institute. It must be emphasized that it cannot be ignored that the land in dispute is located within an area that is State Natural Heritage or comprises forests or lands of forest aptitude belonging to the State or to the Rural Development Institute, so ignoring this situation is not viable, for it is stressed that no one can claim ignorance of the Law. In addition to the foregoing, it is important to indicate that no type of compensatory claim directed against the Rural Development Institute is admissible, because it has a legal impediment to title lands belonging to the State Natural Heritage due to the legal regulation contemplated in Article 15 of the Forest Law, which makes it impossible for the Institution to alienate or dispose of the assets that make up the State Natural Heritage. Likewise, occupants who acquired their possession in derivative form are not entitled to payment for moral damages, as this must be claimed by the person who suffered the damage directly, said prerequisite not being configured in the present case. Indeed, note that as recorded on folio 468 of the judicial file, Mrs. Lisbeth Alemán Fajardo allegedly acquired by donation in the year 2011 the property in Litis, when said land was already outside of commerce, thus said private act of disposition (donation) is totally null. Finally, we must reject in all its extremes the plaintiff's claim for losses, because it has no legal basis; it is absolutely contrary to what is stated in Article 194, subsection 2) of the General Law of Public Administration, which indicates that compensation must cover the value of the damages at the time of payment, but not lost profits. Additionally, it points out that the plaintiff seeks recognition of a right over the asset in dispute; however, it must be kept in mind that if said property is located where the plaintiff indicates, no right would correspond to her, for as the General Attorney's Office pointed out, when responding to the lawsuit filed on September 8, 2015, there is a record that expropriation for said lands was already carried out and improvements were paid in favor of Arturo Aguilar Vindas in the year 1980 by the I.T.C.O, and the respective transfer was made; we point this out by virtue of the fact that the plaintiff herself affirmed that Mr. Arturo Aguilar Vindas is one of those involved in the chain of transferors, who in turn transferred possession of the Litis land to the donors, Mr. Alemán Valencia and Mrs. Fajardo Jiménez, in the year 1972, and these to the plaintiff herein in the year 2011; thus we see that the supposed donation in favor of the plaintiff herein occurred 30 years after the effective expropriation by the I.T.C.O in favor of Mr. Aguilar Vindas of the same real property subject of this Litis. Added to the above, an administrative contentious process was filed in the year 1986 by Arturo Aguilar Vindas against the IDA and Agroindustrial Rincón S.A., requesting that adverse possession (usucapión) be declared in his favor and that part of the farm of District number 22048 be segregated and transferred, or that he be compensated; therefore, judgment No. 34 of the First Contentious Administrative and Civil Treasury Court, at 8 hours 5 minutes on February 5, 1990, resolved that the Agrarian Development Institute and the company Agroindustrial Rincón S.A. must pay Mr. Arturo Aguilar Vindas the value of the bare ownership (nuda propiedad) of the rural property he possessed in precarious tenure (precario) in Sierpe de Osa, within what was known as Osa Productos Forestales S.A. The Judge considered it proven that Mr. Aguilar Vindas occupied 1264 ha individually (resolution at 16 hours 20 minutes on February 26, 1990). Subsequently, the Superior Contentious Administrative Court, First Section, in judgment No. 90-94, issued at 11 hours on April 6, 1994, upheld the exception of lack of passive standing regarding Agroindustrial Rincón S.A., and confirmed the rest. The First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Ruling No. 52 at 15 hours 17 minutes on May 26, 1995, considered that restitution was inadmissible, declaring the cassation appeal without merit. Thus, if the property is located where the plaintiff says it is, then payment for that land is inadmissible because: it was already paid for with public funds to another person who claimed to be its owner in judicial courts; the INDER cannot come to pay for a property that is public domain, nor reimburse the plaintiff, for it would not be the INDER's fault that the plaintiff received as a donation a land belonging to the State Natural Heritage; therefore, the plaintiff must assume the responsibility for her own acts, or else demand it from third parties. Thus, the land subject to this lawsuit forms part of the Golfo Dulce Forest Reserve or comprised forests or lands of forest aptitude belonging to the State or to the Land and Colonization Institute (Instituto de Tierras y Colonización), such that, to date, by provision of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, they are automatically incorporated into the State Natural Heritage. Added to this, to protect the natural resource, the legislation itself in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forest Law and Article 8 of the Land and Colonization Law, expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State Natural Heritage with the purpose of protecting the natural resource, a situation that would lead to no compensation nor the claims sought by the plaintiffs nor any other person, especially since said areas possess all the characteristics of public domain assets and are therefore inalienable and imprescriptible, with any claim by private individuals creating no right whatsoever in their favor, due to the public domain character recognized for these assets, and any type of occupation by private individuals is not useful and grants no right whatsoever. Therefore, no right can be recognized because the plaintiff does not demonstrate she is the legitimate possessor, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in Official Gazette Number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years prior to the lands being property of the State or of the ITCO, because Forest Law Number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forest Heritage, defined in Article 18 as that which "is constituted by the National Reserves, the Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, the Protective Zones and the Biological Reserves"; likewise, in its Article 19 it was provided that "all forests and forest lands situated in: a) Lands considered as national reserves; b) rural farms of the private domain of the State, those belonging to municipalities, Autonomous and Semi-autonomous Institutions (...)" are affected for the purposes of this law. A concept that currently maintains its essence, with the definition of the State Natural Heritage, as set forth in Forest Law 7575. No compensation whatsoever can be recognized. The legislation itself, in Articles 14 and 58, subsection a) of the Forest Law and Article 8 of the Land and Colonization Law, expressly penalizes any type of occupation of the assets of the State Natural Heritage with the purpose of protecting the natural resource. The classification as State Forest Heritage or State Natural Heritage is due to a public interest, which prevails over the particular interest, which is the protection of the environment, recognized in constitutional Article 50 and prior to it by the same Constitutional Chamber through Ruling No. 3905-1993 of 15:00 hrs. on July 30, 1993. Therefore, the State, for reasons of public interest, has the power to limit private property and with even more reason, lands owned by any state institution. Added to this, the Rural Development Institute has a legal impediment to title lands belonging to the State Natural Heritage, given that Article 14 of the Forest Law prevents the institution from alienating the assets that form the State Natural Heritage. Likewise, concerning the supposed occupants-donors, who would have allegedly acquired their possession in derivative form in the year 1972, approximately five years prior to the creation of the Reserve, the supposed moral damage claim must have been raised by those persons, as it must be claimed by the person who suffered the damage directly, said prerequisite not being configured in the present case. There is no census whatsoever that demonstrates that the plaintiff is the legitimate possessor, in an original or derivative form, of the property with (i) at least ten years prior to the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in Official Gazette Number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years prior to the lands being property of the State or of the ITCO, because Forest Law Number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forest Heritage.

VII. On the analysis of the conflict, identified as the cause of the administrative liability for the alleged omissive conduct. The plaintiff seeks in this process a declaration that the INDER incurred in omissive conduct by having clearly omitted to resolve the occupation conflict existing for 50 years in the Bahía Drake zone in the Province of Puntarenas, a conflict it not only knew about since the sixties, but that it has omitted to execute the administrative conduct adopted concerning the solution of tenure of those territories. In that sense, the claimant seeks compensation for the damages and losses caused in relation to the non-resolution of that conflict, which has limited the plaintiff regarding the use and enjoyment of her right of possession over the asset she has occupied in that sector. For its part, the INDER states that what the claimant seeks is clearly inadmissible because the property over which occupation is claimed is a property located in the Golfo Dulce Reserve, which is State Natural Heritage, and the claimant has not demonstrated, in that logic, having possessed in an original or derivative form ten years before the constitution of the National Reserve. Criterion of the Court: Having analyzed the proven and unproven facts elucidated in this process, this Chamber concludes that what the plaintiff seeks is inadmissible according to the reasoning to be set forth below. It has been credited that the property over which the right of possession of Mrs. Lisbeth Alemán Fajardo is claimed is 100% located in the Golfo Dulce Forest Reserve, which she acquired through donation from her parents, who in turn acquired it from Arturo Aguilar, who sold directly, and he acquired it from Inocencio Amaya, as recorded in public deed three hundred two granted before notary public Alfredo Carrillo Mena, on October 4, 2011, which is consistent with the testimonial statements received at trial (facts 24 and 25). In this first scenario, it is clear, as the defendant states, that the analysis of the petitionary framework of the lawsuit must be approached based on the rules imposed by the legal system for the titling of lands or compensation for occupation rights in State Natural Heritage zones. In that logic, assets of this nature, according to the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, are delineated as follows: "(…) Pursuant to numeral 13 of the Forest Law, 'The state natural heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other organisms of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage...'. Thus, three possibilities are offered by the rule regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other organisms of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage." (In this regard, see judgments number 1070 at 9 hours 45 minutes on September 3, 2010, and 1088 at 8 hours 55 minutes on August 8, 2011). As the First Chamber indicates in the referenced ruling, the State Natural Heritage is defined by what is set forth in the Forest Law, a regulation that in its numeral 14 indicates that the public domain condition covering the areas defined within the State Natural Heritage has special characteristics, stating the following: "Article 14.- Unseizable and inalienable condition of natural heritage: The forest lands and forests that constitute the state natural heritage, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right whatsoever in their favor, and the State's action of replevin (acción reivindicatoria) over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information (información posesoria), and both the invasion and the occupation of them shall be penalized in accordance with the provisions of this law." For its part, regarding the inalienability of these lands, ordinal 15 of the same norm states: "Article 15.- Impediments. The organisms of the Public Administration may not exchange, cede, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands owned by them or under their administration, without them having first been classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they will automatically be incorporated into the state natural heritage, and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry." Pursuant to the preceding numerals, it is clear that assets constituting the State Natural Heritage are of a public domain nature by vocation, which by their condition are imprescriptible and inalienable and are outside commerce. The Constitutional Chamber, in Ruling 4587 of August 5, 1997, indicated: "(...) In this sense, the development that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has made regarding forest property can be synthesized as follows: forest property is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime; forest property is fundamentally conceived for conservation, not to produce or be part of commerce; the forest regulations present three moments, but it is not until the enactment of Law No. 7032 of April 7, 1986, that a better-conceived instrument became available to confront the complex forest problem; Law No. 7032 of April 7, 1986, was declared unconstitutional, and Law No. 7171 of June 28, 1990, was enacted again with the text of the former one; the protection of natural resources has undergone significant advances in recent times; international human rights instruments and jurisprudential development have caused changes in international legislation aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; the changes in legislation have even reached the constitution itself, and currently the right to the environment is conceived as a true human right; the development in this area has been such that a real legal classification has been able to be formulated: ecological law; according to the Forest Law, the state forest heritage includes all the national territory and is subdivided into three areas: that comprised by the forest regime, forest exploitations on privately owned lands, and the national reserves; the forest regime is defined as the set of legal, economic, and technical provisions that give content to conservation; the forest regime has three subareas: a.-protective zones, b.-national parks, forest and biological reserves, and c.-forests and forest lands; the term national reserves is used starting from the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, to identify all those lands denominated by the Fiscal Code of 1865, and later by Law No. 13 of January 19, 1939, as national vacant lands (baldíos nacionales); these are properties that are not subject to private property—they are not registered in the Public Registry under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code—and those that are also not registered in the name of the State or its institutions; national vacant lands turn out to be the remainder of the two previous forms of property; following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939, declared them belonging to the State, within the limits of the Republic; The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and extended the zones declared inalienable by the previous law; in general, these reserves have had limits—in terms of surface area—, limits to possess them, and to register them through the possessory information procedure; all lands considered as national reserves are affected immediately for the purposes of forest regulations; on them the State can create forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest heritage; to colonize or alienate them, legislative authorization is required, and when they are possessed by third parties, these acquire no right, with the State's right to replevin being imprescriptible; according to current regulation, exploitation in national reserves can only be practiced through a concession granted by the State; the exploitation of the forest resource on privately owned lands does not exclude these lands from the state forest heritage; the state forest heritage is applicable to all national assets where natural forest resources exist; on lands where natural resources exist, to exploit timber resources, private parties must elaborate technical forest plans and obtain long-term concessions; the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands of private domain; regarding national parks and biological reserves, the Executive Branch is empowered to include within their limits the private farms or parts of farms necessary to achieve their objectives, and those lands will be acquired by purchase or expropriation; for the creation of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, the State must purchase or expropriate, unless, at the request of the General Forestry Directorate, their owners accept to submit to the respective forest regime; forests and lands of forest aptitude are of public utility and—consequently—subject to expropriation, except those voluntarily submitted to the forest regime; the forests and lands of forest aptitude that constitute the public and private forest areas are subject to the respective management plan for their conservation and promotion; the forest regulations establish a special regime applicable to all forest resources; the national reserves are subject to the regime by right because they belong to the State; expropriation only applies when it involves private assets affected to form national parks, forest or biological reserves, forests, or forest lands; on privately owned farms, to be able to constitute forest property, its owner must necessarily voluntarily submit to the legal regime established by law, specifically to the limitations of social interest imposed on the property; for the creation of protective zones on farms under a private regime, the law subjects them to a mandatory forest regime, limited to carrying out agricultural work or destroying vegetation—except with express authorization—with the same advantages granted to private parties voluntarily submitted to the regime (see judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 189 at 10:20 hours on October 30, 1991, and 51 at 15:15 hours on May 26, 1995). From this analysis, it follows that there are assets with forest aptitude capable of being part of the domain of private individuals and that fulfill a public utility purpose; for that reason, they are subjected to a special conservation regime in the hands of the administered party, and it is precisely those assets to which numeral 7, second paragraph, of the Possessory Information Law refers, which establishes that: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which said wilderness area was created. Farms located outside those areas and that have forests may only be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clear paths."

Without any exception whatsoever, the cadastral plans submitted in possessory information proceedings must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the responsible entity, which will attest whether the property sought to be titled lies within or outside those protected wild areas,” if we analyze the nature of the assets that constitute the Natural Heritage of the State—numeral 13 of the Forest Law (Ley Forestal) and the reference to what is indicated in numeral 7, second paragraph, it is possible to conclude that the assets referred to by the legislator in the aforementioned article do not extend to assets derived from national reserves, insofar as that article alludes to assets that, although they may have forest vocation or forest aptitude, which the legislator has permitted to be managed and conserved in the hands of private individuals, these cannot be those derived from national reserves, since national reserves are constituent elements of the Natural Heritage of the State and thus form part of the public domain.

Now then, as accepted by the parties and as duly accredited in the proven facts, the possession claimed by the plaintiff, as a basis for compensation, is over an asset originating from the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa), which originated from the expropriation carried out against the company Osa Productos Forestales by the State, lands that became part of ITCO, namely the farms of the Puntarenas District with registration numbers 22,048, 8,974, and 22,046 expropriated from the former, which were consolidated to create the farm of the Puntarenas District, real folio registration 39,334-000, which is where the Osa Peasant Settlement was established. This settlement has its origin in Executive Decree No. 10.088-G-H of May 2, 1979, later amended by Article 1 of Executive Decree No. 10244 of July 5, 1979, which provided, where relevant, that: “Considering: 1°—That it being the obligation of the State, in accordance with Article 50 of the Political Constitution, to ensure the well-being of the country’s inhabitants, to organize and stimulate production and the most adequate distribution of wealth, which is achieved in part by resolving the problem of so many landless campesinos, as well as by carrying out a vast agricultural-forestry development plan, the Government of the Republic, for that purpose, through the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), is carrying out an ambitious plan of peasant settlements throughout the national territory, making it consequently necessary to acquire the farms, constructions, installations, improvements, machinery, spare parts, and furniture that will later be described in the operative part and that belong to the commercial firms “Osa Productos Forestales Sociedad Anónima,” now “Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima,” and to “O Sociedad Anónima.” // 2°—That for the purpose indicated above, the Ministry of the Interior and Police, by official communication dated the 24th of April last, proposed to the aforementioned companies the acquisition of the assets belonging to them, the legal representative of those companies having, in a note dated the twenty-seventh of April of the current year, expressed his conformity with the expropriation. Therefore, THEY DECREE: Article 1°— Based on Articles 45 and 50 of the Political Constitution and on Law No. 36 of June 26, 1896, supplemented by Legislative Decree No. 78 of June 24, 1938, the following described assets are expropriated: I.—Farms belonging to Osa Productos Forestales S. A., now Agroindustrial Rincón S. A.: a) Farm registered in the Property Section of the Puntarenas District of the Public Registry, at volume two thousand three hundred seventy-one, folio four hundred fifty-six and five hundred thirty-two, number twenty-two thousand forty-eight, entries one, two, and three, which is mountain land, virgin forest, agricultural lands, including the Chocuaco lagoon, the Ganado ridge, the Pueblo Viejo, Catarata rivers, Salto stream, San Juan river, Venegas stream, Ravito river, Rincón river, Pavón river, Chanchera stream, Ganado stream, Escondido stream, Caballero stream, Cerritos stream, Timón stream, Conté river, Barrigones river, Danta stream, Jobo stream, Cedral stream, Agujas river, part of the Matajambres ridge, Sabala river, part of the Barrigones ridge, Niño river, Tarde stream, Vaquedano river, Drake river, Claro river, and the hills of Arata, Rancho Quemado, Brujo, Aguja, Debro, Ones, and Rincón Mueller. Farm that is remainder, located in the second and third districts of the seventh canton of Puntarenas and the first and third districts of the fifth canton of Puntarenas. Measures: thirty-nine thousand five hundred seven hectares, three thousand fifty-nine square meters, according to Registry. With the following boundaries: North: Fila Guerra in part, hills of Chocuaco in part, Pástate stream in between, in part Osa hills, in part national vacant lands (baldíos nacionales), and in part terrestrial maritime zone. South: National vacant lands, natural division of waters in between, in part national vacant lands, Sirena and Tigre river in between. East: Terrestrial maritime zone in part and in part the sea in the Playa Blanca section and national vacant lands in part. Southwest: National vacant lands, natural division of waters in between. West: National vacant lands, in part terrestrial maritime zone. Northwest: National vacant lands in part, natural division of waters in between and in part terrestrial maritime zone and in part the sea in the Playa Blanca section and national vacant lands in part. Northeast: National vacant lands and Osa hills in part, terrestrial maritime zone in part. Southeast: Terrestrial maritime zone in part and in another the sea in the Playa Blanca section and national vacant lands in part. Also, on the North, South, East, and West boundaries, it also adjoins Arnold Clifford Newman Krasna. b) Farm registered in the same District and Section of the Registry as the previous one at volume one thousand four hundred eighty-four, folio two hundred forty-eight, number eight thousand nine hundred forty-seven, entries nine and ten, which is virgin mountain land with broken topography of irregular shape, located in the fourth district, fifth canton of the province of Puntarenas, and adjoins: North: Osa Productos Forestales S. A., South: The State, Osa Productos Forestales, and Corcovado National Park Reserve, East: Osa Productos Forestales, the State, and the Institute of Lands and Colonization. Measures: One thousand one hundred sixty-eight hectares, five thousand five hundred ninety-one square meters. II.—Farm owned by O. Sociedad Anónima: Registered in the same section and District as the two previous ones, at volume two thousand three hundred seventy-one, folio four hundred fifty-three, number twenty-two” thousand forty-six, entries one, two, which is virgin mountain land, timber forests, a landing strip, several houses, warehouses, and other installations, watered by rivers and streams and also by several roads, a landing strip, several dwelling houses, warehouses, and some other installations. Located in the third district, fifth canton, and second district of the seventh canton of Puntarenas. Bounds: North: National vacant lands in part, in part Sierpe hills, in another Osa hills. South: Remainder of farms of Osa Productos Forestales S. A., East: In part Osa hills and national vacant lands, in part terrestrial maritime zone and in part with the remainder of the farm of the aforementioned Osa. West: Remainder of the farm of Osa Productos Forestales S. A., measures five thousand four hundred seventy-eight hectares, seven thousand three hundred twenty-six meters, sixty-nine square decimeters, including two percent for roads. The three described farms form on the ground a single agricultural-forestry unit. (...) Article 5°—The Office of the Attorney General of the Republic is authorized to appear before the notary public indicated by the Institute of Lands and Colonization, to execute the corresponding transfer deed for the expropriated assets and to, in the same act, transfer them to said Institute, which will allocate them for the purposes of Law No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments. Likewise, said official is authorized to sign any additional deed that may be necessary to achieve the correct registration of the main deed in the Public Registry.” As can be seen from the expropriation decree used for its creation, it was constituted by assets of pure public domain nature, national reserves, and lands of private individuals where it has been demonstrated that a problem of precarious occupation existed. That is to say, it is not possible to determine whether the strip of land occupied by the plaintiff lies within what was at the time national vacant land – national reserve – or susceptible to private occupation. But beyond that, the fact is that at the time of the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, the lands of the Osa Peasant Settlement became Natural Heritage of the State, as indicated in articles 13 and 14 of the Forest Law (Ley Forestal), a concept that already existed in prior legislation as set forth above. However, Executive Decree No. 8.494-A of April 28, 1978, which created the Golfo Dulce Forest Reserve, its area modified by Executive Decrees 9388-A of November 30, 1978, and 10142-A of June 12, 1979, provided in “Article 3°: it is established that the national lands found within the above-described limitation are declared inalienable.” Article 6° established that: “within the lands comprised within the Reserve, it was prohibited to fell trees, hunt, carry out burning, and any agricultural, farming, industrial, or commercial activity.” Article 8° established that registered farms, farms with ten-year possession, and farms in precarious possession are automatically subject to the Forest Regime (Régimen Forestal). Article 10° established that: “The relocation and resettlement of occupants of more or less than ten years of possessing lands within this Reserve, in accordance with the Forest Law, shall be carried out with the intervention of the Institute of Lands and Colonization.” That is, that decree set forth the terms under which possession rights and their respective compensation were safeguarded, which required that, for the protection of that possession right affected by the creation of the Golfo Dulce Reserve to be appropriate, it is necessary to demonstrate ten-year possession prior to the creation of that reserve, which is consistent with the premise established in article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias). Under this analytical scenario, the defendant is correct in stating that the plaintiff, in order to support her claims, had to demonstrate that ten-year possession, whether original or derived, prior to the creation of the reserve. However, from the analysis of the proven and unproven facts, it is conclusive that such requirement has not been met by the plaintiff, and, on the contrary, it is established that, at the time of her possession, the asset was outside the commerce of men. Let us see: as indicated, the evidence provided by the plaintiff indicates that the possession claimed over the Osa Peasant Settlement was acquired by donation from her parents in 2011, who acquired it in 1973 from Mr. Arturo Aguilar Vindas, which is consistent with the testimonial statement received at trial. In that first scenario, it is evident that the transferred possession does not occur within the ten-year period prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, which would be before 1968, since it was constituted in 1978; that is, from that first premise, the demonstration of a derived possession prior to the compensation rule or the constitution of a right, as we set forth and in accordance with what is regulated in article 856 of the Civil Code, is not satisfied. Now then, in accordance with proven facts 15 and 16, it is established that, furthermore, at the time the transfer of that asset began, it had already left the commerce of men, insofar as it was established that the transfer of the asset comes from the occupation of Mr. Arturo Aguilar Vindas, who, in the 1980s, was expropriated by the State and the existing occupation rights on that tract were paid off. That is, it is clear that the asset sold to her father, from which the plaintiff acquires in 2011, was an asset totally removed from commerce, and constituted as a public domain asset, with all compensation derived from the precarious occupation conflict originating in the Osa Peasant Settlement having been satisfied. Under that logic, any claim derived from that occupation is unsustainable, since the characteristic of a public domain asset makes the recognition of any legitimate possession right over those assets incompatible. Thus, claiming compensation for an omission by INDER regarding the conflict existing since the 1960s, in relation to the agreements reached by that defendant entity concerning the occupation of lands of Osa Productos Forestales S.A., is inappropriate, since it cannot be established that her possession is legitimate and derived from the original occupation, for the reasons given.

Now then, as indicated, the promulgation of the decree creating the Golfo Dulce Reserve, which included the Osa Peasant Settlement, has the legal consequence that it was immediately and automatically assigned to the Natural Heritage of the State, in addition to the fact that, by the very description of the plan provided by the plaintiff, which shows that its nature is mountain, and this is accredited by the statement of witness Mario Jiménez Quirós, who indicated that the nature of the asset was primary forest at the time of the creation of the reserve, consequently, by vocation, that asset was Natural Heritage of the State, beyond the constitution by administrative action, which in effect merely declares that condition and does not create or constitute it. Thus, the lands occupied by the Osa Peasant Settlement were subject to a special legal regime, which INDER cannot ignore; hence, that Institute is, from any perspective, prevented from granting property titles to private individuals, and any recognition thereof lacked validity, so that not even a constitutive title in that sense is enforceable against the regime of Natural Heritage of the State, it being inalienable. That is, it is inappropriate to declare an omission regarding the resolution of land tenure by private individuals on an asset of public domain nature, insofar as it would be like proceeding from the idea that INDER is responsible for not executing acts aimed at formalizing an action totally prohibited by the legal system. In addition to that, it must be noted that the omissions intended as a basis for compensation are administrative acts, according to the claim framework delimited in this matter, which range from 1965 to 2005, where the majority of these were issued prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, which modified the legal regime of the assets in dispute, so the legal regime that they had as support at the time of their adoption varied substantially with the promulgation of the Decree Creating the Golfo Dulce Reserve in 1978. That is, those agreements are not capable of producing effects after the modification of that legal regime, and therefore no liability can exist for acts that are not capable of being executed, since their execution would be contra legem. In any case, it also cannot be considered that any particular right arose from these regarding the legal sphere of the plaintiff, or the possessors from whom the transmission of the right was acquired, insofar as, as can be observed from the wording of those agreements (proven facts 1, 3, 5, 8), they were generic agreements that did not address or resolve particular situations of the plaintiff or the transferors of the possessory right. Under that same logic, the execution of Agreement 39 adopted in 2005 by IDA, now INDER, regarding the creation of a special procedure for the titling of assets in the Osa Peasant Settlement, appears clearly incompatible with the assets constituting the Natural Heritage of the State, which also shows that seeking compensation for the non-execution of an act contrary to the legal system is clearly inappropriate. In any event, as INDER itself stated, this agreement was repealed in 2007, at which time the plaintiff did not hold a title by possession over the asset in dispute. That is, the administrative conduct was revoked, such that one cannot consider that a nonexistent conduct can create an omission giving rise to damages. Now then, it was also not proven that the plaintiff or the exercised possession from which the claimed possession right derives complied with the terms set forth in that special procedure, so as to claim damage based on the non-execution of an act, for which even its individual application has not been shown to have been invoked. And indeed, such agreement is not a declarative act of subjective rights for the plaintiff or her parents from whom she acquired the possessory right, so its non-execution could not be considered as an omission to the detriment of legitimate rights or interests, since, for the reasons stated, not even a scenario of at least an expectation of a right can be established. It must be emphasized that the only compensation scenario under the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) is for unlawful conduct, or lawful conduct in the case of a special damage, so it is untenable to proceed from the premise that what is alleged is compatible with the legal system, and that therefore the non-execution of an unlawful conduct, according to the public domain condition of the assets over which it is claimed that the plaintiff’s title by possession was not resolved, is compensable. Thus, none of the claims made by the plaintiff are appropriate, and it is so declared. The compensation claims must meet the same fate, since this claim, being accessory to the declarative one, as a basis for imputing the administrative liability that justifies the compensation sought, lacks foundation, insofar as the existence of a causal link between those conducts and the requested damages is impossible, and therefore, due to its accessory nature, it must meet the same fate as the main claims, the foregoing based on article 190 and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública).

VII. Regarding the defenses. The defenses of statute of limitations, expiry, lack of standing, lack of interest, and lack of right were raised by INDER’s representation when answering the complaint. As for the defense of expiry, it lacks foundation, since we are in the presence of a claim for an omission, for which the cessation of its effects cannot be determined in order to establish the expiry period set forth in the aforementioned legal system; consequently, said defense must be rejected. The defense of statute of limitations meets the same fate, as it is sustained on the same logic as the alleged defense of expiry, since the continuous effects alleged regarding the conducts on which the claimed liability is based make such defense unsustainable. As for the defenses of lack of active and passive standing, this Chamber considers that, due to the conditions outlined in the merits of the case, it is clear that the plaintiff lacks an administrative legal relationship derived from the omission she claims, and therefore she lacks standing for the declaratory and compensation claims made, so the defense of lack of active and passive standing is well-founded. For the same reasons set forth in the merits of the case, the plaintiff lacks any right over the claims outlined in the complaint, and under that logic, the defense of lack of right raised must be upheld. Regarding the defense of lack of interest, it must be rejected, since interest persists in the plaintiff’s compensation claims, which have not been resolved in another venue.

IX. Regarding procedural and personal costs. In accordance with article 193 of the Administrative Litigation Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the very fact of being so. Exemption from this condemnation is only viable when, in the Court’s judgment, there was sufficient cause to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the instant case, the Court considers that there is no sufficient cause to apply the exceptions established by the applicable regulations, so the condemnation of costs must fall on the losing party. Therefore, the plaintiff is condemned to pay both costs, which shall accrue legal interest in accordance with the provisions of article 1163 of the Civil Code, as expressly requested by the defendant; these shall be determined at the judgment enforcement stage.

THEREFORE

The evidence for better resolution is admitted. The defenses of expiry, statute of limitations, and lack of interest are rejected. The defenses of lack of active and passive standing and that of lack of right are upheld. Consequently, the complaint filed by LISBETH ALEMÁN FAJARDO against the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INDER) is dismissed in its entirety. Both costs are charged to the plaintiff, which shall accrue legal interest in accordance with the provisions of article 1163 of the Civil Code, these to be determined at the enforcement stage. Notify—

Laura Gómez Chacón

Cinthya María Morales Herra             Carlos José Mejías Rodríguez

LAURA GOMEZ CHACON - DECISION-MAKER JUDGE

CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - DECISION-MAKER JUDGE

CINTHYA MARIA MORALES HERRA - DECISION-MAKER JUDGE

EXP: 15-005475-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099, Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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