Res. 00522-2024 Tribunal Agrario — Timber use from felled tree in protected areaAprovechamiento de madera por derribo en área de protección

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00522 - 2024

Fecha de la Resolución: 29 de Mayo del 2024 a las 15:08

Expediente: 23-000311-0391-AG

Redactado por: María Vanessa Fisher González

Clase de asunto: Sumario de derribo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Área forestal protegida
Subtemas:
Análisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en propiedad privada ordenada en proceso sumario agrario de derribo.
Temas (descriptores): Patrimonio forestal
Subtemas:
Análisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en propiedad privada ordenada en proceso sumario agrario de derribo.
Temas (descriptores): Aprovechamiento forestal en terrenos de propiedad privada
Subtemas:
Análisis sobre el derecho de propiedad de la madera por tala de árboles en área de protección ordenada en proceso sumario agrario de derribo.
Temas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo
Subtemas:
Análisis sobre el derecho de aprovechar la madera de árboles ubicados en área de protección dentro de propiedad privada.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

23-000311-0391-AG - 3




PROCESO:

	

SUMARIO




PROMUEVE:

	

 

 

   

VOTO N°  N° 2024000522

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas ocho minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.-

PROCESO SUMARIO DE DERRIBO establecido por ISABEL FLORES LÓPEZ,  mayor, casada, trabajo en el hogar, vecina de Guanacaste,  cédula  cinco- cero noventa y nueve- setecientos cincuenta y tres; contra IGNORADO. Interviene como tercero interesado la PROCURADURÍA  GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por  Mauricio Guillermo Castro Lizano, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad uno - setecientos sesenta y siete - trescientos dos. Interviene como defensor público de la actora Oscar Cerdas Fonseca. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste.              

 Redacta la jueza Fisher González; y,

CONSIDERANDO:

I.- DE LAS PRETENSIONES: La parte actora solicita que en sentencia se declare: «1) ... CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo del árbol de CEDRO, objeto de este asunto. 2) Por ser el árbol accesorio a mi derecho de propiedad, solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para así costear los costos del derribo del árbol, en razón que soy persona de escasos recursos económicos. Subsidiaria: 3) En caso de no autorizar la corta o derribo del árbol, se otorgue la autorización para cortar todas las ramas que representen mayor peligro y así quitarle peso para evitar que este caiga».  (Ver expediente electrónico imágenes 1 a 4 ).

II.-  APERSONAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  Mediante su Procurador Dos, licenciado Mauricio Castro Lizano se apersonó a los autos en los términos de imágenes 12 a 16 del expediente electrónico.

III.-SENTENCIA APELADA.  El juez Walter Ávila Quirós, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, en resolución N°  47-2023 de  las catorce  horas  con veinticinco minutos  del trece de febrero de dos mil veinticuatro, resolvió:  «POR TANTO:   De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara parcialmente con lugar la presente demanda establecida por ISABEL FLORES LÓPEZ, de calidades antes citada. Se tiene como tercero interesado a la Procuraduría General de la República. Se declara parcialmente con lugar la presente demanda de derribo se autoriza a la actora para cortar el árbol de cedro objeto de éste proceso. En cuanto al aprovechamiento forestal debe la parte interesada hacer tal gestión ante las oficinas del Minae de Nicoya por ser la autoridad competente». (Ver expediente electrónico imágenes 44 a 47).

IV.- El Tribunal avala la relación de hechos probados por ser el resultado de las probanzas que constan en autos.

V.- La parte actora interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia.   Los agravios son los siguientes: 1) Procede el aprovechamiento de la madera, por cuanto el árbol pertenece a su propiedad, por lo que no es necesario recurrir a hacer ulterior trámite ante las oficinas del MINAE. 2) Es la persona juzgadora quien tiene la potestad de decidir sobre el aprovechamiento de la madera, pues en este proceso se está resolviendo sobre el derribo, por ello, fue que la parte actora acudió a instancias judiciales mediante este proceso, para que se autorice el derribo del árbol por el estado de peligro que representa, lo cual fue consignado en el informe técnico, por ende, se debe resolver también, la solicitud del aprovechamiento de la madera, y no delegar esa función al Minae, sin embargo, se aclara que para las guías de transporte si se estaría haciendo el trámite pertinente ante dicha oficina administrativa. 3) Además, se reitera, que la solicitud de aprovechamiento de la madera es parte de las pretensiones de la demanda, por esa razón, no es competencia del Minae resolver pretensiones que se hicieron en instancias judiciales, es deber del juzgador resolver todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al Minae le correspondería únicamente la expedición de las guías de transporte en caso de autorizarse el aprovechamiento respectivo. 4) La autorización del derribo que en este proceso se ha otorgado, fue por la peligrosidad del árbol, conforme lo establece los numerales 311 del Código Civil, 108.1 del Código Procesal Civil, por lo que nada impide que la parte actora pueda aprovechar a su conveniencia la madera resultante, y así costear los gastos del derribo que es sabido son muy elevados  (ver expediente electrónico imágenes 51 a 53).

 VI.- Se menciona en el fallo venido en alzada que se autorizó ese derribo por presentar un inminente riesgo a la salud y vida humana en caso de eventual caída según informe del MINAET. La sentencia apelada dispuso denegar  el extremo en cuanto al aprovechamiento del árbol, dado considera es un trámite que debe gestionarse ante las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía, siendo éste el único aspecto apelado.  Estudiados los autos, se denota que el árbol a cortar es de cedro, siendo que la parte actora indica está dentro de su propiedad, considerando el apelante que por ello tiene el derecho de aprovechar la madera resultante. Para esta Cámara lleva razón quien recurre. Sobre el destino del aprovechamiento de la madera producto del derribo se  ha resuelto: “ .. Al efecto, estima el Tribunal sí existen ideas contradictorias y confusas en la sentencia. Respecto a la legislación aplicable, efectivamente, no existe norma alguna que directamente justifique la decisión tomada y emitida por el juzgador. Tan es así que en la sentencia no se cita artículo alguno que lo justifique. Se cita en la resolución que rechaza la aclaración y adición el artículo 65 de la Ley Forestal 7575 porque es mencionado por el representante del Estado en el recurso de apelación en estudio, incoado ante la denegación de tales peticiones. El Procurador indica, esa norma no es aplicable porque se refiere a procesos penales en los que se conozca de ilícitos, siendo una situación diferente a la planteada en este proceso. Al respecto debe señalarse, la norma en mención dispone literalmente: “ARTÍCULO 65.- Remate de productos decomisados. Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, si se decomisa madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, dentro de un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia. Esos productos forestales no podrán subastarse por un valor menor al fijado por la Administración Forestal del Estado. Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial correspondiente, mientras se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, se le entregará el dinero; en caso contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro cincuenta por ciento (50%), a las municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es una en reserva indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. Se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. También donará la decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. El Ministerio de Educación Pública destinará esa madera a fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de ebanistería, torno, carpintería y otras que impartan escuelas y colegios estatales. (Así adicionados estos dos últimos párrafos por el artículo 1, inciso b), de la ley No. 7609 de 11 de junio de 1996).” De la lectura de la norma se desprende que efectivamente, no ofrece una solución específica para el caso concreto, ventilado en sede interdictal, pues está referido a madera decomisada producto de ilícitos. No obstante, ante la ausencia de normativa que de solución a este caso, tanto en la Ley de Jurisdicción Agraria como en los artículos 474 al 476 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Ante esa situación, y existiendo una norma referida al destino y aprovechamiento de árboles, aunque esté referida a ilícitos, es aplicable analógicamente. Al respecto, el artículo 12 del Código Civil señala: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.”; sin que exista norma alguna en la Ley de Jurisdicción Agraria que prohíba la aplicación analógica. El artículo 65 citado, en lo que a este caso interesa, en caso de que la madera se decomise, delega la valoración y subasta de la madera u otros productos forestales a la Administración Forestal del Estado, para lo cual le confiere un plazo no mayor de un mes. En este caso, la madera no está decomisada pues conforme a la información que consta en el expediente, está pendiente de tala. En la sentencia no se dio un plazo para la corta de los cinco árboles de laurel, omisión que debe llenarse para que el fallo sea ejecutable y se administren los riesgos que la caída de los mismos podrían generar; sin embargo se indicó, una vez talados, el Ministerio debía proceder a valorarlos, labor que estima el Tribunal es consustancial a las funciones dadas por ley al mismo, al estar integrado por funcionarias y funcionarios expertos en la temática. La norma señala además, los bienes deben rematarse en subasta pública dentro del plazo de un mes, por el monto fijado por el Ministerio; y sólo en caso de que no se logre rematar la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. En este caso, como el producto forestal no deriva de un acto ilícito, sino de una medida preventiva, la posibilidad de aprovecharlos por cualquier persona cede ante la prioridad que debe darse a la parte demandante, pues el árbol está ubicado en una propiedad en posesión del señor Aguilera Vargas, de manera tal que es ésta quien puede aprovecharlos tomando las medidas de prevención respectiva, en el entendido de que el valor de esos recursos forestales debe destinarse por parte de éste a la recuperación del área que resulte afectada con la eliminación de ese árbol, la cual necesariamente debe hacerse por parte del señor Aguilera en coordinación con las personas expertas que designe la Oficina Regional del Ministerio de Ambiente y Energía., pues al ser una zona de protección, deben sembrarse árboles endémicos o nativos de ésta, de manera tal que no debe dejarse abierta la posibilidad de la demandante de sustituir por cualquier otra especie, sino solo por aquellas que dispongan el Ministerio referido. La norma plantea el supuesto, ajeno a este proceso, de que si la persona resulta absuelta del ilícito, se le entregará el dinero producto del avalúo, de lo contrario, el 50% del monto le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad del lugar donde se encuentre el fundo para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; de igual forma, se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que las personas propietarias sean desconocidas.En este caso, no se está en presencia de productos forestales vinculados con un ilícito como para asumir distribuir el valor de éstos en un 50% a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad. En relación con la participación de centros de enseñanza, la norma permite que el Ministerio del Ambiente y Energía done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos; y permite la donación de madera decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. En este caso, no se está en presencia de un desastre natural, pues el objetivo del proceso es su prevención, ni de ampliación de carreteras; y aunque tales supuestos podrían asimilarse al caso en concreto, dista el supuesto señalado por la norma en el hecho de que supone, la persona propietaria del bien donde están los árboles sea desconocida. En este caso, la demandante aportó certificación registral en la que consta es el titular registral del fundo; y aunque en procesos interdictales no es posible referirse a aspectos vinculados con el derecho de propiedad conforme lo prevé el artículo 457 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, el dato resulta de particular interés para determinar si los recursos forestales están dentro del terreno de la demandante, descartando con ello que sea desconocida la persona dueña del fundo donde está el árbol. Ahora bien, debe agregarse, la asignación de recursos forestales al Ministerio de Educación Pública producto de ilícitos o en general, de cualquier proceso judicial, debe hacerse conforme a los fines dispuestos en la norma, es decir, para que la madera se destine a “fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos”, y no simplemente pretender asignarle recursos económicos producto de los árboles sin un fin específico o sin un destino concreto, como bien lo advierte el representante estatal. De lo transcrito, concluye el Tribunal, la sentencia no es clara; sin embargo, no podría considerarse está viciada de nulidad …. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política; 6 inciso g), 31, 49 y 65 de la Ley Forestal 7575; 12 del Código Civil; 474 al 476 del Código Procesal Civil; y 1, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; deberá revocarse la sentencia en la parte en que dispone donar los productos forestales específicamente a la Junta de Educación de la Escuela más cercana y exige al demandante pagar el valor de los productos forestales que establezca el Ministerio de Ambiente y Energía. En lo demás, objeto de apelación, deberá confirmarse la sentencia en lo atinente a la autorización que se da al señor Santos Aguilera Vargas para que a partir de la firmeza de esta resolución, extraiga los cinco árboles de laurel objeto de la litis, en cuyo caso deberá tomar las medidas técnicas preventivas y precautorias que sean necesarias a fin de no causar daños a personas o bienes. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá tomar las medidas preventivas necesarias y controlar que el proceso de tala de los árboles de laurel se ejecute cumpliendo con las disposiciones de la Ley Forestal; y una vez realizada la corta, dicha Oficina procederá al avalúo de los productos forestales mencionados. El demandante podrá aprovechar la madera, sin necesidad de depósito alguno al encontrarse los árboles dentro de la finca inscrita a su nombre, en cuyo caso, el Ministerio de Ambiente y Energía debe otorgarle los permisos de transporte, procesamiento u otros que sean necesarios, para su aprovechamiento. …. “. En el caso en estudio, se determinó por el juez en el reconocimiento judicial y el informe del MINAE brindado al efecto, que los árboles se sitúan en las áreas de protección del río que discurre por esa propiedad, por lo que no encuentra fundamento legal la decisión de la pieza apelada de disponer que la madera producto del derribo de los tres árboles deban ser destinados a donación para la Junta de Educación de la escuela del lugar, al no ser esta madera resultante de la comisión en acto ilícito alguno. El área de protección como figura legal se define en el artículo 33 de la Ley Forestal y su fin es de conservación y protección de los cuerpos de agua. Tales forman parte de los inmuebles que la contienen pero su uso y disfrute contiene limitaciones de índole ambiental, tales como la prohibición de construir, cultivar o desarrollar actos que pongan en peligro los cuerpos de agua. Citó el actor de este proceso en su demanda, él fue quién cultivó los árboles que solicita hoy derribar por motivos de seguridad para las personas e infraestructura alrededor, y no encuentra norma legal este Tribunal que autorice a alguna institución o ente a tomar posesión y propiedad de la madera que resulte del derribo bajo las circunstancias de este asunto. Como lo refiere el recurrente, esos árboles son parte de su fundo acorde con lo dispuesto en el artículo 505 y 506 del Código Civil. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en el Voto 2007-10578 del 25 de julio del 2007 el contenido del derecho de propiedad de la siguiente forma: “El derecho de propiedad tiene un contenido esencial que la Sala ha definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal (propiedad privada) o para utilidad pública (propiedad pública). Por ello, so pretexto de imponer determinadas limitaciones de “interés social”, no puede la autoridad pública, sea el Legislador o el Ejecutivo, eliminar uno o varios de sus atributos esenciales. En tal situación, es decir, si las limitaciones impuestas a la propiedad vulneran el contenido esencial del derecho de propiedad, el propietario tiene derecho a ser indemnizado por ello. En este sentido, la Sala ha señalado: “Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o no haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien”. (sentencia N° 2345-96 Sala Primera Corte Suprema de Justicia).” De tal forma, estima esta Cámara el derecho de aprovechar la madera del árbol que nos ocupa y que será objeto de derribo, al estar ubicado dentro de la propiedad de la actora, según lo alega en su escrito inicial dicha parte, le asiste como parte del derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de su fundo y sus productos sin ulterior trámite administrativo.

  VII.- Así las cosas, con fundamento en los artículos 1, 2 y 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 108 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente, artículo 33 de la Ley Forestal y 65 de su Reglamento, en lo apelado procede revocar parcialmente la resolución recurrida únicamente en cuanto deniega al actor el aprovechamiento de la madera del árbol a cortar, y en su lugar disponer que la madera de ese árbol, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella sin necesidad de acudir a hacer los trámites ante las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía. Sin embargo, deberá de tramitar el permiso respectivo en caso de que se disponga el transporte de la madera fuera de la finca. En lo demás se confirma.  

POR TANTO

 En lo apelado, se revoca la resolución recurrida únicamente en cuanto deniega al actor el aprovechamiento de la madera del árbol a cortar, y en su lugar disponer que la madera de ese árbol, le pertenece a la parte actora y puede disponer económicamente de ella, sin necesidad de acudir a las oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía para su aprobación. Deberá de tramitar el permiso respectivo en caso de que se disponga el transporte de la madera fuera de la finca. En lo demás se confirma.  

 

 

 

 

 

 

	


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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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MARIA CAROLINA HURTADO GARCIA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 23-000311-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:22:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

23-000311-0391-AG - 3

PROCEEDING:

SUMMARY

PROMOTED BY:

VOTO N° 2024000522

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours eight minutes of the twenty-ninth of May of two thousand twenty-four.-

SUMMARY PROCEEDING FOR FELLING (DERRIBO) brought by ISABEL FLORES LÓPEZ, of legal age, married, homemaker, resident of Guanacaste, identity card five-zero ninety-nine-seven hundred fifty-three; against UNKNOWN. The OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) intervenes as an interested third party, represented by Mauricio Guillermo Castro Lizano, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, identity card one - seven hundred sixty-seven - three hundred two. Oscar Cerdas Fonseca intervenes as public defender for the plaintiff. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste.

Drafted by Judge Fisher González; and,

CONSIDERING:

I.- REGARDING THE CLAIMS: The plaintiff requests that the judgment declare: "1) ... THIS summary complaint BE GRANTED in all its terms, and the felling of the CEDAR tree, the object of this matter, be authorized. 2) As the tree is an accessory to my property right, I request that I be authorized the use (aprovechamiento) of the timber at my convenience, in order to cover the costs of felling the tree, given that I am a person of scarce economic resources. In the alternative: 3) In the event the cutting or felling of the tree is not authorized, authorization be granted to cut all branches that represent the greatest danger and thus lighten it to prevent it from falling". (See electronic file images 1 to 4).

II.- APPEARANCE OF THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). Through its Attorney Two, Lic. Mauricio Castro Lizano, it appeared in the proceedings under the terms of images 12 to 16 of the electronic file.

III.- APPEALED JUDGMENT. Judge Walter Ávila Quirós, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, in resolution No. 47-2023 of fourteen hours and twenty-five minutes of the thirteenth of February of two thousand twenty-four, resolved: "THEREFORE: In accordance with the citations of fact and law, the present complaint brought by ISABEL FLORES LÓPEZ, with qualities cited above, is partially granted. The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) is held as an interested third party. The present felling complaint is partially granted, and the plaintiff is authorized to cut the cedar tree that is the object of this proceeding. Regarding the forest use (aprovechamiento forestal), the interested party must carry out such procedure before the MINAE offices in Nicoya, as it is the competent authority". (See electronic file images 44 to 47).

IV.- The Tribunal endorses the statement of proven facts as it is the result of the evidence contained in the record.

V.- The plaintiff filed an appeal with express indication of the reasons on which it is based, to refute the thesis of the lower court. The grievances are as follows: 1) The use of the timber is appropriate, since the tree belongs to her property, and thus it is not necessary to resort to any further procedure before the MINAE offices. 2) It is the judge who has the authority to decide on the use of the timber, since this proceeding is resolving on the felling, which is why the plaintiff resorted to judicial instances through this proceeding, so that the felling of the tree be authorized due to the dangerous state it represents, which was recorded in the technical report; therefore, the request for the use of the timber must also be resolved, and not delegate that function to MINAE; however, it is clarified that for the transport permits, the pertinent procedure would indeed be carried out before said administrative office. 3) Furthermore, it is reiterated that the request for the use of the timber is part of the claims of the complaint; for that reason, it is not the competence of MINAE to resolve claims that were made in judicial instances; it is the duty of the judge to resolve each and every one of the claims of the complaint. MINAE would only be responsible for the issuance of transport permits if the respective use is authorized. 4) The authorization for the felling granted in this proceeding was due to the dangerousness of the tree, as established by articles 311 of the Civil Code and 108.1 of the Civil Procedure Code, so nothing prevents the plaintiff from being able to use the resulting timber at her convenience, and thus cover the expenses of the felling, which are known to be very high (see electronic file images 51 to 53).

VI.- The appealed judgment mentions that the felling was authorized because it presented an imminent risk to human health and life in the event of a possible fall, according to a MINAET report. The appealed judgment decided to deny the aspect regarding the use of the tree, considering it is a procedure that must be managed before the offices of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), this being the only aspect appealed. Having studied the record, it is noted that the tree to be cut is a cedar tree, and the plaintiff states it is within her property, with the appellant considering that she therefore has the right to use the resulting timber. This Chamber finds that the appellant is correct. Regarding the destination of the use of the timber resulting from the felling, it has been resolved: ".. To this effect, the Tribunal considers that there are indeed contradictory and confusing ideas in the judgment. Regarding the applicable legislation, indeed, there is no legal norm that directly justifies the decision taken and issued by the judge. So much so that no article is cited in the judgment to justify it. In the resolution rejecting the clarification and addition, Article 65 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575 is cited because it is mentioned by the State representative in the appeal under study, filed upon the denial of such petitions. The Attorney General indicates that this norm is not applicable because it refers to criminal proceedings dealing with illicit acts, a situation different from the one raised in this proceeding. In this regard, it must be noted that the norm in question literally states: 'ARTICLE 65.- Auction of confiscated products. Violations of this law shall be reported to the competent judicial authority and, if timber or other forest products are confiscated, the said authority, after valuation by the State Forestry Administration, shall auction them in a public auction, within a period not exceeding one month from the date on which the complaint was filed. These forest products may not be auctioned for a value lower than that set by the State Forestry Administration. If, after this period has elapsed, the timber or forest resources have not been auctioned, any person may use them, upon deposit, in the Court, of the value assigned by the Forestry Administration. The proceeds of the auction shall be deposited in the account of the corresponding judicial authority, while the respective process is defined. If the accused is acquitted, the money shall be given to them; otherwise, fifty percent (50%) shall go to the State Forestry Administration and the other fifty percent (50%) to the municipalities of the place where the land from which the raw material was extracted is located, or where the industry is located, or to the indigenous association, if on an indigenous reserve, to be used for the development of forestry projects; all without prejudice to the criminal responsibilities determined for the offenders. The Ministry of Environment and Energy is authorized, through the Forestry Administration, to donate to the Ministry of Public Education the timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road widening, provided that the owners are unknown. It shall also donate confiscated timber, once the conviction is final, and that has not been awarded at auction nor requested by any person meeting the legal requirements. The Ministry of Public Education shall use this timber to manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools or use it as raw material in the subjects of cabinetmaking, lathe work, carpentry, and others taught by state schools and high schools. (Thus added these last two paragraphs by Article 1, subsection b), of Law No. 7609 of June 11, 1996).' From reading the norm, it is clear that it does not offer a specific solution for the specific case, ventilated in an interdictal venue, as it refers to timber confiscated as a result of illicit acts. However, in the absence of regulations providing a solution to this case, both in the Agrarian Jurisdiction Law and in articles 474 to 476 of the Civil Procedure Code applied supplementarily. Faced with this situation, and given that a norm exists referring to the destination and use of trees, even though it refers to illicit acts, it is applicable by analogy. In this regard, Article 12 of the Civil Code states: 'The analogical application of norms shall proceed when they do not contemplate a specific case, but regulate another similar one where an identity of reason is appreciated, except when some norm prohibits such application.'; and no norm exists in the Agrarian Jurisdiction Law that prohibits analogical application. The cited Article 65, with regard to what is of interest in this case, in the event that timber is confiscated, delegates the valuation and auction of the timber or other forest products to the State Forestry Administration, for which it grants a period not exceeding one month. In this case, the timber is not confiscated because, according to the information in the file, it is pending felling. The judgment did not set a deadline for the cutting of the five laurel trees, an omission that must be filled so that the ruling is executable and the risks that their falling could generate are managed; however, it was indicated that, once felled, the Ministry must proceed to value them, a task that the Tribunal deems is consubstantial with the functions given by law to it, being composed of officials expert in the subject matter. The norm further states that the goods must be auctioned in a public auction within a period of one month, for the amount set by the Ministry; and only in the event that the timber or forest resources cannot be auctioned, any person may use them, upon deposit, in the Court, of the value assigned by the Forestry Administration. In this case, as the forest product does not derive from an illicit act, but from a preventive measure, the possibility of using them by any person yields to the priority that must be given to the plaintiff, because the tree is located on a property in possession of Mr. Aguilera Vargas, such that it is he who may use them by taking the respective prevention measures, on the understanding that the value of these forest resources must be allocated by him to the recovery of the area affected by the removal of that tree, which must necessarily be done by Mr. Aguilera in coordination with the experts designated by the Regional Office of the Ministry of Environment and Energy, since being a protection zone, endemic or native trees of this area must be planted, such that the possibility of the plaintiff substituting any other species must not be left open, but only those ordered by the aforementioned Ministry. The norm posits the case, unrelated to this proceeding, that if the person is acquitted of the illicit act, they will be given the money resulting from the valuation; otherwise, 50% of the amount will go to the State Forestry Administration and the other 50% to the Municipality of the place where the land is located, to be used for the development of forestry projects; likewise, the Ministry of Environment and Energy is authorized, through the Forestry Administration, to donate to the Ministry of Public Education the timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road widening, provided that the owners are unknown. In this case, we are not in the presence of forest products linked to an illicit act so as to assume distributing their value as 50% to the State Forestry Administration and the other 50% to the Municipality. Regarding the participation of educational centers, the norm allows the Ministry of Environment and Energy to donate to the Ministry of Public Education the timber that comes into its possession as a result of a natural disaster or road widening, provided that the owners are unknown; and it permits the donation of confiscated timber, once the conviction is final, and that has not been awarded at auction nor requested by any person meeting the legal requirements. In this case, we are not in the presence of a natural disaster, as the objective of the proceeding is its prevention, nor road widening; and although such cases could be assimilated to the specific case, the case indicated by the norm differs in that it assumes the owner of the property where the trees are located is unknown. In this case, the plaintiff provided a registry certification stating she is the registered owner of the land; and although in interdictal proceedings it is not possible to refer to aspects linked to the right of ownership as provided for in article 457 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, the data is of particular interest to determine if the forest resources are within the plaintiff's land, thereby ruling out that the owner of the land where the tree is located is unknown. Now, it must be added that the allocation of forest resources to the Ministry of Public Education resulting from illicit acts or, in general, from any judicial proceeding, must be done according to the purposes set forth in the norm, that is, so that the timber is destined to 'manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools', and not simply attempting to assign economic resources from the trees without a specific purpose or a concrete destination, as the state representative rightly warns. From the foregoing, the Tribunal concludes that the judgment is not clear; however, it could not be considered to be vitiated by nullity .... For the foregoing reasons, based on articles 50 of the Political Constitution; 6 subsection g), 31, 49 and 65 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575; 12 of the Civil Code; 474 to 476 of the Civil Procedure Code; and 1, 6, 26, 54 and 79 of the Agrarian Jurisdiction Law; the judgment must be revoked in the part that orders the donation of the forest products specifically to the Board of Education of the nearest School and requires the plaintiff to pay the value of the forest products established by the Ministry of Environment and Energy. In all other respects, the object of the appeal, the judgment shall be confirmed regarding the authorization given to Mr. Santos Aguilera Vargas to, from the date this resolution becomes final, extract the five laurel trees that are the object of the lawsuit, in which case he must take the necessary technical preventive and precautionary measures so as not to cause damage to persons or property. The Ministry of Environment and Energy must take the necessary preventive measures and control that the felling process of the laurel trees is executed in compliance with the provisions of the Forest Law (Ley Forestal); and once the cutting is done, said Office shall proceed to the valuation of the mentioned forest products. The plaintiff may use the timber, without the need for any deposit, as the trees are located within the property registered in his name, in which case, the Ministry of Environment and Energy must grant him the necessary transport, processing, or other permits for its use. ... ". In the case under study, the judge determined in the judicial inspection and the MINAE report provided for this purpose that the trees are located in the protection areas of the river that runs through that property, so the decision of the appealed judgment to order that the timber resulting from the felling of the three trees be destined for donation to the Board of Education of the local school has no legal basis, as this timber is not the result of the commission of any illicit act. The protection area (área de protección) as a legal figure is defined in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) and its purpose is the conservation and protection of water bodies. These form part of the properties that contain them, but their use and enjoyment contain environmental limitations, such as the prohibition of building, cultivating, or developing acts that endanger the water bodies. The plaintiff in this proceeding stated in his complaint that he was the one who cultivated the trees that he now requests to fell for reasons of safety for the people and infrastructure around them, and this Tribunal finds no legal norm that authorizes any institution or entity to take possession and ownership of the timber resulting from the felling under the circumstances of this matter. As the appellant states, those trees are part of his land in accordance with the provisions of Articles 505 and 506 of the Civil Code. In that line of thought, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice resolved in Voto 2007-10578 of July 25, 2007, the content of the right of ownership in the following manner: 'The right of ownership has an essential content that the Chamber has defined as the power to enjoy and use the property for personal benefit (private property) or for public utility (public property). Therefore, under the pretext of imposing certain limitations of "social interest", the public authority, whether the Legislature or the Executive, cannot eliminate one or several of its essential attributes. In such a situation, that is, if the limitations imposed on the property violate the essential content of the right of ownership, the owner has the right to be compensated for it. In this sense, the Chamber has indicated: "That is, the attributes of ownership can be limited, as long as the owner reserves for themselves the possibility of normally exploiting the property, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside these parameters, if the social welfare requires sacrifices from one or a few only, compensation must be paid, just as it occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such an identity that it makes them lose the property in its entirety. Thus, the limitation on ownership withstands constitutional analysis when the affectation of the essential attributes of ownership, which are those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality, does not make the nature of the property disappear or does not make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of usufructing the property." (judgment No. 2345-96 First Chamber Supreme Court of Justice).' Therefore, this Chamber considers that the right to use the timber of the tree at issue, which will be the object of felling, as it is located within the plaintiff's property, as alleged in her initial brief, aids her as part of the right of use, enjoyment, and exploitation of her land and its products without further administrative procedure.

VII.- Thus, based on articles 1, 2 and 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, 108 of the Civil Procedure Code applicable supplementarily, article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) and 65 of its Regulation, in the appealed aspect, the appealed resolution is partially revoked only insofar as it denies the plaintiff the use of the timber from the tree to be cut, and instead it is ordered that the timber from that tree belongs to the plaintiff and she can dispose of it economically without the need to carry out procedures before the offices of the Ministry of Environment and Energy. However, she must process the respective permit if the timber is to be transported off the property. In all other respects, it is confirmed.

THEREFORE

In the appealed aspect, the appealed resolution is revoked only insofar as it denies the plaintiff the use of the timber from the tree to be cut, and instead it is ordered that the timber from that tree belongs to the plaintiff and she can dispose of it economically, without the need to go to the offices of the Ministry of Environment and Energy for its approval. She must process the respective permit in the event that the timber is to be transported off the property. In all other respects, it is confirmed.

MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - DECISION-MAKING JUDGE

CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECISION-MAKING JUDGE

MARIA CAROLINA HURTADO GARCIA - DECISION-MAKING JUDGE

EXP: 23-000311-0391-AG

II Judicial Circuit San José, 4th floor, Courts Building, Calle Blancos of Goicoechea in front of the parking lot of the Hospital Hotel La Católica Telephones: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

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